OBRAS COMPLETAS

DE

JOAQUIN V. GONZALEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

OBRAS COMPLETAS

- JOAQUIN V. GONZALEZ

- Rafael Igarzábal. — Joaquín V. González.

- Artículo 28

- Artículo 46

- Artículo 71

- Artículo 90

- Artículo 103

- Artículo 138

- Capítulo V

- Justicia y Legislación

- Joaquín V. González.

- Justicia t legislación

- Aprovechando estos estudios, en cuanto corresponda

JOAQUIN V. GONZALEZ

Edición ordenada por el Congreso de la Nación Argentina

Volumen II

BUENOS AIRES

1935

DE

Es propiedad. Se ha hecho el depósito de ley. Imprenta Mercatali, Acoyte 271. — Buenos Aires.

DETERMINACION DEL LIMITE ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

MEMORANDUM

DETERMINACION DEL LIMITE ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Memorándum [1]

- 1. No creo que exista en todo el territorio argentino una sección por donde pueda determinarse con mayor facilidad una línea divisoria, que la que corre entre las provincias de la Rioja y Córdoba. No hay montañas, ni hay ríos que interrumpan la uniformidad del terreno, ni puntos dudosos que pudieran introducir la confusión en las operaciones de mensura y deslinde: una sola y angosta faja de terreno, bajo y salitroso, se extiende en toda la longitud de la línea de división.

Las Salinas, en efecto, forman entre las provincias, como entre Catamarca y Córdoba, un foso natural, un hondo bajío, donde convergen las corrientes, que despiden las Sierras de la Rioja al este, y las de Córdoba al oeste: vienen a hacer como el conjunctio acquarum, que forma la línea divisoria natural entre los dos territorios.

Esta última circunstancia tuvo una decisiva influencia en la demarcación que establecieron los primeros pobladores de

Córdoba y la Rio ja, quienes consideraron aquel bajío pantanoso y desolado, aquella larga travesía, como el foso que defendía las fortalezas antiguas.

La teoría de las fronteras o límites naturales eran en aquellos tiempos la regla universal del derecho de las naciones, cuestión que, por otra parte, trataremos especialmente en otro lugar de este memorándum.

Todas estas consideraciones actuaron para que quedara fijada la faja de las Salinas como línea divisoria de las jurisdicciones de las dos ciudades, desde la conquista, a fines del siglo XVI, hasta nuestros días. Pero si bien la Salina propiamente dicha no ocupa literalmente toda la extensión de la línea divisoria, su prolongación al sud es visible, puesto que continúa la misma forma topográfica hasta el lugar denominado el Cadillo, nombre que se conserva desde muy antiguo, y que es, mediante el uti possidetis, como el foco donde convergen las líneas divisorias de San Luis, Córdoba y la Rioja.

El límite legítimo, tradicional, antiquísimo, inmemorial, está claramente determinado por las Salinas, corriendo de norte a sud por el centro de ellas hasta su término, y de aquí por su prolongación rectamente hasta el Cadillo.

El mojón divisorio está plantado como a cinco cuadras al sudoeste de este lugar. No hay ejemplo de que acto alguno de parte de una u otra de las jurisdicciones, se haya extendido más allá de esa línea, desde los primeros tiempos de la conquista hasta nuestros días.

- 2. Establezcamos en primer lugar, los principios del derecho que rigen la materia, y veremos si los que constituyen la posesión para adquirir, están colmados en el caso de que se trata.

La posesión es el primero de los medios empleados por el hombre para llegar al concepto de la propiedad, y ella ha tenido forzosamente que ser proclamada como uno de tantos principios fundamentales del derecho de gentes. La ocupación, la posesión, la prescripción no se han separado un momento del derecho privado y del público, y ellas son en gran parte el origen de los grandes Estados actuales. ¿Cómo había de rechazarlos el derecho internacional moderno?

Los Estados, como personas, son capaces de poseer animo et corpore, y por tanto son capaces de prescribir.

Esta doctrina era ya para Watel (1) una verdad incuestionable, y los autores contemporáneos la admiten sin grandes reservas (2).

- 3. El mismo Martens, uno de los más estrictos, tratándose de aplicar la prescripción a los Estados, dice: “La fuerza del tiempo y la sanción de la historia imponen silencio a todas las reivindicaciones y a todas las nociones que podían justificar en su origen las violencias y las injusticias cometidas con ocasión de los ensanches de territorios. Es en este sentido que se puede decir sobre todo a los Estados: “beati possidentes!”. “El hecho consumado, cubierto por una antigüedad inmemorial, se hace legítimo ante el derecho internacional” (3).

Fiore, cuya autoridad es indisputable en el mundo, habla también de la prescripción contra los Estados diciendo: “En tal concepto, entendemos que podría fundarse la legitimidad de la adquisición mediante la prescripción entre los Estados. La ocupación puede conducir aún considerada como simple hecho, a legitimar la posesión del territorio siempre que reúna las consiguientes condiciones de notoriedad y no interrupción, y se prolongue por un período de tiempo suficiente para justificar la prescripción del abandono de la posesión por parte del uno y de la adquisición por parte del otro” (4). Y en la nota al mismo parágrafo agrega que, en este caso, las prescripciones tendrán un valor jurídico, técnico y bien definido, y cuando sobreviniere alguna en las condi-

- (1)  Droit de gens, t. I, libr. 1, C. XI.

- (2)  Heffter, § 12, 13. — Fiore, Nos. 835, 836.

- (3)  Martens, Traite de droit intemational, pág. 461 y sus citas. Í4) Derecho ihternacional público, § 835.

ciones antes expuestas, produciría el efecto de paralizar la acción del primer ocupante, y será una excepción válida con» Ira aquel que hubiere descuidado ejercitar o reivindicar la posesión...

- 4.  El mismo doctor Gerónimo Cortés, en uno de sus brillantes escritos en defensa de Córdoba, contra las pretensiones de San Luis decía: “siendo quieta y pacífica (la posesión) y prolongándose mucho tiempo, lo cual no se halla determinado todavía en el derecho internacional, hace suponer también la renuncia o el abandono de parte del propietario, produciendo, al fin, la prescripción”.

“Entre los Estados, aunque por lo regular no se exigen todas las condiciones que el derecho común requiere en la posesión, a fin de que tenga lugar la prescripción, a menos que el tiempo se encuentre determinado por convenciones o por ejemplos en casos ocurridos anteriormente, sólo puede invocarse la inmemorial o la de cien años" (5).

Esta última opinión nos parece preferible a la que propone Fiore, de librar a un juicio arbitral la decisión del tiempo necesario para fundar la prescripción, (6) y es esto mucho más conforme a nuestro derecho civil y a las conveniencias de los Estados.

Por otra parte no hay inconveniente en que, examinada la naturaleza de la posesión, ejercida por un Estado, su notoriedad y continuidad no interrumpida, la duración pueda limitarse a un término menor, porque entonces debe admitirse con más facilidad la premura del abandono (7).

- 5.  La necesidad de un justo título para servir de origen a la posesión no es absolutamente indispensable, por cuanto la posesión por sí misma significa la apropiación de

- (5)  Cuestión de límites entre San Luis y Córdoba, etc., págs. 43 y 44.

- (6)  Derecho internacional, público, t. II, N^9 836.

- (7)  Id., id., id., citado. — Véase también: Wheaton, Elementos de derecho internacional, t. I, part. II, cap. IV, Nos. 1, 4 y 5.

una cosa para someterla al ejercicio de un derecho, haciéndose ella, a su vez, fuente de verdaderos derechos; también porque transcurridos cien años desde la ocupación, o un término mayor, el abandono voluntario y conciente del propietario no puede ofrecer dudas; y es tanto más verdadero el principio cuanto que no es económico ni justo dejar abandonados y sin cultivo los territorios que deben por derecho de gentes recibir los beneficios de la población y del cultivo de parte de su soberano; de donde ha nacido la regla tan sólida, que ningún Estado debe poseer más territorio del que es capaz de poblar o hacer servir a los progresos de la civilización.

No es otro el espíritu de la ley I, título I, lib. 4[2] 3 4 5 Recopilación de Indias que manda que lo descubierto, se pueble, asiente y perpetúe, etc.; de modo que eso pudiera servir de centro o punto de partida de nuevos descubrimientos.

¿Qué hemos de decidir en el caso en que el poseedor haya tenido sus títulos legítimos de posesión, pudiendo probarse esa legitimidad con la historia, la geografía y la tradición? La cuestión no puede ser más sencilla de resolver, más aún si se tiene en cuenta que, en nuestro caso, es evidente que esos títulos existieron en los archivos del Cabildo de la Rio ja, y se destruyeron por completo, empleándolos en tacos de fusil, o sustraídos maliciosamente por tantas hordas que caían sobre la desgraciada Provincia, como los Vándalos, sin dejar en las cajas del Estado, ni papeles sucios comidos de los ratones!

cuales uno carece de título escrito, por cualquier razón que sea, y que, sin embargo, ha poseído durante más de cien años un territorio, sin interrupción, quieta y pacíficamente, y sin acto alguno del que ahora se crea propietario, en el sentido de ejercer jurisdicción sobre él, no tienen otra forma de resolverse que la prueba de la posesión; porque en este caso, no hay más derecho que la posesión, la que ha reemplazado de hecho, a la propiedad misma, por la sanción del tiempo y de la historia, según Martens («).

- 7. Seguramente, la posesión de ambos litigantes en este debate es desventajosa; y la Provincia que represento lleva la peor parte en él.

Es proverbial en toda la República que desde los primeros años de nuestra independencia, la Rio ja ha sido el teatro sempiterno de la revuelta, la guerra civil y del saqueo más bárbaro que era su consecuencia; y la tradición viviente de la Provincia, cuenta, y miles de personas lo han visto, que los gobiernos empleaban los documentos del archivo para envolver la pólvora y atacar el tiro, en las resistencias a las mil revoluciones y asaltos que se sucedían sin interrupción desde 1820 a 1874!

Nosotros hemos registrado el archivo desde la primera hoja hasta la última, y hemos encontrado, apenas, una que otra nota en cada año, las más de ellas sin precedente alguno y sin contestación; expedientes iniciados y suspendidos, otros truncos, por la acción de los roedores, o de las necesidades de la guerra, etc., etc.

Nuestras investigaciones no han sido tan infructuosas, sin embargo, para no encontrar algunos documentos, suficientes para constatar la posesión de la Rioja hasta el centro de las Salinas en toda su extensión y su prolongación hasta el Ca-dillo; y de los cuales resulta, perfectamente documentado, que la Rioja ha ejercido jurisdicción incontestada en toda esa línea, por lo menos durante cien años; que, en cuanto a los tiempos anteriores, desde la conquista, ahí está la historia colonial, y de las expediciones militares para probarlo sin dejar duda; ahí están los mismos títulos de Córdoba y las declaraciones de sus gobiernos y comisionados.

Pero aun suponiendo que estos documentos no se hubieran salvado del naufragio general que se llevó el rico archivo del cabildo, y con él los títulos de fundación y señalamiento de términos a la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, el derecho ¿dejaría acaso de existir? ¿acaso el derecho que es un concepto abstracto deja de existir porque desaparezca fortuitamente el instrumento público que lo hace visible, dándole forma exterior?

No es posible entre Estados, subordinar la existencia del derecho, a la existencia de un objeto tan precario como una hoja de papel.

Si fuéramos a pedir a cualquiera de las grandes naciones actuales la exhibición de los títulos legales, o instrumentos públicos, en cuya virtud poseen sus territorios, encontraríamos que, casi todos eran usurpadores! ¿De dónde sacan entonces sus títulos? ¿cuáles son estos? No tienen otros que la historia, la sanción del tiempo, la razón de los hechos consumados, cubiertos por una antigüedad inmemorial.

- 8. Es evidente que la Rioja, como todas las ciudades del Plata, tuvo sus títulos, con sus términos y jurisdicción; porque era una facultad de todos los fundadores de ciudades el señalárselos en el acta de su fundación y hacer en sus provincias las divisiones territoriales que fueran necesarias (9); y que esos títulos como todos los documentos y actos públicos de sus autoridades, existieron perfectamente conservados en los archivos de su cabildo, como lo mandaban las leyes de Indias (10).

Consta igualmente que esos archivos fueron destruidos en las guerras civiles, junto con todo un porvenir de progresos y de cultura institucional; es histórico y evidente el hecho de la posesión que la Rioja ejerció desde su fundación, con arreglo a esos títulos, como lo probaremos con el testimonio de los historiadores; ¿la hemos de condenar por el hecho de haber sido saqueada, sacrificada, destruida hasta en sus intereses más caros por la guerra civil y el vandalaje?

¿La desgracia será un crimen para ese pueblo mártir, y por ese crimen hemos de despojarlo todavía de su último andrajo, poseído pacíficamente por cerca de doscientos años?

- 9. Es cierto, como observa el doctor Cortés, que aplicando las doctrinas internacionales a Estados confederados, que se rigen por una misma ley general, deben ellos experimentar alguna variación; pero no es menos verdadero que los estados o provincias, aun con nuestro sistema de unión, conservan un doble carácter que debemos tener en cuenta:

l[6] [7] Ellos son personas de derecho público internacional en todo aquello que no han delegado al Gobierno general, y en cuanto que, permaneciendo con su propia soberanía, deben entablar relaciones con los Estados vecinos; este carácter resulta del texto mismo de la Constitución federal que les acuerda el derecho de celebrar tratados parciales para fines económicos, etc., y el tratado es un convenio de dos soberanos entre sí en uso de su soberanía.

Las reglas del derecho de gentes deben ser observadas por ellos en toda su estrictez cuando ejecutan actos de derecho internacional. En cuanto respecta a los tratados de límites, en especial, las provincias están facultadas tácitamente por la Constitución: l^9 porque el Congreso aun no ha dictado la ley de límites según el art. 67, inciso 14, y las provincias deben salvar por derecho de conservación esta falta, por medio de convenios; 2^9 porque el artículo 107 las faculta para celebrar tratados para fines económicos, y porque el artículo 108, prohibitivo, no contiene una prohibición al respecto; 3Q por una ley del Congreso en que se faculta a las provincias a arreglar sus límites por convenios hasta que él dicte la ley definitiva.

2Q Son personas de derecho privado en cuanto se relacionan con los individuos en los contratos y actos jurídicos que con ellos concluyen; pero tratándose de una cuestión de límites en que son dos Estados, en su carácter público los que intervienen, y sobre un objeto ajeno al dominio privado, no creo que deba aplicarse el derecho civil sino por lo que sus reglas tienen de analogía con los principios de derecho público aplicables* a Estados soberanos.

Es verdad que hay una autoridad judicial común, que debe resolver sus dificultades y sus quejas, otra autoridad legislativa que debe aprobar o desechar sus convenios de límites, pero ni la una ni la otra en este caso consideran a los Estados como particulares que proceden en súplica o apelación, sino como soberanías, entidades y cuerpos políticos que reconocen una entidad superior que decidirán sus dificultades recíprocas.

Se encuentra en el mismo caso de dos o más naciones que teniendo una cuestión de derecho pendiente, se sometieran de mutuo acuerdo a la decisión de un tribunal compuesto de los soberanos de otras naciones extrañas, investidos por ellas con facultades judiciales.

Este tribunal aplicaría las reglas generales de la jurisprudencia, porque son comunes a todos los casos litigiosos, pero no porque sean especialmente dictados para regir el caso sub judice (H).

- 10. Pero supongamos que las provincias deban aplicarse la jurisprudencia civil, y someterse a la decisión de los tribunales de justicia competentes. En materia de prescripción, sabemos que el derecho internacional no ha establecido una regla fija; pero como aplicamos a los Estados la ley civil, resultaría que bastarían treinta años para prescribir, mucho más cuanto que el artículo 4016 de nuestro Código Civil dice terminantemente:

“Al que ha poseído durante treinta años, sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta ni la nulidad del título, ni la mala fé en la posesión”; disposición que se halla uniformemente establecida desde el derecho romano (12) hasta las Partidas (13) y tras la legislación actual, porque así lo exigía el interés de los particulares, porque se abrevian los juicios, lo exigían el orden social (14) y un bien entendido interés del bien público.

La ley, título 29, P. III, interpretada por la Suprema Corte de Justicia Federal en uno de sus fallos (15), confirma esta doctrina en su plenitud, de tal modo que da al tenedor del inmueble acción para rechazar cualquiera interrupción de terceros durante los treinta años, salvo si es el verdadero dueño; porque se debe, añade Gregorio López, preferir al prescribente, quien tiene el dominio útil y la posesión de buena fé por tiempo inmemorial, etc.

De modo, pues, que aplicando a las provincias, ya las doctrinas de la prescripción internacional, ya las de la civil,

- (11)  Cortés — Cuestión de límites, etc.; pág. 44. — Neumann, Elements de droit des gens moderne euro peen. (1886), pág. 27, 97 y 113; —Story, Comentario C. II.

- (12)  Rouché Leclercq, Institutions romaines, (1886), pág. 395.

- (13)  L. 19, título 29, P. III.

- (14)  Laurent, t. XXXII, N^9 367 a 371.

- (15)  Serie 1% t. 8^9, pág. 45.

resulta que hay siempre el derecho de adquirir por una posesión continuada, ora sea de cien, ora de treinta años; y en caso de someterse este asunto al arbitraje de la Suprema Corte, o del Congreso, o de otro árbitro cualquiera, el fallo deberá darse de acuerdo con las leyes ya internacionales, ya civiles.

Tarea será del comisionado que suscriba, probar la efectividad y continuidad de la posesión ejercida por la Rioja sobre el territorio disputado, y de ello no hay duda, como se verá oportunamente.

- 11. Pero me aventuraré a afirmar, como lo hacía el señor comisionado por San Luis, en la cuestión de límites con Córdoba, que el uti possidetis sea la regla invariable para el arreglo de estas contiendas sobre fronteras, porque sería afirmar un error, pero lo que no admite duda, es que cuando el uti possidetis se halla de acuerdo con una larga y pacífica posesión, —la requerida para prescribir entre Estados,— y se encuentra, además, de acuerdo con las conveniencias evidentes de los litigantes, él debe ser la base de los arreglos de límites.

La adopción del uti possidetis es, pues, relativo a esa dos condiciones, y sobre todo a la segunda; porque la línea divisoria actual puede hallarse definida por la naturaleza misma, de modo que el variarla importara un perjuicio a los intereses económicos de alguno de los colindantes, o a los generales del país, lo que sucedería indudablemente en el presente caso, y no que dejándola como línea neutral, divisoria, se llenan las condiciones requeridas por el derecho de gentes para la facilidad de los convenios de límites, esto es, tratar de hacer coincidir el límite natural con el legal lo más que se pueda; y en segundo lugar, se evita que una faja de terreno incultivable interrumpa con su aridez salitrosa la uniformidad, la continuidad del territorio útil y cultivable.

Fiore, tratando de las fronteras entre Estados que entran a formar parte de una nación, o que se separan de ella, da la siguiente regla para la determinación del límite jurisdiccional, sobre lo cual llamo la atención del señor comisionado.

“...2* Tener en cuenta las accidentes naturales del terreno, las clases de cultivo, las exigencias de la agricultura, y al poner por obra la división designada con fórmulas matemáticas, tener presente las consideraciones de equidad".

La regla será atenerse a la línea matemática, pero evitando un rigorismo de interpretación irracional y dañoso.

La consideración de las líneas designadas por la naturaleza de las cosas debe aconsejar, además, que no se desmembren sin razón los fundos, etc.

66... Nunca deberán considerarse excesivas la exactitud, la precisión y la claridad en esta clase de operaciones" (16). Y bien saben el señor comisionado, y todo el que conozca medianamente la geografía de nuestro país, que con la línea que él pretende, está muy lejos de llenar las condiciones de la regla.

- 12. El uti possidetis, es verdad, tiene hondas raíces en el derecho americano y argentino; y el de derecho de 1810 es la regla de las cuestiones de límites entre las naciones sud americanas (17), como también el estado de las jurisdicciones provinciales en 1853, forma un verdadero uti possidetis de derecho, puesto que todas las provincias que establecieron la Constitución, tenían para aquel acto verdadera capacidad de Estado, es decir, que constituían una sociedad organizada, sobre un territorio limitado.

Volveré sobre este punto en otro lugar de este memorándum por considerarlo de los más fundamentales en esta cuestión, en la que el derecho constitucional, tanto histórico, como positivo y actual, forma su carácter esencial.

Sólo deduciré por vía de conclusión que en cuanto al uti possidetis como base de un arreglo de límites, él es aplicable

- (16)  Tratado de derecho internacional público, libro III, sec. 1* C. V., N^9 357.

- (17)  Quesada, Virreinato del Río de la Plata.

como lo he demostrado con la opinión de Fiore, cuando la línea que lo constituye está de acuerdo con los accidentes naturales del terreno, con las exigencias del cultivo, de la agricultura y del comercio, con la integridad posible de los fundos, —y lo que es de gravísima trascendencia tratándose de Estados,— las razones de la equidad.

Y si el señor comisionado se fija un momento en el mapa del Departamento Topográfico de Córdoba, que dignamente preside, encontrará que la línea que la Rioja propone, está marcada claramente por el espacio que dejan las poblaciones cordobesas y riojanas establecidas a ambos lados del promedio de la faja salitrosa y su prolongación hasta el Cadillo; no encontrará en toda esa línea imaginaria un solo signo que indique una vivienda o una pertenencia; lo que prueba; primero, el respeto mutuo de aquel límite por los pobladores, y segundo, una disposición natural y facilísima para la fijación del límite legal. ¿Dónde sería posible encontrar una línea más fácil para la demarcación?

- 13. La teoría de los límites naturales, como la del uti possidetis, no es en modo alguno absoluta, de modo que pueda aplicarse invariablemente en toda convención sobre límites, como se creyó algún tiempo;- los progresos de la civilización hacen ya indudable esta aserción; pero lo que no admite duda es que los límites naturales deben ser preferidos, cuando entre los Estados limítrofes exista algún accidente del territorio, que se preste fácilmente a servir de línea divisoria. Mayor fuerza tendrá su aplicación, cuando los antecedentes históricos coincidan con la existencia de esos accidentes naturales, y es lo que casi invariablemente sucede, porque las naciones, las tribus, etc., nunca se organizaron o agruparon en fracción alguna de la tierra, sin la idea de un territorio uniforme, proporcional y limitado.

La idea de nación lleva la de jurisdicción, y ésta la de término o límite; y al elegir una región cualquiera, siempre se circunscribieron de mares, ríos, montañas o desiertos, por esa natural tendencia de estrechar los vínculos de sociabilidad y de acción mutua.

La sociología ha impuesto su marcha al desarrollo de las naciones y de los Estados, la historia ha recogido de la observación el carácter de los hechos, y la ciencia ha deducido los principios y ha fundado los sistemas sobre las bases de la sociología y de la historia. El derecho internacional que ha encontrado los Estados, ya constituidos, ha tenido que aceptar como necesarias las leyes que presidieron a su formación y crecimiento; y en lo que respecta a fronteras, las naturales han sido las que ocuparon en primer lugar la atención de los jurisconsultos.

Era una consecuencia fatal de los hechos, y como fenómeno permanente, ha tenido que convertirse en principio invariable, en regla, sino absoluta, en todo caso, imprescindible, en los casos en que su aplicación era procedente.

Desconocer estos principios es destruir las bases del derecho de gentes, y es negar la razón que preside a la evolución social; y por lo que hace a su aplicación, no podemos, aún tratándose de deslindar, no ya Estados independientes, sino los distritos y las propiedades particulares, dejar de poner en práctica los principios internacionales ya enunciados.

En ninguna materia tiene tanta importancia y tanto peso la jurisprudencia, como en materia de límites, por cuanto es el territorio la base fundamental de la existencia del Estado.

- 14. No dejaré de citar aunque me exponga a ser insoportable, las opiniones de algunos de los más modernos tratadistas de derecho internacional, convencido como estoy, que tratándose de sostener un derecho, nunca será una falta la abundancia de pareceres.

De este modo, veremos cómo los desiertos, las estepas, etc., figuran entre los accidentes naturales que forman divisiones físicas entre los territorios.

Martens, uno de los más partidarios de la extensión de los Estados, dice al respecto: “En fin, las estepas hacen indudablemente difíciles las comunicaciones de un país a otro, y con este título, se puede aun en nuestros días, considerarlas como fronteras naturales..." (18).

Neumann, enumera entre las divisiones naturales de los territorios, los desiertos, teniendo en vista, aunque no lo expresa directamente, la facilidad de la demarcación, la dificultad relativa de las comunicaciones y aun los inconvenientes que trae la interrupción de la unidad del territorio con regiones no adaptables al cultivo, etc. (19).

Reinebal, citado por el ilustrado doctor Gerónimo Cortés en la cuestión con San Luis, opina también por la conveniencia de los límites naturales; y he aquí como el comisionado de Córdoba expresaba la opinión de aquél y la suya propia: “La adopción de límites naturales y permanentes por los Estados, tiene sin duda cierta importancia y presenta algunas ventajas, especialmente cuando aquellos consisten en ríos caudalosos, desiertos u otras cosas que serían obstáculo a una invasión en caso de guerra, pudiendo contribuir eficazmente a la seguridad de la frontera, pues por lo regular determinan mejor la línea de separación evitando disgustos que fácilmente pueden degenerar en conflictos armados y aun en guerras funestas (20).

___ •

El doctor Cortés objeta, a renglón seguido, las ideas del autor que cita, diciendo que “aun tiene mucho menos valor, tratándose del arreglo de los límites, no entre Estados independientes, sino de las provincias sujetas a un Gobierno general con poder suficiente para precaver o reprimir todo conflicto entre ellos, como garante de la paz pública, según la Constitución federal” (21).

Pero el ilustrado jurisconsulto no toma la cuestión bajo el aspecto práctico, y olvida que el Gobierno general, por medio de una de sus ramas, el Congreso, está llamado a

- (18)  Traite de droit international, part. gen., C. III, § 88.

- (19)  Droit des gens moderne europeen (1886), pág. 65.

- (20)  Cuestión de limites entre San Luis y Córdoba, pág. 74.

- (21)  Id., pág. 75.

arreglar los límites de las provincias (22), y que para ello ha de tomar en cuenta las mil circunstancias ya enumeradas en los números anteriores: (23) y que, no porque el Gobierno general tenga la facultad de reprimir las agresiones de una provincia a otra, esas agresiones van a dejar de producirse, y lo que es peor, en una esfera privada, que revestirá las hostilidades de los vecinos, propietarios de las tierras contiguas, con todos los caracteres de esas guerras sangrientas de los señores feudales de la edad media, que entre nosotros tienen una marca indeleble, el montonerismo. La lucha es más grave, porque será entre particulares, y porque los auxilios del Gobierno provincial tardan siempre en llegar a los términos demasiado distantes, de su jurisdicción.

El señor comisionado, mi ilustrado adversario en este litigio, tiene bien frescos los hechos, verdaderamente lastimosos, que tuvieron lugar repetidas veces en los límites de nuestras respectivas provincias; desde 1871 hasta principios de 1885, en que ambos gobiernos, poniéndose de acuerdo, promovieron el convenio provisorio que firmamos en junio del mismo. ¿Qué objeto tenía este convenio? No era otro que el de hacer cesar los combates armados que diariamente tenían lugar entre el señor Rosendo Leal, pretendido dueño de “La T acanita”, “El Diamante”, etc., y las autoridades del departamento Belgrano, de la Rioja, siempre celosas en el mantenimiento de sus términos y jurisdicción.

La prueba, pues, de que son posibles disturbios armados entre las provincias, no puede ser más clara ni más fresca, porque la tenemos en los antecedentes mismos de la cuestión que debatimos.

Por lo demás, el doctor Cortés ha olvidado que estas

- (22)  Constitución argentina, art. 67, inc. 14.

- (23)  Bluntschli. Derecho público universal, t. I, libro III, cap. VI: “Para dividir el territorio es necesario tener en cuenta: (a) el fin político que se desea; (b) las relaciones y las oposiciones naturales, por ejemplo: la cuenca de un rio, un valle, etc.; (c) los antecedentes históricos, (d) los intereses del comercio...”

cuestiones versan siempre sobre la posesión, y que nuestro Código Civil autoriza al poseedor para repeler por la fuerza al que intente desposeerle; (24) y siendo poseedor un Estado que dispone de fuerza pública, es claro que se pondrá la fuerza de un Estado, el poseedor, contra la del otro Estado perturbador.

Creo está demás citar en apoyo de la doctrina de las fronteras naturales las opiniones de Calvo, Heffter, Bynker-shoek, Phillimore, etc., porque son demasiado conocidas.

- 15. Entre nuestros publicistas, con motivo de las varias cuestiones de límites sostenidas entre las provincias, se han vertido opiniones no menos autorizadas que las de los mejores jurisconsultos europeos.

El doctor Diego de Alvear, en la cuestión entre Buenos Aires y Santa Fe, opinaba que debía elegirse un límite que coincidiendo con la posesión ejercida desde tiempo inmemorial, se desprenda de la naturaleza del terreno (25), y citaba al efecto las siguientes palabras del señor Mitre: “La Provincia de Buenos Aires no debe disputar terreno a su hermana la Provincia de Santa Fe, a la que por el contrario debe ceder cuanto le sea posible para que dilate su territorio por esa parte, concurriendo con nosotros a la conquista y población del desierto.

Pero es mejor y de reciproca conveniencia determinar un buen límite que, teniendo la sanción del tiempo, se deduzca de la naturaleza misma del terreno; y esta cuestión es tanto más fácil de transar cuanto que el hecho de la simple división política en nada alteraría los títulos de dominio que habría ejercido de buena fé uno u otro gobierno, pues no es el dominio civil de lo que se trata (26).

- (24)  Art. 2470.

- (25)  Cuestión de limites interprovinciales entre Santa Fe y Buenos Aires (1880), pág. 59.

- (26)  Discurso en la Convención reformadora de 1871, sobre los limites de Buenos Aires.

- 16. Teniendo en cuenta estas ideas, que no podían pasar desapercibidas por más tiempo, es que los autores han establecido ya una denominación especial para las fronteras trazadas en atención a las conveniencias económicas de los países fronterizos. Martens nos lo dirá exactamente, y lo transcribo aquí como única demostración.

“En estos últimos tiempos, dice, algunos escritores han indicado fronteras de una especie particular, sociales. Han demostrado que al trazar una frontera entre dos países, es indispensable tener en cuenta las condiciones económicas y sociales de la provincia que se divide. Es necesario, no separar de un Estado una parte de una circunscripción cuyo conjunto forma un todo económico. Una separación de este género tiene por consecuencia natural la destrucción de la prosperidad de toda esta región. No sería de una sabia política. Además los territorios separados forzadamente, tendrán siempre que reunirse y podrán ser la ocasión de conflictos poco apetecibles y muy peligrosos para la paz general. Se puede suministrar en apoyo de la teoría de las fronteras sociales muchas excelentes razones que merecen la atención seria de los gobiernos” (27).

Esto viene a confirmar, primero, las altas consideraciones de orden público que tuvieron en vista los Reyes de España para condenar a la pena del perdimiento del beneficio, o concesión, a aquel que habiendo recibido en merced algunas tierras, no las hubiese poblado durante cierto tiempo (28), y segundo, las doctrinas que en varios pasajes de este memorándum he desarrollado. Esas ideas son, por otra parte, las que han tenido los gobiernos de todo tiempo para hacer la división de su territorio; y si el Congreso argentino ha hecho la separación de Misiones, a pesar de los títulos de Corrientes; si la Suprema Corte de Justicia Federal, ha trazado la línea que hoy divide a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ha sido

- (27)  Traite de droit international, § 87, pág. 459.

- (28)  Recopilación de Indias, ley 3, tít. 12 libro 4^9.

Obras Completas

27 porque aquellas ideas, las de la economía pública, los inspiraron, sin dejar de entrar en mucho, como causas determinantes de esos fallos, las supremas razones de la equidad, principio indispensable en cuestiones entre hermanos.

Y si fijamos la atención sobre el mapa del interior de la República, nos hiere la vista esa enorme faja de terreno bajo y salitroso, depósito común de las pequeñas vertientes de la llanura central, y extendiéndose desde el mediodía de Santiago, sirviendo de límite a tres provincias, hasta el punto mismo donde convergen las líneas divisorias de San Luis, Córdoba y la Rioja; pero nos asombra, al mismo tiempo, en el mapa del Departamento Topográfico de Córdoba, el que la línea común divisoria que corre por el centro de las Salinas Grandes, se aparte en ángulo recto hacia el oeste en el punto donde comienza el territorio rioj ano, quedando dentro del territorio cordobés todo el resto de la faja salitrosa que se prolonga hasta el Cadillo, que és el punto convergente a que me he referido.

No puede haber razón económica, social ni política que aconseje semejante fraccionamiento del territorio de Córdoba; ni mucho menos que se arranque a los Llanos de la Rioja ese apéndice necesario, ese desagüe natural que tiene por depósito la Salina.

Paso por alto, sin embargo, la grave perturbación que se introduciría en la vida agrícola, comercial, social y política de las poblaciones inmediatas a las Salinas por el lado occidental, quienes desde que esas tierras se poblaron, obedecieron, bajo todo sentido, a la autoridad riojana y al impulso que partía de la ciudad, asiento de aquélla. Y el hecho mismo de no haber ejercido jamás el gobierno de Córdoba, acto alguno jurisdiccional más allá de la Salina (29), prueba que el actual orden de cosas era un resultado necesario de la vida social y económica de ambas agrupaciones.

- (29) Informe del gobierno de Córdoba al de la Nación con fecha 11 de junio de 1869.

Sería, por lo tanto, un acto de mala política, romper con un golpe de autoridad una tradición arraigada de esa manera, romper esa unidad tan compacta que teniendo su origen en la naturaleza, ha sido sancionada por la historia.

II

- 17.  Descriptos, por decirlo así, todos los sistemas que ofrece el derecho para los convenios sobre fronteras o límites entre Estados, quiero, a propósito, porque lo considero de la mayor importancia, examinar la cuestión en el terreno de nuestro derecho público constitucional, seguro de que han de encontrarse en él puntos de vista y doctrinas que pueden modificar en gran parte las ideas que dominan generalmente en orden a estas cuestiones.

La cuestión de que las provincias puedan arreglar directamente sus límites, bajo los principios del derecho común que sirve a los particulares para los asuntos privados, a saber, sin perjuicio de tercero, en este caso, sin perjuicio de otra provincia, de la Nación, o de naciones extranjeras, es cuestión que nos ofrece duda; porque son hechos que pueden producirse en muchos casos sin afectar a nadie, siendo evidente que cuando resultara lesionado algún derecho ahí estaría el Congreso con sus leyes y la Nación con sus tratados para resolver la controversia, según el art. 31 de la Constitución Nacional, a pesar de cualquiera disposición en contrario.

Sin embargo, la Constitución ha querido ser más explícita, evitando que estas cuestiones, de la mayor trascendencia para la paz interior, fueran a resolverse por sus principios generales, y ha estatuido claramente al respecto.

- 18.  El artículo 107 dispone que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de intereses económicos y trabajos de utilidad común con conocimiento del Congreso; y al prohibirles por el art. 108, que ejerzan el poder delegado a la Nación, y celebrar tratados parciales de carácter político sin autorización del Congreso, las faculta para celebrarlos con esa autorización.

Las provincias, como soberanos locales, no podían desprenderse en absoluto de esa facultad de celebrar tratados, y como podrían comprometer en ellos la parte delegada a la Nación, establecieron para el caso ocurrente, la autoridad del Congreso para calificar la naturaleza del convenio.

Ahora bien; los convenios de límites, si bien tienen un carácter político lo tienen en alto grado económico, por razones muy fáciles de comprender. “El doctor Alberdi, dice ün jurisconsulto, debió considerar que esto bastaba, cuando no proyectó otras disposiciones; pues siendo tan conocedor del derecho público en general, como del derecho histórico de las provincias, no podía dejar de expresar que las cuestiones de límites interprovinciales, que ya habían aparecido, reclamasen soluciones constitucionales.

“El Congreso Constituyente, fué, sin embargo, más lejos, sin que esto importe decir que no bastaba el artículo 31 de la Constitución, o en su defecto el 107, y estableció la disposición del art. 67 inciso 14, por la cual corresponde al Congreso fijar los límites de las provincias. Que no importaba esta disposición cerrar la puerta a arreglos directos de las provincias, lo prueba el modo como el doctor Alberdi la entendió después, al redactar el proyecto de Constitución para Mendoza, en que le da los límites de una ley de aquella provincia”, sin perjuicio de ulteriores arreglos, “que bien podían ser del Congreso en virtud de sus facultades sobre límites” como de la Provincia en virtud de sú facultad de hacer tratados con otra, o del derecho común de arreglar sus asuntos con otro sin perjuicio de tercero.

- 19. Esta misma interpretación ha sido dada por el Congreso a la referida cláusula, dictando la ley de 1882 incitando a las provincias a arreglar sus cuestiones de límites directamente y estimulándolas con un plazo de dos años a fin de que se apresuren a zanjar esta importante cuestión pendiente aun entre ellas.

Es claro que si las provincias no tuvieron esa facultad, no podía habérsela dado la ley, porque habría importado por parte del Congreso, una delegación de facultades que no podía hacer, según sus atribuciones. Desde luego, el Congreso creyó que todo, estaba comprendido en la atribución 11, de arreglar los límites de las provincias. Además, por la misma naturaleza de la cuestión, la facultad puede existir en las provincias, sin comprometer en lo más mínimo las atribuciones del Congreso, visto que nadie sostendría que puede prescindir se de su aprobación.

Las provincias mismas lo han comprendido así; y en su virtud, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba hicieron un tratado sobre sus límites, antes de la ley de 1882; y no poniendo en duda que ese acto estaba autorizado por el art. 107, lo sometieron a la autorización del Congreso. Este encontró tan bueno el procedimiento, que para estimular a las demás provincias a ejecutar lo mismo, dictó la referida ley de 1882.

El plazo de ella, a pesar de haber sido prorrogado por otra de 1884, está vencido; pero la facultad de las provincias para hacer un convenio de límites subsiste hoy tanto como lo consideraron antes de la ley las mencionadas provincias, y la de Córdoba con San Luis.

Creo que en nada se menoscaba la atribución constitucional del Congreso, al celebrar las provincias sus convenios de límites, puesto que ellos se concluyen bajo el imperio reconocido de la citada atribución del Congreso, y del artículo 107 sobre las facultades de los Gobiernos de provincia (30).

- (30) Creemos oportuno observar aquí que después de escrito este Memorándum por el doctor González, se han descubierto algunos documentos importantes que arrojan luz sobre la cuestión de límites, como, por ejemplo, el acta de la fundación. La solución dada al litigio con la Provincia de Córdoba coincide con lo que el doctor González sostiene en el Memorándum. — Nota de la Dirección de la Revista de la Biblioteca, La Rioja, enero l^9 de 1890.

- 20.  El artículo 109 de la Constitución da a la Suprema Corte la jurisdicción o el poder de conocer en las quejas que una provincia interponga contra otra; y como podrá creerse que en esta clase de cuestiones se hallan comprendidas las de límites, creo conveniente entrar en algunas explicaciones al respecto, a modo de comentario.

Desde luego, en la segunda parte del mismo artículo, que es explicativa de la primera, se dice que sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, etc.; por lo tanto, el artículo no se refiere a las controversias sobre límites que pueden zanjarse por vías pacíficas, y sí solamente a actos de guerra privada, en la que, es cierto, pueden existir invasiones de territorio, de jurisdicción, pero sin entrar para nada un designio o propósito de desconocer la ajena.

Las cuestiones de posesión de un territorio pueden originar invasiones mutuas; pero en este caso la Corte no resolvería sobre límites sino sobre el hecho mismo de la invasión, mandando al invasor volviera a sus términos acostumbrados, a sus límites propios, ya fueran indiscutibles, ya simplemente posesorios; todo esto, mientras el Congreso o las provincias mismas, en su defecto, no hubiesen arreglado sus límites de un modo definitivo.

La Corte Suprema, por lo tanto, no tiene facultad para fijar, como juez, los límites interprovinciales, porque la facultad está expresamente atribuida al Congreso. Lo que puede y debe hacer es únicamente mandar a cada provincia, en el caso de un juicio de aquel género, que guardara los límites actuales, dentro de los que ejerció siempre su actividad administrativa o política, ya sean, como he dicho, establecidos por convenios mutuos, por ley del Congreso, o por simple posesión.

Volveremos sobre esto, bajo una nueva faz, en el número 24 de este trabajo.

- 21.  La Constitución de los Estados Unidos difiere radicalmente de la nuestra en esta materia.

Ella no contiene una cláusula como el inciso 14 del artículo 67 de la nuestra, que atribuya al Congreso la facultad de arreglar los límites de los Estados, y he ahí una de las diferencias entre el federalismo norteamericano y el argentino; ella hace de la Corte Suprema el árbitro de todas las cuestiones entre Estados: y para que se comprenda con más claridad, inserto a continuación algunos de sus fallos constitucionales.

661875. — Un contrato entre dos Estados no puede operar como una restricción sobre los poderes constitucionales del Congreso.

“1877 — Una cuestión de límites entre Estados es por su naturaleza una cuestión de política, para arreglarse por convenio hecho entre los departamentos políticos del gobierno.

“2102 — La Suprema Corte tiene jurisdicción sobre las cuestiones de límites entre dos Estados, aun cuando la decisión envuelva la interpretación de convenios o contratos entre los Estados, o afecte los límites territorialos de la jurisdicción política y de la soberanía de los Estados.

“2103 — Una cuestión de límites entre Estados, está dentro de la jurisdicción originaria de la Suprema Corte.

“2109 — Cuando una cuestión de límites está en disputa entre los Estados, los Estados Unidos pueden intervenir y producir pruebas, si tienen algún interés en la controversia.

“2604 — La Suprema Corte no tiene jurisdicción sobre cuestiones que son de carácter político, y que no son de carácter judicial” (31).

La decisión número 1871 establece que las cuestiones de límites son políticas por naturaleza; y la 2104, que la Suprema Corte no tiene jurisdicción sobre cuestiones que, siendo políticas, no revisten carácter judicial.

He aquí el caso de la Constitución Argentina, porque las cuestiones de límites entre provincias afectan directamente

- (31) Orlando Bump, Decisiones constitucionales de los Tribunales Federales de los Estados Unidos, traducción de Nicolás Calvo, 1886.

sus intereses políticos y económicos y mientras no revistan el carácter de hostilidad que pueda conducir a vías de hecho o traducirse en una ofensa o acto de naturaleza sediciosa, no puede proceder la jurisdicción de la Suprema Corte.

El caso variaría de aspecto si las provincias la nombraran árbitro simplemente, sin darle carácter de juez de la causa; porque en este caso, ella, como cualquiera otra persona fallaría como árbitro, bien interpretando los convenios interprovinciales y las doctrinas jurídicas, o bien ex equo et bono, pero en manera alguna dictaría una resolución que obligara en derecho a una provincia a reconocer tal o cual límite como fijado por un fallo emanado de autoridad constitucional.

Pero una vez dictada por el Congreso la ley de límites en uso de la atribución que le confiere el artículo 67, inc. 14, la Suprema Corte tendrá que obligar a las provincias a respetarla, no como emanada de su fallo mismo, sino porque está investida del Poder de aplicar a las cosas contenciosas las leyes que el Congreso dicta en cumplimiento de la Constitución.

- 22. Creo de la mayor trascendencia tanto para la cuestión presente cuanto para todas las que existen pendientes entre la mayor parte de las provincias, determinar la base de criterio que han de tomar el juez, árbitro o autoridad que deba decidir esta clase de litigios.

Es muy común entre todos los que han escrito de estas materias, atribuir a los antecedentes coloniales una importancia capital para fijar el derecho jurisdiccional de las provincias argentinas, considerándolas como herederas de las antiguas colonias españolas, pero si se investiga y juzga con un criterio histórico-constitucional, tendrá que confesarse que antes de dar crédito a esos antecedentes, conviene limitarse a la época en que la nación se constituyó y en que las provincias comienzan a darse sus propias instituciones, cuyo instrumento público es la Constitución definitiva de 1853.

Este hecho tiene un valor inmenso para resolver toda clase de cuestiones entre las provincias que suscribieron el Código fundamental, puesto que en él se establecían los principios que ellas mismas convinieron en fijar como base de su derecho; este convenio firmado por Estados autónomos, por verdaderas personas capaces en derecho para obligarse por contrato, forma la primera ley a que deben sujetarse las partes para resolver sus cuestiones internas, según un principio que sirve de fundamento a nuestra legislación y a la de todo el mundo.

Luego la Constitución nacional y los principios que nacen de ella por medio de la interpretación, es la fuente principal de criterio para esta clase de cuestiones; lo demás, como las mercedes de reyes y gobernadores, conquistadores y cabildos de la época colonial, así como las actas de fundación de las ciudades, teniendo un valor puramente histórico, tienen como prueba de jurisdicción y propiedad una fuerza secundaria, puesto que las provincias han establecido por convenio legal las reglas de derecho por las cuales han de dirimir sus cuestiones.

- 23. Uno de los antecedentes a que se da mayor valor como prueba de jurisdicción, son las mercedes hechas a particulares por los gobernadores, descubridores y aun por el Rey mismo; pero la Ley de Indias tenía declaradas sobre esto algunas reglas que conviene tener en cuenta al apreciar esta clase de documentos.

“Según la ley primera, título 12, del libro 4^9 de la Reco-pilación de Indias, estas donaciones deberían efectuarse por los virreyes o gobernadores, teniendo en vista la autoridad y servicios de los agraciados. La propiedad de estos fundos, urbanos o rústicos, no se consolidaba en el donatario sino me* diante ciertas obligaciones de población y cultivo y antigüe* dad de cuatro años. Y aun estos misíbos derechos eran inse* guros cuando el propietario se ausentaba para hacerse vecino de otra ciudad o para poblar en otra gobernación. En las reparticiones de tierras de pastoreo, la ley 12 del mismo título mandaba que no se dieran estancias ningunas en partes y lugares de donde pudieran resultar daños en los maizales de los indios, tratando así de conservarles sus medios propios de subsistencia” (32).

En otro lugar dice la misma Recopilación: 66Antes de conceder nuevos descubrimientos y poblaciones, se dé orden de que lo descubierto se pueble, asiente y perpetúe, como se dispone en las leyes que tratan de las poblaciones, y habiéndose poblado y dado asiento en lo que está descubierto, se trate de hacer otros nuevos descubrimientos” (33).

“Ningún descubridor ni poblador a descubrir ni poblar en sitios encargados a otros, o que hubieren descubierto, y en duda o diferencia sobre límites, cesen en el descubrimiento y población, y hasta que se dé cuenta y determine en la Audiencia o Audiencias que pertenezca, o en el consejo no conformándose: y que guarden lo que se proveyese, pena de muerte y perdimiento de bienes” (34).

Las facultades de las autoridades de cualquiera de las categorías de las colonias se hallaban limitadas, además, por las siguientes prohibiciones que conviene recordar en este caso : “Los virreyes, audiencias, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, guarden y observen los límites de sus jurisdicciones, según les estuviesen señalados por leyes de este libro, títulos de sus oficios, provisiones del Gobierno superior de las provincias, o por uso y costumbre legítimamente introducida o no se entrometan a usar de su jurisdicción en lugares donde no alcanzaren sus términos, so las penas impuestas por derecho, y leyes de estos y aquellos Reinos, y se les haga cargo en la residencia de cualquier exceso que sobre esto contienen, etc” (35).

Ya luego demostraremos cómo llegó el caso de una contienda de jurisdicción entre Córdoba y la Rioja, las que,

- (32)  M. A. Pelliza, El país de las pampas, cap. XV, pág. 200.

- (33)  Recopilación de Indias, libro 4^9, tít. I, ley 1*.

- (34)   Id., libro 4^9, tít. I, ley II^9.

- (35)   Id., libro 5^9, tít. I, ley l^9.

por otra parte, eran muy frecuentes entre todos los cabildos de las colonias españolas en América, por ese afán incesante de extender sin término los descubrimientos. Desde luego se deduce, sin lugar a dudas, que teniendo las mercedes y “señalamiento de términos y jurisdicción” tantas restricciones por las leyes de la Monarquía, que los límites que han llegado hasta nosotros, a falta de un dato histórico incontrovertible, deben ser falaces en su mayor parte, puesto que esa historia, puramente interna, queda sepultada en los libros de los cabildos y de las audiencias, existían en parte muy pequeña en el archivo del Tribunal de Indias de España. Sería, a la verdad un trabajo ímprobo y digno de otra causa que no fuera entre hermanos, el ir a registrar a los cuatro vientos de la tierra los empolvados archivos, donde yacen esos documentos dispersos por las revoluciones y los cambios de gobiernos de dos siglos a esta parte. ¿Qué mucho si ni los mismos cronistas contemporáneos de la colonia, fueran historiadores de la talla de Herrera, Lozano y Guevara, pudieron hacer la luz sobre esas cuestiones que, como la que nos ocupa, han durado desde la fundación de las respectivas ciudades?

Además, dada la prohibición de la última ley citada, pregunto: ¿dónde están las pruebas de que esas mercedes no han sido revocadas por falta de cumplimiento a las condiciones que les dieron existencia, si se quiere fundar sobre ellas un derecho jurisdiccional y de soberanía? Antes al contrario, si se dirige una mirada sobre las tierras que quedan comprendidas en la zona litigiosa, no parece que jamás hayan sido tocadas por el instrumento del cultivo, ni habitadas por la familia humana; o si alguna vez lo fueron, y si ahora no queda vestigio alguno de su paso, razón demás habría para suponer que ha pasado tanto tiempo, que ni la sombra siquiera ha quedado del derecho con que se invistió a los propietarios, siendo esas mercedes condicionales.

La prescripción centenaria ha transcurrido dos veces respecto de los particulares y de los Estados que tuvieron jurisdicción sobre ellos.

Otra de las circunstancias, y es quizá de enorme trascendencia, que debe tenerse en vista al atribuir valor probatorio a las mercedes de tierras hechas por un cabildo o gobernador, y por el Rey mismo, es la ignorancia casi absoluta de la topografía de las regiones sobre que versaba la merced y de su situación geográfica. Expediciones que salían para rumbos distintos, habiendo venido sin derrotero a fundar un pueblo donde les abrumaba el cansancio o donde encontraban un oasis, y no teniendo en manera alguna el hábito de la tierra, desconocida para ellos, nada podían saber si los límites que señalaban a su jurisdicción, como sucedió con Córdoba misma, que tenía señaladas cincuenta leguas al Poniente, casi al mismo tiempo que Ramírez de Velazco, a juzgar por los historiadores de la colonia, adjudicaba a la Rioja la mitad de los indios que habitaban las Salinas, lugar de la sublevación pacificada por Tejeda y por orden del cabildo de Córdoba, hecho que por sí solo significa el reconocimiento del límite de ambas jurisdicciones en el centro de la región salitrosa, esto es, diez leguas más adelante de la línea que daba a Córdoba el acta de su fundación.

Aun más; gran parte de esos pueblos que, según Lozano, llegaron a ser opulentos en tiempos del Gobierno de don Juan Ramírez de Velazco, no existen hoy ni siquiera en las memorias, habiéndose perdido con ellos, como es lógico, la base del derecho mismo que se alega y que esos pueblos determinaban como puntos geográfico».

PROYECTO DE CONSTITUCION PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA (En colaboración)

1887

DOCUMENTOS

I

La Cámara de Diputados de la Provincia de la Rioja san* dona con fuerza de

ley:

Artículo l^9 — Declárase la necesidad de revisión y reforma de la Constitución Provincial.

Art. 2^9 — Cuatro meses después de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia para la elección de convencionales en la forma determinada por el artículo 114 de la Constitución Provincial, debiendo esta elección verificarse un mes después de la convocatoria; y dos meses después de la misma, se reunirán los convencionales al objeto expresado en el artículo l^9 de esta ley.

Art. 3^9 — El Poder Ejecutivo queda autorizado para adoptar todas aquellas medidas que tiendan a la mejor preparación de los trabajos que deben ser sometidos a la Convención Constituyente.

Art. 4^9 — Queda igualmente autorizado para hacer de rentas generales, los gastos que demande la ejecución de esta ley, imputándose de conformidad a la misma.

Art. 5Q — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de sesiones en la ciudad de la Rioja a los veinte días del mes de julio de 1886.

Lorenzo Torres

Presidente

A. M. Márquez Secretario

Rioja, Julio 28 de 1886.

Téngase por Ley de la Provincia la precedente honorable sanción. Comuniqúese, publíquese y dese al Registro Oficial.

BUSTOS

Serafín de la Vega (hijo) Oficial Mayor

Conforme:

R. Valdez Oficial Primero

II

Rioja, Julio 28 de 1886.

Al ciudadano Dr. D. Joaquín V. González.

Por el decreto que en copia autorizada acompaño, se instruirá Vd. de haber sido nombrado en comisión, a fin de estudiar detenidamente las reformas necesarias de nuestra Constitución, para presentarlas a la H. Convención que oportunamente se convocará.

El Gobierno espera que al aceptar el cargo, lo sabrá desempeñar con el celo y laboriosidad que le son característicos.

Dios guarde a Vd.

O. E. Pereyra

Rioja, Julio 28 de 1886.

Habiéndose sancionado por la H. Legislatura la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia, y siendo necesario nombrar una comisión a fin de que estudie con la detención debida las reformas requeridas, para que oportunamente sean presentadas a la H. Convención que se convocará de acuerdo con la Ley de fecha 20 del corriente, el Poder Ejecutivo de la Provincia.

ACUERDA Y DECRETA:

Artículo l^9 — Nómbrase una comisión compuesta de los ciudadanos doctores D. Abel Bazan y D. Joaquín V. González, a los fines del anterior considerando.

Art. 2^9 — Comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

BUSTOS

O. E. Pereyra

Conforme:

Serafín de la Vega (hijo)

Oficial Mayor

III

Rioja, Octubre 7 de 1886.

Al ciudadano D. Rafael Igarzábal

Buenos Aires.

Por el decreto que en copia autorizada acompaño, se instruirá Vd. haber sido nombrado comisionado para estudiar y proponer las reformas de nuestra Constitución, para ser presentadas a la H. Convención que se convocará de acuerdo con la ley de su referencia, en reemplazo del doctor Abel Ba-zán que ha renunciado dicha comisión.

Debo poner en su conocimiento que él otro comisionado al efecto es el doctor Joaquín V. González con quien procederá de acuerdo.

El Gobierno espera que al aceptar esta comisión sabrá desempeñarla con el celo, laboriosidad e inteligencia que le caracterizan.

Dios guarde a Vd.

O. E. Pereyra

Rioja, Octubre 7 de 1886.

Habiendo renunciado el doctor Abel Bazán la comisión que se le confirió por decreto del 28 de julio último, para hacer el estudio de las reformas de la Constitución de la Provincia, que deben ser presentadas en oportunidad a la H. Convención, que se convocará de acuerdo con la Ley de fecha 20 del mismo, el Poder Ejecutivo

ACUERDA Y DECRETA:

Artículo l^9 — Nómbrase comisionado a los efectos del precedente considerando, y en reemplazo del doctor Abel Bazán, al señor Rafael Igarzábal.

Art. 2^9 — Comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

BUSTOS

O. E. Pereyra

Conforme:

R. Valdez

Oficial Primero

IV

Buenos Aires, Febrero 15 de 1887.

A S. S. el Señor Ministro General de Gobierno, Teniente Coronel D. Olímpides E. Pereyra.

Rioja.

Tenemos el honor de poner en manos de V. S. el proyecto de Constitución para la Provincia de la Rioja, cuya redacción se dignó confiarnos el Excelentísimo Gobierno, por decretos de fecha 28 de julio y 7 de octubre de 1886.

Antes de hacer una reseña general de este trabajo, séanos permitido solicitar la indulgencia de la Convención Provincial que lo va a examinar. Imposibilitados los dos redactores por atenciones particulares urgentes, no hemos podido trabajar sino un mes y días; y esto puramente de noche, y muy apurados, porque veíamos que el plazo dado por la ley para la convocatoria de la Convención, se acercaba a su término: esto explicará algunas deficiencias y defectos que no dudamos han de encontrarse en este proyecto.

Llamados a proyectar las reformas a la Constitución vigente, fué para nosotros objeto de la más detenida consideración, si convenía iniciar únicamente reformas parciales o el hacer un proyecto enteramente nuevo; y nos decidimos por lo último, creyendo interpretar los adelantos y los deseos del pueblo de la Rioja.

Cuando una Constitución como la vigente, que data de 22 años atrás, ha quedado lejos aún de las penúltimas reformas de constituciones provinciales, no se comprende nada que no fuera reformable, sino en el fondo, por la forma, y en último caso, por la filiación lógica de las materias. Ningún artículo podía así dejar de ser modificado: con esto está explicado el proyecto que presentamos de una Constitución completamente nueva, lo que para el debate mismo, y su sanción, es más expeditivo y fácil.

Otro de los puntos generales que más ocupó nuestra atención, fué el de saber si sólo debíamos proyectar los principios más elementales a la organización de un gobierno, simplificado en atención a las condiciones de la Rioja, por lo limitado de la educación de sus masas, la falta de hombres, la diseminación de su población, etc., o si debiéramos proyectar lo mejor prescindiendo de que fuera o no aplicable. No adoptamos ninguno de estos extremos a fin de hacer una Constitución que fuese adelantada, y al mismo tiempo bien práctica. Consideramos que una constitución no debe ser tán tímida que no haga dar al pueblo que organiza un paso más adelante, ni tan exigente que no sea aplicable y en la que la mayor parte de sus violaciones se produzcan de hecho por razones superiores a la voluntad de los hombres. Las instituciones son el más grande y poderoso elemento de la civilización de un pueblo; con sus buenas prácticas se educan y disciplinan las masas; con disposiciones previsoras se levantan y desarrollan industrias impensadas. No se comprendería que se renunciara a la mejor oportunidad que los convencionales de la Provincia pueden aprovechar para levantar el nivel moral y político de su pueblo.

Otro punto nos preocupó no menos que el anterior. Parece extraño que en el estado de nuestros adelantos, se confundan todavía ciertas cosas, como por ejemplo: al pueblo con los electores, y la función del sufragio con los derechos del ciudadano y otros por el estilo. Hemos creído que buscando la claridad que es la luz para resolver las arduas cuestiones del gobierno, debíamos ir hasta hacer definiciones, si fuese necesario; y lo hemos hecho en uno que otro caso, esperando nosotros que tendrá una gran trascendencia para la interpretación de los derechos y garantías, y sobre la naturaleza del gobierno; porque establecemos cuál es el pueblo, qué es el sufragio, etc., etc.

La colocación lógica de las materias nos ha demandado un especial trabajo, y puede ser que sin éxito completo, como era nuestro deseo: es fácil, hasta cierto punto, en un capítulo de declaraciones, derechos y garantías, señalar cuáles son las declaraciones; pero es casi imposible deslindar si ciertas disposiciones son derechos o son garantías, porque la verdad es que cada una participa de la naturaleza de ambas, por más que los primeros se refieran especialmente a lo garantido a las personas, y las segundas a las cosas; puesto que las cosas no tienen otra garantía práctica que el derecho que en ellas representan las personas.

Al llegar a este punto debemos hacer notar, que el comentario de cada artículo fué escrito para ponerlo como simple nota al pie del texto, y que un acuerdo posterior, después de estar todo escrito, nos hizo variar de propósito y publicarlo en la forma que lo ofrecemos. Se comprende entonces que un comentario brevísimo hecho para un objeto, no correspondiese completamente al otro; pero nos ha parecido también que dada la convocatoria de la Convención, y la necesidad de que este trabajo estuviese impreso, aun para antes de la elección, a fin de que los candidatos fuesen elegidos en concepto de tales o cuales reformas, no había tiempo material para ampliarlo y darle la forma más adecuada.

El trabajo que presentamos está dividido en siete capítulos, del modo siguiente:

l^9 Declaraciones, derechos y garantías;

2^9 Régimen Electoral;

3^9 Poder Legislativo, dividido en dos secciones;

4^9 Poder Ejecutivo, dividido en dos secciones;

5^9 Poder Judicial, dividido en dos secciones;

6^9 J unta Electoral;

7^9 Régimen Municipal.

A pesar de que parece más lógico colocar el Poder Judicial que aplica la ley, en seguida del Poder Legislativo que la sanciona, y así, antes del Poder Ejecutivo que la ejecuta, hemos colocado a éste después del Legislativo porque es colé-gislador, y porque, en general, sin el concurso de los dos no hay ley que aplique el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ejecuta no sólo las sentencias del Poder Judicial, sino principalmente las leyes del Legislativo, y él es jefe de la Administración General de la Provincia que, si bien no es un título para estar en primera línea, lo es para estar después del Poder que da vida y reglamenta con leyes dicha Administración. Además, tomando como base el origen de cada uno de los poderes y el grado de elección que les da existencia, corresponde al Ejecutivo el segundo grado, porque es elegido por los delegados de los electores populares, los que son de primer grado, como los diputados. Al Poder Judicial le corresponde el tercer lugar porque su elección es de tercer grado. El mismo fundamento tiene el haber colocado el capítulo del Régimen Electoral antes de los tres poderes del Gobierno, porque él es la fuente de la existencia de todos.

Al entrar a explicar la constitución del Gobierno, debemos decir que lo hemos organizado con el criterio de Webs-ter, que decía que “el principal objeto de un pueblo libre debe consistir en la conservación de su libertad, y ésta sólo se puede alcanzar manteniendo las restricciones constitucionales y una justa división de poderes. Nada más ilusorio que la pretensión o el deseo de simplificar el Gobierno. Todo gobierno libre es necesariamente complicado, porque establece limitaciones aplicables a los que mandan y a los que obedecen.” He ahí la explicación de este extenso proyecto con declaraciones, derechos y garantías prolijamente enumerados, con prohibiciones numerosas a las autoridades, y organizando los poderes bien separados entre sí y perfectamente limitados respecto del pueblo, por más que una Constitución tan extensa peligre en la memoria de los ciudadanos, y en la de los que tienen el deber de ponerla en ejecución en todos los momentos.

Al ocuparnos de las declaraciones, derechos y garantías, y hacer el comentario de cada artículo, hemos procurado dilucidar gradual y lógicamente todas las grandes cuestiones comprometidas. Una declaración de derechos se ha juzgado alguna vez como inoficiosa desde que la Constitución Nacional la ha hecho, y ella ampara a las provincias: se olvida que el artículo 5^9 les autoriza a hacerlo, y que esto se confirma más por la disposición del artículo 31 que supone disposiciones provinciales en contrario. A nuestro juicio, la declaración de derechos y garantías de la Constitución Nacional debe ser repetida y aun ampliada por la Constitución Provincial, porque cada Constitución tiene sus autoridades, y por consiguiente sus guardianes, dando así origen a dos clases de justicia: la nacional y la provincial. De que la Constitución Nacional haga declaraciones que amparan a los habitantes de la Provincia como habitantes de la Nación, no se deduce que las autoridades locales han de aplicar la Constitución Nacional. No entra en semejante propósito nuestra jurisprudencia nacional, si bien por excepción dice la Ley de Justicia Federal que cuando se ponga en tela de juicio un artículo de la Constitución Nacional, podrá apelarse para ante la Corte Suprema. La Constitución Nacional se aplica por las autoridades nacionales, no sólo porque son ellas las únicas a que da vida, sino porque la Constitución aspira a una jurisprudencia uniforme que no podrán formar las provincias con tribunales diferentes, tan variados en su organización y procedimientos.

Un dilema aclara mejor esta cuestión: o la Constitución Nacional puede ser interpretada y aplicada por las autoridades de Provincia, o las provincias deben tener declaraciones, derechos y garantías que apliquen sus autoridades. Si la Constitución Nacional fuera aplicada por todas las provincias, o la interpretación sería varia, o no habría sistema federal, haciendo que todos los casos apelados o no viniesen a la Corte.

Si la Constitución Nacional necesita tener quien la aplique, y esto hace exclusiva la justicia federal, las provincias necesitan tener qué aplicar, y esto hace necesario la declaración de derechos. No hay pues, relación alguna entre estos términos ni en sus consecuencias. De aquí se deduce que la Constitución Nacional que por el artículo 5^9 ha dado origen

a las constituciones locales, que ha ampliado su acción, suprimiendo su revisión por el Congreso, y ha llegado aun hasta suponerlas en contradicción con ella misma (art. 31) no dando sino el recurso que señala la Ley de Justicia Federal para apelar a la Corte, ha establecido tácitamente la necesidad de declaraciones de derechos en las constituciones de provincia.

Como comprobación de todo esto podemos aducir las opiniones del célebre constitucionalista Kent, que en la lección X de su obra sobre la Constitución de los Estados Unidos, dice: “Como la Constitución de los Estados Unidos fué ordenada y establecida por el pueblo de los Estados Unidos para su propio gobierno como nación, y no por el Gobierno de los Estados individuales, las facultades conferidas y las limitaciones a las atribuciones contenidas en este instrumento son aplicables al Gobierno de los Estados Unidos, y las limitaciones no se aplicarán a los gobiernos de Estado, a no ser que estén en términos expresos. Así, por ejemplo, la disposición de la Constitución que prohíbe que la propiedad (art. 17, Const. Arg.) sea tomada para el uso público sin justa compensación, fué sólo establecida como una limitación al ejercicio de la facultad del Gobierno de los Estados Unidos, y no se aplica a los Gobiernos de Estado. Al pueblo de los respectivos Estados se le ha dejado crear aquellas restricciones en el ejercicio de la facultad de sus gobiernos particulares, que crean convenientes.”

Establecida la necesidad de la declaración de derechos, hemos procurado que ella fuese amplia y comprensiva como lo deseaba y sostenía Jefferson, y creemos haber alcanzado nuestro propósito. No sólo hemos avanzado en la enumeración, sino que en los principios ya conocidos y establecidos en todas las constituciones de las provincias argentinas, hemos hecho numerosas aclaraciones y al mismo tiempo, restricciones que los abusos han enseñado como indispensables. No garantimos que sea una declaración enteramente completa y ordenada, pero sí que establece derechos claros para el pueblo, y límites muy comprensibles para las autoridades: tal vez peque de severa para estas, y se crea que hace imposible el gobierno; pero habiendo cuidado de que no adolezca de este inconveniente, por más que lo parezca, estamos tranquilos, miradas las cosas con el criterio con que las hemos apreciado.

Al entrar a la organización del Gobierno, debemos decir que pocas constituciones habrán deslindado tan claramente las atribuciones de los poderes, y dádole a cada uno los medios de garantir su estabilidad e independencia con prescindencia de los actos de los otros. Esta Constitución atribuye a cada poder el nombramiento de los empleados de las oficinas de su dependencia, que otras constituciones atribuyen al Poder Ejecutivo, bien que hay varios casos en que a pesar de las cláusulas, el Poder Ejecutivo mismo ha abandonado todo derecho al respecto.

El Poder Legislativo no puede juzgar al Ejecutivo ni al Judicial: apenas es el fiscal que los acusa ante la Junta Electoral; no puede disminuirles sus sueldos; no puede mandar ejecutar ninguna ley, ni dictar leyes que importen sentencia; no interviene en la elección de Gobernador, ni coopera con su acuerdo a la remoción de los miembros del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo no interviene ni directa ni indirectamente en la elección de diputados, sino las Municipalidades; ni en la organización de la Legislatura; ésta puede convocarse por sí sola, instalarse, funcionar y clausurarse, puede defender las inmunidades de sus miembros; está exenta de sugestiones para votar al Gobernador o sus ministros dádiva alguna o el aumento de su sueldo. En fin, el Gobernador no puede quitar a la Legislatura sus medios propios y su acción para cuidar de sí misma y ejercer todas sus facultades.

El Poder Judicial aplica la Constitución, las leyes y los decretos; pero no puede abolir en general una ley ni un decreto del Poder Ejecutivo. No puede proceder contra miembros de los otros poderes, sino después de su desaforo, salvo excepciones raras; y si bien deslinda los conflictos de poderes, tomando aparentemente cierta superioridad entre los otros, no ejerce sino el papel de árbitro, es decir, la jurisdicción originaria que le conceden de común acuerdo.

Como se vé, hemos procurado establecer una completa separación de poderes, y dado a cada uno medios propios para el ejercicio de sus atribuciones, a fin de que en su organización y funciones, no hayan intereses y propósitos encontrados que destruyan la armonía con que deben actuar todos a favor del pueblo en cuyo bien están instituidos. Mediante esta separación puede y debe esperarse su acción tranquila y benéfica, porque dentro de límites bien definidos no caben celos ni disputas, que no sirven sino para relajar el principio de autoridad y para hacer estériles los propósitos de la Constitución.

Al organizar el Poder Legislativo, nuestra mayor preocupación fué el no poder decidirnos por las dos Cámaras, teniendo en cuenta la Provincia para la que proyectábamos esta Constitución. Ya no se discute en ningún país sobre este punto; y si en la imposibilidad de establecer el Poder Legislativo dividido en dos ramos, hubiéramos de encontrar algo que repare esta falta forzosa, no sería sino en la elección de diputados por lista singular, por la que, enviándose a la Legislatura un diputado por cada distrito, los representantes participaran del carácter popular que caracteriza a la Cámara de Diputados, y del local que caracteriza al Senado.

En la organización de este poder, le hemos dado medios para mantener su independencia, sin deber a los otros poderes, ni la aplicación, ni la ejecución de las garantías indispensables para su existencia. No pocas disposiciones nuevas vienen, por primera vez en una Constitución, a deslindar atribuciones y deberes de la Legislatura, ya en sus relaciones con el pueblo y los individuos, ya con los otros poderes del Gobierno y sus autoridades.

Al organizar el Poder Ejecutivo hemos dicho claro que éste es el Gobernador solo, explicando lo que significa la exigencia de la Constitución en la concurrencia y firma de sus ministros. Hemos procurado prever y resolver todas las cuestiones que pueden presentarse sobre acefalía del Poder Ejecutivo, que no pocas veces han dado lugar a graves y trascendentales cuestiones en las provincias argentinas, y por fin, hemos enumerado de un modo claro no sólo las atribuciones, sino los deberes y las prohibiciones, procurando distinguir especialmente entre atribuciones y deberes, porque son frecuentemente confundidos, con perjuicio siempre para los intereses públicos.

La enumeración de las atribuciones del Poder Ejecutivo es prolija, habiendo procurado salvar todos los casos que la experiencia ha demostrado prestarse a abusos, especialmente en sus relaciones con el Poder Legislativo. Hemos enumerado ciertas prohibiciones que, aunque surgen de varias disposiciones de la Constitución y en alguna parte están expresas, era necesario reunirlas y ofrecerlas como protesta de la Constitución, contra ciertos actos malos, costumbres toleradas, abusos, etc., que se han hecho moneda corriente en el gobierno de las provincias; y aunque en otras constituciones provinciales está escrito todo esto tan claro como lo hemos redactado, y sólo ha servido para hacer muy visibles las violaciones, nosotros esperamos que la Rioja encuentre gobernantes que respeten esas prohibiciones y traten de gobernarla con decencia y honorabilidad. Si sin prohibiciones no han sucedido allí los abusos aludidos, no vemos por qué hubiera de desesperarse de encontrar hombres en quienes penetre bien el espíritu y la letra de la Constitución.

Al Poder Judicial lo hemos encarnado sólo en la Corte de Justicia, resolviendo así una cuestión que han dejado pendiente todas las constituciones. Se le confiere a dicha Corte el nombramiento de todos los empleados de las oficinas dependientes del Poder Judicial, y la facultad de requerir la intervención nacional; se arregla respecto de sus sueldos, deberes sagrados cuya ejecución no dependerá de la buena voluntad del Gobernador; y sin hacerlos depender de la ley, se le dan los medios constitucionales de represión contra los desacatos que se cometan contra ella o contra los jueces inferiores.

La resolución de los conflictos de poderes está formulada como facultad de la Corte, pero no importando esta atribución una supremacía que destruya la igualdad de los tres, deberá entenderse que es para los casos de jurisdicción voluntaria, en que concurra el asentimiento de los poderes que disputen una atribución. La Constitución no puede dejar de preveer un caso semejante, y de crear un juez que lo resuelva, puesto que no teniendo la Corte facultades originarias sino las de apelación, no podría entender en casos como este si no estuviera expresamente atribuido a ella.

Hemos adoptado el sistema de la Constitución actual para la elección de Gobernador, y el juzgamiento de los funcionarios públicos por una Junta Electoral, modificando la institución en los puntos de detalle que se explican en el capítulo respectivo. La experiencia en la República Argentina en estos casos aconseja la existencia de un cuerpo electivo permanente, como un medio de hacer elecciones medianamente libres. El sistema directo está ensayado en San Juan, y sus resultados han justificado plenamente a los que le hicieron oposición; es la negación de toda libertad: el indirecto por medio de una junta ad hoc está practicado en once provincias con resultado apenas recomendable, y el de junta permanente en Tucumán y la Rioja, siendo evidente que las elecciones de Gobernador más libres son las que se practican en estas dos últimas; porque más de una vez (lo que es digno de notarse) han dado por resultado elecciones adversas a los propósitos de los que gobernaban entonces, resultados que no se han visto por ninguno de los otros dos sistemas.

La gran objeción que se ha hecho a este medio de elección es el ser poco republicano y que el pueblo no es llamado en cada caso a emitir su opinión; a lo cual contestamos desde luego, que el sistema de que se trata es indirecto, en el que, con junta ad hoc, como con junta permanente, el pueblo no posee el derecho de tener candidatos para Gobernador, sino únicamente para electores. Es verdad que por una práctica que viene desde los Estados Unidos, el sistema indirecto ha sido falseado, quitándose a los electores el derecho perfecto de tener candidatos, y la libertad de acción para elegir la persona de sus simpatías; pero nadie duda que esto es la negación de dicho sistema, y que si se ha de corromper con instrucciones dadas al elector, sería más propio establecer lisa y llanamente el sistema directo.

Por otra parte no siendo el pueblo el que va a las urnas electorales, sino sus representantes, toda la cuestión queda reducida a que un poder que en cada caso lo habían de tener los representantes de primer grado (electores populares), lo tengan los de segundo, designados de antemano por los primeros; la designación de antemano no es una objeción, porque estos están a su vez designados de antemano por la ley, con la diferencia, que los hechos demuestran sin contradicción, que, así como un cuerpo electoral de veinte personas representa a un pueblo que ha sido representado por una asamblea de 2.000 votantes, así cada uno de los 20 asume fuerza y autonomía por 100 de aquéllos, y que por lo mismo, es más fácil que la intriga, el poder, el dinero, o el miedo venzan a una asamblea de 2.000 a cada uno de los cuales lo toman en detalle, que venzan a una asamblea de 20, cada uno de los cuales representa una fuerza cien veces mayor que uno de los anteriores. Esta es la razón por qué en Tucumán y en la Rioja ha habido en la junta, electores que han resistido más, y han sido más libres para elegir, que lo que serían doscientos electores populares, y así se explican las elecciones de Gobernador a que nos hemos referido antes.

La forma republicana no está afectada en lo más mínimo en este sistema, porque cualquiera que sea la época en que se realice o se repita una elección, es el pueblo el que elige por medio de sus representantes de segundo grado, y ese Gobernador no es más que su apoderado por tiempo limitado. La forma republicana es aquella en que los tres poderes del gobierno funcionan como representantes del pueblo, por elección más o menos directa de éste. En las monarquías, aunque haya sistema representativo, y en algunas más completo y verdadero que en casi todas las repúblicas, el jefe de la administración no es un agente del pueblo, sino el representante de sus derechos a gobernar con ciertos poderes, y el poder judicial mismo emana de él y se administra justicia en su nombre, de donde surge la irresponsabilidad del monarca que caracteriza tanto el gobierno monárquico, diferenciándolo del republicano. Así es que las objeciones hechas a la Junta Electoral que hemos adoptado dándole estabilidad, y tanta más regularidad en su organización cuanto más libre la hemos querido hacer, carecen de base y creemos firmemente que será uno de los puntos menos vulnerables de nuestro proyecto.

El capítulo sobre Municipalidades, después de hacer de ellas instituciones independientes, y enumerar a grandes rasgos las líneas de separación con el Gobierno Provincial, las dividimos en tres categorías, a fin de hacer posible que todos o la mayor parte de los actuales Departamentos tengan la institución; explica cómo se componen las Municipalidades de cada categoría, su duración, especialidades, etc.; en seguida da las reglas aplicables a toda Municipalidad, trata de la naturaleza del cargo, forma del padrón municipal, elecciones, organización, atribuciones generales, para detallar en seguida las atribuciones de cada una.

Al organizar estas Municipalidades de tres categorías, se ha dado a todas las mismas atribuciones, siendo éste un expediente que podrá llamar la atención, sólo si se olvida que la necesidad de control, o de una autoridad superior en el manejo de los asuntos públicos, no surge del número de atribuciones, sino de la importancia que éstas toman en el gobierno de una agrupación rica y poblada. Atender el alumbrado público no es más grande en donde hay que encender diez luces que donde hay cien, de que se deduce que si a una agrupación grande, por suponérsele capacidad bastante, se lé dan ciertas atribuciones, una pequeña debe tener las mismas porque tendrá una capacidad relativa, y será tan buena para invertir, por ejemplo, en caminos, puentes, etc., por valor de cien pesos, como puede serlo la otra para invertir en lo mismo, mil. Hemos creído que el gobierno municipal se debía formular para todos, y el no establecer municipalidades de igual categoría, ha sido precisamente con el propósito de que la falta de hombres, de riqueza, de renta, etc., no fuese un obstáculo para que todas las agrupaciones fuesen igualmente autónomas. Sin embargo, debemos observar que hemos buscado dentro de la misma autonomía, ciertos contrapesos donde son necesarios. Así, si bien una Municipalidad de tercera categoría, no depende de otra autoridad superior, más que otra de segunda o de primera, en el manejo de los intereses municipales, la rama ejecutiva de una de tercera no tiene tantas facultades como el ejecutivo de una de segunda, y éste no tantas como el de primera: todo se resuelve por una suma mayor de poder en la rama legislativa de la Municipalidad de tercera clase, que en la misma rama de la segunda, la que a su vez tiene más poder que la rama legislativa de la primera respecto de la ejecutiva. Este mecanismo completa el cuadro de un sistema nuevo, que consideramos muy adaptable y práctico para la Rioja.

Por fin, debemos agregar que no hemos proyectado un capítulo de disposiciones transitorias, porque consideramos que él debe ser el resultado de los debates de las disposiciones permanentes que proyectamos, y más que todo, de las circunstancias y del momento en que la Constitución sea sancionada. Por otra parte, siendo las disposiciones transitorias el resultado de la simple voluntad de la Convención, pues no están sujetas a ningún principio que pueda atar esa voluntad, se desprende que ellas deben pensarse y formularse cuando la Constitución esté sancionada, y cuando se vea que es necesario proveer por el momento de otro modo. Siendo la Convención verdaderamente Constituyente, sus facultades son amplias, y cualesquiera que sean las disposiciones que sancione con carácter permanente, tiene plenos poderes para establecer las transitorias que no obedezcan a principios fijos, sino que señalen el acto final de su libre voluntad.

Dejando así terminada nuestra tarea, y creyendo haber interpretado los sentimientos del Excmo. Gobierno que nos honró con esta misión, nos suscribimos del señor Ministro, sus muy atentos y SS. SS.

[1]

Este memorándum fue escrito por el doctor Joaquín V. González en abril de 1886, en su carácter de comisionado por la provincia de La Rioja para el estudio y arreglo de la cuestión de límites pendiente entre esta provincia y la de Córdoba. No pudo dar término a su trabajo, muchos de cuyos puntos aquí expuestos se proponía desarrollar ampliamente, por haber sido elegido diputado nacional por La Rioja, el 26 de julio de ese año. N, del E.

[2]

Aun sin entrar en estas consideraciones que enunciaremos en seguida, basta el texto expreso de nuestro Código Civil para probar que la posesión treintenaria no requiere título legítimo, ni siquiera buena fé en el poseedor para prescribir (Arta. 4015 y 4016).

[3]

Con mayor razón, cuando esa posesión ha durado más de cien años, que es el tiempo que se exige a los Estados, el justo título no es necesario ni tendría objeto, pues, el abandono de

[4]

parte del propietario, si lo era, queda plenamente probado.

[5]

- (8) Leopold de Neumann, Elements de droit des gens moderne européen, pág. 63; “La usucapión, o la prescripción, forma, además, en derecho civil, un modo especial de adquirir por efecto de una posesión regular y prolongada durante un tiempo determinado, que extingue por la otra parte el derecho del anterior propietario. Ella está admitida por todas las legislaciones y protege la propiedad contra las reivindicaciones demasiado tardías.

Su principio y la idea que la constituye, se encuentran en todos los ramos del derecho, .y también en el derecho de gentes. El derecho necesita siempre ser protegido contra ataques arbitrarios que pondrían en cuestión la posesión más evidente. Si fuera de otra manera, en derecho de gentes, la carta de la Europa tendría que rehacerse sin cesar”.

[6]

Recopilación de Indias, lib. IV, tít. 3[6], ley 16.

[7]

Id., id., lib. IV, tít. 9[6], leyes 16 a 21.

Rafael Igarzábal. — Joaquín V. González.

CONSTITUCION

DE LA

PROVINCIA DE LA RIOJA

En nombre de Dios, e invocado su protección y auxilio, Nos, los Representantes del pueblo de La Rioja, reunidos en Convención Constituyente, sancionamos la presente Constitución.

I. Si como dice Story, “es una máxima admitida en el curso ordinario de la justicia, que el preámbulo de un Estatuto revela la intención del legislador, hace conocer los males que ha querido remediar y el fin que quiere alcanzar”, no es menos cierto que las interpretaciones basadas en un preámbulo, tienen por fuerza que ser tan elásticas como generales son los términos de éste; y por eso creemos que de la precisión de los términos, del concretismo exacto de las diferentes cláusulas de la Constitución, determinando y deslindando con claridad los poderes cedidos o creados, las atribuciones y los deberes, se ha de conseguir mejor y con resultados más benéficos, los fines del gobierno propio.

No presenta el mismo aspecto la cuestión si se la considera con respecto a una nación que se forma por la unión de varios Estados, cada uno de ellos soberano en su esfera propia, pero que se ligan para constituir un todo, en una u otra forma, como los Estados Unidos o la República Argentina; porque en este caso se trata de organizar un gobierno general, depositario de gran parte de la soberanía del pueblo de todos los Estados particulares; se trata de dar cohesión a un gran núcleo de pueblos que por su índole, por su historia, por su naturaleza, por sus destinos, están llamados a vivir en común, a constituir un solo cuerpo de nación, y por lo tanto, a convenir en las bases y objetos generales de su misión: en este caso se concibe que sea de imprescindible necesidad hacer declaraciones preliminares que indiquen los móviles que han guiado a tantas entidades diferentes a despojarse de su soberanía y someterse a una autoridad común; y en cuanto a que esa unión procede de un acuerdo mutuo, se siente la necesidad de que el preámbulo tenga detalles que fijen la índole de dicho gobierno.

Pero en nuestras provincias, sometidas como están, en cuanto a la soberanía delegada, a un Gobierno Federal a quien le está encomendada la realización de los fines establecidos en el preámbulo por todas ellas de común acuerdo, y deslindadas suficientemente las atribuciones provinciales en la misma Constitución Nacional (Título II), no hay objeto en hacer declaraciones como las que contiene en su preámbulo la actual Constitución Provincial, no tratándose, como en el orden nacional, de reunir pueblos ó agrupaciones autónomas y de representación colectiva, sino de dar organización a un solo pueblo que por la Constitución Nacional, ha declarado ser parte integrante de la República.

II. Con el objeto de aclarar convenientemente las ideas sobre este punto que afecta el fondo de los principios constitucionales de todo país, se explica algunas de las supresiones que se han hecho en el preámbulo de dicha Constitución.

Nos, los Representantes de la Provincia de la Rioja, dice el texto; pero encierra un error trascendental, porque la Provincia no tiene más representantes que los senadores que envía al Congreso, y en cuanto a su representación con respecto a los demás, o para asuntos administrativos con respecto al Gobierno Nacional, el Gobernador o los poderes públicos respectivos. Los convencionales son los representantes del pueblo, pero no de la Provincia que indica la capacidad colectiva en virtud de la organización política.

Reunidos en Convención especial, etc. Esta calificación de especial dada a la Convención, desvirtúa en gran parte la fuerza decisiva y el carácter eminentemente soberano de esos cuerpos. Toda convención de representantes del pueblo, convocada para reformar una constitución, es una convención constituyente, desde el momento que tiene facultades para reemplazar una, muchas o todas las cláusulas de la Consitución anterior, y aun cambiar la forma de los poderes, con tal que queden dentro de la Constitución Federal. Una Convención especial sería para reformar tales o cuales títulos, artículos o cláusulas, pero no para variar sin limitación alguna todas o cada una de sus partes.

En uso de la soberanía provincial, dice el preámbulo. Pero en esta cláusula se contienen una repetición y un error jurídico: lo primero, porque al principio ya se declaraba que los convencionales son los representantes de la Provincia; lo segundo, porque no es exacto que los convencionales representan la soberanía provincial, sino la soberanía

popular, no delegada, única que puede darles personalidad para dictar una Constitución y obligar al mismo pueblo que los elige. La Provincia, en su carácter de tal, es el Estado que ha contribuido a formar la Confederación, y que ejerce, en virtud de esa delegación de poderes en el Gobierno General, las atribuciones y facultades enumeradas en los artícu-culos 104, 107, 108 y 109 de la Constitución Federal.

PARTE PRIMERA

CAPITULO I

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

Artículo l^9

La Provincia de la Rioja, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación. Sus límites territoriales son los que por derecho le corresponden, sujeta' a las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura, y en definitiva, a lo que la Constitución Nacional estatuye como facultad del Congreso.

Este artículo, cuyo principal objeto es declarar que la Provincia tiene el ejercicio de todos los derechos y poderes no delegados al Gobierno General, es correlativo del artículo 104 de la Constitución Nacional que sirve de base a las disposiciones que sobre derechos de la provincias ella adopta en su título II. De paso hace una confirmación de la forma republicana federal, en virtud de la cual, a pesar de ser parte de la República Argentina, la Provincia goza del derecho de darse una Constitución y de gobernarse por sí misma. Con respecto a sus límites, no se puede decir más, porque no es prudente hacerlo en una Constitución que no está sujeta a reformas frecuentes, tanto más cuanto que los tratados con otras provincias, que son perfectamente constitucionales, y el Congreso que es el último juez de los límites, pueden hacerles grandes variaciones.

Artículo 2^9

La Provincia, dividida en Departamentos, organiza su Gobierno bajo la forma representativa republicana, y lo constituye con tres Poderes independientes entre sí, pero coordinados, reservando a una ley general la organización de las Municipalidades departamentales, menos en Chilecito, donde por ley especial se organizará inmediatamente un Gobierno Municipal de tres poderes. Las autoridades provinciales residen en la ciudad de la Rioja, capital de la Provincia.

Este artículo enuncia la organización del Gobierno, y le da su residencia. Es conveniente recordar aquí las Municipalidades, porque tal como se organizan por esta Constitución, son depositarías de parte de la soberanía que el pueblo delega en el Gobierno; del mismo modo es conveniente salvar la de Chilecito de la ley general que las organice, a fin de no quitar a ésta, con lo que se debe a dicha población, toda la libertad de acción que es conveniente tenga.

Chilecito contiene ya numerosa población extranjera que posee valiosos intereses radicados en la tierra y en su explotación; y esta circunstancia le hace desear un gobierno local inmediato en el que tome parte para su propia garantía, para impulsar el progreso de la población y de la industria que ha de dar valor a sus riquezas y consumo a sus productos. Por lo demás, los extranjeros residentes allí, proceden de naciones como la Inglaterra, Francia y Chile, donde la institución municipal está arraigada, y lleva una vida regular y segura, y es fácil obtener un resultado superior al que pueden ofrecer las demás localidades de la Provincia que no se hallan en las circunstancias excepcionales de aquélla.

De paso se dice que la división de la Provincia es en Departamentos, para evitar el hacer una declaración expresa, u omitir completamente sobre esto todo precepto, cosas que deben evitarse, lo uno porque importa entrar en detalles que obligarían a mencionar los Departamentos con todos los inconvenientes que eso trae, y lo otro porque el silencio absoluto dejaría a la Legislatura la facultad de subdividir de tal modo la Provincia, que quitase a las agrupaciones principales la garantía de vivir asociadas que deben tener en la Constitución.

Artículo 3^9

Todo poder público emana del pueblo, y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece. El pueblo es la totalidad de los habitantes de la Provincia. No delibera sino el día de las elecciones y sólo por medio de sus representantes que son los electores populares, ni gobierna sino por intermedio de los tres poderes públicos provinciales, y las municipalidades y demás autoridades y agentes subalternos que establezca la ley.

Este artículo condensa varios principios que se relacionan con los derechos del pueblo, el cual se define intencionalmente (por primera vez en una Constitución Argentina), para evitar la tergiversación de principios fundamentales, cuya ignorancia ha causado a la República males inmensos. El pueblo no son los que van a las urnas electorales; el pueblo es la colectividad, la masa social; en él están comprendidos las mujeres, los niños y los extranjeros que, completando la población, dan la cifra de la representación. Es la única fórmula de ligar el principio de la representación con el pago del impuesto, que es lo que dió origen al sistema representativo. De esto se deduce que los que van a la urna electoral, van por nombramiento de la ley, que ésta puede revocar cuando quiera, exigiendo otras condiciones; van como representantes del pueblo, como funcionarios públicos, y llevan deberes sagrados a la vez que inmunidades que no pueden ser violadas sin ofensa al pueblo. Así el voto no es del votante, y no es dueño de venderlo, o de proceder sólo consultando los intereses suyos, sino que debe emplearlo como convenga mejor, según su conciencia de funcionario en ese acto, a los intereses de su mandante, el pueblo. Al hablar del régimen electoral se esclarecerán mejor estos principios.

Artículo 4^9

La Provincia provee a los gastos ordinarios de la Administración con el producto de los impuestos que la ley designará anualmente, con la venta y locación de tierras y con el papel sellado, hasta que la contribución establecida sobre la renta de cada habitante, como impuesto único, baste al servicio del presupuesto. Las escuelas primarias tendrán un fondo especial formado de un tanto por ciento del impuesto general, de la contribución por cabeza que pagará todo habitante, de las multas que esta Constitución y la ley le destinan, de las subvenciones del Gobierno Nacional, donaciones particulares, herencias vacantes y otros recursos que determine la ley.

- I. — La enumeración de las fuentes del Tesoro Provincial, es una garantía necesaria. Da los lincamientos dentro de los cuales puede constitucionalmente moverse la Legislatura, a la vez que asegura para las escuelas un tesoro que ésta no puede tocar. Hay más adelante un artículo que autoriza empréstitos y otras operaciones de crédito, pero se aleja de este lugar para que ninguna Legislatura entienda que puede decretarlos para gastos ordinarios, por razones que no escapan a nadie. Este artículo encierra un pensamiento que debe tenerse como constantemente recomendado al Gobierno de la Provincia, a saber, el de trabajar incesantemente basta que llegue a establecerse para el servicio ordinario de la administración general, un solo impuesto sobre la renta de cada habitante. Naturalmente, esto no se consigue sino con una oficina de estadística que haya trabajado durante muchos años; pero no hay por qué desesperar de llegar algún día a lo que la Constitución recomienda como lo más justo. Hasta que eso sea posible, las leyes de impuestos deben establecer patentes, avaluaciones, etc., que busquen especialmente gravar la renta, porque cuanto más se acerquen a ésto, más pronto se llegaría al fin deseado.

La educación tendrá el tanto por ciento de la renta general, para los gastos generales de ella, y las multas y el impuesto por cabeza que podrá destinarse a los gastos de las escuelas de cada localidad. El impuesto por cabeza es una novedad en la República Argentina, pero existe en muchos Estados de la Unión Americana, y tiene un principio estrictamente justo, a la vez que encierra enseñanza y crea estímulos muy grandes a favor de la educación. La escuela es la primera lección de la democracia; allí todos son iguales, se sientan en el mismo banco y reciben la misma enseñanza; no habría porqué pagase más caro el servicio el que fuera más rico. Todo impuesto tiene por base la retribución de servicios; si la contribución directa es proporcionalmente al capital o a la renta, es porque el que tiene más, reclama de la autoridad más atención, más garantía, etc. El impuesto por cabeza creará en todas partes los sentimientos de igualdad, dignificará al niño del pobre, y a los padres que paguen tantas cuotas, aunque pequeñas, cuantas personas tenga su familia, los estimulará a no dejar de aprovechar la escuela que se sostiene con ese impuesto: esto le hará enviar sus hijos, y le creará el interés necesario de vigilancia sobre la conducta de los maestros, y la marcha de tales establecimientos.

- II. — Con el propósito de que los convencionales y los hombres de toda posición y categoría que se interesan por la instrucción del pueblo, tengan datos abundantes sobre esta materia, y ayuden a formar su criterio al examinar esta Constitución, va a continuación una reseña concisa del estado de la instrucción pública en los Estados Unidos, el pueblo más adelantado en la materia: por él se verá que las fuentes del fondo escolar son numerosas y de distinta especie, y han dado los más fabulosos resultados, a tal punto que en 1883 el número de niños que frecuentaban las escuelas comunes era de 5.800.000, siendo los inscriptos 9.780.000, y los que se hallaban en edad de asistir a ellas, 15.000.000.

En los Estados de la Unión, como en las provincias argentinas, la educación, por la Constitución Federal, está a cargo de cada Estado, y los recursos que se cuentan para formar el fondo escolar se dividen actualmente en tres categorías: “l^9 Donaciones particulares; 2* Auxilio que a 19 Estados y a 8 Territorios ha prestado el Congreso, de tierras públicas; 3* De un impuesto creado por ley de cada Estado. Las donaciones particulares, en los diez años de 1870 a 1880 ascendieron a 61.000.000 de pesos fuertes” (1). Pero lo que varía en todos los Estados es el impuesto.

El impuesto por cabeza se halla establecido: en Massachusetts, impuestos que deben dar anualmente lo menos 3 pesos por cada habitante de 5 a 15 años de edad; en Alabama, impuesto sobre el ejercicio del voto (poli tax) sobre los hombres de 21 a 25 años; en Arkansas, de un peso por cada habitante masculino de más de 21 años; en Texas, el poli tax de un peso por cada elector; en Indiana, el poli tax de 50 centavos. Los demás impuestos están establecidos, ya sea de un tanto por ciento sobre la propiedad imponible por el Estado, ya sobre la renta de cada habitante, proporcional y equitativamente, y casi todos destinan una parte del impuesto general, las donaciones, el interés del fondo permanente, el producido de excepciones del servicio militar, para formar la renta escolar.

- III. — Este artículo, inspirándose en estos ejemplos y en lo que la justicia y la economía indican, establece, pues, los siguientes recursos para la formación del fondo escolar: l^9 Un tanto por ciento del impuesto general, lo cual se halla perfectamente de acuerdo con la práctica de

- (1) L. L. Domínguez, Correspondencia sobre instrucción pública en los Estados Unidos. (Mem. de Reí. Ext.9 1884, pág. 99).

los Estados Unidos, y en nada repugna a nuestras leyes y costumbres; ello es, por otra parte, el medio más seguro de dar una existencia inmediata y permanente al fondo de escuelas, y responder a la condición del artículo 5^9 de la Constitución Nacional, por cuanto puede ser necesario algún tiempo para hacer efectivos los demás recursos que fija nuestro artículo, y porque ellos tienen que ser en la Rioja escasos e intermitentes; 2^9 Impuesto por cabeza que pagará cada habitante; bien entendido que la ley reglamentaria establecerá las condiciones personales del contribuyente y la forma en que debe hacerse la recaudación, como lo hemos visto en algunos Estados norteamericanos. Ninguna dificultad puede traer la aplicación de este impuesto entre nosotros, que puede recolectarse por medio de los mismos consejos de distrito, o conjuntamente con los demás impuestos que recolecta el Gobierno; 3^9 Las multas por infracciones a la Constitución y las que designe la ley de la materia; 4^9 Las subvenciones del Gobierno Nacional; 5^9 Donaciones particulares, las cuales aunque prometen un resultado poco seguro, no pueden menos de fijarse, por cuanto la prédica constante de la prensa, el interés de las familias y el amor al progreso del país, tienen que atraer bien pronto la atención de todos hacia lo que es la única esperanza y el único medio seguro de llegar a cimentar las instituciones republicanas en nuestra tierra: “la educación a todos, costeada por todos” (1); 6^9 Las herencias vacantes, que por su naturaleza excepcional, no siendo propiamente un recurso del Estado para formar sus rentas generales, no pueden tener destino más lógico ni justo que el costo de la instrucción de los niños sin distinción de familias ni clases. Las herencias transversales han sido en parte, hasta hace poco, una fuente de recursos para las escuelas. Personas muy competentes han sostenido en favor de las provincias la facultad de imponer a estas herencias, destinándose a formar el fondo escolar (2); así lo han establecido las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, etc., en leyes especiales; pero la Suprema Corte de Justicia Federal, por mayoría, ha venido a resolver la cuestión negativamente en el fallo dictado con motivo de la aplicación del artículo 62, inciso 2^9 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, declarándolo inconstitucional, y por tanto, negando a las provincias la facultad de imponer las herencias y legados de aquella naturaleza (3). I^9 La enumeración que hace este artículo, no importa limitar las facultades de la Legislatura para imponer otros ramos, o arbitrar otros recursos para formar el fondo escolar. Toda

- (1)  Sarmiento, Las escuelas en los Estados Unidos, pág. 47.

- (2)  Sarmiento, Cien páginas sobre la facultad de imponer a las herencias transversales y las mandas en favor del alma.

- (3)  Fallos de la Suprema Corte, t. 14, 2* Serie, Causa CXLIII.

limitación que no nazca de las leyes generales, no sería justa, en vista de los fines que toda Constitución debe proponerse con respecto a lá educación. Sobre esta materia la Legislatura tiene un campo vastísimo de acción.

Artículo 5^9

El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico Apostólico Romano, con arreglo a la ley que el Honorable Congreso dicte reglamentando el Patronato. Es sin embargo, inviolable en todo su territorio, el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente según los dictados de su conciencia, siempre que con ello no se ofenda la moral o el orden público. Ninguna creencia religiosa amparada por esta Constitución será motivo para impedir la admisión a cualquier empleo público no exceptuado expresamente por ella.

Como la Constitución Nacional establece que el Gobierno Federal sostiene el culto Católico, y éste es uno en todo el país, la Constitución Provincial no puede decir sino que coopera a su sostenimiento, y esto con arreglo a la ley que dictará el Congreso en virtud de su atribución 19, porque la acción que deje a las provincias puede ser más o menos restringida a pesar de que el patronato ejercido por el Presidente parece reducido a la presentación de obispos para las catedrales, lo que se ha extendido sin expresarse en la Constitución (a pesar de haberlo sido en las de los años 19 y 26), al nombramiento de cabildos y otros, por ser costeados por el Tesoro Nacional. En interpretación de este artículo, el ejercicio del Vicepatronato del Gobernador, y la facultad de la Legislatura para hacer la división eclesiástica, deben conservarse como están actualmente, hasta la ley que dictará el Congreso (1). Las demás cláusulas del artículo son los principios fundamentales de la libertad de cultos que no se puede restringir por la Provincia sin chocar con la Constitución Nacional. El final es una consecuencia de lo anterior, porque no podría exigirse para los empleos una profesión religiosa, desde que el principio de la libertad, restringido a la moral y al orden público, es absoluto y ampara a lodos los habitantes, sin distinción de nacionalidad.

(1) Comentando las atribuciones de la Legislatura y del Gobernador se ampliarán estas ideas.

Artículo 6^9

Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. El estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas, en la forma que lo establezca la ley.

Este artículo encierra dos principios fundamentales de la Constitución Nacional, cuyo sentido está al alcance de todos; se ha suprimido el privadas, como calificativo de las acciones para dar más latitud a la garantía de que se trata. Por otra parte, ese calificativo está demás, desde que el principio tiene su límite en lo que ofende a la moral, al orden público o a tercero; de modo que no sólo las acciones privadas deben ser sagradas sino también las públicas. El estado civil debe llevarse cuanto antes por la autoridad civil. Esta Constitución no atribuye esa función a las Municipalidades, pero la ley podrá confiársela; sería sin embargo preferible que por los primeros años, a fin de establecer la uniformidad a que no basta la ley, y los libros y cuadros, se llevase por autoridades provinciales.

Artículo 7^9

Todos los hombres son por su naturaleza libres e independientes, y el Estado les debe su protección para la garantía y efectividad de todos sus derechos civiles. Quedan prohibidos, toda ocupación que interrumpa la educación de los menores hasta la pubertad, los contratos por servicios personales más allá de la emancipación o mayor edad, y en todo caso, ocupaciones nocivas a la salud.

Todos los habitantes son iguales ante la ley, y ésta debe ser una misma para todos, y tener una acción y fuerza uniformes. Quedan abolidos los privilegios fiscales. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

- I. — Del principio de que todo hombre es libre y no esclavo, se sigue que no puede obligar sus servicios sino por tiempo o por empresa determinados, porque lo contrario crearía una especie de esclavitud; se deduce también la prohibición de entregar menores, dando a los que los críen o eduquen, derechos a imponerles trabajos que afecten su educación o su salud, o que los obligue más allá del tiempo en que la ley, por la emancipación o la mayor edad, garante la plena autonomía personal.

El principio de la Constitución Nacional, de que todos son iguales ante la ley, recibe la aplicación de su alcance y significado, en la disposición de que la ley debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes, con lo que, entre otras cosas, quedan condenados los privilegios fiscales que se mencionan por ser los más dudosos; no diciéndose nada de los de familia, o dentro de estas, de los de ciertas personas, ni de la abolición de nobleza, fueros, mayorazgos, etc., porque eso está claramente subentendido. Es también consecuencia de todo eso, las leyes de impuestos, y las cargas públicas, sin distinción de personas; por lo que la supresión de un impuesto para los que ejercen ciertas funciones públicas, es de todo punto inaceptable, no estando en las facultades de la Legislatura hacer más exoneraciones que para proteger la industria y a los demás objetos a que se refiere el artículo 18. Es consecuencia, igualmente, de los principios del artículo 7? que toda exoneración de los empleos que la ley declare carga pública, desde el de elector popular hasta el servicio de guardia nacional, incluso municipalidades, etc., debe ser fundada en ley, la cual para ser constitucional, debe consultar el mejor servicio público, estableciendo sólo las incompatibilidades que privarían al Estado de servicios más importantes en otro ramo o empleo, o las fundadas en enfermedad o edad avanzada que más bien perjudican al servicio y a la disciplina de la milicia o al buen desempeño de cualquier cargo.

- II. — Extrañará quizá a muchos que se haya incorporado a una Constitución una materia que pertenece al dominio del Código Civil, que ha legislado la patria potestad, la tutela y la locación de servicios; pero aunque al parecer, estas relaciones pertenezcan al dominio del derecho común, son por su gran trascendencia social, rigurosamente de orden público, por cuanto afectan en su esencia las instituciones que nos rigen, y más que todo, la instrucción y educación del pueblo, que la Constitución atiende especialmente. En tal concepto, se ha querido establecer las verdaderas bases de un sistema educacional, comenzando por sus principios más fundamentales y llegando a algunos detalles.

Es cierto que en el Código Civil se legislan todas estas relaciones, pero no puede negarse la necesidad que siente cada provincia de llevar esas reglas a su mejor realización posible en cuanto afectan el orden público; y por otra parte este artículo no se opone en manera alguna al Código Civil; no hace más que especificar sus efectos; así, siendo un deber de los padres educar a sus hijos (Art. 265, C. C.), no hace más que garantir a éstos el cumplimiento de este deber por parte de los padres, estableciendo que ninguna ocupación deberá interrumpir su educación hasta la pubertad; se les garante contra el vicio, arraigado en la gente ignorante de nuestras campañas, de entregar sus hijos a trabajos duros, que no sólo les impiden educarse, sino que los exponen a perder la salud y la vida; fuera de que desprendiéndose de ellos por completo, llegan a la edad adulta sin la menor noción del hogar y de la familia, y por tanto, sin ideas ni costumbre algunas de sociabilidad y de orden.

La patria potestad no dá al padre verdaderos derechos sobre sus hijos, sino deberes; y la autoridad que ejerce sobre ellos, no es más que el medio que la ley le otorga para llenarlos cumplidamente. El derecho es de los hijos; el deber es de los padres. “El derecho es una facultad establecida en el interés del que lo ejerce; y es evidente que los derechos de guardia y corrección no son acordados a los padres en su interés. Son medios indispensables para educar al niño. La educación es el fin. Luego, la educación es un deber y no un derecho” (1).

Es cierto que los niños no tienen verdadera libertad hasta la mayor edad o emancipación; pero esto es debido a su falta de aptitudes para conducirse en la vida y educarse a sí propios; y en este concepto, los padres no son sino educadores, protectores, directores de sus hijos; no hacen más que conservar en su poder esa libertad, hasta que los hijos, por la mayor edad o la emancipación, se hallen en condiciones de ejercerla por sí mismos. Es la edad más importante para el Estado, por cuanto es en ella que se deben sembrar las doctrinas que han de hacer del niño un buen ciudadano, útil para la sociedad; y por lo tanto, el Estado está vivamente interesado en que los niños reciban una educación apropiada a los fines de la Constitución misma.

De aquí se desprende una cuestión que da su razón de ser a la cláusula del artículo 7’ que se refiere a los menores:

“Para que la libertad reine en el orden político, debe reinar ante todo en la familia: es preciso que el niño sea educado en la libertad y para la libertad".

La libertad, como elemento de la educación, como ambiente, por decirlo así, que el niño debe respirar en sus primeros años, no se aviene con las nociones estrechas de la patria potestad, ni con ese poder salvaje

(1) Laurent, Avant-Projet de revisión du Code Civil; libro I, Capítulo IX.

que ciertos padres ejercen, aún entre nosotros, y bajo el imperio de nuestra adelantada legislación.

Gentes que no tienen nociones de sus deberes de padres, creen que el mejor modo de educar y dirigir sus hijos es convertir el hogar en cárcel y ellos mismos en verdugos; de manera que en vez de hacerlos gozar y comprender una libertad moderada y conveniente a los fines de su educación, esa libertad que les hace amar la vida, el suelo que los vió nacer y a los padres que se la dieron, se les hará creer que no tienen voluntad propia: cualquier acto les parecerá una falta; se volverán pusilámines y desconfiados de sí mismos, y verán en sus padres 6us verdugos, y por semejanza, se formarán la misma idea del Poder Público, del Estado y de la Ley.

Se ha creído que para los fines del Estado, para vigorizar la constitución de la sociedad, convenía dotar al jefe de la familia de un poder fuerte y estricto, como base de la educación; pero todo esto no es más que un resultado de la ignorancia de los principios fundamentales del orden social, y de una falsa noción de la educación moral.

“Se ha echado de menos, dice Laurent, la fuerte constitución de la familia romana; se la consideraba como un elemento de libertad. Es una extraña ilusión. El error viene de la falsa idea que los amigos de la libertad se forman de las repúblicas de Grecia y Roma. A pesar del hermoso nombre que llevan, ellas ignoraban la verdadera libertad. En Roma la idea del poder, es decir, la fuerza, reinaba en el orden político como en el orden civil; el pueblo era rey, esto es, dueño absoluto; ser libre quería decir soberano. ¿En qué paraba esta libertad? Entre los griegos, en la tiranía, en la disolución de las ciudades, en la decadencia y en la ruina de la Grecia. Y en Roma la libertad del pueblo soberano consistió, bajo el régimen de los Césares, en el pan que se le distribuía y en los juegos del circo destinados a divertirle: panem et circenses. La más vergonzosa decrepitud señaló el advenimiento de la democracia".

Luego, no hay más medio de preparar generaciones robustas, física y moralmente, que el de garantir, por medio de leyes adecuadas, la libertad en el hijo de familia como base, elemento y fin de su educa-cación, regulada por una autoridad paternal ordenada y metódica que le haga desear el orden en todas las relaciones de la vida y en el ejer* cicio de su libertad; y a fin de dar a estos principios toda su importancia práctica, se han incorporado a la Constitución, como parte del derecho público local.

En resumen, este inciso importa: l^9 Una confirmación y aclaración de lo que el Código Civil establece en orden a las relaciones entre padres e hijos; 2^9 Cortar de raíz la viciosa costumbre de enagenar los servicios de los hijos sin término ni condiciones, que existe entre la gente ignorante de la campaña; 3^9 Garantir a los hijos la adquisición de la instrucción, y una educación moral y física, de acuerdo con los fines generales del gobierno republicano; 4^9 Declarar este deber estrictamente de orden público, incorporándolo a la Constitución.

Artículo 8^9

• En ningún caso una persona o reunión de personas podrá peticionar en nombre del pueblo; tampoco podrá atribuirse su representación o sus derechos, ni ejercer las funciones de autoridad constitucional, o ejecutar acto alguno de gobierno o de administración si no emana del ejercicio regular de esta Constitución y leyes que se dicten en su consecuencia. Cualquiera resolución de las autoridades de la Provincia dictada por coacción, requisición de fuerza armada, o de persona o grupos sediciosos o de reunión de pueblo, es atentatoria y será nula y sin efecto (1).

Este artículo es para prevenir sediciones y concluir con toda tentativa de cambiar los poderes públicos, u obtener de ellos resoluciones por otros medios que los regulares y tranquilos que establece la Constitución. Si en el artículo 3^9 se ha dicho quien es el pueblo, se verá cuán imposible es que, ni sus electores que son sus representantes en el acto de la elección, puedan decir lo que éste quiere, si no lo expresa la urna electoral abierta y cerrada en libertad, es decir, en paz y con todas las garantías constitucionales.

Artículo 9^9

Las Autoridades de la Provincia están circunscriptas a las autorizaciones y limitaciones contenidas en la Constitución Nacional. Son también limitadas por esta Constitución contra la cual no pueden dar disposición alguna, y no ejercen otras atribuciones que las que ella les confiere. Ningún magistrado o empleado público podrá delegar sus funciones en

(1) El Código Penal castiga los delitos a que dan lugar estas declaraciones y las del artículo que sigue, en su Título 2^9, Capítulo l^9.

otra persona, salvo los casos previstos por la Constitución o las leyes, ni ningún poder público podrá hacerlo con otro poder o autoridad respecto de sus atribuciones constitucionales, siendo nulo, de consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro, ya por autorización suya o con cargo de darle cuenta (1).

La Constitución Nacional en varios artículos ha establecido las relaciones necesarias entre la Nación y las provincias, fijando para las autoridades de éstas, ciertas atribuciones y garantías para su ejercicio; no es necesario, pues, que la Constitución Provincial las reproduzca para que existan, si son una necesidad en la organización nacional. No es necesario, por ejemplo, que las provincias autoricen a sus Legislaturas para ceder territorio para otra provincia o para establecimientos de utilidad nacional, ni que les den expresamente la facultad de hacer contratos y tratados con otra provincia; basta que esto esté en la Constitución Nacional; si se entendiese lo contrario, habría Constitución local que no armonizaría con la Nacional y caería bajo los preceptos del artículo 31 de ésta. Por eso la Constitución Provincial comienza por reconocer para sus autoridades, las autorizaciones y limitaciones de aquélla, que, principalmentte en su título 2^9, traza la órbita dentro de la cual pueden desenvolverse.

El principio de que las autoridades no tienen más facultades que las expresamente concedidas y las que les son necesarias por implicancia, es fundamental en el gobierno republicano, así como lo es la prohibición de toda delegación entre poderes, que en la época de la tiranía llegó hasta las facultades extraordinarias y la concesión de la suma del Poder Público.

Toda delegación, aun sin salir de las facultades constitucionales, es contraria al sistema, porque anula la división de los poderes que es de esencia, y porque confía ciertos intereses a personas no elegidas por el pueblo para ese puesto, fuera de que suprime la subdivisión del trabajo que es una garantía de buen servicio público. Todo empleado público es elegido por el pueblo, por medio de sus representantes populares o empleados de segunda o tercera elección; la designación se presume consultando las aptitudes que no son las mismas para todos los empleos, de lo que se deduce que toda delegación no autorizada por la Constitución o la ley, importa una usurpación y burla, completamente reprobables.

(1) El Código Penal castiga los delitos a que dan lugar estas declaraciones y las del artículo anterior en el Título 2^9, Capítulo l^9.

Artículo 10

Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados por el poder público a que corresponda el empleo; todo empleado prestará juramento de cumplir las disposiciones de esta Constitución. No podrán acumularse en la misma persona dos o más empleos a sueldo de uno mismo o. de los otros poderes salvo los de enseñanza en colegios y escuelas. Todo empleado público conservará su puesto mientras dure su buena conducta, y no podrá ser separado sino con arreglo a la ley, después de ser oído.

Este artículo entra en algunos detalles aclarando cuestiones que surgen del sistema de gobierno adoptado y que están olvidadas en otras Constituciones, dando lugar a confusiones que perjudican al buen servicio público. De la división de poderes resulta que cada poder debe nombrar los empleados de su dependencia, así como de la necesidad de buen servicio por empleados experimentados, se deduce que cada uno debe conservar su puesto mientras dure su buena conducta, pues el cambio de hombres que se opera en los poderes políticos del Gobierno, basta para que el pueblo encamine de otro modo a los empleados subalternos, y cambien una marcha defectuosa o errada en el manejo de los negocios públicos. Dar solemnidad al compromiso de cumplir con sus deberes prestando juramento, así como prohibir la acumulación de empleos, que es engendro de gobiernos personales e impopulares, son otras tantas medidas constitucionales necesarias para el buen servicio público.

Artículo 11

Las Autoridades son responsables de haber dejado sin ejecución las promesas de esta Constitución en cuanto a ellas conciernen. Son directamente responsables de todos sus actos en ejercicio de sus funciones. Todos los empleados de la Administración no sujetos previamente a juicio político, son ju-diciables ante los tribunales ordinarios por abusos que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar, ni declinar jurisdicción, alegando órdenes o aprobación superior. Todo empleado enjuiciado queda ipso fado suspendido en el ejercicio de su empleo (1).

La responsabilidad de todos los empleados es el fundamento del gobierno republicano, y casi lo único que lo distingue del monárquico, porque en éste hay empleados como el soberano, por ejemplo, que no son responsables. La disculpa de órdenes superiores no puede servir de descargo, porque si a la responsabilidad no se la subdivide compartiéndola, se le da un poder inmenso que la cambia en irresponsabilidad. La subdivisión disminuye la fuerza de la autoridad, dejándola en límites razonables. El que no encuentra ejecutores ciegos tiene un freno poderoso para acciones dañosas, y es el castigo a los ejecutores, tanto como a los que las ordenan, el que prácticamente da mejores resultados.

En cuanto a que el empleado enjuiciado queda ipso jacto suspendido, es necesario desde que otras disposiciones dicen que conserva su empleo mientras dure su buena conducta, y que se le reputa inocente mientras no se le declare culpable por sentencia; de modo que sólo ésta puede quitar el empleo, haciéndose necesario, por lo mismo, suspender al empleado mientras dure el juicio para facilitar la pesquisa de los actos de su delincuencia que pueden estar en su poder como funcionario, y en todo caso por no ser moral el ejercicio de las funciones públicas, mientras no se haya vindicado el acusado.

Artículo 12

En ningún caso las autoridades provinciales, so pretexto de conservar el orden, o invocando la salud pública, podrán suspender la observancia de esta Constitución o el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en ella. La Legislatura no podrá dictar leyes que tengan efecto retroactivo, o que sean dadas ex post fado, ni que priven de derechos adquiridos, salvo las de orden público, o alteren las obligaciones de los contratos. No podrá autorizar el curso forzoso de los papeles de Estado o de los billetes bancarios, ni permitir su pago en otra forma, ni en distinta moneda que la que ellos prometen, ni permitir loterías.

(1) Los delitos sobre abusos de autoridad están enumerados por el artículo 243 del Código Penal.

Cualesquiera que sean las razones con que se ha sostenido que las provincias podrán declarar el estado de sitio, que según la teoría de la Constitución Nacional, importa la suspensión de las garantías constitucionales, y como quiera que la suspensión no es la abrogación sino la supresión de las formas con que se garanten los derechos, es fuera de duda que todas han abandonado la pretensión de tener tal derecho, y que deben consignar su prohibición expresa para que ningún poder provincial pueda pretenderlo. Hoy, ligadas las provincias como no lo estaban en otras épocas, por telégrafos y ferrocarriles, se ha facilitado notablemente la acción del Gobierno Federal, y no se puede temer un trastorno interno de duración, que justifique medidas que, autorizadas como regla, han de causar más males, que bienes producen las armas que ellas dan para combatir la anarquía. La prohibición de dictar leyes con efecto retroactivo o dadas ex post jacto, con ciertas salvedades, es un principio de la legislación vigente de la Nación, y no debe olvidarse para todo lo que concierna a las facultades de los poderes públicos provinciales. Otro tanto debe decirse de las cláusulas que siguen, que son garantías a la propiedad y a otros derechos.

Artículo 13

Los actos de todas las reparticiones de la Administración, en especial los que se relacionan con la percepción o inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente del modo que la ley reglamente. Toda enajenación de bienes del Fisco o del Municipio, la construcción de edificios, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo público, bajo la pena de nulidad y la de defraudación si la hubiese, siempre que el valor de lo que se trate de vender, comprar o hacer, pase de doscientos pesos nacionales.

La publicación de los actos de la Administración y del estado de las rentas es de esencia en el sistema republicano, en que los mandatarios deben cuenta estricta al pueblo. Las prescripciones sobre licitaciones son garantías que ninguna Constitución debe olvidar, ya que está experimentado que los preceptos de las leyes no son suficientes: estas exigencias son una de tantas medidas que conservan el tesoro público libre de explotaciones, y son por lo mismo disposiciones que deben consignarse en la Constitución.

Artículo 14

Podrá autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de fondos públicos u otras operaciones de crédito por sanción de dos tercios de la Legislatura; pero ningún compromiso de esta clase, salvo la consolidación de la deuda actual, podrá contraerse sino para obras públicas. No podrá ser distraído ni interinamente de su objeto el numerario que se obtenga por empréstito o emisión de fondos, sino a lo sobjetos determinados que se debe especificar en la ley que lo autorice, bajo responsabilidad personal en todo tiempo de la autoridad que lo invierta o destine a otros objetos.

Los empréstitos pueden ser sólo para obras públicas, porque ellos son a cargo de las generaciones que vienen, que son las que gozan de esas obras. Los empréstitos para gastos ordinarios es el acto más reprobado que pueden ejercer los poderes públicos, porque es eximir a la generación presente de pagar sus propios gastos y transferirlos a las venideras, haciendo imposible la vida de éstas. Por una cláusula queda exceptuada la deuda actual, a fin de que pueda ser consolidada con la creación de fondos, que es una de tantas operaciones de crédito de las que quedan prohibidas para gastos ordinarios. Es consecuencia del principio de no decretar empréstitos sino para obras públicas, no distraer ese dinero de su objeto, porque si se hiciera, sería un medio indirecto de burlar el precepto principal.

Artículo 15

La ley que provea a compromisos extraordinarios deberá especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización. Ningún impuesto establecido o aumentado con destino especial podrá ser distraído ni interinamente a objeto distinto de los determinados en la ley de su creación, bajo la misma responsabilidad personal de que habla el artículo anterior. Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar el servicio de un empréstito o emisión para alguna obra pública, podrá durar más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

Por regla general, si se decretan empréstitos sin establecer el impuesto con que se han de servir, se hace peligrosa e insegura la marcha y servicio ordinario de la Administración, y se perturba el ejercicio de la ley de presupuesto. Debe, pues, dictarse la ley que provea al servicio del empréstito; el nuevo impuesto debe ser lo más bajo, pero lo más seguro posible, porque no es la ganancia mayor lo que afirmará el crédito público sino la seguridad de que jamás, por ninguna razón, se dejará de servir con religiosa escrupulosidad. Por lo mismo, es una conspiración contra el crédito y un acto reprobado por las reglas de buena administración, el distraer para otras necesidades, los recursos con que debe servirse un empréstito. Concluida la razón de una ley, debe concluir la ley misma, y es a ese objeto que se establece la cláusula final.

Artículo 16

No podrá dictarse ley que tenga por objeto acordar remuneración a ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, mientras lo sean, por servicios hechos o que se les encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales, o extraordinarias. Toda ley de este carácter será especial y designará el impuesto o recurso con que debe pagarse. No podrá dictarse igualmente, ley atribuyendo sueldo a los miembros de la Legislatura, ni aumentando, o disminuyendo el del Gobernador y ministros durante su período, ni disminuyendo el de los jueces.

La Constitución debe impedir que los que están en el poder y con medios para hacerse favorecer bajo cualquier pretexto, abusen de su posición. Habrá casos justos, pero si se deja la puerta abierta, por cada caso justo habrá cien en que el Tesoro será injustamente explotado. Cuando las probabilidades de abuso hayan pasado, por no estar en el poder los agraciados, podrá acordárseles la remuneración a que se hayan hecho justamente acreedores, pero se designará el recurso con que se les ha de pagar, porque esto contribuye a mantener el servicio ordinario de la Administración en condiciones regulares, evitando que se distraigan los fondos destinados de antemano a un servicio público, por favorecer a un agraciado que viene después y que por mucha que sea su justicia no debe traer prioridad. Por fin, la prohibición respecto de los sueldos es un principio constitucional que no debe olvidarse jamás, porque es necesario cerrar las puertas a la codicia de los que mandan, y evitar a la vez que sean hostilizados por medios ilegítimos, como el de disminuirles su sueldo, que sería bastante para hacerles salir del poder, sin la acusación, etc., etc.

Artículo 17

El Estado, como persona civil, puede ser demandado ante los jueces ordinarios, sin necesidad de autorización del Poder Legislativo, y sin que en el juicio deba gozar de privilegio alguno. Sin embargo, siendo condenado al pago de alguna deuda, no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria, ni embargadas sus rentas, debiendo en ese caso la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar el pago. Exceptúase el caso en que las rentas estén afectadas al pago de la condena por sanción de la Legislatura, anterior al juicio, en cuyo caso pueden ser embargadas.

El Estado no tiene privilegios por las mismas declaraciones anteriores, de modo que puede y debe ser demandado como cualquier particular; pero como una condena podría obligarle a pagar sumas de dinero que no podría ocupar sin dejar claros en el servicio ordinario de la Administración, que es una cosa que se debe cuidar por todas las disposiciones de la Constitución, no podrán ser embargadas las rentas (salvo cuando estén por ley, de antemano, expresamente afectadas al pago en cuestión), sino que la Legislatura proveerá por ley, la forma de reunir los fondos necesarios.

Artículo 18

Es deber del Gobierno proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, fomentando la moral, el trabajo, la industria y el comercio, por la libertad, el orden y la seguridad. Es también su deber el proteger la inmigración, la colonización, la construcción de ferrocarriles, telégrafos, caminos públicos, canales u otros medios de irrigación, la importación de capitales, la introducción y establecimiento de nuevas industrias y fuentes productivas de la riqueza pública, la exploración del territorio y la asociación de los particulares; por medio de leyes protectoras de excepción de impuestos o de subvenciones y garantías, y por la concesión de toda clast de facilidades, abreviación de los trámites y procedimientoi y todo lo que esté constitucionalmente dentro de la órbita de Gobierno Provincial.

Este artículo importa un programa vasto para los poderes públicos él se relaciona con el artículo 67, inciso 16 de las facultades del Con greso y con el 107 de la Constitución Nacional, lo que se recuerda aqu para hacer notar que, lo único que este último ha quitado de la enun meración del primero, es la facultad de acordar privilegios, y que siendc esto expresamente del resorte del Congreso, y no concedido a las pro vincias en los artículos citados, debe considerarse que tal facultad n< puede ser lícitamente usada por ninguna provincia. La razón es obvia: un privilegio provincial puede ser una condición burlada por otro na cional, y da lugar a reclamos e indemnizaciones contra las provincias Los medios de las provincias son: exoneración de impuestos provincia les, primas, garantías y abreviación de trámites que convengan para ga rantir los capitales que se introduzcan; y los poderes públicos deber elegirlos en este orden, por la enseñanza que deja la protección poi todos estos medios en otros países.

Artículo 19

Es igualmente obligación del Gobierno, facilitar a lodos los habitantes de la Provincia la educación primaria, la cual será obligatoria en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca. Habrá escuelas periódicas o ambulantes en los puntos en que por falta de población no sean indispensables las escuelas permanentes. La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas comunes, y la administración de las rentas del distrito, corresponderán a las autoridades municipales. Un Consejo Provincial administrará con arreglo a la ley la parte permanente y general del fondo especial de escuelas.

Éste artículo abarca los principios fundamentales adoptados por las últimas constituciones provinciales reformadas. Tiene de nuevo el pre-cepto de las escuelas periódicas o ambulantes, que es un sistema bueno para pueblos pobres, con población diseminada como la Rioja, en vastas campañas, porque ni es posible que se establezcan escuelas permanentes en cada estancia, ni que los niños vayan a un punto central andando diariamente diez o doce leguas. El maestro acepta una sección de doscientas o más leguas de área; y recibe los medios de viajar, y según sean las condiciones de la sección, se instala tres meses en cada distrito a donde hace acudir a los niños, o viaja constantemente demorándose una semana o más tiempo, si es necesario, en cada estancia, donde da lecciones a diez o doce niños que hace reunir fácilmente. El precepto es para cuando no sean posibles las escuelas permanentes, y puede adoptarse sin ningún recargo para el erario, caracterizando al maestro que va a viajar, y dándole facultad para exigir de los padres de familias a donde llegue a dar sus lecciones, el abono de una cuota semanal o de mayor tiempo, pues tal obligación de los padres es una consecuencia de la educación a sus hijos.

Un notable y célebre publicista, Mr. Hippeau, hablando de las formas más adaptables a la República Argentina, en cuanto a la instrucción primaria se refiere, dice lo siguiente que se transcribe para dar mayor aclaración al artículo: “No hay medio más seguro de responder a principios tan elevados y tan sabios, que la gratuidad y la obligación, proclamados ya en los reglamentos de varias provincias, y que tarde o temprano tendrán fuerza de ley en las otras, excepto en loa lugares donde una población demasiado diseminada o la ausencia de toda organización municipal y la insuficiencia de las vías de comunicación hicieran imposible esta medida. Para estas especies de localidades se podría, como en ciertos Estados del Norte de la Europa, donde existen los mismos inconvenientes, ensayar la aplicación del sistema de las escuelas ambulantes. Sería necesario entonces que hubiera un cuerpo de institutores abnegados, intrépidos, amigos de la juventud, resignándose a ir a establecerse, ya en una aldea, ya en otra, para reunir ahí e instruir durante algunas semanas cada año, los niños de los distritos de los parajes vecinos. Estos maestros podrían llevar consigo un material de enseñanza reducido a las proporciones más simples para la lectura o la escritura. Encontrarían donde quiera objetos usuales para dar verbalmente lecciones de cosas que considero como el medio más seguro y sencillo de hablar al espíritu y al corazón de los niños, y cuyas ventajas tendré ocasión de señalar (1). Es evidente también que será preciso elegir para estas estaciones, en las campañas, las épocas del año en que se suspenden los grandes trabajos necesarios al cultivo y a las cosechas” (2).

- (1)  En los Estados Escandinavos, existen (1874) cerca de 1.200 escuelas ambulantes frecuentadas por más de 150.000 alumnos.

- (2)  Hippeau, Uinstruction dans la République Argentine, pág. 6.

Artículo 20

Las Autoridades de la Provincia pueden solicitar la cooperación del Gobierno de la Nación para la ejecución de obras públicas, y su garantía para operaciones de crédito, y deben su apoyo ante el mismo Gobierno, a toda empresa u obra de iniciativa particular que redunde en provecho de la Provincia; pueden también admitir la cooperación que le ofrezcan las leyes nacionales, para el desenvolvimiento de la educación pública y dar temporalmente la administración de las escuelas a las correspondientes autoridades nacionales.

Todos los puntos que comprende este artículo han despertado, más de una vez cuestiones acaloradas en las relaciones del Gobierno Nacional con las provincias y especialmente con la Rioja. Se ha dicho hasta en el Congreso, que relaciones de esa naturaleza importaban la supresión de la autonomía provincial y la violación de la forma del gobierno federal. El artículo constitucionaliza, si es posible decirlo así, tales actos, y fija la importancia de las relaciones de ambos gobiernos, que en esta forma y extensión son y serán por muchísimos años una necesidad vital para la Rioja; y lo hace para que se entienda que lo que no está comprendido en esta autorización, esta negado, como ser la facultad que por tanto tiempo se atribuye el gobierno provincial, de solicitar de la Nación servicios de tropas, a las cuales ha estregado completamente la custodia y la seguridad de la Provincia. La Constitución en esta parte, más adelante en el artículo 22, trae una prohibición expresa, y por lo mismo debe ser clara en todo lo que permite. No es lo mismo para la independencia y autonomía de la Provincia el que el Gobierno Nacional le preste todos los servicios enumerados, que el que llegue hasta depender de sus jefes y soldados la seguridad de las autoridades locales, y todo sacrificio debe hacer la Provincia para que desaparezca esta irregularidad que suprime realmente su autonomía.

Artículo 21

Todo ciudadano argentino domiciliado en la Provincia, y teniendo la edad que lo obliga a enrolarse en la Guardia Nacional, es admisible a cualquier empleo público, con las excepciones que establece esta Constitución; es así mismo obligado

a armarse en defensa de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, con la excepción que hace el artículo 21 de la Constitución Nacional. Sin embargo, ningún ciudadano, so pretexto de ser miembro de la Guardia Nacional, podrá ser individualmente compelido al servicio militar o de policía, ni destinado a los cuerpos del ejército nacional, sino por sentencia de Juez competente.

Este artículo encierra un principio que aclara muchas cuestiones constitucionales muy oscuras, y aun no suficientemente discutidas. Sale de la rutina para explicar la razón de ciertas cosas, y la correlación que tienen entre sí. Comentando otro artículo anterior se ha dicho que el sufragio no es un derecho de los ciudadanos, sino un derecho del pueblo que paga el impuesto, y es éste el que le da origen y vida: el axioma de impuesto por representación y vice-versa, no se discute ya; pero se hace pedazos cuando se sacan derechos sin origen natural, y se forma violentamente una casta de los nacidos en el país, para establecer a su vez entre estos mismos, desigualdades por la edad, el sexo, etc. Toda esa teoría debe abandonarse; y como queda el deber de enrolarse en la Guardia Nacional y tomar las armas que no obliga a los extranjeros, mujeres y niños, ni para que pongan personeros, debe relacionarse eso con el derecho a los cargos públicos que sólo deben corresponder a los que sirven a la Guardia Nacional, con las mayores exigencias que en ciertos casos exprese la Constitución. Así, pues, la carga de sangre es la que da derecho a los empleos públicos, y la doctrina puede y debe llevarse hasta los extremos, no dando a los extranjeros ningún derecho, si bien se puede y debe ser tolerante por algunos años más. El artículo encierra una parte final cuya trascendencia no puede desconocerse por las garantías que asegura para el ciudadano mismo. El derecho a los empleos no es equivalente a la contribución de sangre que trae aparejada, si ésta no es exigida sólo en circunstancias en que el pueblo no se pueda defender con su fuerza pública, y en ese caso, si no se toman las medidas para que no haya injusticia, y la tarea se reparta equitativamente. A esto tiende la prohibición de llamar individualmente al servicio y de destinar al ejército. El servicio militar, cuando sea necesario, debe ser hecho por batallones y regimientos, o por sus compañías por turnos iguales; así los enemigos políticos no tendrán más carga que los favoritos de los que mandan.

Joaquín V. González

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Artículo 22

La fuerza o contingente con que la Provincia deba contribuir al ejército nacional en el caso de que la Nación no provea a ello directamente, no se compondrá de guardias nacionales sino de soldados alistados a expensas del Tesoro Provincial; y caso de no dar esto resultado, por sorteo entre todos los guardias nacionales de la Provincia. Fuera de los casos previstos por la Constitución Nacional, y salvo las facultades del Presidente de la República, el Gobierno de la Provincia no solicitará ni autorizará la permanencia en ella de tropas nacionales.

Este artículo, en su primera parte, ofrece un caso hipotético: para el servicio nacional debe movilizarse la guardia nacional con arreglo a las leyes y decretos nacionales, en cuya ejecución el Gobierno de la Provincia sólo es agente del gobierno federal, con arreglo al artículo 110 de la Constitución Nacional. Pero como podría suceder que la Nación, como lo ha hecho otras veces, sólo pida contingentes y deje a las provincias la forma y medios de reunirlos, la Constitución provee a la forma en que deba hacerse para que en tales casos nadie esté a merced de los que mandan. El enganche a expensas del Tesoro, y el sorteo en último caso, que es cuando se pide al ciudadano su contingente de sangre, son los medios que la Constitución acuerda, y como los dos son eficaces, y en caso de faltar el primero, el segundo tiene que dar resultado forzosamente, las autoridades no pueden apelar a otros recursos.

La parte final es para concluir con la cara e impropia protección con fuerzas, que mantienen a la Provincia en completa dependencia del Gobierno Nacional; demasiado han palpado los Gobiernos y pueblo en la Rioja, los inconvenientes de tal sistema, para que sea necesario mayores ampliaciones.

Artículo 23

Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano, y siendo domiciliados por dos años, de los derechos municipales y de simple administración que reglamentará la ley en las mismas condiciones que para el nacional. No se dará en la Provincia ley ni reglamento que hagan inferior la condición civil del extranjero a la del ciudadano. Ninguna ley obligará a los extranjeros a pagar mayores contribuciones que las soportadas por los nacionales, ni a pagar contribuciones forzosas o extraordinarias.

Este artículo esclarece los derechos de los extranjeros, que son los civiles, y a condición de dos años de domicilio, les concede los derechos municipales, haciendo una excepción al principio de que sólo la contribución de sangre da derecho a los cargos públicos, entre los cuales está comprendido el acto de elegir y el de ser elegido, según lo establece la Constitución y reglamentará la ley en iguales condiciones que para el nacional en elecciones municipales. En algunos años más estas concesiones no deben ser hechas y debe borrarlas la primera reforma de la Constitución, porque son inconvenientes a las actuales exigencias del país. En los tiempos de la sanción de la Constitución Nacional se explicaba para llamar a la República a todos los hombres del mundo, pero hoy que la inmigración es expontánea y acude por sus propias conveniencias, debe pensarse en una reacción que si no la inicia esta Constitución, es únicamente porque debe dejarse a que eso se opere primero en el orden nacional.

Artículo 24

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse pacíficamente para tratar asuntos públicos o privados, y de organizarse en asociación con fines útiles; del de peticionar individual o colectivamente a las autoridades para solicitar gracia o justicia, denunciar delitos, acusar empleados, instruirlas o pedir la reparación de agravios; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; de usar y disponer de sus bienes; de hablar y publicar sus ideas; de enseñar y aprender; de profesar libremente su culto, y de trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita.

Este artículo enumera los derechos civiles sin perjuicio de las ampliaciones que encierran los siguientes: es entendido que tales derechos se ejercerán con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio, las cuales por los artículos 41 y 42, tienen límites y reglas a que ajustarse para que sea fácil deslindar lo que es una reglamentación constitucional, de lo que es chocante a la esencia de tales derechos.

Artículo 25

Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho de defender su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad con arreglo a ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal de juez competente. Estos derechos, como todos los civiles, puede ejercitarlos personalmente si le conviene, todo habitante mayor de edad o emancipado. Sólo el derecho de tercero, las buenas costumbres, el orden o la salubridad pública, previamente declarados por autoridad legal competente, pueden limitar el libre ejercicio de los derechos civiles.

Este artículo, correlativo del anterior, lo explica, abarcando de un modo solemne los principales derechos civiles que se garanten escrupulosamente en los siguientes. Además detalla el anterior explicado por los artículos 41 y 42 de este capítulo, y fija cuáles son los puntos donde se detiene el derecho de cualquiera, a saber: el derecho de tercero, las buenas costumbres, el orden y la salubridad pública; y para que sobre esto no se abuse, agrega que esas trabas no anulan sino limitan los derechos, y aun así mismo deben ser previamente declaradas por autoridad legal competente.

Artículo 26

La Corte de Justicia, el tribunal de Medicina, el Departamento Topográfico y el Consejo General de Educación expedirán los títulos de competencia, cada uno en su ramo, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales. No necesitará rendir examen toda persona diplomada debidamente por institutos o universidades nacionales. Las municipalidades podrán reglamentar el ejercicio de las industrias que se relacionan con la salubridad.

El libre ejercicio de la profesión no quiere decir que cada uno se hace profesor como quiere, sino que una vez hecho, ejercerá libremente la carrera y así la Constitución quiere que la abogacía, la medicina, la ingeniería y la enseñanza pública en que se juegan los derechos, la vida, los intereses y la suerte de la sociedad y de sus individuos, estén más sujetas que otras profesiones en que el mal o daño es menos grave y más individual, hasta el grado que fuera de estos cuatro casos, se deja que cada uno busque 6U conveniencia o soporte sus errores. Por eso es que la Constitución dice que no hay ejercicio de estas carreras, sin la autorización necesaria por las autoridades que enumera, en el caso de no haberla dado institutos o universidades nacionales.

Las facultades de las municipalidades sobre industrias son siempre algo más amplias que las de la Legislatura misma, y en cierto modo discrecionales en lo que se relaciona con la salubridad de que están encargadas, y es imposible fijarles un límite; porque lo que no es perjudicial a la salubridad en un municipio, o en cierta forma o lugar, lo es en otro.

Artículo 27

Se asegura para siempre a todos el juicio por jurados, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución. Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales que son los que la ley ha señalado antes del hecho acusado, ni juzgado por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé. La ley reputa inocentes a los que no han sido declarados culpables por sentencia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso. La sentencia en causa criminal debe ser absoluta y definitiva, declarando al acusado culpable o no culpable.

El ser juzgado por jurados, el no ser sacado de sus jueces naturales, ni juzgado por tribunales especiales; el ser reputado inocente mientras una sentencia no haya declarado lo contrario, y el que la sentencia sea terminante en uno u otro sentido, son garantías fundamentales de justicia que ninguna Constitución debe olvidar. El jurado es una institución adoptada por todos los pueblos libres, y lo prescribe la Constitución Nacional; pero como el Congreso dictará la ley sólo para la capital y territorios nacionales, y por los delitos sujetos a la jurisdicción federal en las provincias, éstas no tienen que esperar a dicha ley, y pueden establecer el jurado aun antes que el Congreso lo haya establecido para la Nación; pues es parte de su derecho de elegir sus autoridades judiciales y de dictar el Código de Procedimientos. La justicia del jurado

es la preferible porque se hace en el lugar del delito; es hecha por los iguales del acusado, y por fin, es breve y barata, condiciones convenientes, tanto a los encausados como a la sociedad.

Artículo 28

No podrá procederse criminalmente contra un individuo que no esté presente en juicio. No se aplicarán leyes que importen sentencia o empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores. No se aplicará la prisión por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por la ley. Las penas pecuniarias que establecen esta Constitución o la ley, no siendo satisfechas, serán subrogadas por la de reclusión, graduándose un día de arresto por cada peso nacional; pero no se subrogará por dinero la pena de reclusión.

Este artículo establece otra serie de prohibiciones y aclaraciones que aunque esenciales, son garantías menos fundamentales que las anteriores, si bien no son por ello menos indispensables como reglas de toda buena administración de justicia. La condenación en rebeldía está ya abolida en casi todas las legislaciones porque es la condenación sin defensa, y con todos los caracteres de una venganza. Las leyes que importen sentencia son nulas porque arrebatan sus facultades al poder judicial, fuera de que suprimen la defensa y todas las demás garantías del juicio: las que empeoran la condición de los acusados por hechos anteriores, son ex post fado, y no puedan aplicarse. La prisión por deuda está ya abolida en todas las legislaciones, porque el que no paga no ofende a la sociedad; quedan salvados los fraudes y otras acciones culpables que determine la ley, porque la deuda con ese carácter ya sale de la esfera de los intereses individuales. Las penas pecuniarias, si no se cumplen deben ser satisfechas con prisión, porque no queda otro recurso; pero no las de prisión cumplidas con el pago de dinero, porque sería comparar la facultad de cometer delitos.

Artículo 29

La prueba en todos los juicios será pública, salvo cuando a juicio del juez o tribunal correspondiente, la publicidad sea peligrosa a las buenas costumbres, en cuyo caso la resolución será motivada, siendo siempre pública respecto de los interesados. En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni le es lícito hacerlo contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos, ni puede ser compelido a deponer contra sus demás deudos hasta el cuarto grado. No podrán establecerse procedimientos puramente sumarios, abreviarse los términos, ni coartarse de otro modo la defensa.

La prueba pública es una garantía de recta justicia, y en ello están interesados todos, aun los mismos acusados que tantas veces han encontrado en el ojo del público, un auxilio en favor de su inocencia. Casos hay, sin embargo, en que la prueba pública lejos de ser un bien, es perjudicial a la moral, y sólo sirve para alimentar la avidez de sensaciones y de espectáculos de recreo; en tales casos el acusado y sus defensores deben conocer al acusador, a sus testigos, carearse con ellos, y usar ambas partes de todos los recursos que tienen cuando la prueba es pública. Habiendo dicho la Constitución Nacional que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y estando subentendido en esto el resto de lo que prescribe este artículo, se ha hecho cuestión sin embargo, y constituciones provinciales posteriores han aclarado el pensamiento y establecido expresamente todo su alcance, y así lo ha adoptado esta Constitución. El principio de no adoptar procedimientos puramente sumarios, que es como prohibir una condena sin oir al acusado y sin carear los testigos que contribuyan al completo esclarecimiento del hecho, se deduce de otros principios y garantías de esta Constitución, pero se consigna expresamente para mayor claridad y mejor inteligencia de su alcance. Es consecuencia de esto no abreviar los términos de antemano establecidos por la ley, porque eso quita los medios de producir una más amplia prueba de descargo o inocencia, y contribuye a coartar la defensa.

Artículo 30

Se ratifica por esta Constitución las leyes que prohíben la aplicación de la pena de muerte por causas políticas (1) y la infamia trascendental, quedando prohibidas igualmente las penas de tormento y de azotes, las que no podrán aplicarse ni por autoridad alguna, bajo el pretexto de disciplina. No

(1) Las penas por delitos políticos están establecidas por el Código Penal, Sección 2% Título l^9, Capítulo l^9.

podrá imponerse la pena capital, mientras subsista en la legislación de la República, sino por jueces letrados y por unanimidad de votos de los miembros de la Corte de Justicia. Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por un mismo delito, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de nuevo pleitos fenecidos por sentencia ejecutoriada.

Como hay delitos políticos provinciales, y éstos están castigados por el Código Penal, la Constitución sólo ratifica la declaración que hace la Constitución Nacional como un homenaje a principios tan justos y fundamentales. Esta es la razón de muchas disposiciones de esta Constitución que se relacionan con las garantías individuales. Es más útil la declaración de que la condena por delitos de cualquier naturaleza que sean, no afectará el huen nombre y derechos de los parientes del condenado, y más necesario aun repetir la prohibición de todo tormento y los azotes, porque en poblaciones apartadas no faltan autoridades que adoptan medidas personales inhumanas y violentas, especialmente cuando por la notoriedad del crimen acusado, se creen facultados para imponer mortificaciones, privaciones innecesarias y castigos anticipados, llegando a veces hasta imponer todo eso con el propósito de hacer confesar el delito, caracterizando así el acto prohibido por la Constitución, que se refiere prin-cipalmente a la violencia que se infligía antes a los acusados para obligarlos a confesar su delito, cuando si esta prohibición no bastara, está el artículo anterior exonerando al reo del antiguo deber de declarar en causa propia.

Esta Constitución ha ampliado el principio general, agregando que ni a pretexto de disciplina se podrán aplicar azotes, ni tormentos de ninguna clase, porque es muy común la creencia de que el gobierno militar permite semejantes expedientes, y hasta hace poco tiempo, se ha creído erróneamente que tales prohibiciones no alcanzaban a los castigos escolares.

El artículo busca la mayor garantía posible para la aplicación de la pena de muerte exigiendo la unanimidad de jueces letrados; prohíbe una segunda persecución judicial por el mismo delito, y la remoción de pleitos fenecidos, porque hay interés público en que la sociedad esté en paz, en que las resoluciones de los jueces no se sujeten a revisiones que se promoverían poniendo en juego medios reprobados, como remoción de jueces, influencias políticas que cambian frecuentemente en el sistema republicano; fuera de que es uno de los más sagrados derechos del hombre el vivir tranquilo si ha probado su inocencia, como es derecho de la comunidad ocuparse de otra cosa, si a algún individuo se le ha probado una vez su criminalidad.

Artículo 31

La persona es inviolable. Nadie podrá ser detenido sin semi-plena prueba, o indicio vehemente de un delito y previa orden escrita de autoridad civil competente, salvo el caso in fraganti en que cualquiera puede arrestar al delincuente. Ninguna detención o arresto se hará en la cárcel de criminales, sino en casa del detenido, o en otro local que se destinará a este objeto, y el alcaide o guardián exigirá la orden bajo su responsabilidad por arresto arbitrario. Ninguna detención podrá prolongarse más de veinte y cuatro horas, sin poner el detenido a disposición del juez competente con los antecedentes del hecho que motive el arresto.

La inviolabilidad de la persona es sagrada, y nunca se recomendará lo bastante, por el peligro a que los hombres se ven expuestos por las cabalas políticas. La Constitución trata en este artículo de todo lo relativo al arresto, reservando para el siguiente lo referente a la prisión. Se detallan los motivos, forma, tiempo y lugar del arresto, por lo mismo que es la materia más delicada de que pueda tratar la Constitución, desde que de la libertad personal depende el juego de todas las insti tuciones, por la fuerza de esa acción individual que da su ser a la opinión pública y a la voluntad popular. La cárcel de criminales a que se refiere este artículo, es el lugar donde los sentenciados cumplen su condena. El guardián de un detenido es responsable de la detención sin orden de autoridad competente, o de la detención con orden por más de veinticuatro horas, sin avisar al juez competente por su parte, sin perjuicio del deber de la autoridad que le haya puesto preso.

Artículo 32

Nadie podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez. Todo alcaide o guardián de presos, al recibirse de alguno, deberá exigir y conservar en su poder dicha orden, so pena de hacerse responsable de una prisión indebida. Puesto el preso a disposición del juez, no podrá permanecer más de tres días incomunicado. Será eximida de prisión toda persona que diese fianza suficiente, cuando el delito porque se le procesa merezca pena de destierro, o corporal que no exceda de dos años de trabajos públicos o reclusión, o cuando siendo mayor, admita conmutación pecuniaria.

Este artículo es una ampliación del anterior. Si no se puede arrestar sin semi-plena prueba o indicio vehemente de un delito, menos podrá el juez expedir orden de prisión sin esos requisitos; el artículo no lo dice por evitar repeticiones, y porque se desprende eso del principio anterior. El alcaide es responsable no sólo de tener un preso sin orden escrita del juez competente, sino de prolongarle la incomunicación absoluta por más de tres días que se contarán como los términos judiciales. La Constitución es explícita sobre esto para que un alcaide no sea instrumento ciego de nadie, ni verdugo de sus presos, sino un funcionario serio, respetable, con deberes definidos que deben respetar sus superiores, so pena de envolverlo en sus responsabilidades. Esta es la única manera de que las garantías de la Constitución no sean ilusorias.

La admisión de fianza debe tener límites fijos, y los establece esta Constitución, para determinar el derecho individual que es de lo que se trata en este artículo.

Artículo 33

Todo individuo que sufriere una detención o prisión arbitraria podrá ocurrir por sí, o cualquier otra persona presentarse denunciando el hecho, al juez más inmediato, para que haciéndolo comparecer a su presencia se informe del modo que ha sido preso, y resultando no haberse llenado los requisitos constitucionales, o no haberse ordenado la prisión por autoridad competente, lo mande poner inmediatamente en libertad. Cualquier juez, aunque sea de tribunal colegiado, a quien se hiciera esta petición y no la resuelva antes de las veinticuatro horas de su presentación, con cargo auténtico, aunque sea día feriado, sufrirá una multa de doscientos pesos.

El derecho establecido por este artículo es el que se conoce en la legislación inglesa por escrito de habeas corpus, o derecho de recobrar su libertad. El juez no procede de oficio, pero apenas se le presente el escrito del detenido, o de otro que invoque la justicia, comienza su deber, y por consiguiente su responsabilidad si no cumple con lo que el artículo prescribe. La prisión puede ser arbitraria, que es cuando la

autoridad que la ha decretado no es la que puede por ley efectuarla, o informal, que es cuando el juez competente no ha llenado los trámites de la Constitución o de la ley. Puede también ser arbitraria e informal. En todos los casos el juez reclamado proveerá lo que corresponda, y de su fallo no habrá apelación, porque la Constitución supone que el escrito de habeas corpus puede presentarse, aun a cualquier juez de tribunal colegiado, sea a uno de la Corte de Justicia, o de la Cámara o Tribunal de Minas, etc., y cualquiera, por sí solo, tiene poder constitucional para determinar lo que corresponda, siendo esta, una excepción en la organización de la administración de justicia, puesta sólo en obsequio a las garantías que la Constitución acuerda a los habitantes de la Provincia.

Artículo 34

Las cárceles de la Provincia serán seguras, sanas y limpias, y no podrá tomarse medida alguna que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los presos más allá de lo que su seguridad exija. Las cárceles serán centros de trabajo y moralización. Toda condena llevará en sí la condición de que si la Provincia estableciese una penitenciaría común con otras provincias, o por cualquier concesión o acuerdo obtuviese el derecho de destinar sus sentenciados a las cárceles nacionales o provinciales, se cumplirá donde las autoridades correspondientes lo resuelvan.

Estas cláusulas son destinadas a garantir a los sentenciados contra medidas que a pretexto de precaución o seguridad, los mortifiquen sin necesidad. Define el carácter que la Constitución da a las cárceles de la Provincia, para que la legislación carcelaria que se dicte sea en concepto de formar allí centros de trabajo y moralización. Esta declaración es la base de un sistema que aun antes de reglamentarlo la ley, debe ensayarse por las autoridades respectivas y hasta por el último guardián de presos, en medidas prudentes, y en un régimen que levante poco a poco el espíritu abatido y desesperado de los penados. Basta que la Constitución diga que las cárceles deben ser centros de moralización y trabajo, para que se entienda que no son lugares para venganza y sufrimiento, sino para regeneración de los presos, y para evitar que ciertos desgraciados hagan aún más mal del que han causado; con esto cualquiera sabrá por qué lado debe encaminar al preso, y qué giro debe dar a los actos de su vida. Es necesario la declaración final, para que un penado no sostenga jamás el derecho de cumplir la condena en esta

o aquella cárcel, lo que podría hacer con razón si la sentencia estableciera a qué cárcel y ocupación le condena, y no se entendiera que llegado el caso del artículo, no importa una modificación de la sentencia el que el Poder Ejecutivo destine los penados a otra cárcel.

Artículo 35

El domicilio es inviolable y nadie puede penetrar en él contra la voluntad de su dueño. Ninguna orden de allanamiento puede ser expedida sino por autoridad civil competente y al sólo objeto de prender algún delincuente, registrar u ocupar algunos objetos, o de hacer cumplir ordenanzas municipales. La orden no puede ser expedida sino sobre causa probable, o apoyada en juramento o afirmación; deberá especificar lo que se propone, como así mismo el funcionario civil que debe ejecutarla, lo cual no se hará de noche sino en casos sumamente graves y urgentes en que se trate de evitar un crimen que de otro modo quedaría consumado (1).

La inviolabilidad del domicilio reclama todo este artículo, que fia claramente los casos en que puede ser allanado, haciéndolo con detalles que no dejan lugar a duda sobre el punto donde principia el derecho de la autoridad. Una semiplena prueba, que resulte de causa probable apoyada en juramento o afirmación, es la base de la autorización, pero es sólo para la autoridad civil competente, y con el fin de prender a algún delincuente, ocupar algunos objetos, o hacer cumplir ordenanzas municipales; fuera de estos casos ni la autoridad ni nadie puede penetrar en una casi sin el permiso de su dueño.

La cláusula final establece que el allanamiento debe ser de día, permitiéndose de noche sólo para evitar un crimen, lo que es una nueva garantía contra vejámenes probables, porque la violación no está tanto en la ejecución del acto material, como en la forma en que se lleva a cabo.

Debe agregarse, aunque no sea propiamente de este lugar, que en caso de incendio podrá entrarse en una casa sin permiso de su dueño si es a objeto de cooperar a su extinción, porque se supone que el dueño quiere eso; pero si éste se opusiese sin motivo, se deberá entrar

(1) Las penas por violación de domicilio están establecidas en el Código Penal, Título 6^9, Capítulo 4^9.

de todos modos, porque la oposición mostraría que se trata de un crimen que cualquiera está en el deber de prevenir, y de evitar que sus consecuencias perjudiquen a los vecinos. No hay duda que el dueño de casa podría intentar una acción, pero tampoco la hay que el acusado tendría suficiente descargo en el fin con que entró. Podrá entrar en una casa aun contra la voluntad de su dueño, una persona que pasando oye gritos de auxilio de persona que sufre, porque es más o menos el caso anterior; todas las apariencias son de que se comete un delito, y es deber de cualquiera el evitarlo, prestando el auxilio reclamado.

Artículo 36

La correspondencia epistolar y los papeles privados son inviolables; los que fuesen sustraídos no podrán servir jamás en juicio: los que no estén en este caso podrán ser allanados u ocupados únicamente en virtud de orden judicial, la que sólo podrá expedirse en los casos en que hubiese semi-plena prueba, o indicio vehemente sobre su eficacia o necesidad para descubrir algún delito o garantir intereses de tercero. Cuando los jueces ordenen el allanamiento u ocupación de la correspondencia, o papeles privados, lo confiarán a funcionarios civiles, determinando el lugar que debe ser registrado, lo que se ejecutará de día en todo caso (1).

La inviolabilidad de la correspondencia es aún más rodeada de garantías que el domicilio; éste puede en ciertos casos allanarse de noche, mientras que la correspondencia no; mas, no es porque ésta sea más sagrada que el domicilio, sino porque en el caso de éste, el permiso para allanarlo de noche es por impedir un crimen que de otro modo quedaría consumado; caso en que no puede estar la correspondencia. Es verdad que si se pensase que la correspondencia puede ser sustraída en las horas que van de la noche a la mañana, la Constitución permitiría el allanamiento a cualquiera hora, pero ella no autoriza procedimiento tan vejatorio por lo que puede suceder, no habiendo por otra parte probabilidad de que suceda, desde que el allanamiento se decreta «asi siempre en el sumario y sin que sea posible que lo sepa el dueño de los papeles. Por lo demás, no se decretará, según este artículo, el

(1) El Código Penal en su título 6^9, Capítulo 6^9, establece las penas por violación de correspondencia.

allanamiento de correspondencia sino por el juez correspondiente, el cual no la expedirá sino en el caso de que semi-plena prueba o indicio vehemente le mostrasen que sólo allanándola podría descubrir algún delito o garantir el interés de tercero. Las formas del allanamiento son explícitas: se determinará el lugar en que está la correspondencia por la persona que afirme que ella es eficaz para descubrir el delito de que se trata o para garantir su derecho. Si no se sabe dónde está dicha correspondencia, el denunciante no merece crédito; y la ley presume que la denuncia de la eficacia será por simples inducciones que esta Constitución prohíbe como base de un procedimiento, de modo que en ese caso no hay allanamiento.

Esto se explica bien: la Constitución no quiere autorizar el que se examine toda la correspondencia de un individuo, porque eso importa investigar todos los actos de su vida, aun los que nada tiene que ver con la cuestión que motiva el allanamiento: semejante sistema es la negación de toda garantía y de toda moral en los actos o procedimientos de la justicia. La otra condición del allanamiento es que se confiará a funcionarios civiles, porque se quiere que, cuando eso tenga lugar, se lleve a cabo sin los vejámenes y falta de consideración que acompaña siempre la intervención militar en cosas civiles. Por lo demás, nada más reprobable que la violación de la correspondencia; y dedúcese de ello que la que está en este caso no puede servir en juicio, porque la Constitución no puede aceptar medios malos aún para fines buenos.

Artículo 37

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser clasificada por ley y préviamente indemnizada. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obrar invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Toda propiedad es enagenable. Quedan suprimidos y no podrán subsistir en adelante los mayorazgos y vinculaciones de cualquier especie que sean. Queda suprimida la confiscación de bienes y prohibidas las leyes de impuestos o multas exhorbitantes que disminuyan notablemente la propiedad.

La mayor parte de este artículo es el 17 de la Constitución Nacional^ en el cual se encontrará un comentario de treinta y tres años que corresponde a ésta. La propiedad abarca no sólo los bienes raíces, sino los derechos y acciones que provengan legítimamente, y los trabajos intelectuales y materiales, los inventos, descubrimientos, y todo lo que es materia de apropiación para provecho y ventaja individual de cada uno. De nada de esto puede ser privada una persona sino en virtud de sentencia legalmente dada. La ley no puede privar de la propiedad a nadie; el único caso en que la afecta es en el de expropiación, pero en este mismo, la propiedad está garantida por la tasación de peritos y por el pago previo.

Toda propiedad es enajenable, y de esto se deriva la prohibición de vinculaciones y mayorazgos que la estacionan indefinidamente, y que son por ello la negación de dicho principio, fuera de que afectan la igualdad que se consagra por la Constitución en su artículo 7^9.

La confiscación de bienes tiene sus antecedentes en la época de la tiranía, pero en la constitucional tiene su equivalente o parecido en los impuestos o multas que por su monto afectan la propiedad, es decir la disminuyan; y todo esto es un ataque a este derecho y debe considerarse inconstitucional. Cuándo es que un impuesto o multa disminuye la propiedad, es cuestión que no puede definir la Constitución, y debe dejarse al arbitrio del juez el apreciar los casos que ocurran, teniendo en cuenta las personas, su fortuna y medios de vivir. No quiere decir esto que la ley no haya de tener la fuerza y acción uniformes precriptas en el artículo 7?, y que tenga que pagar más el que tenga más fortuna, sino que toda multa debe ser proporcionada a la falta, y aplicada cuando corresponda con los efectos de castigo, no de confiscación de bienes. Lo dicho sobre esto cae mejor respecto de los impuestos, que no deben ser específicos, es decir valorando la cosa, sino ad valorem, o sea un tanto por ciento sobre el valor real, porque un impuesto de 10 sobre un objeto que la ley, o la tarifa, o el avaluador le fijan un valor arbitrario de 20, quita al dueño la mitad del valor del objeto y mata su uso.

Artículo 38

Ninguna contribución, multa, ni servicio personal alguno son exigibles, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Los que intervinieren de algún modo en la ejecución de auxilios, contribuciones u otras requisiciones inconstitucionales, son responsables personal o solidariamente del perjuicio causado. La misma responsabilidad incumbe a los que ordenen tales requisiciones, expidan decretos o acuerden alguna medida que ataque la propiedad, perjudique derechos adquiridos, suspenda el cumplimiento de obligaciones contraídas, el pago de deudas legales o sus intereses, las altere o haga de peor condición.

Sin ley no se puede exigir servicios a la guardia nacional, o imponer a nadie la aceptación de empleos, ni hacer pagar una multa, ni cobrar contribución alguna; sin sentencia no se pueden exigir servicios personales, ni ejecutar una multa; de modo que los trabajos forzados a que se destinan por las policías a los presos no sentenciados son completamente inconstitucionales e importan un abuso que impone responsabilidad al funcionario que los ordene. Es necesario tener presente, sin embargo, que en el término “ley” están comprendidas las ordenanzas municipales que son las leyes de todo municipio.

Por lo demás, el artículo establece las responsabilidades de los que violan estos preceptos, y todas las demás garantías que el artículo anterior establece para la propiedad, condenándose del modo más terminante las requisiciones y auxilios tan comunes hasta hace poco con motivo de las guerras civiles.

La parte final va derecha a los poderes públicos, y se relaciona con lo que prohíbe el artículo 12 a las autoridades provinciales, prohibiéndoles toda medida que altere los contratos, y en cualquier forma amengüe los derechos que ellos crean, o los derechos adquiridos por leyes anteriores. Cuando una ley de la Legislatura es repugnante a estas disposiciones, los diputados que la han dictado no están sujetos a responsabilidad judiciable, porque no son acusables por el artículo 63, siendo esto una excepción a las disposiciones generales sobre responsabilidad que establece este artículo 38 y otros de la Constitución. Pero no por eso el ataque al derecho no ha de tener remedio, desde que toda ley puede ser declarada inconstitucional e inaplicable al caso que ocurre, y son los jueces u otros funcionarios que la apliquen y ejecuten, los que pueden ser responsabilizados en sus efectos, por demanda del damnificado.

Artículo 39

La libertad de imprenta queda asegurada, y no se aplicarán disposiciones de los poderes o autoridades que la restrinjan estableciendo censura o garantía pecuniaria previas, o multas desproporcionadas al capital de la empresa. Los escritos contrarios a la moral y al orden público, o que contengan injurias personales, son acusables; pero en los casos en que se censurare la conducta de un individuo como empleado o persona pública, imputándole faltas o delitos, la prueba servirá de descargo; lo mismo será cuando se trata de la capacidad política de las personas públicas (1).

Mucho se ha escrito sobre la manera de garantir la libertad de imprenta, y en sus medios no se ha adoptado jamás fórmula tan práctica y tan comprensiva como la que consagra esta Constitución. No basta prohibir la censura previa, sino también la garantía pecuniaria previa que hace estéril muchas veces el esfuerzo individual para fundar y sostener las publicaciones, y todavía esto no es suficiente, porque la Constitución prescribe las multas desproporcionadas al capital que emplea un periódico, para evitar lo que frecuentemente ha sucedido en diversas provincias, que con la primera multa de mil pesos ha caído la imprenta, por no valer mucho más, cuando no valía menos; lo que hacía una verdadera confiscación, de esas que en términos generales prohíbe esta Constitución en el artículo 37. Apenas 6e puede tolerar que en provincias en que las imprentas no valen sino de uno a dos mil pesos, se apliquen multas de cien a doscientos, porque asimismo se puede asegurar que tales valores disminuyen no sólo las ganancias, sino el capital mismo. Para la ley de imprenta debe recomendarse, como un principio que surge de esta Constitución, que es preferible el facilitar frecuentes juicios con condenas pecuniarias muy bajas, a que un solo juicio de tarde en tarde suprima una imprenta; la ley jamás pecará por suave en la imposición de penas, porque eso mismo facilitará la condena en muchos casos en que por tener que aplicar multas exhorbitantes y matar un diario, los jurados preferirán declarar la inculpabilidad: la ley que busca el castigo de los abusos, no debe ir a un extremo que da por resultado práctico más bien la impunidad, una vez que los que hacen la justicia no están en manos de los que quieran suprimir una imprenta.

Apenas se hace necesario explicar el resto del artículo en que se consagra el principio de que, en casos de censura a funcionarios públicos o imputación de delitos que afecten al ejercicio de su cargo, se admite la prueba, porque su esclarecimiento interesa a la sociedad, mientras que en los casos particulares que sólo afectan a personas privadas, no se admite prueba alguna, porque así surge del principio fundamental de que la prensa es una tribuna para enseñanza moral, y no para desaho-

(1) Las penas por calumnia e injuria, por escrito o de palabra, están establecidas en el título 7^9, artículo 177 y siguientes del Código Penal.

gos particulares, lo que hace que no se le deje salida al que la desnaturaliza con asuntos ajenos al interés público.

El Código Penal sancionado por el Congreso señala las penas que por injuria por la prensa debe aplicar el jurado, a la vez que la justicia ordinaria (hasta que haya jurado para toda clase de juicios), en los casos que no son de imprenta. Pero entre calumnia e injuria sólo está hecha una distinción que reclama toda la atención y proligidad de la ley de organización de los tribunales provinciales, al establecer la designación de las facultades de los fiscales. El Código considera caso de calumnia la imputación de un delito que corresponda al fiscal acusar, y caso de injuria el que no entre en los deberes de dicho funcionario; de aquí se deduce que como es la Ley de Organización de la Administración de Justicia, la que fijará cuáles son los casos en que el fiscal debe acusar, será esa ley la que marque la línea práctica entre la calumnia y la injuria, y por lo tanto, ella la que haga la designación de los casos en que el jurado no puede admitir la prueba como descargo en los asuntos particulares, porque sean casos de injuria.

Artículo 40

En ningún caso podrá procederse contra el que abuse de la libertad de la prensa, sino por la declaración previa de un jurado de que ha lugar a formación de causa; ni podrá ser condenado sin que otro jurado declare que el acusado es culpable de haber publicado o hecho circular el escrito; debiendo este último fijar la pena conforme a la ley.

Sin perjuicio del establecimiento del jurado que el artículo 27 hace para todos los juicios, este artículo lo crea para los juicios de im-prenta, a fin de que Ínterin no se establece para los primeros, la imprenta no esté sujeta a la justicia ordinaria. La división del jurado en dos tribunales es el fruto de la experiencia en los países en que mejor resultado ha dado; adoptada una institución, introduciéndole modificaciones radicales, no habría derecho de esperar sus ventajas, y ella debe implantarse tal cual es si se quieren resultados análogos. Dada la escasez de hombres en provincias de poca población, la ley no debe, por ahora, establecer muchas incompatibilidades, pero más tarde debe ser exigente en este sentido: la Constitución quiere que se proceda conforme lo aconsejen las circunstancias, y por eso deja a la ley toda declaración a este respecto.

Artículo 41

Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados, o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal. Tampoco se entenderá como negación de todos los derechos y garantías que la Constitución Nacional acuerda a los hahitantes de la Nación, los cuales quedan incorporados a esta Constitución, y se respetan y guardarán como parte de ella.

Este artículo es el más importante del capítulo de las garantías, porque comprende a todas las que no están enumeradas, y aún las que lo están y son de un alcance y aplicación dudosos. Está puesto a favor del pueblo como colectividad, y de los individuos particularmente; de aquí nace que las autoridades no pueden invocarlo para aumentar sus facultades o ampliarlas. Aplicada esta declaración a cualquier caso dudoso, no habrá cuestión, y no puede ser de otra manera; el pueblo que es el mandante, enumera las facultades que delega en el gobierno que constituye, y por razón natural conserva todo lo que no delegue: la enumeración de los derechos era sin embargo una necesidad más para regir las relaciones de los habitantes entre sí, que como base de las facultades de los poderes; pero fuera para lo uno más que para lo otro, la enumeración trae la necesidad de esta declaración. En efecto, es imposible que el capítulo comprenda todo: sin ir más lejos, nada dice del derecho de la palabra hablada; ¿será acaso porque la Constitución quiere que la escrita únicamente esté garantida? No, seguramente; porque apenas se concebiría semejante diferencia que volvería al individuo mudo, ente e inútil para las nueve décimas partes del movimiento de sus relaciones naturales con los otros individuos y con la colectividad, llámese estado, iglesia, asociación, etc. ¿Cómo podría pues entenderse que la palabra hablada no está garantida, porque no está comprendida en la enumeración de los derechos? Basta con este ejemplo para mostrar la conveniencia y el alcance del artículo.

Por lo demás, él recuerda todos los derechos y garantías que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la República, para que no se entienda que la enumeración hecha por la Constitución Provincial, importa coartar o sustituirse a aquellos, sino que deben tenerse como subsistentes hasta por declaración expresa de la Provincia. Esta declaración asegura a los habitantes de un modo más comprensivo y claro la doble garantía de las autoridades nacionales, lo que será siempre una ventaja para aquéllos y un freno para las autoridades locales.

Artículo 42

Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes, o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o que priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les causen, contra el empleado o funcionario que lo haya autorizado, ordenado o ejecutado.

Este artículo final es la base más segura para la ejecución y respeto de todos los artículos anteriores. El da la regla general a que debe ajus-tarse todo acto de los poderes públicos y autoridades, y les asigna a estos el límite hasta donde puede ir su reglamentación. Además, declara lo que es inconstitucional, y hace de los jueces y aun de las autoridades más subalternas, agentes de resistencia para aplicar y ejecutar leyes, órdenes o medidas contrarias a la Constitución; y por fin, da a los damnificados la acción civil para perseguir a su elección, a cualquiera que haya intervenido en algo que haya ofendido su derecho. Quedan así tomadas todas las precauciones posibles, pudiendo en el mayor número de casos, invocar desde el principio de todo reclamo los derechos y garantías de la Constitución Nacional, que estando incorporados a la Constitución (y aunque no lo estuviesen), permiten siempre ocurrir en apelación ante la Corte Suprema de la Nación, de toda resolución que menoscabe tales derechos y garantías.

CAPITULO II

REGIMEN ELECTORAL

Artículo 43

El sufragio es una función pública delegada por el pueblo a los individuos que reúnan las cualidades exigidas por esta Constitución. Es perfectamente obligatorio, y los que no se inscribieran, o los que inscriptos, no lo ejercieran, pagarán una multa, cuyo importe determinará la ley, a favor del fondo de escuelas del municipio; su base es la población y la proporcionalidad entre su cifra y los elegidos, a fin de hacer extensiva la representación a la totalidad de los habitantes.

- I. — Este capítulo contiene principios y disposiciones que, si no son una novedad en la ciencia constitucional, importan verdaderas inno* vaciones en la legislación positiva de la mayor parte de las provincias argentinas; pero se han consignado en la Constitución, porque su adopción no compromete en manera alguna la Constitución Nacional, ni las relaciones del Gobierno Federal con el de la Provincia; porque no resultará ninguna complicación al hacer pasar ál pueblo de un sistema electoral a otro que sólo se le diferencia en pequeños detalles; finalmente, porque ellas importan un gran paso en el sentido de formar hábitos de pueblo libre y consciente de sus derechos y sus deberes, y que sabe que tiene una obligación de cumplirlos, y que en esta obligación puede ser apremiado por el poder que él mismo ha creado.

Los propóstos generales de este capítulo, y los que han presidido a su redacción son, en primer lugar, elevar la condición política del sufragante a fin de que la función del sufragio se acerque lo más posible a la verdad, depurándola de los vicios que hasta hoy han sido observa-

dos por la experiencia suficientemente larga del sistema actual. Al efecto, se ha rodeado el ejercicio del voto de todas aquellas garantías que tiendan a hacer de él la verdadera expresión de la voluntad popular. Hasta hoy, está visto, el sistema vigente nada ha dado de sí en veinte y tres años de observancia; el pueblo se mantiene casi en el mismo estado de ignorancia respecto de sus funciones electorales, y si va personalmente a depositar su voto en la urna, lo hace ya por obediencia, ya ignorando completamente el nombre, las cualidades y antecedentes del candidato; en una palabra, no existe verdadero sufragio personal.

Este es el mayor de los vicios prácticos, que se trata de corregir por medio de la lista singular, por la nueva organización y forma de los registros y por todas las demás garantías consignadas en el presente capítulo; se quiere obtener que las más apartadas localidades comprendan que tienen derecho a ocupar un puesto en la representación verificando así una fusión completa de todos los gremios, que es el ideal de la verdadera democracia.

Se observará tal vez que este resultado se consigue con la difusión de la instrucción en todas las capas sociales; pero este trabajo es lento, y la necesidad de purificar las urnas de todo vicio de legislación y de práctica es imperiosa, y en este caso, la reforma vendría a anticiparse y ayudar a la obra de la educación general. Cada uno de los electores tiene la conciencia de que va a desempeñar un cargo público del que depende la felicidad de la gran masa de los representados, y el peso de esta responsabilidad, agravado con la sanción penal, vendrá a estimularle al cumplimiento de su deber.

El mecanismo general de esta Constitución responde lógica y necesariamente a estos fines, y con fundamento se puede esperar que en pocos años de experiencia, el pueblo de la Provincia comprenderá las inmensas ventajas personales y generales del nuevo sistema; sabrá que el sufragio es una función de la cual resulta la mayor o menor felicidad común, y que para su ejercicio no hay más voluntad que la suya propia, ejecutada conforme a las leyes; pero con independencia positiva de los demás poderes creados por la Constitución: resultados que se obtendrán, a no dudarlo, con algunos años de buen gobierno y de paz interior.

- II. — El sufragio es una función, y no un derecho como se dice generalmente; e importa establecerlo así en el interés del mismo. Por las constituciones de todas las provincias resultan verdaderas inconsecuencias teóricas y prácticas; porque si el sufragio es un derecho inherente a todo habitante, sólo alguna parte del total puede ejercerlo, y es en general la menor, puesto que las numerosas limitaciones que forzosamente deben establecerse, vienen a reducir a una mínima parte el número de sufragantes; resultando de aquí que no hay verdadera ni siquiera mediana representación, y que, siendo universal el sufragio, sólo pueden ejercerlo unos pocos en relación a la masa total.

Si sólo se atribuye ese derecho a la calidad de ciudadano, resultará que una gran mayoría de estos no pueden tampoco practicarlo, ya sea por la edad, ya por el sexo, ya por las profesiones, además de las otras incapacidades generales; de donde resulta siempre una mayoría inhábil para ejercer un derecho que correspondería a la totalidad de los ciudadanos, y que el principio de las mayorías viene a destruirse por su base, además de ser relativo en sí mismo.

Luego, estas inconsecuencias injustificables no tienen otro origen que la falsa noción del sufragio; porque si el pueblo es la totalidad de los habitantes, y sólo algunos de estos pueden ejercer el sufragio, no hay tal derecho en la totalidad, puesto que es nulo en sus manos; él existe en todos los habitantes, en principio, y los que pueden ejercerlo lo hacen sólo en virtud de un mandato tácito, que tiene su origen en la imposibilidad de la gran mayoría para practicar aquella función.

Por lo tanto, el sufragio es un acto ejercido por verdadero representantes del pueblo en virtud de su mandato; y los mandatarios en este caso son depositarios de toda la soberanía de aquél al objeto de elegir; luego, desempeñan una función pública, tácitamente delegada por el pueblo, y de ahí la gran importancia de rodear este acto de las mayores garantías, y de ahí también la facilidad de que los gobernantes, depositarios de la fuerza pública, y los partidos mismos, guarden todo el respeto que merecen los que llevan en sí la verdadera soberanía.

Cualquier noción en contrario, falsearía por su base todo sistema regular que quiera tener fundamentos rigurosamente científicos, y autorizaría,sin pensarlo, los abusos a que dá lugar el que se halla en práctica en toda la República con excepción de la Provincia de San Juan, única que ha adoptado este sistema. Del principio se deriva la ley, y la lógica por si sola bastaría para remediar un tanto los males enunciados, y para detener la acción de los malos gobernantes y de los malos ciudadanos que cop la fuerza los unos y con el fraude los otros, se ven tentados a abusar de sus facultades.

Tratándose de una de las reformas de más importancia que contiene esta Constitución, conviene no escasear los razonamientos para explicar y fundar el sistema; él es la base de la organización de los poderes; es, si se quiere, la fuente de la felicidad pública; conviene igualmente poner de manifiesto las llagas del cuerpo social para aplicarles un remedio, y la mayor de todas es, sin duda alguna, la criminal enagenación que se hace de ese derecho del voto. Pero ¿cómo impedir que se venda lo que por el sistema contrario al nuestro, es un derecho propio, como una cosa cualquiera?

Esto reflexiona Stuart-Mill cuando escribe: “Los que dicen que el sufragio no es un cargo, sino un derecho, seguramente no han examinado las consecuencias a que conduce su doctrina. Si el sufragio es un derecho, si pertenece al votante por sí mismo ¿cómo vituperarlo porque lo venda o porque lo emplee de modo que sea bien acogido por alguna persona a quien quiera agradar por algún motivo interesado?” (1).

En nuestras campañas, y aun en muchas ciudades, el voto es una mercadería, y el ganar una elección es cuestión de hacer mejor postura como en un remate. Esto es verdaderamente inmoral e indigno de un pueblo que tiene establecido en su Constitución un sistema representativo democrático. Luego, las leyes electorales dictadas en ejecución de constituciones que hacen del voto una propiedad, autorizan indirectamente ese tráfico de derechos políticos que corrompe nuestras prácticas y nuestras urnas.

Dice otro autor que ha estudiado especialmente esta materia: “sostener el sufragio como un derecho, es fomentar a aquellos que, en nombre de sus intereses particulares, hacen abstención completa de la cosa pública; es fomentar la creencia general en los egoístas, de que el voto es una propiedad exclusiva del que lo emite, sin que él esté subordinado a más regla que la de su propio criterio.

“El voto de un ciudadano no es una propiedad suya; es un elemento de Gobierno puesto en su mano por la colectividad, y cuya acción es necesario se ejerza en un momento dado, a fin de obtener la armonía del conjunto, como en una orquesta es necesario el sonido de todos los instrumentos a fin de obtener la melodía; es un depósito sagrado que el pueblo, en su capacidad universal, ha encomendado a un individuo aisladamente, para que haga uso de él en provecho de su familia, de 6U vecino, de su municipio, de su provincia, de su país entero.

“Si sostuviéramos que el sufragio es un derecho, no tendríamos motivo de quejarnos de los malos gobiernos en la democracia; y las tiranías estarían justificadas, porque ellas serían el resultado de la renuncia de ese derecho, hecha por la mayoría de los ciudadanos.

“No: el sufragio no puede reconocerse como un derecho, porque no puede admitirse que un ciudadano tenga la facultad de renunciarlo, desde el momento en que esa renuncia no le afecte exclusivamente.

“Si el voto fuera el ejercicio de un acto personal, cuyas consecuencias sólo han de ejercer influencia, individualmente, sobre aquel que lo practique, entonces comprendería la teoría que lo coloca en el número de los derechos; pero desde el momento en que el gobierno político y el gobierno municipal, es decir, el gobierno de la nación y el gobierno de la familia, nacen del ejercicio simultáneo del voto de todos los ciu-

(1) Del Gobierno representativo, Cap. X. dadanos, tiene que reconocerse que hay un vínculo solidario entre todos los individuos que ejercen el sufragio, que responsabiliza a cada uno ante todos, y a todos ante cada uno, por el modo como se haga uso de ese medio directo de gobierno, que se llama el voto” (1).

Por otra parte, siendo el sufragio un derecho personal, inherente a la calidad de ciudadano, no habría razón para rodearlo de garantía alguna especial, además de las garantías generales que se acuerdan en todas las constituciones, porque según esa teoría, no va interesado en su ejercicio el pueblo mismo como dueño de él; pero por la teoría que aquí se acepta, el derecho no es del elector, es del pueblo que le impone el deber de ejercerlo en su nombre y por su mandato; y en tal concepto, el elector asume una verdadera y efectiva responsabilidad, sin la que no se haría posible elección alguna.

- III. — La función del sufragio sería casi ineficaz si no existiera en su concepto la idea de una obligación perfecta, y como tal, sujeta a apremio por medio de una sanción penal. Por lo demás, esto parece tan evidente, que la sola enunciación basta para confirmarlo.

Es conocida la desidia y la negligencia que resultan de la poca ex periencia en el ejercicio de los deberes cívicos, que caracteriza a la gran mayoría de las poblaciones de la República; y más especialmente las de aquellas provincias que por su aislamiento de los grandes centros, por las distancias que las separan entre sí, por la influencia del temperamento y otros elementos exteriores, y por la ignorancia que es su consecuencia, han vivido siempre abandonadas a sí mismas, sin que hayan sido parte a levantarlas de ese estado ni las luchas civiles, ni el interés de lbs partidos, a los que, por lo general, siguen a ciegas.

Pero una vez que la autoridad local, por los medios que la ley designe, les exija el pago de la multa por el no ejercicio del sufragio, tratarán de averiguar la causa, por ese espíritu de resistencia que guía siempre al que va acumplir una pena, y entonces sabrán que han faltado a un deber, y que tendrán que desembolsar nuevamente su dinero a cada infracción cometida. Su interés les hará solícitos, y en los pueblos pobres, como en los ricos, y donde hay una autoridad enérgica que sabe hacerse obedecer, es él uno de los medios más eficaces de estimular la acción pública e individual, hasta que la educación, formando la conciencia de los deberes morales, viene a ser por sí misma la mejor regla de conducta.

El producido de todas estas multas se destina a formar el fondo escolar del municipio a que pertenezca el infractor, porque es justo que siendo el resultado de la ignorancia, en su sentido más general, él vaya a con-(1) Dr. L. V. Varela, La democracia práctica, Capítulo II.

tribuir a desarrollar la cultura, que tarde o temprano ha de suprimir todas las penas; hay, pues, verdadera justicia en retribuir con instrucción lo que se quitó por la ignorancia; y siendo, por otra parte, uno de los pensamientos más dominantes en esta Constitución el de la educación común, no se extrañará encontrar disposiciones iguales a la presente en varios otros artículos.

- IV. — El principio de la proporcionalidad en la representación pública es inherente a nuestro sistema de gobierno, y no sería posible ni daría resultado alguno cualquier otro sistema, como el de las agrupaciones, que no es compatible con la democracia, o el de la representación por departamentos o secciones sin hacer consideración al número de sus habitantes, lo que 6ería una forma grosera del federalismo.

Artículo 44

La ley que reglamente el ejercicio del sufragio será uniforme para toda la Provincia, y la dividirá en distritos electorales de tres mil habitantes o de una fracción que no baje de dos mil. Cada distrito elegirá un solo diputado a la Legislatura y un solo miembro a la Junta Electoral. En las ocasiones en que hayan vacantes de uno y otro cuerpo a la vez, las elecciones se practicarán en el mismo día y los nombres de los elegidos se consignarán en la misma boleta, de conformidad a lo prescripto en el artículo 53.

I. — Se ha tomado como base de la representación de cada uno de los elegidos, el número de tres mil habitantes o una fracción que no baje de dos mil, en primer lugar, porque convenía no disminuir el número de representantes que contiene la Cámara de Diputados, ni alterar en su base ya arraigada la práctica establecida con arreglo al primer censo de población; en segundo lugar, porque, siendo una proporción conveniente con relación a la cifra total, ésta ha de aumentar con un nuevo censo, y en ese caso, se verificará un aumento en la Cámara que se hace necesario a causa de la imposibilidad de establecer un Senado provincial. El aumento proporcional de los diputados vendrá hasta cierto punto a remediar la falta de aquél, mientras las condiciones generales de la Provincia no lo hagan posible.

En cuanto a los miembros de la Junta Electoral, ellos han sido disminuidos en el proyecto por las razones que se apuntan en seguida. La primera es que las varias y necesarias incompatibilidades que se establecen en la Constitución entre los funcionarios de las tres ramas del Gobierno, disminuyen notablemente el número de las personas que pueden hallarse en condiciones de ocupar los empleos públicos; se agregan las incompatibilidades propias del cargo de elector o miembro de la Junta Electoral, que son las mismas que las establecidas para los diputados.

En segundo lugar, no hay objeto verdaderamente práctico en duplicar el número de representantes tratándose de electores; porque si por tener que elegir Gobernador y Vice, se necesita reunir la mayor suma posible de votos en nombre de la voluntad popular, existe, por otra parte, la cualidad de jurado que le acuerda la Constitución para el conocimiento del juicio político, y que, en este concepto, se ha hecho necesario darle un carácter permanente; lo cual no sería posible con el número de miembros que hoy tiene la Junta, por la razón de que no podrán sus miembros costearse muy a menudo desde sus domicilios, generalmente muy apartados de la Capital; debiendo añadirse que el aumento de departamentos que se ha hecho por dos leyes en 1886, y el aumento en la cifra total de la población que resultará del nuevo censo, haría excesivo el número de miembros de la Junta, si hubiera de ser igual al duplo del total de diputados.

Además, el carácter de jurado que tiene la Junta exige que se pueda reunir un número completo, si es posible, de miembros más o menos ilustrados o preparados para el difícil cargo que deben desempeñar, al mismo tiempo que se hace necesario formarla de hombres independientes por su posición, por su carácter, por su educación, en la medida de lo posible, y estas son cualidades que no se encuentran en el mayor número.

II. — Este artículo contiene en su segundo inciso la fórmula que concreta el sistema electoral por lista singular que se ha adoptado en esta Constitución después de maduras reflexiones, y de un estudio detenido del sistema vigente y de la legislación de casi todos los países, y especialmente de los Estados Unidos, cuyas instituciones nos interesan muy de cerca.

El sistema electoral de la República para diputados al Congreso, como para electores de Presidente y Vice-Presidente, no es el que histórica ni lógicamente se desprende del artículo 37 de la Constitución Nacional; una vez adoptado el sistema constitucional de los Estados Unidos, los legisladores debieron en consecuencia establecer la elección directa por distritos que elijan un solo representante.

Se comprende que cuando se trata de elegir los senadores que representan el Estado o Provincia, se emplee el medio indirecto de la Legislatura, u otro cualquiera; pero tratándose de los diputados que representan al pueblo como conjunto de habitantes, no se concibe otro sistema que pueda ser más adecuado que éste, único de los conocidos hasta ahora y de los practicados por los Estados democráticos, que satisfaga las condiciones del gobierno esencialmente popular.

Pero si estas razones de interpretación no tuvieran suficiente fuerza probatoria, la tendrían seguramente las razones de moral política, las de asentimiento casi universal de las naciones modernas, al extremo de que el sistema actual que se acostumbra llamar de elección directa, ha quedado en desuso y condenado por la legislación constitucional, por la filosofía política, por la observación de los hechos, y porque “el sistema de lista plural o simple escrutinio de lista es solamente la forma primitiva de elección en todos los pueblos que recién se organizan”, y no es en manera alguna el que tenían en vista los autores del artículo 37 de la Constitución Nacional.

Así lo han comprendido ya algunos de nuestros jurisconsultos y hombres de Estado, y durante el gobierno de Sarmiento se presentó un proyecto de ley comentado y firmado por el Dr. Vélez Sársfield, y el Dr. Avellaneda recomendaba también al Congreso con abundancia de consideraciones la adopción del sistema de elección directa por lista singular. Después de haber fracasado en 1873 una nueva tentativa sostenida por el diputado Igarzabal, el mismo, como senador de 1883, obtuvo la casi unanimidad en el Senado para la sanción de tal idea. Se reproducen aquí algunos párrafos de su informe que servirán de comentario a esta parte del artículo, puesto que es perfectamente adaptable a la esfera provincial lo que en mayor escala se dice de las elecciones nacionales.

Comenzó por afirmar que tenemos un sistema en la Constitución y otro en la práctica. “Según éste, los ciudadanos en cada elección son obligados a votar desde las capitales de sus respectivas provincias, por una lista de candidatos que se les remite con toda clase de recomendaciones. Obligados he dicho, y es verdad, porque lo menos que se les dice es que en las demás secciones de la misma provincia hay el compromiso de votar por aquella lista; de manera que esos ciudadanos, en la imposibilidad material que nace del sistema de la lista plural para verificar si esto es o no cierto, en la imposibilidad de tener candidatos propios, se contentan con asistir a un verdadero simulacro de elección: simulacro, digo, porque aparecen como conscientes en lo que no lo son, en lo que no pueden ser, porque no conocen en el mayor número de casos, las personas de que se trata; y si las conocen, es para saber que no son las que preferirían si tuviesen acción eficaz.

“Este no es sistema de elección directa en ninguna parte. Puede decírseme: vote Vd. por fulano de tal que es un patriota, un individuo competente, que pertenece a nuestro partido y que nos ha de representar bien: podré yo acercarme a la mesa electoral y entregar una boleta que contenga el nombre de este individuo que no conozco, o que no es seguramente el que yo elegiría. Se llamará a esto elección directa por la materialidad del acto; pero privado yo, como elector, de acordar con mis convecinos lo concerniente a los intereses de mi localidad por defectos que nacen de la misma ley, privado de elegir la persona de mi predilección y de la de los ciudadanos del distrito con quienes pudiera ponerme de acuerdo, ese acto no es, no puede ser en realidad una elección directa.

“La elección directa es para poner en relación material, diré, a los electores con el elegido: deben aquéllos siquiera haberle visto la cara, reconocídolo en la lucha, haber recibido de él un programa cualquiera, en actos, de palabra o por escrito, o haber podido aceptar el candidato de que se trata, un programa o una exposición de las necesidades de aquella agrupación; y esto no es posible de ninguna manera en las circunscripciones sucursales de las capitales de Provincia, sino las agrupaciones autónomas, independientes, para la elección, de sugestiones ajenas al interés local.

“La elección directa no es para poner en relación simple los nombres de los electores con el de los elegidos, que en nuestro sistema actual es lo único que puede suceder, porque esa clase de relaciones no tienen resultados prácticos, ni a nada útil conducen. El objeto de la relación directa sin intermediarios de ninguna especie, es para que el elegido conozca las verdaderas necesidades o la voluntad de sus representados y pueda responder a ellas.

“De manera que tanto es indirecta una elección cuando es de segundo grado, como cuando, siendo de primero, los electores no conocen a los ciudadanos que eligen, sino por cartas de recomendación de las capitales de Provincia, por los trabajos de los clubs, o por noticias de los periódicos. Porque en estos casos, llámense cosas, personas o circunstancias, estos elementos son intermediarios entre los electores y los elegidos, que rebajan necesariamente el interés del votante y la responsabilidad del elegido. Entonces, digo, señor Presidente, una elección que siendo directa comprende una lista de muchos candidatos, que abarca un vasto territorio, una provincia o una gran masa de población, se melve indirecta, porque de hecho falsea los propósitos y las condiciones del voto directo.

“La verdad es que todos los ciudadanos que figuran como candidatos en una lista, no se pueden poner en comunicación con una Provincia entera, por la sencilla razón de que no pueden estar en todas y cada ina de sus partes, y a su vez, las diversas fracciones de esa Provincia, no pueden ponerse en comunicación con el todo de la lista; y si hubiéramos de continuar con este sistema, en estas condiciones, bien podía decirse que sería preferible que, así como en el sistema indirecto se de* lega en unos cuantos ciudadanos la facultad de elegir, esos ciudadanos de distritos distantes, imposibilitados de tener candidatos propios, delegarán en los comités centrales la facultad de hacer la designación de los diputados al Congreso; al menos, así habría al fin quien respondiese de una mala elección.

“De todo esto se deduce que el actual sistema es contrario al artículo 37 en su parte fundamental, que lo burla por completo y que es tiempo de reaccionar para establecer un sistema verdaderamente constitucional.

“El que quiere el fin quiere los medios, y la Constitución que ha establecido la elección directa para los diputados al Congreso, quiere el distrito, la elección unipersonal que estrecha el radio de las operaciones electorales, haciendo posible lo que he explicado antes, esas múltiples e indispensables relaciones entre los electores y los elegidos."

La objeción más práctica que se formula contra este sistema, es que él llevará a la Cámara popular los caudillos de barrio que tienen influencia directa sobre las muchedumbres locales, y que, por consiguiente, por salvarse de la presión que se condena en el sistema de lista múltiple, se cae en la tiranía de las demagogias; pero a esto puede responderse con el mismo discurso citado, diciendo que con uno u otro sistema, “los pueblos han de elegir siempre a las personas que tengan mayor influencia sobre ellos, en la época que se hacen las elecciones; y como Señor no es título infalible ni perpetuo para tener influencia, el ser doctor, el ser sabio, el ser viejo, el haber prestado grandes servicios al país, cuando a manos llenas se ha recibido la recompensa, mañana, como ahora, los pueblos elegirán a aquellos que tengan mayor influencia aunque no sean lumbreras; elegirán a esos que se llaman caudillos. Y eso no tiene nada de malo. Caudillo, en el sentido que puede llamarse ahora, no significa lo que en aquellas épocas en que no teníamos Constitución ni leyes, ni estábamos organizados, es decir, mandón, autoridad sin freno ni ley; no señor, caudillo significa ahora otra cosa: individuo que tiene gran influencia entre sus conciudadanos y cuya acción y opinión pesa en el espíritu de ellos,

“Y como la influencia es un don legítimo que se adquiere por servicios prestados en algún sentido, aun cuando no sea lumbrera, o porque se tiene talento para atraerse la voluntad de los demás, resultará que siempre tendremos elegidos individuos que no sean lumbreras, pero que son dignos de estar sentados en las cámaras del Congreso Argentino:

“...El hombre importante que no tenga influencia ni sobre un triste caudillo de barrio para que no sólo no le estorbe, sino para que le ayude a venir al Congreso, es hombre al cual lo ha abandonado completamente el favor de la opinión pública, y entonces es justo decir y declarar que no merece estar sentado en el Congreso, porque no se está en él por ser sabio, doctor, o porque se hayan prestado grandes servicios al país, sino por el favor de esa opinión.

“Sucederá o no sucederá esto, pero en último caso ¿qué tendremos? ¿Que vendrán los estancieros, los agricultores, los comerciantes, en fin, aquellos a los cuales el país debe su vida, su progreso y los sesenta millones de pesos que exporta al extranjero, probando con eso que son dignos de sentarse en las bancas del Congreso y que son capaces de legislar, puesto que son capaces de enriquecer al país?... Vendrán, pues, los tipógrafos, los leñadores, los sastres, que serán tan humildes al salir a su nueva escena, como en igual caso se encontraron Franklin, Lincoln y Thompson, y que podrán llegar, mediante estímulos, a donde esos grandes hombres llegaron. Vendrán, pues, las mediocridades. ¡Cómo ha de ser! Tendremos un Congreso de mediocridades, pero que será al fin lo que quiere la Constitución, es decir, un Congreso, expresión fiel de la voluntad del país; y yo digo que siendo así, no será inferior a ninguno de los Congresos que ha tenido la República. Será como la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la cual el Sr. Florentino González, en sus Lecciones de Derecho Constitucional, citando a Grimke, dice que éste “observa con mucha razón que todas las grandes mejoras hechas en muchos de los Estados, han sido decretadas por legislaturas compuestas de labradores y fabricantes, y no por personas elegidas y brillantes por su cultura: lo que prueba la competencia de tales hombres para reglar sus intereses”.

Otra de las ventajas indudables del sistema que se ha adoptado, sobre todo para provincias como la Rioja, donde tan poco difundido se encuentra el conocimiento y la importancia de la función del sufragio y de la representación, es el ser en alto grado civilizador; porque comprendiendo las poblaciones más pobres de la campaña que tienen derecho a enviar a la Cámara o a la Junta Electoral un individuo que les pertenezca, que vive con ellos, que goza y sufre con ellos en una existencia común, se interesarán vivamente para que su localidad obtenga mayores betíeficios, y aguijoneados por este interés, sabrán rechazar las sugestiones extrañas que, por lo general, no van inspiradas sino en el bien de más altas personalidades, que no han sentido el dolor de los males íntimos que permanecen siempre en acción, mientras alguien no se cuide de remediarlos.

Entonces obrarán por sí mismos, se formarán partidos locales por el interés puramente local, “los partidos organizarán allí clubs, llevarán imprentas, fundarán diarios, circularán libros; en una palabra, tendrán que establecer en las regiones más apartadas de las capitales de provincia, todos los medios conocidos de propaganda electoral, y esto contribuirá indudablemente a levantar el nivel moral de los ciudadanos y a darles la conciencia de la alta y delicada misión que son llamados a desempeñar en cada elección.

“Es indudable que por este sistema, las capitales podrán elegir, sin temor de que una mayoría numérica de las campañas venga a ahogar sus votos, y que las campañas se entregarán completamente tranquilas a los trabajos electorales sin temor de sugestiones y manejos ilegítimos de las capitales de Provincia.” De este modo únicamente se verá realizarse la representación de todos los gremios, que son todas las fuentes de la riqueza pública; se verificará, con unos cuantos años de observacia regular del sistema, la fusión de todos los elementos de cultura, de trabajo, de actividad que componen la comunidad; la Cámara popular será la expresión genuina de las necesidades públicas, y la Junta Electoral la manifestación propia de la voluntad general de los habitantes.

Pero estudiando la cuestión con un criterio más político que jurídico, es cuando resalta más la excelencia del sistema; en efecto, con él se hace posible que las minorías vencidas eviten el peligroso y dañino medio de las abstenciones sistemadas, que son la muerte del espíritu público; y replegándose en un distrito o en varios, conseguirán enviar su representación al Poder Legislativo o a la Junta, y en cierto modo, las minorías legales tienen más probabilidades de obtener una representación al lado de las mayorías: resultado imposible de alcanzar con el sistema de la lista múltiple, como se sabe hasta la evidencia. Será, como lo decía el doctor Avellaneda en la discusión del proyecto mencionado, el único camino para llegar a la representación de todos los partidos políticos en el seno de las cámaras (1).

Una prueba de gran fuerza en favor del sistema de lista unipersonal, es la aceptación y la práctica de gran parte de las naciones modernas, para la formación de las cámaras populares. Los Estados Unidos, después de largas y fecundas discusiones lo adoptaron como consecuencia lógica de la Constitución Federal, y lo mismo los diversos Estados de la Unión para su régimen local, con muy pocas excepciones; la República de Francia practicó algún tiempo este sistema, y ha sido el mejor período de su historia constitucional; el Imperio de Alemania mantiene el mismo sistema para la formación del Reichstag (2) ; en Inglaterra se practican los dos sistemas según el número de diputados que se atribuye a cada condado o burgo; la Cámara popular de Suecia se forma por elección uninominal contando cada circunscripción 40.000 habitantes (en 1878); la Dinamarca se halla dividida en 102 circunscripciones

- (1)  Véase el Diario de Sesiones del Senado Nacional, año 1883, págs. 255 y sigs.

- (2)  C. Morhain, De l’Empire Allemand, sa Constitution et son administration, 1886, pág. 24.

de 16.000 almas eligiendo cada una un diputado (1); y por último el mismo sistema rige en el Imperio del Brasil, considerado con razón, hoy día, como una de las más adelantadas monarquías constitucionales.

Artículo 45

Para toda elección popular servirá de base el registro de cada distrito que se abrirá todos los años a objeto de continuarlo, y de que, publicado íntegro, se hagan en él las modificaciones a que dé lugar la pérdida del carácter de sufragante por las causas enumeradas en esta Constitución. El registro será formado por comisiones de tres personas designadas por la Municipalidad de entre los mayores contribuyentes por su orden. Estos cargos son obligatorios bajo multa o prisión que señalará la ley.

I. — Este artículo contiene una innovación sobre los sistemas practicados hasta hoy tanto para las elecciones nacionales, como para las de carácter provincial. En efecto, no existe una razón suficiente para fundar y mantener el vigente; porque habiéndose inscripto un ciudadano en el registro de su localidad a la edad de 17 años, ha adquirido la calidad de sufragante, que no pierde sino por alguna de las incapacidades que se enuncian en el artículo 50; la renovación del registro no tiene otro objeto que dar entrada a los que en el intervalo de una a otra inscripción, se han hecho capaces de ser sufragantes, llevando nuevos elementos a la función electoral; los que ya estaban inscriptos en el paríodo anterior tienen que repetir el acto, y estos son la mayor parte, causándoles así las mayores molestias, sobre todo en las poblaciones como las de la campaña, tan distantes y difíciles de comunicar con la que sirve de asiento a la mesa.

Está probado que estas continuas emigraciones de gentes que necesitan contraerse el mayor tiempo posible a sus trabajos diarios, son perniciosas a los intereses rurales; y por el sistema actual resulta que deben hacer viajes tanto más frecuentes, cuanto que no tienen seguridad de ser inscriptos el día en que ellos lo solicitan; deben, pues, volver el domingo siguiente, y además, el día de la elección.

Pero por el sistema adoptado se obtienen las siguientes ventajas: l^9 Se evitan esas interrupciones peligrosas para los intereses de cada

(1) Demonbynes, Constitutions européennes, tomo I, págs. 20, 110 y 204.

elector, y por consiguiente, para los de la localidad a que pertenece, si no tiene allí mismo una mesa inscriptora; 2’ Se obliga a los ya inscriptos a conservar y a velar porque su título de sufragantes no se pierda, estimulado por la multa que fija el artículo 43, si no concurre a votar; 3* Se facilita la operación del registro por cuanto disminuye el número de los inscriptos debiendo hacerlo sólo aquellos que entre una y otra inscripción, llegaren a la edad requerida o adquiriesen por cualquier otro modo la calidad de sufragantes; 4* Se estimulará el celo de los partidos para velar porque todos los inscriptos concurran a votar contribuyendo de esta manera a mantener viva la conciencia del deber del sufragio. Por lo demás, publicándose todos los años, da lugar a que los interesados observen continuamente la marcha de la población electoral, que se produzcan las tachas a que dé lugar la pérdida del carácter de sufragante por las causas del artículo 50 y otras, como el cambio de domicilio, la muerte, etc.; cosas que son del resorte de los partidos, y que sin el interés de éstos, tienen tanta importancia en uno como en otro sistema.

II. — Como forzosamente debe haber en cada localidad, asiento de un distrito electoral, una de las formas de municipalidades que se establecen en esta Constitución, se ha creído más conveniente atribuir a estos cuerpos la designación de las personas que han de formar las mesas. Ellas están en mejores condiciones que el Poder Ejecutivo para hacerlo, porque se hallan en contacto directo con todos los hombres del distrito, y pueden conocer mejor si reúnen o no los requisitos legales que exige la Constitución, y porque de este modo se atribuye a las municipalidades una función que les corresponde por la índole de nuestras instituciones, y que la tiene en casi todos los pueblos que practican el gobierno municipal.

El cargo de inscriptor, siendo como lo es, un cargo público, debe hacerse perfectamente obligatorio y penarse la omisión, a fin de estimularlo al cumplimiento de un deber que, por su naturaleza, es ineludible. De otro modo, toda prescripción relativa a elecciones sería inútil y no tendría fuerza ejecutiva; y con mayor razón debe penarse, cuanto que el cargo público de elector o sufragante es también obligatorio bajo pena de multa.

Por lo tanto, el propósito general de la Constitución debe ser el siguiente: considerar la elección y todos los actos que concurran a realizarla, como un deber o una función pública impuesta por el pueblo; y esto no puede concebirse sin una sanción penal que sirva de garantía para su cumplimiento.

Artículo 46

Las mesas receptoras de votos se formarán de tres personas sacadas a la suerte por la Municipalidad, del registro de escrutadores formado por todos aquellos ciudadanos que siendo del distrito, y sabiendo leer y escribir, soliciten de la mesa inscriptora el ser inscriptos en él. Dicho registro se formará y se continuará en libro aparte, al mismo tiempo que el registro cívico, y se publicará y admitirán las tachas a que hubiere lugar. El cargo de escrutador es obligatorio, bajo pena de prisión o multa que señalará la ley, como a los ins-criptores. Las multas serán a favor de las escuelas del distrito.

Este artículo establece un registro especial de escrutadores, que se llevará en la misma forma y al mismo tiempo que el de sufragantes^ Estos, al ir a inscribirse, solicitarán de la mesa inscriptora el ser inscriptos en aquél, de manera que pueda sortearse de entre ellos los que han de presidir la votación; y aquí también se da a la Municipalidad la atribución de designarlos. La mayor imparcialidad presidirá a la formación de las mesas, requisito absolutamente indispensable para la votación.

Al concluirse el término legal de la inscripción, este registro, como el de sufragantes, será publicado a objeto de producir las tachas a que dé lugar la falta de capacidad por cualquiera de las causas del artículo 50 en los inscriptos, para lo cual concurren en los últimos las mismas cualidades que en los primeros.

El cargo, como el de inscriptor, es obligatorio bajo una pena, con más razón que en el otro caso, puesto que se trata del acto mismo de la elección, tanto más sagrado e ineludible cuanto que, por la Constitución misma, aquella no puede postergarse sin traer gravísimas perturbaciones fáciles de comprender.

Artículo 47

Los sufragantes son inviolables e independientes en el ejercicio de sus funciones; no podrán ser arrestados mientras van a las elecciones o regresan de ellas, salvo el caso in fra* ganti en la ejecución de algún delito; no podrán ser obligados a prestar, desde diez días antes de la elección hasta diez días después, servicio militar alguno, excepto en tiempo de guerra o de peligro inminente y grave para el orden público; en cuyo caso, si se hallasen reunidos, deberán ser licenciados por partes a objeto de que voten en completa libertad.

Como se dice al hablar del artículo 43, si el sufragio no fuera una carga pública, y si no fuera un ejercicio pleno de la soberanía popular con el objeto de formar el gobierno, no serían necesarias las garantías que se establecen para su libre realización; entonces cada elector, ejercitando un derecho, sólo se hallaría bajo el amparo de las garantías generales a todos los derechos; pero siendo una función pública, la más principal y esencial de todas, como que se trata de la organización de los poderes que han de gobernar la sociedad, se hacen necesarias garantías especiales, las que son del resorte de la Constitución.

En efecto, nadie como el que va a ejercer un acto eminentemente soberano, que reúne la plenitud de facultades del pueblo, tiene más derecho y necesidad de rodearse de todas aquellas inmunidades que le pongan a cubierto contra las acechanzas del fraude y de la corrupción; y como la base más esencial de la inmunidad constitucional es la soberanía, al elector, —verdadero representante del pueblo,— le corresponde de hecho y de derecho, desde el momento en que, por la Constitución misma, ha adquirido el carácter de sufragante.

En la práctica estas inmunidades se traducen en ciertos privilegios temporales, como el de no ser arrestado durante el tiempo necesario para concurrir a la urna y regresar de ella, y el de no prestar servicio militar en igual tiempo. Pero no sucede lo mismo cuando en el caso previsto por las constituciones Nacional y de la Provincia, ésta se hallase movilizada por causa de guerra o de peligro inminente del orden público, porque entonces el pueblo mismo es el que se encuentra armado para defender la integridad de su territorio o del de la Nación; y entonces se permite una especie de paréntesis al servicio militar, pero sólo al objeto de ir a votar; bien entendido que la autoridad militar en este caso, no tiene facultad alguna sobre sus inferiores, y por tanto, para ejercer presión sobre ellos; y la ley debe ser rigurosa en la reglamentación de las responsabilidades establecidas en la Constitución para los contraventores.

No es posible de otro modo conciliar la fatalidad de los términos en los que deben practicarse las elecciones, con el otro principio general y más sagrado de no suspender en momento alguno el ejercicio de la Constitución en todas y cada una de sus partes; lo contrario habría sido como autorizar al gobierno o al pueblo para dejar sin efecto la misma Constitución Nacional, y para que en un momento de extravío político pudiera prolongar el período de las autoridades, bajo pretexto de que no pudo haber elección el día designado por la ley; y tan importante es esta garantía, que ha debido consignarse con algún detalle, como se verá en los artículos siguientes. En ellos se trata de asegurar la libertad y la independencia personales del sufragante, imponiendo fuertes penas a los que violen la Constitución con respecto al acto electoral.

Artículo 48

Se prohíbe absolutamente a las autoridades provinciales, de cualquiera categoría que sean, toda ingerencia directa o indirecta en las elecciones, salvo las medidas de orden que especificará la ley. Los jefes políticos o comisarios, los jefes de guardia nacional, jueces de paz, presidentes de municipalidades y curas párrocos, no podrán hacer manifestación alguna de adhesión a ningún candidato, ni menos llamamientos, ni citaciones para conducir a los sufragantes a votar. Los contraventores quedarán privados del ejercicio del sufragio, y de obtener empleos de honor o lucrativos, por el término que la ley determine.

Este artículo es en cierto modo la realización práctica de los principios establecidos en el anterior; abraza todos los puntos que tienen relación con la independencia del elector y con la pureza del sufragio. Se ha tenido en cuenta los antecedentes políticos propios de nuestra vida institucional, los vicios que la experiencia ha puesto de manifiesto en las luchas electorales; y se pone así un freno a todos aquellos que por el carácter público que invisten, se hallan en condiciones de ejercer presión sobre los individuos sujetos a su obediencia, dirección, jurisdicción o disciplina.

A los infractores se les impone una multa proporcional, derivada de la misma naturaleza del delito; y a los que abusando de su autoridad o cargo público han violado las reglas constitucionales que se refieren al ejercicio del sufragio, se les despoja de la investidura o cargo que dió lugar al delito. Así, es el pueblo mismo quien castiga con la privación de la más sagrada y elevada de las funciones constitucionales, a los que intentaren destruir la soberanía de que emanan sus propios poderes y atribuciones.

Artículo 49

Todo ciudadano argentino domiciliado en la Provincia y soldado de la Guardia Nacional, con la excepción del artículo 21 de la Constitución Nacional, es sufragante, si está inscripto en el registo cívico. El domicilio, para los efectos de este artículo, lo constituirá una residencia continua de tres meses antes de la inscripción. Los sufragantes tienen derecho para formar comités electorales, y convocar a reuniones pública y libremente, con tal de que no pongan en peligro el orden y la tranquilidad de la elección ni de la Provincia. No podrán concurrir armados a dichas reuniones, ni a la mesa electoral.

Se toma como base para el ejercicio del sufragio, la edad en que el ciudadano entra a actuar en la vida política, y en que está llamado a defender con las armas la Constitución y las leyes. No hay razón para establecer otra edad, tanto más cuanto que entonces el ciudadano es llamado a garantir la existencia colectiva, y porque si se le exige un servicio de sangre en bien de la comunidad, justo es que se le recompense con la facultad de ejercer la función del sufragio, que es, a su turno, un contingente de inteligencia y de libertad; y más que todo, es necesario fijar un término definitivo desde el cual el ciudadano comienza a ser elemento activo de gobierno, como de fuerza, y por una justa compensación, debe ser uno mismo para ambos casos.

Los demás incisos contienen reglas que, aunque de suma necesidad y esenciales para toda buena legislación electoral, ellas no necesitan comentarios, por ser demasiado conocidas.

Artículo 50

No podrán figurar en los registros de sufragantes y de escrutadores: l^9 Los afectados de incapacidad física o mental; 2^9 Los que por sentencia hayan sido declarados incapaces de desempeñar empleos o funciones públicas; 3^9 Los deudores morosos a la Provincia o a la Nación; 4^9 Los quebrados fraudulentos declarados por sentencia; 5^9 Los inviduos de tropa de línea o de policía; 6^9 Los eclesiásticos regulares.

Los que estando afectados por alguna de estas incapacidades se inscribieran, serán borrados a petición de cualquiera que pruebe una de ellas; pero una vez cerrado el período de las tachas, no podrán hacerse hasta el año siguiente.

Este artículo que, en suma, no es más que el 22 de la Constitución de 1865, con variaciones de forma, establece los requisitos o cualidades que concurren a dar el carácter de sufragante y de miembro de las mesas receptoras de votos; y si se ban suprimido las palabras ni elegibles, es porque al tratar de los diputados y electores, —miembros de la Junta Electoral—, se han establecido con mayor precisión y método' los requisitos constitucionales que deben llenar.

Artículo 51

Las mesas calificadoras y las receptoras de votos tienen autoridad plena y exclusiva para mantener el orden en todo lo relativo a sus funciones, y podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para arrestar a los delincuentes hasta que termine el acto. Pueden además tomar y mandar ejecutar las medidas que tiendan a garantir la pureza y regularidad del sufragio. Ninguna autoridad civil o militar no llamada por las mesas en su auxilio, podrá hallarse presente en el acto de la elección, bajo las penas establecidas en el artículo 48.

Este artículo, si bien no existe en la Constitución actual, como los demás de este capítulo, no es más que la sanción de lo que la práctica y la ciencia electoral ban establecido como más perfecto. Estas reglas se derivan lógicamente de la naturaleza del acto; y no es menester entrar a demostrar sus fundamentos, siendo, por lo demás, un axioma que el que está encargado de una función cualquiera, debe tener a su disposición los medios de realizarla, bien entendido, que sujetos a la ley que la reglamente.

Artículo 52

Las elecciones se practicarán en un solo día en todos los distritos que deban elegir; tendrán lugar por el mandato de la ley, y por el derecho perfecto de los representantes del pueblo para reunirse y votar, sin que se requiera convocatoria. Para las elecciones extraordinarias la convocatoria será hecha quince días antes; pero en caso de no realizarse éstas o las anteriores, por cualquier causa, los electores quedarán convocados por sí solos, para quince días después. La convocatoria es extensiva a los que forman las mesas, que deberán concurrir, sin trámite alguno, a desempeñar sus funciones.

I. — La segunda parte del inciso primero envuelve una innovación esencial sobre la mayor parte de las constituciones argentinas. La ley designa los términos y las épocas en los cuales ha de practicarse la renovación de los poderes públicos, porque así lo exige la ordenación del derecho; ahí está el mandato de la ley. Pero para que la ley se cumpla, no es absolutamente necesario que los individuos llamados a cumplirla sean convocados por nadie, puesto que es un derecho propio que debe ejercerse por iniciativa propia, mucho más cuando se trata de un acto eminentemente popular e independiente de todos los poderes del gobierno.

No es lógico ni racional, que tratándose de crear un poder, tenga el que termina facultad de intervenir en la formación del siguiente, ni que tratándose de formar una Cámara de Representantes se ingiera en ello el Poder Ejecutivo, siendo por completo separada la existencia de una y otro; ni que poder alguno tenga tutela sobre el pueblo para indicarle que debe ir a votar cuando por una ley obligatoria para todos sabe que tiene el deber de hacerlo.

Por medio de esta prescindencia de la voluntad iniciadora del pueblo, es que se fomenta la apatía de los partidos y de los individuos mismos, quienes con la confianza de ser advertidos a tiempo de que deben cumplir con ese deber, se dejan llevar de su natural indolencia para los negocios públicos, originándose de aquí ese decaimiento mortal, en lo que se refiere a la cosa pública que suele ser síntoma evidente de la pobreza moral de las democracias; de ahí esas continuas abstenciones de una gran parte de sufragantes que hacen del gobierno de las mayorías una verdad puramente ideal, cuando en la práctica es una minoría escasa la que gobierna.

Y este resultado es inevitable cuando concentramos en manos ajenas al pueblo los resortes que sólo a él se relacionan; cuando por el sistema vigente, los electores no se cuidan de asistir a la urna, si no van apremiados por medio de la autoridad o del interés de los partidos.

Nuestra fórmula, derivada estrictamente de la naturaleza del gobierno democrático, viene a proponer una reacción en los hábitos electorales, en el sentido de formar en cada elector la conciencia de un deber cívico permanente, que debe cumplir por sí solo en el día que la ley lo manda; y para que esta disposición no quede burlada por la indiferencia o por la abstención sistemada, se hace del sufragio un deber perfecto exigible por medio de apremio pecuniario.

Las abstenciones son el cáncer de los pueblos democráticos; ellas producen los despotismos, porque dejan el triunfo a las minorías consciente o inconscientemente; son el origen de la decadencia política de los Estados, porque comienzan introduciendo la indiferencia en cada uno de sus individuos hacia lo que se refiere al Gobierno y al manejo de los negocios públicos. Ese es, por lo tanto, un mal gravísimo que debe corregirse por medio de una enérgica aplicación de los principios contenidos en todo este capítulo y en este artículo especialmente, siendo uno de los más importantes la imposición de una multa a toda omisión del voto, y haciendo al mismo tiempo que los electores concurran por sí solos a cumplir con esa función pública, sin que ningún poder extraño le indique el momento en que debe hacerlo.

II. — El último párrafo no tiene dificultad alguna, una vez admitido el anterior; porque si el pueblo tiene iniciativa propia para cumplir el mandato de la ley, es lógico que los miembros de la mesa la tengan igualmente, como parte indispensable para la verificación del acto. La ley establecerá las formas en que debe practicarse la elección, y por lo tanto, la manera cómo los miembros de la mesa han de tomar posesión del cargo y proceder a desempeñarlo.

Artículo 53

Las elecciones durarán seis horas; pero la ley puede aumentar este término para que no se verifiquen con precipitación ni tumulto. El voto será personal y no podrá darse por intermedio de otra persona; será secreto, en boletas de papel blanco, y se depositará en la urna doblado de modo que no se pueda leer su contenido, no debiendo llevar otra inscripción que el nombre de la persona por quien se vota. Después de comenzada una votación, ninguna autoridad podrá suspender la elección, a no ser la mesa misma, en el sólo caso de peligrar la vida de sus miembros, o la privación de su libertad y medios para garantir la votación.

Los primeros incisos de este artículo contienen las formas en que debe emitirse el voto. Las que establece esta Constitución, —que son las practicadas en casi todos los pueblos que tienen nuestras mismas instituciones,— son las más perfectas en cuanto tienden a hacer del sufragio una verdad, por medio de las garantías de independencia y libertad que ellas consignan.

Una elección comenzada no puede suspenderse sin gravísimo peligro para la existencia constitucional de la Provincia, y tal medida importaría suprimir de un golpe la mayor y más sagrada función de un pueblo libre, aquella por la que elige los poderes que han de ejercer el gobierno y depositar la parte delegada de la soberanía popular. Es durante ese acto que los partidos, y el pueblo por sí mismo, deben verter la sangre que inútilmente prodigan en ocasiones estériles, cuando ya por 6U propia prescindencia o abstención hubiesen dejado entronizarse una mayoría, o una fracción audaz o abusiva que debería el triunfo al no ejercicio del sufragio por parte de otras menos solícitas de sus derechos, o vencidas por la fuerza pública o de los partidos armados.

Los miembros de las mesas, llevando la teoría al extremo, deberían sacrificar su vida en aquel momento cuando no tuvieran otro camino ante la sedición; pero no pudiéndose en justicia exigir tal cosa de los ciudadanos, se ha establecido la excepción en que peligre evidentemente su vida o su libertad para llevar a cabo la votación.

Una disposición como ésta, tiene, por desgracia, una filiación histórica en nuestras luchas electorales, en las que se ha visto muchas veces armarse los partidos populares, vencidos en el número, o inutilizados por el fraude, para tomar por asalto las mesas; y es en este caso que se necesita la excepción establecida en el último inciso para salvar la vida y la libertad de los miembros que la componen, derechos que la Constitución ni ley alguna pueden quitar a los que se rigen por sus mandamientos.

El dar la facultad de suspender la elección al Poder Ejecutivo o al Legislativo, importaría destruir en su base todos los principios que forman el sistema electoral, e impedir que se realizara la función constitucional que da origen a todos los poderes del gobierno; facultad que por derecho y en estricta lógica, no puede corresponder sino al pueblo mismo, único que elige, y por tanto, único juez para juzgar del caso en que la suspensión sea necesaria.

Fuera de estas razones puramente teóricas, existe el gran peligro de dejar en manos del Poder Ejecutivo o de una Legislatura apasionada la suerte de la elección, que, según el éxito más o menos previsto, pudiera conducirlos a tomar sin verdadera necesidad aquella medida que redundaría en beneficio de los candidatos que uno u otro poder prestigiara.

Artículo 54

Cumplido el término de la votación, se declarará cerrada y se comenzará el escrutinio públicamente y en alta voz, debiendo quedar terminado en el mismo acto, y consignarse el resultado en una acta que firmarán los miembros de la mesa y todos los que quieran hacerlo. No se contarán los votos que no estuviesen en las condiciones del artículo anterior. La mesa deberá dar a los que lo soliciten, un certificado del resultado. Toda elección se decidirá a simple mayoría, pero la incapacidad de la persona que la hubiese obtenido, sobrevi-niente a su elección, o ignorada en el momento de ésta, no dará el triunfo a otros candidatos.

La regla contenida en el último párrafo es una declaración expresa en la Constitución de la Provincia, deducida de los términos y del sistema que domina en toda la Constitución Nacional, y aunque a primera vista parece no tener importancia alguna por ser casi axiomática, dado el sistema de las mayorías, ha sido conveniente expresarla, como muchas otras, tanto porque se quería dejar consignados en la Constitución todos los principios de un código de esta naturaleza, haciéndolo lo más completo posible, cuanto porque, de este modo, los partidos serán más vigilantes respecto de la capacidad de las personas que van a desempeñar los puestos del gobierno; y así, en cualquier momento en que se descubra una incapacidad será denunciada al poder competente para anular la elección.

Pero una vez anulada, ninguno de los otros candidatos que hubiese obtenido el mayor número inmediatamente inferior, podría tener derecho al triunfo, puesto que no habría obtenido el voto del mayor número de electores, y porque en ese caso quedaría el voto de la mayoría completamente anulado. Tendría que procederse a nueva elección conforme a la Constitución y a los términos establecidos en la ley de la materia.

PARTE SEGUNDA

CAPITULO III

PODER LEGISLATIVO

SECCION I.

DE SU COMPOSICIÓN. — SANCION DE LAS LEYES

Artículo 55

El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados, elegidos directamente por los electores populares calificados, en la proporción de uno por cada tres mil habitantes o de una fracción que no baje de dos mil: cada proporción o fracción elegirá un solo diputado, independientemente de las demás. Mientras se practica el censo y la ley hace la distribución que corresponda, la Cámara se compondrá de tres diputados por la Capital, dos por Chilecito y uno por cada uno de los demás Departamentos, elegidos todos por listas de a un solo diputado, a cuyo efecto la Capital se dividirá en tres secciones y Chilecito en dos.

La necesidad de que el Poder Legislativo sea ejercido por dos cámaras ya no se discute en ninguna parte; pero hay casos como el de la Rioja, en que la dificultad de conseguir el personal necesario, es superior, y lo hace imposible. Por lo demás, comentando el artículo 44, se ha explicado cómo a la escasez de hombres, se agrega la necesidad de mayor número de personas aptas que reclaman otros principios más fundamentales de esta Constitución, como la división, o separación de poderes, etc.; por lo que se verá que no es razonable pensar en un

Senado, tanto más cuanto que para mayor garantía sobre el sistema actual, la Legislatura con diputados elegidos por cada tres mil habitantes aumentará considerablemente, y con ello el contrapeso que puede haber faltado a muchas de las resoluciones de la Cámara única.

El artículo en su segunda parte establece lo que debe hacerse hasta que se practique el censo, a fin de no demorar la ejecución de la Constitución. En lo provisorio, como en lo definitivo, la elección será siempre unipersonal, por razones que se han detallado en el comentario del artículo 44.

Artículo 56

Los diputados durarán tres años, y serán reelegibles indefinidamente, pero la Cámara se renovará por terceras partes cada año; a cuyo efecto, luego que se instale la primera vez, se sortearán los que deban ser reemplazados en el primero y segundo año. Cuando se apruebe el censo, se hará una renovación total de la Cámara, practicándose después de instalada, un nuevo sorteo, para continuar en lo sucesivo como lo dispone el inciso anterior; pero la renovación total no podrá acercarse menos de seis meses a ninguna elección de Gobernador. Las vacantes que ocurran después de seis meses antes de la renovación anual, no se proveerán hasta dicha renovación.

La duración por tres años es para conciliar la renovación por terceras partes cada año, con cierta estabilidad necesaria para dar independencia, y versación en el desempeño de las funciones. La renovación por terceras partes es tanto más necesaria, desde que no hay Senado, porque hace más tranquila la reorganización anual de la Legislatura, y para que en todo caso tenga quorum, y con ello se salven las mil dificultades que frecuentemente aparecen en la vida política de los poderes públicos, y en las agitaciones y pasiones que ella promueve, produciendo muchas veces la acefalía del Poder Legislativo. Con este sistema de tres años, se aleja la posibilidad de que eso suceda, y se establece un período razonable a fin de que el servicio público tenga su mejora en la mayor práctica de los legisladores.

Ningún pueblo que por escasez de hombres se vea en el caso de tener un poder legislativo de una sola Cámara, debe dejar de establecerla en condiciones que la garantan, en cuanto es posible, contra precipitación o turbulencias en su organización, y contra el peligro de una acefalía que es lo que ensancha indebidamente las facultades del Poder Ejecutivo.

La designación de los términos para las elecciones, tiene por objeto no hacer coincidir en una misma época, las elecciones de los dos poderes, a fin de que si es posible, la acción de un mismo partido político, no impere en la formación de ellos.

Artículo 57

Para ser diputado se necesita ser ciudadano argentino de origen nacional o naturalizado, mayor de edad y domiciliado en la Provincia con dos años de residencia; sin embargo, no podrán ser elegidos, los empleados a sueldo de la Provincia, salvo los que enseñen en colegios y escuelas; los jefes políticos y militares por el Departamento de su mando; los eclesiásticos regulares, los enjuiciados, los condenados por delito que merezca pena corporal que exceda de un año; los quebrados fraudulentos y los deudores morosos al fisco.

Las condiciones exigidas para ser diputado son las comunes, y algunas otras necesarias para garantir la libre elección, como por ejemplo, la prohibición de que sean elegidos por el Departamento o sección de su mando los jefes políticos y militares, que pueden abusar de su posición; o para consultar la dignidad del cuerpo, como la prohibición sobre los quebrados, sentenciados y deudores morosos; o para asegurar la independencia en las funciones, como la prohibición de elegir eclesiásticos regulares, empleados a sueldo de los otros poderes, salvándose los que enseñen en colegios o escuelas, entre los qué no se comprenden el Superintendente o Director de educación, y todos los empleados a sueldo de la administración de dichos colegios o escuelas.

Es consecuencia de los preceptos anteriores el que no puede haber ningún diputado que alegue causas sobrevinientes que no le afecten su carácter por ser posteriores a su elección, y así deberá cesar y ser reemplazado llegado alguno de los casos previstos.

Artículo 58

La Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el l^9 de junio hasta el 30 de setiembre, pudiendo prorrogarlas por sí sola hasta sesenta días más. El Poder Ejecutivo puede también prorrogarla o convocarla a sesiones extraordinarias, cuando algún grave asunto de interés público o de progreso lo reclame. Igualmente puede convocarla su presidente, cuando lo requieran por escrito cinco de sus miembros, y por si solo cuando se trate de las inmunidades de los diputados. En los casos de prórroga o de sesiones extraordinarias, no podrá ocuparse sino de los asuntos que motiven la convocatoria para aprobarlos o rechazarlos.

La prórroga que la Legislatura puede hacer por sí misma, es una necesidad para defender a veces a la Provincia contra planes ilegítimos del Poder Ejecutivo. La convocatoria a sesiones extraordinarias, a solicitud de cinco de sus miembros, está en el mismo caso, y tiene por objeto prevenir males que el Poder Ejecutivo puede causar. Estas facultades son un contrapeso a este Poder, desde que no se usará de ellas sino cuando él no quiera prorrogar las sesiones o convocar extraordinariamente.

Pero en prórroga como en sesiones extraordinarias, la acción de la Legislatura no es ilimitada dentro de sus atribuciones como en las sesiones ordinarias, sino que está restringida a los asuntos que motiven la convocatoria, los cuales deben leerse en la primera sesión, tomando en ella la nota correspondiente.

La limitación en el tiempo de sesiones de prórroga y en los asuntos a tratar, tiene por objeto dar descanso al Poder Ejecutivo en sus relaciones con el Poder Legislativo, relaciones que si llamaran su atención todo el año, no le dejarían el tiempo necesario para preparar los trabajos que debe someter a su consideración.

Como se ha cuestionado alguna vez que el aplazamiento no es una solución, y como quiera que esto es una necesidad en el orden nacional por los tratados internacionales, que no conviniendo aprobarlos no convenga tampoco rechazarlos, en el orden provincial no hay por qué aceptar términos medios, y la Constitución estatuye claro.

Por fin, el Presidente podrá convocar a la Legislatura por sí solo, cuando se trata de las inmunidades de un diputado, porque en esos casos se trata del decoro, y aun de. la existencia del mismo poder, y la reparación de lo que se le debe no puede demorarse para las sesiones ordinarias.

Artículo 59

La Cámara será presidida por el Vice-Gobernador de la Provincia o por sus reemplazantes, que se designarán con arreglo al reglamento. No entrará en sesión sin la mitad más uno de los diputados, pero un número menor podrá reunirse y compeler a los inasistentes a que cumplan con su deber, en los términos y bajo las penas que el reglamento estableciere, excepto la de expulsión. Cuando por cualquier incidente no existiese el quorum legal, o no se consiguiese la asistencia de los que pueden formarlo, la minoría procederá a aprobar o desaprobar elecciones y mandar llenar vacantes.

Por las razones con que la Constitución de Estados Unidos no sabiendo donde colocar al Vice Presidente, mientras no ejercía el Poder Ejecutivo, lo puso de Presidente del Senado, esta Constitución no encontrando una ocupación oficial honorífica para el Vice Gobernador, que es una necesidad imperiosa, lo hace Presidente nato de la Legislatura.

La parte que reglamenta los derechos de la minoría, es absolutamente necesaria, y ya lo han consignado algunas constituciones, para salvar el escándalo visto en algunas Provincias, de que una minoría ha destituido a la mayoría por contar para ello con el apoyo del Poder Ejecutivo. Por lo demás, el precepto siguiente salva la dificultad que puede ofrecer una mayoría o fracción de diputados empeñados en estorbar la reunión de la Legislatura; sin embargo bastará casi siempre la facultad de compeler a los inasistentes hasta por la fuerza, según lo disponga el reglamento.

Artículo 60

La Cámara de Diputados es el único juez de la validez de la elección y títulos de sus miembros, asi como del caso y alcance de las inmunidades de éstos. Los diputados al recibirse del cargo prestarán juramento por Dios Nuestro Señor y los Santos Evangelios de desempeñarlo fielmente con arreglo a los preceptos de esta Constitución. La Cámara podrá con dos tercios de votos corregir con llamamientos al orden, multas, suspensión o prisión, y aun con la exclusión de su seno, a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en sus funciones o por inasistencia, y removerlo por indignidad o inhabilidad física o mental sobreviniente a su incorporación.

Estas cláusulas aclaran algunos puntos cuestionados hasta ahora, fijando las amplias facultades de la Cámara sobre la elección de sus miembros, y sobre la conducta de éstos, o sobre los motivos que reclaman de ella hasta medidas radicales. No se alegará que el diputado como representante del pueblo, tiene sólo a éste por juez, en todo aquello que es necesario que lo sea la Cámara misma para conservarse y funcionar dignamente; y los que atacan las inmunidades de los diputados no alegarán límites que dejen las cuestiones que las afecten, fuera de la acción de la Legislación misma.

El juramento se fija por la Constitución, a fin de alejar dificultades que también se han formulado en muchos parlamentos sobre la facultad constitucional del Cuerpo para imponerlo.

Artículo 61

Ningún diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito. En este caso el juez que ordene la prisión dará cuenta a la Cámara con la sumaria correspondiente en su primera sesión inmediata, si se hallase en período ordinario, extraordinario o de prórroga, o a su presidente si se hallase en receso; y no se entenderá que la Cámara acepta el allanamiento del fuero del arrestado, si dentro de los cinco días siguientes a la sesión en que recibió el sumario, no resuelve acceder a la solicitud del juez. Con la negativa expresa o tácita de la Cámara, el detenido será puesto en libertad inmediatamente *y no podrá volverse sobre el mismo juicio.

La garantía de que un diputado no sea prendido sino en el caso in fraganti de un delito (con lo que se excluye, in fraganti en toda falta), no necesita explicación alguna. Es una disposición que ha nacido con el sistema representativo, aun con más amplitud, y está consignada en toda Constitución. Fuera de ser este privilegio un homenaje al cargo, es una garantía para su independencia, y más que eso el reconocimiento de la potestad de la Legislatura sobre sus miembros, lo que excluye por lo relativo a su conducta, la intromisión previa de cualquiera otra autoridad. Está excluido el caso in fraganti porque las inmunidades no son para cometer delitos, sino para evitar medidas injustas, y tal vez vejámenes. Un diputado al cual se le ve que está cometiendo un delito, o se le ha visto cometerlo, está en el caso que se le impida o se le ponga preso; en el primer caso, entre otras cosas, por su propio bien; en el segundo, porque no queda duda que es criminal.

Sin embargo, el no haber tomado preso a un diputado en el acto de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito, coloca la cuestión en el caso del artículo 62, y no puede ser preso después; por más que esta solución da lugar a otras cuestiones, como ser la del tiempo en que se pierde el derecho de apresar al delincuente, que debe ser una vez que no esté ya en el teatro del delito, porque entonces ya las condiciones son iguales a cualquier otro caso en que comete un delito, y el juez remite el sumario a la Cámara.

La exigencia de dar cuenta de una prisión en la primer sesión inmediata, o al Presidente, es para que la Legislatura no tarde en tomar el conocimiento que le corresponde y obrar en consecuencia. Tan delicado es esto, que se consigna expresamente que el simple silencio de la Cámara importa la negativa del allanamiento del preso, porque es preferible que la lenidad y la apatía con que suele procederse algunas veces salven a un delincuente, que el que condenen a un inocente.

Artículo 62

Cuando se forme querella criminal por escrito contra un miembro de la Legislatura ante la justicia ordinaria, el juez remitirá el sumario a la Cámara, y ésta después de examinarlo en juicio público, en la sesión próxima a aquella en que se dió cuenta del hecho, podrá suspender en sus funciones al acusado, por dos tercios de votos, quedando con este hecho a disposición del juez competente para su juzgamiento. Si la Cámara negase el allanamiento, no podrá volverse ante ella con la misma solicitud, y cuando habiendo accedido pasasen tres meses sin que el diputado hubiera sido condenado, recobrará sus inmunidades y volverá al ejercicio de sus funciones con sólo hacer constar las fechas.

Este artículo es correlativo del anterior, y da las reglas con que la Cámara debe suspender en sus funciones a todo diputado acusado por querella particular, o por acción pública. Negado el allanamiento, no se puede insistir, y se establece claramente en términos generales para que no se repita en el año siguiente ni en ningún otro.

La prescripción de que el preso queda libre si dentro de los tres meses no fuese condenado, es otra garantía para evitar que un diputado sufra demoras que en la práctica son muchas veces estratagemas para impedirle el ejercicio de sus funciones.

Artículo 63

Los diputados no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados de ninguna manera por las opiniones o votos que emitieran desempeñando su mandato. Todo insulto, sea cual fuere su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Legislatura, en la misma Cámara o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones, es un insulto a la misma Cámara, que debe ser reprimido por ella con prisión que no pase de treinta días» Una Comisión de la Cámara hará el sumario correspondiente, y tendrá poder para ocupar papeles privados, allanar domicilios y llamar testigos y juramentarlos, sometiendo a la Cámara las conclusiones a que arribare.

El ataque a las inmunidades de un diputado, tiene su juez en la misma Cámara, y para evitar dudas se marca el procedimiento, y se fija el límite para el castigo. Los últimos casos de violación de los privilegios parlamentarios en Estados Unidos enseñan que no es necesario, ni se practica el traer al acusado ante la Cámara misma; es la Comisión la que lo hace comparecer, oye su defensa etc., y presenta a la Cámara, un resumen fiel y escrupuloso de todo. No hay argumentación posible contra este procedimiento que aleja de la Cámara las perturbaciones y motivos de nuevas ofensas de sus privilegios, ya por parte del acusado que muchas veces por ese lado trata de dar notoriedad a su persona, ya por parte de la barra, siempre dispuesta a espectáculos de diversión o sensación.

La Comisión de la Cámara la representa en todo, menos en la sentencia, y por eso, y para evitar cuestiones que a menudo se han presentado, se le confiere expresamente las facultades necesarias a un juicio. Es del caso advertir que lo que la Cámara castiga es el desacato a su autoridad, y no reemplaza ella a los jueces para aplicar el Código Penal. Cuando en un desacato está envuelto un delito, la Cámara catiga el desacato, y para lo relativo al delito remite al delincuente al juez ordinario, quien únicamente puede juzgar como para aplicar el Código Penal.

Artículo 64

La Cámara dictará su reglamento interno. En los casos en que ella elija o cuando aprueba o anula elecciones, no podrá reconsiderar sus resoluciones aunque sea en la misma sesión. Sus decisiones serán a pluralidad de votos, salvo los casos especiales previstos por esta Constitución. Las sesiones se celebrarán en un local fijo y serán públicas, a menos que ella resolviese lo contrario cuando un grave interés público asi lo exigiese. La Cámara es el juez único de las faltas cometidas dentro o fuera de su recinto contra el orden de sus sesiones, y podrá reprimirlas con prisión que no pase del término de quince días, previo sumario si fuese necesario.

La prohibición de reconsiderar elecciones, y aprobación o anulación de éstas, es una cláusula nueva, y no se puede prescindir de consignarla, si es que se quiere que las resoluciones de la Legislatura no estén expuestas a la movilidad e informalidad a que, cuando es posible, las someten los partidos, y los caucus, sin escrúpulo alguno. Se quiere que hecha una elección de senador por ejemplo, u otro funcionario, como secretario, no venga un voto posterior a influir en una reconsideración, y cambiar el resultado. En la elección de senador, es indudable que el Senado Nacional es el juez del caso, pero la Constitución debe ser explícita y comprender hasta ese caso en las reglas de procedimiento de la Legislatura, tanto más cuanto que este punto parece dejado por la Constitución y leyes nacionales a las instituciones locales, pues nada estatuyen sobre ello.

Las demás reglas son menos raras, y forman la base del procedimiento parlamentario en todas partes, a saber: el local fijo, el quorum, la publicidad, incluso la facultad de defenderse a si mismo que tiene toda autoridad, y que el artículo consagra en la disposición que hace a la Cámara juez único de las faltas contra el orden de sus sesiones, pudiendo hasta suprimir el sumario si 6e tratase de un hecho evidente para ella.

No es necesario demostrar que esta última facultad, no permite una sentencia sin juicio: no es a las faltas disciplinarias a las que se refiere la garantía constitucional del artículo 25, sino a los juicios y sentencias sobre delitos. Toda autoridad tiene facultad de apreciar con su solo criterio lo que es una falta o desacato al cargo que inviste, y castiga sin trámite alguno, y sin esperar que el delincuente quede convicto; y es a esto que se refiere la atribución de la Legislatura: por eso no se le lleva al Código Penal a buscar allí las penas que debe aplicar, sino que se estatuyen en la Constitución del modo más moderado.

Artículo 65

La Cámara puede llamar a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, previa comunicación de los puntos a informar, y estos están obligados a concurrir y dar aquellos informes, en la sesión inmediata, si en la nota de aviso no se hubiere determinado la fecha. La Cámara por intermedio de sus comisiones podrá también examinar el estado del Tesoro Público y pedir a los jefes de oficina de la Administración, los informes que crea necesarios, y estos están obligados a darlos en el tiempo en que les sean exigidos, y mostrar sus libros y papeles a dichas comisiones.

Este artículo amplía en todo lo indispensable el derecho constitucional argentino. Se ha interpretado alguna vez que la facultad de la Cámara era recibir simplemente las explicaciones que los Ministros estimaran conveniente dar, tal fue la doctrina del presidente Sarmiento en un mensaje al Senado en los últimos tiempos de su gobierno. Felizmente tal interpretación cayó sin encontrar prosélitos.

Después la doctrina buena ha tenido sus dificultades para todo lo que está tácito, o se desprende de sus fundamentos, y se ha sostenido por algunos que las relaciones son de la Legislatura con el Poder Ejecutivo y no con las oficinas inferiores, y que no podría pasarse por sobre los ministros paraMr a investigar libros, etc., pero claro está para cualquiera que no hay control verdadero si el Poder Legislativo sólo se ha de atener a lo que le diga el poder administrador, el cual no pocas veces sabrá presentar las cosas disfrazándolas con medios eficaces para encubrir la verdad.

Artículo 66

Los diputados que no sean vecinos de la capital, recibirán por cada sesión ordinaria, extraordinaria o de prórroga a que concurran, un viático de dos pesos, el que se liquidará por secretaría al fin de cada mes, no pudiendo en ningún caso exceder de sesenta pesos mensuales para cada miembro. Este viático se pagará de la suma que votare el presupuesto, y que el Gobernador pondrá íntegra a la orden del Presidente de la Legislatura el día que se abran las sesiones ordinarias, no devolviéndose el sobrante, si lo hubiere, hasta la repetición de la misma operación el año siguiente.

El presupuesto general debe tener siempre una partida de $ 2.000 como para viático de cinco diputados, y entregarse por el Gobernador al Presidente de la Legislatura, al principiar las sesiones de cada año, el cual deberá tenerla a su orden en el Banco Nacional, para hacer si hubiere caso, lo que prescribe este artículo. El viático es a la asistencia a sesión, a las horas de citación, tenga o no lugar aquella, pero cuando por constante asistencia un diputado de los que deban ganar dicho viático, haya ganado sesenta pesos mensuales, el pago que haya de hacérsele a fin de mes no excederá de esta suma. Cerradas las sesiones, la suma entregada, ya sea íntegra, si no se ha hecho abono alguno, ya disminuida en lo que fuese, se conservará en el mismo Banco, hasta que en el año siguiente entregue el Gobernador la suma que señale el presupuesto, en cuyo caso se devolverá a Tesorería el sobrante del año anterior.

Manifestado el mecanismo que prescribe el artículo, apenas es necesario explicar el por qué la Constitución establece este viático, que es como abrir la puerta para que los distritos electorales envíen diputados vecinos de la localidad, y así es en efecto. La composición de la Legislatura por sólo personas de la Capital debe aceptarse como una necesidad, pero no fomentarse, porque ello importa una incompleta y viciosa representación de la Provincia.

No hay más representación genuina que la que reúne elegidos de todos los extremos de la Provincia con el carácter peculiar de cada localidad, y con la expresión constante de sus necesidades, lo que a la vez es una escuela para los hombres que van a la Capital, y por ello, para su distrito a donde vuelven para explicar sus actos y los del Gobierno, etc., y a enseñar muchas cosas que sin la escuela de la Capital y de la Legislatura, habrían ignorado siempre.

El hecho de fijar en la Constitución misma la cantidad máxima que puede percibir un diputado por viático, tiene por objeto evitar que pueda aumentarse irreflexivamente, poniendo al erario en graves compromisos, y quitando recursos a los demás poderes para atribuírselos al Poder Legislativo; cualquiera dotación que no se halle en los términos de este artículo será, pues, un atentado contra la Constitución, quedando así garantido el presupuesto de la Provincia.

Artículo 67

La elección de secretarios y contador, que hará la Cámara, la de los demás empleados de secretaría, que hará su Presidente, la aprobación o anulación de elecciones de diputados o su expulsión, el reglamento de debates, el decreto para elección de diputados y de electores de Gobernador, la votación e inversión del presupuesto de secretaría y viático, y las acusaciones ante la Junta Electoral, son medidas que no necesitan el asentimiento del Poder Ejecutivo como colegisla-dor. La Cámara podrá además expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Los preceptos de este artículo son raros en las constituciones vigentes, y puede asegurarse que ninguna preveerá tantos casos. La doctrina de que el Poder Legislativo no ejecuta nada, no es enteramente exacta, como no lo es para los demás poderes en su esfera, porque es evidente que todos deberán juzgar y ejecutar en lo necesario para el libre y digno ejercicio de sus funciones; por eso el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial dictan reglamentos internos de sus oficinas, que es legislar, y el uno castiga sus empleados, como el otro manda con el alguacil ejecutar sus sentencias. Así, pues, se explica cómo siendo sólo Poder Legislativo, hayan medidas cuya validez no puede depender de que el Gobernador les ponga o no su cúmplase.

Estas facultades que son de orden interno, o que por tratarse de elecciones no pueden estar sujetas a veto, se amplían basta las manifestaciones de opinión que la Cámara puede hacer como acto interno y público, sin comunicar al Poder Ejecutivo, porque no es cuestión de ejecutar nada: esta facultad, aún 6Ín estar escrita en las constituciones, la ejercen casi todos los países regidos por instituciones libres.

Artículo 68

Las leyes, incluyo las de presupuesto e impuestos, tendrán origen por proyectos presentados por uno o más diputados, por comisiones de la Cámara, o por el Poder Ejecutivo, o por la Corte de Justicia. Todo proyecto en trámite que no llega a convertirse en ley dentro del año legislativo, caduca. Todo proyecto no vetado dentro de los diez días de recibido por el Poder Ejecutivo, es ley. Si antes de vetarlo hubiere tenido lugar la clausura de la Legislatura, el Poder Ejecutivo deberá dentro de dicho término remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto. Las leyes usarán esta fórmula: “La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza de ley”.

La novedad de este artículo es que cualquiera podrá presentar los proyectos de presupuesto y leyes de impuestos, desde que el Poder Ejecutivo que debe hacerlo al comenzar las sesiones, dé lugar a ello, faltando a sus deberes. Esta disposición será un estímulo para el Poder Ejecutivo, y permitirá que la Legislatura no pierda su tiempo al principio, para sancionar sin estudio después, las leyes más fundamentales de la administración.

Otra novedad es la que el Poder Judicial presente proyectos, y los recomiende por mensajes: por extraño que esto parezca, es lógico, y no se comprende que no lo establezcan todas las constituciones. El Poder Judicial sabe mejor que nadie cuáles son las leyes y reformas reclamadas por la buena administración de justicia, y ponerle de intermediario' al Poder Ejecutivo o a un diputado, es, en el primer caso, exponerlo a esterilizar sus buenos propósitos, si este no piensa lo mismo, y en el segundo, suprimir la responsabilidad de la medida propuesta, puesto que un proyecto que dé el Poder Judicial a un diputado, no puede ser sugerido sino de un modo privado.

Las demás disposiciones no reclaman explicación alguna, por que son las medidas de orden que describe toda Constitución.

Artículo 69

El veto de. una parte de un proyecto importa el veto del todo, y somete el proyecto a una nueva consideración de la Cámara. El veto da lugar a tres casos: l^9 a la insistencia con dos tercios que convierte el proyecto en ley; 2^9 a conformidad de la Cámara con las vistas del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se le remitirá el proyecto reformado; y 3^9 a desistimiento de la ley, enviando el proyecto al archivo, si es que no habiendo dos tercios para insistir, la mayoría prefiere este expe-

diente a la conformidad con el Poder Ejecutivo. En caso de desistimiento el proyecto podrá ser nuevamente sancionado el año siguiente, y enviado al Poder Ejecutivo, quien estará obligado a promulgarlo como ley sin usar del veto.

Este artículo introduce un sistema nuevo para apreciar lo que es el veto, y permite que cuando el Poder Ejecutivo tenga razón, el Poder Legislativo se la dé, y le remita la ley de acuerdo con sus vistas, como asimismo permite el aplazamiento si no quiere la Legislatura insistir, ni convenir con el Poder Ejecutivo. La disposición deja así completa libertad de acción al Poder Legislativo y no le estrecha en el círculo de fierro en que por error se interpreta hasta el presente la Constitución Nacional.

Por lo mismo que la Constitución permite que el Poder Legislativo convenga con el Gobernador, se le quita al Poder Ejecutivo la facultad del veto en el caso en que, aplazado, un proyecto vetado tenga sanción al año siguiente. La razón es obvia: todos los años se renueva la Legislatura por terceras partes, y hombres e ideas nuevas se incorporan a su acción, de modo que se puede decir que si diferente Legislatura insiste en sancionar la ley, hay toda la presunción en contra de la resistencia del Gobernador, y la Constitución debe salvar el caso, a fin de que los errores o los caprichos de éste no tengan efecto durante todo el período de su Gobierno.

SECCION II

ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA

Artículo 70

Corresponde a la Legislatura:

l^9 Abrir y cerrar sus sesiones ordinarias o extraordinarias por sí misma, invitando al Poder Ejecutivo en el primer caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la Admi. nistración y proponga las medidas y reformas que considere convenientes. La imposibilidad del gobernador, obliga a los ministros a presentar dicho mensaje:

La historia política de varias provincias muestra la necesidad de que la Legislatura tenga la facultad de abrir y cerrar sus sesiones de cualquier clase que sean, y que la Constitución lo establezca asi de un modo claro. Siendo la apertura una mera forma, de que el Gobernador no la llene por cualquier motivo, no pueden depender intereses más altos como son el que haya Legislatura y otros.

El mensaje será una obligación de los Ministros en el caso de imposibilidad del Gobernador, y tiene por objeto el que, por una cuestión de forma, la Legislatura no se prive de los antecedentes y consejos necesarios para la legislación.

2^9 Dictar todas las leyes necesarias y convenientes para hacer efectivas las disposiciones de esta Constitución, sin alterar ni contradecir su espíritu, y dar la interpretación de las mismas o su aclaración cuando fuere consultada por algunos de los otros poderes, por la Junta Electoral o por los particulares ;

Los artículos 41 y 42 se relacionan con esta atribución y .la complementan. Las leyes convenientes son tan constitucionales como las necesarias. No hay para qué detenerse en las largas controversias que esta cláusula ha producido en los Estados Unidos, y basta que se entienda que el término conveniente (según el juicio de la Legislatura) le da a ésta en sus facultades una latitud inmensa que ha menester para llenar sus funciones.

La interpretación de las leyes por medio de su aplicación en cada caso la hace el Poder Judicial; pero el Poder Legislativo hace la interpretación o aclaración general por medio de otra ley que, para los efectos de leyes ex post jacto, debe considerarse una misma con la que interpreta o aclara, y hasta por ficción, de su misma fecha.

3^9 Establecer impuestos uniformes y contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Provincia a objeto de formar el tesoro provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4^9, capítulo 1?. Es de su deber proveer al fondo de escuelas, y votar los impuestos para el servicio de empréstitos, y de otras operaciones de crédito;

Explicado en el artículo 4^9 el propósito económico que persiguen ciertas disposiciones de esta Constitución, el inciso en cuestión no reclama aclaración alguna

Impuestos uniformes, son los que rigen igualmente en toda la Provincia, y proporcionalmente iguales, los que no hacen pagar una misma cantidad a cada uno, sino según su fortuna, por medio de una proporción que se traduce en un tanto por ciento sobre la renta o sobre el capital. El impuesto por cabeza no es proporciónalmente igual, y no puede ser destinado a formar el tesoro general de la Provincia, porque la Constitución quiere que el tesoro se forme por leyes que tengan las dos condiciones a la vez.

49 Fij ar anualmente el presupuesto de gastos de la Administración y el suyo propio, los que se subordinarán a la ley general de sueldos y comprenderán las leyes especiales de gastos, y el cálculo de recursos para el año siguiente. A falta de leyes de presupuesto y de impuestos regirán las últimas vigentes;

La sanción del presupuesto y leyes de impuestos anualmente, es de rigor en todo país de instituciones libres, porque es la facultad del pueblo para revisar año por año sus necesidades, y proveer a ellas. En Alemania el gobierno trabaja por presupuestos para largo tiempo, y la lucha es persistente, porque el pueblo sabe cuantos derechos precisos le arrebataría semejante sistema.

El subordinarse el Poder Legislativo mismo a la ley de sueldos para sancionar el presupuesto, debe ser un criterio de rigor, por que la discusión de cada sueldo saca al presupuesto de su terreno, suprime el objeto del debate anual, y deja al Poder Ejecutivo sin el examen de sus actos.

El precepto de dejar el presupuesto y leyes de recursos del año anterior para el siguiente, cuando la Legislatura no ha sancionado los necesarios, debe ser previsión y precepto de la Constitución, para quitar al Poder Ejecutivo la ocasión de establecer precedentes que si bien son necesarios y disculpables en ciertos casos, no deben hacer jurisprudencia para otros.

reparar las cuentas, y aun reprobarlas tácitamente dejándolas sin su aprobación dentro del año siguiente.

Esta última cláusula, es porque la Constitución reconoce que la Legislatura tendrá más libertad para dejar de hacer una aprobación indebida, que para decretar un rechazo explícito y categórico: al darle facultad, la Constitución quiere rodear al juez de todos los recursos necesarios para garantir su independencia, en una cuestión en que, más que en ninguna otra, el Poder Ejecutivo hará presión sobre los legisladores.

6[1] 2 3 Arreglar la contabilidad y el pago de las deudas de la Provincia, dando al Contador y Tesorero la autoridad propia necesaria para controlar la administración del Gobernador; organizar el Crédito Público y establecer bancos, o fomentar el establecimiento de los mismos, asi como de otras instituciones de crédito útiles al país;

La Oficina de Contabilidad y Tesorería general deben ser autónomas en cuanto sea posible, con facultad para observar toda medida del Ejecutivo que afecte inversión actual o futura de dinero, y que sea contra las leyes, sin que eso importe una definitiva desobediencia.

La Provincia necesita crear su Crédito Público, y dependerá de la sabiduría de la ley que lo organice, el que ella encuentre en esos recursos, los medios de satisfacer sus deudas actuales, y de ejecutar obras para el porvenir.

Los bancos son un medio de introducir capitales y de desenvolver la industria y la riqueza, de modo que deben fomentarse, entendiendo que no pueden establecerse como bancos de Estado sin permiso del Congreso, así como que la emisión de billetes pagaderos a la vista por bancos particulares, es un acto lícito de industria y comercio, que si bien reclama reglamentación y vigilancia de las autoridades provinciales, no necesita el permiso del Congreso.

Los montepíos son también instituciones útiles, pero debe procurarse que sean sólo oficiales a fin de alejar la explotación a que dan lugar.

En general, toda compra o venta de inmuebles que afecte los bienes del Estado o su renta, debe ser objeto de una ley, y no de simples decretos del Poder Ejecutivo. La forma en que está redactado el inciso, permite que la Legislatura dicte una ley general de tierras, reglamentando su uso y enajenación, que no podrá exceder del diez por ciento del total cada año; y que pueda sin embargo disponer por una ley especial, el uso de las tierras y su enajenación cuando el interés público, como ser protección a la industria, inmigración, colonización e introducción de capitales, etc., lo reclame; entendiéndose que en cuanto a venta jamás podrá excederse del diez por ciento, sea que adopte uno de los dos medios o los dos a la vez.

El precepto de no vender la tierra sino por partes, es para no producir su depreciación, y para conservar a la vez una fuente de recursos, por lo menos durante diez años, que dé base al crédito de la Provincia.

8[4] Autorizar con el voto de dos tercios la cesión de parte del territorio de la Provincia, para objetos de utilidad nacional o provincial y por unanimidad de votos cuando esas cesiones importen abandono de jurisdicción o desmembración de territorios;

Por la Constitución Nacional no sólo puede la Nación obtener de las provincias por compra o cesión lugares para fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional, sino que puede el Congreso autorizar nuevas provincias, en el territorio de otra u otras, con el consentimiento de las legislaturas interesadas.

Las provincias pueden celebrar entre sí tratados parciales sobre intereses económicos; de donde se deduce que pueden hacer arreglos de límites o cesiones de territorios, de que hay ya jurisprudencia en el país. A todos estos puntos provee este inciso, estableciendo la forma como la Legislatura ha de hacer dichas cesiones.

Los tratados después de firmados por el Poder Ejecutivo son sometidos a la Legislatura; pero nada obsta para que ésta por iniciativa propia, o a solicitud del Poder Ejecutivo, inspire dichos tratados, dictando alguna ley a cuyas disposiciones deben someterse dichos actos. No debe entenderse sin embargo que esta medida importe quitar al Poder Ejecutivo sus atribuciones, y que un tratado pueda ser inconstitucional si no fué previamente consultado con la Legislatura.

La Constitución Nacional permite los tratados interprovinciales para fines de administración de justicia. La primera interpretación de esta cláusula fué una proyectada y no instalada Corte de Justicia, por tratados de algunas provincias del norte. Si sólo esta explicación hubiera de darse a la cláusula, esta Constitución prohibe tales acuerdos, porque importarían la supresión del Poder Judicial de la Provincia, a menos que se crearan tres instancias para algunos asuntos, en lo que no se ve conveniencia alguna.

Hay otros puntos, sin embargo, que caen bajo esta autorización, como ser la de que una provincia mande sus condenados a la penitenciaría de otra; o que un acuerdo de provincias cree una gran penitenciaría para ellas, y varias otras medidas en que el acuerdo es útil y aun necesario para la más pronta y mejor administración de justicia.

10^9 Establecer la división política, eclesiástica, judicial, municipal, escolar y militar de la Provincia, procurando su mayor fraccionamiento, y reformarla toda vez que lo reclame la mejor administración y gobierno de las localidades que, en cuanto sea posible, debe confiarse a ellas mismas; fundar pueblos y crear villas y ciudades;

Esta atribución recomienda a la Legislatura el mayor fraccionamiento, en cuanto sea compatible con los recursos provinciales y locales, afectados. Agrupaciones que tengan elementos para tener un gobierno municipal, o partes de municipios que separadas puedan sostenerse, sin otros inconvenientes graves, deben ser erigidas en divisiones superiores.

Otro tanto puede decirse de la división eclasiástica, porque por mantener curatos extensos con rentas exhorbitantes, no debe dejarse de subdividirlos, si hay agrupaciones que sientan y manifiesten fuerza para un servicio separado.

Sobre todo, debe entenderse recomendada una buena y bien estudiada división escolar, desde que esta Constitución estimula por tantos medios el desarrollo de la educación primaria, y ordena que haya distritos autónomos, gobernados por sus mismos vecinos, quienes administrarán las rentas de la localidad.

ll^9 Crear y suprimir empleos no establecidos por esta Constitución, determinar sus atribuciones, responsabilidades y dotación; pero no podrá suprimir los juzgados de 1* instancia, ni dejar de votar un fiscal y un defensor de menores y pobres para la Capital y los mismos funcionarios para Chilecito ;

Los empleos creados por esta Constitución no pueden ser suprimidos, ni sus atribuciones tocadas. La prohibición de suprimir los juzgados de primera instancia, y de dejar de votar un fiscal y un defensor para la Capital, y los mismos funcionarios para Chilecito, es para que no se repitan hechos producidos; pues según el criterio de los que gobiernan, se ha visto establecer y levantar juzgados en Chilecito, y suprimir y volver a establecer juzgados en la Capital.

Dada la importancia actual de las dos poblaciones, no puede negarse que un juez, un fiscal y un defensor, es lo menos que puede tener cada una; y la Constitución, con este precepto, no estorbará sino que se haga algo informal o inconveniente, creando así una verdadera garantía para dichas poblaciones.

12^9 Dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y recompensas de estímulo, y acordar honores por servicios distinguidos a la Provincia, no pudiendo hacerlo a favor de personas que estén ejerciendo empleos, siempre que estos sean el Presidente de la República o sus ministros, y el Gobernador, ministros y jueces de la Corte provincial;

Por la redacción con el término generales, la Legislatura no podrá dictar leyes especiales de jubilación, pensiones y recompensas. La Constitución aleccionada por lo que pasa en el orden nacional, no quiere que se adopte el sistema de leyes especiales que no tienen más base que el favoritismo, y que jamás permiten consultar los méritos, el tiempo de servicios, etc.

Prohíbese en general los honores que no sean por servicios distinguidos a la Provincia, y aun en este caso, prohíbese a favor del Presidente de la República y sus ministros, del Gobernador, sus ministros y jueces de la Corte de Justicia en ejercicio, porque siendo personas de influencia, se corre peligro de que la Legislatura obedezca a sugestiones injustas. Es una cláusula a favor de la libertad del Poder Legislativo, y una garantía de que no se dará honores por favoritismo o coacción.

13^9 Acordar amnistías generales por delitos de rebelión o sedición de carácter local, no pudiendo alcanzar aquellas a los delitos comunes que se cometieren conjuntamente. Rehabilitar a los suspensos de la función del sufragio y del derecho de ser elegidos, no pudiendo hacerlo antes de dos años de la sentencia;

Las amnistías deben ser generales, es decir, que la Legislatura no pueda dictar leyes parciales, para ir amnistiando individualmente. No es necesario ampliar mucho la razón de este principio; lo fundamental es que la ley debe ser mía misma para todos, y como lo dice la Constitución, la ley debe tener fuerza y acción uniformes; por otra parte, los delitos políticos son objeto de intrigas y de influencias, y si la Legislatura tuviese la facultad de acordar amnistías parciales, sería el juguete de los empeños, rencores e influencias, y sus resoluciones serían contradictorias según las personas y circunstancias; la Constitución debe impedir que esto suceda prescribiendo que las amnistías sólo sean generales.

La prohibición de amnistiar delitos comunes tiene su origen en la imposibilidad de las autoridades de coartar el derecho de tercero. Si un individuo ha ofendido o perjudicado a otro, y éste tiene acción a obtener reparación, sea penal o pecuniaria, es injusto que haya autoridad que altere tal derecho o responsabilidad correlativa. No podría, por otra parte, decirse que amnistiado el delito común, queda pendiente lo que es su consecuencia, a saber, la indemnización del daño que haya causado, porque tal contrasentido no puede elevarse a principio en una legislación justa y bien ordenada. Así es que no puede haber sido la amnistía por delitos comunes con todas sus consecuencias, o nada.

La rehabilitación en la función del sufragio y derecho de ser elegido, no puede ser sino facultad de la Legislatura, porque como ese derecho no se pierde sino por sentencia, el volver al estado normal es tan grave y fundamental que sólo debe declararlo la ley; una prueba de ello es que la ley misma tiene su limitación, a saber: que no será válida sino dictada después de que la sentencia está en ejecución dos años.

14^9 Autorizar la movilización de uno o más cuerpos de la Guardia Nacional estando amenazada la tranquilidad pública, y aprobar o desaprobar la medida tomada en su receso por el Poder Ejecutivo, votando en todo caso los fondos con que debe indemnizarse el servicio militar;

Por este inciso la Legislatura no puede autorizar la movilización de la Guardia Nacional, ni aprobar lo que hubiere hecho el Poder Ejecutivo en su receso, sin votar los fondos necesarios para pagarla: aun movilizada con equidad, la Provincia no puede dejar de indemnizar este servicio que es una especie de expropiación del tiempo y trabajo individual, si bien participa muy principalmente de la naturaleza de las cargas públicas, que tienen su contrapeso en el derecho a los empleos, como ya se ha dicho antes comentando otro artículo.

Las demás condiciones de la movilización son: que ha de estar amenazada, a juicio de la Legislatura, la tranquilidad pública, y que lo ha de ser por cuerpos organizados de antemano, y no de ciudadanos tomados indistintamente para formar un cuerpo movilizado. Esta última prescripción es de las más importantes como garantía individual, porque ella asegura al ciudadano la independencia en política, y en todos los actos de la vida civil, que le da seguridad de que no está individualmente a merced y voluntad de los que mandan, sino a merced del interés público, en condiciones de igualdad con los amigos del gobierno, lo que es por sí mismo la mejor garantía a que puede aspirar, porque es la más eficaz.

15^9 Declarar los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe hacerse en cada caso la indemnización previa. Ninguna autoridad que no sea la justicia ordinaria podrá dar por aceptado un precio rehusado por el dueño de la cosa expropiada;

Los casos de expropiación pueden ser declarados por leyes generales, como por ejemplo, cuando es necesario establecer que todo terreno destinado a calle, o a ensanchar o a enderezar una calle, será expropiado. En tal caso una sola ley basta para que, cuando se ofrezca, una calle nueva, una rectificación, o un ensanche, la Municipalidad pueda ejecutarlos sin ocurrir a la Legislatura en cada caso. Pueden también ser declarados por leyes especiales, que son las que se refieren a un caso dado, individualizándolo, a fin de que se ejecute una obra cierta y determinada, como por ejemplo, la expropiación de los terrenos que debe cruzar un ferrocarril que se decreta o se autoriza.

Ninguna ley podrá autorizar la expropiación por cuenta del Estado sin proveer previamente los fondos con que debe pagarse antes de ocupar el bien de que se trata. La expropiación por cuenta particular, no puede en todo caso llevarse a cabo sin la previa indemnización, es decir, sin integrar el valor de la cosa.

La cláusula final es una garantía nueva en nuestro derecho constitucional, porque la práctica ha demostrado en muchas provincias, que se hace el simulacro de tasación, para pagar previamente un precio mucho más bajo que el precio real. La cláusula declara que sólo los jueces por sentencia después del juicio formal y completo a que hubiere lugar, podrán obligar al propietario a recibir un precio dado.

16^9 Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de miembros de la Corte de Justicia, Jueces de 1* instancia, Fiscales y Defensores; Tesorero y Contador de la Provincia; Consejo General de Educación, jefe del Departamento Topográfico y directores de bancos;

El acuerdo de la Legislatura para los nombramientos expresados, es una cosa que no requiere explicación alguna; sólo sí es necesario tener presente que puede ser público o privado, verbal o por cédulas, según lo disponga el reglamento que dictará la Legislatura para el ejercicio de sus funciones y sus debates. La doctrina de los acuerdos es sencilla, y basta el buen sentido para practicarla sin dificultad en las relaciones de los dos poderes.

En el receso de la Legislatura, el Poder Ejecutivo hace todo nombramiento que requiere su acuerdo; pero éste expira 30 días después de la apertura de las sesiones. Podría suceder que llegado ese término, la Legislatura no haya prestado el acuerdo; en tal caso el Poder Ejecutivo podrá nombrar nuevamente en comisión a otras personas o a las mismas, por más que la falta de acuerdo en un mes de sesión, pueda importar un rechazo indirecto.

Las remociones durante el receso no son permitidas por esta Constitución aunque tengan el asentimiento de los removidos, a menos que éstos entiendan que cuando dejan un empleo que es ocupado al fin con acuerdo de la Legislatura, importa su renuncia y pueden quedarse sin el otro, porque ésta no está obligada a confirmar la promoción, siendo que el que es bueno para un empleo puede no serlo para otro.

El aplazamiento de un acuerdo, si es para mejores informaciones, es perfectamente constitucional, pero no por eso sufre el servicio público, porque el Poder Ejecutivo puede y debe llenar las vacantes que no produzca él mismo con remociones. La buena doctrina condena al aplazamiento que no sea absolutamente impuesto por las circunstancias, porque es un expediente que choca con la franqueza y energía con que debe proceder el Poder Legislativo, y deja en manos del Poder Ejecutivo una facultad que la Cámara no puede delegar, como de hecho resulta, en efecto, en tales casos, delegada temporariamente.

17^9 Dictar a la brevedad posible el Código de Procedimientos, la ley de organización de la Administración de Justicia, del registro civil, la de Municipalidades, la de organización de los tribunales de minas, la de responsabilidad de los empleados públicos, la de juicio por jurados, las de imprenta, elecciones, educación común y tierras públicas;

Este inciso impone a la Legislatura la más seria tarea comprendida en sus facultades; pero la experiencia aconseja que no debe esperarse de un cuerpo deliberante obras tan difíciles y complicadas; y por lo mismo, el jefe de la administración de la Provincia debe hacer preparar por diversas personas competentes los proyectos necesarios. La legislación de esta naturaleza no se hace de otro modo en ninguna parte. Los procedimientos tienen base seria en los estudios y práctica de otras provincias, en que las nuevas leyes han dado buenos resultados; las municipalidades pueden ser instaladas con sólo la sanción de la Constitución, por los detalles en que ésta entra en el capítulo correspondiente, y así puede poco a poco, sin mayores exigencias, legislarse y organizarse todo, dejando para la práctica la enseñanza de las reformas convenientes.

18^9 Dictar planes generales sobre educación y leyes sobre seguridad, salubridad y ornato, o sobre cualquier otro objeto de interés común municipal, dejando a los municipios su aplicación, así como la de las subvenciones que les votase el presupuesto, y el producto de las multas a que diere lugar la infracción de tales leyes;

Las leyes a las cuales se refiere esta facultad son menos indispensables y urgentes que las anteriores, pero completan el cuadro de la legislación de una sociedad civilizada. La regla de que toda ley general debe ser aplicada por los mismos municipios, es muy importante para fijar a la legislación rumbos fijos. La Constitución quiere la descentralización de todos los resortes del gobierno que pueden y deben manejar las municipalidades; y toda ley debe tender a ello, dejando a ésta no sólo su aplicación, sino el manejo e inversión de las rentas destinadas a dichos ramos, y la administración del producto de las multas a que hubiere lugar.

19^9 Tomar juramento al Gobernador y Vice-Goberna-dor, concederles o negarles licencia para salir de la Capital o de la Provincia, admitir o desechar sus renuncias, y declarar con dos tercios de votos los casos de impedimento de los mismos;

Apenas reclama explicación este inciso en que están enumerados los actos principales de las relaciones casi personales entre el Gobernador o Vice Gobernador y la Legislatura. El juramento, las licencias, las renuncias :y la declaración de los casos de vacante, son actos propios y exclusivos de la Legislatura. Para el caso último la Constitución exige dos tercios, porque es necesario garantir al Gobernador, y el decoro mismo de la Legislatura, contra las injusticias políticas de una mayoría sin escrúpulos, que quisiera tomar el camino más corto para librarse del Gobernador o Vice Gobernador, declarándolo inhábil o imposibilitado para ejercer el cargo.

20Q Declarar con dos tercios de votos la necesidad de la reforma parcial o total de esta Constitución, y proveer a la convocatoria de una Convención que la efectúe, la cual tendrá la facultad de votar los gastos de su secretaría, y gozará de todos los derechos e inmunidades de la Legislatura como cuerpo colegiado, y sus miembros serán inmunes como los diputados;

La reforma de la Constitución debe ser materia de ley, proyectada como cualquiera otra, pero sancionada con dos tercios, lo que se exige en obsequio a la estabilidad que se desea para la ley fundamental.

Los convencionales tienen, como representantes del pueblo, todas las inmunidades inherentes a los diputados, y la Convención, como Cuerpo, todos los derechos y prerrogativas de Poder Legislativo. Sus facultades al objeto de asegurar su decoro, independencia y libertad son amplias, pero no así en lo relativo a la Constitución a reformar, porque no tendrán más poderes que los que permite la ley, la que puede autorizar la reforma de uno o varios artículos, o de toda la Constitución, según lo crea mejor la Legislatura, que es la autoridad que puede* por este inciso decir qué es lo que se ha de reformar.

La ley que convoca a una Convención es la carta constitutiva de ésta, y puede imponerle hasta un plazo para que efectúe la reforma, la que no hecha en tiempo, puede hacer caducar la Convención, si expresamente la ley establece esto como consecuencia. En ningún caso una Convención podrá considerarse desligada de las cláusulas de la ley de su convocatoria porque esta es la condición y la pauta a que el pueblo por medio de la ley, dictada por sus representantes los poderes Legislativo y Ejecutivo, sujeta sus actos.

Es muy común el confundir una Convención constituyente con una reformadora, y esto ha sido causa de dificultades frecuentes en la provincia de Buenos Aires y otras. La ley de convocatoria debe preveer las dificultades que puedan ocurrir, bien entendido que cuanto más lacónica sea, más ensancha las facultades y poder de la Convención, y que si bien es conveniente dejarle a ésta la facultad de reformar el todo cuando son muchas las reformas reclamadas, es conveniente fijarle plazo y tomar otras medidas para que en su ejercicio no se considere independiente de los poderes del gobierno y aun superior a ellos.

21Q Elegir senadores al Congreso Nacional, y llenar las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional o leyes dictadas en su consecuencia atribuyesen a la Legislatura. Requerir la intervención nacional en los casos del artículo 6^9 de la Constitución Nacional.

La elección de senadores es practicada por la Legislatura en nombre del pueblo de la Provincia, del cual es representante elector para dicho acto; pero la Constitución Nacional ha hecho, por razones de otro orden, juez del caso al Senado de la Nación. La Constitución y la ley de elecciones determinan varias reglas para el procedimiento, pero en lo que ellas no proveen, la Legislatura debe resolverlo con arreglo a esta Constitución y a los reglamentos dictados por ella.

La pluralidad de que habla el artículo 46 de la Constitución Nacional es la simple pluralidad, es decir, entre varias fracciones la mayor, aunque no sea la mayoría absoluta, porque en una elección en que las opiniones no se condensan, no hay medio legítimo de obligar, ni forzosa necesidad de hacerlo, a diversas minorías a reunirse en una sola voluntad. Esto está ya interpretado por el Senado Nacional en varios casos de elecciones de senadores aprobadas en estas condiciones: sólo en el empate de dos candidatos, votando el presidente que para dicha elección tiene voto como cualquier otro diputado, la votación debe ser reptida entre los dos que hayan sacado más votos, y hacerse los sorteos necesarios con arreglo a las reglas dadas para la elección de Gobernador por la Junta Electoral.

Las leyes del Congreso pueden encomendar a las legislaturas la ejecución de actos que se relacionen con el interés de la Nación: la Constitución lo prevee, y lo consigna para que si el caso llega, su silencio no se interprete como una dificultad que impide al Congreso dar la comisión, o a la Legislatura aceptarla.

Por la Constitución de los Estados Unidos la intervención del gobierno federal es solicitada por la Legislatura, y por el Gobernador sólo cuando aquélla no pueda ser convocada. Por nuestra Constitución la requisición puede recibirla el Gobierno Federal de cualquiera de los poderes constituidos; pero esto no impide que la Constitución provincial pueda ordenar que sea la Legislatura la que tenga la facultad; lo que no quiere decir que en los casos urgentes el Gobernador o la Corte de Justicia no ocurran al Gobierno Federal, y que sea perfectamente constitucional la intervención que se produzca por tales medios, desde que son permitidos por la Constitución Nacional.

El caso en estas condiciones tendría sólo la especialidad de sujetar la conducta del Gobierno o de la Corte a la aprobación o reprobación de la Legislatura, o a las consecuencias que respecto de sus personas produjera, si bien no importaría esto anular ninguno de los actos de la intervención, que es como si un mandatario ha hecho mal uso del poder que se le confirió, el mandante cumple la obligación contraída por él, pero responsabiliza al mandatario que ultrapasó sus atribuciones.

22^9 Acusar con dos tercios de votos ante la Junta Electoral, después de declarar que ha lugar a formación de causa, al Gobernador, Vice Gobernador y ministros, a los miembros de la Corte de Justicia, jueces de 1? instancia, fiscales y defensores, por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo;

La Legislatura es por esta Constitución el fiscal de los funcionarios a que se refiere el inciso; su papel es el de acusador, y no puede tomar más medidas, ni ir más leos de lo que podría ir el fiscal en su caso. La acusación surge por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, como usurpación y abuso de autoridad, prevaricato, cohecho, infidelidad en la custodia de presos y de documentos, revelación de secretos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones, y otros que se relacionan con las atribuciones del empleado; surge también la acusación por faltas de cumplimiento a los deberes de su cargo, y en esto hay más latitud para el examen de la conducta de un empleado, especialmente en la del Gobernador y los ministros.

Surge del carácter de la Legislatura en toda acusación, que ella no pueda decretar la suspensión del empleado cuya acusación resuelve; la suspensión existe desde ese momento por mandato de la Constitución; y si hubiera un caso de un empleado que a pesar de esto continuara en sus funciones, la Legislatura o la Junta Electoral tendrían la facultad de tomar toda clase de medidas, y de reclamar de los demás funcionarios públicos la ayuda necesaria bajo la responsabilidad más severa.

23^9 Allanar con dos tercios de votos la inmunidad de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, cuando sea requerida para ello por el juez ordinario; cuando hubiere pasado el término de tres meses sin que el empleado fuera condenado, se tendrá por retirado por la Legislatura el allanamiento del fuero, y el empleado quedará inmune.

Este inciso provee al caso de querella ante los jueces por cualquiera clase de delitos cometidos por los empleados a que se refiere el inciso 22. No hay juicio posible sin que la Legislatura les allane el fuero; pero una vez allanado, el empleado soportará todos los requisitos del juicio, y no podría volver a recobrar sus inmunidades, o sea recobrar su empleo, sino por la absolución, o por haber pasado encausado y sin ser condenado, más de tres meses desde el día en que la Legislatura le puso a disposición de los tribunales. En este último caso la Constitución no dice que el acusado quede absuelto y que la causa no pueda seguirse, sino que se suspende en lo que se requiera la persona del empleado, siendo consecuencia de esto, que a una nueva petición del juez explicando satisfactoriamente la razón de la demora, podría la Legislatura, si lo quiere, decretar el desaforo por segunda y última vez.

CAPITULO IV

PODER EJECUTIVO

SECCION I.

DE SU NATURALEZA. — MINISTROS SECRETARIOS

[1]

[3] Reglamentar y disponer el uso y enagenación de tie

[2]

rras de propiedad provincial y fijar su valor y decretar la eje

[3]

cución de obras públicas y la compra de inmuebles para utilidad de la Provincia. No podrá, sin embargo, enagenarse cada año más del diez por ciento de la tierra fiscal;

[4]

[4] Inspirar, aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebre con otras provincias sobre límites, intereses económicos o para fines de administración de justicia; no pudiendo aceptar la creación de tribunales interprovinciales que importen la supresión de la Corte de Justicia creada por esta Constitución como Poder Judicial de la Provincia ;

Artículo 71

El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un Gobernador, o en su defecto por un Vice-Gobernador, elegidos conforme a esta Constitución. Una ley determinará, por su orden, los funcionarios que deben reemplazarlos provisoriamente o completar su período en los casos en que ninguno de ellos pueda ejercerlo, según se determina en esta sección.

El Poder Ejecutivo es el Gobernador, y no él y sus ministros. Por eso la Constitución más adelante establece que las atribuciones son del Gobernador; es verdad que no las ejerce sin la firma de su ministro, pero esto no quiere decir sino que las ejerce con la firma de un ministro, llámese A o B; porque si el que está nombrado no quiere firmar y ser responsable de lo que hace el Gobernador, éste nombra otro que acepte la responsabilidad y firme sus resoluciones.

Es necesario no hacer confusiones: el Poder Ejecutivo es unipersonal y no plural. Si por la Constitución el Gobernador no pudiese destituir a los ministros, si estuviese obligado a pasar y decretar lo que quiera la mayoría de su gabinete, entonces el Poder Ejecutivo sería plural; lo sería también si teniendo sólo un ministro, no hubiese solución posible sino armonizada con él; pero ya está recordado que esto ni cabe en ningún caso, desde que el Gobernador lo reemplaza por otro que aceptando sus ideas, les deje íntegras sus facultades de Ejecutivo unipersonal.

Artículo 72

Para ser elegido Gobernador o Vice-Gobernador se requiere haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país estranjero; tener treinta años de edad, dos de domicilio en la Provincia inmediatamente anteriores a su elección, y una renta anual de dos mil pesos proveniente de capital, industria o profesión.

La Constitución es en esta parte menos exigente que ninguna otra de la República. Ni siquiera le pide al Gobernador, como todas, que profese la religión católica, porque supone que ningún ciudadano que profese otra, y que jure cumplir con sus preceptos, va a manejar con su criterio privado y con los caprichos que éste le sugiera, las relaciones que está encargado de mantener entre el Estado y la Iglesia en los términos que la Constitución las establece. Para la Provincia basta lo que deja la Constitución que establece el vice-patronato, que significa viceprotección, y que sujeta a sus autoridades a lo que reglamente el Congreso sobre la materia.

La Constitución es así consecuente con sus propias disposiciones, desde que consagra para magistrados y particulares el principio de que las cosas de la conciencia están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de la Constitución misma (artículo ó^9); deja así que el magistrado en lo privado, en su conciencia, piense lo que quiera; y no creerá que falta a sus deberes sino cuándo deje de ejecutar respecto del culto católico todo aquello que ella le prescribe; lo cual no es otra cosa que una serie de actos de gobierno, o sea actos materiales que no se pueden tergiversar, como para hacer depender su eficacia y valor de actos de la conciencia.

El domicilio de dos años no significa que durante ese tiempo no debe haber salido de la Provincia una o varias veces, sino que desde dos años antes de la elección haya declarado la intención de fijar su domicilio, y lo haya probado con el acto material de establecerse. Las reglas del domicilio son conocidas: las establece el Código Civil; y cuando no hay leyes especiales que rijan cada caso, esas son las que deben servir de base en todas las dudas que ocurran; y así, un individuo será o no vecino de la Rioja, a los efectos de este artículo, si por el Código Civil, lo es o no, salvo ley especial reglamentando este artículo que puede dictar la Legislatura en cualquier caso.

La exigencia de una renta tiene por objeto buscar cierta responsabilidad pecuniaria en el llamado a administrar los caudales públicos,

a la vez que se comprende que el sueldo del Gobernador sólo debe ser lo necesario para retribuir modestamente un cargo que, por otra parte, importa un alto honor, que es la mejor recompensa para el ciudadano virtuoso y patriota. Así el Gobernador no debe pecuniariamente esperarlo todo de su posición oficial, sino considerar que la retribución de sus servicios, es la indemnización de la asistencia personal que el cargo quita a algunos de sus negocios particulares que le dan su renta privada. Cualquier otro criterio sobre el sueldo es peligroso para los intereses públicos y perjudicial a la talla moral del que ha merecido la confianza de sus conciudadanos para empleo tan delicado.

Artículo 73

El Gobernador y Vice-Gobernador durarán en sus empleos el término de tres años contados desde el día que deben recibirse por medio del juramento, y no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período. Tampoco podrá en el período siguiente a su elección el Gobernador ser nombrado Vice-Gobernador, ni éste Gobernador. La prohibición abarca un término de tres años, aunque en él se haga más de una elección de Gobernador y Vice-Gobernador propietarios.

No basta que las constituciones señalen un término y prohíban la reelección. Un hombre de influencia en una Provincia o en una Nación, puede burlar tales preceptos con las apariencias de respetarlos, porque con no recibirse del cargo y gobernar por medio de otro funcionario con la influencia que le dá el poderse recibir el día que quiera, puede hacer comenzar su período más tarde, y alargar el término de su influencia como gobernante; puede además influir con su poder para la elección de un Gobernador y Vice-Gobernador que renuncien en poco tiempo, a fin de que la nueva elección recaiga en su persona. El artículo que contiene los principios comunes, encierra, pues, cláusulas para conjurar peligros que la experiencia ha señalado, y por eso determina el día en que comienza el período gubernativo, y exige que pasen tres años antes que una nueva elección pueda favorecer al que haya sido Gobernador o Vice Gobernador.

La prohibición de que el Gobernador pueda ser elegido Vice, o éste Gobernador, es una aclaración necesaria después de los deberes que en el silencio de las constituciones respectivas se han suscitado en los Estados Unidos, en Méjico y en la República Argentina. No hay ninguna razón sino la imprevisión, que explique el silencio en una cuestión que debe resolverse en principio, y no con los hechos y los debates electorales.

Artículo 74

Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y Vice-Go-bernador prestarán ante la Legislatura el juramento siguiente: 44Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o Vice-Gobernador). Si asi no lo hiciere, Dios y la Provincia me lo demanden”.

El juramento es la consagración del empleo, y lo que da la posesión legítima de su autoridad. El que no ha jurado, aunque haya sido elegido, no está legalmente en ejercicio, y debe considerarse intruso y mal intencionado, por más que haya llenado todo otro requisito constitucional. El juramento, en este artículo, está redactado de acuerdo con las declaraciones del artículo 5 9 de esta Constitución, y contiene exigencias a que ningún ciudadano podrá negarse, porque aunque lo supusiera contrario (que no lo es) a los principios de la absoluta libertad de cultos, con las restricciones que ella tiene, siendo él parte de la Constitución, es tan constitucional como aquélla, fuera de que ésta es especial para el cargo y su condición expresa.

Artículo 75

El Gobernador y Vice-Gobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por más de treinta días sin permiso de la Legislatura, y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este requisito. Cualquiera ausencia del Gobernador por breve que sea, confiere de hecho el ejercicio de su cargo al Vice-Gobernador.

La administración a que debe estar consagrado el Gobernador reclama su residencia en la Capital, y la Constitución lo prescribe como un medio de impedir que dicho funcionario deje de contraerse a sus deberes. El Vice-Gobernador está en el mismo caso, porque no sólo debe estar pronto para cualquier impedimento del Gobernador, sino porque siendo el Presidente del Poder Legislativo, sólo en la Capital puede velar por su existencia y decoro, pronto a convocarlo en los diferentes casos en que lo prescribe esta Constitución.

Sin embargo, la prohibición de la ausencia no debe ser tan absoluta, que dichos funcionarios se vean en el caso de violar la Constitución, y para eso se prescribe que podrán ausentarse hasta por treinta días sin permiso de la Legislatura, siempre que sea dentro del territorio de la Provincia: lo que a la vez que salva algún caso muy urgente, justifica la exigencia hecha al Vice-Gobernador; porque una ausencia del Gobernador sin licencia se debe suponer motivada por causas que no le permitirían la demora de buscar al otro funcionario fuera de la Capital, para llamarlo y dejarlo en ejercicio del Poder Ejecutivo.

La parte final del artículo es el fruto de la experiencia. El Vice-Go-hernador ha prestado juramento desde el primer día; y ese juramento como tal Vice-Gobernador, abarca el empleo a que está destinado, es decir, a ejercer el Poder Ejecutivo en ausencia del Gobernador; ningún trámite es, pues, necesario para que el Vice-Gobernador. ejerza el Poder Ejecutivo; basta la constatación oficial de la ausencia del Gobernador que el mismo Vice puede hacer certificar, para que se considere a éste en el legítimo ejercicio del cargo. Ya han sucedido casos en que presidentes o gobernadores se han ausentado dejando en acefalía el Poder Ejecutivo, a presencia del Vice, que esperando un decreto u otra formalidad, no cumplía con su deber. La Constitución no puede aceptar que dependa de un olvido, o de la mala voluntad del empleado titular, el que el elegido por el pueblo para reemplazarle, no le reemplace en los casos que ocurran.

La exigencia tiene además su base en otro principio, a saber, que en la forma de gobierno adoptada, no hay Poder Ejecutivo ambulante: el Gobernador pierde todas sus facultades constitucionales fuera de la Capital, que por la Constitución, es desde donde se. administra la Provincia; salvo que en caso de peligro inminente decretase él mismo la traslación de la Capital a otro punto, en cuyo caso eso importa la traslación de las oficinas, de sus ministros, etc., que es distinto a que en casos ordinarios el Gobernador ordene como tal de otro lugar cualquiera.

Artículo 76

El Gobernador tendrá el tratamiento de “Excelencia”, y gozará del sueldo que determine la ley, el cual no podrá ser alterado durante el período de su nombramiento, no pudien-do recibir, bajo ninguna forma, otro emolumento o dádiva de la Provincia. El Vice-Gobernador sólo gozará de tratamiento y sueldo el tiempo que ejerza el Poder Ejecutivo.

Cuáles sean los derechos y prerrogativas del Gobernador, hasta en los detalles de este artículo, es materia constitucional,, por la facilidad con que él podría auméntalos o exagerarlos si tuviese tendencias a ello. Cuando la Constitución va, pues, hasta expresar cuál es su tratamiento, debe entenderse que nada que no sea forzosa consecuencia de lo explícito, queda a su favor como prerrogativa de su cargo, y será esto una regla de criterio muy útil que deberá tenerse siempre presente en garantía de las libertades públicas, y de las relaciones oficiales entre los diferentes poderes del gobierno.

La cláusula de no poder ser alterado el sueldo durante el período de su nombramiento, excluye toda disposición que lo aumente, o disminuya, o estipule otra moneda o forma de pago dictada después del día en que debió prestar juramento, aunque no se haya recibido, y alcanza a todo el interregno en que el Gobernador puede estar fuera del empleo por cualquiera de los motivos expresados en la Constitución, a saber: suspensión, ausencia, enfermedad, etc.

La prohibición de emolumentos o dádivas abarca todo acto que importa un favor que aumente la fortuna o las rentas del agraciado, y comprende al Vice-Gobernador, por la forma de la cláusula final en que se le acuerda sueldo y tratamiento, sólo cuando ejerce el Poder Ejecutivo: con lo que queda excluido de todo otro favor por parte de la Provincia.

Artículo 77

Si habiéndose recibido el Gobernador, ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vice-Gobernador hasta concluir el período legal, en los tres primeros casos, y en los tres últimos, hasta que haya cesado la inhabilidad. No habiéndose recibido, el Vice-Gobernador no lo reemplaza por muerte o renuncia, sino en el caso en que hubiera llegado el día de la recepción sin nueva elección.

El artículo establece dos casos bien distintos: cuando el Gobernador se ha recibido y llega alguna de las circunstancias previstas, y cuando no se ha recibido y ocurre muerte o renuncia. En todas las circunstancias del primer caso no puede haber dificultad, porque es claro que si habiendo el Gobernador prestado juramento, ocurriese muerte, destitución o renuncia, era llegado el momento por el cual el Vice-Gobernador es nombrado, y que el Gobierno corresponde a éste por todo el término que le falta al Gobernador.

No sucede lo mismo en el segundo caso, porque ha ocurrido que sin recibirse el Gobernador ha fallecido o renunciado, y se ha considerado que sin una nueva elección de Gobernador, el Vice podría cumplir su período, que es como nombrar sólo un Vice-Gobernador por un período constitucional, renunciando al deber y al derecho de nombrar también el Gobernador, a fin de que existan al comenzar cada período los medios de proveer constitucionalmente a la vacante. Es preferible admitir como lícito el que en tales casos pueda el Vice-Gobernador ser nombrado Gobernador, y que se nombre otro Vice-Gobernador, a que sea suprimida la elección de Gobernador. La razón es que no habiendo comenzado el período, no está el Vice-Gobernador incluso todavía en la prohibición del artículo 73, y puede ser elegido Gobernador, porque no ha sido aún Vice.

El artículo establece así que en el caso de que el Gobernador nombrado fallezca o renuncie antes de recibirse, la Junta Electoral deberá reunirse a elegir otro Gobernador; y que se considerará exonerada de este deber o sin derecho a ello, sólo cuando llegue el día en que comienza el nuevo período, y el Vice-Gobernador haya tomado posesión del cargo, porque entonces se supone reemplazando legítimamente al Gobernador, desde que es dentro de términos o períodos que la Constitución considera fatales, para garantía de las instituciones.

Artículo 78

En caso de muerte, destitución o renuncia del Vice-Gobernador, esté o no reemplazando al Gobernador, la Junta Electoral no se reunirá para elegir su reemplazante, sino le falta más de un año de su período; salvo cuando no exista Gobernador, en cuyo caso se procederá a nueva elección de Gobernador y Vice, que comenzarán otro período.

La Constitución procura conservar la regular sucesión de los períodos gubernativos, como un medio de dar estabilidad al Gobierno y tranquilidad a la Provincia; pero llegado el caso de vacar la vice gobernación, y que no existiera Gobernador, se procederá a elección de Gobernador y Vice que comiencen un nuevo período. Es esto tan excepcional que sucederá rara vez, pero en tal caso no habrá razón para sacrificar a la regularidad de los períodos, otras consideraciones de más peso que ya jugarían un fuerte papel en los destinos de la Provincia, y la Constitución debe ser previsora y proveer al caso.

Viviendo el Gobernador, esté o no en ejercicio, no habría razón para que se elija un Vice-Gobernador, si al período a que corresponde éste no

le falta más de un año, porque por un tiempo menor no hay peligro alguno en que el reemplazante legal del Vice-Gobernador ejerza el Poder Ejecutivo en el caso que el Gobernador estuviese imposibilitado por el todo o parte de ese tiempo.

Artículo 79

El Gobernador y Vice-Gobernador cesan en el poder el día mismo en que expira su período de tres años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo para que se le complete más tarde, o de su prorrogación por un día más. La transmisión del mando no tiene lugar por acto alguno del Gobernador saliente, que omitido, se considere defectuoso el gobierno del electo después de haber prestado juramento.

Este artículo repite la preocupación con que se hizo la Constitución Nacional, contra las tentativas de los gobernadores de la época de la tiranía, que de hecho o con cualquier pretexto prolongaban su gobierno, destruyendo los principios fundamentales del gobierno republicano, tan vinculados al plazo para el ejercicio de toda autoridad. Se comprende cuán sagrado es este principio para un pueblo libre, y con cuanta insistencia debe repetirlo la Constitución, después de haber señalado el plazo para los gobernadores y prohibido toda reelección.

Puede decirse que de todas las cláusulas con que nació nuestro derecho constitucional, esta fué la más explícita, detallada y concluyente, y que por lo mismo, tal vez es la única que no ha suscitado ninguna duda, ni producido debates o controversias. Esta Constitución la consagra como una protesta contra tales antecedentes del pasado, y como una necesidad del porvenir, a fin de que su silencio no se interprete como una modificación de prohibiciones tan salvadoras.

La Constitución considera que se relaciona con todo lo anterior, el que la transmisión del mando no se haga por actos cuya eficacia dependa de la voluntad del Gobernador saliente, para que por ningún motivo deje el nuevo gobernante de comenzar su período constitucional, y quede cerrada la puerta al saliente para producir dificultades.

Artículo 80

El despacho de todos los negocios del Poder Ejecutivo de la Provincia se dividirá en dos departamentos, a saber: uno de Gobierno e Instrucción Pública, y otro de Hacienda y Obras Públicas, y estará a cargo de uno o dos ministros secretarios que refrendarán los actos del Gobernador, sin cuyo requisito estos carecerán de eficacia y no obligarán en la Provincia a ninguna autoridad ni a los particulares.

A diferencia de otras constituciones que consideran lo relativo a los ministros materia de un capítulo o sección aparte, esta Constitución lo incorpora al capítulo sobre el Poder Ejecutivo, porque las funciones de los ministros no pueden determinarse ni reglamentarse sino en las del Poder Ejecutivo, de que son autorizantes responsables.

La división en Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública y de Hacienda y Obras Públicas es la que la sección correspondiente de la Constitución de San Juan, redactada por uno de los que formulan ésta, ha establecido, recibiendo la confirmación de la práctica como una división buena para la expedición de todos los negocios de la Administración. Podrá el Gobernador nombrar un solo Ministro General, pero la división no será por eso menos útil, porque el mismo empleado podrá actuar como ministro de uno y otro departamento, según la materia, sin que eso importe hacer una confusión que produciría perturbaciones en la marcha regular de la Administración.

Sin la firma de ministro no obligará a nadie, particular o autoridad, una resolución del Gobernador; pero esto no quiere decir que el Gobernador se encuentre trabado para tomar una medida, sino que no encontrando en un Ministro la voluntad de participar de la respensabilidad de tales actos, él debe buscar quién ocupe su lugar o reemplazarlo.

Para estimar lo que es constitucionalmente el cargo de Ministro, deberá tenerse presente lo dicho con motivo del artículo 71, a saber, que el Poder Ejecutivo es únicamente el Gobernador, y que la responsabilidad de los ministros no les agrega más facultades y derechos sobre los que corresponden a simples secretarios, sino que les obliga a examinar lo que autorizan con el cuidado del que responde de lo que firma. La Constitución quiere así que, sin dejar de ser secretarios, observen al Gobernador lo que no sea legal y justo, e influyan hasta con su renuncia y completa separación del cargo, para impedir una medida o resolución inconstitucional.

Artículo 81

Para ser ministro se requiere las mismas condiciones exigidas para ser diputado. Los ministros tendrán el tratamiento de “Señoría”, y gozarán de un sueldo que no podrá ser alterado durante el tiempo del período gubernativo en que sirven. El Gobernador podrá remover a estos funcionarios toda vez que lo crea conveniente; pero el ministro que estuviese en ejercicio el día de la apertura de la Legislatura, deberá dar cuenta de todo el movimiento del año anterior.

Lo dicho para explicar el artículo 76 es aplicable para comprender éste en lo relativo al sueldo. No basta que no pueda ser alterado por el ministro que está en ejercicio, o con licencia, o nombrado sin recibirse, porque el Gobernador podrá encontrar medios, en posibles alteraciones sugeridas por él para futuros nombramientos, de introducir la complacencia y aun la corrupción con el aliciente de sueldos más elevados. Los sueldos de los ministros no podrán ser alterados sino en la misma época en que puede serlo el del Gobernador, bien que no sea forzoso ocuparse ni toca^ el uno al tratar de los otros o vice-versa.

El momento más solemne en las obligaciones de un ministro es el de la apertura de la Legislatura; y como podría suceder, y sucede a veces, que un ministro nuevo se considera exonerado del deber de dar cuenta del año anterior, cuyo ejercicio puede haber correspondido a uno o a varios antecesores, la Constitución consigna la obligación para que el que acepte un ministerio en ciertas circunstancias sepa de antemano los deberes que contrae.

El tratamiento de Señoría, tiene el mismo alcance que el de Excelencia dado al Gobernador, y al mismo tiempo que lo que importe en sí, debe ser elemento de criterio al estudiar las prerrogativas de un ministro en sus relaciones con los particulares, y como agente del Poder Ejecutivo en las que debe mantener con las demás autoridades.

Artículo 82

Los ministros pasarán a la Legislatura una memoria sobre los negocios de sus respectivos departamentos, dentro de los primeros quince días siguientes a la apertura de sus sesiones. Pueden ser llamados por la Cámara o por sus comisiones para que den los informes que crean convenientes, y ellos están obligados a asistir y dar dichos informes.

Este artículo confirma la obligación anterior, dándole forma, y designa tiempo para la presentación de las memorias, porque la experiencia ha demostrado la ineficacia de las leyes para conseguir el cumplimiento de esta clase de deberes; no siendo explicable jamás esas demoras que se sienten en el orden nacional, y en algunas provincias, con las que se suprime el objeto principal de la reunión del Cuerpo Legislativo, que es tomar cuenta del estado del país, para dictar las leyes que reclame su progreso y bienestar.

El llamamiento de los ministros, como se ha dicho hablando del Poder Legislativo, ha sido algunos años atrás objeto de las más curiosas interpretaciones, por la forma en que está redactado el artículo correspondiente de la Constitución Nacional; pero ha quedado definitivamente establecida la amplia autoridad de la Legislatura sobre el particular, y apenas se puede suponer que hubiese ministro que escusase directamente su asistencia a la Cámara o a las comisiones, o se negase a dar todas las explicaciones que le fueran reclamadas. Sin embargo, la Constitución quiere ser explícita porque en estas materias es muy conveniente que cada autoridad sepa hasta dónde van sus deberes y derechos.

Artículo 83

Los ministros son solidariamente responsables con el Gobernador de los actos que legalicen. No pueden por sí solos tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos y las providencias de trámite. Los ministros están sujetos al juicio político en las mismas condiciones y por las mismas causas que pueden ser enjuiciados el Gobernador y Vice-Gobernador.

La responsabilidad ministerial está explicada con decir que es solidaria con el Gobernador, estando comentada la responsabilidad de éste en el artículo 80. La Constitución establece expresamente que no hay diferencias; que los ministros están para el juicio político en el mismo caso que el Gobernador y Vice-Gobernador.

La acción de un Ministro sin la firma del Gobernador no puede ir más allá de las providencias de trámite en que deberá actuar por sí solo, y del gobierno de su departamento en lo relativo a su régimen económico y administrativo, pues que en tales casos no afecta los intereses de la sociedad con lo relativo a la misión del Poder Ejecutivo en el gobierno de la Provincia. En el manejo de sus secretarías podrá llegar hasta castigar por sí mismo a los empleados de su dependencia en la forma en que el Gobernador puede hacerlo con los empleados de toda la rama ejecutiva, porque eso es parte del gobierno de sus oficinas inmediatas. Esto no excluye que el Gobernador pueda también, si lo considera justo, imponer castigos a tales empleados.

Artículo 84

Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Legislatura a objeto de llevar las opiniones del Poder Ejecutivo respecto de cualquier proyecto de ley; pueden discutir esas opiniones y los proyectos a que ellas se refieran, teniendo al efecto los mismos derechos que los diputados, excepto el voto. Todo ataque a la inmunidad de un ministro como orador, puede ser castigado por la Cámara.

El derecho de los ministros a concurrir a la Legislatura a los objetos de este artículo, no es de esencia en la forma de gobierno adoptada; pero se considera hoy como una condición indispensable a todo Gobierno bien organizado. Los ensayos del General Washington como Presidente de los Estados Unidos para comunicarse con las Cámaras, siempre por medio de mensajes que él mismo leyó a veces, y los del Sr. Thiers, Presidente de la República Francesa, de asistir él mismo a discutir con los legisladores, no han hecho camino. El primer sistema es una traba a la pronta expedición de los negocios, y se explica en épocas de poca labor administrativa; el segundo es una traba a la libertad parlamentaria, y no conviene rebajar con ella a ninguno de los dos poderes, porque sino pocas veces la presencia del Jefe del Ejecutivo es un peligro para la libertad de la Cámara, no pocas también es un motivo de desprestigio para la autoridad del mismo jefe, y por lo mismo, del Gobierno que preside. La práctica enseña que la presencia de los Ministros salva ambos inconvenientes, y es este principio el que hace su camino en Francia y aun en Estados Unidos.

Pero es necesario que el ministro sepa que lo que lleva a la Cámara no son sus opiniones propias, sino las del Gobernador, porque de otro modo el Poder Legislativo podría ser inducido en error, y las leyes que sanciona ser vetadas, produciéndose dificultades innecesarias. A esta condición que debe darse por subsistente con la sola presencia del ministro que debe conocer sus deberes, éste goza de las mismas inmunidades que los diputados en el uso de la palabra, y lo ampararán como a cualquier otro miembro el reglamento de debates y la policía de la Cámara.

La parte final está puesta en sentido facultativo para que la Cámara

no esté obligada, sino según el caso, a proceder contra el que viole las inmunidades del orador en la persona de un ministro, y se establece así, porque esas violaciones pueden tener lugar fuera del recinto, y no pocas veces el ministro tendrá mejores medios que la Cámara para defenderse y aun preferirá hacer castigar al culpable según lo prescriben las leyes.

Artículo 85

Los ministros al recibirse del cargo prestarán juramento ante el Gobernador de desempeñarlo fielmente, con arreglo a los preceptos de esta Constitución, guardando secreto en todo lo que tuviere ese carácter; y ellos recibirán a su vez el mismo juramento cuando pongan en posesión a todos los jefes de oficinas, quienes prometerán, además, sujetar a sus subalternos al extricto cumplimiento de sus deberes.

El juramento para los ministros es menos preciso, como no sea la cláusula de guardar secreto que es indispensable en ciertas ocasiones. Esta Constitución, consecuente con el precepto del caso en sus declaraciones, derechos y garantías, exige el juramento como condición del ejercicio de todo empleo público de cierta importancia, y no podía ni debía alvidar a los ministros que manejan los más delicados negocios del Estado: al agregar expresamente la cláusula sobre el secreto, es porque no pocas veces un asunto reservado dará lugar a un cambio de Ministerio ; y si los ministros no estuviesen comprometidos al secreto, podrían al retirarse explotar indebidamente sus renuncias, y hacer malograr una medida de gobierno cuya eficacia pudiese depender del secreto mismo.

El juramento que se impone para los jefes de oficina, y el compromiso de sujetar a sus subalternos al extricto cumplimiento de sus deberes, está puesto en este lugar como una atribución especial de los Ministros independientemente del Gobernador.

Artículo 86

Cuando por falta de ministros algún empleado del despacho fuere autorizado para refrendar la firma del Gobernador, dicho empleado será solidariamente responsable con aquel de todo lo que autorice. Los encargados de un ministerio no concurrirán a la Legislatura, pero sí a sus comisiones, con el objeto de llevar informes y satisfacer las explicaciones que se les pidan.

Este artículo que provee lo concerniente a los encargados de un ministerio, establece lo indispensable para que se aprecie el alcance de sus funciones. Los encargados de un ministerio no son propiamente ministros, y no tienen voz en el recinto de la Legislatura; pero se establece la responsabilidad como para los ministros, porque las más veces la salida de un ministro y la imposibilidad de reemplazarlo inmediatamente, tiene por origen divergencias de opiniones sobre alguna medida delicada en que el Gobernador esté empeñado, y no encuentre quien comparta con él la responsabilidad del caso. La Constitución quiere que el empleado que acepte encargarse de una cartera, sea responsable como si fuese ministro, buscando así, hasta en este caso, el control que es necesario que exista en todos los instantes para los actos del Gobernador.

SECCION II

ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR

Artículo 87

El que ejerce el Poder Ejecutivo:

1Q Es el jefe de la Administración general de la Provincia, y habla en nombre de ella ante los Poderes Nacionales, y en sus relaciones con otras provincias. Los otros poderes se valdrán del Poder Ejecutivo para todo acto relativo a asuntos que ventilen fuera de la Provincia;

Este artículo establece las atribuciones del que eerce el Poder Ejecutivo, después de haber dicho poco antes que la sección 2* es sobre atribuciones del Gobernador; lo cual es intencional para establecer que el Gobernador solo es el Poder Ejecutivo, y que sin embargo, el Gobernador fuera del asiento y del ejercicio de las funciones de tal, no tiene atribución alguna, y que las que se enumeran corresponden al que ejerce el Poder Ejecutivo, sea el Vice-Gobernador o sus reemplazantes legales; armonizándose asé con lo que se ha dicho comentando el artículo sobre la residencia en la Capital de la Provincia.

Ser jefe de la Administración general de la Provincia, es tener la representación de su Gobierno en sus tres poderes, toda vez que las funciones de cada uno de ellos no reclame una representación especial dentro de la misma Provincia, y en las relaciones de los poderes entre sí. Así se explica que el Gobernador refiriéndose a las leyes o a las sentencias, pueda decir oficialmente, aún dentro de la misma Provincia que esta quiere o no quiere tal cosa, que ha castigado o no tal delito, y que en virtud de leyes que son actos del Poder Legislativo, haga contratos en nombre de la Provincia y la obligue en el interior como en el exterior.

No debe entenderse, sin embargo, que tal cláusula le confiere poder para intervenir en las oficinas de los demás poderes, trabar su marcha, o para pretender una superintendencia cualquiera sobre el ejercicio de sus funciones. Es necesario no confundir la representación interior y exterior del todo del gobierno, con los actos de los demás poderes que son tan soberanos e independientes como el Poder Ejecutivo, si bien por la naturaleza de las funciones de aquéllos y al fin porque uno solo debe tener la tal representación, la Constitución 6e la confiere al que tiene carácter más a propósito por ser unipersonal, y además, ser el ejecutor de todas las resoluciones de los otros poderes.

2^9 Promulga y hace ejecutar las leyes de la Provincia, dictando al efecto decretos, reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Hace cumplir las leyes nacionales, decretos del Presidente de la República y fallos de sus tribunales, prestando a estos su apoyo;

La promulgación de las leyes, que es la publicación con su firma, y su ejecución en todos los casos en que le corresponda ya directamente o por su aplicación por el Poder Judicial, es una de las funciones que caracterizan mejor al Poder Ejecutivo. En el capítulo de las “Declaraciones, derechos y garantías”, se han establecido disposiciones que alcanzan a todos los decretos, reglamentos, resoluciones o medidas del Poder Ejecutivo, en cuanto contraríen de algún modo los preceptos de la Constitución, y aquí se establece el precepto de no alterar las leyes, ni tergiversar su espíritu, por más que a su juicio fuesen inconstitucionales; porque el Gobernador contra tales leyes no tiene más recurso que el veto, vencido el cual, tiene el deber de reglamentarlas y ejecutarlas como sea su letra o su espíritu. Así resulta que respecto de decretos o actos en tales condiciones, el responsable es la Provincia y no el Gobernador, porque no habría otro medio de hacer jugar dentro de la órbita constitucional a cada uno de los poderes del Gobierno, que el que cada poder llene su misión como la entienda, y que después de esto, los actos resultantes sean actos de la Provincia, llámese leyes, sentencias o decretos.

Por el artículo 110 de la Constitución Nacional, el Gobernador es agente del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y leyes de la Nación, lo que es igual a ser agente para hacer cumplir todo lo que emane de ellas como los fallos de los jueces nacionales y los decretos del Presidente de la República. La Constitución confirma este deber, que es una innovación de la Constitución Argentina en el sistema de la Constitución de los Estados Unidos, y que ha dado en el país excelentes resultados, simplificando la administración, y evitando los frecuentes choques que se hubieran producido entre autoridades provinciales y las nacionales que ejecutaran leyes de la Nación en las provincias.

3Q Participa de la formación de las leyes, enviando a la Legislatura proyectos con mensajes, discutiendo allí por medio de sus ministros todo proyecto de ley, usando del derecho de veto, y proponiendo la derogación de las leyes que creyese inconvenientes;

El Poder Ejecutivo es colegislador, y el inciso enumera las formas en que desempeña esta función, que son cuatro: la presentación de proyectos, su discusión, el veto y la proposición de derogación de leyes a su juicio inconvenientes. El poder del Gobernador en estas formas es poderosísimo, porque en la proposición de proyectos, en su debate y en la derogación de las leyes, lleva la presunción de saber más que los legisladores por el conocimiento que da la práctica de los negocios que administra; y esto le da una fuerza y poder extraordinarios que contrabalancean muy bien el poder de la Legislatura; otro tanto puede decirse en cuanto al veto en la forma que lo establece esta Constitución, porque el Gobernador tiene las probabilidades de obtener toda reforma que solicite, sólo con que le encuentre razón un miembro más de un tercio de los que formen en la Cámara; porque entre aplazar una ley que se ha considerado de interés público o particular el sancionar, y sancionarla haciendo algunas concesiones a las opiniones del Gobernador, no es dudoso que se adoptará este último temperamento en el mayor número de casos.

4^9 Prorroga las sesiones de la Legislatura, o la convoca a sesiones extraordinarias cuando algún grave interés de orden o de progreso lo requiera, salvo el derecho de aquélla para apreciar, una vez reunida, la necesidad de la medida;

El principio que abarca este inciso es el mismo de la Constitución Nacional; pero agrega una explicación que concluye con una ^cuestión que ha podido en más de una vez suscitar dudas y debates, a no haber existido siempre en el Poder Ejecutivo un respeto profundo por las resoluciones del Congreso. Si el Poder Ejecutivo prorroga las sesiones o hace una convocatoria extraordinaria, considerando que un asunto es de interés grave para el orden o el progreso del país ¿quién es el juez de la gravedad, el que prorroga, o la Legislatura?; y siendo la Legislatura en el mejor caso, ¿puede ésta aplazar y no resolver la cuestión que motiva la convocatoria? Largo sería dilucidar este punto, e innecesario por otra parte, desde que esta Constitución lo resuelve siempre a favor de la Legislatura. Por el inciso 4^9 será ésta la que aprecie la necesidad de la prórroga o convocatoria extraordinaria, eliminándose así la cuestión de si es propio en tales casos el volver a aplazar un asunto considerado de grave interés de orden o de progreso.

5^9 Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, y puede hacer ejecutar su percepción administrativamente, haciendo dar constancia para ulterior resolución de los jueces. Decreta la inversión de los dineros fiscales con sujeción extricta al presupuesto;

La recaudación de los impuestos o rentas abarca todo lo que el tesoro provincial puede y debe percibir; ninguna otra autoridad tiene facultades propias sobre el particular, y ninguna puede proceder sino por nombramiento, comisión u orden del Poder Ejecutivo.

El inciso faculta para la ejecución administrativa de todo impuesto o suma que deba ingresar en el tesoro; y el Poder Ejecutivo no necesita esperar ley alguna sobre la materia, si dicta un reglamento que haga sus veces, y que sirva de base a un procedimiento administrativo; ningún derecho se ofende con esto desde que la Constitución prescribe que debe darse recibo, en el que conste que el pago ha sido negado, y queda sobre él el derecho del pagador para ocurrir y hacer valer sus derechos ante los tribunales ordinarios.

La inversión de las rentas con estricta sujección al presupuesto, es uno de los principios esenciales de toda buena administración, y debe considerarse una de las más graves faltas de responsabilidad del Gobierno y sus Ministros la violación de esta cláusula en cualquier grado; porque relajada la doctrina por una parte, no hay razón para no relajarla por el todo. Con respecto a las obligaciones que el presupuesto impone al Gobernador, debe decirse que no todos los gastos que él consigna son obligatorios. Todo depende de las leyes de la administración, de esas que se relacionan con el presupuesto; de que se deduce que si ninguna ley, creación de empleos, etc., prescribe un gasto, la partida en cuestión debe considerarse meramente autoritativa, y puede no ser invertida por el Gobernador, no pudiendo en ningún caso destinarla a otro objeto, porque sería uno de los delitos más graves que el que administra pudiera cometer en el ejercicio de 6us funciones.

6^9 Nombra con acuerdo de la Legislatura, el contador y tesorero de la Provincia, el jefe del Departamento Topográfico, directores de Bancos, Consejo de Educación y los miembros de la Corte de Justicia, jueces de 1* instancia, fiscales y defensores; y por sí solo nombra y remueve todos los demás empleados de la rama ejecutiva;

El acuerdo de la Legislatura se requiere para el nombramiento de ciertos empleados de alguna importancia y responsabilidad en la rama ejecutiva, como Contador, Tesorero, Jefe del Departamento Topográfico, directores de Bancos y Consejo de Educación, porque la Constitución busca un control que dé seguridad de acierto en la elección de las personas. Además, la Constitución quiere que estos funcionarios, los principales de dicha rama, sean independientes de la acción moral del Gobernador, y que tengan toda la estabilidad que les asegura un nombramiento que dependa de trámites serios y del respetable asentimiento de la Legislatura.

Con respecto a los miembros del Poder Judicial y demás empleados superiores de su dependencia, el papel del Gobernador y el de la Legislatura es más grave, y deben poner en su ejercicio el celo más estricto; porque no se trata de empleados de una rama de un poder, sino de un poder mismo que representa al pueblo, y en cuyo nombramiento, los que intervienen no son sino mandantes de éste, por lo cual deben consultar directa e inmediatamente los más altos intereses de la sociedad.

La cláusula final aclara el alcance de las anteriores, y si los demás empleados de la rama ejecutiva son los únicos que el Gobernador nombra y remueve, resulta que a los nombrados con acuerdo de la Legislatura, no podrá removerlos sino conforme a la ley, y hasta que ésta lo reglamente, de acuerdo con la misma Legislatura.

7[1] [2] Acuerda jubilaciones, retiros y goces de montepíos conforme a las leyes; y puede imponer arrestos que no pasen de tres días a sus subalternos, y aun a los extraños que desacaten su autoridad o la de sus ministros en el ejercicio de sus funciones;

Ningún retiro, goce de montepío o jubilación puede acordarse por el Gobernador sino en virtud de ley. La práctica ha puesto en manos del Ejecutivo las licencias de que tanto se abusa, a pesar de que la Constitución Nacional, al hablar de las atribuciones del Presidente, dice que éstas sólo pueden concederse con arreglo a las leyes. Esta Constitución no va tan lejos, y entendiendo que esos abusos encontrarán su correctivo gradual en la regularidad de la marcha administrativa de la Provincia, elimina las licencias de la cláusula que exige ley para su concesión, porque es preferible los abusos a que darán lugar por algún tiempo, a autorizar frecuentes violaciones expresas de la Constitución.

La facultad de gobernar las oficinas de la rama ejecutiva, implica la de imponer a sus empleados penas disciplinarias, y por consiguiente en casos graves, los arrestos a que se refiere el inciso. Del mismo modo, la existencia de la autoridad Ejecutiva, por sí, sin la ayuda de otro poder o autoridad, reclama la facultad de los arrestos que tiene cualquier juez para hacerse respetar en el ejercicio de sus funciones. La Constitución le confiere este poder al Gobernador más bien como una garantía contra sus posibles violencias en otro sentido, cuando su autoridad se encuentre ofendida. Es conveniente poner la facultad expresa de aplicar ciertos castigos, porque eso importa una limitación que se consagra exclusivamente en beneficio de los individuos que puedan encontrarse envueltos en faltas que de algún modo deben ser reprimidas.

Suponiéndolo así, ¿quiere decir esto que las provincias no conservan sobre el particular ningún poder? Ni la suposición es exacta, ni puede negarse que una parte del patronato corresponde a las provincias. Es verdad que en las facultades del Presidente sólo se enumera lo que se ha recordado, pero lo es también que el Congreso por su atribución 19 puede arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación; y de ahí se deduce que el Presidente podrá más tarde tener las atribuciones que le acuerde la ley reglamentaria, y que las facultades de las provincias, que existen indudablemente, dependerán en su extensión de las que el Congreso separe para los tres poderes del Gobierno Federal. Mientras tanto, el patronato existe como derecho de las provincias, por el mismo derecho canónico y por los antecedentes argentinos que se recordarán más adelante en todo lo que la Constitución Nacional no lo haya atribuido al Gobierno Federal. Por derecho canónico el patronato nace de la protección a la religión, del sostén de su culto, edificación y reparación de templos, etc.; de que se deduce que los habitantes de las provincias que han costeado y costean siempre dichos gastos y servicios en comunidad, son por derecho patronos, y por ello, su Gobierno que es su representante. Se ha dicho alguna vez que los Papas no han reconocido tal derecho; mientras tanto en la Bula de creación del Obispado de Cuyo de 19 de Setiembre de 1834, el Papa Gregorio XVI dijo lo siguiente: “Establecemos y decretamos que por Nos y por los Romanos Pontífices nuestros sucesores ha de ser aceptada aquella persona Eclesiástica que fuere recomendada por el Gobierno Civil para la Iglesia Episcopal de San Juan de Cuyo, con tal que ella tenga aquellas dotes requeridas por los sagrados cánones y por el Concilio Tridentino, ‘ y el sobre dicho Gobierno (Provincia) y los Gobernantes que la presentasen, permanezcan en la protección de la Religión Católica, Apostólica, Romana (es decir, la protejan), y en la comunidad y obediencia a la Santa Sede”. El patronato, pues, no se discute; lo que queda por aclarar corresponderá al Congreso y al Concordato; así lo que corresponde a las provincias lo dirá el Congreso, y mientras tanto éstas continuarán ejerciendo el vice-patronato que les reconoció el decreto del Gobierno del Paraná de l^9 de marzo de 1855, bien que en él se establece como una simple delegación del Gobierno Federal, lo que concluirá por modificarse reconociendo que las facultades son concurrentes de acuerdo con lo establecido por el artículo 5^9 de esta Constitución.

Como dicho decreto rige actualmente y es la base de las facultades de los Gobernadores, lo transcribimos a continuación:

“Art. I^9 — Los Gobernadores de las provincias son vice-patronos de las iglesias fundadas en el territorio de su mando, y en calidad de tales, ejercen en delegación del Gobierno Nacional el patronato para la presentación y remoción de curas beneficiados menores de las iglesias catedrales, habilitación de capillas, creación y división de curatos y demás relativo al ejercicio de este derecho como vice-patronos dentro del territorio de su provincia.

“Ar. 2[3] — Ninguna orden o disposición emanada de autoridad eclesiástica de fuera de la Confederación, podrá tener ejecución ni cumplimiento sin el exequátur del Gobierno Nacional conforme a la ley.

“Art. 3[3] — Las órdenes o mandatos de las autoridades eclesiásticas de la Confederación en la parte que afecten al vice-patronato de los gobiernos, no podrán ejecutarse ni cumplirse en su respectiva provincia, sin el pase y consentimiento del gobierno provincial.

“Art. 4[3] — Comuniqúese, etc. — CARRIL. — Juan del Campillo.

Este decreto fue dictado estando el Gobierno Nacional en la mejor armonía con la Corte de Roma, y no fue objetado por el Nuncio de Su Santidad que residía en el Paraná; lejos de eso, las relaciones del Gobierno con el representante del Papa continuaron siempre cordiales, y debe considerarse que a su juicio tal disposición sólo reglamentaba derechos incuestionables del pueblo y Gobierno Argentino.

El inciso 8[3] que se comenta toma por base para los derechos del patronato, lo que en la forma federal debe tomarse para las provincias, es decir» todo lo no delegado; lo que no quiere decir que el Congreso que es el que reglamentará el patronato, no pueda declarar que las facultades del Presidente son más amplias, como deben serlo, por razones que no es necesario detallar, puesto que desde que el patronato nace de la protección que se presta a la Iglesia, él sale de la esfera provincial y entra en la nacional en lo relativo a Seminarios, Cabildos Eclesiásticos, y en todo lo demás en que la protección nacional es más directa, eficaz e inmediata. Por lo demás, el Gobernador de la Provincia tiene un vasto campo de acción como vice-patrono en la protección inmediata que debe prestar a las autoridades eclesiásticas en el legal ejercicio de su ministerio, y en la ayuda y cooperación que debe, como consecuencia del precepto constitucional, para que el culto católico sea respetado, con lo que tiene el patronato sobre su buen servicio, y puede con derecho observar a la autoridad eclesiástica lo que a su juicio no responda a este fin.

De su carácter de jefe de la Administración general de la Provincia, nace esta superintendencia sobre todo establecimiento público, sea o no del Estado; por eso el inciso abarca los establecimientos que pertenezcan a sociedades anónimas, como los Bancos, y los de beneficencia particular, pero que sostenidos por la caridad pública en todo o en parte, o por personas privadas, pero destinados a la caridad pública, caen por una u otra razón bajo el control del jefe de la Administración. El inciso dice que vela por su buena administración, para que se entienda que la facultad es no sólo la que puede tener una Municipalidad, sino 6obre todo aquello en que el público tiene algún interés, por estar de por medio comprometida la fortuna, las leyes de la humanidad, etc. El Gobernador debe, sin embargo, entender con cuanta prudencia y discreción puede usar de esta facultad, procurando detenerse donde basta para los objetos de interés general con que está conferido, y respetando ante todo los derechos individuales garantidos por la Constitución, sobre los cuales no se considerará que la cláusula hace ninguna innovación.

10^9 Indulta o conmuta las penas, previo informe del tribunal correspondiente; pero no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o de delitos contra la Legislatura, Poder Judicial o Junta Electoral, o sus miembros;

Puede el Gobernador perdonar a conmutar las penas aplicadas por los jueces, después de pasado todo en autoridad de cosa juzgada; pero siendo esta facultad dada en interés de la justicia, y para cuando está encerrada en la letra de la ley o por otras circunstancias, ha tenido que ser relativamente dura, y no podrá hacer de ella un uso discrecional o injusto. Los tratadistas americanos llegan hasta sostener que el Ejecutivo que abusara de esta facultad dejando burlada la justicia, podría ser acusado; y debe entenderse que tal es la doctrina de esta Constitución, que es la que ha consagrado la práctica en el país; porque cuando se solicita un indulto o una conmuta, y el Gobernador pide informes de que no puede ni debe prescindir, del tribunal correspondiente, es para proceder según lo aconsejen las circunstancias, y así se ha hecho siempre.

El inciso excluye el indulto o conmuta por delitos cometidos contra alguno de los otros poderes, contra la Junta Electoral, o contra alguno de los miembros de ellos, porque sería muy delicado que aquellos de quienes depende la existencia, seguridad o dignidad de otro poder público estuviese en manos de otro de igual categoría: la excepción es un homenaje a la independencia de los poderes. Excluye también los delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, porque quiere apartar del Gobernador la tentación de perdonar a sus amigos, tal vez a los nombrados por él mismo. La Constitución en esto es consecuente con los fines con que da la facultad, que es para que cuando sea justo, el Gobernador haga lo que no han podido hacer los jueces; para que perdone, por ejemplo, a un acusado al cual con testigos pueden haberle probado un delito, y que los jueces se ven en el caso de condenar, teniendo la conciencia de que es inocente, o dudando mucho de su culpabilidad. La Constitución aparta así en cuanto le es posible, todo motivo de que sean frustrados por el Gobernador los fines con que le da la facultad, lo que no quita que se deba recomendar siempre a este funcionario su uso moderado y muy discreto.

II^9 Celebra y firma tratados parciales con otras provincias, con la limitación establecida en el artículo 70, inciso 9^9, para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación de la Legislatura y conocimiento del Congreso Nacional;

Este inciso es correlativo del artículo 107 de la Constitución Nacional; pero teniendo en cuenta los inconvenientes de constituir una Corte de Justicia común a varias provincias, destruye en parte la amplitud de dicho artículo, porque una Corte común, si no es para conocer en segunda instancia, es dificultar la justicia, y si es para dicha instancia, importa la supresión de la Corte de Justicia de la Provincia o deja trunco el gobierno. Por lo demás, aunque los años de vida constitucional pasados han probado la ninguna inclinación que tienen las provincias a firmar tratados entre sí, porque apenas lo han hecho para arreglar cuestiones de límites, es conveniente que la cláusula exista, porque puede ser más adelante, especialmente por sus más estrechas relaciones,, un recurso eficacísimo para realizar algunas obras interprovinciales, como ferrocarriles propios o garantidos, exposiciones, bancos, penitenciarías, etc., etc.

12^9 Da a la milicia la organización y disciplina pres-criptas por el Congreso, y como comandante en jefe de ella, corre con su administración y gobierno, excepto lo de la parte movilizada en servicio de la Nación. Concede también’ los grados militares hasta que la ley los atribuya a elección;

La guardia nacional constituye derechos concurrentes de la Nación y de las provincias: en general, la Nación dicta las leyes y reglamentos necesarios, y las provincias los aplican, usando ambas partes de su fuerza según sus necesidades, en las que, en caso de choque, prima el interés nacional. La Constitución Federal ha establecido que la guardia nacional esté organizada, disciplinada y armada, según leyes del Congreso, y por consiguiente, según decretos y reglamentos del Presidente de la República; esto tiene por objeto el que lo esté de un modo uniforme, porque en un momento dado, pueda formar un ejército que defienda a la Nación; pero las provincias proveen el nombramiento de sus jefes y oficiales, y son entre los que la dirigen o comandan aun en el caso de ser movilizada directamente por el Gobierno Federal, porque es un derecho que les ha garantido el artículo 67, inciso 24 de la Constitución Nacional, que le llama en todo caso, milicia de las provincias. Así, si bien es cierto que la administración y gobierno de las milicias movilizadas por la Nación o para ella, está a cargo de ésta, también lo es que en todos los demás casos, dicho gobierno y administración está en manos de las provincias y es esto lo que el inciso 12 pone entre las atribuciones del Gobernador, después de conferirte el poder de aplicar a dicha milicia la organización y disciplina que prescriben las leyes del Congreso y reglamentos nacionales. De la naturaleza de la institución, y de su carácter según la Constitución Argentina, se deduce que aunque el uniforme, el armamento, etc., deben ser según las leyes nacionales, su costo corresponde a las provincias, y es deber de éstas proveer a ello.

Principios de estricta justicia aconsejan que la guardia nacional sirva bajo jefes y oficiales elegidos por ella, y no tardará en adoptarse definitivamente este expediente; pero hasta que el caso llegue en todo o en parte, será el Gobernador el que haga todos los nombramientos de oficiales y jefes a que dé lugar la organización prescripta por el Congreso.

13 9 Moviliza las milicias con autorización de la Legislatura, y también en su receso con calidad de obtener su aprobación, en caso de invasión exterior o conmoción que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, dando aviso cuando corresponda, a la autoridad nacional;

La facultad de autorizar la movilización de las milicias es exclusivamente legislativa, tanto en el orden nacional como en el provincial; pero la Constitución permite dicha movilización en el receso de la Legislatura con calidad de obtener su aprobación así que ésta se reúna, en casos graves y peligro inminente para la tranquilidad o la seguridad de la Provincia o de la Nación, prescribiendo que en este último caso se dé inmediato aviso al Gobierno Federal de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Nacional.

Por lo demás, en el capítulo de las “Declaraciones, derechos y garantías” se ha establecido lo necesario para garantir a los ciudadanos contra movilizaciones injustas, prescribiendo que no se efectuarán sino por cuerpos, o por compañías, con los turnos que reclame el servicio a que son llamados. El Gobernador y sus agentes quedan así inhibidos de movilizar ciudadanos aisladamente, y de poner en juego preferencias o persecuciones políticas, que tan odioso papel han jugado en las luchas del país.

14Q Expedirá los derechos e instrucciones necesarias para que se practiquen las elecciones de diputados a la Legislatura y de miembros de la Junta Electoral, en los días que designe la ley o determinen los decretos de la Legislatura o de la Junta;

El Gobernador tiene el deber de hacer las convocatorias a elecciones que designe la ley, o disposiciones especiales de la Legislatura o de la Junta Electoral; pero no se entenderá que este requisito es necesario para la validez de mía elección que tenga lugar sin él. La Constitución ha querido que los electores del pueblo se acostumbren a cumplir con su deber sin que se lo recuerde nadie, y tratándose de las elecciones, ha establecido su concurrencia a las urnas electorales, en los días que marque la ley, o en los señalados por disposiciones especiales de la Legislatura o de la Junta Electoral. Por lo demás, el Gobernador debe leer en cada época de elecciones, no sólo el capítulo 2^9 de la Constitución, sino el artículo 88, incisos 9 y 10, a fin de contribuir por su parte a moralizar y dignificar el sistema y costumbres electorales, tan fáciles de ser corrompidos en la práctica por la complacencia, cuando no por la completa y directa acción de los que gobiernan.

15^9 Remitirá anualmente dentro de los quince días siguientes a la apertura de las sesiones de la Legislatura, el presupuesto de gastos y las leyes de recursos para el año siguiente; y adjuntará las cuentas detalladas y justificadas de su administración en el año anterior, con los libros en que se hubiesen llevado;

Esta disposición es imperativa.

Es necesario no olvidar que el Gobernador tiene ^obligaciones sagradas anuales, y no trienales o al fin de su período. Lo que debe después de tres años no es constitucional; puede o no dar cuenta de su gobierno. Lo que es de su deber es el habilitar anualmente a la Legislatura para 6U fácil y fecunda tarea, preparándole las memorias, el presupuesto, los proyectos aconsejados por la experiencia de la Administración, y la rendición de sus cuentas del año con los libros que hayan reclamado. Cualquier falta o retardo en este sentido, debe reputarse falta grave a los deberes de su cargo y caso de acusación, porque importa una violación expresa de las disposiciones de la Constitución. Es imperdonable, porque es incomprensible que habiendo muchos meses de período a período legislativo, todo lo necesario no se persente a la Legislatura al abrir sus sesiones.

16^9 Hará publicar mensualmente un estado de la tesorería general, y prestará cuantas veces sea requerido por la Legislatura, los jueces y municipalidades, el auxilio de la fuerza pública que autorice la ley, para la ejecución de providencias que por esta Constitución correspondan a cada una de dichas autoridades;

Esta disposición es también imperativa, y no debe olvidarse en ningún mes del año, porque sólo en esas condiciones responderá la publicación del estado de la tesorería al propósito de la Constitución.

El deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a la Legislatura, a los jueces y municipalidades, reclama cierta discreción, bien que la cláusula de ser para la ejecución de medidas que por esta Constitución correspondan a cada una de dichas autoridades, no dá al Gobernador facultad alguna de examinar la legalidad de tales actos; porque basta que por la Constitución cada autoridad sea responsable de toda orden que expida, para que estén consultadas las garantías debidas en cada caso, y no corresponda al Gobernador estorbar con pretexto alguno el cumplimiento del deber que se le impone. Pero se requiere cierta discreción porque habrá casos en que algunas autoridades requieran el auxilio para medidas que estén comprendidas en las facultades de otras, y sea por esta razón muy evidente que el Gobernador no deba prestarse para producir un conflicto. En general, la regla de criterio para la ejecución de esta cláusula no debe ser la duda de que la medida a favor de la cual se preste la fuerza pública, esté o no claramente indicada en las facultades de la autoridad que reclama el auxilio, sino para que se vea que corresponde a otra autoridad.

17^9 En el receso de la Legislatura podrá hacer los nombramientos que requieren su acuerdo, los cuales serán en comisión y caducarán treinta días después que este Poder hubiese abierto sus sesiones ordinarias, salvo el caso de su confirmación antes de esa fecha;

Este inciso adopta un sistema semejante al de la Constitución Nacional para casos análogos, sólo que disminuye el término de la comisión de los nombrados en el receso, a treinta días después de la apertura de las sesiones de la Legislatura. En otro lugar se ha dicho, y debe repetirse aquí, que el Gobernador, en el receso, no puede hacer nombramientos para cuya provisión haya solicitado el acuerdo de la Legislatura estando en sesiones sin obtener despacho, salvo casos de ace-falía de una autoridad unipersonal, porque en ese caso es evidente que el servicio público sería paralizado. La razón es que estando el caso de una vacante sometida a la Legislatura, y no resuelta por ésta, la responsabilidad de la falta del funcionario en cuestión es imputable a ésta exclusivamente, y el Gobernador no tiene sobre ellos ninguna responsabilidad, siendo probable que en caso semejante, con un nombramiento cualquiera por salvar ciertas dificultades, incurra en responsabilidades mayores. La concesión de esta facultad no autoriza al Gobernador para hacer en el receso promociones de empleados que funcionen con acuerdo de la Legislatura, porque sería hacer remociones que repugnan con la estabilidad que da a los empleados dicho acuerdo. Debe salvarse el caso en que el promovido acepte que su salida del empleo que ocupa, para ir a otro en comisión, importa la renuncia del anterior.

18^9 En el receso podrá también ausentarse de la Provincia por un grave y urgente interés público y por el tiempo indispensable que no pasará de treinta días, pero no podrá repetir su ausencia mientras tenga pendiente la aprobación de la anterior;

Muchas constituciones consignan la primera parte de la cláusula, pero no la final en que prohíbe bajo cualquier pretexto toda ausencia, siempre que esté pendiente la aprobación de la anterior. En el mayor número de casos esta Constitución, lo que ha hecho es agregar cláusulas a los principios conocidos, para salvar las disposiciones y males a que han dado lugar. En este caso el expediente encontrado es eficacísimo para evitar los abusos, porque a una Legislatura que considera injustificado el viaje del Gobernador efectuado en su receso, será más fácil el dejar de aprobarlo, que el aprobarlo expresamente. Por más que estos expedientes no sean los más directos para corregir abusos, son los más eficaces y mejores, basta que la Constitución baya regularizado bien la conducta de los funcionarios públicos.

La cláusula dice: “por un grave y urgente”; de modo que caso grave, que no sea a la vez urgente, es decir, que sin el viaje inmediatamente no se remedia, no será caso de ausencia justificada, y para el caso que lo sea no podrá exceder de treinta días.

19^9 Es el responsable solidariamente con sus ministros o con los empleados de la rama ejecutiva, de la conducta de estos, cuando la apruebe o la consienta: importará el consentirla cuando existiendo denuncias por la prensa, o por peticiones presentadas a él, no los castigare.

Este inciso, nuevo como es en los principios escritos de nuestras Constituciones, es de gran trascendencia para la moralidad de la Administración. La segunda parte define qué es lo que importa consentir en la conducta de un empleado acusado, y de tal modo fija la responsabilidad, que debe creerse que no se verán fácilmente repetidos casos de empleados acusados de todos modos, sin que su superior haya proveído a los medios de que se vindique dando así satisfacción a la parte de la opinión pública que lo acuse.

Artículo 88

Sin perjuicio de otras restricciones que surgen de esta Constitución y de la naturaleza del Poder Ejecutivo, al que lo ejerza le está absolutamente prohibido:

1? Delegar su autoridad o parte de sus facultades;

2^9 Expedir orden alguna sin la firma del Ministro que corresponda;

3^9 Ejercer empleos o recibir emolumentos de la Nación o de otra Provincia;

4^9 Conferir más de un empleo a sueldo a una misma persona, o hacer recaer un nombramiento con sueldo en persona que ya lo tenga de otro Poder;

5^9 Ejercer personalmente ninguna industria o profesión, durante el período de su mando;

6^9 Tomar parte directa o indirectamente en contratos con los gobiernos Nacional o Provincial, aun en los que se efectúan por licitación;

7^9 Imponer contribuciones, autorizar embargos, decretar multas y aplicar pena alguna;

8^9 Dar a las rentas una inversión distinta de la que les esta señalada por la ley;

9^9 Retardar o estorbar la reunión de la Legislatura o de la Junta Electoral o suspender alguna sesión o elección;

10^9 Proteger candidaturas para elecciones o consentir que sus empleados las favorezcan;

ll^9 Abrogarse facultades judiciales o entorpecer el cumplimiento de lo que decreteq los jueces;

12^9 Ordenar destierros, o decretar arrestos por más de tres días sin pasar la causa al juez competente;

13^9 Renovar juicios fenecidos, paralizar los existentes e influir sobre los jueces;

14^9 Disponer del territorio de la Provincia y exigir servicios no autorizados por ley.

La Constitución consigna estas prohibiciones claras y terminantes, repitiendo lo dicho tácita o expresamente en diversos artículos, porque considera que toda precaución es débil para corregir los abusos que engendra la corrupción política, y el poder extraordinario asumido por el Ejecutivo en el sistema de Gobierno de las provincias argentinas. Las disposiciones contenidas en los 14 incisos de este artículo son tan precisas que no reclaman comentario alguno; sólo debe decirse que su infracción en cualquier caso constituye uno de los más graves delitos de que puede ser acusado el Gobernador, porque aquí no caben dudas ni apreciaciones.

CAPITULO V

PODER JUDICIAL

SECCION I

SU ORGANIZACIÓN. — DURACIÓN DE LOS JUECES

Artículo 89

El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Corte de Justicia compuesta de tres jueces que la ley podrá aumentar hasta cinco. Hacen parte de este poder los jueces de primera instancia, los fiscales, defensores y demás tribunales que establezca la ley; pero la Corte representa la plenitud del Poder Judicial; su jurisdicción es improrrogable, pudien-do, no obstante, conferírsele el recurso de inaplicabilidad de la ley en ciertos casos.

I. — El mayor cuidado y el más delicado estudio han precedido a la redacción de este capítulo de la Constitución, por ser el Poder Judicial el más difícil de organizar con perfección, y por los graves conflictos a que puede dar lugar con la jurisdicción nacional, como lo comprueban los repetidos casos en que la Justicia Federal ha tenido que deslindar atribuciones. Para ser más conforme con el tecnicismo jurídico, se ha adoptado la denominación de Corte de Justicia, que la distinguirá de los demás tribunales que puede crear la ley orgánica de la justicia según las necesidades futuras.

En cuanto a la designación del número de jueces que han de componer la Corte, en teoría, esto es materia de la ley de procedimientos, por cuanto debe llenar directamente los vacíos que señale la práctica; pero en vista de las circunstancias porque atraviesa la Provincia, las

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Joaquín V. González

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que existirán todavía por muchos años, y la falta de hombres preparados para llenar debidamente estos cargos, ha sido necesario hacer esa designación, facultando a la Legislatura para aumentar su número cuando el ensanche de las causas y del movimiento judicial de la Provincia lo haga necesario; pero no era prudente abrir la puerta para que pudiera aumentarse irreflexivamente su número, visto que hasta muchísimos años no se presentará la necesidad de hacerlo así.

II. — Es evidente que la plenitud de atribuciones que corresponden al Poder Judicial no se ejerce, en el hecho, sino por el tribunal supremo; él tiene la superintendencia sobre todas las ramificaciones de la justicia y la verdadera representación constitucional de esa rama del Gobierno, como el Poder Ejecutivo no es ejercido sino por una sola persona, el Gobernador, sin que las demás reparticiones de la administración participen, sino indirectamente de tal carácter. Esto es lo lógico, lo estrictamente conforme con la naturaleza y funciones de los poderes del gobierno. Las otras divisiones, como jueces de primera instancia, procuradores fiscales, defensores, etc., aunque forman parte del Poder Judicial, no tienen en el hecho una verdadera representación constitucional; su existencia es más bien caracterizada por la ley que por la Constitución; ésta les da su personalidad y establece, en conjunto, sus facultades y atribuciones; y como, según esta Constitución, el Poder Judicial tiene facultad para presentar proyectos de ley sobre lo que a él se refiere (art. 99, inc. 9^9), y siendo éste un principio eminentemente conforme con las instituciones que nos rigen, se ve que los jueces y tribunales inferiores no podrían ejercer ni siquiera indirectamente esta facultad, puesto que la Corte, como tribunal superior, es la que representa la plenitud del Poder Judicial. De esta manera queda establecido con la mayor claridad el rol que le corresponde en la organización y funcionamiento de las tres ramas del gobierno.

[1]

[2] Ejerce, como vice-patrono, los derechos del patronato, en todo lo que la Constitución Nacional no atribuye al Presidente de la República; extiende su pase al nombramiento de curas propietarios o interinos; vela por el buen servicio del culto, y presta su protección a las autoridades eclesiásticas;

[2]

La Constitución Nacional no es explícita en cuanto al patronato: según ella, se ejerce por el Presidente de la República en la presentación de obispos, y en la concesión del pase a las disposiciones de la Curia Romana, y como las facultades de los poderes nacionales son limitadas, parece claro que las facultades sobre el patronato no pasarán de ahí.

[3]

Q Inspecciona todos los establecimientos públicos de la Provincia, vela por su buena administración y pide informes a las oficinas públicas y a las sociedades anónimas y de beneficencia, quienes son obligadas a darlos bajo las penas que la ley establezca;

Artículo 90

La Provincia se dividirá en circunscripciones judiciales en las que se tramitarán y fallarán en primera instancia todos los juicios, debiendo tener cada una sus límites, y un número de jueces proporcionado a los asuntos que se tramiten. La ley establecerá desde luego dos circuncripciones cuyas capitales serán la ciudad de la Rio ja y Chilecito.

La división en circunscripciones facilita extraordinariamente la administración de la justicia, y es la práctica universal; pero no debe designarse en la Constitución el número de ellas, porque sería limitar las atribuciones que corresponden a la Legislatura al dictar la ley orgánica, y hacer imposible que puedan establecerse otras cuando el adelanto de la Provincia, el aumento de la población, etc., exijan mayor descentralización. El gran inconveniente que tienen las circunscripciones es el de la escasez de personas capaces de desempeñar los juzgados de letras con la suficiente preparación, y la pequenez de los sueldos que el presupuesto puede asignar a abogados de otras provincias; pero existiendo por lo pronto dos circunscripciones, que son las que la ley vigente mantiene, se salvan suficientemente las exigencias de la Administración.

El juzgado de primera instancia que se estableció en Chilecito tuvo que suspenderse por haber dado en la práctica malos resultados; pero bien se comprende que esto es del resorte de la Administración, y en manera alguna de la Constitución ni de la ley. Si hubiese un juez malo, que cometiera faltas, ahí está la facultad de acusación que la ley y la Constitución acuerdan; pero no puede suprimirse la justicia por si alguna vez hubiera malos jueces. Por lo demás, los grandes vacíos de la Constitución de 1865, que permitía el ecceso a los puestos del Poder Judicial a personas sin idoneidad ni preparación, están perfectamente salvados en ésta, como se verá en los siguientes artículos; y puede asegurarse que, desde que fueran observados, no se presentarían casos como el referido.

Con el propósito de que en ningún caso pueda dejar de funcionar un juzgado de primera instancia en Chilecito, que se halla creado por la ley orgánica, pero suprimido por disposición superior en vista de graves inconvenientes, se ha ordenado por este artículo que se establezca desde luego dos circunscripciones que son indispensables dado el estado de prosperidad de ambas secciones de la Provincia; pero queda siempre en el resorte de la ley orgánica crear otras según las necesidades, asignándoles los límites que crea convenientes, así como el número de jueces que corresponda. La falta de un juzgado de primera instancia en Chilecito produce serios perjuicios que deben ser remediados sin tardanza; y con el fin de que la ley, o la autoridad correspondiente no lo supriman, se ordena en esta Constitución su establecimiento, en vista de que las circunstancias, los medios de vida y la aglomeración creciente de capitales y de industrias, aseguran una permanencia cómoda e independiente a los jueces y una mayor afluencia de causas al juzgado. Se ha observado que los juicios testamentarios de personas fallecidas en Chile-cito se vuelven eternos, y los costos consumen el capital de la sucesión, lo cual es monstruoso.

Artículo 91

La ley podrá establecer un Tribunal de Minas, que funcionará en Chilecito, restringiendo en este caso, y sobre este solo ramo, la jurisdicción de apelación que corresponde en general a la Corte de Justicia, y la de primera instancia a los jueces de esta categoría.

La sanción del Código de Minería que debe comenzar a regir desde el l^9 de marzo del corriente año, viniendo a completar la legislación de la República, hace que las provincias empiecen a preocuparse de la organización de la justicia en este importante ramo; a ellas corresponde su aplicación a los casos contenciosos, y por consiguiente, el procedimiento respectivo. Aunque la Constitución no puede entrar en detalles que serían del resorte de la ley especial, es indispensable, sin embargo, sentar los principios fundamentales que han de dar existencia y definir la jurisdicción que corresponde al Tribunal de Minas. El no hacerlo así hubiera sido autorizar al Poder Legislativo a cometer usurpaciones, atribuyendo quizá a un tribunal secundario una jurisdicción que corresponde a la Corte de Justicia, y que sólo la Constitución puede extender o limitar.

Por este artículo se establece un Tribunal Superior de Minas, que reunirá la jurisdicción de apelación y la originaria que la ley le atribuya en todas las causas regidas por el Código de Minería; y al hacerlo así, ha tenido en cuenta la naturaleza excepcional de la materia que la hace colocarse fuera de las reglas de la justicia ordinaria; la preparación especial que se necesita para desempeñar puestos de este género que requiren conocimientos técnicos de la ciencia y una práctica prolongada; la falta de estudios de derecho minero en las universidades de la República, lo que hace que existan en toda ella sólo algunas personas competentes en la materia, debiendo, por lo tanto ocupar estos puestos, en general, personas ajenas al gremio forense; por último, la facilidad en la expedición de esta clase de juicios que debe procurarse en bien de tan importante industria, lo cual exigirá una ley especial de organización y procedimiento, como se preceptúa entre las atribuciones de la Legislatura. (Art. 70, inc. 17).

El Congreso ha resuelto la cuestión de atribuciones nacionales y provinciales en orden a las autoridades mineras, dejando, como debía ser, a las provincias la organización de la justicia en este ramo como en el civil, comercial y penal; sobre esto no puede haber duda. Queda sin embargo la gran dificultad de deslindar las atribuciones puramente ad-

ministrativas de la9 exclusivamente judiciales;: pero, según el autor del proyecto de Código de Minería, esto* corresponde a la ley especial. En el artículo 404 del mismo proyecto se establecía lo siguiente, que conviene transcribir aquí, para contribuir a la aclaración de las ideas: “La autoridad en los negocios de minas será ejercida por tribunales superiores de Minería, por jueces letrados especiales de primera instancia y por jueces de distritos minerales.” De aquí nace la necesidad de atribuir la jurisdicción originaria y de apelación al Tribunal Superior de Minas; la primera para resolver cuestiones de competencia entre unas y otras autoridades inferiores; la segunda, en las sentencias de primera instancia.

De igual manera se deduce que la jurisdicción que corresponde por las leyes generales a los jueces de primera instancia en lo civil, comercial y penal, debe restringirse en esta sola materia para atribuirla a los jueces de minas que se crearán por la ley, a la cual toca establecer las cualidades especiales que, estando dentro de esta Constitución, sea necesario exigir a los que hayan de ocupar esos cargos, de acuerdo con el Código de Minería.

¿Quién debe resolver los conflictos entre la autoridad minera y la autoridad civil, y los que se suscitan entre lo administrativo minero y lo puramente judicial? Los primeros corresponderán a la Corte; y en cuanto a evitar o resolver los segundos, la ley debe adoptar el sistema propuesto por el autor del Código, por el que se reúnen en una misma autoridad ambas facultades. “¿Se comprenderá también, —dice en la nota al artículo 404,— la facultad de reunir todas esas atribuciones en una sola autoridad, así como las disposiciones que se relacionan con la industria minera, las obligaciones y los derechos, los actos y contratos a ellas referentes, están consignados y reunidos en una misma ley? Entendemos que sí, sobre todo, si se considera el interés de los explotadores, el interés general de la industria y el de la sociedad. Porque de este modo se evitarán los conflictos que ofrece en la práctica el perfecto deslinde de esas atribuciones; porque así se evitará también esa solución de continuidad en actos que deben ser indivisibles, como los que conducen y preceden a la constitución del título definitivo de propiedad; y en fin^ porque por ese medio se salvan las dificultades, las interrupciones, las complicaciones consiguientes al cambio de funcionarios y procedimientos que tanto daña los intereses mineros, que muchas veces perjudican y comprometen el buen derecho.” He ahí, pues, lo que los legisladores deben tener presente al dictar la ley de minas, y . que no es posible consignar en la Constitución, porque pertenece a las facultades de reglamentación del Poder Legislativo.

A los jueces de primera instancia en materia de minas corresponderá el conocimiento en todos los negocios regidos por el Código de

Minería hasta la sentencia definitiva, en las apelaciones y reclamaciones contra las medidas y sentencias de los jueces de distritos, según lo establece el articulo 404 (Art. 406); los jueces de distritos mineros representan en esta materia las mismas funciones que los jueces de paz en la justicia ordinaria, con más las atribuciones administrativas y policiales que les acuerde la ley, en caso de adoptarse el sistema indicado de la reunión de las jurisdicciones administrativa y contenciosa mineras en una sola autoridad (Art. 407). Convendrá igualmente hacer coincidir, en cuanto sea posible, las divisiones judiciales mineras con las civiles, a fin de evitar confusiones perjudiciales (1).

Por todo lo expuesto se verá la conveniencia de separar completamente los negocios de minas de los demás que se rigen por la legislación común, creando tribunales especiales, cuyos miembros deben reunir aptitudes enteramente distintas de las exigidas para los tribunales civiles, por cuanto ha de ser indispensable introducir en su composición personas de una instrucción especial y técnica; pero mientras esta organización no sea posible, o no la establezca la ley, conviene que siga observándose la práctica actual basada sobre las Ordenanzas de México y el Reglamento Provincial de 1881; correspondiendo, como de derecho corresponde, a la Corte de Justicia la jurisdicción de apelación, como en los demás asuntos de la legislación común, y a los jueces civiles de 1* instancia, la de este grado. Respondiendo a estas exigencias es que sólo se da al artículo 91 una forma facultativa, para que la Legislatura adopte el sistema que crea más adecuado y en el tiempo oportuno.

El artículo designa el lugar de residencia del Tribunal de Minas, porque conviene que no haya variaciones en una materia que tanto influye en la buena marcha de los negocios de esa especie. Obligar a un empresario o dueño de mina en explotación, a ir a buscar a algunas leguas de distancia el asiento del Tribunal, importa hacerle perjuicios incalculables que sólo pueden apreciar debidamente las personas del oficio, además de que, por sí misma, la instabilidad es contradictoria con una buena administración. El asiento no puede ser otro que Chilecito, donde, como se sabe, se hallan radicadas todas las empresas que trabajan el mineral del “Famatina”; y en caso de que se iniciaran trabajos en grande escala en alguna otra zona minera, ofrecería mayores facilidades la comunicación con Chilecito, por la configuración de los valles que le dan acceso; pero la razón más concluyente es que allí está concentrada toda la riqueza minera de la Provincia, y por consecuencia, las t grandes empresas con su numeroso personal.

(1) Las citas del proyecto del Dr. E. Rodríguez, pertenecen al título XIX, que fué suprimido por la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados.

Artículo 92

Para ser miembro de la Corte de Justicia se requiere ser ciudadano argentino, abogado de la Nación o de la Provincia con cinco años de práctica, y tener las demás condiciones exigidas a los diputados; para ser juez, fiscal o defensor, sólo se requiere ciudadanía, mayor edad y título de abogado de la Provincia con dos años de ejercicio. No se exigirán estos requisitos a los que, siendo abogados, se hallasen desempeñando dichos puestos al tiempo de sancionarse esta Constitución; los cuales continuarán hasta terminar el período porque hayan sido nombrados.

Una de las necesidades más imperiosas en la actualidad, es la de dar al Poder Judicial la. respetabilidad y las garantías de acierto que debe tener por su alto carácter. Actualmente cualquier ciudadano puede desempeñar esos puestos con grave peligro para las instituciones y los derechos que toda Constitución asegura; y es causa para que los hijos de la Rioja, que siguen estudios superiores en las universidades nacionales, se abstengan de ir a prestar en ella su contingente de ilustración, aplicando con ciencia y preparación las leyes, porque se exponen a ser suplantados por legos a quienes ningún sacrificio ha costado su profesión. Por estos artículos esos hombres son estimulados, y no verán en su Provincia las trabas que hasta hoy los han detenido fuera de ella; abogados competentes serán en la Corte y en los tribunales inferiores una garantía de que sus conocimientos serán apreciados debidamente, y la justicia será ejercida de acuerdo con las leyes y las doctrinas del derecho más adelantadas. Los más profundos conocimientos de un abogado se estrellan ante la poca o insuficiente preparación de los jueces que deben estudiar sus escritos; y a mayor ilustración corresponden, en general, mayores hábitos de justicia y equidad.

Todo esto trata de remediar este capítulo, rodeando al Poder Judicial de todas aquellas garantías y cualidades que lo hagan independiente, ilustrado y recto. La ciudadanía es indispensable en la administración de justicia, así como los estudios superiores que aseguran la ilustración del juez. Con el objeto de llamar a la Rioja los abogados que se han recibido en las universidades nacionales, la Constitución les abre la puerta sin más requisito que la práctica de cinco años, suficientes para constatar la experiencia en los asuntos de la justicia; pero como la Legislatura debe dictar el Código de Procedimientos y de organización de los tribunales, no se le puede quitar la facultad de reglamentar todo lo que a ella se refiere, y establecer las condiciones que deben llenar los que quieran obtener títulos de abogado en la Provincia; y así, en dichas leyes debe ampliarse este artículo y establecer los medios de obtener esos títulos. Tanto para los abogados nacionales como para los provinciales, los cinco años de práctica son absolutamente indispensables.

Es justo que los que al tiempo de la sanción de la Constitución 6e hallasen desempeñando estos puestos, continúen en ellos hasta terminar su período, con tal que tengan título nacional o provincial, puesto que tienen un derecho adquirido en virtud de la Constitución vigente y que la nueva no podría quitarles sin introducir cierta anarquía; y porque el hecho de desempeñar esos cargos desde algún tiempo, asegura ya de su parte, suficiente conocimiento de los deberes, prácticas y leyes que les corresponde observar y aplicar. Esto importa una disposición transitoria, según la cual se contemporiza, como debe hacerlo toda reforma prudente, con los hechos consumados que no importan un peligro para la existencia de los poderes.

Para los demás tribunales y juzgados inferiores sólo se exige el título de abogado de la Provincia y dos años de práctica, bien entendido que los abogados nacionales no se excluyen, puesto que pueden ser jueces de la Corte. Por lo demás, la ley reglamentará estas* disposiciones de acuerdo con las circunstancias y las necesidades actuales.

Artículo 93

Los jueces de la Corte duran nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años, a cuyo efecto, en la primera instalación, se sortearán los que deban salir en el primero y segundo trienio, labrándose una acta que se comunicará al Poder Ejecutivo; los demás funcionarios durarán cinco años desde el día que se reciban, aunque sea en reemplazo de otros cuyo período hubiese transcurrido en parte. Todos los funcionarios de la Corte, tribunales y juzgados inferiores, son reelegibles indefinidamente hasta la edad de setenta años.

Este artículo concilia dos principios contradictorios pero esenciales a todo buen gobierno: el primero es la renovación de los poderes y de los hombres que los desempeñan, propio de la forma republicana democrática; y el segundo, la estabilidad necesaria a una buena administración de justicia. El plazo de nueve años para la duración de las funciones de los jueces es prudencial, y permite su reemplazo, con más la renovación trienal por terceras partes, a fin de introducir hombres e inteligencias nuevas, dando acceso a todos los que vayan a la Rioja a ofrecer el contingente de sus luces; y por otra parte, la reelegibilidad indefinida permite que los buenos jueces que se hagan acreedores a la consideración pública e indispensables a la buena marcha de la justicia, permanezcan en sus puestos sin ser removidos.

La comunicación al Poder Ejecutivo del sorteo de los que deban salir en el primero y segundo trienio, es necesaria a fin de que pueda procederse con tiempo y con acierto a la elección de las personas idóneas que deban reemplazarlos. Así se evitarán dos inconvenientes: el que los suplentes desempeñen esas funciones demasiado tiempo sin la seguridad de permanencia que tanto influye en la aplicación de los jueces al estudio, y el que se haga nombramientos precipitados que puedan llevar a la Corte personas poco versadas en la profesión o en el conocimiento de las leyes.

Para los demás funcionarios del Poder Judicial se fijan sólo seis años de duración, porque por los requisitos que deben llenar, habrá mayor número de aspirantes; y prolongar más tiempo su expectativa, sería desterrarlos injustamente de esos puestos a que tienen derecho por su patriotismo y aptitudes. Por la naturaleza y carácter de sus funciones, se requiere menos tiempo para ponerse al corriente de ellas, y por lo tanto, seis años bastan para asegurar un buen desempeño.

La fijación de un máximum de edad ha sido considerada indispensable por algunas constituciones como la de Buenos Aires, y existe igualmente para los jueces de la Corte en algunos Estados de la Unión Americana; pero esto obedece no tanto a la conocida suposición de que la ancianidad debilita las facultades intelectuales por lo general, cuanto a razones más en armonía con los principios constitucionales, y es que no deben los jueces perpetuarse en su puesto cerrando el camino a otros que tienen igual derecho, y también porque un magistrado que llega a esa edad, habiendo servido a la justicia toda su vida, necesita un retiro saludable, que recibirá como una justa compensación a sus fatigas. No es lícito exigir a un ciudadano mayores servicios, sobre todo de esta clase, más allá de la ancianidad, ni es compatible con el espíritu democrático de nuestra educación, hacer de los puestos públicos una especie de patrimonio individual, lo que sucedería si la reelección no tuviera un término prudencial que conjurase todos los inconvenientes mencionados.

Artículo 94

En caso de recusación, excusación justa, ausencia motivada, enfermedad o suspensión por acusación de cualquiera de los jueces de la Corte, será reemplazado por uno de los conjueces que se sorteará de una lista de abogados que la Corte formará todos los años.

Si se ha consignado en la Constitución esta materia que correspondería a la ley de organización, es porque de este modo se resuelve con tiempo una cuestión de la mayor gravedad que no tardará en producir serios conflictos, tanto en el orden nacional como en el provincial: y es que si los suplentes de un tribunal o Corte de justicia, no siendo creados expresamente por la Constitución, tienen verdadero carácter constitucional para dictar válidamente una sentencia; y por lo tanto, si esa sentencia dictada por una Corte integrada por suplentes meramente legales, por ejemplo, en causa que requiera unidad de votos, puede ser constitucionalmente atacada de nulidad. Y como en efecto, la cuestión tiene raíces profundas en la ciencia y en la Constitución Nacional, se ha querido salvar estrictamente los principios, dando una existencia constitucional a los suplentes que deban integrar la Corte en los casos comunes que enuncia el artículo. De todos modos, queda a la ley la facultad de proveer las formas para su designación y el número que crea necesario.

Artículo 95

Todos los magistrados que constituyen el Poder Judicial o hacen parte de él, disfrutarán de un sueldo que se pagará religiosamente y que no podrá ser disminuido durante el período de su nombramiento; a cuyo efecto, el tesorero de la Provincia entregará mensualmente al Presidente de la Corte, el importe de la planilla de sueldos correspondiente. Ningún crédito será preferido al pago de estos sueldos bajo responsabilidad del tesorero.

Esta es una de las garantías que mejor aseguran la dedicación del juez a los asuntos de su ministerio, sin esas contingencias de la vida que muchas veces le obligarán a abrazar trabajos solapados, y hasta pueden comprometer la imparcialidad y la rectitud en sus actos. El juez no debe hacer más que estudiar, y para ésto le es absolutamente necesario una gran tranquilidad de espíritu, y una seguridad plena de que sus recursos no le faltarán o no disminuirán considerablemente en el tiempo de sus funciones; que no se verá quizá forzado a abandonar su residencia y su puesto, privando a la justicia de verdaderas ilustraciones, e introduciendo entre la gente del foro cierta aversión a los puestos judiciales, como la hay respecto de aquellos que se rozan con la política, y que se hallan, por lo tanto, sujetos a una instabilidad verdaderamente nociva a toda buena administración. Además, lo que establece este artículo es lo que se observa en la mayor parte de los Estados que tienen una adelantada organización judicial; es el principio de la Constitución Federal de los Estados Unidos (1) y de la República Argentina (art. 96), y los tribunales de la Unión han aplicado el artículo a algunos casos estableciendo la doctrina siguiente: “El Congreso no puede crear, o limitar por ninguna otra condición, la duración del empleo judicial, ni rehusar el pago del salario estipulado a los jueces, en las épocas establecidas, ni disminuirlo mientras dura sú continuación en el empleo"

- (2); y hecho extensiva la prescripción anterior a los Jueces de Paz de los distritos judiciales (3).

Story, fundando la cláusula citada de la Constitución Norte Americana, decía: “Esta disposición es la mejor que haya podido proponerse, porque las variaciones en el valor de la moneda en el estado de la sociedad, hacían imposible fijar el sueldo por la Constittución. El que parecía exagerado hoy, será tal vez mínimo e insuficiente dentro de medio siglo. Era pues necesario dejar a la discreción de la Legislatura el cuidado de modificar la indemnización según las localidades y las circunstancias; pero era también necesario quitar al Cuerpo Legislativo el poder de empequeñecer la posición de los magistrados. De este modo, un hombre puede estar seguro de su posición, sin que lo separe de su deber el temor de ser colocado en una situación menos buena. La cláusula de la Constitución reúne estas dos ventajas. El sueldo de los empleos judiciales puede ser cambiado de tiempo en tiempo, cuando las circunstancias lo exigen, de modo, sin embargo, que no se disminuya la compensación con que el juez tomó posesión del empleo... Con respecto a los jueces, que si se conducen bien, están seguros de conservar su empleo toda la vida (entre nosotros por medio de la reelección), podrá suceder, y sobre todo en los primeros tiempos de un gobierno, que un sueldo suficiente para una época, no lo sea ya para otra (4)”. Razonamiento perfectamente aplicable a nuestro caso, con pequeñas diferencias que quedan salvadas con la reelegibilidad de los jueces, que permite su continuación, mientras no sean destituidos por juicio político, o aun por otros medios legales.

- (1)  Artículo 3^9, Sección 1’.

- (2)  Decisiones Constitucionales de los Tribunales Federales de los Estados Unidos, traducción de Calvo, N^9 2026.

- (3)  Id., id., N^9 2028.

- (4)  Comentarios sobre la Constitución de los Estados Unidos, traducción de Calvo, N^9 888.

Esta es, por lo tanto, la verdadera doctrina constitucional que rige en la República Argentina por el artículo 96 citado, y que debe extenderse y adoptarse por todas las provincias.

El modo de hacer práctico el principio en esta Constitución es estableciendo una obligación, bajo responsabilidad que marcará la ley de la materia, al tesorero de la Provincia, de entregar el importe de los sueldos del Poder Judicial religiosamente, en las épocas marcadas por el presupuesto, sin que pueda postergarse por consideración ni pretexto algunos.

Artículo 96

La Corte de Justicia y los demás tribunales y juzgados de la Provincia, en el desempeño de sus funciones, procederán aplicando esta Constitución y los tratados, leyes y decretos de carácter provincial que se armonicen con ella, teniendo presente lo precripto por el artículo 31 de la Constitución Nacional sobre supremacía de la Constitución y leyes de la Nación.

Esta es una de las disposiciones de mayor trascendencia que puede contener una Constitución provincial; porque tratándose de constituir el Poder Judicial, es indispensable fijar con precisión las materias que abarca y las funciones que le están asignadas por la Constitución; y aunque es obvio que los tribunales de provincia aplican el derecho establecido por el Congreso en uso de sus atribuciones (67» 11), es también indudable que de aquí pueden nacer conflictos peligrosos para la existencia de la unión nacional, arrogándose las provincias facultades que están delegadas al Gobierno Federal. Esta usurpación de facultades no es difícil, dado el poder de las legislaturas provinciales para dictar leyes para su régimen interno, y que pueden comprometer poderes cedidos, llevando a límites extremos la interpretación constitucional; y más de una vez la Suprema Corte ha tenido que fallar declarando inconstitucionales las leyes y procedimientos de las provincias por haberse extralimitado en sus facultades.

¿Cuál sería, en caso de no haber en la Constitución provincial una declaración como ésta, la posición de una provincia que se ve condenada a derogar una ley y a soportar sus perjudiciales consecuencias? ¿Habrá de sostenerse en su resolución, provocando un conflicto que puede llegar a vías de hecho? Es claro que no; pero para evitar estas probabilidades, y el ver a cada momento su independencia y su soberanía propias refrenadas por el Poder Judicial de la Nación, es absolutamente indispensable consignar un artículo por el cual la Provincia manifieste de ante mano su conformidad con las superiores interpretaciones de aquel Poder. De esta manera, por ejemplo, no podrá persistir en la ejecución de ciertas leyes inconstitucionales que serían erradamente aplicadas por los tribunales locales, con grave perjuicio del derecho individual, hasta que por la reclamación ante la justicia nacional, se hiciera la luz sobre su constitucionalidad. Y véase cuánta importancia tiene esta cuestión considerada con relación a los impuestos.

Por otra parte, la Provincia está obligada a hacer esta declaración, para ser consecuente con lo que le corresponde en la sanción del artículo 31 de la Constitución Nacional. Según este artículo, las provincias han resuelto acatar las leyes y decretos de carácter nacional, subordinando a ellos el ejercicio de sus facultades y poderes reservados. El no hacerlo significaría, o desistir tácitamente de una obligación que se ha impuesto al sancionar la Constitución general, o exponerse a sufrir a cada momento rectificaciones que pondrían en evidencia el desacierto y la imprevisión en el ejercicio de su soberanía; extremos ambos que se hace necesario salvar, declarando cuáles son las leyes que deben aplicar sus tribunales, y qué relación guardan sus actos judiciales con los altos poderes conferidos a la Justicia Nacional. Importa, por lo demás, dar a la Constitución Nacional unidad de interpretación, para aclarar, con las decisiones frecuentes sobre los casos ocurridos, sus términos y sus alcances; y esto sólo se conseguirá sometiendo la causas que se relacionan con ella a una misma autoridad, que no puede ser otra que la Nacional, porque es uniforme, y no las múltiples interpretaciones que resultarían de los tribunales de las provincias, introduciendo así, una verdadera anarquía en los principios.

Artículo 97

En la primera instalación de la Corte de Justicia, sus miembros prestarán juramento en manos del Gobernador de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo el juramento será ante la misma Corte.

La primera parte de este artículo es lo mismo que el 98 de la Constitución Nacional; y se ha consignado aquí, porque habiéndose dado nueva forma al Poder Judicial, y exigido nuevos y más importantes requisitos a las personas que hayan de desempeñarlo, es lógico comenzar una nueva existencia en armonía con la Constitución. El juramento, siendo indispensable, es la obligación que asume el que lo presta, de conformarse a los preceptos de la nueva Constitución, que en orden a este Poder, sobre todo, ha cambiado casi totalmente su carácter, e introducido muchos deberes y reglas que los jueces anteriores no han jurado obedecer ni cumplir.

Artículo 98

La presidencia de la Corte de Justicia corresponderá por turno anual, sacado la primera vez a la suerte. El turno para cada silla no se interrumpirá sino en el caso de corresponder a una ocupada interinamente, en cuyo caso la ejercerá el penúltimo Presidente para ser seguido del último.

El Presidente de la Corte, por esta Constitución y por las leyes orgánica y de procedimientos, tiene funciones de gran importancia que conviene autorizar debidamente, estableciendo en la Constitución, como para el Poder Legislativo, la forma de su designación, y el tiempo que ha de ejercer sus funciones, teniendo en cuenta que se trata de magistrados de igual categoría y que todos, por lo tanto, deben presidir el tribunal. La forma establecida por el artículo es la más conforme con los principios y con las prácticas más generalmente admitidas.

SECCION II

ATRIBUCIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA

Establecida como lo está por el artículo 89, la distinción entre la Corte de Justicia y los demás tribunales y juzgados que creará la ley de la materia, y de acuerdo con las ideas que se desenvuelven en el comentario respectivo, era lógico titular esta sección, “Atribuciones de la Corte de Justicia”, y no “Del Poder Judicial”, como es práctica en las demás constituciones provinciales. Los tribunales y juzgados inferiores son creados por la Legislatura en virtud de una delegación general de soberanía, y por lo tanto, toca al Poder que crea el empleo o función, designarle las atribuciones que le corresponden; no pudiendo hacerlo la Constitución sino de un modo general, como se hace por el artículo 97. Pero la Corte es creada directamente por la Constitución, y lógicamente, a ella le corresponde marcarle sus atribuciones y su carácter propios.

Esta sección no puede, pues, ocuparse sino de las funciones que le competen a la Corte, único poder que por la Constitución, reúne la pie-nitud del Poder Judicial; por eso los incisos siguientes 66 ocupan de definir y deslindar la jurisdicción de apelación u origanaria que le es esencial. Debe tenerse presente que no es necesario expresar que por la sentencia de la Corte fenece todo juicio; porque por la Constitución Federal y las leyes de Justicia Nacional vigentes, este es un principio general no discutido, con excepción de los casos en que en un pleito ante los tribunales superiores de provincia se haya puesto en duda la validez de un tratado, de una ley o de una autoridad nacional y la resolución sea contraria; cuando se ponga en duda la validez de una ley, decreto o autoridad provinciales por creérselos repugnantes a la Constitución, tratados o leyes de la Nación, y la decisión haya sido favorable (1); cuando se cuestiona la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, tratado, ley o la autoridad nacional, y se haya resuelto en contra de la validez de lo que motive el litigio (2). Estos son los únicos casos en que, por comprometerse los poderes delegados a la Justicia Nacional, la jurisdicción de Provincia no es concluyente; pero no podría expresarse ésto en la Constitución porque, por su naturaleza, la materia pertenece a la ley nacional.

Artículo 99

Corresponde a la Corte de Justicia:

l^9 El conocimiento y decisión en grado de apelación, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución y leyes de la Provincia, y por el derecho civil, penal, comercial, de minería y demás leyes del Congreso, según que las cosas o las personas caigan bajo la jurisdicción de la Provincia;

Es doctrina corriente entre los jurisconsultos que han comentado la Constitución de los Estados Unidos y la Argentina, que la Corte Suprema no puede ejercer más jurisdicción originaria que la expresamente concedida por la Constitución, y la apelada en los casos igualmente especificados, como una excepción de la facultad general acordada al Poder Legislativo para dar jurisdicción de una y otra clase a tribunales inferiores, que él debe crear; que habiendo estatuido la Constitución que la Corte ejercerá jurisdicción originaria en tales o cuales casos, el Poder Legislativo no puede concederla para otros, según el principio de

- (1)  Artículo 31, Constitución Nacional.

- (2)  Artículo 14, Ley nacional de 14 de setiembre de 1863. que la concesión de un poder para los casos especificados, importa la exclusión de ese poder para otros casos, siendo de ningún efecto, por lo tanto, toda ley que extendiese ese poder; que por la Constitución, es inherente a la Corte Suprema la jurisdicción de apelación, con sujeción únicamente a la facultad reglamentaria del Congreso que dispone del Poder Judicial en virtud del mandato general de organizar la justicia, pudiendo extenderla a otros tribunales o jueces inferiores (1); que la Corte tiene jurisdicción apelada en todos los casos en que no la tiene originaria, salvo las excepciones que introduzca la ley, y puede por lo tanto extenderse a todos los casos enumerados que no estén sometidos exclusivamente a la jurisdicción originaria (2); que la jurisdicción apelada no está limitada a la Corte Suprema ni a ningún tribunal especial; que lo que da jurisdicción es el caso y no el tribunal, y por lo tanto, la ley puede conferirla a otros tribunales inferiores, así como la originaria, exceptuándose de este poder los casos que la Constitución misma haya atribuido expresamente a la Corte (3).

Estos son los principios fundamentales que dominan la materia, y que habiéndose incorporado a la Constitución Nacional, han dado origen a todas las leyes de procedimientos nacionales y provinciales, siendo acordes con ellos las decisiones de la Suprema Corte Argentina; las Constituciones de provincia tienen que adoptarlos porque son los fundamentos del derecho judiciario que han de presidir a la organización de los tribunales. En virtud de esos principios este artículo contiene declaraciones que deslindan con claridad la materia, estableciendo los casos en que la Corte ejerce jurisdicción originaria, y los en que la apelada le corresponde exclusivamente; el inciso primero le atribuye en general el conocimiento en apelación de todas las causas regidas por la Constitución y leyes provinciales, y por la legislación nacional, 6egún que las cosas o las personas caigan bajo la acción judicial de la Provincia, 6in que esto importe negar dicha jurisdicción a otros tribunales que podrá establecer la ley según las necesidades; distribuye, por decirlo así, la jurisdicción originaria, en la generalidad de los casos, entre los juzgados inferiores, correspondiendo a la Legislatura hacer mayores ampliaciones. Es lo único que la Constitución puede hacer según los principios, consultando las exigencias de la ley orgánica y de procedimientos, y deslindando con precisión las divisiones de la jurisdicción que hace indispensables una buena y sabia administración de justicia.

- (1)  Story, Comentarios, traducción de Calvo, Nos 933, 955. —> Decisiones Constitucionales, Nos. 2105, 2106, 2116, 2117.

- (2)  Story, Comentarios, traducción de Calvo, N^9 942. — Decisiones Constitucionales, N^9 2115.

- (3)  Decisiones Constitucionales, Nos. 2121, 2124.

2^9 Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia, entre éstos y alguna Municipalidad, o entre dos o más Municipalidades, y en las que se susciten entre los juzgados de 1? instancia, o entre uno de éstos y cualquiera autoridad ejecutiva, con motivo de su jurisdicción respectiva;

Teniendo la Corte de Justicia la plenitud del Poder Judicial según la Constitución, y ejerciendo por derecho de soberanía todas las facultades de interpretación de la Constitución y última decisión en la materia legal, a ninguna otra autoridad le corresponde el conocimiento en las contiendas de competencia entre los poderes públicos, tratándose de resolver conflictos de atribuciones con ocasión de sus funciones constitucionales o legales, y con motivo de su carácter electivo. Lo mismo podemos decir de las Municipalidades, que son verdaderos poderes públicos dotados de gran parte de la soberanía popular, y cuyo rol está marcado por la Constitución, y por lo tanto, sus actos deben ser clasificados por el poder encargado por ella de interpretarla definitivamente. Por razón de la persona, es decir, del carácter constitucional de esos poderes, sus conflictos tienen que versar sobre atribuciones, y esto es, a no dudarlo, de la jurisdicción exclusiva y originaria de la Corte, so pena de dejarlos entregados a sí mismos, introduciendo una verdadera anarquía entre ellos. Iguales consideraciones deben hacerse respecto a la competencia entre una autoridad administrativa y otra judicial, porque sólo la Corte, con su poder supremo de interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes está llamada a sentar la verdadera doctrina; además de que, siendo parte en la contienda un juez o tribunal exclusivamente judiciales, cae naturalmente bajo la jurisdicción de aquella. Respecto de los conflictos entre dos tribunales o juzgados de apelación o primera instancia, la cuestión no ofrece dificultad alguna, por ser la resolución del inciso doctrina corriente en la legislación universal, y en la de toda la República.

Como se ve, este inciso establece con claridad las bases de la legislación administrativa de la Provincia, en cuanto especifica las materias que se reservan a la Corte; las demás contiendas entre los departamentos de la Administración que no revisten el carácter de poderes públicos en su sentido estricto, es decir, los funcionarios que no deben su existencia a la elección popular, quedan sujetos a las reglas que dictará la Legislatura al sancionar la ley de responsabilidad y atribuciones de los funcionarios públicos. Es ésta la que debe formular el Código Administrativo de la Provincia, fijando el límite de toda atribución, y por lo tanto, los casos en que el derecho de los particulares

8ea herido por un acto administrativo, y dé origen al recurso para ante la autoridad superior que, según la ley, tenga la jurisdicción administrativa originaria; ella designará las formas o procedimientos que deban observarse ante la jurisdicción de apelación que corresponde al Poder Ejecutivo como supremo administrador, y cuando las circunstancias lo permitan, organizará los tribunales administrativos para esta clase de cuestiones; y salvo las reservas establecidas en favor de la Corte, el inciso deja a la ley un vasto campo de acción en este sentido, a fin de que pueda adoptar las formas más adelantadas de la ciencia, y las más adecuadas a las condiciones peculiares de la Provincia.

3^9 Decidir en única instancia y en juicio pleno de las causas contencioso-administrativas, previa denegación de la autoridad administrativa competente, al reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada. La ley establecerá un término para este recurso y sus procedimientos;

El inciso anterior decide la cuestión de las competencias entre los Poderes Públicos, entre éstos y las Municipalidades, entre dos o más Municipalidades, y entre dos o más jueces de primera instancia o tribunales inferiores de apelación que pudiera establecer la ley; el inciso 3^9, decide una cuestión de la mayor trascendencia que se presenta muy a menudo, y que se desprende de la misma naturaleza de la administración; él concede un recurso para ante la Corte, a toda persona que se considera perjudicada por un acto administrativo. Pero ¿a quién compete conocer en la primera instancia? “Si uno de los miembros de la administración, en ejercicio de los poderes que le están confiados, perjudica a un particular, se concede a éste un recurso contra el acto que le hace sufrir, y este recurso será, en principio, elevado ante un tribunal administrativo” (1). He ahí, pues, lo que constituye la competencia contencioso administrativa: l^9 lesión de un derecho particular que resulta de un acto del poder público; y 2^9 que ese acto importe un exceso de poder cometido por el administrador (2).

Ahora bien, en nuestro caso, un empleado público de la Administración, excediendo sus atribuciones, atenta contra un derecho individual: ¿ante quién debe presentarse la queja o la reclamación? Seguramente que ante la autoridad superior administrativa a cuya jurisdicción está sujeto el empleado; pero si esta autoridad superior se niega a reconocer el derecho alegado por el particular, debe considerarse que ésta hace suya la conducta del funcionario que cometió el exceso, y en-

- (1)  A. Gautier, Cours de droit administratif, tomo l^9, pág. 1.

- (2)  Id., id., lugar citado, pág. 2.

tonces el recurso no puede proceder sino ante la Corte; o bien, el Poder Ejecutivo, o la autoridad que corresponda, interpreta la ley en sentido desfavorable a los derechos del particular, y en este caso, es evidente que corresponde a la justicia establecer el verdadero sentido de la ley, así como el alcance de las atribuciones del funcionario.

Este recurso no se concede en general de los actos puramente administrativos de los poderes públicos; pero es indispensable en los de carácter contencioso. En el primer caso, porque el administrador posee un poder discrecional en lo que es de su competencia exclusiva en vista del objeto de interés público que persigue (1); en el segundo, porque se halla comprometido por contratos, porque versa sobre asuntos regidos por las leyes comunes, y porque ‘‘estando fijados ciertos límites a los poderes de un administrador, cualquier particular podrá quejarse si estos límites han sido infringidos en su perjuicio” (2). Estos casos no son extraños en las prácticas judiciales de la República, y uno de ellos, el del Sr. Lacroze contra la Municipalidad de Buenos Aires, en el año 1872, ha venido a provocar resoluciones y estudios de grande importancia científica, y a demostrar a cuántos excesos se encuentran expuestos los poderes públicos, por lo general demasiado absorbentes por naturaleza, cuando se trata de acopiar atribuciones (3). Este inciso, conforme con los principios más universalmente aceptados, tanto por la jurisprudencia, como por las constituciones más adelantadas de la República, concede el recurso en las causas contencioso-administrativas para ante la Corte, y deja las demás facultades al resorte de la ley, que consultará mejor las necesidades prácticas que pondrá de manifiesto el ejercicio de la Constitución y el mejor servicio público.

4^9 Juzgar originaria y exclusivamente en juicio pleno a todo funcionario o empleado no sujeto a juicio político, y pronunciar su destitución, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, abuso o delito en el ejercicio de sus funciones, quedando el empleado sujeto a las responsabilidades de cualquier daño que hubiere causado;

El inciso 4^9 establece la forma en que deben ser juzgados los demás empleados públicos no sujetos por la Constitución a juicio político ante

- (1)  A. Gautier, Cours de droit administratif, tomo l^9, pág. 3.

- (2)  Id., id., pág. 3. — Malaver, Jurisdicción correccional de la Municipalidad. Revista de Legislación y Jurisprudencia, tomo 8, página 247).

- (3)  Malaver, obra y lugar citados.

la Junta Electoral; estos juicios están en la mayor parte de las provincias, sometidos a los tribunales inferiores según la forma legal; pero al atribuirlos a la Corte, el inciso lo hace con el fin de garantir del mejor modo posible su juzgamiento, y evitar que los jueces inferiores puedan ser influidos por pasiones políticas secundando sus móviles, de que, por su organización y condiciones especiales, se hallan más exentos los jueces de la Corte.

5^9 Conocer originaria y exclusivamente de los recursos de fuerza; y cuando no en grado de apelación, en consulta, de las causas en que se imponga la pena capital, al solo efecto de decidir si la ley es o no aplicable al caso; siendo necesario unanimidad para declarar aplicable la ley;

Graves objeciones se hacen contra la facultad de las provincias para conocer de los recursos de fuerza, y las más notables de entre ellas son las siguientes: que la Constitución Nacional, en su artículo 86, inciso 9^9, atribuye al Presidente la facultad de conceder el pase o retener los decretos, bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice, con acuerdo de la Suprema Corte, necesitándose una ley del Congreso, cuando ellos tienen un carácter general y permanente; y como “esas disposiciones conciliares o pontificias pueden afectar laa garantías que los habitantes de la República deben gozar en los juicios eclesiásticos, y en tales casos sólo por una ley del Congreso puede permitirse el pase a tales disposiciones, es evidente que sobre el particular nada pueden legislar las provincias; que los tribunales eclesiásticos no son tribunales de provincia, y por consiguiente, nada jueden legislar las provincias respecto a esos tribunales, ni respecto a los recursos que contra sus procedimientos se pueden o no entablar” (1); que por el inciso 8^9 de la Constitución Nacional, haciendo indispensable la intervención del Presidente en la presentación de Obispos a propuesta en terna del Senado, la Curia Eclesiástica es una autoridad nacional, y que sus miembros tienen el mismo origen que los de la Corte.

Consecuente con estas teorías, el ilustrado autor de la reforma de la Constitución cordobesa, suprimió lo que se refería a recursos de fuerza, y los autores del proyecto de Código de Procedimientos en materia civil de la Capital, atribuyen a la Corte Suprema 6U conocimiento.

(1) Dr. Filemón Posse, Proyecto de reformas a la Constitución de Córdoba de 1870, pág. 120.

Pero estos argumentos caen por su base, si se fija la atención en que la Constitución Nacional del año 1860, “sacando el conocimiento de estos asuntos de aquel Supremo Tribunal, los reservó para el conocimiento de los altos tribunales de provincia, punto en el cual existe una paridad casi completa a aquel que se relaciona con la jurisdicción sobre la prensa. Tanto el conocimiento de los recursos de fuerza, como la jurisdicción sobre la prensa, fue dejada por la Constitución de 1860 al conocimiento de los tribunales de provincia” (1).

Si es al Congreso a quien corresponde decidir sobre la admisión de disposiciones pontificias de carácter permanente que pueden afectar el derecho de los ciudadanos argentinos; y si es en esto que se funda la doctrina contraria a las facultades provinciales, ¿qué ha decidido el Congreso en orden a los recursos de fuerza? En primer lugar, hay la supresión de ellos de la Constitución de 1853, atribuyéndolos a las provincias; en seguida la sanción de 1881 con motivo de la capitalización de Buenos Aires, en la que se dió a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, el conocimiento de estos recursos, como Suprema Corte del distrito federalizado; por último, la sanción definitiva de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital en 1886, que consigna el mismo precepto (2). Desde luego, no puede argumentarse con la Constitución, puesto que ella ha dado la facultad a las provincias, en virtud de la de aplicar las leyes comunes y organizar sus propios tribunales; y aunque no es estrictamente de este lugar, debe observarse que lo que corresponde a la Nación, en virtud de sus poderes políticos, y a lo que se refiere la Constitución en sus incisos 8^9 y 9^9 del artículo 86, es la alta vigilancia de los intereses públicos que pueden ser comprometidos o puestos en peligro por disposiciones políticas o propagandistas del Sumo Pontífice; y si sujeta a la revisión del Poder Ejecutivo y Judicial, todos los actos emanados de la Santa Sede, es porque sólo de este modo puede conseguir los altos fines señalados; pero de ninguna manera puede segnificar que coloca a los tribunales eclesiásticos en una condición privilegiada, en asuntos que sólo ae relacionan con el procedimiento civil; porque es sabido que los recursos de fuerza no son más que medios de defensa de los particulares contra los excesos de jurisdicción o competencia de los jueces eclesiásticos.

Este es y no puede ser otro el sentido de la Constitución, y en la reforma de 1860 “se dijo que por la naturaleza de los asuntos

- (1)  O. Leguizamón, Discurso en la Cámara de Diputados de la Nación, 28 de Julio de 1886.

- (2)  Artículo 80, inciso 2^9.

que dan margen a los recursos de fuerza, asuntos puramente civiles, por lo general, no a la Corte Federal, sino a los tribunales provinciales, era a quienes debía corresponder su juzgamiento; de ahí que desde entonces las constituciones provinciales, casi en su totalidad, atribuyen la facultad de entender en los recursos de fuerza a sus respectivas cortes supremas; y como la Cámara de lo Civil en la Capital de la República, hace las veces de una Corte Suprema provincial, a ella se ha atribuido esta facultad, desde que se organizaron por primera vez los tribunales locales. La Comisión no ha hecho pues, otra cosa, que ratificar lo que ha encontrado establecido incontrovertiblemente aquí, como en todas las demás provincias argentinas” (1).

La naturaleza del recurso de fuerza en nuestras leyes, no es, pues, en manera alguna política, sino puramente civil, y uno de tantos objetos del derecho de procedimientos. Se le confunde con la noción francesa, según la cual el recurso (appel comme d’abus) es de orden público y administrativo, o cuando más, puede dar lugar a causas contencioso-administrativas ante los tribunales de este carácter que allí se establecen; y es porque en Francia las relaciones entre la Iglesia y el Estado no son idénticamente las mismas que entre nosotros; ni el matrimonio, —motivo casi único de los recursos de fuerza,— tiene carácter religioso, ni las leyes canónicas que lo rigen, han sido incorporadas al Código Civil, como lo ha hecho el nuestro.

Además, tanto por el derecho constitucional norteamericano, como por el argentino, la Suprema Corte no puede conocer originaria y exclusivamente, sino en los casos en que la Constitución lé ha dado facultad expresa; así, por la Constitución de 1853, ella podía conocer de los recursos de fuerza en ese grado, pero habiéndose suprimido tal atribución en la reforma de 1860, es evidente que la Constitución se la ha quitado expresa y terminantemente.

En cuanto a que los tribunales eclesiásticos no son tribunales de provincia, y por tanto, nada pueden las provincias legislar sobre ellos, se debe negar la afirmación que da lugar al argumento. La ley provincial, al atribuir el recurso de fuerza a la Corte, no legisla en manera alguna sobre los tribunales eclesiásticos, puesto que no les indica ni fija procedimiento alguno, ni les obliga a aplicar tal o cual ley, sino en cuanto conduce a garantir los derechos civiles de los habitantes de su territorio, que pueden ser violados en el fondo o en la forma por un exceso de atribuciones de parte de los jueces eclesiásticos, por trasponer el límite fijado para la acción espiritual e invadir el campo de la Cons-

(1) Dr. E. Colombres. Discurso en la Cámara de Diputados, 28 de Julio de 1886, informando en nombre de la Comisión de Códigos. titución y leyes que el Gobierno Nacional está obligado a defender. Lo hace en el interés de la paz y del acuerdo que deben reinar entre ambos poderes, pero solo en cuanto a que las personas, por razón del derecho o de la forma de hacerlo efectivo, se hallan sometidas a su salvaguardia y tutela. Es, pues, asunto de su jurisdicción, y sobre esto legisla al exigir del poder eclesiástico se mantenga en los límites de la suya; porque es daro que si el Estado tiene esa jurisdicción, está obligado por derecho a mantenerla íntegra. Es el mismo caso el que da lugar a la división entre los fueros federal y provincial; la Nación exige de las provincias se mantengan en los límites de su jurisdicción local, y cuando éstas se exceden absorbiendo atribuciones federales, hay el medio de los recursos para obligar a las provincias a guardar sus límites jurisdiccionales; y si este recurso contra los jueces eclesiásticos lleva el nombre de fuerza, es, además de razones históricas que no son del caso, por contraposición al carácter espiritual de aquella jurisdicción eclesiástica. Por lo demás, ¿qué sería de la sociedad humana, organizada como está, si no hubiera por parte de todos los poderes de la tierra la obligación recíproca de respetar sus límites para el ejercicio armónico de 6us soberanías respectivas?

Se pretende que la Curia es una autoridad nacional, desde el momento que para su funcionamiento necesita la aprobación del Presidente de la República; y que, por consiguiente, las provincias no pueden conocer en los recursos que de sus resoluciones se entablen ante ellas; pero esto es inexacto, porque la Curia, como parte esencial de la Iglesia, tiene el mismo carácter que ésta, es decir, que es un poder independiente de toda potestad civil, y que existiría aún sin ella; y la revisión de bulas pontificias, instituyendo obispos, no es más que la facultad de inspección y vigilancia que el Gobierno Nacional, y administrativa y políticamente, el Poder Ejecutivo, ejercen en el interés de que la política de la Iglesia y sus leyes no pongan en peligro los derechos y garantías, instituciones y poderes que la Constitución reconoce y crea en favor de los habitantes del país. Y como las provincias tienen poder para darse su Constitución y leyes propias en uso de su soberanía local, les corresponde igual derecho de inspección y vigilancia sobre todo lo que puede ser un peligro para la existencia de tales constituciones y leyes, lo cual forma el fundamento más jurídico del vice-patronato. La aprobación de las bulas que instituyen obispos no significa dar existencia legal a los tribunales eclesiásticos, sino una garantía pública de que las personas que nombra el Sumo Pontífice son aceptables al pueblo argentino y que no hay peligro, con su nombramiento, de que la Constitución Nacional y el supremo derecho del patronato sean violados ni vulnerados por ellos (1); pero de ninguna manera esa aprobación afecta el poder judicial de la Iglesia. Luego, la Curia no es una autoridad nacional.

Consecuente con estos principios que son ya carne en nuestro derecho público, el inciso 5^9 atribuye a la Corte, como Tribunal Superior de la Provincia, el conocimiento exclusivo y originario de los recursos de fuerza, significando incorporar a su Código político local esta facultad.

El inciso en su segunda parte consigna una disposición tendente a hacer efectiva la declaración del artículo 30; no suprimiéndose la pena de muerte del Código Penal, las provincias solo pueden hacer esfuerzos para que su aplicación sea lo más rara posible.

6^9 Nombrar todos los empleados del Poder Judicial cuyo nombramiento no esté determinado por esta Constitución, no pudiendo removerlos sin que preceda un sumario que atestigüe justa causa. Antes de poner en ejercicio a todo magistrado o empleado, le tomará juramento de fiel desempeño de sus funciones pudiendo delegar esta facultad sólo con respecto a los magistrados y empleados de fuera de la Capital;

La facultad del tribunal superior de justicia para nombrar empleados de su administración, y ejercer sobre ellos la vigilancia para el fiel cumplimiento de sus deberes, pudiendo removerlos con justa causa, es análoga y tiene el mismo fundamento que para el Poder Ejecutivo; ella es una consecuencia necesaria de las independencia mutua de los tres poderes del Gobierno y de la necesidad de su conservación. A él le corresponde, como depositario de la soberanía judicial, tomar juramento a los magistrados y empleados de su dependencia; pero esta facultad que, en general, no puede delegar, no podría ejercerla con respecto a los funcionarios de la campaña, sin causar perjuicios serios a la unidad de sus funciones obligándolos a trasladarse a la Capital a prestar juramento. La ley, por otra parte, designará las formas en que ha de hacerse aquella delegación.

7^9 Dictar el reglamento interno y económico de todas las oficinas y reparticiones del Poder Judicial. En dicho reglamento podrá atribuir para sí la facultad de castigar por desacato a su autoridad, con prisión hasta por ocho días, y

(1) Fallos de la Suprema Corte, t. XVIII, 2’ serie, pág. 33.

podrá conferirla a los demás magistrados en su caso hasta por cinco, sin ningún otro recurso;

En virtud del mismo principio, la Corte, —como la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo—9 tiene que dictar reglamentos administrativos y económicos, indispensables para la buena marcha de sus respectivas oficinas; y el poder que tienen los jueces para castigar las faltas de desacato cometidas contra ellos en el acto de sus funciones, ya no se discute en ninguna legislación, por ser imprescindible en vista del decoro y del respeto que debe inspirar el juez de cualquiera categoría que sea; y para que no se baga cuestión de atribuciones, llegado el caso, la Constitución faculta expresamente a la Corte para imponer prisión, y extenderla a los demás funcionarios judiciales.

8^9 Ejercer superintendencia sobre todos los magistrados y empleados del Poder Judicial, reclamar informes y es-* tadísticas que hará publicar periódicamente, e incitarlos y compelerlos al cumplimiento de sus deberes, pudiendo aplicarles multas que no pasen de cien pesos, o suspenderlos hasta por treinta días, nombrando interinamente el reemplazante ;

El inciso 8^9 contiene otra de esas atribuciones inherentes al más alto tribunal de justicia; la superintendencia en su sentido legal, significa gobierno administrativo del departamento, y no puede corresponder más que a la Corte. Las demás cláusulas del inciso no se pueden poner en duda, visto que las atribuciones que confieren tienden a dar a la Corte mayores medios de mejorar el servicio y corregir las faltas de sus empleados, manteniendo la respetabilidad y la moralidad en la administración.

9^9 Pasar a la Legislatura un informe anual dándole cuenta de la marcha del Poder Judicial, y de las reformas que reclame la mejor y más pronta administración de justicia. Enviarle en cualquier tiempo, con el mensaje respectivo, todo proyecto de ley que juzgue necesario o conveniente para el Poder Judicial;

Por este inciso se acentúa más el carácter independiente del Poder Judicial, a la vez que se garante una mejor administración de justicia y mayores progresos. Está probado que a causa de acumular en los departamentos ejecutivos del gobierno, tanta suma de atribuciones age-nas a su verdadero objeto, se retarda con grave perjuicio del pueblo, la marcha del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo contrae más su atención a los altos negocios de la política y de la administración general, que a esos resortes poco visibles pero que forman en realidad la verdadera libertad y la felicidad pública. Nadie como el Poder Judicial mismo puede conocer mejor sus propias necesidades, ni aconsejar leyes más convenientes, ni medidas orgánicas más adecuadas a los fines de la justicia; y lógicamente, dado el sistema de la división del Gobierno en tres poderes independientes y separados, pero armónicos en su mecanismo, corresponde al Poder Judicial ser colegislador en su ramo, iniciando leyes sobre administración de justicia que es de su exclusivo resorte.

Se dirá tal vez que si se da a la Corte esta facultad, hay necesariamente que concederle el veto, y la de asistir a la Cámara a sostener sus proyectos, como los Ministros del Poder Ejecutivo; pero esto no es posible sin quitar a éste facultades que le corresponden por razones de derecho público; y no podría atribuirse a la Corte tales poderes, sin desvirtuar los principios que sirven de base a nuestra organización nacional y provincial. El veto es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, en cuanto debe resolver si tal ley es o no conveniente a la sociedad o al caso especial que la origina; pero el Poder Judicial no ejecuta ley alguna sino que la aplica a los casos contenciosos por demanda de los particulares, cuando la ejecución de las leyes ha provocado conflictos o ha perjudicado derechos civiles o políticos. Por este inciso, la Corte, como representante constitucional del Poder Judicial, presenta a la Legislatura proyectos de ley sobre la materia de su competencia exclusiva, pero en manera alguna se quita al Poder Ejecutivo las mismas facultades y atribuciones que sobre las leyes de todo género le corresponden; ni tampoco da a los jueces de la Corte la facultad de tomar parte en las discusiones de las leyes, porque sería derribar las bases de la organización del gobierno que se establece por la Constitución. Por lo demás, la materia no carece de antecedentes en la legislación constitucional de la República y de las provincias; y entre éstas, la de Buenos Aires ha consignado el mismo principio en su artículo 159.

10^9 Solicitar la intervención del Gobierno Federal en los casos del artículo 6^9 de la Constitución de la Nación. Esta facultad la usará no sólo para defender al Poder Judicial, sino también a cualquiera de los otros poderes del Gobierno o a la Junta Electoral, en el caso de que fuera notorio que éstos no tienen la posibilidad de solicitar dicha intervención.

El artículo 6^9 de la Constitución Nacional da origen a este inciso, y sobre él no cabe duda alguna, desde que se dice: “y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra Provincia". Este inciso coloca en el número de las autoridades a la Junta Electoral, organizada por esta Constitución como un cuerpo de existencia permanente, y porque la naturaleza de sus funciones, —las más importantes, por cuanto es ella quien da origen al Poder Ejecutivo,— hará que reciba con preferencia los golpes de los partidos armados que quieran impedir una elección. Si es verdad que por los artículo 226 y 227 del Código Penal, se califica de rebelión y sedición, y se castiga como tal, todo acto que tienda a perturbar el libre ejercicio de las funciones constitucionales, es cierto también que si una rebelión logra momentáneamente su objeto, será imposible obtener el restablecimiento del orden legal. El juzgamiento vendrá en seguida; pero lo que el artículo 6^9 de la Constitución Nacional quiere es que los actos constitucionales se verifiquen; y siendo la Junta Electoral el cuerpo de electores que en nombre del pueblo da existencia al Poder Ejecutivo, sería ilusoria la regla de aquel artículo si no se defendiera a la Junta contra los ataques de la sedición.

Por otra parte, la intervención nacional se produce a iniciativa del Gobierno Federal cuando se trata de garantir la forma de gobierno que constituye el vínculo federativo, o para repeler invasiones exteriores; pero tratándose de turbaciones puramente internas, allí donde el ojo del Gobierno Federal no penetra, y donde no está directamente interesado el orden nacional, los poderes públicos de provincia tienen la iniciativa, y por lo tanto, toca a la Constitución Provincial determinar cuáles son las personas políticas que pueden solicitar la intervención; por que en este caso solo la Provincia puede y debe juzgar segnú sea tal o cual poder, esencial para su existencia constitucional, el que se halle destruido y deba ser restablecido por la fuerza. Además, la intervención es un auxilio de la Nación necesario para defender a cada uno de los Estados, y éstos son la naturaleza y fines del Gobierno Nacional; por consiguiente, solo las provincias pueden determinar los Poderes que han de solicitarla; y como hemos dicho, la rama más esencial, la que desempeña las funciones electorales en uso más directo de la soberanía popular, es la Junta, y el gobierno de la Provincia tendría una existencia muy problemática, si no se pudiera garantir a aquella, por todos los medios que las Constituciones Nacional y Provincial acuerdan para sostenerse mutuamente. Esto no qui-

ta en modo alguno que el Congreso, en virtud de sus facultades, apreciando los motivos de la solicitud, acuerde o no la intervención, y por lo tanto, ninguna atribución nacional se abroga la Provincia con esta declaración.

Artículo 100

La Corte de Justicia, el Tribunal de Minas y los demás tribunales colegiados, si se establecieran, acordarán sus sentencias en público, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito, según el orden que resulte por previo sorteo público.

Este artículo importa una de las mayores garantías que puede ofrecer un juez, obligándole a estudiar el asunto con detención, individualizando su responsabilidad, y evitando que suceda lo que es común a los cuerpos colegiados, el que algunos de sus miembros se atienen al estudio de sus colegas, originándose de aquí una preponderancia perjudicial de los que estudian más (1); y el hecho de acordar sus sentencias ante el público, le fuerza a conquistarse mayor reputación, mostrando por el estudio detenido y por su ilustración consiguiente, que es digno de la confianza que el pueblo deposita en él. Otra de las grandes ventajas del voto escrito es que contribuye a aclarar la inteligencia de las leyes y formar la jurisprudencia local.

Artículo 101

Sin perjuicio de las demás prohibiciones que surgen de esta Constitución y de la naturaleza del Poder Judicial, a los jueces de la Corte, jueces de 1* instancia, fiscales y defensores, les está absolutamente prohibido:

1Q Ejercer personalmente ninguna industria o profesión durante el período de su nombramiento y funciones;

2^9 Afiliarse en partidos políticos o proteger candidaturas, y tomar parte directa o indirectamente en contratos con los Gobiernos Nacional y Provincial, aun en los que se obtienen por la licitación;

(1) Dr. F. Posse, Reformas, pág. 125.

3Q Defender pleitos ante la Justicia Federal, so pretexto de no ser asuntos de su jurisdicción, aun por intermedio de otras personas. Exceptúase los casos de defensa propia que comprenderán los de sus hijos, padres o hermanos.

La9 prohibiciones contenidas en este artículo, tratándose de garantir la imparcialidad de los jueces, es materia que ya no se discute en la jurisprudencia; y en cuanto a La Rioja, ellas vienen a cortar abusos inveterados qué ponen a la justicia en un nivel que no le co-responde por sus altos designios. La falta de una prohibición como la que contiene el inciso 2^9 ha producido y seguiría produciendo verdaderos escándalos que no deben subsistir. La pasión política en los jueces es el arma de la tiranía, e importa suprimir con dos palabras todas las garantías que la Constitución consagra, siendo, por su destino, el único baluarte donde el derecho y la libertad se refugian en las épocas de decadencia política y social.

CAPITULO VI

DE LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 102

Habrá permanentemente una Junta Electoral, cuyas atribuciones serán elegir Gobernador y Vice-Gobernador cada vez que sea necesario y lo permita la Constitución, y juzgar en juicio público a los acusados por la Legislatura. Esta Junta es independiente de los tres Poderes Públicos del Gobierno.

Una de las mejores instituciones creadas por la actual Constitución, es ésta de la Junta Electoral con facultades de Jurado para el juicio político; pero se ha observado que en las épocas de agitación política, en que pueden reunirse las funciones electorales con las judiciales, la organización que hoy tiene puede dar lugar a graves peligros para las instituciones de la Provincia; porque teniendo sus miembros un período fijo que comienza y acaha con el Gobernador elegido, se presenta la cuestión de saber a quién corresponde juzgar a los miembros del Gobierno: si a la Junta que termina su mandato, o a la nuevamente elegida, habiendo ya practicado su función electoral.

Cuando este caso se ha presentado en la práctica, se ha decidido en el concepto de que la Junta era un cuerpo de existencia permanente, aunque sus miembros se renovasen totalmente cada tres años. Esta es, en efecto, la verdadera solución, de acuerdo con el espíritu de la Constitución y de la naturaleza misma del gobierno popular. Pero como la Constitución no lo declara formalmente, y por tanto, da lugar a interpretaciones que en estas materias ofrecen más peligros que ventajas, es de todo punto necesario dar las reglas para que ese cuerpo tenga en la realidad una existencia permanente como toda asamblea popular. La renovación total es en el hecho, como la facultad que tienen los monarcas de disolver los parlamentos, y puede producir los mismos males.

El carácter permanente de la Junta tiene tres órdenes de ventajas que producir para en adelante: l^9 Poder hacer los nombramientos de Gobernador y Vice-Gobernador, cada vez que la Constitución lo requiere, que no es en los únicos casos de la práctica vigente, como se ha visto al hablar del Poder Ejecutivo; porque, por esta reforma, se debe hacer nueva elección de Gobernador cuando hay ace-falía absoluta y definitiva, debiendo el nuevamente elegido, en los casos enumerados, ejercer el mando por tres años completos, aunque el anterior no haya terminado ese período; y si la Junta no tuviese existencia permanente, no podría nombrar otro, porque creyera no tener mandato para ello, o porque, una vez cumplidas sus funciones trienales, no vuelva a reunirse hasta la próxima, salvo convocatoria extraordinaria, casi imposible de obtener por las enormes distancias a que se encuentran los electores; y si llegan a reunirse, como ya ha sucedido, se ven obligados a abreviar de tal modo sus trabajos, que pueden muy fácilmente obrar con precipitación e imprudencia; 2^9 Se asegura mayor imparcialidad en el ejercicio de la función electoral, y el más fácil acceso de los partidos a la Junta; lo primero, porque entrando hombres nuevos se reemplaza los malos elementos; y lo segundo, porque eligiéndose por partes, y por el sistema de la lista singular, se facilita el triunfo de las minorías en alguna sección electoral, y así siempre podrá haber una oposición en la asamblea que contrapese un tanto el poder de la mayoría dominante; 3^9 En cuanto a las atribuciones judiciales, la renovación permite que vengan hombres que no abriguen odios de partido contra los acusados o adhesión ciega hacia los funcionarios, los unos porque fueron enemigos mortales en la lucha, los otros porque fueron partidarios o compañeros en la acción; y en estos casos, es claro, esas causas serán una remora para una recta aplicación de la justicia.

Esto no significa afirmar que sea posible excluir absolutamente la política, de las asambleas políticas, porque sería desconocer su naturaleza; pero sí que debe garantirse, por medio de la renovación de todos los cuerpos colegiados, la representación de todas las opiniones y la moderación en las pasiones de partido; y en cuanto a que esta Junta ejerce funciones de jurado, debe asegurarse una recta justicia aun en el seno de la política, en cuanto sea posible.

La declaración del último párrafo del artículo, importa dar a la Junta una existencia autónoma, porque solo así se comprende que pueda representar debidamente al pueblo en la elección, y ejercer sus funciones de jurado, en el acto de juzgar a los otros poderes: y una dependencia cualquiera crearía vínculos entre el juez y el acu-

sado, lo cual sería una verdadera negación de su carácter judicial. Se consigna tal declaración, además, para que las interpretaciones capciosas de la política no desnaturalicen su concepto, debiendo todas ellas adaptarse a la regla de la independencia como elemento esencial de ese cuerpo-

Artículo 103

La Junta Electoral se compondrá del mismo número de miembros que tenga la Legislatura, y la elección de éstos, sus calidades, duración, inmunidades, renovación y reelegibilidad, serán las mismas que lo estatuido para los diputados; no pudiendo pertenecer a ella los miembros o empleados a sueldo de los tres Poderes Públicos del Gobierno.

Este artículo, como los siguientes, tiene por objeto fijar las bases de la organización de la Junta: y en cuanto al número de sus miembros, se expusieron ya sus fundamentos al tratar del Régimen Electoral, artículo 45. Lo demás está perfectamente de acuerdo con lo estatuido por la Constitución actual, siendo por otra parte, condiciones que tienden a dar estabilidad, seguridad e independencia, que son ya por el asentimiento uniforme, inseparables de la calidad de asambleas populares.

Artículo 104

Todas las disposiciones constitucionales sobre los derechos y garantías de la Legislatura, como cuerpo colegiado, regirán para la Junta como cuerpo electoral, o como Jurado, en cuanto no se disponga nada en contrario en este capítulo. La Junta funcionará siempre en el local de la Legislatura, y tendrá una secretaría rentada por el presupuesto general. Sus miembros no gozarán de sueldo ni de viático.

El penúltimo párrafo introduce una novedad que puede parecer extraña, dada la práctica observada; pero el hecho de nombrar secretario a uno de los electores mismos, produce inconvenientes que deben salvarse. En primer lugar, las funciones de secretario, importando un trabajo manual, algo pesado, no podrían propiamente imponerse a un elector que no debe distraer su atención de los asuntos de la Junta, a fin de dar su voto o su opinión con entero conocimiento de las cosas; luego, como esta corporación será de existencia permanente, tiene necesidad de un secretario que no abandone la Capital, para hallarse siempre dispuesto, y a su cargo el archivo, que debe tenerlo, como la Legislatura, como el Poder Judicial y el Ejecutivo, puesto que de sus funciones depende la existencia del Gobierno, y debe haber en todo tiempo constancia debidamente escriturada de los actos electorales o judiciales; y por último, la renovación anual de los electores y la escrituración en el juicio político, harán necesario un trabajo continuo y de una naturaleza peculiar, por lo que la ley puede exigir ciertas cualidades especiales al empleado que lo ejecute; y este tiene que ser rentado.

Artículo 105

La Junta Electoral se reunirá ordinariamente todos los años el 1Q de mayo, a objeto de calificar la elección de sus miembros, y de organizarse por un año. En caso de desaprobar elecciones o de admitir renuncias, mandará practicar otras nuevas y se -reunirá de tres en tres meses basta quedar íntegra.

Como deben renovarse anualmente los miembros de la Junta, ésta tiene que reunirse una vez por lo menos cada año, al objeto de calificar las elecciones que se hicieren de los nuevos electores; y con el fin de que se encuentren dispuestos y en número completo para verificar la elección de Gobernador y Vice, se fija el l^9 de mayo para la primera reunión ordinaria. Pero una vez aprobados los poderes de cada elector, la Junta no queda disuelta, sino que se organiza por un año, esto es, nombra sus autoridades reglamentarias, y toma las medidas que sean de su régimen interno; y como en el caso que hayan desaprobado o que hayan renunciado sus cargos deben reemplazarse, se establece que se reúna cada tres meses al objeto de verificar las elecciones que en el intervalo se hubiesen hecho de los que hayan de reemplazar a los que faltan. Este precepto que es para un caso hipotético, da un término prudencial teniendo en vista las dificultades que siempre traen consigo las reuniones muy frecuentes de personas que, por lo general, viven en localidades muy apartadas de la Capital. Con esa organización, la Junta está constantemente preparada para cualquiera de los casos de vacante o juicio político previstos en esta Constitución, puesto que en ninguna circunstancia se hallará en minoría.

Artículo 106

La Junta Electoral se reunirá por si misma ordinariamente el día que deba por la ley hacer las elecciones de Gobernador y Vice-Gobernador, y a convocatoria de la Legislatura, toda vez que ésta quiera presentarle una acusación. Cuando haya elecciones extraordinarias la convocará su Presidente, previa declaración y notificación de la Legislatura de que ha llegado el caso.

La Junta Electoral es autónoma en sus funciones, y no necesita convocatoria de ningún otro poder; está compuesta de hombres independientes de los otros poderes y obra en virtud de un mandato directo del pueblo; tiene una personalidad constitucional semejante a la del Senado por sus atribuciones de jurado; es, finalmente, un cuerpo colegiado con facultades propias exclusivas y no delegables, y por lo tanto, conviene a los fines de la Constitución y del Gobierno que tenga iniciativa en los asuntos de su incumbencia, como la tienen los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Sin esto su misión sería ilusoria y no dejaría de llevar esa existencia subsidiaria que la hace hoy, en La Rio ja, pasar inadvertida en la práctica de sus instituciones. Estando siempre organizada, será un estímulo para los funcionarios públicos, porque la facilidad de reunirse y trabajar, hará que teman ser acusados, cuando actualmente no es posible casi tal cosa, en vista de su difícil convocación.

Cuando llegue el caso de un juicio, a la Legislatura como acusadora, corresponde convocar la Junta, y porque es el único Poder cuyos miembros no están sujetos a juicio ante la misma. Así se acentúa la división de atribuciones entre los tres poderes del gobierno, de acuerdo con su naturaleza. Pero cuando hayan de hacerse elecciones extraordinarias de Gobernador y Vice, en los casos previstos en el capítulo IV, la convoca su Presidente, previa declaración y notificación de la Legislatura de que ha ocurrido la vacante. Este es el orden que exige la lógica de los principios.

Artículo 107

Todo miembro de la Junta Electoral que sin causa plenamente justificada no concurra a las sesiones de organización, será penado con veinte pesos por cada citación a que falte. En las sesiones de elección o de juicio, la pena será de cincuenta pesos por cada falta, aplicables al fonde permanente de escuelas, por la Corte de Justicia, a petición de cualquier particular.

Fuertes penas se aplican por todas las constituciones a los electores que no concurren a las sesiones en que debe hacerse la elección; y si así no fuera, el mandato sería burlado y los poderes públicos no podrían renovarse en los términos marcados por la Constitución. Esta Constitución no hace más que sancionar esas penas como indispensables, además de que está en la naturaleza del cargo electoral el ser apremiado con sanción penal, como lo demostramos oportunamente. Es verdad que en La Rioja el cargo de elector importa verdaderos sacrificios, pero su gravedad y delicadeza exigen que los ciudadanos los sufran, en atención a que sin ellos no es posible la existencia del gobierno. Nuestras prácticas constitucionales y nuestra vida política, puede decirse que comienzan desde hace muy pocos años, porque la falta absoluta de recursos propios y el aislamiento económico y social, han hecho que se consuman en revueltas intestinas y en luchas contra los resabios de épocas bárbaras, los primeros tiempos de la organización provincial; y estas circunstancias imponen el deber de trabajar porque las instituciones y la política se normalicen y radiquen en la Provincia.

Este artículo no tiene otro objeto que hacer del cuerpo de electores una entidad estable, firme, cuyos miembros reunan todas las condiciones que requiere una buena y acertada elección; pero más que todo, que sea en realidad el medio legal de dar a la Constitución su verdadero cumplimiento.

Artículo 108

La elección de Gobernador y Vice-Gobernador se practicará en una sola sesión, pero separadamente, estando la Junta en quorum, a mayoría absoluta de votos emitidos por cédulas secretas, en que sólo conste el nombre del elegido. Si nadie obtuviese esa mayoría, se repetirá la votación entre los dos que hubiesen obtenido más votos, y en caso de no haber resultado, se repetirá entre los mismos una votación a viva voz.

Los artículos 108 y 109 dan el sistema de votación que ha de practicarse por la Junta en la elección de Gobernador y Vice; y como se ve, ofrece las mayores garantías para que la designación se realice sin dificultad, y evitando en lo posible los fraudes que suelen cometerse en toda votación de cuerpos colegiados. La primera votación se hace secreta, por cédulas, debiendo decidirse por mayoría absoluta; pero no siempre es posible obtener esa mayoría, y entonces es necesario repetir la operación, limitándola solo a los candidatos que hubiesen obtenido los números superiores; y como puede suceder muy comúnmente que haya en el seno de la Junta una pequeña fracción o algún elector que se propongan obstruir la elección, se les obliga a votar de viva voz. No es posible que deje de dar resultado una tercera votación.

Artículo 109

En el caso que dos personas obtuviesen la segunda mayoría se elegirá entre la que obtuvo la primera y una de las de la segunda sacada a la suerte; y si la votación secreta en este caso repitiese dificultades y no diese resultados, se votará de viva voz entre las mismas personas que son las que tienen derecho a entrar en la alternativa.

Este artículo es una ampliación del anterior, y salva un grave inconveniente que puede presentarse: es el caso en que, repetida la primera votación, dos personas o más hubiesen obtenido la segunda mayoría; la tercera votación, debiendo practicarse solo entre dos, el que ha obtenido la primera mayoría y uno de los que han obtenido la segunda, no hay más medio seguro de zanjar la dificultad sino la suerte. En este caso igualmente se requiere la votación oral.

Artículo 110

La misión de la Junta Electoral en cuanto a la elección de Gobernador y Vice-Gobernador, concluye con el juramento ante la Legislatura; pero si antes de esto uno de ellos renunciare o falleciere, la Junta se reunirá para nombrar su reemplazante, siempre que haya tiempo para que presten juramento ambos en el mismo acto.

La Junta no concluye su misión electoral sino cuando los electos han prestado juramento, es decir, cuando han tomado posesión de su puesto; pero puede alguno de ellos fallecer o renunciar; y en este caso, si es el Gobernador, ¿corresponderá al Vice-Gobernador electo ejercer sus funciones? No; porque es principio que la muerte o incapacidad sobreviniente al elegido de la mayoría, no da el triunfo al de la minoría, y así se ha consignado en el artículo 54 de la Constitución, como base constitucional en la materia. Entonces la Junta debe reunirse nuevamente y elegir el que ha de reemplazar al que falta, y he aquí uno de los casos en que es indispensable la organización permanente de este cuerpo. El día de la toma de posesión pone término a esta nueva elección; porque si no se verifica antes de él, el caso quda regido por los preceptos de esta Constitución relativos al reemplazo de los funcionarios. En la práctica se ha presentado ya este gravísimo caso, en la Provincia de Córdoba, pero como no había nada establecido en la Constitución al respecto, sucedió al Gobernador fallecido el Vice-Gobernador, siguiendo la regla general.

Artículo 111

Si el Gobernador o Vice-Gobernador electos o ambos se hallasen fuera de la República, deberán recibirse de sus empleos dentro de los tres meses, que les correrán como parte de su período desde que debieron recibirse; no haciéndolo se les considerará dimitentes. Encontrándose en la República serán dimitentes si no se reciben en el día que corresponde.

La elección de Gobernador o Vice-Gobernador puede recaer en ciudadanos que se encuentren en el extranjero, como sucedió con el señor Sarmiento elegido Presidente de la República; entonces se fija el plazo de tres meses para que puedan trasladarse a La Rioja, y este tiempo es bastante, dada la facilidad de las comunicaciones que será mayor cada día; pero el tiempo que tardarán en llegar no puede menos que contarse como parte de su período, so pena de faltar al precepto consignado en el artículo 79, según el que, dicho período concluye el día mismo en que expiran los tres años, siendo esta misma la regla que contiene el artículo 78 de la Constitución Nacional.

No puede decirse lo mismo cuando los electos están dentro de la República, porque para eso se fijan intervalos entre la elección y la toma de posesión, y porque tratándose de su persona y de un hecho que en mayor o menor grado llama la atención de la República entera, no puede concebirse que dejen de tener conocimiento de haber sido designados para los primeros puestos de su Provincia. Cumplido el término de tres meses en el primer caso, o no concurriendo el día fijado, en el segundo, la Constitución los declara dimitentes, porque no debe estar la Provincia en esa expectativa que puede ser interminable, y porque podría estar sujeta a la voluntad de ciudadanos indolentes, y por lo tanto, indignos del puesto a que se les ha promovido. Además, mirada la cuestión bajo su faz constitucional puramente, no deben quedar tales puestos un solo día sin ser ocupados por los respectivos funcionarios elegidos por el pueblo, siendo los plazos de este artículo, simples excepciones necesarias en vista de las circunstancias graves que algunas veces pueden dificultar el estricto cumplimiento de todos los términos.

Artículo 112

El juicio político tendrá lugar con los acusados por la Legislatura. En este caso los miembros de la Junta se constituirán en Jurado, y prestarán un juramento especial de desempeñar su cargo de juez con honradez y patriotismo, juzgando el caso según los preceptos de esta Constitución, y prescindiendo de todo espíritu de partido.

No siendo de este lugar el estudio del juicio político en sí mismo como una institución de derecho público, el comentario solo se concreta a explicar el artículo bajo su faz dispositiva, y en cuanto sienta las bases del procedimiento que ha de dictar la ley. Cuando la Junta recibe una acusación de la Legislatura, se convierte en Jurado. No se dice que se convierte en tribunal de justicia, porque aunque en abstracto, sean lo mismo en cuanto van a juzgar y aplicar la pena que corresponda, según la Constitución y los principios políticos que de ella se desprenden, la denominación de Jurado está más de acuerdo con el carácter eminentemente popular de este cuerpo. “Lo primordial en el juicio político, es la apreciación de los actos públicos de los poderes, que interesan a la comunidad. Es por esto que a ese juicio se le llama político, porque él se realiza por un gran Jurado que no actúa por la ley expresa, que procede absolviendo o condenando, tomando en consideración únicamente, apreciaciones políticas más o menos funda das” (1). El único cuerpo que puede ejercer tales atribucio-

(1) Dr. Rufino de Elizalde, Discurso en la Convención de Buenos Aires, sesión del 31 de mayo de 1872. Debates de la Convención Constituyente, 1870-1873, t. II. pág. 327.

nes en el sistema de nuestra Constitución es la Junta, que se compone de los representantes del pueblo a objeto de nombrar los funcionarios sujetos al juicio, y es el único que puede juzgar según apreciaciones puramente políticas. Un tribunal de justicia ordinaria solo procede en lo contencioso, cuando los derechos individuales han sido heridos, y todo ello aplicando las leyes comunes, conforme al procedimiento establecido; pero la Junta Electoral teniendo un carácter puramente político por la naturaleza de sus funciones, hace la justicia popular, y por tanto, es un jurado en el sentido político de la palabra.

Como se trata de un juicio de la mayor gravedad, en que pueden quedar anulados los poderes de un gobernante o de un magistrado y susceptible de producir agitaciones y turbulencias mortales para el orden público, la mayor solemnidad debe presidir el ejercicio de esa función judicial; y en este caso, un juramento especial debe prestarse a objeto de comprometer al Jurado a juzgar los hechos honrada y patrióticamente y con prescindencia de sus afinidades políticas.

Es la más delicada de las funciones que puede confiar la Constitución a un ciudadano, y debe tenerse presente que no solo se trata de satisfacer la vindicta pública, sino muy especialmente, de sostener los poderes públicos hostilizados por la pasión o el capricho de un particular, secundado por una mayoría legislativa igualmente apasionada o enemiga, como se ha visto en el Senado de los Estados Unidos, en el caso de la acusación de Johnson (1); las garantías individuales tienen otros jueces, y la pena misma del juicio político, no produciendo sino la destitución, deja al funcionario a disposición de los jueces ordinarios. La misión de la Junta no es más, por consiguiente, que la de jurado político. Pero esto no quiere decir que se ha de usar el criterio de las pasiones políticas, sino que el miembro

del Jurado califica los hechos que motivan la acusación, a la luz de

los principios de la Constitución política. Debe jurarse que no se obrará de aquella manera, porque el hacerlo así, tanto valdría como someter al acusado al procedimiento de la ley de Lynch. El juramento está prescripto a los senadores de la Nación, en el juicio po

lítico a los funcionarios nacionales (art. I^9 del Reglamento Adicional para los casos de acusación a que se refiere el art. 45 de la Constitución); y lo está igualmente en todas las demás naciones que practican el juicio político, y en las provincias argentinas.

(1) Véase en la misma discusión citada en la nota anterior, el dis curso del convencional Quirno Costa. — A. de Chambrun, Le pouvoir Exécutif aux Etats-Unis, Ch. XI.

Artículo 113

El Jurado procederá según las disposiciones de la ley, que deberá dictarse antes de la primera instalación de la Junta Electoral. El juicio será siempre público, los medios de prueba y defensa los mismos que en un juicio ordinario, excepto los términos que serán más breves. Todo acusado no condenado dentro de los sesenta días de recibida la acusación, se considera absuelto.

La ley que determine el procedimiento en él juicio político, debe tener por base los preceptos contenidos en los artículos 112, 113, 114, 115 y 116. Se ha creído que la reglamentación del juicio político, como materia que afecta a los altos funcionarios del Estado, era del resorte de la Constitución, y que no debía dejarse a la discusión de la Legislatura, pero si bien se mira, la cuestión sería la misma respecto de otros puntos tanto o más delicados que éste, y que sin embargo, se han dejado en todas las constituciones a la reglamentación legislativa. La Constitución 6ería interminable y no llenaría su objeto inmediato, si fuera a convertirse en Código de Procedimientos, y si pudiera entrar en todos los detalles de las cuestiones; para eso, —y no es otra su misión,— da las bases sobre que deben levantarse las leyes y las instituciones que la iniciativa parlamentaria están llamadas a crear, en observación de los hechos y de las necesidades sociales. La garantía de responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos que la Constitución acuerda a los habitantes como salvaguardia de sus derechos, no es más importante que la de la libertad personal, o la inviolabilidad del domicilio y otros, y sin embargo, el hábeas Corpus y el allanamiento del domicilio son reglamentados por la ley.

En ningún caso el juicio político podría tener lugar en secreto sin desnaturalizar el gobierno republicano y las verdaderas funciones de los que son juzgados; él tiene lugar por falta de los funcionarios públicos y sobre asuntos que atañen a la sociedad en su masa, y cuando se trata de despojar a alguno de ellos en virtud de su falta a los privilegios que por su cargo público goza; además, por su esencia, el juicio es popular, con la única limitación de ser practicado por representantes del pueblo a objeto de juzgar a sus mandatarios. Si por el artículo 29 se permite que el juicio sea secreto cuando la moral y las buenas costumbres lo exijan, no puede extenderse la regla al juicio político, y este artículo hace una excepción fundada en la naturaleza misma del acto de que se trata.

En cuanto a los medios de prueba y defensa que deben emplearse, no hay razón para establecerlos excepcionales, porque los que se llaman tales en el derecho de procedimientos, son los que la jurisprudencia universal y las prácticas inveteradas han establecido como más conformes con la justicia, con el derecho natural y con la dignidad de la persona; pero tratándose de juzgar a funcionarios que residen habitual y necesariamente en la Capital; de que no pueden quedar desiertos demasiado tiempo los puestos públicos de la administración, y por último, de las convulsiones sociales que tales juicios producen con las pasiones consiguientes, hay unanimidad entre los jurisconsultos y legislaciones positivas en el sentido de abreviar los términos, que en el juicio ordinario son múltiples, y expondrían a la administración a permanecer indefinidamente 6Ín los empleados respectivos. Además, la naturaleza del juicio no exige el rigor de las fórmulas del ordinario, puesto que solo se trata de aclarar la culpabilidad del acusado a los efectos de su responsabilidad política: por otra parte, debiendo quedar sometido en seguida a un juicio por las responsabilidades personales ante el juez común, imagínese cuánto tiempo permanecería encausado, si en el juicio político hubiera de estar sujeto a los términos de la ley común.

La última cláusula del artículo importa la realización de estas ideas y la mayor garantía que puede establecerse para defender a los gobernantes que se vieran hostilizados por las pasiones de partido, y trabados indefinidamente en el ejercicio de sus funciones constitucionales; porque podrían las facciones aprovecharse de la latitud de los términos y de la extensión del juicio ordinario para mantener, al Gobernador, por ejemplo, alejado de sus funciones, con grave perjuicio de los intereses y del orden público. Por eso y para evitar tan criminales tentativas, se establece que si vencidos los sesenta días desde la iniciación del juicio, no hubiere recaído sentencia alguna, el acusado se considera absuelto. Es claro que si en este tiempo, hallándose el jurado en ejercicio no se ha logrado probar la culpabilidad del acusado, es porque no la ha habido, o porque los ocusadores solo quisieron poner trabas a la acción del funcionario o magistrado, en el interés de los partidos, de odios personales o de otro móvil ajeno a la justicia y al verdadero interés social.

Artículo 114

Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por una mayoría de dos tercios. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada jurado, sobre cada uno de

los cargos que contenga el acta de acusación. Declarado absuelto el acusado, quedará ipso Jacto restablecido en la posesión del empleo de que se halle suspenso. Declarado culpable queda ipso Jacto separado y se elegirá otro.

Sobre las diversas prescripciones de este artículo no existe duda alguna, por ser el procedimiento observado en todas las provincias y, en general, en las naciones en que se practica el sistema republicano. Cuando se debatía la reforma de la Constitución de Buenos Aires, se suscitó una ilustrada discusión sobre el número de votos que habían de decidir en el juicio político; la duda versaba solamente en cuanto se refería a la acusación, sosteniendo algunos que para esto bastaba la simple mayoría de la Cámara de Diputados; pero en lo que nadie hesitó fue en el número de dos tercios que había de declarar al acusado culpable o no. En efecto, la naturaleza de este juicio y las consecuencias que puede traer para el orden público, exigen la mayor garantía en la aplicación de la pena.

Los párrafos que siguen completan lo relativo a la sentencia del Jurado, dando las reglas fundamentales que presiden a su expedición. El voto nominal, tratándose de un acto en que se recogen graves res-ponsabilidaes personales, hará que cada uno medite lo bastante para emitirlo a conciencia y con justicia. La restitución del empleo en caso de absolución, y su reemplazo en el de condenatoria, son consecuencias lógicas que no ofrecen duda alguna, y que, por el contrario, tienden a infundir mayor respeto a la Junta y al Gobierno en general. Del fallo del Jurado no hay apelación^ y por lo tanto, no podría esperarse resolución alguna posterior que pudiera anularlo.

Artículo 115

El fallo condenatorio no contendrá más que la destitución del acusado, y según la gravedad del caso, la declaración de incapacidad temporal para ocupar empleos de honor o a sueldo de la Provincia; pero la parte condenada quedará sujeta a acusación y juicio conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios.

Las facultades del Jurado, en cuanto al juzgamiento de los empleados y funcionarios públicos, no se extiende más allá de la destitución de éstos, porque su misión es puramente política: él no entra a investigar los hechos en cuanto importan la violación de una ley y buscar su castigo y las indemnizaciones consiguientes, sino solo en cuanto afectan la dignidad o el carácter público que ellos invisten. Proceder más allá de esto sería usurpar atribuciones del Poder Judicial y convertirse en juez ordinario. Por consiguiente, la sentencia del Jurado se limita a declarar al acusado culpable o no culpable, significando con esto que es judiciable ante la justicia común.

Según la gravedad de los hechos cometidos, y según que importen una violación más o menos grave de la Constitución o leyes de orden público, puede el Jurado declarar a un acusado inhábil para desempeñar empleos de honor, de confianza o a sueldo de la Provincia, porque esto está previsto en algunos casos en la Constitución, y porque esa condenación es inherente a la facultad de corregir las faltas de un empleado. Su carácter de funcionario político le expone a perder por sus crímenes los beneficios que la Constitución acuerda a los ciudadanos. La separación entre las jurisdicciones política y ordinaria está bien marcada de esta manera; y la cláusula no es más que una confirmación de la doctrina constitucional norteamericana (art. II, Sec. IV) y argentina (arts. 51 y 52), y de la mayor parte de las constituciones de provincia; y al efecto de que quede fijada la línea de separación, se declara expresamente en la segunda parte del artículo, que la parte condenada quedará sujeta a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 116

En el caso anterior, el acusado ante los tribunales ordinarios será juzgado en la misma forma que los demás habitantes, y en la decisión y fallo de este juicio no tendrá ninguna influencia la sentencia condenatoria del Jurado. La sentencia que pronuncie el Jurado es irrevocable y no podrá en ningún tiempo, ni por ningún motivo, alterarla ni remitir la pena.

Por este artículo, que es una continuación lógica del anterior, se establece la calidad del que ha sido despojado de su carácter público, igualándolo por completo con los demás individuos, y por lo tanto, fijando la base del procedimiento ordinario en cuanto a la persona; pero el fallo condenatorio del Jurado, siendo de una naturaleza puramente política, y no teniendo más objeto que poner al reo al alcance de la justicia ordinaria, no puede tener influencia alguna sobre el procedimiento ulterior, puesto que aquel es una persona común sujeta como todo reo a las mismas responsabilidades, juicio y castigo. Ese fallo no puede tampoco revocarse sin desnaturalizar el alto respeto que por la Constitución debe gozar el Jurado, y porque juzga en única y última instancia sobre lo que es de su resorte exclusivo ; además de que razones de moral y consecuencia política, exigen que los actos de los poderes públicos estén exentos de rectificaciones y sobreseimientos contrarios a la noción constitucional de los mismos.

CAPITULO VII

REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 117

Los poderes que esta Constitución confiere a los municipios, no pueden ser limitados por la ley ni por autoridad alguna. Los municipios se darán sus propias autoridades y arbitrarán los recursos necesarios para la administración comunal, dictando ordenanzas conformes a esta Constitución y a las leyes de la materia. Podrán gravar proporcional y equitativamente los bienes inmuebles, establecer impuestos y multas que no existan como provinciales o nacionales, y que se relacionen con las materias que por el artículo 127 son de su atribución, y reglamentar la retribución de servicios municipales y de obras particulares debidamente autorizadas.

Este artículo es la base de la constitución de cualquier Municipalidad, y debe recurrirse a él en muchos casos de interpretación de las demás disposiciones sobre la naturaleza y atribuciones de las Municipalidades. El municipio tendrá un gobierno propio por pequeño y despoblado que sea, y las facultades de ese gobierno no dependerán del grado de importancia que se le atribuya, 6Íno que en cualquiera categoría 6erán las mismas y se ejercerán con igual independencia. La práctica se encargará de demostrar el ningún inconveniente que existe para la ejecución de este principio, porque a la objeción de que una simple Comisión Municipal, sea tan autónoma como un Gobierno Municipal, se contestará que todo es relativo, y que la insignificancia del movimiento administrativo de un municipio de tercer orden, reclamará siempre menos preocupación de las autoridades provinciales.

Las facultades de los municipios están enumeradas más adelante, pero este artículo indica los medios que la Constitución les da para que las pongan en ejecución, señalando los principales que abarcan otros que son su consecuencia: así, el nombramiento de munici* pales, la creación de impuestos, la aplicación de penas, la designación de empleados ejecutores, su dotación, los contratos para obras, etc., todo hecho con independencia de la autoridad provincial, son los medios de todo gobierno propio en cualquier categoría, y dan un vasto lineamiento al desarrollo de la vida municipal de la Provincia.

El inciso final facúltales para hacer concesiones para obras o servicios públicos, estipulando tarifas y otros medios de retribuir a sus empresarios los servicios a que se destinan.

Artículo 118

Las Municipalidades se dividirán en tres categorías, a saber: las que forman un gobierno, las de consejo y las de comisiones. Todas las divisiones departamentales de la Provincia, o las subdivisiones que se hicieren en adelante, tendrán forzosamente una de estas Municipalidades; sin embargo, las circunstancias que deben concurrir en dichas divisiones, para merecer cualquiera de las tres categorías, serán apreciadas por el Poder Legislativo, quien por ley las incorporará a la categoría que les corresponda; salvo lo prescripto en el artículo 2^9 respecto de Chilecito.

No sería posible en La Rioja el verdadero gobierno propio del municipio, si no se hubiera encontrado el expediente que establece este artículo, a saber: la creación de tres clases de Municipalidades, según la importancia de las diversas agrupaciones de la Provincia. La Constitución puede así ordenar que, por lo menos, todos los departamentos actuales tengan una Municipalidad, y hace posible que la tengan pronto; porque desde que se crean entidades de tres categorías, no habrá ninguno que no pueda tener alguna de ellas. La demora si la hay, será para estudiar cuál de las categorías dará, en el departamento de que se trate, mejor resultado para su propio gobierno y bienestar, y en este sentido la Constitución no apremia a la Legislatura sino para la Municipalidad de Chilecito, que la recomienda desde sus primeros artículos. Por la manera como esta Constitución ordena el establecimiento de estas instituciones, podrá tam-bien, y será lo mejor, crearse primero en unos departamentos que en otros, y a medida que lo aconsejen las circunstancias, establecerlas en los demás.

Artículo 119

Todo Gobierno Municipal se dividirá en tres ramas, a saber: la legislativa, que la formará un Concejo Deliberante, compuesto de diez miembros; la ejecutiva, que la ejercerá un Intendente Municipal, elegido por el Concejo Deliberante; y la judicial que la formarán tantos jueces de Paz cuantos disponga una ordenanza especial, elegidos por el Intendente, a propuesta en terna por el Concejo, y un tribunal de apelación compuesto de tres miembros del mismo, que sorteados para la primera distribución, menos su Presidente, se turnarán cada cuatro meses con las otras dos ternas que habrán quedado formadas. Este tribunal se reunirá toda vez que su presidente lo cite para resolver cualquiera apelación, la cual se tramitará de un modo verbal y actuado.

Establecidas en el artículo anterior las tres clases de Municipalidades, vienen tres artículos más para especificar su organización, y así éste detalla lo concerniente al Gobierno Municipal que debe ser lo que el término indica, es decir, compuesto de tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. Los miembros de la rama legislativa que es la base de las otras, se elegirán como se determina más adelante por reclamar más detalles; la rama ejecutiva será ejercida por un intendente nombrado por la legislativa, y la judicial por jueces nombrados por acuerdo de las dos anteriores. Habrá un tribunal de apelación de las resoluciones de los jueces de paz que se formará de tres concejales, y que servirán por cuatro meses para dar lugar a otros tres que servirán por igual tiempo; y así, basta que vuelva el turno de los primeros, se repetirá el servicio durante el término de tres años porque es nombrado el Concejo. Para organizar estos tribunales se formarán nueve cédulas con los nombres de los concejales, y los tres primeros que salgan formarán el tribunal del primer turno, los tres siguientes los del segundo, y los tres que queden los del tercero: así se distribuirá equitativamente entre todos las tareas de un cargo gratuito que debe absorber mucha parte del tiempo que los nombrados pueden destinar a sus negocios particulares. Una vez sortea-

dos los tribunales, se organizarán nombrando su presidente, quedando establecido que el del turno citará al suyo toda vez que haya una apelación de resolución de un Juez de Paz. El número de jueces de Paz dependerá de una ordenanza que consultará las necesidades del municipio. Todo este mecanismo en su ejecución será aún más sencillo y no ofrecerá ninguna dificultad, pues la elección que agitará los ánimos será solo la del Concejo, que sirve de base a todo el gobierno del municipio, con lo que se habrá logrado las ventajas del gobierno propio sin el inconveniente de distraer demasiado a los vecinos de las atenciones que reclaman su industria y demás negocios particulares.

Artículo 120

Todo Concejo Municipal se compondrá de seis miembros que actuarán como cuerpo deliberante; cada miembro estará encargado durante su mandato, como concejal ejecutivo, de la ejecución de todo lo concerniente a uno de los cinco ramos que son de atribución de los Concejos. El Presidente de la corporación, elegido por ésta por todo su término, será el tesorero municipal. Habrá tantos jueces de Paz, cuantos el Concejo resuelva por una ordenanza especial, y serán nombrados por el Concejo mismo. Las apelaciones de las resoluciones de los jueces de Paz, las resolverá un tribunal compuesto de la mitad del Concejo, incluso su presidente, el que actuará por seis meses, para ser reemplazado durante otros seis por la otra mitad.

Este artículo organiza los concejos municipales y adopta el sistema de división para las tareas ejecutivas que las distribuye entre to-“ dos los miembros del Concejo Deliberante, menos el presidente, al cual lo hace tesorero nato del municipio. Este sistema suprime la necesidad de un numeroso personal, y se desenvolverá creando grandes estímulos entre los que ejecuten las reasoluciones del Concejo. El Concejo se compone de todos; cada uno ejecuta lo correspondiente a su ramo y da cuenta verbal como cualquier miembro de una Comisión que cumple una orden del cuerpo a que pertenece, teniendo voz y voto en todo asunto, incluso en aquellos de que da cuenta, porque no se trata de un asunto personal. La Constitución no establece de qué modo se dará cada ramo a un concejal, si por sorteo o nombramiento, dejando así que el Concejo mismo lo resuelva en pose* sión de circunstancias que pueden hacer preferible un sistema al otro. La división de las funciones ejecutivas no trae consigo el establecimiento de oficinas separadas. Debe haber en esta categoría de Municipalidad una sola casa municipal, y en ella reunirse el Concejo, y actuar con el mismo secretario o escribientes, y con los mismos agentes los cinco miembros ejecutivos, y el tribunal de apelación de que se hablará más adelante. En caso de que el recargo del servicio produjera algunas dificultades, el Concejo que es el único superior, determinaría el modo de salvarlas. Los jueces de Paz, cuyo número fijará una ordenanza, serán nombrados por el Concejo mismo; y las apelaciones a que den lugar sus resoluciones, las fallará un tribunal de tres concejales que se turnará cada seis meses con el tribunal de los otros tres miembros incluso el presidente; al cual, además de las tareas de tesorero, se le atribuye la de formar parte de dicho tribunal, porque en un municipio que solo merece Concejo, las ocupaciones de la presidencia y de la tesorería no serán tan recargadas como lo son las que se encargan en la rama ejecutiva a los otros cinco miembros.

Artículo 121

Toda Comisión Municipal se compondrá de tres miembros, uno de los cuales será Presidente, otro Comisario y el tercero Juez de Paz, por sotreo que practicará la misma Comisión una vez intalada. La deliberación de todos los asuntos que sean de la atribución de la Comisión, se tomará por los tres o por dos siempre que estén de acuerdo. La ejecución de toda medida u ordenanza estará encomendada al Comisario, y la administración de justicia al Juez de Paz, con apelación en lo administrativo y judicial a la Comisión misma que fallará en última instancia, con dos de acuerdo. El Presidente, que es el tesorero municipal, dura como el Juez y el Comisario, por todo el tiempo de su mandato municipal.

Este artículo organiza las comisiones municipales que se componen de solo tres miembros, haciendo así posible su establecimiento aun en los puntos más despoblados de la Provincia. La rama legislativa se compone de los tres, la ejecutiva de uno de ellos y la judicial del otro, siendo el Presidente tesorero, que es un cargo de respetabilidad y responsabilidad. Las apelaciones de toda resolución del Comisario o Juez de Paz, las resolverá la Comisión, en la que tendrá voz y voto aquel de cuya resolución se apele, porque no se trata de asuntos personales. El tesorero cumplirá las órdenes del Comisario relativas a la percepción de las rentas y su inversión, pudiendo en todo caso solicitar reunión de Comisión para la resolución de cualquier orden recibida que a su juicio ofrezca duda. Todos durarán en los cargos de Tesorero, Comisario, Juez de Paz, el año que les corresponde como comisionados municipales.

Artículo 122

El personal del Gobierno Municipal durará tres años y se renovará íntegro en sus tres ramas. Los miembros de los Concejos Municipales durarán dos años y se renovarán del mismo modo, asi como los Jueces de Paz que nombren. Los de las Comisiones Municipales durarán un año. Para ser elegido miembro de cualquier Municipalidad, se requiere saber leer y escribir, estar en el padrón y ser varón mayor de edad. Todo miembro es reelegible indefinidamente. El cargo de municipal es gratuito y obligatorio, y no puede renunciarse antes de haber servido un período en uno u otro empleo; salvo ausencia o enfermedad prolongada, o servicios públicos incompatibles.

Este artículo señala tres años para los gobiernos municipales, dos para los concejos y uno para las comisiones. La renovación es íntegra en todas las ramas. El cargo es gratuito y obligatorio, y su aceptación podrá compelerse con multas de que se hablará más adelante; pero será causa de excusación justa la ausencia de más de tres meses, la enfermedad que impide contraerse al desempeño de las tareas, o el ejercicio de un cargo público incompatible.

La formación del padrón, en el cual deben estar inscriptos los que pueden ser elegidos, se tratará más adelante; aquí solo debe notarse que para ser elegido no basta estar inscripto, porque este artículo exige que sea varón y mayor de edad, y que sepa leer y escribir; con lo que quedan excluidas las mujeres que pueden estar inscriptas y tienen voto, los menores de edad que pueden estarlo como contribuyentes representados por su tutor, y los que en todo caso, aunque estén inscriptos, no sepan leer y escribir.

La diferencia de tiempo que se asigna para la duración de los municipales, tiene su base en la necesidad de los municipios más poblados, de una administración más complicada y de que sus autoridades duren más, porque está probado que el mal servicio proviene las más de las veces de la falta de experiencia de los empleados, la que tiene 6U origen casi siempre en el poco tiempo de sus funciones, y en que son cambiados cuando recién puede recogerse el fruto de su saber.

Artículo 123

Todo Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión Municipal será elegido directamente, en lista única, por los habitantes del municipio con cualquier tiempo de residencia, que hayan pagado en el año anterior bajo su nombre, contribuciones provinciales por no menos de diez pesos, por propiedades, capital, arte, industria, etc., en el municipio. La elección tendrá por base el padrón de los contribuyentes. El que no esté inscripto por omisión de los empadronadores, no será privado del voto si presenta a la mesa electoral el recibo suyo o de sus representados, de los impuestos pagados; pudiendo perseguir judicialmente a los causantes de toda omisión culpable que le produzca algún perjuicio en su derecho.

El modo de elegir los diez, los seis, o los tres miembros de las respectivas Municipalidades, se trata en este artículo qué establece que lo serán en lista única, por los habitantes avecindados o no, pero que hayan pagado en el municipio por sí, no menos de diez pesos de contribución provincial durante el año anterior. No se exige la condición de vecindad, porque un individuo que tiene propiedades por las cuales paga contribución o patente en diferentes municipios, no es propiamente sino vecino de uno, y no hay razón para quitarle el voto, negándole así el interés que se le debe suponer en que el punto en donde tiene algunos intereses, tal vez valiosos, esté bien administrado. La base de la elección es el padrón; pero el que debiendo estar inscripto no lo esté, tiene voto, si presenta la boleta de pago que pruebe su derecho, y aun puede perseguir el castigo de la omisión, si se probase que en ello hubo mala fe u olvido culpable.

Dadas estas bases, surge que algunos habitantes figurarán en diversos padrones, o sea en tantos municipios cuantos sean los en que tengan propiedades o paguen patentes por negocios, etc.; y así es la verdad, aunque no es probable que hagan uso del voto en todos, porque las elecciones son el mismo tiempo en toda la Provincia; con todo, habrá vecinos de municipios en que se elige 6olo cada tres años, que quieran tomar parte cada dos o cada año; o vecinos de donde se elige cada dos años que quieran tomar parte cada año, y no debe haber inconveniente de que voten si tienen derecho, porque tal principio se desprende de este artículo; y es lógico con las razones porque se exige el pago de impuestos para tener voto, que el que pague más tenga mayor influencia, si hay para ello medios que no choquen con otros principios. Además, el que estando en el padrón usa del voto, no podría negarse a aceptar cargos del municipio, porque por ese solo hecho se declaraba vecino, lo que es una ventaja para la comunidad, tratándose de personas con bienes cuantiosos de fortuna.

El sistema de lista única, se adopta para las elecciones municipales, por lo reducido del teatro de cada elección, y por la necesidad de simplificar la elección, y hacerla más fácil en poblaciones aun no preparadas para el gobierno municipal.

Artículo 124

El padrón se formará anualmente en todo el mes de noviembre, previo examen de los libros respectivos de rentas de la Provincia, por tres miembros de los Gobiernos Municipales donde los hubiere, por dos en los Concejos y por uno en las Comisiones, todos sorteados oportunamente por sus respectivas corporaciones. Se inscribirán en el padrón los nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y edad, que estén en las condiciones del artículo anterior; y podrán votar todos los que estén inscriptos, salvo los menores de diez y ocho años que serán representados por sus tutores, sin perjuicio del voto de éstos si a ello tuvieren derecho.

Dánse las reglas para la formación del padrón, que tendrá su origen en el libro de rentas provinciales, que el Poder Ejecutivo pondrá a disposición de los municipios en la parte que les corresponda. Este padrón es formado de oficio; los municipales que expresa el artículo, incluyen en él a toda persona que haya pagado por lo menos diez pesos anuales de contribución provincial, sea en patentes, contribución directa u otras, todas reunidas; no se requiere, pues, la presentación de los empadronados, si bien tienen derecho de saber si están inscriptos, y de ser atendidos por la misma comisión empadronadora, en cualquier reclamo justo sobre inclusiones o exclusiones indebidas respecto de cualquier número de personas. Como la base para el padrón es el pago de impuestos, serán empadronadas las mujeres, los extranjeros y los menores a cuyo nombre se baga el pago, no siendo caso incluido los pagos por testamentarías o en comunidad en que no se defina uno o más nombres propios. La inclusión o exclusión indebidas en el padrón, si es imputable a dolo o error culpable, hace responsables a los empadronadores, del daño que causen.

Los incluidos en el padrón están habilitados para votar, salvo los menores de diez y ocho años, por los cuales podrán votar sus tutores.

Artículo 125

La elección se hará ante una mesa compuesta del más anciano Juez de Paz de la Capital del municipio, como presidente, y dos concejales sorteados por el Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión, de entre todos sus miembros en sesión pública, el l^9 de noviembre de cada año. La elección se verificará anualmente en todos los municipios que corresponda, el día 8 de diciembre, de 8 a. m. a 4 p. m., en el atrio de la iglesia principal, o en su defecto, en las puertas de la Casa Municipal; guardándose respecto al modo de votar, inviolabilidad de los votantes, derechos y deberes de la mesa, prohibiciones y penas a las autoridades, todo lo prescripto en los artículos 47, 48, 49, 51, 53 y 54 de esta Constitución.

Como un municipio puede tener más de un Juez de Paz en el lugar o asiento de la Municipalidad, se establece que presidirá la mesa el más anciano. Las disposiciones del artículo harán innecesario el sorteo para las mesas electorales en los puntos que tengan siempre Comisión Municipal, porque componiéndose ésta de solo tres miembros, serán los tres mismos los que compongan la mesa.

Por lo demás, el artículo establece para la mesa y los votantes, los mismos derechos, garantías y prohibiciones que la Constitución ha consignado para las elecciones provinciales, porque se trata de casos análogos, y porque de todos modos no habría porqué repetir disposiciones por lo menos parecidas, introduciendo confusión en gentes poco preparadas para la vida pública.

Artículo 126

El acta que se levante del resultado de la votación se comunicará inmediatamente a los electos, para que les sirva de título en las sesiones preparatorias que se celebrarán a fines de diciembre, a efecto de juzgar de las elecciones e instalar las Municipalidades el 1Q de enero. En caso de aceptarse una mayoría de los electos se instalará la nueva Municipalidad. En cualquier otro caso, la Municipalidad anterior continuará funcionando a efecto de hacer practicar la elección de los que faltaren, hasta que la Municipalidad se instale. Toda vacante producirá siempre una elección inmediata convocada desde quince días antes con la mayor publicidad.

La Municipalidad saliente nada tiene que ver en la organización de la que debe reemplazarla. Del escrutinio sale el diploma que se pasa a los que resultan con mayoría, y ese diploma es el título de juez de la elección: cualesquiera que sean los inconvenientes que este sistema entrañe, no se disminuyen sino que se aumentan y agravan por cualquier otro. Dependerá mucho de la mesa el que el título vaya a éstas o a aquellas personas, y por lo mismo que la elección sea en el sentido de sus simpatías; pero en una elección municipal no tiene este sistema los peligros que en elecciones populares, porque todos los votantes son personas de cierta posición que no se engañan tan fácilmente como a grupos inconscientes, en medio de tumultos inocentes o culpables que dan pretexto a injusticias. Los miembros de estas mesas son municipales, personas de alguna responsabilidad, y no se atreverán fácilmente a atropellar los derechos y a afrontar el disgusto de una mayoría de sus convecinos.

En los casos de elecciones populares, en que muchas veces se debe cuenta del éxito a un Gobernador, o a personas influyentes de la Capital de la Provincia, esa responsabilidad impulsa las más veces por mal camino a los encargados de influir en las elecciones; pero en elecciones municipales, no puede existir en nadie ese propósito de contentar a otros, pasando por sobre toda consideración, y por lo mismo los peligros de la gran influencia que esta Constitución da a la mesa no existen en realidad.

Artículo 127

Las atribuciones de las Municipalidades, en cualquiera de sus tres categorías, se dividirán así: Hacienda: que abarcará todo lo relativo a impuestos, multas y su percepción; Seguridad: que comprenderá las pesas y medidas, servicio doméstico, vagancia y peligros materiales; Higiene: que cóm-prenderá: alimentos, industrias incómodas, boticas, epidemias y cementerios; Obras Públicas: que comprenderá cercos, vialidad, caminos, irrigación, ornato y servicios públicos; y Moralidad y Beneficencia: que comprende escuelas primarias, espectáculos, publicaciones, asilos, hospitales, cárceles, colocación de pobres y menores.

Las atribuciones enumeradas corresponden a cualquiera de las tres categorías de Municipalidades, y para ello no hay objeción seria, porque como se dijo antes, hablando de las Municipalidades en general, todo es relativo. Un lugarejo no tiene quehaceres grandes para la seguridad, la higiene, las obras públicas, etc., y por lo mismo, ni son tareas superiores a las fuerzas, inteligencia y responsabilidad del vecindario, ni sería digno que otra autoridad superior o el Gobierno de la Provincia descendiesen a semejantes detalles. La Constitución hace comisiones municipales, no para que el Gobierno Provincial tenga más acción en un departamento pequeño, pobre o despoblado, sino porque no hay personal suficiente: ella no se preocupa de reemplazar esa falta con más acción de otra autoridad, por lo mismo que ya se ha dicho, que todo es relativo; de lo que resulta que donde hay pobreza, poca población, etc., tres personas manejan todo tan bien, como donde hay riqueza, actividad y población, pueden hacerlo diez.

Este artículo, divide en cinco secciones o grupos los ramos que atribuye a las Municipalidades; por modestos que sean algunos departamentos de la Provincia, tendrán necesidad de reglamentar el servicio doméstico, perseguir la vagancia, y acostumbrarse a las pesas y medidas legales, reglamentar los cercos, el cuidado de algunos caminos, distribuir el agua de irrigación, y atender las escuelas, con lo que habrá, según su población y riqueza, elementos para un Gobierno Municipal, un Consejo o una Comisión, pues no es necesario poner en actividad todas las atribuciones municipales: basta que pueda o deba ponerse alguna en el estado actual de aquellas poblaciones.

Artículo 128

El Cuerpo Deliberante de cada Municipalidad nombra y remueve los empleados de las tres ramas; autoriza la construcción de obras públicas y la adquisición de los inmuebles y provisiones necesarios, por licitación; administra los bienes municipales y autoriza su enagenación, y la del todo o parte de sus impuestos por el año corriente en subasta pública anunciada un mes antes; crea y suprime empleados; vota el presupuesto municipal para el año siguiente y el cálculo de recursos y los impuestos que deben cubrirlo; es juez de las cuentas de la Municipalidad anterior, y las aprueba o toma sobre ellas y los culpables, si los hubiere, las medidas de ley.

Este artículo detalla las facultades de la rama legislativa que es la principal, y que en cierto modo tiene mucho de las atribuciones que en un gobierno más amplio corresponderían a las otras ramas, pues hace de ejecutivo en varios de los nombramientos, y de judicial en las apelaciones de los jueces de Paz, como se ha explicado más antes. La rama legislativa de las Municipalidades que organiza esta Constitución, administra el municipio, como el directorio de una institución bancaria la gobierna abarcando todos sus ramos, salvo en lo que expresamente esté determinado de otra manera, y debe ser éste el criterio de interpretación en todo caso de duda sobre la facultad de los intendentes, concejales ejecutivos y comisarios, u otras autoridades subalternas. A la rama legislativa municipal no le es aplicable extrictamente la regla de la división de poderes, y debe entenderse que sus facultades y acción, son tanto más poderosas respecto de las otras ramas, cuanto menos completo sea el Gobierno; lo que equivale a decir que en el Gobierno Municipal tiene menos poderes, porque en éste se dibuja mejor y de un modo más legítimo, la separación que corresponde, y que sus facultades que crecen algo en el Concejo Municipal, aumentan considerablemente en la simple Comisión.

Artículo 129

El Intendente, el Concejal ejecutor y el Comisario tienen facultad para hacer cumplir administrativamente las ordenanzas municipales, y para aplicar y ejecutar las multas.

En caso de infracciones no penadas, podrán imponer multas desde dos a veinte pesos según su gravedad. Cuando una ordenanza que importe una obligación de hacer o de prohibir obras, no fuese cumplida, la obra se ejecutará o se destruirá administrativamente o a costa del desobediente, salvo su derecho para hacer valer sus acciones ante los tribunales ordinarios.

Comentando el artículo anterior ya se ha dado las reglas necesarias para apreciar bien las facultades de la rama legislativa en cada categoría de las tres que esta Constitución crea para el gobierno de los municipios. Al considerar este artículo, aunque el Intendente, el Concejal ejecutor, o el Comisario estén en el mismo caso, no debe olvidarse que cuando ocurran dudas entre la rama ejecutiva y legislativa, debe preguntarse si se trata de un Gobierno, Concejo o Comisión, para resolver con más acierto, y teniendo presente las reglas anteriores.

El artículo hace una especial declaración respecto de las obras, porque en caso de decretarse por ordenanza alguna demolición, o la prohibición de ejecutar alguna obra proyectada o su continuación, que puede afectar, por ejemplo, con un canal a la agricultura, con un edificio la seguridad del público, etc., el mal que se trata de remediar no se apartaría, si no se ejecutase la ordenanza; de modo que por el artículo se hará a costa del desobediente, sin perjuicio de su derecho para ocurrir ante la justicia ordinaria, de conformidad a lo que se ha estatuido en el capítulo del Poder Judicial.

Artículo 130

Las tres ramas de la Municipalidad funcionan permanentemente todo el año. Cualquiera de ellas tendrá facultad para decretar arrestos por cuarenta y ocho horas, por desacato a su autoridad en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de ellas pueden ser amonestados por el Cuerpo Deliberante, y aun multados hasta con doscientos pesos, por desacato al Cuerpo, o siendo acusados de haberlo hecho con cualquiera otra autoridad, o de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.

Este artículo, después de establecer que las funciones de las tres ramas de toda Municipalidad son permanentes, es decir, que no tienen receso ni descanso, lo que no estorba que hagan reglamento para horas de trabajo y oficina, establece la facultad de cada rama de decretar arrestos, con lo que podrá imponerlos hasta el mismo Comisario, por las causas que expresa el artículo. Pero la parte importante es la que atribuye a la rama legislativa la facultad de castigar a los miembros de las tres ramas, por desacato a ella, o cuando fueren acusados de haber desacatado en cualquier carácter a cualquiera otra autoridad, o de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones. Así pues la rama legislativa es el juez del Comisario, o del Intendente que ha desacatado a un Juez de Paz, y de éste en igual caso, o de cualquiera de ellos que fuese acusado de negligencia en los deberes de su cargo, o de faltas en la ejecución y desempeño de sus atribuciones. Esta facultad se entenderá que quita así a cualquier autoridad desacatada las facultades disciplinarias que les acuerda esta Constitución tratándose de que el delincuente sea miembro de cualquiera de las tres ramas.

Artículo 131

Cualquiera rama de un Gobierno, Concejo o Comisión Municipal o encargado de parte de alguna, puede peticionar a los Poderes públicos del Gobierno de la Provincia sobre asuntos que sean de su resorte y para bien del municipio; pero sólo el Cuerpo Deliberante puede solicitar la intervención del Poder Ejecutivo para que lo garanta en el ejercicio de’ sus funciones, y haga cesar la anarquía que aquél no pudiese dominar entre las autoridades o entre éstas y los vecinos. Toda cuestión de competencia entre ramas de un Gobierno, Concejo, o Comisión, será resuelta por el Concejo mismo o Comisión, aunque una de las partes sea el mismo Cuerpo que debe resolver.

La cláusula de que sólo la rama legislativa puede solicitar la intervención del Poder Ejecutivo de la Provincia tiene su razón en el principio que sienta el final del mismo artículo, a saber, que sólo esa rama es el juez de toda competencia entre ella y cualquier otra rama o autoridad, en las tres categorías de Municipalidades que crea la Constitución. Ya se ha dicho que la rama legislativa gobierna y administra el municipio, y que la rama ejecutiva es sólo su auxiliar, tanto más dependiente, cuanto más humilde sea la categoría de la Municipalidad: así se explica que la Constitución le dé facultades tan grandes respecto

Obras Completas

247 de los puntos que se detallan, lo que por otra parte servirá para evitar en los departamentos la posible anarquía, tanto más peligrosa cuanto que en poblaciones no instruidas o preparadas para la vida municipal, aparecerá con frecuencia, perjudicando los más caros intereses de la comunidad.

Artículo 132

La ley de Municipalidades o leyes parciales, podrán atribuirles la policía de seguridad, el registro civil en cualquier forma, y ampliar y detallar las atribuciones que esta Constitución les confiere. Las Municipalidades deberán desempeñar las comisiones y mandatos que las leyes nacionales o provinciales les confieran sobre elecciones, enrolamiento de guardia nacional o cualquier otro asunto que se relacione con los habitantes del municipio, o sus derechos o intereses. Las cuestiones promovidas entre dos Municipalidades en su carácter de personas jurídicas, o entre un municipio y un particular, serán resueltas por la justicia ordinaria; y las de competencia entre dos o más municipios por la Corte de Justicia.

Al establecerse las Municipalidades, una ley general o leyes posteriores, o leyes para sólo donde haya Gobierno Municipal, podrán atribuirles el Registro Civil, y la policía de seguridad. La Constitución no ha querido hacerlo, desde luego, porque considera que el Registro Civil reclama una acción única para su uniformidad y pronta consolidación en las costumbres de la Provincia, y porque la policía de seguridad reclama recursos que duplicarán las cargas públicas, pues por el mayor gasto de las Municipalidades para atenderlas, el Gobierno Provincial no dejaría por eso de gastar lo que invierte ahora en dicho servicio.

La ley de Municiualidades podrá ampliar y detallar las atribuciones de éstas, pero no podrá disminuirlas, porque el propósito de la Constitución lejos de robustecer al Gobierno Provincial a expensas de los municipios, procura robustecer a éstos de un modo gradual y duradero, aunque en ello pierda algo el Gobierno Provincial.

Si las leyes nacionales o provinciales toman a las Municipalidades, como el artículo 110 de la Constitución Nacional toma a los Gobernadores, a saber, para ejecutar disposiciones superiores, adoptarán el mejor camino para la eficacia de las medidas que se quieran ejecutar y para evitar choques y dificultades que no deben producirse. Las Municipa-

lidades que son obra directa de los vecindarios, son el mejor agente para el cumplimiento de leyes que deban aplicarse a éstos, en su capacidad colectiva, o individualmente a cada vecino.

Las cuestiones entre el municipio y un vecino de él, las resolverá la justicia ordinaria: serán casos de reclamo pot la ejecución de alguna ordenanza que se aplique o ejecute, y que el particular considere que ataca su derecho, o demandas por compromisos, contratos, etc.

Las cuestiones de competencia tienen otro carácter, y no podrían sino atribuirse directamente a la Corte de Justicia; pero no se confundirá con la competencia entre autoridades del mismo municipio, porque ya está dicho que el juez en tales casos es la rama legislativa del mismo; ni la competencia entre autoridades de dos o más municipios, porque mientras la rama legislativa no haga suya la cuestión, no habrá llegado el caso previsto de conflicto entre dos Municipalidades.

Artículo 133

Todo Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión, al fin de su período en el mes de diciembre, publicará, dirigida a los vecinos del municipio, en periódico si lo hubiera, o en las puertas de la Casa Municipal, una memoria detallada de la administración de las rentas del período, asi como de las obras públicas decretadas o concedidas, ejecutadas o en trabajo, con el estado de sus cuentas especiales o de los contratos respectivos, e indicará las obras y las medidas que siendo reclamadas por la necesidad o la práctica, recomienda a la nueva Municipalidad.

La rendición de cuentas y presentación de un estado sobre cumplimiento de las obligaciones o deberes del cargo que se ejerce, es de esencia en la forma republicana, y está prescripto en términos generales en el capítulo de las “Declaraciones, derechos y garantías”. Las Municipalidades no escapan a este deber; los concejos deliberantes cada tres años, los concejos simples cada dos, y las comisiones cada año, en el mes de diciembre, deben rendir cuentas generales y publicar una memoria de sus trabajos, sin perjuicio de la publicación parcial de cuentas cada seis meses según el artículo siguiente. Tales cuentas y memorias deben ser pasadas a la nueva Municipalidad para su examen, y es con ellas que las autoridades continuarán la tradición de los deberes y derechos del municipio.

Artículo 134

Todo Presidente de Concejo o de Comisión, como tesorero del municipio, está obligado a publicar un estado detallado de la Tesorería Municipal, el 30 de junio y el 31 de diciembre, en carteles que fijará por un mes en las puertas de la Casa Municipal. Estos estados semestrales, así como la memoria del período municipal, se remitirán al Poder Ejecutivo de la Provincia para su conocimiento. El tesorero está obligado a llevar una estadística detallada de todas las infracciones a la ley o a las ordennzas que den lugar a multas que ingresen al tesoro, la cual formará parte del estado semestral que debe publicar.

Ya se sabe que los presidentes de la rama legislativa, son los tesoreros del municipio. Este artículo se dirige a ellos, y les impone el deber de publicar semestralmente sus cuentas, las que deben ser enviadas en copia al Poder Ejecutivo de la Provincia. La tarea del tesorero se recarga con la estadística que le ordena el inciso final, sobre el diverso origen de las multas que concurran al tesoro. En general, la independencia de las Municipalidades no les da ningún poder para resistirse a satisfacer cuantos informes estimen conveniente pedirles el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Artículo 135

Las Municipalidades no podrán contraer empréstitos cuyo servicio comprometa más de la cuarta parte de sus rentas, ni hipotecar éstas ni sus bienes sin previo permiso de la Legislatura. Ningún empréstito se contraerá para gastos ordinarios del municipio, sino para la ejecución de obras públicas en el mismo. No se podrá trabar embargo de impuestos o bienes municipales no expresamente hipotecados con autorización de la Legislatura. La Municipalidad condenada legalmente al pago de una suma, debe proveer a ello votando los impuestos necesarios, si no hay otro arbitrio mejor para cumplir con la deuda.

Los empréstitos municipales no pueden ser contraídos sino para obras públicas dentro del municipio, ni pueden ellos comprometer más de la cuarta parte de las rentas; la razón de lo primero ya está dada: las generaciones futuras no deben pagar deudas de gastos hechos en el servicio diario de la generación presente; no es lo mismo para ellas abonar empréstitos de obras que ellas van a usufructuar; por lo mismo se explica lo segundo, porque entonces tampoco es justo que la generación presente comprometa toda su renta para empréstitos que sirven a obras para las generaciones futuras. Habrá casos, sin embargo, en que la operación sea tan ventajosa para el municipio, en que sea conveniente pasar del límite constitucional, o hipotecar los bienes y aun las rentas; en tal caso el artículo prescribe el asentimiento de la Legislatura, porque en operaciones en que todos los elementos de la vida municipal ordinaria puede absorberlos un compromiso, aquella debe pesarlo bien por si la consecuencia deba ser votar subvenciones provinciales a favor del tesoro municipal exhausto.

Como sólo la Legislatura puede permitir la hipoteca de los bienes o rentas, no habrá embargo legal cuando se proceda sobre compromisos no aprobados por aquella; así nadie permitirá que en obligaciones que le atañen, se prescinda de la Legislatura. La prohibición no burla, sin embargo, a un acreedor, porque la misma Constitución ordena a la Municipalidad que arbitre los recursos necesarios para el pago.

Artículo 136

Los empleados inferiores de las Municipalidades responden personalmente de cualquier acto definido y penado por la ley, y de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento a sus deberes. Esta acción debe entablarse ante la justicia ordinaria. Por las mismas causas puede también promoverse su destitución ante su superior, y en último caso ocurrir ante la rama legislativa. Una acción no estorbará la otra, ni el resultado de una influirá en la solución de la otra.

Este artículo y el siguiente establecen la responsabilidad más clara y completa para todos los funcionarios municipales. Este se contrae a los que no reciben su nombramiento directamente del vecindario o de sus representantes para formar la rama ejecutiva o la judicial, en una palabra, a los que no forman alguna de las tres ramas de la Municipalidad. Se refiere a los agentes subalternos y establece que la acción para su castigo o por daños se entable ante la justicia ordinaria, o que para su simple destitución se ocurra ante su superior, y en último caso, no haciendo éste justicia, que se apele al Concejo o Comisión.

Artículo 137

Los miembros de las Municipalidades en sus tres ramas son personalmente responsables ante la justicia ordinaria en todos los casos del inciso primero del artículo anterior; y están sujetos a juicio público y destitución por las mismas causas y por mala conducta o despilfarro notorio de los fondos municipales, y en los casos en que no castiguen a sus subalternos delincuentes. Los Municipios responden también ante los tribunales ordinarios de sus compromisos y contratos, y de los perjuicios o daños causados por* una ordenanza.

La responsabilidad es tanto por daños u ofensas comunes ocasionados a particulares en el desempeño de sus funciones, como por perjuicios u ofensas ocasionadas a la comunidad: la acción en el primer caso corresponde ante la justicia ordinaria; en el segundo, ante el jurado que se establece en el artículo siguiente. En los casos de ofensas a particulares puede entablarse ambas acciones a la vez, o cualquiera de ellas primero que la otra, porque son completamente diversas, pero en el de ofensas a la comunidad no se puede iniciar juicio alguno ante la justicia ordinaria sin que preceda sentencia condenatoria del jurado popular.

La responsabilidad de los municipios no procede sino por actos de la rama legislativa; es decir, por compromisos o contratos, o por daños causados por cualquier ordenanza en su ejecución, o de otro modo. Ninguna acción cabe contra un miembro de dicha rama, como tal, si no há existido previo juicio ante el jurado por razón de la ordenanza que haya dado origen al contrato, deuda o perjuicio.

Artículo 138

La acción pública para gestionar la destitución de los miembros de las Municipalidades en cualquiera de sus tres ramas, será ejercida por no menos de tres vecinos contribuyentes empadronados, denunciando el hecho al principal funcionario civil provincial del Municipio. El funcionario provincial está obligado a convocar antes de ocho días un jurado de los tres mayores contribuyentes presentes y hábiles que tenga el padrón provincial del municipio* cuyo jurado es el juez único del caso.

La Constitución quiere que aunque se trate de la acusación por cualquier violencia al derecho de un particular, el hecho sea considerado por dos vecinos más como caso de indignidad para continuar en el empleo, y por eso exige que en todo caso la acusación será presentada por no menos de tres vecinos; lo que no es hacer depender de la voluntad de otros el derecho del damnificado desde que éste tiene la acción particular ante la justicia ordinaria. La Constitución no quiere que por la sola opinión de una persona que puede estar ofuscada haya convocatoria del jurado popular, que siempre es una molestia para la autoridad provincial y para los jurados.

Se atribuye la convocatoria al funcionario provincial, porque se supone menos ligado que cualquier otro empleado municipal, a los acusados, y además porque la mayor autoridad que su jerarquía le dá, le permitirá cumplir con más facilidad con los deberes que se le señalan.

Artículo 139

El cargo de jurado es obligatorio bajo pena de cincuenta pesos a beneficio de las escuelas del municipio. Todo reemplazo que corresponda se hará con el mayor contribuyente hábil. El empleado provincial debe resolver inmediatamente sobre toda excusación y aplicación o no de multa en estos casos, como en los que prevé el artículo siguiente. En caso que en el municipio no exista funcionario provincial alguno, la acusación se presentará al funcionario del municipio más inmediato, y éste estará obligado a trasladarse al municipio de los acusados para proceder como se determina en este artículo.

El reemplazo de un jurado no puede ser sino fundado en ley, o por estar ausente en el momento en que se inicie la acusación ante el empleado provincial. El mecanismo de la Constitución para todos estos casos es sencillo; pero reclama una fuerte acción del funcionario provincial, porque no habrá jurado posible si procede con lenidad, o guardando consideraciones indebidas; no pocas veces se le habrá de castigar severamente por el Gobierno de la Provincia mediante queja que elevarán los interesados, hasta que el sentimiento del deber se haya radicado con toda la fuerza necesaria para proceder con energía y prontitud. El empleado provincial es el juez de toda excusación, y debe fallarla sin dilación, juzgando el caso de un modo verbal y actuado.

Cuando ocurra el caso de que se apele al funcionario de otro municipio, éste debe dejar toda ocupación, y trasladarse a cumplir con el deber constitucional que se le encomienda, bajo severas penas que la ley debe establecer, y el Poder Ejecutivo provincial aplicar con todo rigor.

Artículo 140

«

El jurado deberá dar su fallo dentro de los ocho días de instalado. Si no lo hiciere, sus miembros incurrirán en la multa del artículo anterior y quedarán emplazados por otros ocho días bajo la misma pena, y así sucesivamente, hasta que el fallo sea dictado. El trámite será breve y sumario, debiendo el jurado llamar testigos, examinar libros y ocupar los papeles necesarios. La sentencia será absolviendo o condenando al acusado; la condena será la destitución, pudiendo inhabilitarlo temporalmente en casos graves, para ejercer empleos públicos, o aplicarles multas hasta cien pesos, a beneficio de las escuelas del municipio.

El mismo empleado provincial no cesa en su misión, mientras el jurado no haya dictado su fallo, porque es él el que debe aplicar las nuevas multas a que dé lugar toda demora, y aún las de las sentencias si las hubiera. La misión del empleado es delicadísima, porque él está colocado como medio de compulsión, y esto le reclama a la vez que gran solicitud en la forma, gran prescindencia e imparcialidad en el fondo, debiendo, sin embargo, oir las deliberaciones de los jurados para saber cuáles son los culpables de no sentenciar en el plazo que corresponde.

PROYECTO DE CONSTITUCION

DE LA

PROVINCIA DE LA RIOJA

En nombre de Dios, e invocando su protección y auxilio, Nos, los Representantes del pueblo de la Rioja, reunidos en Convención Constituyente, sancionamos la presente Constitución.

PARTE PRIMERA

Capítulo I

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

Artículo l^9

La Provincia de la Rioja, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación. Sus límites territoriales son los que por derecho le corresponden, sujeta a las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse, autorizados por la Legislatura, y en definitiva, a lo que la Constitución Nacional estatuye como facultad del Congreso.

Artículo 2^9

La Provincia, dividida en Departamentos, organiza su Gobierno bajo la forma representativa republicana, y lo constituye con tres Poderes independientes entre sí, pero coordinados, reservando a una ley general la organización de las Municipalidades departamentales, menos en Chilecito, donde por ley especial se organizará inmediatamente un Gobierno Municipal de tres poderes. Las autoridades provinciales residen en la ciudad de la Rio ja, capital de la Provincia.

Artículo 3^9

Todo poder público emana del pueblo, y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece. El pueblo es la totalidad de los habitantes de la Provincia. No delibera sino el día de las elecciones y sólo por medio de sus representantes que son los electores populares, ni gobierna sino por intermedio de los tres Poderes Públicos provinciales, y las Municipalidades y demás autoridades y agentes subalternos que establezca la ley.

Artículo 4^9

La Provincia provee a los gastos ordinarios de la Administración con el producto de los impuestos que la ley designará anualmente, con la venta y locación de tierras y con el papel sellado, hasta que la contribución establecida sobre la renta de cada habitante, como impuesto único, baste al servicio del presupuesto. Las escuelas primarias tendrán un fondo especial formado de un tanto por ciento del impuesto general, de la contribución por cabeza que pagará todo habitante, de las multas que esta Constitución y la ley le destinan, de las subvenciones del Gobierno Nacional, donaciones particulares, herencias vacantes y otros recursos que determine la ley.

Artículo 5^9

El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico Apostólico Romano, con arreglo a la ley que el Honorable Congreso dicte reglamentando el Patronato. Es sin embargo, inviolable en todo su territorio, el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente según los dictados de su conciencia, siempre que con ello no se ofenda la moral o el orden público. Nin-gana creencia religiosa amparada por esta Constitución será motivo para impedir la admisión a cualquier empleo público no exceptuado expresamente por ella.

Artículo 6^9

Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. El estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias deligiosas, en la forma que lo establezca la ley.

Artículo 7^9

Todos los hombres son por su naturaleza libres e independientes, y el Estado les debe su protección para la garantía y efectividad de todos sus derechos civiles. Quedan prohibidos, toda ocupación que interrumpa la educación de los menores hasta la pubertad, los contratos por servicios personales más allá de la emancipación o mayor edad, y en todo caso, ocupaciones nocivas a la salud. Todos los habitantes son iguales ante la ley, y ésta debe ser una misma para todos, y tener una acción y fuerza uniformes, quedan abolidos los privilegios fiscales. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Artículo 8^9

En ningún caso una persona o reunión de personas podrá peticionar en nombre del pueblo; tampoco podrá atribuirse su representación o sus derechos, ni ejercer las funciones de autoridad constitucional, o ejecutar acto alguno de gobierno o de administración si no emana del ejercicio regular de esta Constitución y leyes que se dicten en su consecuencia. Cualquiera resolución de las Autoridades de la Provincia dictada por coacción, requisición de fuerza armada, o de persona o grupos sediciosos o de reunión de pueblo, es atentatoria y será nula y sin efecto.

Artículo 9^9

Las Autoridades de la Provincia están circunscriptas a las autorizaciones y limitaciones contenidas en la Constitución Nacional. Son también limitadas por esta Constitución, contra la cual no pueden dar disposición alguna, y no ejercen otras atribuciones que las que ella les confiere. Ningún magistrado o empleado público podrá delegar sus funciones en otra persona, salvo los casos previstos por la Constitución o las leyes, ni ningún poder público podrá hacerlo con otro poder o autoridad respecto de sus atribuciones constitucionales, siendo nulo, de consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro, ya por autorización suya o con cargo de darle cuenta.

Artículo 10

Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados por el Poder Público a que corresponda el empleo; todo empleado prestará juramento de cumplir las disposiciones de esta Constitución. No podrán acumularse en la misma persona dos o más empleos a sueldo de uno mismo o de los otros Poderes, salvo los de enseñanza en colegios y escuelas. Todo empleado público conservará su puesto mientras dure su buena conducta, y no podrá ser separado sino con arreglo a la ley, después de ser oído.

Artículo 11

Las Autoridades son responsables de haber dejado sin ejecución las promesas de esta Constitución en cuanto a ellas conciernen. Son directamente responsables de todos sus actos en ejercicio de sus funciones. Todos los empleados de la Administración no sujetos previamente a juicio político, son judiciables ante los tribunales ordinarios por abusos que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar, ni declinar jurisdicción, alegando órdenes o aprobación superior. Todo empleado enjuiciado queda ipso fado suspendido en el ejercicio de su empleo.

Artículo 12

En ningún caso las Autoridades Provinciales, so pretexto de conservar el orden, o invocando la salud pública, podrán suspender la observancia de esta Constitución o el ejercicio de los derechos y garantías establecidos en ella. La Legislatura no podrá dictar leyes que tengan efecto retroactivo, o que sean dadas ex post fado, ni que priven de derechos adquiridos, salvo las de orden público, o alteren las obligaciones de los contratos. No podrá autorizar el curso forzoso de los papeles de Estado o de los billetes bancarios, ni permitir su pago en otra forma, ni en distinta moneda que la que ellos prometen, ni permitir loterías.

Artículo 13

Los actos de todas las reparticiones de la Administración, en especial los que se relacionan con la percepción o inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente del modo que la ley reglamente. Toda enajenación de bienes del Fisco o del Municipio, la construcción de edificios, compras y demás contratos susceptibles de licitación, se harán precisamente en esa forma y de un modo público, bajo la pena de nulidad y la de defraudación si la hubiese, siempre que el valor de lo que se trate de vender, comprar o hacer, pase de doscientos pesos nacionales.

Artículo 14

Podrá autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de fondos públicos u otras operaciones de crédito por sanción de dos tercios de la Legislatura; pero ningún compromiso de esta clase, salvo la consolidación de la deuda actual, podrá contraerse sino para obras públicas. No podrá ser distraído ni interinamente de su objeto, el numerario que se obtenga por empréstito o emisión de fondos, sino a los objetos determinados que se debe especificar en la ley que lo autorice, bajo responsabilidad personal en todo tiempo de la autoridad que lo invierta o destine a otros objetos.

Artículo 15

La ley que provea a compromisos extraordinarios, deberá especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización. Ningún impuesto establecido o aumentado con destino especial podrá ser distraído ni interinamente a objeto distinto de los determinados en la ley de su creación, bajo la misma responsabilidad personal de que habla el artículo anterior. Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar el servicio de un empréstito o emisión para alguna obra pública, podrá durar más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

Artículo 16

No podrá dictarse ley que tenga por objeto acordar remuneración a ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, mientras lo sean, por servicios hechos o que se les encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias. Toda ley de este carácter será especial y designará el impuesto o recurso con que debe pagarse. No podrá dictarse igualmente ley atribuyendo sueldo a los miembros de la Legislatura, ni aumentando o disminuyendo el del Gobernador y ministros durante su período, ni disminuyendo el de los jueces.

Artículo 17

El Estado, como persona civil, puede ser demandado ante los jueces ordinarios, sin necesidad de autorización del Poder Legislativo, y sin que en el juicio deba gozar de privilegio alguno. Sin embargo, siendo condenado al pago de alguna deuda, no podrá ser ejecutado en la forma ordinaria, ni embargadas sus rentas, debiendo en ese caso la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar el pago. Exceptúase el caso en que las rentas estén afectadas al pago de la condena por sanción de la Legislatura, anterior al juicio, en cuyo caso pueden ser embargadas.

Artículo 18

Es deber del Gobierno proveer lo conducente a la prosperidad de la Provincia, fomentando la moral, el trabajo, la industria y el comercio, por la libertad, el orden y la seguridad. Es también su deber el protejer la inmigración, la colonización, la construcción de ferrocarriles, telégrafos, caminos públicos, canales u otros medios de irrigación, la importación de capitales, la introducción y establecimiento de nuevas industrias y fuentes productivas de la riqueza pública, la exploración del territorio y la asociación de las particulares; por medio de leyes protectoras de excepción de impuestos, o de subvenciones y garantías, y por la concesión de toda clase de facilidades, abreviación de los trámites y procedimientos, y todo lo que esté constitucionalmente dentro de la órbita del Gobierno Provincial.

Artículo 19

Es igualmente obligación del Gobierno, facilitar a todos los habitantes de la Provincia la educación primaria, la cual será obligatoria en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca. Habrá escuelas periódicas o ambulantes en los puntos en que por falta de población no sean indispensables las escuelas permanentes. La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas comunes, y la administración de las rentas del distrito, corresponderán a las autoridades municipales. Un Consejo Provincial administrará con arreglo a la ley la parte permanente y general del fondo especial de escuelas.

Artículo 20

Las Autoridades de la Provincia pueden solicitar la cooperación del Gobierno de la Nación para la ejecución de obras públicas, y su garantía para operaciones de crédito, y deben su apoyo ante el mismo Gobierno, a toda empresa u obra de iniciativa particular que redunde en provecho de la Provincia; pueden también admitir la cooperación que le ofrezcan las leyes nacionales para el desenvolvimiento de la educación pública, y dar temporalmente la administración de las escuelas a las correspondientes autoridades nacionales.

Artículo 21

Todo ciudadano argentino domiciliado en la Provincia, y teniendo la edad que lo obliga a enrolarse en la Guardia Nacional, es admisible a cualquier empleo público, con las excepciones que establece esta Constitución; es asimismo obligado a armarse en defensa de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, con la excepción que hace el artículo 21 de la Constitución Nacional. Sin embargo, ningún ciudadano, so pretexto de ser miembro de la guardia nacional, podrá ser individualmente compelido al servicio militar o de policía, ni destinado a los cuerpos del ejército nacional, sino por sentencia de juez competente.

Artículo 22

La fuerza o contingente con que la Provincia deba contribuir al ejército nacional, en el caso de que la Nación no provea a ello directamente, no se compondrá de guardias nacionales sino de soldados alistados a expensas del Tesoro Provincial; y caso de no dar ésto resultado, por sorteo entre todos los guardias nacionales de la Provincia. Fuera de los casos previstos por la Constitución Nacional, y salvo las facultades del Presidente de la República, el Gobierno de la Provincia no solicitará ni autorizará la permanencia en ella de tropas nacionales.

Artículo 23

Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano, y siendo domiciliados por dos años de los derechos municipales y de simple administración que reglamentará la ley en las mismas condiciones que para el nacional. No se dará en la Provincia ley ni reglamento que hagan inferior la condición del extranjero a la del ciudadano. Ninguna ley obligará a los extranjeros a pagar mayores contribuciones que las soportadas por los nacionales, ni a pagar contribuciones forzosas o extraordinarias.

Artículo 24

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de reunirse pacíficamente para tratar asuntos públicos o privados, y de organizarse en asociación con fines útiles; del de peticionar individual o colectivamente a las autoridades para solicitar gracia o justicia, denunciar delitos, acusar empleados, instruirlas o pedir la reparación de agravios; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio; de usar y disponer de sus bienes; de hablar y publicar sus ideas; de enseñar y aprender; de profesar libremente su culto, y de trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita.

Artículo 25

Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho de defender su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad con arreglo a ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal de juez competente* Estos derechos, como todos los civiles, puede ejercitarlos personalmente si le conviene, todo habitante mayor de edad o emancipado. Sólo el derecho de tercero, las buenas costumbres, el orden o la salubridad pública, previamente declarados por autoridad legal competente, pueden limitar el libre ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 26

La Corte de Justicia, el Tribunal de Medicina, el Departamento Topográfico y el Consejo General de Educación expedirán los títulos de competencia, cada uno en su ramo, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales. No necesitará rendir examen toda persona diplomada debidamente por institutos o universidades nacionales. Las Municipalidades podrán reglamentar el ejercicio de las industrias que se relacionan con la salubridad.

Artículo 27

Se asegura para siempre a todos el juicio por jurados, con arreglo 9 las prescripciones de esta Constitución. Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales, que son los que la ley ha señalado antes del hecho acusado, ni juzgado por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé. La ley reputa inocentes a los que no han sido declarados culpables por sentencia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso. La sentencia en causa criminal debe ser absoluta y definitiva, declarando al acusado culpable o no culpable.

Artículo 28

No podrá procederse criminalmente contra un individuo que no esté presente en juicio. No se aplicarán leyes que importen sentencia o empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores. No se aplicará la prisión por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por la ley. Las penas pecuniarias que establecen esta Constitución o la ley, no siendo satisfechas, serán subrogadas por la de reclusión, graduándose un día de arresto por cada peso nacional; pero no se subrogará por dinero la pena de reclusión.

Artículo 29

La prueba en todos los juicios será pública, salvo cuando a juicio del juez o tribunal correspondiente, la publicidad sea peligrosa a las buenas costumbres, en cuyo caso la resolución será motivada, siendo siempre pública respecto de los interesados. En cansa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni le es lícito hacerlo contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos, ni puede ser compelido a deponer contra sus demás deudos hasta el cuarto grado. No podrán establecerse procedimientos puramente sumarios, abreviarse los términos, ni coartarse de otro modo la defensa.

Artículo 30

Se ratifica por esta Constitución las leyes que prohíben la aplicación de la pena de muerte por causas políticas y la infamia trascendental, quedando prohibidas igualmente las penas de tormento y de azotes, las que no podrán aplicarse ni por autoridad alguna, bajo el pretexto de disciplina. No podrá imponerse la pena capital, mientras subsista en la legislación de la República, sino por jueces letrados y por unanimidad de votos de los miembros de la Corte de Justicia. Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por un mismo delito, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de nuevo pleitos fenecidos por sentencia ejecutoriada.

Artículo 31

La persona es inviolable. Nadie podrá ser detenido sin semiplena prueba o indicio vehemente de un delito, y previa orden escrita de autoridad civil competente, salvo el caso in fraganti en que cualquiera puede arrestar al delincuente. Ninguna detención o arresto se hará en la cárcel de criminales, sino en casa del detenido, o en otro local que se destinará a este objeto, y el alcaide o guardián exigirá la orden bajo su responsabilidad por arresto arbitrario. Ninguna detención podrá prolongarse más de veinte y cuatro horas, sin poner el detenido a disposición del juez competente con los antecedentes del hecho que motive el arresto.

Artículo 32

Nadie podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez. Todo alcaide o guardián de presos, al recibirse de alguno, deberá exigir y conservar en su poder dicha orden, so pena de hacerse responsable de una prisión indebida. Puesto el preso a disposición del juez, no podrá permanecer más de tres días incomunicado. Será eximida de prisión toda persona que diese fianza suficiente, cuando el delito porque se le procesa merezca pena de destierro, o corporal que no exceda de dos años de trabajos públicos o reclusión, o cuando siendo mayor, admita conmutación pecuniaria.

Artículo 33

Todo individuo que sufriere una detención o prisión arbitraria podrá ocurrir por sí, o cualquier otra persona presentarse denunciando el hecho, al juez más inmediato, para que haciéndolo comparecer a su presencia, se informe del modo que ha sido preso, y resultando no haberse llenado los requisitos constitucionales, o no haberse ordenado la prisión por autoridad competente, lo mande poner inmediatamente en libertad. Cualquier juez, aunque sea de tribunal colegiado, a quien se hiciera esta petición y no la resuelva antes de las veinticuatro horas de su presentación, con cargo auténtico, aunque sea día feriado, sufrirá una multa de doscientos pesos.

Artículo 34

Las cárceles de la Provincia serán seguras, sanas y limpias, y no podrá tomarse medida alguna que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los presos más allá de lo que su seguridad exija. Las cárceles serán centros de trabajo y moralización. Toda condena llevará en sí la condición de que si la Provincia estableciese una penitenciaria común con otras Provincias, o por cualquier concesión o acuerdo obtuviese el derecho de destinar sus sentenciados a las cárceles nacionales o provinciales, se cumplirá donde las autoridades correspondientes lo resuelvan.

Artículo 35

El domicilio es inviolable y nadie puede penetrar en él contra la voluntad de su dueño. Ninguna orden de allanamiento puede ser expedida sino por autoridad civil competente, y al solo objeto de prender algún delicnente, registrar u ocupar algunos objetos, o de hacer cumplir ordenanzas municipales. La orden no puede ser expedida sino sobre causa probable, o apoyada en juramento o afirmación; deberá especificar lo que se propone, como asimismo el funcionario civil que debe ejecutarla, lo cual no se hará de noche sino en casos sumamente graves y urgentes en que se trate de evitar un crimen que de otro modo quedaría consumado.

Artículo 36

La correspondencia epistolar y los papeles privados son inviolables; los que fuesen sustraídos no podrán servir jamás en juicio: los que no estén en este caso podrán ser allanados u ocupados únicamente en cirtud de orden judicial, la que sólo podrá expedirse en los casos en que hubiese semi-plena prueba, o indicio vehemente sobre su eficacia o necesidad para descubrir algún delito o garantir intereses de tercero. Cuando los jueces ordenen el allanamiento u ocupación de la correspondencia, o papeles privados, lo confiarán a funcionarios civiles, determinando el lugar que debe ser registrado, lo que se ejecutará de día en todo caso.

Artículo 37

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser clasificada por ley y previamente indemnizada. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Toda propiedad es enajenable. Quedan suprimidos, y no podrán subsistir en adelante, los mayorazgos y vinculaciones de cualquier especie que sean. Queda suprimida la confiscación de bienes y prohibidas las leyes de impuestos o multas exhorbitantes que disminuyan notablemente la propiedad.

Artículo 38

Ninguna contribución, multa, ni servicio personal alguno son exigi-bles, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Los que intervinieren de algún modo en la ejecución de auxilios, contribuciones u otras requisiciones inconstitucionales, son responsables personal o solidariamente del perjuicio causado. La misma responsabilidad incumbe a los que ordenen tales requisiciones, expidan decretos o acuerden alguna medida que ataque la propiedad, perjudique derechos adquiridos, suspenda el cumplimiento de obligaciones contraídas, el pago de deudas legales o sus intereses, las altere o haga de peor condición.

Artículo 39

La libertad de imprenta queda asegurada, y no se aplicarán disposiciones de los poderes o autoridades que la restrinjan estableciendo censura o garantía pecuniaria previas, o multas desproporcionadas al capital de la empresa. Los escritos contrarios a la moral y al orden público, o que contengan injurias personales, son acusables; pero en los casos en que se censurare la conducta de un individuo como empleado o persona pública, imputándole faltas o delitos, la prueba servirá de descargo; lo mismo será cuando se trata de la capacidad política de las personas públicas.

Artículo 40

En ningún caso podrá procederse contra el que abuse de la libertad de la prensa, sino por la declaración previa de un jurado de que ha lugar a formación de causa; ni podrá ser condenado sin que otro jurado declare que el acusado es culpable de haber publicado o hecho circular el escrito; debiendo este último fijar la pena conforme a la ley.

Artículo 41

Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados, o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal. Tampoco se entenderá como negación de todos los derechos y garantías que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación, los cuales quedan incorporados a esta Constitución, y se respetan y guardarán como parte de ella.

Artículo 42

Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes, o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o que priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les causen, contra el empleado o funcionario que lo haya autorizado, ordenado o ejecutado.

Capítulo II

REGIMEN ELECTORAL

Artículo 43

El sufragio es una función pública delegada por el pueblo a los individuos que reúnan las cualidades exigidas por esta Constitución. Es perfectamente obligatorio, y los que no se inscribieran, o los que inscriptos, no lo ejercieran, pagarán una multa, cuyo importe determinará la ley, a favor del fondo de escuelas del municipio; su base es la población y la proporcionalidad entre su cifra y los elegidos, a fin de hacer extensiva la representación a la totalidad de los habitantes.

Artículo 44

La ley que reglamente el ejercicio del sufragio será uniforme para toda la Provincia, y la dividirá en distritos electorales de tres mil habitantes o de una fracción que no baje de dos mil. Cada distrito elegirá un solo diputado a la Legislatura y un solo miembro a la Junta Electoral. En las ocasiones en que hayan vacantes de uno y otro cuerpo a la vez, las elecciones se practicarán en el mismo día y los nombres de los elegidos se consignarán en la misma boleta, de conformidad a lo prescripto en el artículo 53.

Artículo 45

Para toda elección popular servirá de base el registro de cada distrito que se abrirá todos los años a objeto de continuarlo, y de que, publicado íntegro, se hagan en él las modificaciones a que dé lugar la pérdida del carácter de sufragante por las causas enumeradas en esta Constitución. El registro será formado por comisiones de tres personas designadas pór la Municipalidad de entre los mayores contribuyentes por su orden. Estos cargos son obligatorios bajo multa o prisión que señalará la ley.

Artículo 46

Las mesas receptoras de votos se formarán de tres personas sacadas a la suerte por la Municipalidad, del registro de escrutadores formado por todos aquellos ciudadanos que siendo del distrito, y sabiendo leer y escribir, soliciten de la mesa inscriptora el ser inscriptos en él. Dicho registro se formará y se continuará en libro aparte, al mismo tiempo que el registro cívico, y se publicará y admitirán las tachas a que hubiere lugar. El cargo de escrutador es obligatorio, bajo pena de prisión o multa que señalará la ley, como a los inscriptores. Las multas serán a favor de las escuelas del distrito.

Artículo 47

Los sufragantes son inviolables e independientes en el ejercicio de sus funciones; no podrán ser arrestados mientras van a las elecciones 0 regresan de ellas, salvo el caso in fraganti en la ejecución de algún delito; no podrán ser obligados a prestar, desde diez días antes de la elección hasta diez días después, servicio militar alguno; excepto en tiempo de guerra o de peligro inminente y grave para el orden público; en cuyo caso, si se hallasen reunidos, deberán 6er licenciados por partes a objeto de que voten en completa libertad.

Artículo 48

Se prohíbe absolutamente a las autoridades provinciales, de cualquiera categoría que sean, toda ingerencia directa o indirecta en las elecciones, salvo las medidas de orden que especificará la ley. Los jefes políticos o comisarios, los jefes de guardia nacional, jueces de paz, presidentes de municipalidades y curas párrocos, no podrán hacer manifestación alguna de adhesión a ningún candidato, ni menos llamamientos, ni citaciones para conducir a los sufragantes a votar. Los contraventores quedarán privados del ejercicio del sufragio, y de obtener empleos de honor o lucrativos, por el término que la ley determine.

Artículo 49

Todo ciudadano argentino domiciliado en la Provincia y soldado de la guardia nacional, con la excepción del artículo 21 de la Constitución Nacional, es sufragante, si está inscripto en el registro cívico. El domicilio, para los efectos de este artículo, lo constituirá una residencia continua de tres meses antes de la inscripción. Los sufragantes tienen derecho para formar comités electorales, y convocar a reuniones pública y libremente, con tal de que no pongan en peligro el orden y la tranquilidad de la elección ni de la Provincia. No podrán concurrir armados a dichas reuniones, ni a la mesa electoral.

Artículo 50

No podrán figurar en los registros de sufragantes y de escrutadores: l^9 Los afectados de incapacidad física o mental; 2^9 Los que por sentencia hayan sido declarados incapaces de desempeñar empleos o funciones públicas; 3^9 Los deudores morosos a la Provincia o a la Nación; 4^9 Los quebrados fraudulentos declarados por sentencia; 5^9 Los individuos de tropa de línea o de policía; 6^9 Los eclesiásticos regulares.

Los que estando afectados por alguna de estas incapacidades se inscribieran, serán borrados a petición de cualquiera que pruebe una de ellas; pero una vez cerrado el período de las tachas, no podrán hacerse hasta el año siguiente.

Artículo 51

Las mesas calificadoras y las receptoras de votos tienen autoridad plena y exclusiva para mantener el orden en todo lo relativo a sus funciones, y podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para arrestar a los delincuentes hasta que termine el acto. Pueden además tomar y mandar ejecutar las medidas que tiendan a garantir la pureza y regularidad del sufragio. Ninguna autoridad civil o militar no llamada por las mesas en su auxilio, podrá hallarse presente en el acto de la elección, bajo las penas establecidas en el artículo 48.

Artículo 52

Las elecciones se practicarán en un solo día en todos los distritos que deban elegir; tendrán lugar por el mandato de la ley, y por el derecho perfecto de los representantes del pueblo para reunirse y votar, sin que se requiera convocatoria. Para las elecciones extraordinarias la convocatoria será hecha quince días antes; pero en caso de no realizarse éstas o las anteriores, por cualquier causa, los electores quedarán convocados por sí solos, para quince días después. La convocatoria es extensiva a los que forman las mesas, que deberán concurrir, sin trámite alguno, a desempeñar sus funciones.

Artículo 53

Las elecciones durarán seis horas; pero la ley puede aumentar este término para que no se verifiquen con precipitación ni tumulto. El voto será personal y no podrá darse por intermedio de otra persona; será secreto, en boletas de papel blanco, y se depositará en la urna doblado de modo que no se pueda leer su contenido, no debiendo llevar otra inscripción que el nombre de la persona por quien se vota. Después 'de comenzada una votación, ninguna autoridad podrá suspender la elección, a no ser la mesa misma, en el solo caso de peligrar la vida de sus miembros, o la privación de su libertad y medios para garantir la votación.

Artículo 54

Cumplido el término de la votación, se declarará cerrada y se comenzará el escrutinio públicamente y en alta voz, debiendo quedar terminado en el mismo acto, y consignarse el resultado en un acta que firmarán los miembros de la mesa y todos los que quieran hacerlo. No se contarán los votos que no estuviesen en las condiciones del artículo anterior. La mesa deberá dar a los que lo soliciten, un certificado del resultado. Toda elección se decidirá a simple mayoría, pero la incapacidad de la persona que la hubiese obtenido, sobreviniente a su elección, o ignorada en el momento de ésta, no dará el triunfo a otros candidatos.

PARTE SEGUNDA

Capítulo III

PODER LEGISLATIVO

SECCION I

DE SU COMPOSICIÓN. — SANCIÓN DE LAS LEYES

Artículo 55

El Poder Legislativo será ejercido por una Cámara de Diputados, elegidos directamente por los electores populares calificados, en la proporción de uno por cada tres mil habitantes o de una fracción que no baje de dos mil: cada proporción o fracción elegirá un solo diputado, independientemente de las demás. Mientras se practica el censo y la ley hace la distribución que corresponda, la Cámara se compondrá de tres diputados por la Capital, dos por Chilecito y uno por cada uno de los demás Departamentos, elegidos todos por listas de a un solo diputado, a cuyo efecto la Capital se dividirá en tres secciones y Chilecito en dos.

Artículo 56

Los diputados durarán tres años y serán reelegibles indefinidamente; pero la Cámara se renovará por terceras partes cada año; a cuyo efecto, luego que se instale la primera vez, se sortearán los que deban ser reemplazados en el primero y segundo año. Cuando se apruebe el censo, se hará una renovación total de la Cámara, practicándose después de instalada, un nuevo sorteo, para continuar en lo sucesivo como lo dispone el inciso anterior; pero la renovación total no podrá acercarse menos de seis meses a ninguna elección de Gobernador. Las vacantes que ocurran después de seis meses antes de la renovación anual, no se proveerán hasta dicha renovación.

Artículo 57

Para ser diputado se necesita ser ciudadano argentino de origen nacional o naturalizado, mayor de edad y domiciliado en la Provincia con dos años de residencia; sin embargo, no podrán ser elegidos los empleados a sueldo de la Provincia, salvo los que enseñen en colegios y escuelas; los jefes políticos y militares por el departamento de su mando; los eclesiásticos regulares, los enjuiciados, los condenados por delito que merezca pena corporal que exceda de un año; los quebrados fraudulentos y los deudores morosos al fisco.

Artículo 58

La Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el l^9 de junio hasta el 30 de setiembre, pudiendo prorrogarlas por sí sola hasta sesenta días más. El Poder Ejecutivo puede también prorrogarla o convocarla a sesiones extraordinarias, cuando algún grave asunto de interés público o de progreso lo reclame. Igualmente puede convocarla su Presidente, cuando lo requieran por escrito cinco de sus miembros, y por sí solo cuando se trate de las inmunidades de los diputados. En los casos de prórroga o de sesiones extraordinarias, no podrá ocuparse sino de los asuntos que motiven la convocatoria para aprobarlos o rechazarlos.

Artículo 59

La Cámara será presidida por el Vice-Gobernador de la Provincia o por sus reemplazantes, que se designarán con arreglo al reglamento. No entrará en sesión sin la mitad más uno de los diputados, pero un número menor podrá reunirse y compeler a los inasistentes a que cumplan con su deber, en los términos y bajo las penas que el reglamento estableciere, excepto la de expulsión. Cuando por cualquier incidente no existiese el quorum legal, o no se consiguiese la asistencia de los que pueden formarlo, la minoría procederá a aprobar o desaprobar elecciones y mandar llenar vacantes.

Artículo 60

La Cámara de Diputados es el único juez de la validez de la elección y títulos de sus miembros, así como del caso y alcance de las inmunidades de éstos. Los diputados al recibirse del cargo prestarán juramento por Dios Nuestro Señor y los Santos Evangelios de desempeñarlo fielmente con arreglo a los preceptos de esta Constitución. La Cámara podrá con dos tercios de votos corregir con llamamientos al orden, multas, suspensión o prisión, y aun con la exclusión de su seno, a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en sus funciones o por inasistencia, y removerlo por indignidad o inhabilidad física o mental sobreviniente a su incorporación.

Artículo 61

Ningún diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito. En este caso, el juez que ordene la prisión dará cuenta a la Cámara con la sumaria correspondiente en su primera sesión inmediata si se hallase en período ordinario, extraordinario o de prórroga, o a su Presidente si se hallase en receso; y no se entenderá que la Cámara acepta el allanamiento del fuero del arrestado, si dentro de los cinco días siguientes a la sesión en que recibió el sumario, no resuelve acceder a la solicitud del juez. Con la negativa expresa o tácita de la Cámara, el detenido será puesto en libertad inmediatamente, y no podrá volverse sobre el mismo juicio.

Artículo 62

Cuando se forme querella criminal por escrito contra un miembro de la Legislatura ante la justicia ordinaria, el juez remitirá el sumario a la Cámara, y ésta después de examinarlo en juicio público, en la sesión próxima a aquella en que se dió cuenta del hecho, podrá suspender en sus funciones al acusado, por dos tercios de votos, quedando eon este hecho a disposición del juez competente para su juzgamiento. Si la Cámara negase el allanamiento, no podrá volverse ante ella con la misma solicitud; y cuando habiendo accedido pasasen tres meses sin que el diputado hubiera sido condenado, recobrará sus inmunidades y volverá al ejercicio de sus funciones son sólo hacer constar las fechas.

Artículo 63

Los diputados no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados de ninguna manera por las opiniones o votos que emitieran desempeñando su mandato. Todo insulto, sea cual fuere su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Legislatura, en la misma Cámara o fuera de ella, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones, es un insulto a la misma Cámara, que debe ser reprimido por ella con prisión que no pase de treinta días. Una Comisión de la Cámara hará el sumario correspondiente, y tendrá poder para ocupar papeles privados, allanar domicilios y llamar testigos y juramentarlos, sometiendo a la Cámara las conclusiones a que arribare.

Artículo 64

La Cámara dictará su reglamento interno. En los casos en que ella elija o cuando aprueba a anula elecciones, no podrá reconsiderar sus resoluciones aunque sea en la misma sesión. Sus decisiones serán a pluralidad de votos, salvo los casos especiales previstos por esta Constitución. Las sesiones se celebrarán en un local fijo y serán públicas, a menos que ella resolviese lo contrario cuando un grave interés público asi lo exigiese. La Cámara es el juez único de las faltas cometidas dentro o fuera de su recinto contra el orden de sus sesiones, y podrá reprimirlas con prisión que no pase del término de quince días, previo sumario si fuese necesario.

Artículo 65

La Cámara puede llamar a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime convenientes, previa comunicación de los puntos a informar, y estos están obligados a concurrir y dar aquellos informes en la sesión inmediata, si en la nota de aviso no se hubiere determinado la fecha. La Cámara por intermedio de sus comisiones podrá también examinar el estado del Tesoro Público, y pedir a los jefes de oficina de la Administración, los informes que crea necesarios, y estos están obligados a darlos en el tiempo en que les sean exigidos, y mostrar sus libros y papeles a dichas comisiones.

Artículo 66

Los diputados que no sean vecinos de la capital, recibirán por cada sesión ordinaria, extraordinaria o de prórroga a que concurran, un viático de dos pesos, el que se liquidará por secretaría al fin de cada mes, no pudiendo en ningún caso exceder de sesenta pesos mensuales para cada miembro. Este viático se pagará de la suma que votare el presupuesto, y que el Gobernador pondrá íntegra a la orden del Presidente de la Legislatura el día que se abran las sesiones ordinarias, no devolviéndose el sobrante, si lo hubiere, hasta la repetición de la misma operación el año siguiente.

Artículo 67

La elección de secretarios y contador, que hará la Cámara, la de los demás empleados de secretaría, que hará su Presidente, la aprobación o anulación de elecciones de diputados o su expulsión, el reglamento de debates, el decreto para elección de Diputados y de electores de Gobernador, la votación e inversión del presupuesto de secretaría y viático, y las acusaciones ante la Junta Electoral, son medidas que no necesitan el asentimiento del Poder Ejecutivo como colegislador. La Cámara podrá además expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Artículo 68

Las leyes, incluso las de presupuesto e impuestos, tendrán origen por proyectos presentados por uno o más diputados, por comisiones de la Cámara, o por el Poder Ejecutivo, o por la Corte de Justicia. Todo proyecto en trámite que no llega a convertirse en ley dentro del año legislativo, caduca. Todo proyecto no vetado dentro de los diez días de recibido por el Poder Ejecutivo, es ley. Si antes de vetarlo hubiere tenido lugar la clausura de la Legislatura, el Poder Ejecutivo deberá dentro de dicho término remitir el proyecto vetado a la secretaría de la Cámara, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto. Las leyes usarán esta fórmula: “La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza de Ley”.

Artículo 69

El veto de una parte de un proyecto importa el veto del todo, y somete el proyecto a una nueva consideración de la Cámara. El veto da lugar a tres casos: l^9 a la insistencia con dos tercios que convierte el proyecto en ley; 2^9 a conformidad de la Cámara con las vistas del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se le remitirá el proyecto reformado; y 3^9 a desistimiento de la ley, enviando el proyecto al archivo, si es que no habiendo dos tercios para insistir, la mayoría prefiere este expediente a la conformidad con el Poder Ejecutivo. En caso de desistimiento el proyecto podrá ser nuevamente sancionado el año siguiente, y enviado al Poder Ejecutivo, quien estará obligado a promulgarlo como ley sin usar del veto.

SECCION II

ATRIBUCIONES de la legislatura

Artículo 70

Corresponde a la Legislatura:

l^9 Abrir y cerrar sus sesiones ordinarias o extraordinarias por si misma, invitando al Poder Ejecutivo en el primer caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la Administración y proponga las medidas y reformas que considere convenientes. La imposibilidad del gobernador, obliga a los ministros a presentar dicho mensaje;

2^9 Dictar todas las leyes necesarias y convenientes para hacer efectivas las disposiciones de esta Constitución, sin alterar ni contradecir su espíritu, y dar la interpretación de las mismas o su aclaración cuando fuere consultada por algunos de los otros Poderes, por la Junta Electoral o por los particulares;

3^9 Establecer impuestos uniformes y contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Provincia a objeto de formar el tesoro provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4^9, capítulo l^9. Es de su deber proveer al fondo de escuelas, y votar los impuestos para el servicio de empréstitos, y de otras operaciones de crédito;

4^9 Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la Administración y el suyo propio, los que se subordinarán a la ley general de sueldos y comprenderán las leyes especiales de gastos, y el cálculo de recursos para el año siguiente. A falta de leyes de presupuesto y de impuestos regirán las últimas vigentes;

5^9 Aprobar, reparar o desechar en todo o en parte, las cuentas de inversión de los dineros públicos, a cuyo efecto nombrará un contador que hará parte de su secretaría, debiendo considerarse desechadas las que no fuesen expresamente aprobadas dentro del año siguiente;

6^9 Arreglar la contabilidad y el pago de las deudas de la Provincia, dando al Contador y Tesorero la autoridad propia necesaria para controlar la administración del Gobernador; organizar el Crédito Público y establecer bancos, o fomentar el establecimiento de los mismos, asi como de otras instituciones de crédito útiles al país;

7^9 Reglamentar y disponer el uso y enagenación de tierras de propiedad provincial y fijar su valor y decretar la ejecución de obras públicas y la compra de inmuebles para utilidad de la Provincia. No podrá, sin embargo, enajenarse cada año más del diez por ciento de la tierra fiscal;

8^9 Autorizar con el voto de dos tercios la cesión de parte del territorio de la Provincia para objetos de utilidad nacional o provincial y por unanimidad de votos cuando esas cesiones importen abandono de jurisdicción o desmembración de territorios;

9^9 Inspirar, aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebre con otras provincias 6obre límites, intereses económicos o para fines de administración de justicia; no pudiendo aceptar la creación de tribunales interprovinciales que importen la supresión de la Corte de Justicia creada por esta Constitución como Poder Judicial de la Provincia ;

10^9 Establecer la división política, eclesiástica, judicial, municipal, escolar y militar de la Provincia, procurando su mayor fraccionamiento, y reformarla toda vez que lo reclame la mejor administración y gobierno de las localidades que, en cuanto sea posible, debe confiarse a ellas mismas; fundar pueblos y crear villas y ciudades;

ll^9 Crear y suprimir empleos no establecidos por esta Constitución, determinar sus atribuciones, responsabilidades y dotación; pero no podrá suprimir los juzgados de 1* instancia, ni dejar de votar un fiscal y un defensor de menores y pobres para la Capital y los mismos funcionarios para Chilecito;

12^9 Dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y recompensas de estímulo, y acordar honores por servicios distinguidos a la Provincia, no pudiendo hacerlo a favor de personas que estén ejerciendo empleos, siempre que éstos sean el Presidente de la República o sus ministros, y el Gobernador, ministros y jueces de la Corte provincial;

13^9 Acordar amnistías generales por delitos de rebelión o sedición de carácter local, no pudiendo alcanzar aquéllas a los delitos comunes que se cometieren conjuntamente. Rehabilitar a los suspensos de la función del sufragio y del derecho de ser elegidos, no pudiendo hacerlo antes de dos años de la sentencia;

14^9 Autorizar la movilización de uno o más cuerpos de la guardia nacional estando amenazada la tranquilidad pública, y aprobar o desaprobar la medida tomada en su receso por el Poder Ejecutivo, votando en todo caso los fondos con que debe indemnizarse el servicio militar;

15^9 Declarar los casos de expropiación por leyes generales o especiales, determinando los fondos con que debe hacerse la indemnización previa. Ninguna autoridad que no sea la justicia ordinaria podrá dar por aceptado un precio rehusado por el dueño de la cosa expropiada;

16^9 Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de miembros de la Corte de Justicia, Jueces de 1* instancia, Fiscales y

Defensores; Tesorero y Contador de la Provincia; Consejo General de Educación, jefe del Departamento Topográfico y Directores de Bancos;

17^9 Dictar a la brevedad posible el Código de Procedimientos, la ley de organización de la Administración de Justicia, del registro civil, la de Municipalidades, la de organización de los tribunales de minas, la de responsabilidad de los empleados públicos, la de juicio por jurados, las de imprenta, elecciones, educación común y tierras públicas;

18^9 Dictar planes generales sobre educación y leyes sobre seguridad, salubridad y ornato, o sobre cualquier otro objeto de interés común municipal, dejando a los municipios 6U aplicación, así como la de las subvenciones que les votase el presupuesto, y el producto de las multas a que diere lugar la infracción de tales leyes;

19^9 Tomar juramento al Gobernador y Vice-Gobernador, concederles o negarles licencia para salir de la Capital o de la Provincia, admitir o desechar sus renuncias, y declarar con dos tercios de votos los casos de impedimento de los mismos;

20^9 Declarar con dos tercios de votos la necesidad de la reforma parcial o total de esta Constitución, y proveer a la convocatoria de una Convención que la efectúe, la cual tendrá la facultad de votar los gastos de su secretaría, y gozará de todos los derechos e inmunidades de la Legislatura como cuerpo colegiado, y sus miembros serán inmunes como los diputados;

21^9 Elegir senadores al Congreso Nacional, y llenar las funciones y demás deberes que la Constitución Nacional o leyes dictadas en su consecuencia atribuyesen a la Legislatura. Requerir la intervención nacional en los casos del artículo 6^9 de la Constitución Nacional;

22^9 Acusar con dos tercios de votos ante la Junta Electoral, después de declarar que ha lugar a formación de causa, al Gobernador, Vice-Gobernador y ministros, a los miembros de la Corte de Justicia, jueces de V instancia, fiscales y defensores, por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo;

23^9 Allanar con dos tercios de votos la inmunidad de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, cuando sea requerida para ello por el juez ordinario; cuando hubiere pasado el término de tres meses sin que el empleado fuera condenado, se tendrá por retirado por la Legislatura el allanamiento del fuero, y el empleado quedará inmune.

Capítulo IV

PODER EJECUTIVO

SECCION I

DE SU NATURALEZA. — MINISTROS SECRETARIOS

Artículo 71

El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un Gobernador, o en su defecto por un Vice-Gobernador, elegidos conforme a esta Constitución. Una ley determinará, por su orden, los funcionarios que deben reemplazarlos provisoriamente o completar su período en los casos en que ninguno de ellos pueda ejercerlo, según 6e determina en esta sección.

Artículo 72

Para ser elegido Gobernador o Vice-Gobernador se requiere haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero; tener treinta años de edad, dos de domicilio en la Provincia inmediatamente anteriores a su elección, y una renta anual de dos mil pesos proveniente de capital, industria o profesión.

Artículo 73

El Gobernador y Vice-Gobernador durarán en sus empleos el término de tres años contados desde el día que deben recibirse por medio del juramento, y no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período. Tampoco podrá en el período siguiente a su elección el Gobernador ser nombrado Vice-Gobernador, ni éste Gobernador. La prohibición abarca un término de tres años, aunque en él se haga más de una elección de Gobernador y Vice-Gobernador propietarios.

Artículo 74

Al tomar posesión del cargo, el Gobernador y Vice-Gobernador prestarán ante la Legislatura el juramento siguiente: “Juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo dé Gobernador (o Vice Gobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Provincia me lo demanden”.

Artículo 75

El Gobernador y Vive-Gobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por más de treinta dias sin permiso de la Legislatura, y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este requisito. Cualquiera ausencia del Gobernador por breve que sea, confiere de hecho el ejercicio de su cargo al Vice-Gobernador.

Artículo 76

El Gobernador tendrá el tratamiento de “Excelencia”, y gozará del sueldo que determine la ley, el cual no podrá ser alterado durante el período de su nombramiento, no pudiendo recibir, bajo ninguna forma, otro emolumento o dádiva de la Provincia. El Vice-Gobernador sólo gozará de tratamiento y sueldo el tiempo que ejerza el Poder Ejecutivo.

Artículo 77

Si habiéndose recibido el Gobernador, ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vice-Gobernador hasta concluir el período legal, en los tres primeros casos, y en los tres últimos, hasta que haya cesado la inhabilidad. No habiéndose recibido, el Vice-Gobernador no lo reemplaza por muerte o renuncia, sino en el caso en que hubiera llegado el día de la recepción sin nueva elección.

Artículo 78

En caso de muerte, destitución o renuncia del Vice-Gobernador, esté o no reemplazando al Gobernador, la Junta Electoral no se reunirá para elegir su reemplazante, si no le falta más de un año de su periodo; salvo cuando no exista Gobernador, en cuyo caso se procederá a nueva elección de Gobernador y Vice, que comenzarán otro período.

Artículo 79

El Gobernador y Vice-Gobernador cesan en el poder el día mismo en que expira su período de tres años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo para que se le complete más tarde, o de su prorrogación por un día más. La transmisión del mando no tiene lugar por acto alguno del Gobernador saliente, que omitido, se considere defectuoso el gobierno del electo después de haber prestado juramento.

Artículo 80

9

El despacho de todos los negocios del Poder Ejecutivo de la Provincia se dividirá en dos departamentos, a saber: uno de Gobierno e Instrucción Pública, y otro de Hacienda y Obras Públicas, y estará a cargo de uno o dos ministros secretarios que refrendarán los actos del Gobernador, sin cuyo requisito éstos carecerán de eficacia y no obligarán en la Provincia a ninguna autoridad ni a los particulares.

Artículo 81

Para ser ministro se requiere las mismas condiciones exigidas para ser diputado. Los ministros tendrán el tratamiento de “Señoría”, y gozarán de un sueldo que no podrá ser alterado durante el tiempo del período gubernativo en que sirven. El Gobernador podrá remover a estos funcionarios toda vez que lo crea conveniente; pero el ministro que estuviese en ejercicio el día de la apertura de la Legislatura, deberá dar cuenta de todo el movimiento del año anterior.

Artículo 82

Los ministros pasarán a la Legislatura una memoria sobre los negocios de sus respectivos departamentos, dentro de los primeros quince días siguientes a la apertura de sus sesiones. Pueden ser llamados por la Cámara o por sus comisiones para que den los informes que crean convenientes, y ellos están obligados a asistir y dar dichos informes.

Artículo 83

Los ministros son solidariamente responsables con el Gobernador de los actos que legalicen. No pueden por sí solos tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos y las providencias de trámite. Los ministros están sujetos al juicio político en las mismas condiciones y por las mismas causas que pueden ser enjuiciados el Gobernador y V ice-Gobemador.

Artículo 84

Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Legislatura a objeto de llevar las opiniones del Poder Ejecutivo respecto de cualquier proyecto de ley; pueden discutir esas opiniones y los proyectos a que ellas se refieran, teniendo al efecto los mismos derechos que los diputados, excepto el voto. Todo ataque a la inmunidad de un ministro como orador, puede ser castigado por la Cámara.

Artículo 85

Los ministros al recibirse del cargo prestarán juramento ante el Gobernador de desempeñarlo fielmente, con arreglo a los preceptos de esta Constitución, guardando secreto en todo lo que tuviere ese carácter; y ellos recibirán a su vez el mismo juramento cuando pongan en posesión a todos los jefes de oficinas, quienes prometerán, además, sujetar a sus subalternos al estricto cumplimiento de sus deberes.

Artículo 86

Cuando por falta de ministros algún empleado del despacho fuere autorizado para refrendar la firma del Gobernador, dicho empleado será solidariamente responsable con aquél de todo lo que autorice. Los encargados de un ministerio no concurrirán a la Legislatura, pero sí a sus comisiones, con el objeto de llevar informes y satisfacer las explicaciones que se les pidan.

SECCION II

ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR

Artículo 87

El que ejerce el Poder Ejecutivo:

l^9 Es el jefe de la Administración general de la Provincia, y habla en nombre de ella ante los Poderes Nacionales, y en sus relaciones con otras provincias. Los otros Poderes se valdrán del Poder Ejecutivo para todo acto relativo a asuntos que ventilen fuera de la Provincia;

2^9 Promulga y hace ejecutar las leyes de la Provincia, dictando al efecto decretos, reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Hace cumplir las leyes nacionales, decretos del Presidente de la República y fallos de sus tribunales, prestando a éstos su apoyo;

3^9 Participa de la formación de las leyes, enviando a la Legislatura proyectos con mensajes, discutiendo allí por medio de sus ministros todo proyecto de ley, usando del derecho de veto, y proponiendo la derogación de las leyes que creyese inconvenientes;

4^9 Prorroga las sesiones de la Legislatura, o la convoca a sesiones extraordinarias cuando algún grave interés de orden o de progreso lo Requiera, salvo el derecho de aquélla para apreciar, una vez reunida, la necesidad de la medida;

5^9 Hacer recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, y puede hacer ejecutar su percepción administrativamente, haciendo dar constancia para ulterior resolución de los jueces. Decreta la inversión de los dineros fiscales con sujeción estricta al presupuesto;

6^9 Nombra con acuerdo de la Legislatura, el Contador y Tesorero de la Provincia, el Jefe del Departamento Topográfico, Directores de Bancos, Consejo de Educación y los miembros de la Corte de Justicia, jueces de 1* instancia, fiscales y defensores; y por sí solo nombra y remueve todos los demás empleados de la rama ejecutiva;

7^9 Acuerda jubilaciones, retiros y goce de montepíos conforme a las leyes; y puede imponer arrestos que no pasen de tres días a sus subalternos, y aún a los extraños que desacaten su autoridad o la de sus ministros en el ejercicio de sus funciones;

8^9 Ejerce, como vice-patrono, los derechos del patronato, en todo lo que la Constitución Nacional no atribuye al Presidente de la República; extiende su pase al nombramiento de curas propietarios o interinos; vela por el buen servicio del culto, y presta su protección a las autoridades eclesiásticas;

9^9 Inspecciona todos los establecimientos públicos de la Provincia, vela por su buena administración, y pide informes a las oficinas públicas y a las sociedades anónimas y de beneficencia, quienes son obligadas a darlos bajo las penas que la ley establezca;

10^9 Indulta o conmuta las penas, previo informe del tribunal correspondiente; pero no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o de delitos contra la Legislatura, Poder Judicial o Junta Electoral, o sus miembros;

ll^9 Celebra y firma tratados parciales con otras provincias, con la limitación establecida en el artículo 70, inciso 9^9, para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación de la Legislatura y conocimiento del Congreso Nacional;

12^9 Da a la milicia la organización y disciplina prescriptas por el Congreso, y como comandante en jefe de ella, corre con su administración y gobierno, excepto lo de la parte movilizada en servicio de la Nación. Concede también los grados militares hasta que la ley los atribuya a elección;

13^9 Moviliza las milicias con autorización de la Legislatura, y también en su receso con calidad de obtener su aprobación, en caso de invasión exterior o conmoción que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, dando aviso cuando corresponda, a la autoridad nacional;

14^9 Expedirá los decretos e instrucciones necesarias para que se practiquen las elecciones de diputados a la Legislatura y de miembros de la Junta Electoral, en los días que designe la ley o determinen los decretos de la Legislatura o de la Junta;

15^9 Remitirá anualmente dentro de los quince días siguientes a la apertura de las sesiones de la Legislatura, el presupuesto de gastos y las leyes de recursos para el año siguiente; y adjuntará las cuentas detalladas y justificadas de su administración en el año anterior, con los libros en que se hubiesen llevado;

16^9 Hará publicar mensualmente un estado de la tesorería general, y prestará cuantas veces sea requerido por la Legislatura, los jueces y municipalidades, el auxilio de la fuerza pública que autorice la ley, para la ejecución de providencias que por esta Constitución correspondan a cada una de dichas autoridades;

17^9 En el receso de la Legislatura podrá hacer los nombramientos que requieren su acuerdo, los cuales serán en comisión y caducarán treinta días después que este Poder hubiese abierto sus sesiones ordinarias, salvo el caso de su confirmación antes de esa fecha;

18^9 En el receso podrá también ausentarse de la Provincia por un grave y urgente interés público y por el tiempo indispensable que no pasará de treinta días, pero no podrá repetir su ausencia mientras tenga pendiente la aprobación de la anterior;

19^9 Es el responsable solidariamente con sus ministros o con los empleados de la rama ejecutiva, de la conducta de éstos, cuando la apruebe o la consienta: importará el consentirla cuando existiendo denuncias por la prensa, o por peticiones presentadas a él, no los castigare.

Artículo 88

Sin perjuicio de otras restricciones que surgen de esta Constitución y de la naturaleza del Poder Ejecutivo, al que lo ejerza le está absolutamente prohibido:

l^9 Delegar su autoridad o parte de sus facultades;

2^9 Expedir orden alguna sin la firma del Ministro que corresponda;

3^9 Ejercer empleos o recibir emolumentos de la Nación o de otra Provincia;

4^9 Conferir más de un empleo a sueldo a una misma persona, o hacer recaer un nombramiento con sueldo en persona que ya lo tenga de otro Poder;

5^9 Ejercer personalmente ninguna industria o profesión, durante el período de su mando;

ó^9 Tomar parte directa o indirectamente en contratos con los gobiernos Nacional o Provincial, aun en los que se efectúan por licitación ;

7^9 Imponer contribuciones, autorizar embargos, decretar multas y aplicar pena alguna;

8^9 Dar a las rentas una inversión distinta de la que les esta señalada por la ley;

9^9 Retardar o estorbar la reunión de la Legislatura o de la Junta Electoral o suspender alguna sesión o elección;

10^9 Proteger candidaturas para elecciones o consentir que sus empleados las favorezcan;

ll^9 Abrogarse facultades judiciales o entorpecer el cumplimiento de lo que decreten los jueces;

12^9 Ordenar destierros, o decretar arrestos por más de tres días sin pasar la causa al juez competente;

13^9 Renovar juicios fenecidos, paralizar los existentes e influir sobre los jueces;

I4^9 Disponer del territorio de la Provincia y exigir servicios no autorizados por ley.

Capítulo V

PODER JUDICIAL

SECCION I

SU ORGANIZACIÓN. — DURACION DE LOS JUECES

Artículo 89

El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Corte de Justicia compuesta de tres jueces que la ley podrá aumentar hasta cinco. Hacen parte de este Poder los jueces de primera instancia, los fiscales, defensores y demás tribunales que establezca la ley; pero la Corte representa la plenitud del Poder Judicial; su jurisdicción es improrrogable, pudiendo, no obstante, conferírsele el recurso de inapli-cabilidad de la ley en ciertos casos.

Artículo 90

La Provincia se dividirá en circunscripciones judiciales en las que se tramitarán y fallarán en primera instancia todos los juicios, debiendo tener cada una sus límites, y un número de jueces proporcionado a los asuntos que se tramiten. La ley establecerá desde luego dos circunscripciones cuyas capitales serán la ciudad de la Rioja y Chilecito.

Artículo 91

La ley podrá establecer un Tribunal de Minas, que funcionará en Chilecito, restringiendo en este caso, y sobre este solo ramo, la jurisdicción de apelación que corresponde en general a la Corte de Justicia, y la de primera instancia a los jueces de esta categoría.

Artículo 92

Para ser miembro de la Corte de Justicia se requiere ser ciudadano argentino, abogado de la Nación o de la Provincia con cinco años de práctica, y tener las demás condiciones exigidas a los diputados; para ser juez, fiscal o defensor, sólo se requiere ciudadanía, mayor edad y título de abogado de la Provincia con dos años de ejercicio. No se exigirán estos requisitos a los que, siendo abogados, se hallasen desempeñando dichos puestos al tiempo de sancionarse esta Constitución; los cuales continuarán hasta terminar el período porque hayan sido nombrados.

Artículo 93

Los jueces de la Corte duran nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años¿ a cuyo efecto, en la primera instalación, se sortearán los que deban salir en el primero y segundo trienio, labrándose un acta que se comunicará al Poder Ejecutivo; los demás funcionarios durarán cinco años desde el día que se reciban, aunque sea en reemplazo de otros cuyo período hubiese transcurrido en parte. Todos los funcionarios de la Corte, tribunales y juzgados inferiores, son reelegibles indefinidamente hasta la edad de setenta años.

Artículo 94

En caso de recusación, excusación justa, ausencia motivada, enfermedad, o suspensión por acusación de cualquiera de los jueces de la Corte, será reemplazado por uno de los conjueces que se sorteará de una lista de abogados que la Corte formará todos los años.

Artículo 95

Todos los magistrados que constituyen el Poder Judicial o hacen parte de él, disfrutarán de un sueldo que se pagará religiosamente y que no podrá ser disminuido durante el período de su nombramiento; a cuyo efecto, el Tesorero de la Provincia entregará mensualmente al Presidente de la Corte, el importe de la planilla de sueldos corres-

pondiente. Ningún crédito será preferido al pago de estos sueldos bajo responsabilidad del Tesorero.

Artículo 96

La Corte de Justicia y los demás tribunales y juzgados de la Pro* vincia, en el desempeño de sus funciones, procederán aplicando esta Constitución y los tratados, leyes y decretos de carácter provincial que se armonicen con ella, teniendo presente lo prescripto por el artículo 31 de la Constitución Nacional sobre; supremacía de la Constitución y leyes de la Nación.

Artículo 97

En la primera instalación de la Corte de Justicia, sus miembros prestarán juramento en manos del Gobernador de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo el juramento será ante la misma Corte.

Artículo 98

La presidencia de la Corte de Justicia corresponderá por turno anual, sacado la primera vez a la suerte. El turno para cada silla no se interrumpirá sino en el caso de corresponder a una ocupada interinamente, en cuyo caso la ejercerá el penúltimo Presidente para ser seguido del último.

SECCION II

ATRIBUCIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA

Artículo 99

Corresponde a la Corte de Justicia:

l^9 El conocimiento y decisión en grado de apelación, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución y leyes de la Provincia, y por el derecho civil, penal, comercial, de minería y demás leyes del Congreso, según que las cosas o las personas caigan bajo la jurisdicción de la Provincia;

2^9 Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia, entre éstos y alguna Municipalidad, o entre dos o más Municipalidades, y en las que se susciten entre los juzgados de 1* instancia, o entre uno de éstos y cualquiera autoridad ejecutiva, con motivo de su jurisdicción respectiva;

3^9 Decidir en única instancia y en juicio pleno de las causas contencioso-administrativas, previa denegación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada. La ley establecerá un término para este recurso y sus procedimientos;

4^9 Juzgar originaria y exclusivamente en juicio pleno a todo funcionario o empleado no sujeto a juicio político, y pronunciar su destitución, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, abuso o delito en el ejercicio de sus funciones, quedando el empleado sujeto a las responsabilidades de cualquier daño que hubiere causado;

5^9 Conocer originaria y exclusivamente de los recursos de fuerza; y cuando no en grado de apelación, en consulta, de las causas en que se imponga la pena capital, al solo efecto de decidir si la ley es o no aplicable al caso; siendo necesario unanimidad para declarar aplicable la ley;

6^9 Nombrar todos los empleados del Poder Judicial cuyo nombramiento no esté determinado por esta Constitución, no pudiendo removerlos sin que preceda un sumario que atestigüe justa causa. Antes de poner en ejercicio a todo magistrado o empleado, le tomará juramento de fiel desempeño de sus funciones, pudiendo delegar esta facultad sólo con respecto a los magistrados y empleados de fuera de la Capital.

7^9 Dictar el reglamento interno y económico de todas las oficinas y reparticiones del Poder Judicial. En dicho reglamento podrá atribuir para sí la facultad de castigar por desacato a su autoridad, con prisión hasta por ocho días, y podrá conferirla a los demás magistrados en su caso hasta por cinco, sin ningún otro recurso;

8^9 Ejercer superintendencia sobre todos los magistrados y empleados del Poder Judicial, reclamar informes y estadísticas que hará publicar periódicamente, e incitarlos y compelerlos al cumplimiento de sus deberes, pudiendo aplicarles multas que no pasen de cien pesos, o suspenderlos hasta por treinta días, nombrando interinamente el reemplazante ;

9^9 Pasar a la Legislatura un informe anual dándole cuenta de la marcha del Poder Judicial, y de las reformas que reclame la mejor y más pronta administración de justicia. Enviarle en cualquier tiempo, con el mensaje respectivo, todo proyecto de ley que juzgue necesario o conveniente para el Poder Judicial;

10^9 Solicitar la intervención del Gobierno Federal en los casos del artículo 6^9 de la Constitución de la Nación. Esta facultad la usará no sólo para defender al Poder Judicial, sino también a cualquiera de los otros Poderes del Gobierno, o a la Junta Electoral, en el caso de que fuera notorio que éstos no tienen la posibilidad de solicitar dicha intervención.

Artículo 100

La Corte de Justicia, el Tribunal de Minas y los demás tribunales colegiados, si se establecieran, acordarán sus sentencias en público, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito, según el orden que resulte por previo sorteo público.

Artículo 101

Sin perjuicio de las demás prohibiciones que surgen de esta Constitución y de la naturaleza del Poder Judicial, a los jueces de la Corte, jueces de 1* instancia, fiscales y defensores, les está absolutamente prohibido:

l^9 Ejercer personalmente ninguna industria o profesión durante el período de su nombramiento y funciones;

2^9 Afiliarse en partidos políticos o proteger candidaturas, y tomar parte directa o indirectamente en contratos con los Gobiernos Nacional y Provincial, aun en los que se obtienen por la licitación;

3^9 Defender pleitos ante la Justicia Federal, so pretexto de no ser asuntos de su jurisdicción, aun por intermedio de otras personas. Exceptúase los casos de defensa propia que comprenderán los de sus hijos, padres o hermanos.

Capítulo VI

DE LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 102

Habrá permanentemente una Junta Electoral, cuyas atribuciones serán elegir Gobernador y Vice-Gobernador, cada vez que sea necesario y lo permita la Constitución, y juzgar en juicio público a los acusados por la Legislatura. Esta Junta es independiente de los tres Poderes Públicos del Gobierno.

Artículo 103

La Junta Electoral se compondrá del mismo número de miembros que tenga la Legislatura, y la elección de éstos, sus calidades, duración, inmunidades, renovación y reelegibilidad, serán las mismas que lo estatuido para los diputados; no pudiendo pertenecer a ella los miembros o empleados a sueldo de los tres Poderes Públicos del Gobierno.

Artículo 104

Todas las disposiciones constitucionales sobre los derechos y garantías de la Legislatura, como cuerpo colegiado, regirán para la Junta como cuerpo electoral, o como Jurado, en cuanto no se disponga nada en contrario en este capítulo. La Junta funcionará siempre en el local de la Legislatura, y tendrá una secretaría rentada por el presupuesto general. Sus miembros no gozarán de sueldo ni de viático.

Artículo 105

La Junta Electoral se reunirá ordinariamente todos los años el l^9 de mayo, a objeto de calificar la elección de sus miembros, y de organizarse por un año. En caso de desaprobar elecciones o de admitir renuncias, mandará practicar otras nuevas y se reunirá de tres en tres meses hasta quedar íntegra.

Artículo 106

La Junta Electoral se reunirá por sí misma ordinariamente el día que deba por la ley hacer las elecciones de Gobernador y Vice-Gobernador, y a convocatoria de la Legislatura, toda vez que ésta quiera presentarle una acusación. Cuando haya elecciones extraordinarias la convocará su Presidente, previa declaración y notificación de la Legislatura de que ha llegado el caso.

Artículo 107

Todo miembro de la Junta Electoral que sin causa plenamente justificada no concurra a las sesiones de organización, será penado con veinte pesos por cada citación a que falte. En las sesiones de elección o de juicio, la pena será de cincuenta pesos por cada falta, aplicables al fondo permanente de escuelas, por la Corte de Justicia, a petición de cualquier particular.

Artículo 108

La elección de Gobernador y Vice-Gobernador se practicará en una sola sesión, pero separadamente, estando la Junta en quorum, a mayoría absoluta de votos emitidos por cédulas secretas en que sólo conste el nombre del elegido. Si nadie obtuviese esa mayoría, se repetirá la votación entre los dos que hubiesen obtenido más votos, y en caso de no haber resultado, se repetirá entre los mismos una votación a viva voz.

Artículo 109

En el caso que dos personas obtuviesen la segunda mayoría, se elegirá entre la que obtuvo la primera y una de las de la segunda sacada a la suerte; y si la votación secreta en este caso repitiese dificultades y no diese resultados, se votará de viva voz entre las mismas personas que son las que tienen derecho a entrar en la alternativa.

Artículo 110

La misión de la Junta Electoral en cuanto a la elección de Gobernador y Vice-Gobernador, concluye con el juramento ante la Legislatura; pero si antes de esto uno de ellos renunciare o falleciere, la Junta se reunirá para nombrar su reemplazante, siempre que haya tiempo para que presten juramento ambos en el mismo acto.

Artículo 111

Si el Gobernador o Vice-Gobernador electos o ambos se hallasen fuera de la República, deberán recibirse de sus empleos dentro de los tres meses, que les correrán como parte de su período desde que debieron recibirse; no haciéndolo se les considerará dimitentes. Encontrándose en la República, serán dimitentes si no se reciben en el día que corresponde.

Artículo 112

El juicio político tendrá lugar con los acusados por la Legislatura. En este caso los miembros de la Junta se constituirán en Jurado, y prestarán un juramento especial de desempeñar su cargo de juez con honradez y patriotismo, juzgando el caso según los preceptos de esta Constitución, y prescindiendo de todo espíritu de partido.

Artículo 113

El Jurado procederá según las disposiciones de la ley, que deberá dictarse antes de la primera instalación de la Junta Electoral. El juicio

será siempre público, los medios de prueba y defensa los mismos que en un juicio ordinario, excepto los términos que serán más breves. Todo acusado no condenado dentro de los sesenta días de recibida la acusación, se considera absuelto.

Artículo 114

Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por una mayoría de dos tercios. La votación será nominal, registrándose en el acta el voto de cada jurado, sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación. Declarado absuelto el acusado, quedará ipso jacto restablecido en la posesión del empleo de que se baile suspenso. Declarado culpable queda ipso jacto separado y se elegirá otro.

Artículo 115

El fallo condenatorio no contendrá más que la destitución del acusado, y según la gravedad del caso, la declaración de incapacidad temporal para ocupar empleos de honor o a sueldo de la Provincia; pero la parte condenada quedará sujeta a acusación y juicio conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios.

Artículo 116

En el caso anterior, el acusado ante los tribunales ordinarios será juzgado en la misma forma que los demás habitantes, y en la decisión y fallo de este juicio no tendrá ninguna influencia la sentencia condenatoria del Jurado. La sentencia que pronuncie el Jurado es irrevocable, y no podrá en ningún tiempo, ni por ningún motivo, alterarla ni remitir la pena.

Capítulo VII

REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 117

Los poderes que esta Constitución confiere a los municipios, no pueden ser limitados por la ley ni por autoridad alguna. Los municipios se darán sus propias autoridades y arbitrarán los recursos necesarios para la administración comunal, dictando ordenanzas conformes a esta Constitución y a las leyes de la materia. Podrán gravar proporcional y equitativamente los bienes inmuebles, establecer impuestos y multas que no existan como provinciales o nacionales, y que se relacionen con las materias que por el artículo 127 son de su atribución, y reglamentar la retribución de servicios municipales y de obras particulares debidamente autorizadas.

Artículo 118

Las Municipalidades se dividirán en tres categorías, a saber: las que forman un Gobierno, las de Consejo y las de Comisión. Todas las divisiones departamentales de la Provincia, o las subdivisiones que se hicieren en adelante, tendrán forzosamente una de estas Municipalidades; sin embargo, las circunstancias que deben concurrir en dichas divisiones, para merecer cualquiera de las tres categorías, serán apreciadas por el Poder Legislativo, quien por ley las incorporará a la categoría que les corresponda; salvo lo prescripto en el artículo 2^9 respecto de Chilecito.

Artículo 119

Todo Gobierno Municipal se dividirá en tres ramas, a saber: la legislativa, que la formará un Concejo Deliberante, compuesto de diez miembros; la ejecutiva, que la ejercerá un Intendente Municipal, elegido por el Concejo Deliberante; y la judicial que la formarán tantos Jueces de Paz cuantos disponga una ordenanza especial, elegidos por el Intendente, a propuesta en terna por el Concejo, y un tribunal de apelación compuesto de tres miembros del mismo, que sorteados para la primera distribución, menos su Presidente, se turnarán cada cuatro meses con las otras dos ternas que habrán quedado formadas. Este tribunal se reunirá toda vez que su presidente lo cite para resolver cualquiera apelación, la cual se tramitará de un modo verbal y actuado.

Artículo 120

Todo Concejo Municipal se compondrá de seis miembros que actuarán como cuerpo deliberante; cada miembro estará encargado durante su mandato, como concejal ejecutivo, de la ejecución de todo lo concerniente a uno de los cinco ramos que son de atribución de los Concejos. El Presidente de la corporación, elegido por ésta por todo su término, será el tesorero municipal. Habrá tantos Jueces de Paz, cuantos el Concejo resuelva por una ordenanza especial, y serán nombrados por el Concejo mismo. Las apelaciones de las resoluciones de los Jueces de Paz, las resolverá un tribunal compuesto de la mitad del Concejo incluso su Presidente, el que actuará por seis meses, para ser reemplazado durante otros seis por la otra mitad.

Artículo 121

Toda Comisión Municipal se compondrá de tres miembros, uno de los cuales será Presidente, otro Comisario y el tercero Juez de Paz, por sorteo que practicará la misma Comisión una vez instalada. La deliberación de todos los asuntos que sean de la atribución de la Comisión, se tomará por los tres, o por dos siempre que estén de acuerdo. La ejecución de toda medida u ordenanza estará encomendada al Comisario, y la administración de justicia al Juez de Paz, con apelación en lo administrativo y judicial a la Comisión misma que fallará en última instancia, con dos de acuerdo. El Presidente, que es el tesorero municipal, dura como el Juez y el Comisario, por todo el tiempo de su mandato municipal.

Artículo 122

El personal del Gobierno Municipal durará tres años y se renovará íntegro en sus tres ramas. Los miembros de los Concejos Municipales durarán dos años y se renovarán del mismo modo, así como los Jueces de Paz que nombren. Los de las Comisiones Municipales durarán un año. Para ser elegido miembro de cualquier Municipalidad, se requiere saber leer y escribir, estar en el padrón y ser varón mayor de edad. Todo miembro es reelegible indefinidamente. El cargo de municipal es gratuito y obligatorio, y no puede renunciarse antes de haber servido un período en uno u otro empleo; salvo ausencia o enfermedad prolongada, o servicios públicos incompatibles.

Artículo 123

Todo Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión Municipal será elegido directamente, en lista única por los habitantes del municipio con cualquier tiempo de residencia, que hayan pagado en el año anterior bajo su nombre, contribuciones provinciales por no menos de diez pesos, por propiedades, capital, arte, industria, etc., en el municipio. La elección tendrá por base el padrón de los contribuyentes. El que no esté inscripto por omisión de los empadronadores, no será privado del voto si presenta a la mesa electoral el recibo suyo o de sus representados, de los impuestos pagados; pudiendo perseguir judicialmente a los causantes de toda omisión culpable que le produzca algún perjuicio en su derecho.

Artículo 124

El padrón se formará anualmente en todo el mes de noviembre, previo examen de los libros respectivos de rentas de la Provincia, por tres miembros de los Gobiernos Municipales donde los hubiere, por dos en los Concejos y por uno en las Comisiones, todos sorteados oportunamente por sus respectivas corporaciones. Se inscribirán en el padrón los nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y edad, que estén en las condiciones del artículo anterior; y podrán votar todos los que estén inscriptos, salvo los menores de dieciocho años que serán representados por sus tutores, sin perjuicio del voto de éstos si a ello tuvieren derecho.

Artículo 125

La elección se hará ante una mesa compuesta del más anciano Juez de Paz de la capital del municipio, como presidente, y dos concejales sorteados por el Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión, de entre todos sus miembros en sesión pública, el l^9 de Noviembre de cada año. La elección se verificará anualmente en todos los municipios que corresponda, el día 8 de diciembre, de 8 aan. a 4 p.m^ en el atrio de la iglesia principal, o en su defecto, en las puertas de la Casa Municipal; guardándose respecto al modo de votar, inviolabilidad de los votantes, derechos y deberes de la mesa, prohibiciones y penas a las autoridades, todo lo prescripto en los artículos 47, 48, 49, 51, 53 y 54 de esta Constitución.

Artículo 126

El acta que se levante del resultado de la votación se comunicará inmediatamente a los electos, para que les sirva de título en las sesiones preparatorias que se celebrarán a fines de Diciembre, a efecto de juzgar de las elecciones e instalar las Municipalidades el l^9 de Enero. En caso de aceptarse una mayoría de los electos, se instalará la nueva Municipalidad. En cualquier otro caso, la Municipalidad anterior continuará funcionando a efecto de hacer practicar la elección de los que faltaren, hasta que la Municipalidad se instale. Toda vacante producirá siempre una elección inmediata convocada desde quince días antes con la mayor publicidad.

Artículo 127

Las atribuciones de las Municipalidades, en cualquiera de sus tres categorías, se dividirá así: Hacienda*. que abarcará todo lo relativo a impuestos, multas y su percepción; Seguridad: que comprenderá las pesas y medidas, servicio doméstico, vagancia y peligros materiales; Higiene: que comprenderá: alimentos, industrias incómodas, boticas, epidemias y cementerios; Obras Públicas: que comprenderá cercos, vialidad, caminos, irrigación, ornato y servicios públicos; y Moralidad y Beneficencia: que comprende escuelas primarias, espectáculos, publicaciones, asilos, hospitales, cárceles, colocación de pobres y menores.

Artículo 128

El Cuerpo Deliberante de cada Municipalidad nombra y remueve los empleados de las tres ramas; autoriza la construcción de obras públicas y la adquisición de los inmuebles y provisiones necesarios, por licitación; administra los bienes municipales y autoriza su enajenación, y la del todo o parte de sus impuestos por el año corriente en subasta pública anunciada un mes antes; crea y suprime empleados; vota el presupuesto municipal para el año siguiente, y el cálculo de recursos y los impuestos que deben cubrirlo; es juez de las cuentas de la Municipalidad anterior, y las aprueba o toma sobre ellas y los culpables, si los hubiere, las medidas de ley.

Artículo 129

El Intendente, el Concejal ejecutor y el Comisario, tienen facultad para hacer cumplir administrativamente las ordenanzas municipales, y para aplicar y ejecutar las multas. En caso de infracciones no penadas, podrán imponer multas desde dos a veinte pesos según 6U gravedad. Cuando una ordenanza que importe una obligación de hacer o de prohibir obras, no fuese cumplida, la obra se ejecutará o se destruirá administrativamente o a costa del desobediente, salvo su derecho para hacer valer sus acciones ante los tribunales ordinarios.

Artículo 130

Las tres ramas de la Municipalidad funcionan permanentemente todo el año. Cualquiera de ellas tendrá facultad para decretar arrestos por cuarenta y ocho horas, por desacato a su autoridad en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de ellas pueden ser amonestados por el Cuerpo Deliberante, y aun multados hasta con doscientos pesos, por desacato al Cuerpo, o siendo acusados de haberlo hecho con cualquiera otra autoridad, o de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 131

Cualquiera rama de un Gobierno, Concejo o Comisión Municipal o encargado de parte de alguna, puede peticionar a los Poderes públicos del Gobierno de la Provincia sobre asuntos que sean de su resorte y para bien del municipio; pero sólo el Cuerpo Deliberante puede solicitar la intervención del Poder Ejecutivo para que lo garanta en el ejercicio de sus funciones, y haga cesar la anarquía que aquél no pudiese dominar entre las autoridades o entre éstas y los vecinos. Toda cuestión de competencia entre ramas de un Gobierno, Concejo o Comisión, será resuelta por el Concejo mismo o Comisión, aunque una de las partes sea el mismo Cuerpo que debe resolver.

Artículo 132

La ley de Municipalidades o leyes parciales, podrán atribuirles la policía de seguridad, el registro civil en cualquiera forma, y ampliar y detallar las atribuciones que esta Constitución les confiere. Las Municipalidades deberán desempeñar las comisiones y mandatos que las leyes nacionales o provinciales les confieran sobre elecciones, enrolamiento de guardia nacional o cualquier otro asunto que se relacione con los habitantes del municipio, o sus derechos o intereses. Las cuestiones promovidas entre dos Municipalidades en su carácter de personas jurídicas, o entre un municipio y un particular, serán resueltas por la justicia ordinaria; y las de competencia entre dos o más municipios por la Corte de Justicia.

Artículo 133

Todo Concejo Deliberante, Concejo Municipal o Comisión, al fin de su período en el mes de diciembre, publicará, dirigida a los vecinos del municipio, en periódico si lo hubiera, o en las puertas de la Casa Municipal, una memoria detallada de la administración de las rentas del período, así como de las obras públicas decretadas o concedidas, ejecutadas o en trabajo, con el estado de sus cuentas especiales o de los contratos respectivos, e indicará las obras y las medidas que siendo reclamadas por la necesidad o la práctica, recomienda a la nueva Municipalidad.

Artículo 134

Todo Presidente del Concejo o de Comisión, como tesorero del municipio, está obligado a publicar un estado detallado de la Tesorería Municipal, el 30 de junio y el 31 de diciembre, en carteles que fijará por un mes en las puertas de la Casa Municipal. Estos estados semestrales, así como la memoria del período municipal, se remitirán al Poder Ejecutivo de la Provincia para su conocimiento. El tesorero está obligado a llevar una estadística detallada de todas las infracciones a la ley o a las ordenanzas que den lugar a multas que ingresen al tesoro, la cual formará parte del estado semestral que debe publicar.

Artículo 135

Las Municipalidades no podrán contraer empréstitos cuyo servicio comprometa más de la cuarta parte de sus rentas, ni hipotecar éstas ni sus bienes sin previo permiso de la Legislatura. Ningún empréstito se contraerá para gastos ordinarios del municipio, sino para la ejecución de obras públicas en el mismo. No se podrá trabar embargo de impuestos o bienes municipales no expresamente hipotecados con autorización de la Legislatura. La Municipalidad condenada legalmente al pago de una suma, debe proveer a ello votando los impuestos necesarios, si no hay otro arbitrio mejor para cumplir con la deuda.

Artículo 136

Los empleados inferiores de las Municipalidades responden personalmente de cualquier acto definido y penado por la ley, y de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento a sus deberes. Esta acción debe entablarse ante la justicia ordinaria. Por las mismas causas puede también promoverse su destitución ante su superior, y en último caso ocurrir ante la rama legislativa. Una acción no estorbará la otra, ni el resultado de una influirá en la solución de la otra.

Artículo 137

Los miembros de las Municipalidades en sus tres ramas son personalmente responsables ante la justicia ordinaria en todos los casos del inciso primero del artículo anterior; y están sujetos a juicio público y destitución por las mismas causas y por mala conducta o despilfarro notorio de los fondos municipales, y en los casos en que no castiguen a sus subalternos delincuentes. Los municipios responden también ante los tribunales ordinarios de sus compromisos y contratos, y de los perjuicios o daños causados por una ordenanza.

Artículo 138

La acción pública para gestionar la destitución de los miembros de las Municipalidades en cualquiera de sus tres ramas, será ejercida por no menos de tres vecinos contribuyentes empadronados, denunciando el hecho al principal funcionario civil provincial del municipio. El funcionario provincial está obligado a convocar antes de ocho días un Jurado de los tres mayores contribuyentes presentes y hábiles que tengan el padrón provincial del municipio, cuyo Jurado es el juez único del caso.

Artículo 139

El cargo de jurado es obligatorio bajo pena de cincuenta pesos a beneficio de las escuelas del municipio. Todo reemplazo que corresponda se hará con el mayor contribuyente hábil. El empleado provincial debe resolver inmediatamente sobre toda excusación y aplicación o no de multa en estos casos, como en los que prevé el artículo siguiente. En caso que en el municipio no exista funcionario provincial alguno, la acusación se presentará al funcionario del municipio más inmediato, y éste estará obligado a trasladarse al municipio de los acusados para proceder como se determina en este artículo.

Artículo 140

El jurado deberá dar su fallo dentro de los ocho días de instalado. Si no lo hiciere, sus miembros incurrirán en la multa del artículo anterior y quedarán emplazados por otros ocho días bajo la misma pena, y así sucesivamente, hasta que el fallo sea dictado. El trámite será breve y sumario, debiendo el jurado llamar testigos, examinar libros y ocupar los papeles necesarios. La sentencia será absolviendo o condenando al acusado; la condena será la destitución, pudiendo inhabilitarlo temporalmente en casos graves, para ejercer empleos públicos, o aplicarles multas hasta cien pesos, a beneficio de las escuelas del municipio.

DISCURSO INAUGURAL

DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

1889

DISCURSO INAUGURAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Señores diputados:

Habéis escuchado el solemne juramento —por Dios y por la patria—, que formularon nuestros constituyentes para ligar al gobernante al cumplimiento del deber; lo he pronunciado con voz firme y clara, porque he querido mostrar al pueblo que no me son desconocidas las obligaciones que pesan sobre mi conciencia, ni las graves responsabilidades que tal fórmula entraña.

Soy tal vez el menos digno de este honor, el más alto entre los que nuestra carta concede a un ciudadano; pero comprendo que debo obedecer la suprema decisión porque pertenezco a la tierra en que he nacido, porque todo lo que soy, ella me lo ha dado, y porque soy el primero en rendir el tributo de mi vida a la nación que fundaron nuestros mayores.

He estudiado con amor las instituciones de mi país, y en largas vigilias, en que el alma se abstrae de las cosas mundanas, he forjado para mí mismo, con los elementos suministrados por nuestra historia constitucional, social y política, un credo íntimo, un sistema religioso, puedo decirlo, en que la libertad civil es la divinidad encerrada en el santuario, y en que la gran masa de los hombres es el coro de creyentes que derrama incienso en los altares.

No soy muy optimista, sin embargo, porque sigo las corrientes positivas de mi tiempo, y estoy convencido de que mi idealismo exagerado conduce a desastres iguales, si no mayores, que los mismos excesos del despotismo. Los extremos en estas materias son los abismos en que se hunden los pueblos. La libertad es, pues, un beneficio supremo, sólo cuando el hombre le reconoce un límite y éste es marcado por la libertad de los demás.

Los gobiernos han nacido de la necesidad de ordenar la vida colectiva, sujetándola en cauces más o menos abiertos, según el grado de cultura de las sociedades, como la naturaleza los ha señalado a los ríos que fecundan la tierra, según el caudal de sus aguas. Educad a los primeros en la austera religión del deber y vereis reinar en ellos una paz laboriosa y abundante; normalizad y distribuid con arte y ciencia las corrientes de los ríos y vereis surgir del seno de la tierra vegetaciones desconocidas, cosechas opimas, y las flores brotar con atavíos espléndidos, encima de aquel conjunto, como una corona de bendiciones del cielo sobre el trabajo del hombre.

Si el gobierno es el orden en la vida social, él no puede concebirse sin la obediencia de la masa gobernada; y esa obediencia no es otra cosa que la parte de sacrificio de cada individuo en aras del bienestar de la comunidad. Los gobernantes deben ser obedecidos para que sean buenos, pero también, para ser obedecidos, deben mantenerse dentro de la esfera marcada por sus leyes constitutivas.

La solución del problema está en el consorcio de los poderes entre sí, y con el pueblo destinado a obedecer el mandato de la ley, y ese consorcio se sostiene sujetándose todos a los límites señalados por la carta que los constituye y les traza sus funciones.

Algo más: el pueblo no delega del todo su responsabilidad, cuando elige un mandatario; y como en la ley común, si interviene en las funciones delegadas, destruye la naturaleza del acto, destruyendo, por lo tanto, la armonía del conjunto. El también es culpable, si se vuelve revoltoso y turbulento, caprichoso y mudable; porque si es verdad que

Obbas Completas levanta y conforta el espíritu el espectáculo de un pueblo celoso de sus libertades, también, señores, es doloroso verle entregado a sus odios fratricidas, a agitaciones estériles que diezman la familia y secan la simiente en el surco.

Nuestra historia local es fecunda en enseñanzas, porque es la historia del heroísmo en lucha con el infortunio y con una naturaleza avara de sus beneficios. Inspirarnos en ella será beber en fuente generosa, y a la vez acrecentar en nuestros corazones el tesoro del amor que profesamos a esta tierra, tanto más digna de nuestra abnegación cuanto más infortunada ha sido en el pasado.

Señores diputados: El período gubernativo que me corresponde es de labor y de fatigas. Cimentada ya la tranquilidad en la República, comienza la era de las reformas y de las creaciones trascendentales que den nueva vida y nuevos rumbos a nuestra sociabilidad, ahogada hasta hace poco por disenciones sangrientas, y en el estrecho e informe molde de una Constitución que ha quedado muy atrás de nuestra cultura. Reformarla con criterio práctico y con previsiones largas, será una de las primeras tareas que vereis cumplidas. La legislación derivada de ella, la organización de instituciones que reclama ya el progreso realizado, la ordenación metódica de lo existente, vienen en seguida como una consecuencia necesaria de la sanción de la Carta suprema; y mediante vuestra ilustrada cooperación, puedo prometeros que cuando descienda del puesto que hoy ocupo, la Provincia podrá presentar en un solo cuerpo toda su legislación local. La-ley es al progreso de una sociedad lo que el riel es a la locomotora. Dictad leyes bien inspiradas, positivas y de fácil ejecución, y habréis cumplido con gloria vuestro deber, encaminando por senderos amplios nuestro perfeccionamiento.

La instrucción primaria será otra de mis mayores preocupaciones durante mi gobierno, como lo ha sido siempre durante mi corta vida pública. No voy a repetir el viejo y

siempre necesario axioma de la educación del pueblo como base de la libertad, y sí hablaros del maestro de escuela, de ese mártir confinado en el desierto, o en la lejana aldea de la montaña, privado de todo placer social, ocupado, como los antiguos cristianos en las catacumbas, de conservar y trasmitir a las generaciones que vienen, el verbo sagrado de la ciencia que nos hace libres y grandes.

Yo venero esos espíritus excepcionales, que en la inmolación de su vida por la salvación del género humano, sólo aspiran, al fin, como galardón supremo, que les aseguréis el pan de cada día, y que recordéis siempre con cariño su nom-Bre humilde.

No estrañeis, señores, que os presente un día un proyecto de ley por el que se levante la condición personal de esos heroicos sacerdotes de la ciencia. Ellos lo merecen todo, porque de ellos adquirimos, en suma, las elevadas posiciones, y la fortuna misma que alhagan nuestros días.

La tierra pública debe siempre ocupar la atención de todo gobierno serio. Ella sirve para realizar más directamente los capitales propósitos de nuestra Constitución, que ha querido hacer del suelo argentino un hogar para todos los hombres del mundo que quieran venir a compartir con nosotros los beneficios de la libertad.

La ley de tierras debe dictarse, sobre bases de fraternidad humana, a la vez que consultando el progreso de la agricul* tura y de la población; debe, en una palabra, ser como en la tierra de Franklin, una ley de hogar (home rule); haciendo que el extranjero que viene como las aves, buscando climas más propicios a su salud y a su bienestar, encuentre pronto un hospedaje cariñoso, para que la ausencia de la patria nativa no envenene y concluya sus días.

Para eso debemos dividirla, clasificarla, dotarla del título perfecto que asegura su inviolabilidad, su trasmisión, el goce indiscutible del fruto que produce, y sea siempre el sagrado donde la familia se congrega para rendir el debido culto a Dios y a la patria. La colonia debe levantarse en donde la naturaleza, unida al trabajo, ofrezca ventajas a la asociación; porque la colonia es el hogar colectivo que alberga las familias emigradas de la patria originaria, y la base de nuevas ciudades formadas por el consorcio de los extranjeros con los hijos de la tierra. No debemos, por lo tanto, apresurarnos a enagenar la tierra pública: porque destruiríamos, antes de levantarse, la casa del colono que sólo puede venir a cultivarla cuando sabe que le pertenece, y que en ella va a enseñar a sus hijos a amar nuestras instituciones y nuestro suelo.

No olvidéis estas ideas que han hecho la grandeza de los Estados Unidos y de las colonias inglesas, los primeros con su Ley del Hogar, y las segundas con su Torrens act, que ha convertido a la Australia en un mercado universal de frutos y de manufacturas. Ya buscaré las formas aplicables a nosotros, dentro de nuestras instituciones y con arreglo a nuestro clima y educación, y espero que muy luego podré presentaros un proyecto de ley sobre el gobierno y distribución de la tierra pública. Mientras no la dividamos con método y seguridad científicos; mientras no tracemos el catastro general y especial de la Provincia; mientras no aseguremos el título que garante el dominio, para poder decir como los ingleses —“mi propiedad es mi castillo”—, no esperemos que afluyan a nuestro seno, con rapidez, las oleadas humanas que transforman, como en los cuentos orientales, una cabaña en un palacio. Y al contrario, después de realizar, y a medida que va realizándose aquella magna obra, veremos llegar con estrépito de ejércitos victoriosos, las corrientes de obreros y agricultores, conducidos por el ferrocarril, que ya llama con impaciencia a nuestras puertas, y que luego, muy luego, nos sorprenderá con su grito profético. La especulación segura, y moderada por la capacidad financiera de cada uno y de la masa, será una consecuencia inmediata, y el principio de la abundancia de la renta pública y privada. Para impulsar el trabajo de la tierra, os prometo no descansar un momento para que muy pronto tengamos ferrocarriles, canales de irrigación en toda la Provincia, caminos fáciles y cortos, comunicación rápida en general, y para que cuando os entregue el mando con que acabais de investirme, pueda anunciaros que la población de la Provincia ha triplicado, y que la tierra alimenta ya con amor y con abundancia a todos sus hijos y a los que vienen de lejanos climas a buscar su amparo.

El mejoramiento de la hacienda pública es el punto más árduo que me toca resolver en el período de mi gobierno. El Gobernador que hoy entrega el mando supremo, nos ha declarado con claridad el estado de la renta, y ya sabéis por deducción, cuánta dificultad pesa sobre mis hombros. Pero aquí debo evocar el patriotismo de mi pueblo, conjurándolo al trabajo y a la abnegación de los intereses privados, seguro de que ella será poco duradera, y de que muy pronto la abundancia compensará con creces nuestros sacrificios de un día. Trabajemos, señores, trabajemos sin descanso al abrigo de la paz interna asegurada, y no confiemos siempre en la acción gubernativa, que, además de ser insuficiente por sus recursos financieros, entregándolo todo a sus manos, faltamos a uno de los más grandes propósitos de nuestras leyes fundamentales. El gobierno no es obrero sino por excepción, y sus funciones son solamente de asegurar el trabajo individual y garantir el goce del fruto. Su acción es de orden diferente; ella se ejercita en esferas más amplias que las del constructor, del agricultor, o del obrero. Los pueblos, como el individuo, necesitan desde la infancia el ejercicio continuo de sus órganos, si no ha de exponerse a caer rendido por la pereza, que es el aniquilamiento de la vida. Yo os juro solemnemente que sabré estimular el trabajo de todos, repartir el beneficio con equidad, en cuanto dependa de mis atribuciones, y poner toda la influencia del gobierno al servicio de los particulares que emprendan obras útiles, con capital y esfuerzo suficientes.

Sólo así, y administrando la renta pública con prudencia y honradez, con arreglo a las leyes de su creación y a los principios constitucionales; distribuyendo los impuestos con equidad y proporción al valor real de la propiedad privada, como lo manda la Constitución; dictando leyes protectoras del trabajo que aseguren el fruto para el propietario y no en su totalidad para el Estado, leyes de estímulo para las industrias nuevas traídas por la iniciativa y el capital extraños; acordando franquicias de todo género, dentro de lo lícito, a los que vengan a explorar el seno de nuestra tierra y de nuestras montañas, repletas, la una de savia y agua fecundantes que esperan la mano maestra del hombre de ciencia para arrastrarlas a la superficie, y las otras cuajadas de oro, plata y demás metales útiles que forman nuestra fama tra-tradicional desde los tiempos incásicos; sólo así, repito, veremos levantarse las cifras de la producción y de la renta y garantida la subsistencia de las instituciones financieras del Estado.

Tengo el firme propósito de no ahorrar sacrificio ni fatigas para mejorar la hacienda pública, para regularizar los impuestos y su distribución, para mantener la más estricta honradez en el manejo de los dineros fiscales; para hacer del Banco Provincial un baluarte de la fortuna pública y particular, como lo son los de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras provincias; para hacer venir capitales extranjeros o de otros Estados argentinos a derramarse en nuestro suelo con beneficio para todos. Pero no quiero ocultaros que así como yo me sujeto a una dura prueba, superior a mis fuerzas, la he aceptado porque contaba con la abnegación, el patriotismo, la ayuda y el consejo de todos mis comprovincianos.

Ahí teneis trazadas en líneas generales, mis ideas sobre el gobierno que desde hoy pesa sobre mí. Ellas serán una verdad si no me falta el apoyo de los poderes coordinados, y el del pueblo que me ha revestido del cargo de Gobernador. Yo nada soy sin vuestra cooperación y sin las luces de vuestra experiencia que suplirán en todo tiempo mis escasos conocimientos; pero contando con la protección del Gobierno nacional, con la decisión de todos para la labor y con mi voluntad inquebrantable que llevaré a sus extremos, espero confiado en el buen éxito de mi tarea. No reclamaré ni aceptaré honores que no merezca. Soy un siervo de mi deber como hombre privado y como funcionario público, y ya que no es lícito pedir a nuestra Provincia lo que no puede darnos, creedme que sólo exigiré a mi pueblo me conserve en su memoria, como un servidor desinteresado y humilde, que sólo busca en la vida pública la felicidad y la gloria de su patria, y para sí mismo la apacible aureola de un nombre honrado.

Señores diputados: Que Dios, como representación ideal de la suprema sabiduría, ilumine vuestras inteligencias para llenar vuestras tareas, y conserve por siglos la paz, la fortaleza y la felicidad de nuestro pueblo.

24 de junio de 1889.

MENSAJE A LA LEGISLATURA

DE LA RIOJA

1890

MENSAJE DEL

GOBERNADOR DE LA RIOJA AL INAUGURAR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA

Señores diputados:

Entro por la primera vez, al recinto de vuestras deliberaciones a cumplir con un deber constitucional, el de rendir cuenta al pueblo que representáis, de los actos de la Administración que él ha colocado al frente de sus sagrados intereses.

Comprendo cuánta solemnidad debe revestir este acto, en el que el mandatario comparece ante su mandante soberano y que debo sin reservas ni reticencias, sin temores ni falsos prejuicios, exponer con toda verdad el estado de nuestros negocios, y juzgar todos los acontecimientos que se han producido relativos a las altas funciones que desempeño.

I

Política

He recorrido los anales de este pueblo; he oído con toda claridad el estrépito de las hordas de Facundo; he visto a través de los años sucederse revoluciones sangrientas que han reducido todo a la miseria y a la muerte; he sentido también las profundas ajitaciones de los partidos; y ahora que contemplo a la distancia, en medio de la fecunda paz de que gozamos, todo aquel estruendo que se aleja gradualmente en el tiempo y en el espíritu, comienzo a divisar para mi Provincia horizontes despejados, a ver cómo las prácticas constitucionales van echando raíces, y el hecho —que debemos saludar como una bendición suprema—, de que el pueblo prefiere la lucha del trabajo que levanta oasis en los desiertos, a la lucha fratricida que convierte en sepulcros los hogares.

No quiero por eso que la contienda de los partidos desaparezca, sino solamente que los deberes cívicos se practiquen sin menoscabo de la labor cotidiana que proporciona el bienestar social. Quiero que respetando los límites legales, cada ciudadano ejercite su derecho según su propia inspiración, y que persiga el logro de sus ambiciones por los medios que la ley suprema pone en sus manos, cuando esas ambiciones son de las que dan gloria y honor, y no de las que van tras de mezquinas ventajas personales: las unas levantan y fortalecen los caracteres, las otras los degradan y envilecen; las unas conducen a la posteridad, las otras forman los mercaderes que plantan su tienda en la puerta del templo.

Los actos de los gobernantes deben ser examinados, discutidos y juzgados; porque su conciencia misma se purifica en ese crisol, como el metal va perdiendo sus impurezas con el fuego en la fragua y con el martillo en el yunque. Un pueblo indiferente es un pueblo criminal que no merece las instituciones que ha heredado a costa de combates incruentos.

Pero ese derecho de discusión suele conducir a los pueblos jóvenes a los más lamentables extravíos, cuando no han sido aleccionados por una sabia experiencia. Susceptibles de dejarse arrastrar por la ambición mediocre, que adula sus pasiones siempre dispuestas a rebelarse contra la autoridad que reprime sus excesos, esos pueblos sin canas padecen a menudo ofuscaciones de criterio que les llevan a pedir de los gobiernos, aun lo que no está en sus facultades, o que está prohibido por la ley suprema que los instituye.

Es lo más común exigir del Gobierno la erección de grandes monumentos, construcciones colosales, creaciones de pueblos fantásticos, milagros, en una palabra, como el pueblo musulmán a su profeta, sin detenerse un instante a meditar sobre los medios, como el loco que queriendo imitar al pájaro, sube a la cima de un árbol, e imaginándose que sus brazos son alas, los agita, toma impulso de volar, y cae estrellado en la tierra. A los que así piensan les contesto con Macaulay: “No es obligatorio del Gobierno enriquecer al pueblo de un modo directo, sino darle la protección necesaria para que se haga rico; y el Gobierno que intente hacer más que esto, es precisamente el que tiene más probabilidades de hacer menos. Los gobiernos no mantienen ni pueden mantener al pueblo. No disponemos de poderes milagrosos; no tenemos la vara del legislador hebreo; no podemos hacer que caiga del cielo sobre la multitud una lluvia de panes, ni podemos herir la roca, y de este modo darle de beber. Podemos darle tan sólo libertad para que haga el uso más ventajoso de su industria, y seguridad en el goce de lo que con su industria ha ganado”.

Es verdad que tan severos principios, en cuanto se refieren a la acción del Gobierno sobre la riqueza pública y el progreso general, no pueden aplicarse en todo su rigor a pueblos como el nuestro, donde la iniciativa particular no está del todo despierta, ni existen los capitales aparentes; pero también es cierto, que si empezamos por formar el hábito contrario a estas doctrinas, jamás llegaremos a ser verdaderamente ricos, ni a fundar un progreso sólido, ni a independizarnos económicamente, como lo requieren nuestra condición de sociedad organizada y nuestra forma de Gobierno.

Ningún acontecimiento político dé excepcional importancia, a no ser las asambleas electorales ordinarias, ha venido a turbar la tranquilidad doméstica. Al contrario, las elecciones de dos diputados al Congreso Nacional, y de diputados de vuestra H. Corporación, se han verificado en el mayor orden y con las formalidades y en los plazos fijados por las leyes, siendo de notar, sin embargo, que no existiendo partidos en lucha, que estimulen la concurrencia a las urnas, el número de sufragantes en ambas elecciones, ha sido bastante crecido para darnos a comprender que la indiferencia en el ejercicio del sufragio, no es todavía una enfermedad de nuestro organismo político.

Existe un partido organizado que se preocupa de las cuestiones que la Constitución engendra en la vida democrática; y ahora es de suponer que uno nuevo venga a reclutar elementos para las futuras luchas electorales en toda la República. Mi deber, como gobernante, es garantir la libertad de todos los partidos que nazcan a la sombra de la Constitución cuya salvaguardia se me ha encomendado; y aunque he sido levantado por la acción de uno de ellos, comprendo que desde que he prestado el sagrado juramento por Dios y la Patria, me he consagrado a velar solamente porque todos los habitantes de la Provincia tengan la misma libertad y la misma seguridad para el ejercicio de sus derechos políticos.

Pero si mi palabra ha de llegar a sus oídos; en previsión de una lucha apasionada que pudiera extraviar los criterios y lanzarlos a actos extremos de represalia; en obsequio a esta paz y tranquilidad que hemos conquistado, a cuyo amparo se siente en todas partes la armonía del trabajo que nos promete para días muy próximos una era de ventura y de regocijo; cuando los ferrocarriles que ya se acercan, van a venir a exigirnos el producto de nuestra labor, para devolvérnoslo luego en moneda, esto es, en la fortuna, en el bienestar que todos soñamos; cuando apenas ayer hemos salido del caos de nuestras guerras civiles y comenzamos a encauzar nuestras fuerzas económicas; cuando todo esto nos aguarda como una recompensa justiciera a tan largos y dolorosos padecimientos, evoco el patriotismo de mis conciuda-

daños de la Provincia, y en nombre de su regeneración, de su porvenir y de su vida, les pido con toda la fuerza de mi espíritu, que no sacrifiquen a sus pasiones políticas ni a sus ideales de partido, la paz laboriosa a que se halla entregado el pueblo, hoy que Dios ha enviado lluvias copiosas sobre nuestros campos, fecundidad a nuestros ganados, exhuberan-cia a nuestra vegetación, y que nos promete frutos vigorosos y abundantes. Si viera realizado mi deseo, de que el ferrocarril nos encontrase ya vestidos de gala para recibirle en nuestro suelo en son de fiesta, todos unidos y reconciliados como en el seno de un hogar, creería, como en los tiempos bíblicos, que mi pueblo había recibido la unción del Creador.

II

Gobierno

Apenas me hice cargo de mi puesto, me ocupé de deslindar las funciones administrativas, colocándolas al cuidado de dos ministros secretarios, reuniendo aquellas que por su naturaleza se relacionan íntimamente; la ley de fecha 3 de julio que sancionásteis, reunía las finanzas con las obras públicas, y el Gobierno político con la justicia y la instrucción pública, quedando así los intereses materiales a cargo de un Departamento, y de otro, los altos intereses políticos y morales de la sociedad. El resultado ha sido como lo esperábamos, porque han desaparecido la confusión y el desorden que reinaban en el mecanismo administrativo, permitiendo a los ministros dedicarse por entero a una sola clase de asuntos. Esta reforma ha venido a quedar cimentada con el decreto de fecha 15 de diciembre de 1889, que regla el trámite de los asuntos sometidos a la decisión del P. E. Ya que no tenemos en la República un solo ejemplo de codificación administrativa, ateniéndonos a prácticas más o menos rutinarias que mantienen un procedimiento largo y pesado, nuestra tentativa, aunque limitada por ahora, ha venido a sentar por primera vez las bases de nuestro derecho administrativo, por lo menos en cuanto se refiere al funcionamiento interno de los varios resortes del gobierno. Las resoluciones de los asuntos que dependen del P. E. no están sujetas al capricho de las personas que lo componen, sino que deben dictarse en términos prudenciales que concilien los derechos privados con la madurez del criterio de los jueces. La ley que he citado no es sino un bosquejo de la más amplia y comprensiva que se os presentará en vuestras primeras sesiones, y que será el desarrollo pleno de la fórmula constitucional.

Los altos funcionarios del Poder Ejecutivo juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; y por consiguiente, es entendido que el texto de la ley suprema debe estar siempre en su memoria, para resolver toda cuestión con arreglo a su letra o a su espíritu. La Constitución es la fuente de toda interpretación legal, por la razón de que es el origen de toda facultad. Pero la falta de una ley que desarrolle el concepto constitucional concretando los deberes del funcionario, por una parte, y por la otra, la costumbre que va trasmitiéndose con el mando mismo, hace que se perpetúen prácticas ilegales y perniciosas.

Tenemos que resolver un problema gravísimo y de la más alta trascendencia para nuestro porvenir institucional: el gobierno de la campaña. No podéis imaginaros cuánta imperfección, cuánto desquicio, cuántos obstáculos trae al desarrollo de nuestras instituciones, este estado amorfo de nuestra administración rural. Padecemos en alto grado del mal de los latifundio,; los pueblos separados por inmensas llanuras deshabitadas, carecen de la cohesión indispensable para llenar los fines de la sociedad organizada, y de vínculos que los liguen estrechamente con el centro del gobierno; cada villa, cada aldea, cada estancia, son el foco de sociabilidades distintas, muchas de ellas antagónicas, sin más autoridad

que un comisario, un juez de distrito, un celador, que viven su misma vida, participan de sus mismas pasiones, nacen de su mismo medio, y por consecuencia, no pueden formar juicio acertado sobre los trascendentales destinos de sus comunidades en relación con el conjunto; la topografía de nuestro territorio nos presenta dos fisonomías diferentes: de un lado, las enormes montañas que se interponen entre valles fértilísimos, y del otro, los llanos dilatados, teatro reservado a nuestra grande agricultura; la evolución tradicional de nuestros hábitos y costumbres, formados en el abandono, en la pobreza, en las guerras civiles cuotidianas de otro tiempo, siempre esperando la invasión de la horda sobre nuestro campo y sobre nuestro hogar, y la orden del déspota del gobierno para que le entreguemos nuestros frutos cosechados a tanta costa y privaciones, ha hecho que cada familia busque en sí misma su amparo y su defensa, perdiendo de vista la existencia de un poder protector de la vida y de las relaciones sociales y creando esa especie de egoísmo aparente que las lleva a buscar lo menos posible la concentración de sus viviendas; la forma hereditaria de adquirir la propiedad de la tierra, no habiendo existido la enagenación al extranjero porque no acudía a buscar en nuestro suelo los cimientos de su hogar, multiplicando la población que ocupa el baldío, ha sido también un motivo para que cada familia perpetuase su morada donde la suerte del reparto se la había dejado, sin tener en cuenta su alejamiento, puesto que los árboles plantados por sus abuelos le daban el sustento de cada día.

Todos estos fenómenos históricos, físicos y sociológicos que han obrado en el tiempo sobre nuestra formación como Estado, son base suficiente de criterio para abordar el estudio del problema de nuestra organización y gobierno rurales. Este ha sido el tema de mis meditaciones y de mis estudios constantes; y he llegado a concebir el plan de una ley que pronto recibiréis en proyecto. La cuestión es árdua porque es fundamental. Se trata de decidir si conviene un sistema centralista absoluto que tenga en la capital su foco de acción directa, o un sistema de descentralización racional, que permita crear un centro de gobierno en cada división territorial. Opto sin reserva por el segundo, siguiendo los ejemplos de otras provincias semejantes a la nuestra y que han logrado ya reformar sus instituciones fundamentales con arreglo a los progresos de la época y a sus verdaderas necesidades. Os enviaré un proyecto de ley creando el gobierno de la campaña sobre la base de una descentralización racional que permita a las comunidades rurales prepararse para el gobierno propio administraivo, a la vez que estreche con toda fuerza los vínculos políticos de todos los extremos al centro. Por este medio, el centralismo político será una escuela para la autonomía administrativa que tendrá que venir tarde o temprano, impuesta por las ideas dominantes y más que todo por la necesidad y la fuerza de las cosas, y creará un estímulo para los hombres de la campaña privados casi siempre de los beneficios de las altas posiciones, porque nunca tuvieron en su Departamento ocasión de poner en práctica sus sanas ideas y sus relevantes aptitudes para el Gobierno.

Pero la tarea no quedará concluida con esto solo. Hay una institución que es necesario crear a toda costa, de cualquier entidad, en cualquiera forma, siendo que no desnaturalice su alta especie: hablo de la institución municipal. No creo que llegaremos jamás a perfeccionar nuestras prácticas políticas, ni a colocarnos en el terreno que requiere nuestro sistema constitucional, si no planteamos primero esta “escuela primaria del gobierno libre” como la llaman los jurisconsultos. Ya en los tiempos coloniales tuvimos el municipio con toda su alta e indiscutible autoridad y su sello típico; pero la Revolución los derribó, sin reemplazarlos; y como ha trascurrido casi un siglo desde su desaparición, se han perdido por completo en el espíritu público, sus huellas, borradas por el paso de las generaciones y de las muchedumbres armadas. Estamos de nuevo en la infancia, y la ocasión es propicia para elegir un sistema experimental que responda prácticamente a nuestro modo de ser social, y teóricamente a la índole de nuestras instituciones.

Ya mi pensamiento es conocido porque lo he formulado en el proyecto de Constitución; y aunque en materia de legislación. positiva la consecuencia con las opiniones no es un mérito absoluto, puesto que las circunstancias modelan las ,formas, pienso todavía, después de tres años de observación, que aquel sistema proyectado es el que más conviene a nuestra Provincia, por su sencillez extrema que permite aplicarlo en todas partes, y por su íntima correlación con la forma del gobierno político. Porque debe tenerse presente que la Municipalidad es el gobierno general aplicado a los pequeños intereses de la comuna. Su existencia deriva de la misma fuente que la del Gobierno, porque está destinada a regir derechos políticos y personales en su esfera; participa, como dice Cooley, “de una doble naturaleza; y ejerce dos clases de poderes: la una con respecto a lo que puede llamarse su capacidad privada, que no difiere de los poderes ejercidos por otras corporaciones, y la otra con relación a su capacidad pública, y es puramente gubernativa. En el primer caso, la Corporación Municipal puede adquirir la propiedad para sus propios designios o a beneficio de su pueblo, y tiene un derecho constitucional de ser protegida en ella, como un individuo o corporación privada.... Pero en su capacidad pública la Corporación Municipal es simplemente un agente en el gobierno, y el Estado la empleará como sea mejor, y amoldará y controlará sus poderes...”

Posee en su grado las mismas facultades legislativas del Congreso, limitadas por la ley, como las de éste por la Constitución; por ejemplo, la de levantar impuestos y contraer préstamos.

Por este ligero esbozo puede ya comprenderse cuánta previsión y cuidado son necesarios para establecer la institución municipal, siquiera sea en su forma más rudimentaria; y por. qué razón las actuales comisiones de fomento no pueden en manera alguna dar fruto digno de mención. La Municipalidad, por su naturaleza, es electiva, por sus objetos esenciales debe tener una porción de soberanía propia, y por su carácter de persona privada, debe ser independiente de los tres poderes del Estado, encargados de ejercer la justicia y la vigilancia sobre todos los órdenes de las relaciones humanas.

El P. E. ha querido, ante todo, experimentar durante el año que corre, si la Municipalidad puede tener vida propia en la Capital. Para esto os remitió el proyecto de ley de impuestos municipales que sancionásteis. Ella nos dirá la verdad, porque sabremos al fin si puede contar con renta suficiente para independizarse del presupuesto general. Entonces, solamente, creo un acto de cordura iniciar su planteamiento definitivo, que ya reclama la ciudad Capital, por su extensión, su cultura y su rango político. Desde luego debo adelantaros la confesión de que la obra de la Municipalidad, tal como es ella, en lo que hace al ornato y al cuidado de ciertos ramos del servicio público, ha sido digna de notarse; y bien podéis ver todo transformado, de suerte que la vieja ciudad de los azahares, de los huertos conventuales y de las calles estrechas y tortuosas, va tomando todos los aires de una ciudad moderna con sus calles pavimentadas y rectas por donde pueda circular con holgura nuestro tráfico creciente.

La Policía es, seguramente, la institución más delicada y difícil de conducir de modo que responda a sus altos propósitos: es el poder encargado de hacer efectiva la alta vigilancia del Estado sobre todos los actos de la vida individual y colectiva; es la mano visible del Gobierno que se extiende a todas partes donde hay que aplicar las leyes restrictivas de la libertad de los ciudadanos, y que garantizan la efectividad de los derechos individuales en la medida que la Constitución y las leyes los acuerdan. No hay duda que su poder es peligroso; pero siendo esencial a toda forma de gobierno, se ha tratado siempre de legislar sobre ella, sin que hasta ahora la ciencia haya dicho su última palabra* sobre el alcance de sus facultades. Pienso como Bluntschli que la misión de la Policía es vigilar y no castigar. Su acción comienza donde el derecho de los particulares concluye. Pero como la tendencia natural es excederse en el ejercicio del derecho, pocas veces el pueblo se contenta con la vigilancia que se practica sobre sus actos, por más que esa vigilancia se lleve hasta reemplazar al individuo en el cuidado de su propia vida, de su propia libertad y de su propia hacienda. El éxito de la Policía depende de los elementos de que se compone y del respeto que el pueblo profese a la autoridad. Si las personas que la desempeñan no son cultas y conocedoras de la ley, fácilmente abusarán de su poder; y si el pueblo no respeta su autoridad, la resistencia a sus mandatos es una consecuencia inevitable, y la lucha se establece de lleno entre ambos. El fenómeno es anormal, pero están en el corazón humano las leyes que lo producen: odiamos la mano que nos impide obrar con arreglo a nuestros instintos o a nuestra libertad absoluta o natural, aunque racionalmente reconozcamos que las leyes no han sido violadas. Entre nosotros, la Policía deriva sus facultades de la Constitución y de la ley orgánica. Es la encargada de velar por el mantenimiento del orden público y por la seguridad de las personas y de la propiedad. Hay un Reglamento que la rige y marca sus atribuciones y funciones. Creo que debe ser reformado en sentido restrictivo, y limitando sus alcances a nuestra capacidad social y a la simplicidad de nuestras leyes internas. El P. E. se ocupará también de este importante asunto. Por ahora, y durante el tiempo transcurrido desde que desempeño el mando de la Provincia, los esfuerzos del Jefe General se han dirigido principalmente a mejorar la organización interna, en la convicción de que formando el personal adecuado, se llega ya de un paso a conseguir los fines generales de la institución. Se han verificado también importantes progresos en el servicio público, como la organización de la vigilancia nocturna, la creación de la comisaría de pesquisas, varios edictos sobre vagancia de menores, conducta de cocheros, estableciendo en toda la campaña los registros de denuncias y citaciones, marcas y señales, etc. Se ha renovado el Archivo General de Marcas, trabajo minucioso y de mucha labor, que ha sido distribuido a la campaña a los efectos de la ley, y se hallan redactados los proyectos de Reglamento General, Reglamento Interno y de la Ley de Marcas que ós será sometida oportunamente. Los demás detalles se consignarán en la Memoria del Ministerio.

Me resta, antes de terminar este capítulo, manifestaros que los recursos de la Provincia no permiten, sino con grande esfuerzo, introducir mayor perfeccionamiento* El presupuesto de este año había aumentado el cuerpo de gendarmes en vista de la extensión que ha tomado ya la Capital, pero la necesidad de introducir serias economías en los gastos ha hecho indispensable reducir de nuevo el personal. Los pueblos tienen el hábito de exigirlo todo de la Policía, y al mismo tiempo reprobar el que se inviertan en su sostenimiento gruesas sumas de dinero. Sin embargo, creo que La Rio ja es la provincia que gasta menos en este servicio.

No menor interés ha despertado en mí la organización de la Guardia Nacional, esta delicada y trascendental institución que es el contingente de sangre que cada ciudadano paga a su patria. “Todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución”, dice el texto, y atribuye al Congreso la facultad de dictar las leyes que hagan efectivo este deber. La milicia nacional se forma del contingente de todas las provincias; el Congreso dispone su organización, armamento y disciplina, y cada provincia, cuida de que esa organización y disciplina sean cumplidas debidamente; habiéndose reservado con esto, una importantísima tarea en la obra de la defensa nacional. Las invasiones exteriores como las insurrecciones son siempre repentinas y rápidas, y el Estado no cumpliría con su misión, si esperase que el peligro se produjera para empezar a disponer su milicia.

Así, ha querido la Constitución, que ella estuviese en constante ejercicio para no ser sorprendidos en ningún instante, y porque es evidente que de ese modo se mantienen en vigor el espíritu cívico, el honor nacional y el celo por conservarlo sin mancha.

Las atribuciones de las provincias, o Estados, como lo dice Paschal, quedan excluidas en tanto y cuanto ha proveído el Congreso, lo que significa que hay una facultad concurrente y que, como lo decidió la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso de Houston v. Moore, “cuando el Congreso no ha cumplido con este deber, los Estados tienen un derecho concurrente de hacerlo”. Nuestra Constitución ha adoptado el mismo sistema, creando, por tanto, entre las provincias y la Nación las mismas relaciones de derecho. Tan interesada está la Nación en evitar una invasión exterior, como la provincia por cuyo territorio se introducen las fuerzas extranjeras. La necesidad de mantener la guardia nacional bien organizada es evidente; pero, como a ninguna provincia conviene apartarse de la dirección nacional en cuanto se trata de facultades constitucionalmente ejercidas, creo que nuestro gobierno local de la milicia, debe ajustarse a las formas y procedimientos que la Nación ha establecido.

El P. E. teniendo en vista estas trascendentales consideraciones, ha dispuesto verificar una inspección prolija en toda la Provincia, creando al efecto tres secciones militares a cargo cada una, de un Teniente Coronel subordinado administrativamente a la Inspección General. La inspección se ha verificado con buen éxito, y de los informes que el P. E. ha recibido, ha podido formar juicio sobre las medidas que reclama la milicia provincial. Hay vicios antiguos que es preciso desarraigar; hay resabios de un pasado de desorden, en el que la Guardia Nacional se ha mantenido en perenne movilización; se han llegado a formar ciertos hábitos contrarios a la naturaleza de la institución misma* La división está mal establecida por Departamentos de los que cada uno tiene un comandante, con o sin la fuerza correspondiente a este grado* Si la Guardia Nacional, una vez convocada por el Presidente, —-lo que importa colocarla al servicio de la pación y convertirla en milicia nacional—, queda sometida a las leyes militares del ejército regular, lógico es darle una forma y disciplina semejante, sino idénticas a las que el Presidente da al ejército. Y así, cuando la provincia sea llamada a la defensa de la Patria o de la Constitución amenazadas, pueda presentarse ya dispuesta a entrar en el combate y obedecer rápidamente a la evolución táctica. Esta es mi opinión, y aprovechando los informes de los inspectores, trataré de dictar cuanto antes las disposiciones del caso.

La creación del Consejo de Higiene Pública, hecha por vuestra sanción de fecha 7 de agosto de 1889, ha dado los resultados que el P. E. tuvo en vista al proponérosla, porque ha venido a llenar una de las más altas necesidades de la sociedad. Esta tiene su salud como los individuos que la componen, y las funciones del cuerpo médico que versan sobre el cuidado de la vida colectiva, son imprescindibles desde que existe una organización social. Los pueblos, como los niños, se conducen casi siempre por impulsos irreflexivos, tienden a los extremos, y al abuso de sus deseos y sus apetitos, que hay siempre que refrenar y contener dentro de límites que no pueden franquearse sin peligro. La ciencia, por otra parte, ha probado ya que las agrupaciones humanas desarrollan enfermedades que les son peculiares como tales, y como el Estado es la alta policía de la vida social, organiza el cuerpo técnico que desempeñe esos delicados aspectos de su misión. El cuerpo médico del Estado cuida de nuestros alimentos, del aire que respiramos, del agua que aplaca nuestra sed, penetra en nuestros usos domésticos y reprende nuestros descuidos e imprevisiones que son causa, las más de las veces, de que nos hagamos un daño a nosotros mismos y a nuestros vecinos; él auxilia al juez en la investigación del crimen, y lleva a la justicia por el camino certero.

El P. E. había destinado una suma para la adquisición de un pequeño laboratorio de análisis, según presupuesto presentado por el Consejo; pero una vez en el caso de adquirirlo, se encontró que los recursos destinados apenas alcanzaban a una novena parte de lo que era indispensable para un laboratorio. Esperaremos, entonces, una época más propicia para satisfacer esa exigencia de la nueva institución.

El arreglo y la fijación definitiva de nuestros límites interprovinciales, es otro de los problemas, cuya solución satisfactoria persigue el P. E. con el más solícito empeño, en cumplimiento de las sanciones legislativas dictadas por V. H. para este objeto.

La Provincia ha tenido y tiene sus verdaderos límites que su fundador, Don Juan Ramírez de Velazco, trazó al territorio y jurisdicción de la antigua ciudad “La Rio ja”, que erigió en 1591; ciudad, territorio y jurisdicción que constituyen hoy la Provincia de este nombre. Pero las diversas transiciones políticas que se han sucedido desde esa fecha hasta nuestros días; las modificaciones de hecho que por los acontecimientos acumulados en tres siglos por las leyes que rigen las evoluciones sociales se han producido en la geografía histórica y legal de lo que antiguamente fué Gobernación del Tucumán y es hoy la República Argentina, han traído, como es fácil de explicarse, complicaciones en las soluciones jurisdiccionales de las provincias, que una Administración previsora no puede mirar con indiferencia.

La determinación legal de los verdaderos límites de la Provincia con las que la rodean, es, además, una de las cuestiones que mayores y más trascendentales intereses compromete. Innumerables propietarios de tierras, limítrofes con las provincias vecinas, se hallan imposibilitados de verificar la mensura y deslinde de sus propiedades; porque éstas arran¿ can de los límites interprovinciales, cuya designación en el terreno no puede ser trazada por la acción de los particulares ni de los tribunales ordinarios, por ser éste un asunto que cae, directamente, bajo el dominio del derecho público. Los deslindes completos de la Provincia por sus cuatro rumbos, con sus líneas de contorno definidas y legalmente aceptadas por las otras provincias colindantes, son las bases preciosas de arranque para las operaciones catastrales y demás estudios gráficos, que es urgente realizar para colocar a nuestra propiedad territorial en las condiciones de seguridad y de garantía, que tan indispensables son para valorizar la tierra y atraer los capitales. Y es persiguiendo estos elevados propósitos, que el P. E. se ha preocupado preferentemente de este asunto, encomendando tan importantes cuestiones a comisionados especiales, que han sido nombrados en virtud de leyes sancionadas por V. H.

El Dr. Guillermo San Román es el encargado de las gestiones necesarias para el definitivo arreglo de nuestros lí* mites territoriales con San Juan, Catamarca y Córdoba; y en el desempeño de su cometido se ha trasladado a las tres provincias mencionadas, ajustando pactos arbitrales con Catamarca y San Juan, pactos que han sido, antes de ahora, aprobados por V. H. El árbitro designado para el fallo de las diferencias que suscitan los límites con las dos provincias mencionadas es el actual señor Presidente de la República, Dr. Miguel Juárez Celman, cuya ilustración y rectitud nos garanten ampliamente una solución equitativa en estos litigios interprovinciales.

El límite de la Provincia con la de Córdoba ha sido ya definitivamente fijado por un pacto celebrado entre los comisionados de ambas provincias, el Dr. San Román por ésta y el Dr. Santos Núñez por la de Córdoba, pacto ratificado y aprobado por los dos gobiernos. Ese pacto con-

sagra, con pequeñas diferencias en el extremo Sud, hacia el punto que le sirve de arranque, el “Valde del Cadillo”* como línea de división para la jurisdicción de una y otra provincia, una línea que corra por el centro de las Salinas que existen entre ambos territorios, límite natural, indicado por los más antiguos documentos y sancionado por la tradición y por la historia.

Podemos, pues, dar por arreglados nuestros límites con Catamarca, San Juan y Córdoba; porque con las dos primeras el litigio está librado a la decisión segura de ún árbitro arbitrador; y el comisionado Dr. San Román, después de haber concluido el informe ilustrativo sobre el deslinde con Catainarca, se ocupa y está para concluir el mismo trabajo, sobre los límites con San Juan. Queda aun pendiente la cuestión de deslinde con San Luis; pero con el propósito de que la Provincia pueda, bien pronto, presentarse en la Geografía y en el mapa político de la Nación, con su territorio perfectamente definido en sus cuatro rumbos —hecho que la honrará sin duda alguna— el P. E. piensa, en breve, dar instrucciones terminantes al señor comisionado Dr. Mardoqueo Molina, para que, sin pérdida de tiempo, inicie las gestiones conducentes al arreglo definitivo de nuestros límites con la Provincia de San Luis.

Todas estas gestiones han sido planteadas por el P. E. en un terreno amistoso y franco, encarándolas desde los di-versos puntos de vista del hecho y del derecho, buscando patrióticamente soluciones amigables, que hicieran desaparecer las divergencias, sin herir ningún derecho legítimo; y me cabe la satisfacción de deciros que he encontrado en los gobiernos de las provincias circunvecinas idénticos propósitos y los mismos sentimientos de cordialidad para solucionar estas diferencias, tan enojosas a veces.

Faltaría a un deber de justicia si no os declarase que pocas cuestiones de este género se han tratado con mayor altura ni mayor caudal de conocimientos, y que es para nosotros un motivo de satisfacción íntima el ver que en un li-

tigio interprovincial, en que se discute nuestra jurisdicción, es decir, nuestra soberanía, el representante de La Rio ja nos haya presentado ante el país por medio de sus informes que verán oportunamente la luz pública, dignos, por el pensamiento y por la ilustración, de llamarnos colaboradores en la obra del engrandecimiento intelectual de la República*

Los dos primeros tomos del Registro Oficial de la Provincia, desde el año 1854 hasta 1892, han visto ya la luz pública, gracias a la nueva forma dada a sus trabajos por decreto de fecha 8 de noviembre del año ppdo., y al reconocido patriotismo de su director, Dr. Gaspar N. Gómez, quien no ahorra sacrificios para ver terminada una obra que significa la resurrección del pasado histórico de La Rio-ja. Se había instituido una oficina permanente con ese fin, con un personal de empleados a sueldo, que, como es natural, amenazaba no concluir su tarea. El decreto referido destina una suma fija para terminar la obra, realizando una verdadera economía y acelerando el trabajo. Ya lo veis: los resultados son la mejor prueba del acierto de esa disposición.

III

Justicia y Legislación

Las atribuciones del P. E. sobre la administración de justicia son muy limitadas, y por consiguiente, poco puedo informaros a su respecto. No obstante, como poder colegis-lador y como encargado de velar por la aplicación de las leyes, es de su deber estudiar los progresos que pueden realizarse y también proponeros las medidas que requiera el mejoramiento de tan trascendental institución.

En esta materia, la ley es el todo, los jueces son mucho, y el abogado es también de tenerse muy en cuenta. Una ley atrasada, rutinaria e insuficiente, puede causar serios trastornos en la aplicación de la justicia, sujetando a jueces y partes a procedimientos penosos y erróneos, que siempre van en contra del particular que persigue su derecho; y ya que es fuerza que el derecho ha de someterse a formas y reglas, hagamos por lo menos que ellas sean simples y rectas, y que conduzcan pronto y sin sacrificios a la satisfacción de los intereses heridos en el choque diario de los hombres con los hombres. Los jueces pueden convertir al mal una ley buena y sabia; son sus intérpretes; son los que guían las intrincadas peripecias del juicio; son los que manejan los resortes ocultos de la ley, y en sus manos está la suerte del derecho que se discute. La integridad, la honradez, la instrucción legal, son las virtudes que la sociedad tiene derecho a exigirles, unidas a un acrisolado amor por las instituciones del Estado y por el cumplimiento del deber. El abogado es el intermediario entre el pueblo y el juez, es el que representa la ciencia auxiliar de la virtud que acude ante el tribunal en demanda de su pureza ultrajada; es el vigilante solícito que expía la falta o la lesión del derecho, para pedir el castigo o la reparación. Un foro de abogados instruidos, dignos y honorables, es el lustre de una sociedad culta; así como allí donde abundan los mercaderes de pleitos, que forjan la discusión y el choque para correr después en busca del oficio interesado, la paz y la armonía de los hogares, que descansan sobre el goce tranquilo y seguro de los bienes materiales, son un imposible; la familia vive en continua alarma; los vínculos tradicionales del parentesco, el sagrado respeto por las cenizas de los mayores, el porvenir de la familia y de la sociedad, se rompen y desvanecen para entronizar la lucha sórdida del interés, atizada por el rencor que todo pleito trae aparejado.

Una ley de procedimientos bien meditada, que sea a la vez un paso en el terreno de la ciencia y un consorcio práctico con nuestros hábitos y modo de ser sociales, puede realizar estos ideales. Hace algún tiempo ya que esa ley se estudia por una comisión de abogados distinguidos de nuestro foro; pero según entiendo, como la reforma de la ley actual ha de basarse sobre principios constitucionales, que sientan loé fundamentos del Poder Judicial, dándole sus formas primordiales, la comisión revisora del Código de Procedimientos espera la sanción de la nueva Constitución para dar por terminada su tarea. Es el mal de todos los pueblos jóvenes que marchan a prisa, el no mantener mucho tiempo en vigor una legislación; quisieran que las formas rodasen con la misma velocidad que las ideas, sin tener en cuenta que contienen algo de material que las inmoviliza.

Nuestro foro se enriquece cada día con el ingreso de jóvenes que vuelven de las universidades nacionales, a pagar a la tierra nativa con luces y ciencia su tributo de cariño; y ella los recompensa a su vez con posiciones distinguidas desde donde divisan Un porvenir vasto y halagüeño. Pero a pesar de todo, se nota una tendencia, muy explicable desde otro punto de vista, de ir a buscar en otra parte el teatro de sus conocimientos y de su acción civilizadora. Es cuestión de sistemas, y de un concepto más o menos acertado del porvenir. Yo creo más fácil alcanzar comenzando de los extremos al centro, que no ir desde luego a las ciudades populosas, las altas posiciones que ambiciona todo hombre de talento y de ilustración. En las sociedades reducidas la voz se oye más clara, el mérito se conoce más pronto, los caracteres se diseñan desde luego, y ellas mismas se apresuran a levantar a sus elegidos por los medios que nuestro sistema de gobierno pone a su libre voluntad. Pero la impaciencia lleva a los jóvenes a sumergirse en la marea ensordecedora de la Capital, donde se ven expuestos a arrastrar en el olvido toda su existencia, malogrando su iniciativa, su ciencia y sus aspiraciones, que puestas al servicio de su provincia, los llevaría quizá de un salto, en menos tiempo del que soñaran, a la conquista de la fortuna y de la gloria. Las instituciones de la Provincia retardan mucho su desarrollo y su progreso, a causa de esta emigración, diré así, del elemento ilustrado, del que, hay razón para esperarlo todo. De lo contrario a nadie sino a nosotros

mismos podemos responsabilizar de que vengan al gobierno hombres sin ideales y sin virtudes sólidas, fáciles para caer en la tentación ilícita contra la propiedad que no han aprendido a respetar, contra la libertad que no han aprendido a conocer, contra la dignidad del Estado, de que no han aprendido a darse cuenta. El estudio da formas y vigor al carácter, y el carácter es la fortaleza del hombre de gobierno.

No pudiendo, sin embargo, pasar tanto tiempo en la expectativa de la reforma general del Código, el P. E. creyó oportuno introducir algunas modificaciones transitorias exigidas ya imperiosamente por la experiencia, y a ese objeto responden las leyes siguientes que sancionásteis en el período de 1889: 1* La de fecha 9 de agosto que prorroga la jurisdicción de los jueces de paz, para que puedan entender en las informaciones sumarias que reemplacen las partidas de nacimiento perdidas o no inscriptas en los libros parroquiales, extraviados o destruidos a consecuencia de las guerras civiles que han convulsionado siempre a esta Provincia. Esta reforma era urgentemente reclamada por la aplicación de la nueva ley de matrimonio; 2* La de 9 de setiembre que establece la forma del examen y condiciones a que han de sujetarse los aspirantes al título de escribano público en la provincia; 3^ La de 27 de setiembre, que refundió en los dos juzgados actuales de 1* instancia la jurisdicción del de lo Comercial, Criminal, Correccional y Contencioso de Aguas y Minas, era requerida también por una economía de tiempo y de dinero, malgastados en el sostenimiento de un tercer tribunal que todavía no hace necesario el movimiento de causas en la Provincia; 4* La ley de la misma fecha que separa las funciones del Asesor de Policía de las del Agente Fiscal; 5* La de 9 de noviembre que introduce reformas al Código de Procedimientos en cuanto se refiere a reposición de títulos, protocolización de documentos públicos, juicios de mensura, deslinde y amojonamiento, y juicios de división de condominio; 6* La de 20 de noviembre que establece en una forma definitiva el Registro de la Propiedad,

y cuyos fundamentos se expresaban en el mensaje con que os fue remitido el proyecto que le ha dado origen.

Pasemos adelante. Os he hablado incidentalmente de la reforma de la Constitución. Es tiempo ya de que nos ocupemos de cuestión tan primordial. Desde principios del año 1887 existe en poder de la Honorable Convención, el proyecto en cuya redacción me cupo el honor de tomar parte. Esa alta corporación nombró de su seno una comisión re-visora que se expidió en un elocuente informe. Volvió a reunirse a fines de 1889, y sancionó en general el proyecto remitido por el P. E. Desde esa fecha no ha vuelto a celebrar sesiones. Entre tanto, gran número de reformas legislativas están pendientes de esa sanción, pues que nadie se resuelve a plantear las bases de sistemas que pueden quedar destruidos por la nueva Constitución.

El P. E., por su parte, se encuentra también maniatado por ese statu quo, que no le permite iniciar el estudio de leyes de fondo que cree indispensables para el progreso de la administración y de la provincia. La ley de procedimientos en materia de minas, —en lo administrativo y en lo contencioso,— que fué encomendada a la alta preparación del Dr. Adolfo E. Dávila; la ley de creación de las Municipalidades cuyos fundamentos forzosamente debe ir a buscarse en la Constitución; las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos que ella concede al ciudadano; en una palabra, toda la legislación de fondo y de forma, que de todas maneras debe conformarse a la letra o al espíritu de la carta fundamental, se hallan a la expectativa de ese acto que viene necesariamente a afectar todos los órdenes de la sociedad.

La ejecución de la nueva ley de matrimonio ha venido a exigir en toda la República, la organización del Registro Civil de las personas. Aquel contrato necesita por su naturaleza y gravedad, formalidades severas que le pongan al abrigo de toda irregularidad, que siempre viciaría su validez. Tened presente que se trata del acto más trascendental de la vida privada, social y política; y mantener así, en una forma transitoria su verificación, es hasta un peligro de futuros trastornos en las relaciones de la familia. Crear el registro de matrimonios es una obra incompleta; hay que hermanar los tres hechos fundamentales: el nacimiento, el matrimonio y la muerte, triple base de las relaciones humanas que dan origen a la legislación del derecho privado. Si el Estado tiene el deber de garantir el goce y uso de los derechos individuales; si tiene que hacer justicia cuando ellos se controvierten o lesionan; si tiene el deber de vigilar porque los patrimonios se conserven y trasmitan con sujeción a las leyes comunes, es evidente que le corresponde verificar del modo más prolijo los actos de donde emanan esos derechos. Esta es una materia de gobierno que ya no se discute en parte alguna, y ha llegado a ser, como debe suponerse, la primera preocupación del administrador. Todas las provincias argentinas han establecido ya el Registro Civil, con escasas excepciones; es materia de un progreso nacional, al que no debemos mostrarnos retardatarios. Los elementos de juicio son abundantes, porque en la República se ha llegado ya, tal vez, a la fórmula definitiva; y numerosos tratados y proyectos nos ofrecen materia para una selección acertada y para una aplicación experimental de los principios.

El proyecto de ley que el P. E. someterá a vuestra aprobación está ya redactado, y solo esperaba la inauguración de vuestros trabajos. En el mensaje con que os será remitido, se discutirán con mayor amplitud las cuestiones que pueden surgir en el ánimo del legislador. Por ahora solo puedo aseguraros que el proyecto se inspira en necesidades prácticas, y que ha adoptado las formas sencillas que requiere nuestro estado de población, para que ellas sean comprendidas y asimiladas fácilmente por el pueblo y por los

funcionarios que han de darle cumplimiento, si vale la pena de que le acordéis vuestra sanción.

IV

Culto

Llego, señores diputados, a un capítulo que pocas veces figura en documentos de este género, porque, o hay peligro en manifestar opiniones religiosas desde el asiento del gobernante, o es difícil, si no imposible, concretar en pocas palabras un sistema de política con relación a la Iglesia. Yo no quiero reservar por más tiempo mis ideas, porque el pueblo en quien palpita siempre vivo este sentimiento de religión tiene derecho de preguntarse qué pensamiento germina en el cerebro de su gobernante sobre materia tan escabrosa y que tantas revoluciones ha encendido entre las naciones.

Somos descendientes de una nación cristiana; nuestras instituciones son hijas del cristianismo, porque él las salvó del naufragio universal de las ideas y de las creencias antiguas, y las revoluciones que las implantaron en el mundo se verificaron en nombre del derecho cristiano. La humanidad se ha educado en esa grande escuela, y en ella se han formado su corazón y su conciencia; y sean cuales fueren los sistemas filosóficos y religiosos que dividen a los hombres y los arman a los unos contra los otros, siempre ha quedado irradiando sobre el campo de batalla y sobre los escombros humeantes, como una luz inextinguible que sobrevive a las grandes catástrofes de la historia, un sentimiento, una idea, una verdad inmortales: hay un Dios que encarnado en la conciencia humana, dirige sus destinos, inspira sus evoluciones, derrama su bendición sobre los pueblos de la tierra.

¿Por qué hemos de renegar nosotros de esta ley histórica y social? ¿Por qué, si vemos que las naciones que creen, han sido grandes y felices por sus creencias, no hemos de recurrir también a esta fuente inagotable de fortaleza y de virtud? Yo sé de sociedades que rompieron de pronto con sus tradiciones cristianas, y cayeron envueltas en las derrotas y en la miseria; yo sé de sociedades que adoptaron costumbres libres, pagando tributo a las innovaciones inmoderadas, y rodaron al abismo o a la esclavitud; yo sé de sociedades que derribaron las creencias heredadas y que nada levantaron sobre sus ruinas para llenar el vacío de los espíritus. En cambio sé de la revolución inglesa que en nombre del cristianismo igualó las conciencias ante Dios; de la revolución de Washington que en nombre del cristianismo igualó al ciudadano ante la ley, y de la revolución de 1810, iniciada por nosotros, que en nombre del derecho cristiano engendró naciones nuevas, libertándolas de un sistema de servidumbre, e igualándolas a las demás naciones de la tierra.

Esta es nuestra tradición, y estos los principios que contienen nuestra gran carta constitutiva. Ella ha organizado un Estado cristiano, dentro de cuyo amplio seno tienen cabida todas las confesiones, todas las sectas, todas las ideas, y en homenaje a la creencia tradicional, dispensó su protección especial a la Iglesia Católica, bajo el alto patronato de la Constitución, que es la ley suprema del país. La Iglesia y el Estado tienen marcada por la naturaleza su esfera de acción. “La Iglesia, dice un autor americano, es instituida para los intereses religiosos y la felicidad eterna del hombre; el Estado para sus intereses seculares y su felicidad temporal. La una mira al cielo como el hogar final de los espíritus inmortales, el otro sobre nuestra madre tierra. La Iglesia es el reino del amor, el Estado es el reino de la justicia. La primera es gobernada por el Evangelio, el segundo, por la ley. La Iglesia exhorta y usa la persuación moral, el Estado manda y obliga a la obediencia. Ambos se encuentran en cuestiones de moral pública, y ambos juntos constituyen la sociedad humana civilizada, y aseguran su prosperidad.”

Las cuestiones religiosas agitan de tiempo en tiempo los espíritus y dividen la sociedad en bandos; asoman entonces los entusiasmos latentes y el ardor de las pasiones conduce a los combatientes a los más desatinados absurdos. Ya es el creyente exagerado que todo lo sacrifica a una falsa concepción de su deber religioso, ya el liberal desbocado que todo lo derriba sin orden ni sistema. La República Argentina ha pasado ya por estas hondas convulsiones en que hemos visto dividirse las familias y romperse los más sagrados lazos del amor y de la amistad. Yo mismo he combatido en esas luchas con todo el fervor de mi juventud, llevando mi raciocinio a extremos desconocidos. Pero ahora que me veo colocado al frente de los destinos del Estado y en presencia de esta inmensa responsabilidad de su suerte; cuando he pesado los elementos de labor y he visto que no podía forjar para él en un día la grandeza que soñaba; cuando en la vigilia y en el estudio he buscado en vano el secreto para improvisar la riqueza y la abundancia para mi pueblo, señores ¿por qué no he de decirlo? he levantado mi pensamiento a la altura, he sentido la necesidad de una inspiración sobrenatural y he evocado el Dios de mis mayores, el Dios de mi patria, el que evocaron los apóstoles de nuestra libertad.

He recibido la recompensa. Una fé profunda en el porvenir ha fortalecido mi espíritu; he adquirido valor para escuchar sin vacilaciones ni debilidades las calumnias y los odios que siguen en cortejo los pasos del hombre público; he aprendido a amar con más efusión todavía nuestras instituciones que garanten el trabajo, la libertad y el honor.

Las relaciones del Estado con la Iglesia entre nosotros son las que crea el patronato, y las que derivan del sostenimiento del culto; El Gobierno Federal sostiene el Católico, Apostólico, Romano y asegura a todo habitante nacional o extranjero, el derecho de profesar libremente el suyo propio. La Constitución y las leyes del Congreso, son la ley suprema de la nación, a la que deben conformarse las provincias estén o no sus constituciones o leyes de acuerdo con aquélla. De la interpretación de estas facultades suelen originarse cuestiones que perturban a menudo la armonía entre las dos potestades; y tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos de provincia han colocado la Constitución como regla superior de criterio cuando el poder eclesiástico ha discutido la soberanía nacional. Esta es, pues, la norma de conducta sancionada ya por la jurisprudencia y por la sana política. Obedezca la Iglesia los mandatos del Estado en uso de su soberanía, reconocida por ella misma al aceptar el patronato, y el Estado haga respetar de todos, creyentes o no, el culto oficial, como todos los demás que profesen los habitantes del territorio argentino.

Felizmente, en la esfera de acción del Gobierno de la Provincia, ninguna dificultad ha entorpecido las cordiales y amistosas relaciones entre los dos poderes. El pueblo es creyente y respetuoso, y el P. E. ha creído en todo momento, que además de ser un deber constitucional, es de alta política cooperar a que ese respeto se extienda y consolide cada vez más.

Sólo hemos tenido que lamentar la rebelión de algunos curas de la campaña contra la ley de matrimonio civil, negándose a darle cumplimiento, quizá por un celo exagerado, mucho más cuanto que el Obispado les había dado las instrucciones necesarias para su acatamiento. Algunos casos de matrimonios religiosos celebrados sin la constatación previa de la ceremonia civil han dado lugar para que la acción pública se intentase contra los delincuentes en demanda de la pena establecida, y para que no se perpetúen uniones nulas ante la ley, puesto que en ningún caso podrán hacer valer los derechos y obligaciones de la sociedad conyugal, ni los hijos de esas uniones podrán reclamar ante la justicia sus herencias legítimas como descendientes de matrimonio legítimo. En previsión y corrección de estos males gravísimos, el P. E. pidió a la Curia Eclesiástica que tomase las medidas convenientes para que los curas no continuasen cometiendo delitos que tantos daños originan, y fue atendido debidamente por ella. Sin embargo, no creo que llegaremos tan pronto a

suprimir todos los abusos, porque no se suprimen de un golpe preocupaciones añejas que han llegado a ser en el pueblo una segunda naturaleza.

V

Instrucción Pública

¡Cuántas cosas podría deciros, señores diputados, sobre asunto tan esencial y simpático! El ha sido el tema favorito de mis estudios, la rama del gobierno republicano que más fuertemente ha atraído mi atención cuando lo he profundizado en largas y pacientes lecturas. El pensamiento del filósofo, del legislador, del gobernante se dilata sobre ese campo sin fronteras, quizá porque el pensamiento entonces estudia su propia vida y su propia naturaleza^ ¿Qué ambición hay más antigua que ésta de penetrar con la idea en el seno de los misterios para desvelar la ciencia, patrimonio de seres privilegiados? El día que la humanidad ha podido desvelar el mundo antiguo, ha nacido la democracia. El libro ha sido su vehículo por el mundo, y ha producido más fecundas revoluciones que la ambición de poder y de dominio. La libertad errante descubrió por fin su guía luminoso. Sus senderos están marcados para siempre, y no haya temor de que los tiranos nos opriman, mientras veamos correr los niños a las escuelas. El día que vuestro gobierno mandase clausurar estos humildes templos de la ciencia, podéis ir a enlutar vuestras moradas, porque era señal evidente de que la libertad os había abandonado!

Pero no esperéis ya jamás tan infaustos sucesos. Hoy la escuela domina el mundo; y todos los pueblos de la tierra comprenden que ella es el primer escalón que conduce a la suprema grandeza. Las constituciones modernas no tendrían sentido si no ordenasen el sostenimiento de la instrucción popular. La de la Nación Argentina, —grande obra de reparación y desagravio,— ha dicho que el Gobierno Federal no garantirá a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, si no aseguran la educación primaria. Esta es, pues, el fundamento de la unión nacional; y la inteligencia argentina ha sido fecunda en iniciativas en favor de la difusión de los conocimientos, y la asimilación de todos los progresos realizados por naciones más adelantadas. Los Estados Unidos nos dieron el molde de nuestra Constitución, y nosotros hemos querido seguirlo también en su grande y asombroso desarrollo educacional. Somos lógicos, porque no hasta adoptar una forma de gobierno, sino que es necesario ponernos en condiciones de practicarlo con ventaja. Nuestra tarea no ha sido ingrata porque hemos llegado al primer rango entre las naciones americanas de nuestra raza. Las provincias siguen de cerca la obra de la Nación, y esta unidad de pensamiento, conducirá más o menos pronto a la unidad del carácter nacional. La Rio ja ha sido quizá una de las que más se distinguieron por ensanchar su cultura, quizá porque fue la más azotada por la desgracia; y es proverbial que el estudiante riojano ha sido señalado en todas partes como un ejemplo de aplicación y de aptitudes (1).

Privada de los beneficios de la escuela, durante las épocas de desorden, sus hijos fueron siempre a otras provincias o al extranjero en busca de la luz intelectual que se les negaba en la tierra de su cuna; pero también muchos hombres ilustres, muchas inteligencias descollantes llevaron el nombre de nuestra Rio ja y de la Nación misma a los más elevados centros de cultura de Sud América. Ella ha pagado bien los sacrificios que el Tesoro Nacional ha hecho para educarla, porque muchas veces su pensamiento ha pesado en los más trascendentales problemas que el Congreso ha debatido y la espada de sus soldados tiene derecho a un jirón de la gloria nacional.

La Provincia no tenía legislación escolar, sino las obligaciones que se impuso al amparo de la ley nacional. No se

(1) Deán Funes. conocía su pensamiento como entidad colectiva; y por esto la primera preocupación de mi gobierno fue incorporarla al movimiento del progreso de toda la República. La Ley de educación que sancionasteis el año pasado, establece ya un sistema; traza y dá los lincamientos del carácter y tendencia de la educación pública local; organiza la autoridad escolar, asunto tan delicado y difícil de solucionar con acierto, y por último, crea la renta de las escuelas, aunque no como en los Estados de la Unión Americana, pero independiente de la renta general en cuanto ha sido posible en esta primera tentativa que nos conducirá a la independencia absoluta. En teoría soy partidario de este último sistema. La educación es la única institución que tiene entre nosotros derecho a un privilegio: lo ha conquistado en todas partes donde han tenido recursos para asegurarle una renta vitalicia, y lo conquistará entre nosotros luego que la experiencia de un año nos demuestre que podemos emanciparla. Como es mi intención llevar esta ley a la mayor perfección posible observaré con cuidado sus efectos, y después, o sucesivamente, irán introduciéndosele las modificaciones que por sí solas se impongan en la práctica.

La formación del Consejo ha dado los más halagüeños resultados. Era uno de mis . propósitos, poner tan sagrados intereses en manos acostumbradas al oficio, en hombres que hacen de la enseñanza su profesión, su porvenir y su gloria, porque tienen el amor propio elevado de su alta misión. Las personas profanas miran esos asuntos como meras incidencias, y nada empeñan de su alma en la lucha. Hay una fuerza intensa que liga el maestro a su discípulo, de la misma manera que la semilla se arraiga en la tierra. La idea que el maestro trasmite, es semilla desprendida de su cerebro ya maduro, para ir a reproducirse al infinito en el cerebro del niño. De ahí esa íntima, esa indestructible identificación del maestro con su escuela, del apóstol con su creencia. El Consejo de Educación, formado de profesores normales ha dado los mejores resultados. Nunca se ha visto mayor afluencia de alumnos a las aulas; las escuelas normales de la Nación y las escuelas primarias y graduadas sostenidas por el Consejo están repletas, como lo veréis por las cifras que inserto más adelante. Igual actividad se nota en el seno del Consejo mismo. Tiene, puede decirse, completa su tarea legislativa, que es la de organización. Sus actos pueden resumirse así: l^9 Reglamento interno del Consejo; 2^9 Reglamento de contabilidad; 3^9 Reglamento de escuelas; 4^9 Reglamento de exámenes de maestros; 5^9 Plan de estudios y programas de enseñanza; 6^9 Organización y establecimiento definitivo de la inspección escolar dividida en tres secciones; 7^9 Publicación de la Revista de Educación, órgano de los intereses escolares de la Provincia. Además, puedo anunciaros que el Consejo, del l^9 de julio de 1889 al 30 de abril del corriente año, ha celebrado 58 sesiones, y ha tomado 300 resoluciones.

Existen en toda la Provincia servidas por 200 mestros 116 escuelas, de las que once son graduadas; 26 han sido creadas este año. Hay Departamentos como Chilecito, Famatina, Castro Barros y General Belgrano donde existen 9, 11, 9 y 7 respectivamente, no habiendo uno que no tenga, por lo menos dos, situadas en los puntos más céntricos y donde más se agrupa la población. Los niños matriculados este año superan extraordinariamente a los anteriores y su número llegará a cerca de 8.000. El cuadro comparativo de la matrícula desde 1885 al presente es digno de consignarse:

Años

MATRÍCULA

ASISTENCIA

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

1885

2.222

1.912

4.134

2.167

1.167

3.334

1886

2.285

1.892

4.077

2.100

1.255

3.355

1887

2.450

2.032

4.482

2.072

1.683

3.755

1888

2.792

2.197

4.989

2.600

1.600

4.200

1889

2.967

2.422

5.389

2.903

1.805

4.708

El detalle de la matrícula, asistencia y estadística en general de las escuelas correspondiente a este año, lo conoceréis mejor por la Memoria respectiva que os será presentada, por la primera vez, en poco tiempo más, y por la del Presidente del Consejo que está en impresión.

El movimiento del fondo de escuelas puede diseñarse también en pocas palabras. Desde el 1Q de agosto de 1889 al 30 de abril de 1890 se ha pagado por diversos gastos hasta la suma de $ 112.015, de los cuales ha dado el Gobierno de la Provincia $ 55.462, y el Consejo Nacional de Educación $ 56.553; debiendo advertiros que más de las tres cuartas partes del total se ha pagado por deuda de la Administración, —catorce meses término medio de sueldos de preceptores y alquileres de casas. La cantidad que se invierta este año en la instrucción llegará quizá a dos terceras partes de la que suman los cinco años anteriores, cuya comparación va en seguida:

- 1885                                                      $ 32.311.15

- 1886  .........,..........     34.260.35

- 1887  ....... ..,. ........ 39.117.94

- 1888                                                       56.140.14

- 1889                                                       88.382.28

Total             í 250.211.86

El costo medio de cada maestro, el año pasado ha sido de $ 516.62, el de cada alumno matriculado de $ 16.40 y de cada alumno asistente, de $ 20.20.

La formación de la renta escolar ha sido y es aún en los países más adelantados un problema palpitante, y aún en esto los Estados Unidos, que llevan la ventaja, nos sirven de ejemplo. La Constitución Americana ha dejado a los Estados el cuidado de la instrucción, y todas sus constituciones dedican una cláusula a la formación de la renta de las escuelas* Entre nosotros sucede lo mismo, aunque la Nación po se haya despojado de este deber. Al contrario, no hay una sola nación en Sud América que haya hecho más, y que más haya auxiliado a sus Estados o provincias para el sostenimiento de sus escuelas. Nosotros hemos sentado ya las bases de nuestra ren-

ta escolar, en la ley de educación que sancionasteis; y después del ensayo de este año, el P. E. hará para el venidero cálculos más seguros fundados en la experiencia e introducirá un sistema más regular y ordenado en la percepción e inversión de los fondos escolares. Aliento la esperanza de que este año, que llamo de prueba para todos los ramos de la renta, ha de ser fecundo en resultados y en enseñanzas, y en mi mensaje del año próximo, podré comunicaros ya importantísimas revelaciones. Entre tanto, tenemos el hecho incontrovertible y halagador, de que el aumento de la población y de la renta escolares se produce en una progresión creciente y no interrumpida.

Respondiendo a los mismos propósitos de difundir los conocimientos en todas las esferas sociales, el P. E. os remitió el proyecto de ley creando una Biblioteca Pública y fijando las bases para estimular en la campaña la creación de bibliotecas populares. En el mensaje especial con que acompañaba aquel proyecto, que tuvisteis a bien convertir en ley, os exponía mis ideas respecto de la importancia y trascendencia de tales instituciones. La idea ha tenido un principio de ejecución muy feliz. Yo mismo me dirigí personalmente a los escritores argentinos con cuya amistad y distinción me honraré siempre pidiéndoles que contribuyeran con sus obras a la formación de nuestra Biblioteca. Muchos han respondido generosamente a este llamado a su patriotismo, y entre ellos recuerdo lo¿ nombres de los señores General Mansilla que remitió veinte volúmenes, Dr. Adolfo Saldías, Dr. Estanislao S. Zeballos, Dr. Santiago Vaca Guzmán, D. Nicolás A. Calvo y la distinguida señora Juana Manuela Gorriti.

Yo he querido también asociarme a este tributo que personas ajenas a nuestra provincia rinden no obstante, a su cultura e ilustración, y he contribuido con quinientos volúmenes a la instalación de nuestra Biblioteca pública. Ella será fomentada con las publicaciones oficiales y otras que vienen dirigidas al Gobierno, y con los libros que gradualmente se obtengan por compras o donaciones.

Yo no desmayaré, señores diputados, en la tarea de dar cima a este pensamiento; y aunque la indiferencia pública y la pobreza lo amenacen, yo sabré hacer a un lado las preocupaciones, para dar satisfacción a esta necesidad de la instrucción en el mayor número de los habitantes de la Provincia. Porque estoy convencido de que el pueblo cuyo mayor número es lector, es un pueblo libre, feliz y rico. Si por algo ha triunfado la democracia sobre las monarquías es porque en la primera el pueblo lee más que en las segundas. Vuestra ley de fecha 14 de setiembre del año pasado que autorizaba al P. E. para invertir $ 30.000 en la construcción de edificios escolares en la Provincia no ha podido ser ejecutada por falta de los recursos necesarios. El pensamiento, no obstante, es de la mayor trascendencia, y él tendrá su realización cuando la situación del Tesoro público permita hacer un desembolso tan considerable.

Gracias a la buena voluntad y competencia del Presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca, y distinguido literato, D. Pedro Delheye, La Rioja cuenta con una de las publicaciones más importantes de la República: hablo de la Revista de la Biblioteca, que él dirige y que ha sido recibida por la opinión ilustrada del país como una iniciativa fecunda y digna de imitarse en cualquier Estado culto. Con ella, La Rioja realiza lo que no han podido sino efímeramente centros intelectuales mucho más populosos que el nuestro. Así se comienza a reconstruir el pasado de esta Provincia que no tiene escrita de su historia ni siquiera una página, porque sus anales se hallan dispersos a los cuatro vientos, en poder extraño, y sin que sea posible hacer comprender a los poseedores de documentos históricos cuánto beneficio producirían a la Provincia y a la República, entregando al Estado, para que pueda formar su archivo, esas reliquias inapreciables. La

Revista de la Biblioteca y el Registro Oficial, servirán, pues, de cimiento para la Historia de La Rioja, que se escribirá algún día.

VI

Hacienda

Entro ahora, señores diputados, a rendiros cuenta del movimiento rentístico de la Provincia por el año 1889, durante el cual la actual administración no ha hecho sino aplicar las leyes financieras y el presupuesto que habían quedado formulados por mis predecesores. El período gubernativo se renueva en el mes de junio, la mitad del año, y las leyes de recursos y gastos generales se dictan el año anterior. Sin embargo, la Constitución me impone el deber de informar sobre todo el año económico. Voy a hablaros con toda claridad, exponiendo las cifras que marcan los libros de contabilidad, en la certidumbre de que en materia financiera, la ocultación o las falsas combinaciones de números para aparentar mayores recursos, a nada conducen, sino al descrédito y a la ruina. El crédito a que debe aspirar todo Estado culto se cimenta sobre sus recursos verdaderos, y en un sentido más elevado, sobre la confianza que los mercados monetarios abrigan en la honradez y en la seriedad con que se manejan los caudales públicos. Creo de más expresar que se han hecho esfuerzos inauditos por disminuir los gastos, aumentar las entradas y pagar las deudas.

Los recursos generales de la provincia calculados para 1889 en $ 1.022.912.50, han dado un producido efectivo de $ 711.699.94, correspondiendo a ingresos mencionados en el cálculo de recursos, $ 689.730.99 y a imprevistos, $ 21.968.95. La disminución sobre lo calculado es, pues, de $ 311.212.56.

Comparada la renta del año 1888 con la 1889, resulta una diferencia a favor del último, de $ 451.137.12, que proviene en gran parte, de lo obtenido por venta de tierras, redención de capellanías y acciones del Banco Provincial. Estas tres partidas han producido en el año 1889 $ 424.719.30 más que el año anterior.

El rendimiento de los impuestos ordinarios e imprevistos ha sido también mayor en 1889, pues de $ 155.432.29 que produjeron en 1888, subieron a $ 181.850.11, lo que importa un aumento de 17 c/o próximamente.

Los gastos ordinarios votados para el ejercicio de 1889 subían a $ 965.040, y lo invertido ha llegado a $ 1.044.457.04, esto es, con un exceso de $ 79.417,04.

De los 18 incisos en que se divide el presupuesto, los 17 primeros autorizaban la inversión de $ 483.540, y sólo se giró por $ 246.993.88 quedando por disponer de $ 236.546.12, re* sultando en ellos una economía real de $ 105.000 próximamente, pues que lo que resta a pagarse, con imputación a los mismos, no pasa de $ 131.500,

El exceso está solamente en el inciso 18, que destinaba $ 480.000 para el servicio del empréstito exterior, cuando ha venido a costar $ 797,463.16, es decir, $ 317.463.16 más de lo calculado. La causa de esta diferencia ha sido la suba del oro, que en el tiempo del pago llegó al doble del precio calculado para su adquisición.

Los gastos en virtud de leyes especiales, acuerdos y obligaciones pendientes ascienden a $ 530.945.91, La compra del mercado “Progreso”, el contrato de empedrado y el pa* go de intereses a los Bancos, ordenados u originados por leyes anteriores, ocupan más de las dos terceras partes de esta suma. Para satisfacer las exigencias apremiantes de todas estas deudas, convenidas a plazos fijos, el P. E. ha tenido que hacer uso del crédito, porque los ingresos que sólo fueron de $ 711.699.94, no alcanzaban sino escasamente para las exigencias del presupuesto ordinario. Por la memoria del ministerio respectivo conoceréis el detalle de todas estas cuentas que yo no hago sino extractar para que pueda formarse juicio del conjunto.

El movimiento general de ingresos, contando las opera-

ciones del empréstito, cuentas en los Bancos, uso del crédito, etc. da el siguiente cuadro:

Impuestos ordinarios                       $    161.413.30

Crédito Parchappe                                2.936.81

Subvención nacional                            17.500.—

Capellanías ............................. 11.253.20

Acciones del Banco Provincial                  252.368.90

Empréstito exterior ..................... 545.094.26

Uso del crédito, etc.                            670.071.21

Venta de tierras fiscales                          266.227.73

Total               $ 1.926.865.40

De los $ 266.227.73 cobrados por venta de tierras fiscales, $ 228.675.44 lo han sido en letras con vencimientos de uno a nueve años.

El total de $ 1.926.865.40 se descompone, simplificando de la manera siguiente:

Pagado por presupuesto                   3 1.044.457.04

Leyes, Acuerdos, etc., etc.                         530.945.91

Existencia en Receptoría General'.

En documentos a cobrar, cargo Prud’hom-

me, apoderado de Chevraut                   100.000.—

Vales a la vista ......................... 2.825.64

Acciones Centro Comercial .............. 2.120.—

Letras de tierras públicas a plazos ....... 228.675.44

Letras a la vista por venta de terrenos del

Mercado autorizada por ley                    6.249.62

En efectivo ......*...................... 4.978.76

Receptorías de Campaña ................ 6.224.74

Departamento Gral. de Policía                      388.25

Total               3 1.926.865.40

El ejercicio del año 1890, comenzó con un déficit de $ 1.462.934.52, formado por las siguientes partidas:

Al Banco Provincial en cuenta corriente $    364.427.95

Al mismo, por ley de 20 de julio              818.480.87

Al Banco Nacional en cuenta corriente           29.563.64

En documentos a pagar                        273.249.08

Total                 $  1.485.721.54

A deducir:

Vales y documentos a la vista $ 9.075.26 Acciones Centro Comercial         2.120.—

Receptorías de Campaña           6.224.74

Receptoría General ........... 4.978.76

Departamento Gral. de Policía.       388.25     22.787.01

Total                   $  1.462.934.53

Quedan, además, en Receptoría General, un documento por $ 100.000, que debía abonar el señor P. Prud’homme, apoderado de don Rene Chevraut por falta de cumplimiento al contrato de empréstito de 1887 y $ 228.627.44 en letras de tierras públicas de uno a nueve años de plazo, destinadas por la ley a la amortización de la deuda externa.

Ahí tenéis, señores diputados, expuesta con el detalle que me ha sido posible, la verdad de nuestra situación financiera. Pesa sobre nuestro Tesoro una deuda que es preciso pagar, haciendo los mayores esfuerzos de economía y de trabajo para mejorar la producción de la renta pública, si hemos de iniciar obras de trascendencia para el progreso material de nuestra Provincia. Este es el plan que me propuse desde que me di cuenta del estado del erario, y así, por medio de economías de todo género y de un cuidado esmeradísimo para evitar toda malversación de fondos, la deuda había disminuido en seis meses, al 31 de diciembre, casi un 20 por ciento.

No hay, pues, por qué desesperar. La Provincia tiene recursos suficientes para sostenerse con dignidad en sus créditos; los tiene para pagar su deuda y aun para impulsar su desarrollo. Al principio nos costará sacrificios y nos privaremos de ver realizadas obras de ornato o de utilidad local;

pero estimulemos la producción de la campaña que es rica y fértil, démosle agua y comunicaciones, y ya veremos levantarse nuestra renta a la altura que necesitamos para satisfacer nuestras ambiciones de progreso.

El empréstito exterior, creado por ley de 3 de noviembre de 1887, como sabéis, es de $ 4.000.000 oro, y sobre esta cantidad se hace el servicio desde el l^9 de julio de 1888. Su realización dió como producto líquido $ 3.160.000 oro, cantidad destinada a la fundación del Banco Provincial cuyo capital fué fijado por la ley de octubre de 1888 y por el artículo 5^9 de sus Estatutos, aprobados por el P. E. en marzo de 1889, en $ 7.000.000 moneda nacional en esta forma: 4.600.000 debía suscribir el Gobierno, y 2.400.000 se destinaron a la suscripción pública. De las operaciones efectuadas por el Banco, y según se desprende de sus libros, el Gobierno ha podido satisfacer $ 3.770.261.44, y la suscripción pública hasta la fecha, sólo alcanza a $ 70.000. Queda, pues, un saldo de $ 829.738.56, a cubrirse por el Gobierno, y $ 2.230.000 por el público.

El Directorio del Banco aconseja en su memoria al 31 de diciembre de 1889 la disminución del Capital a $ 4.000.000, fijando $ 3.500,000 al Gobierno y $ 500.000 al público, pero debiendo expirar el 30 de este mes el último plazo fijado para la suscripción, y no alcanzando ella sino a $ 70.000, el Capital del Banco debe reducirse a $ 3.500.000, cantidad suscrita y cubierta por el Gobierno.

El servicio del Empéstito es de $ 140.700 oro semestrales, y ha sido hecho con puntualidad, habiéndose pagado hasta la fecha $ 422.100 oro. Esta cantidad ha sido disminuida por $ 1.614.44, producto líquido del Banco del año 1888, en que abrió sus operaciones al público el 12 de octubre; por $ 252.368.90 que corresponden al Gobierno en las utilidades del mismo el año 89, y por $ 33.717.19, importe del pago de letras por venta de tierras públicas. El servicio de intereses en el empr;stito autorizado por vuestra ley de 19 de julio de 1889, también se ha hecho con regularidad* ascendiendo ellas a $ 68.233.37, sobre $ 800.000.

La cuenta ordinaria del Gobierno con el Banco Provincial al 30 de abril del corriente año, arroja un saldo deudor de $ 483.175.11, cuyo detalle es éste:

Jirado hasta el 24 de junio del 89         $ 141.397.54

Intereses sobre ambos empréstitos               113.930.77

Intereses sobre la cuenta ordinaria               24.471.99

279.800.30

Jirado hasta el 30 de abril del 90          & 203.374.81

483.175.11

más un saldo de $ 4.570.50 que ha sido girado en descubierto por la Tesorería de la Provincia.

De $ 203.374.81 que aparecen girados desde el 24 de junio al 30 de abril del 90, 130.371.06 han sido para satisfacer obligaciones pendientes de la administración anterior; de modo que la actual administración sólo ha hecho uso del crédito en el Banco Provincial por servicios nuevos, por valor de $ 73.003.75, originados por leyes especiales y acuerdos indispensables, que serán sometidos oportunamente a vuestra aprobación.

Cumpliendo con el artículo 61 de los Estatutos, el P. E. suprimió la Tesorería Provincial pasándola al Banco el cual desempeña esas funciones desde enero del corriente año.

La marcha del Banco es regular, y según se desprende del balance de 30 de abril del corriente, la utilidad que da durante el primer trimestre transcurrido, es de $ 100.000 próximamente sólo en intereses y descuentos ordinarios, y prescindiendo de los intereses de los Fondos Públicos Nacionales de 4 *4 % oro sobre $ 3.000.000 que deberá abonar al Gobierno de la Nación.

Los esfuerzos del Gobierno se han dirigido muy especialmente a mejorar los sistemas de impuestos y de su percepción, con la mira de abarcar toda la propiedad privada que quedaba libre de contribución cada año, y de que el contribuyente no cobrara miedo al avaluador, sobre el que cae gran parte de la responsabilidad y el éxito de la tarea. Porque si procede con crueldad levantando exajeradamente el precio de la propiedad para obtener mayor rendimiento, matará el trabajo y la producción, porque el propietario preferirá cederla sin ganancia a trabajarla sin provecho; y si por el contrario, procede con demasiada benignidad, rebajando los valores a la nada, producirá el efecto quizá más lamentable, de depreciar la propiedad general y dejar el tesoro exhausto por un mal entendido espíritu de equidad. En estas materias, equidad es la palabra. La avaluación no debe aumentarse muy alto, ni descender de modo que haga nula la existencia del Gobierno. El criterio del avaluador, —que debe conocer por experiencia la importancia económica de los bienes avaluados,— es pues, casi el todo en este delicadísimo aspecto de la administración pública. El propietario que ha podido un año satisfacer cómodamente su cuota, se siente estimulado para extender su trabajo al año siguiente, y se adelanta a pagar su impuesto, satisfecho del rendimiento de su industria o de su profesión. El Tesoro público gana entonces con el aumento general de la materia imponible, lo que perdió momentáneamente en la tasa baja de la avaluación.

Las distancias que separan las poblaciones unas de otras, la falta de un mapa catastral que permita conocer con toda exactitud cada propiedad y su valor, la carencia y dificultad de los medios de comunicación, hacen que la avaluación de la propiedad raíz y moviliar, y la percepción de los diversos impuestos, sea asunto de la mayor dificultad, en algunos puntos de la Provincia imposible, y en todos los casos onerosa para el erario por los gastos de recaudación que crecen en proporción a las dificultades materiales. Por todo esto, un cálculo exacto del producido de la renta es imposible, y de aquí vienen las grandes diferencias entre lo calculado y lo recaudado en cada ramo, aumentadas un tanto con ese criterio optimista que lleva a todo administrador a esperar siempre mayores resultados que los que están en la naturaleza de las cosas.

La demora consiguiente a las distancias y a los medios de transporte, es uno de los graves inconvenientes para la marcha puntual de la renta en su evolución administrativa. Los errores y las faltas de cualquiera especie que cometan los agentes del Gobierno, tienen su corrección demasiado tarde, y la dirección de la autoridad central tiene que ser también, por lo mismo, demasiado lenta; de todo resulta que la renta viene a las Cajas del Estado cuando ya las necesidades son apremiantes y a veces angustiosas. ¿Qué hace el Gobierno en la espectativa, y con qué responde a la exigencia de las necesidades inmediatas? La primera idea es acudir al crédito, que si bien es un simple adelanto sobre sus propios recursos, trae aparejado un interés que no existiría si la recolección se verificara con la puntualidad que exigen las obligaciones diarias. Los recargos en las deudas son la consecuencia inmediata de semejantes situaciones.

La tarea del administrador consiste, por lo tanto, en conseguir que la avaluación se practique con las menores excepciones posibles, que la recaudación se realice infaliblemente en los plazos que la ley señala para responder a las obligaciones del Estado, para poder hacer sus pagos con la puntualidad debida. Este ha sido el plan que el P. E. trató de llevar a efecto al confeccionar las leyes fiscales que rigen este año. Para esto comenzó por crear la Receptoría General o sea Dirección de Rentas, dando así a esta parte de la administración un personal especial que se ocupará exclusivamente de todo lo que se refiere a la percepción de la renta. Se separó, pues, esta tarea de la Contaduría General, recargada en exceso con el movimiento interno. La nueva oficina tiene su reglamento y su contabilidad especiales. Las leyes de contribución han sido reformadas en aquellas materias que la experiencia propia y extraña ha demostrado ser defectuosas, y han quedado subsistentes las que, dictadas en años anteriores, no han necesitado reforma, o que por falta material de tiempo no han podido ser estudiadas y modificadas.

Tengo por el resultado de estas medidas en el presente año económico, las más fundadas esperanzas, y porque en el próximo mensaje, podré demostrar con cifras un progreso en la legislación fiscal; aunque, a decir verdad, la crisis que aflige la República me hace temer a la vez un descenso en el monto de los recursos de 1890. Pero antes que ella se produjera, y en vista de la capacidad económica de la Provincia, ya el presupuesto había sido reducido a casi la mitad del año pasado, suprimiendo partidas sin aplicación alguna, o que por su género pertenecen al dominio de las leyes especiales. El presupuesto de 1889 alcanzaba a la suma de $ 965.040.00; el de 1890 sólo llega a $ 728.277 y aún creo que, con las economías realizadas por el decreto de 12 de abril y otros decretos y acuerdos posteriores los gastos ordinarios quedarán reducidos todavía a dos terceras partes de esta última cantidad. Además, nuevas fuentes de recursos que creasteis vienen a aumentar las probabilidades de éxito. Citaré entre ellas la ley de impuestos municipales, que aunque por su naturaleza deben destinarse sólo al sostenimiento de la naciente institución comunal, este año se cuenta entre los recursos ordinarios del presupuesto, porque aún ella no tiene por la ley la independencia que le será acordada necesariamente más tarde. El resultado de este año nos demostrará si los impuestos bastan para dar a la Municipalidad la autonomía que necesita para desarrollarse con fuerza propia, y derramar sobre esta Capital los beneficios que entraña por su índole y su carácter.

Dadas, pues, estas medidas que afectan el fondo de nuestra administración financiera, y las que vendrán en seguida para cimentar más todavía la obra comenzada, espero, —y es mi suprema aspiración,—• que cuando abandone este puesto que tan inmerecidamente se me ha confiado, la situación de la Provincia será desahogada, su deuda será chancelada, y podrá recién entonces entrar en una vía amplia, metódica y segura, de progresos económicos. Recién entonces podrán venir a la dirección de nuestros negocios públicos inteligencias poderosas y nutridas de conocimientos que conciban y desarrollen con facilidad planes fecundos de administración fundados en la ciencia y en la experiencia. Porque el talento del estadista es como la locomotora, que no muestra su poder de tracción ni su velocidad, si no la colocáis sobre la base de acero que anula la resistencia y da amplia libertad a la fuerza motriz. Yo no soy, señores diputados, sino el humilde obrero que con el hacha, la pala y la azada trata de abrir el camino para que las generaciones venideras marchen sin obstáculos a la dicha que nosotros no alcanzamos. Esas esperanzas no son tan remotas, sin embargo. Tres líneas de ferrocarriles se dirigen en estos momentos hacia la Ciudad, surcando previamente nuestra rica y fértilísima campaña, y tengo la firme convicción de que antes de retirarme al silencio de mi hogar, podré señalaros ya muchos de sus grandes beneficios.

Para aprovecharlos con ventaja debemos ir desde ahora perfeccionando nuestra legislación fiscal, y especialmente la que se refiere a la renta pública; introduciendo la simplicidad y el método en nuestro sistema de impuestos y gastos; acostumbrándonos a la economía racional, que no paralice el desarrollo de nuestras fuerzas colectivas; fundando una situación financiera estable y exenta de conplicaciones que dificulten nuestro crédito, para cuando llegue la hora económica de usarlo con la amplitud y la seguridad debidas; en una palabra, debemos ir preparando nuestra reserva para aplicarla de lleno a la producción de nuestros campos, de nuestros colosos metálicos, de nuestras industrias hoy latentes.

Honda perturbación ha causado en nuestro desarrollo económico la crisis porque atraviesa la República, producida precisamente en el momento de mayor expansión de los negocios y de las industrias que dan vida al Estado e impulso a la renta. Sus causas han sido manifestadas ya por el Excmo. Señor Presidente de la República en su mensaje del pasado mes, ante el Congreso Nacional: “la rapidez vertiginosa de nuestro progreso; la expansión excesiva del crédito y sus abusos; la especulación extremada en el agio, en las sociedades anónimas, en el precio de la tierra y en la creación de valores ficticios...” La escasez de moneda circulante y su depreciación, colocó a los bancos en difícil situación de poder seguir sirviendo los intereses del comercio y de las industrias, paralizando las fuentes de recursos de que el Estado se provee para sus necesidades ordinarias. El Gobierno Nacional inició una política de economías que operó inmediatamente en contra del mal. Pero yo comprendí que esa política, para ser más eficaz, debía ser secundada por todos los Gobiernos de Provincia, para producir la reacción en todos los órdenes de la economía nacional; porque la unión estrecha que existe entre las provincias y la Nación, y su solidaridad de intereses, hace que la más apartada de aquéllas sufra las influencias benéficas o adversas de la buena o mala situación financiera de ésta; La Rioja fué la primera en asociarse a este movimiento salvador; y su actitud le ha valido los aplausos de la opinión seria y sensata del país, representada por la prensa, la que sin distinción de colores políticos, ni de nacionalidad, le ha enviado su palabra de aliento. La Rioja, siempre compadecida por los que no conocen su energía para el sufrimiento y su temple de acero para resistir la miseria; La Rioja, que como dijo en 1870 un gran estadista argentino, “tanto ha sufrido y hecho sufrir a las otras con los males que la ignorancia engendra”, La Rioja, que hasta ayer ha recibido un subsidio de la Nación para cubrir su presupuesto ordinario, es la primera en pagar su deuda sagrada de gratitud, despojándose, de un pedazo de su humilde traje como los soldados de San Martín, para concurrir a la obra de la salvación común.

Con ese objeto se dictó el decreto de fecha 12 de abril del corriente, que disminuye al presupuesto de este año la suma de $ 117.343.58 que añadida a la que importa la supresión de gastos creados por leyes especiales para obras públicas; los contratos pendientes por gruesas sumas de dinero y las concesiones para obras de utilidad, hace montar las economías en nuestros gastos ordinarios y extraordinarios a la cantidad de $ 832.632.58. Ultimamente nuestra crisis local ha recrudecido, amenazando gravemente los recursos del Estado. El Gobierno, entonces, dictó el decreto de fecha 19 del mes que ha concluido, suprimiendo ya sueldos y gastos más importantes, siendo de notar el hecho que habla tan alto en favor de nuestro patriotismo, de que casi todos los empleados afectados por tales supresiones han renunciado desinteresadamente la remuneración a sus servicios, que siguen prestando honoríficamente. Agregado ésto a la suma anterior, nos dá, pues, una economía general de $ 900.000 aproximadamente. Economía real y verdadera, porque importa libertar el Tesoro público de erogaciones ordenadas por leyes y por contratos que han dado derechos a los particulares; economía real y verdadera, porque el Gobierno se ha salvado de obligaciones onerosas que pesaban sobre sus espaldas desde hacía mucho tiempo sin esperanzas de liberación, y porque privándose de ejecutar obras públicas decretadas, ha aligerado la carga del porvenir, permitiendo asegurar el presente; economía real y verdadera, porque suprimiendo gastos ordinarios y extraordinarios se pone en disposición de atender el servicio de sus deudas externa e interna con la seguridad de no faltar a sus compromisos.

Completemos la obra de la previsión dedicándonos al trabajo reproductor; empleemos ahora nuestras fuerzas y nuestra iniciativa en arrancar a la tierra el oro que nos falta; esforcémonos en llegar alguna vez a colocar nuestra cifra en la gran cantidad de la exportación nacional. En vez de comprar las tierras para especular con la suba más o menos caprichosa de su precio, empleemos nuestras reservas, nuestros ahorros en poblarlas de ganados y en llenarlas de semilla donde sean propicias, en vez de emplear nuestro dinero en proporcionarnos comodidades más o menos semejantes al lujo; asociémoslo al de nuestro vecino, ocupándolo en canalizar nuestras numerosas vertientes de agua que han de aumentar nuestra fortuna en menos tiempo del que precisamos para correr tras de un comprador que especulará a su vez del mismo modo; y ahora que la situación de nuestra Provincia es tan difícil, mirémosla como un pedazo de la patria, —aquel en que hemos nacido,— y aunque sea privándonos de parte de nuestras comodidades, acudamos en su auxilio para salvar su crédito que es la gran riqueza que le está reservada por el porvenir.

Nuestra tierra está llena de tesoros inexplotados, nuestras montañas pueden suministrar oro y plata para amonedar la América y la Europa, y fierro para las más grandes fundiciones y fábricas del mundo; nuestros llanos aventajan en fertilidad y vigor de producción a las más ricas zonas agrícolas de la República; nuestros valles del Oeste y Norte donde los manantiales de agua salen al encuentro del viajero, producen los cereales y los árboles frutales más corpulentos y nutridos de savia: todo esto nos está diciendo que lo que aquí falta no es más que duplicar el trabajo, que cura todas las heridas históricas y regenera todos los pueblos empobrecidos por la ignorancia o el abandono.

Cuando por invitación del Presidente de la Sociedad Rural Argentina, el P. E. comenzó a tomar medidas para que la Provincia pudiera concurrir a la Exposición Internacional de Agricultura y Ganadería, que se ha inaugurado en la Capital Federal el 4 del mes que ha terminado, no se me ocultó la enorme dificultad de conseguir ese objeto; pero he seguido sin desmayar en la tarea de organizar una Exposición Provincial puramente, que mediante grandes sacrificios, inauguraremos el 24 del corriente. La trascendencia de este acto no puede ponerse en duda. Será la primera vez que se celebre en nuestra provincia una fiesta industrial de este género, en la que podremos conocer con mayor o menor exactitud nuestro nivel como pueblo productor, y despertar el estímulo por el trabajo de la tierra, que es la única base inamovible de la riqueza general. No revestirá ciertamente este acto un esplendor que no diría en relación con la humildad de nuestros recursos. Somos un pueblo modesto, pero que trabaja sin ruido en su taller; y justo es que obtenga su premio y que se sepa dentro y fuera de la República que no se entrega colamente al ocio como se cree porque jamás nos hemos preocupado de mostrar a los extraños que vivimos del trabajo de nuestras manos, que somos una entidad económica, y que algo pesan en la fortuna pública nuestros frutos y nuestra labor. El P. E. tiene el propósito de remitir los objetos al Museo de Productos Argentinos de la Capital, que comienza ya a llamar la atención del mundo industrial porque se está viendo que allí se puede conocer el estado de riqueza de todas y cada una de las provincias. La Rioja no se halla representada allí sino por algunas muestras de mineral cuya importancia nadie ha controlado antes de salir de nuestras minas. Y sea cual fuere el juicio que pueda formarse hoy de estos esfuerzos, espero con la fe que no me abandona jamás que mediante ellos vamos a comenzar recién a ser considerados como un pueblo digno y capaz de atraer brazos y capitales extranjeros.

Nuestra industria minera sigue progresando con lentitud a causa de los escasos y pesados medios de transporte de que dispone. Ella no prosperará real y verdaderamente sino con los ferrocarriles que facilitan la exportación, abaratan los fletes y aseguran el mercado. En el Congreso y en la prensa no he dejado un momento de llamar la atención del país y del extranjero en favor de nuestra grande industria, y puedo aseguraros que no son extraños a esta propaganda los ferrocarriles que vienen ya en dirección a nuestro famoso mineral. Nuestras minas trabajadas con el auxilio de la ciencia moderna y del ferrocarril, bastarán a transformar en un día la faz económica de la Provincia, y quizá no soy aventurado si agrego, de la República. Por hoy ellas se conservan en poder de sus dueños tradicionales, los que, una vez favorecidos por la vía férrea, comenzarán fatalmente a explotarlas en grande escala, so pena de perderlas a favor del industrial extranjero que vendrá con sus poderosas máquinas a revolver la entraña de nuestros colosos minerales. E. P. E. ha creído conveniente no introducir, con una legislación aventurada, fundamentales trastornos en las costumbres mineras ni en las prácticas legales heredadas de lo antiguo, y como una prueba de su acierto, puedo citaros la ineficacia del Código de Minería que no encontró aquí elementos de aplicación. Cualquiera legislación que viniera hoy a cambiar la costumbre de adquirir y conservar la propiedad minera, no haría sino despojar a los unos para atizar la codicia de los otros, siempre dispuestos a lanzarse sobre la mina ajena por medio del denuncio, fundado en el abandono supuesto o real del actual propietario. No haya temor: nuestras minas, las más ricas de la República, tendrán ya muy pronto su despertar cuyo influjo regenerador se sentirá en todo el país.

Puedo comunicaros la buena nueva de que el “Banco Agrícola Territorial” cuyo planteamiento concedisteis a los señores Miguel Silva y Julio F. Sandoval, será establecido y abrirá sus operaciones mucho antes del plazo fijado por la ley concesionaria de fecha 22 de noviembre de 1889. Sus operaciones de crédito agrícola y minero, importan abrir un nuevo horizonte a tan importantes ramos del trabajo. La Rioja será agricultor a, ganadera y minera, y no está lejos el día en que ocupe un nivel elevado en la categoría de los pueblos más industriales y productores.

VII

Obras públicas

Es con razón el principal cuidado de toda administración, iniciar y llevar a cabo la construcción de obras de utilidad o de ornato que perpetúen su recuerdo y que procuren al pueblo verdaderos progresos materiales. En esto se cimenta casi siempre la reputación de un gobierno y se hace consistir la fama de los hombres públicos. Son felices ciertamente los pue pueden entregarse sin medidas a estas mejoras tan deseadas y tan necesarias. Yo comprendo cuánto puede hacerse entre nosotros, pues que aún nos falta mucho que marchar en ese camino; pero también comprendo que no puede emprenderse todo cuando los recursos son limitados. Hay, pues, que sujetarse a un método, y éste ha de ser indicado por la clase de necesidades más apremiantes. El P. E. ha prestado atención, —en la medida de sus fuerzas, y tratando de no desequilibrarlas o agotarlas de un golpe,— a casi todos los géneros de obras públicas más reclamadas por el progreso general, rural o urbano, y este capítulo está destinado a daros cuenta de lo que se ha realizado o está en vías de realizarse por acción directa del Gobierno o por su iniciativa y protección.

La formación del catastro general de la Provincia fué la primera idea que me propuse llevar a la práctica, porque tengo la más profunda convicción de que él es la base de la renovación económica, de esta Provincia. El P. E. aprovechó, pues, la iniciativa de una sociedad particular que se proponía emprenderla, y os recomendó la solicitud de los señores Antenor Galindez y Cía., quienes obtuvieron la concesión por la ley de 18 de octubre. La empresa preparaba sus elementos de trabajo, cuando la crisis general se produjo, y aunque sacrificando uno de los progresos más vitales, esa obra quedó suspendida por el decreto de 12 de abril del corriente año, dictado en previsión de dificultades financieras locales que no tardaron en presentarse. Queda, pues, iniciada por segunda vez esta obra, y por segunda vez sin efecto. Ella será realizada a no dudarlo en un porvenir más o menos próximo, cuando circunstancias más propicias favorezcan los propósitos regeneradores de nuestros gobernantes.

El telégrafo provincial cuya construcción fué concedida por ley de 9 de agosto a los señores Daniel de la Vega y Cía., y cuyas ventajas os hice presente en el mensaje especial que acompañaba la propuesta, se baila en camino de realizarse. Al fin, después de muchos meses de demora en la conducción de los materiales, a causa del mal servicio de los ferrocarriles, todos los elementos para la primera sección se hallan ya acumulados, el trazado de la línea está hecho, y de un momento a otro los trabajos darán comienzo.

Los trabajos de construcción del ferrocarril Provincial de San Martín a La Rioja, concedido a los señores Laforgue y Cía., han sido suspendidos por causa de las dificultades que a la marcha de todas las grandes empresas ha traído la situación financiera actual. Pero habiéndose hecho gran parte de la obra, y según informes de la empresa misma, puedo esperar que ella llegará a su término en un año más. Soy de opinión que debéis modificar las bases de esa concesión sobre principios más racionales y armónicos con nuestros recursos; metodizar un tanto las operaciones y las obligaciones de la Empresa y del Gobierno, que de las leyes, decretos y contratos de concesión se desprenderán más tarde. Esas modificaciones restrictivas y de simplificación, contribuirán eficazmente a que el ferrocarril llegue a su término, ya porque el Gobierno podrá satisfacer sus compromisos, ya porque la empresa misma podrá solucionar con mejor éxito las dificultades que la embarazan transitoriamente. El P. E. os propondrá bien pronto las reformas mencionadas de acuerdo con la empresa, pues que vuestras leyes anteriores y los contratos que en su consecuencia han sido firmados por el P. E. han creado derechos que sólo podrán derogarse con el asentimiento de sus dueños.

Vuestra ley de fecha 24 de agosto autorizaba al P. E. para hacer los gastos que fueran necesarios para que la Provincia pudiera concurrir a la Exposición Internacional de Agricultura y Ganadería en la Capital de la República, y para abrir previa y provisoriamente en esta Ciudad una Exposición local de los objetos con que debía verificarse esa concurrencia; y aunque ya os he hablado de este asunto bajo su faz económica, quiero informaros de lo que se ha hecho en el sentido de las obras que ha sido preciso realizar con ese objeto. El Gobierno haciendo uso de las atribuciones de la ley citada, autorizó a la Comisión Directiva de la Exposición Provincial para adquirir en el Rosario de Santa Fe y en Buenos Aires los materiales de construcción de la casa en que deben exhibirse los objetos recolectados. Hoy se construye en el paraje más pintoresco de esta Ciudad un edificio sencillo pero suficiente, con algunos pequeños accesorios que le convertirán después de clausurada la Exposición, en el verdadero y único paseo público de esta Capital. Después de concluido, o de que él adquiera formas definidas, sus diversas instalaciones serán dadas en arrendamiento por precios convenientes, de modo que su renta devuelva al Gobierno gradualmente lo que ha costado su construcción. Las cuentas del dinero invertido en esta obra os serán presentadas una vez que ella llegue a su término.

Comprendiendo que la acción material del Gobierno debía dedicarse preferentemente a desenvolver los intereses rurales, apenas me hice cargo de él, me dirigí personalmente por medio de un documento que ha visto la luz pública a las autoridades de campaña, pidiéndoles informes sobre las necesidades más urgentes de los Departamentos a su cargo; y todos han contestado con un empeño que les hace honor, manifestando con notable uniformidad, que las necesidades generales son obras de irrigación y caminos que faciliten sus comunicaciones. Respondiendo a este sentimiento general, el P. E. se ha preocupado de encontrar una fórmula que permita realizar esas obras con el menor costo posible, y aun ha llevado a cabo algunas en las regiones más importantes o próximas a la Capital, como lo veréis en seguida.

La ley de 3 de octubre autorizaba al P. E. a contratar con una empresa particular la reconstrucción de los caminos del mineral de Famatina, que era reclamada por todo el gremio minero con harta razón. En consecuencia el contrato se firmó en las condiciones de la ley con los señores Salviano Herrera y Cía., quienes se pusieron a la obra inmediatamente. El Gobierno colocó esos trabajos bajo la inspección del sabio ingeniero D. Emilio Hüniken, quien ha informado ya hallarse terminada la primera sección que consta de 36 kilómetros. Se han reemplazado las sendas intransitables por verdaderos caminos de un metro de ancho donde pueden circular con toda comodidad las tropas de muías que conducen los metales a los establecimientos de fundición.

Cumpliendo con la ley de 3 de octubre que ordenaba practicar los estudios de un canal desde Sañogasta a Nono-gasta, en el Departamento Chilecito, se encargó de ese trabajo al ingeniero señor Esteban Delsol, quien ha presentado su trabajo concluido que se halla al estudio del Departamento Topográfico. La población de Nono gasta, una de las más antiguas de la Provincia, exclusivamente viticultora y agrícola en general, va perdiendo cada día su fuerza productora a causa de la escasez del agua; y ahora que el ferrocarril va a llegar a su seno, es urgente realizar esa obra que bastará para volverla a su esplendor pasado y encaminarla al rápido progreso que le está reservado. El P. E. os pedirá bien pronto autorización para emprender el trabajo en condiciones que no impongan al erario erogación sensible.

Necesidad de igual especie, aunque de mucho mayor importancia, ha puesto al P. E. en el caso de mandar hacer los estudios de un dique y canal en Chilecito, que permitan recoger en el punto de la montaña de Famatina llamado “Puerta de la Quebrada”, el agua que bajando de las altas cumbres se pierden en las arenas al salir al valle. El canal hará posible el riego húndante en toda la población de Chilecito, y en los pueblos adyacentes de Sarmiento, San Miguel, Puntilla y Anguinán, verdaderos centros de producción agrícola, y que casi siempre se ven expuestos a la seca que diezma sus cultivos. La ley que autorice esta obra de tanta trascendencia para la Provincia, debe basarse sobre los mismos principios que la anterior, las que os serán sometidas luego en proyecto. Estos estudios encomendados al Sr. Guillermo Treloar están definitivamente concluidos.

En cuanto respecta a las obras de irrigación y caminos que reclaman los Departamentos del Oeste, —Famatina, La Madrid, Lavalle y Sarmiento,— ha sido encargado oficialmente el mismo Sr. Hüniken para estudiarlos y proyectarlos en la forma más sencilla y consultando la más estricta economía. Aún no se tiene comunicación alguna del resultado de esta comisión, lo que atribuyo a la falta de tiempo, pues el comisionado ha tenido que ocuparse casi exclusivamente de la inspección de los caminos del mineral, que construyen los señores Salviano Herrera y Cía.

La irrigación de los Departamentos del Norte, —Villa Bustos, Castro Barros, Arauco y Sauces—, ha sido también estudiada, aunque no definitivamente, pero si lo bastante para poder formar concepto de la utilidad de los trabajos requeridos. En algunos parajes las obras serían de un costo demasiado subido, de modo que serían precisas sumas de dinero de que el Gobierno de la Provincia no podría disponer, y para lo cual piensa recabar del Honorable Congreso de la Nación vote las cantidades que requieran los estudios definitivos y su construcción. De esta manera se lleva a cabo actualmente la canalización del arroyo de Villa Anillaco, aunque en su mayor parte con los recursos asociados de los vecinos. La primera sección del canal, que consta de 500 metros ha sido inaugurada, y se continúan los trabajos de la segunda. Hay que poner de manifiesto esta patriótica y juiciosa actitud de los particulares que a tan hermosos resultados conduce. Si en todas las poblaciones de la campaña pudiera conseguirse la asociación de los recursos privados para emprender obras públicas de utilidad local, contribuyendo el Gobierno sólo en la medida de sus recursos, podría transformarse el aspecto de nuestra tierra en pocos años, y siempre con alivio y holgura para el Tesoro Provincial.

Los Llanos tienen su fisonomía propia y especial. Privados en sú mayor extensión de corrientes superficiales que puedan canalizarse, el sistema de las represas se ha impuesto en ellos desde muy antiguo y se construyen de dimensiones colosales que bastan para abrevar grandes cantidades de cabezas de ganado y aun para el cultivo. Su parte montañosa posee arroyos de agua permanente y manantiales riquísimos en crecido número, susceptibles en alto grado de ser aprovechados y reforzados con obras de un valor relativamente insignificante, mucho más, si se consiguiera la cooperación de los particulares para costear las obras. El P. E. no ha perdido de vista la importancia que toma cada día esta región de la Provincia, —la más apropiada para los grandes cultivos y criaderos de ganados,— y la que tomará muy pronto con la llegada de dos ferrocarriles importantísimos, el de Deán Funes a Chilecito que ya llega al centro de la región Este, y el de Villa Mercedes a La Rioja que se acerca ya a nuestro territorio; en consecuencia ha encargado a una persona competente que estudie las obras más necesarias y primordiales, aconsejando la adopción de proyectos más adecuados al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Parece ya ser un hecho indudable la existencia de poderosas corrientes subterráneas fáciles de atraerse a la superficie por medio de los pozos artesianos; y sería de verdadero júbilo para toda la Provincia el día en que pudiéramos verlos instalados en esa privilegiada región del territorio. El P. E. ha recibido ya propuestas en este sentido, que se os comunicarán cuando haya encontrado los medios de llevar esas obras al terreno de la práctica. Por lo demás, los caminos que ordenasteis abrir por vuestras leyes de 28 de agosto y 9 de setiembre fueron sacados a licitación, y el de Tama a la Cruz de los Carriles se trabaja con la mayor actividad. En previsión del incremento repentino que tomarán las poblaciones que tocará bien pronto el ferrocarril de Deán Funes a Chilecito, se han mandado delinear las Villas del Chañar y Chamical, y sucesivamente se hará lo mismo con las demás que se hallan en iguales condiciones. La propiedad de esta región se señala notablemente en estos últimos tiempos, a la sola proximidad de la vía férrea, y muy luego será ella el emporio de nuestros ganados y cereales.

La Capital ha recibido también un vigoroso impulso, gracias a las obras que sancionasteis para su ensanche, y otras de cuyos resultados os doy cuenta a continuación. Al amparo de vuestra ley de mejoras urbanas, de fecha 4 de noviembre, la Oficina Municipal ha realizado notables cambios en el aspecto de la ciudad. El boulevard “Sarmiento” de 20 metros de ancho se halla abierto en una extensión de trece cuadras, faltando sólo tres para unirse al boulevard norte proyectado, y que llevará el nombre de “Juan B. Alberdi”. Han sido abiertas, ensanchadas o rectificadas las calles Córdoba, Santa Fe, San Martín, Constitución, Chaco, Litoral y Salta. La calle Corrientes, la más irregular y tortuosa, se trabaja y será continuada hasta las Compuertas. El empedrado se continúa hasta terminar las cien cuadras del contrato. Pero sobre lo que quiero llamar espcialmente vuestra atención es el aumento de la edificación particular. Las solicitudes que ha recibido en este sentido la oficina municipal desde julio del 89 a abril del 90, ascienden a 327. Se han concedido 1309.77 metros para edificios, 6.740.76 para veredas y 1445.58 para murallas. Este movimiento sería infinitamente mayor si fuera posible conseguir los materiales de construcción con prontitud y baratura. La madera es lo que más escasea, y teniendo que comprarla en el Rosario de Santa Fe o Buenos Aires, se sufre enormemente la demora de los ferrocarriles hasta Chumbicha.

Aleccionados por la experiencia, que puso en peligro una gran parte de la Ciudad a consecuencia de las grandes crecientes del Oeste que rompió el tajamar a principios del año pasado, el P. E. solicitó autorización para reconstruir el dique de defensa que existe desde hace mucho tiempo. Se ha concluido esta obra, de un tipo sencillo, si se quiere rudimentario, pero que llena temporalmente los objetos que se tienen en vista. Una obra de mampostería costaría quizá gruesas sumas de dinero que no creo prudente emplear por ahora, mucho menos si se tiene en cuenta que no hemos resuelto todavía el problema de si conviene o no alejar de ese sitio, por obras más distantes, la necesidad del dique.

La empresa Laforgue y Cía., tiene, además, concedidas las obras de luz eléctrica, tranvía, aguas corrientes y una gran avenida que continuando la calle Córdoba, con un ancho de veinte metros, llegue a las faldas de la Sierra de Velazco, donde deberá construirse un paseo público que sea como la base de una población futura, que a llegar a realizarse sería una de las más pintorescas de la República por su situación y ventajas excepcionales. Los Sres. Laforgue y Cía. dieron comienzo a tan grande obra, y habían adelantado mucho en su tarea, cuándo la crisis financiera que les obligó a suspender la construcción del ferrocarril, afectó también estos trabajos. No obstante creo que, por lo menos la Avenida será terminada, sirviendo así de atractivo a la población hacia la parte más hermosa e higiénica de la Capital.

El camino que la ley de 23 de julio ordenaba reconstruir, desde esta ciudad a Chilecito, a través de la serranía del Oeste, fué concluido a satisfacción del P. E. y del público que reconoce sus ventajas. El Sr. D. Aurelio Galindez obtuvo la concesión y realizó la obra sin excederse en lo calculado. En los parajes denominados “Yacuchil” y “Saladillo” se ha construido habitaciones sólidas y espaciosas para abrigo de los numerosos viajeros que transitan ese camino.

Se ha terminado también por el mismo empresario, quien obtuvo la obra por licitación, la reconstrucción del camino carretero de esta Capital a Villa Bustos o Sanagasta, pueblo que atrae ya las familias que van en busca de descanso en la estación de verano. La ley de setiembre 3, autorizaba esta obra.

Las obras que se realizan por cuenta de la Nación, esto es, el canal que construía D. Arturo Castaño, la refacción y ensanche del edificio de la escuela Normal de Maestros, se hallan suspendidos desde hace algún tiempo. El Colegio Nacional tendrá un edificio nuevo y de grandes proporciones, en el sitio que ocupa el antiguo, pero aún no se han iniciado las ohras.

Con fecha 12 de agosto el P. E. expidió un decreto declarando abierto al servicio público el nuevo Matadero construido por los Sres. Justo Herrera y Cía., por concesión anterior; y el 10 de mayo próximo pasado se tomó igual resolución con el Mercado y Matadero de Chilecito, construidos por la empresa Laforgue y Cía. por concesión de fecha 23 de octubre de 1888.

Además, por acuerdos especiales se ha autorizado a algunos comisarios de la campaña para hacer refacciones o pequeñas obras en sus Departamentos, de cuyo detalle os impondrá la Memoria general de ambos ministerios que os será presentada en breve.

El Departamento Topográfico trabaja con regularidad. Durante el tiempo que lleva de existencia ha aprobado treinta y seis mensuras judiciales que representan una superficie total de 1.824.494 hs., 45 áreas 93 metros y 37 dms., y quince mensuras fiscales representando una superficie total de 453.643 hs., 54 ás., 92 mts. y 72 des. Ha intervenido con la competencia suficiente en los estudios y construcciones que se han verificado por cuenta del Gobierno o bajo su protección. Tiene a su cargo el registro de las propiedades y minas de toda la Provincia, porque las leyes respectivas así lo establecen.

El Gobierno de la Provincia ha sido invitado por el Presidente de la Sociedad Rural Argentina para concurrir con los datos que pudieran recogerse a la confección del Mapa General de la República, a fin de tener en él el lugar que le corresponda. En consecuencia se nombró una comisión compuesta de los Sres. Contador General, Jefe del Departamento Topográfico y Tesorero General, entonces, la que se ocupa de su misión con el empeño que tan importante obra merece.

Con fecha 5 de noviembre y respondiendo al pedido de la Comisión Directiva del Museo Permanente de Productos Argentinos de la Capital Federal, para que el Gobierno de la Provincia nombrase una Comisión en ésta, con los mismos propósitos de aquélla, se dictó un decreto por el que se da carácter permanente para ese objeto a la Comisión que dirige y prepara los trabajos de la Exposición Provincial.

Señores diputados: Dejo aquí trazado el cuadro general de la administración pública con todo el detalle posible, con toda la claridad con que se ha presentado a mi espíritu, y con toda la verdad a que está obligada mi conciencia de hombre privado y de Gobernante. Sé que este documento reviste proporciones inusitadas en los de su carácter, y que este hecho sería quizá censurable si no nos encontráramos en el principio todavía de nuestro desenvolvimiento institucional, económico y administrativo, en que todo se piensa, se inicia, se proyecta, ya sea en el dominio de las ideas, ya en el de los hechos, y por último, si no fuera justo que el gobernante que ama a su pueblo, que estudia su porvenir y su vida, y que busca en la ciencia la solución de sus grandes problemas sociales, tenga siquiera el derecho de abrir su alma ante sus conciudadanos, comunicándole sus ambiciones patrióticas, sus ideales de grandeza, sus planes de gobierno, con los que cree rendir a su patria el alto tributo de su gratitud y de su amor.

Yo no tengo más que ofrecer a la tierra en que he nacido, ni cuento con otro patrimonio que el rayo de luz intelectual que Dios encendió en mi espíritu; el culto del deber y de la libertad que mis padres me enseñaron desde la infancia, la voluntad más decidida de hacer el mayor bien a mi país, y una fé profunda en el trabajo honrado e inteligente.

Vuestra tarea tiene que ser ahora más benéfica que nunca, y por lo tanto más delicada. La situación de la Provincia es difícil, aunque posee riquezas inmensas a las que es preciso dar formas y movimiento. Vuestras leyes pueden hacer mucho; con la abnegación y el trabajo de todos reunidos, podemos conjurar en poco tiempo las dificultades que estorban nuestros pasos y marchar resueltos hacia el porvenir que aspiramos para nuestra Provincia.

Señores diputados: Al inaugurar este nuevo período legislativo, pido a Dios que inspire vuestros actos, e ilumine vuestras inteligencias para honor de vuestros nombres y gloria de vuestro pueblo.

Joaquín V. González.

Rioja, junio l^9 de 1890.

MENSAJE SOBRE CREACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y BIBLIOTECAS POPULARES

1889

MENSAJE SOBRE CREACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y BIBLIOTECAS POPULARES

Rioja, octubre 30 de 1889.

A la Honorable Legislatura de la Provincia.

Tengo el honor de adjuntar a V. H. incluyéndolo por consiguiente, en el decreto de prórroga de las sesiones del presente año, un proyecto de ley por el que se recaba la autorización de V. H. para crear una biblioteca pública y fomentar la creación de bibliotecas populares.

En medio del movimiento industrial y comercial que caracteriza la época presente, para dicha muestra, es preciso no descuidar el desarrollo de la inteligencia del pueblo, por medio de la lectura, por temor de introducir un desequilibrio que puede ser peligroso para la cultura misma que hoy vemos desarrollarse en el sentido económico.

A perseguir estos propósitos deben concurrir con su esfuerzo común las autoridades públicas y los particulares.

El P. E. inspirado en estos móviles sanos y patrióticos cree de su deber tomar la iniciativa en un asunto que atañe tan cerca a la educación del pueblo, sometiendo a V. H. el proyecto que se lee en seguida.

El está calcado en las teorías más recientes sobre la creación de las bibliotecas populares que han merecido siempre la protección decidida de los gobiernos extranjeros, entre los cuales sobresalen los Estados Unidos de Norte América.

Nuestro gobierno general no ha descuidado tampoco las instituciones de esta naturaleza, ora organizándolas motu-proprio, otra contribuyendo a su sostenimiento por todos los medios a su alcance.

Demuestra palmariamente ésta nuestra aserción, la ley dictada por el Congreso Nacional durante el año de 1870, en cuyo artículo l^9 se establece que “las bibliotecas populares establecidas o que en adelante se establezcan por asociación de particulares en las ciudades, villas y demás centros de población de la República, serán auxiliadas por el Tesoro Nacional en la forma que determina la presente ley”.

Por los demás artículos se autoriza el nombramiento de una Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares y se toman las medidas tendientes a asegurar los beneficios de la ley.

Si esto por sí solo no diera solidez a lo que se afirma, bastaría recorrer los libros de sesiones del Congreso de veinte años a esta parte, en la seguridad de cerciorarnos de que aquel alto cuerpo ha legislado sobre la materia en numerosas ocasiones, en diversas formas, acordando las más de las veces liberales subvenciones para el sostenimiento de bibliotecas en todo el país.

La tendencia del gobierno nacional para fomentar la creación de bibliotecas populares ha sido siempre dejar el acto inicial a los particulares, coadyuvando en seguida a la realización de la idea.

Pero esto que es posible hacer en ciudades populosas como la capital de la República no lo es en esta provincia, donde se carece de los elementos necesarios para dar a la ley ese carácter.

Esto no importa decir que el concurso de los particulares no sea eficaz y aun necesario; por el contrario, su coparticipación en la realización de la idea es considerada hasta cierto punto indispensable, como se puede ver en el proyecto que se acompaña.

De lo contrario, sería ilusorio el carácter popular que es propio de instituciones de esta naturaleza.

El resultado de la ley nacional protectora de bibliotecas fué tan halagüeño, que al calor de ella se fundaron ciento cincuenta bibliotecas populares.

Este movimiento simpático duró muchos años y produjo inmensos beneficios a la educación, hasta que cayeron las bibliotecas en el olvido y fué necesario tentar nuevos esfuerzos para levantarlas.

Las causas de esa indiferencia que dejó que se destruyera el plantel de un edificio que empezaba a erigirse bajo tan buenos auspicios no fueron otras, hay que reconocerlo, que el no estar incorporadas a nuestras costumbres sociales esa institución.

A que ésta se haga carne en el público deben propender también por todos los medios a su alcance, los gobiernos locales, y ya los de Buenos Aires, Córdoba y alguna otra provincia se han pronunciado en ese sentido.

Es éste el pensamiento que domina en el proyecto del P. E. como no escapará a la penetración de V. H.

Por él se busca dar una organización conveniente a la institución, bajo la base de una administración seria y competente que a su conservación dedique todos sus esfuerzos, a fin de que su vida no sea efímera ni descanse en el entusiasmo del momento, como sucedió muchos años atrás en nuestra provincia.

De las cuatro bibliotecas que se fundaron queda en pie una sola en el Colegio Nacional, y aún ésa se encuentra en un estado precario, por la falta de libros modernos.

Esta es, brevemente indicada, la historia de las bibliotecas populares entre nosotros y el pensamiento del P. E. que domina en el proyecto adjunto.

Respecto de la importancia de la institución de que se trata, el P. E. no cree necesario entrar en muchas consideraciones, porque de ella se halla penetrado el ilustrado criterio de la H. Cámara.

Pero no puedo dejar de citar los párrafos que dedica en general a las bibliotecas de América el autor de La demo-erada triunfante en uno de los más notables capítulos de dicha obra. Dice así:

“Las bibliotecas se han multiplicado rápidamente. Hace cincuenta años solo había unas cuantas grandes colecciones de libros en América, salvo en las universidades e instituciones colegiadas. De otras bibliotecas anteriores a 1820, solo se enumeran diez, y las más de éstas eran de grado inferior. Desde aquella época han surgido bibliotecas en casi todas las ciudades y villas. Ahora el país tiene tantas bibliotecas como escuelas públicas; mientras se han formado bibliotecas de Estado en todas las divisiones territoriales de la República.

“El espíritu de patriotismo local que caracteriza igualmente al Americano nativo y al nuevo poblador, y que los hace creer que el punto de la tierra de Dios en que viven es el mejor, es un espíritu que sugiere muchas grandes obras públicas. Los habitantes de un nuevo establecimiento están animados de una pasmosa energía y de un espíritu de abnegación sin igual en las materias que se refieren a su “ciudad”. Obras públicas de todas clases se emprenden con una ansiedad febril. Los hombres se suscriben con dinero para el ornato y mejora de su ciudad con la misma prontitud que si lo hicieran para sus casas particulares. Uno se sorprende constantemente al ver todas las señales de una civilización avanzada en ciudades cuya fundación no data sino de ayer.

“Bibliotecas, escuelas, clubs, iglesias, teatros, casas de justicia, puentes de los modelos más elegantes, se encuentran en ciudades que hace pocos años aún no existían. Tomemos como un ejemplo a San Pablo. Esta joven y emprendedora ciudad posee no menos de tres bibliotecas, la biblioteca del Estado con diez mil volúmenes; la biblioteca y museo de la Sociedad Histórica, con veintidós mil volúmenes: y la biblioteca de libre circulación, con doce mil volúmenes, a los que se agregan otros constantemente.

“Se calcula que hay veintitrés mil bibliotecas escolares en los Estados Unidos que contienen cuarenta y cinco millones de libros, doce millones más que todas las bibliotecas públicas de Europa juntas. Otros establecimientos educacionales aumentan este número con dos millones y medio de volúmenes; y treinta y ocho bibliotecas de Estado contribuyen con un millón más. La biblioteca del Congreso, de As-tor, la de la ciudad de Boston, la de Filadelfia, varias bibliotecas mercantiles, Ja Watkinson Reference, en Hartford, y muchas otras, levantan el gran total a mucho más de cincuenta millones de volúmenes, casi un libro para cada hombre, mujer y niño de los Estados Unidos. Más de trescientas bibliotecas, contienen cada una diez mil volúmenes, doce contienen cada una más de cien mil, y dos contienen cada una cuatrocientos mil volúmenes. Esta misma exposición muestra apenas débilmente la verdad en cuanto a los libros y periódicos del país comparados con los de otros pueblos, porque el americano no es solamente un lector, sino también, y más que todos los demás hombres, es un comprador de libros. Las bibliotecas circulantes no están en uso tan general como en Europa. Cuando uno entra en casa de un hacendado o artesano americano, se sorprende con la cantidad de libros y magazines que se ve —los dos o tres estantes, y a menudo muchos más, llenos de libros— todos los cuales son suyos, excepto, acaso, los pocos tomos prestados y extraviados que casi todas las colecciones contienen, que son en conciencia contados como ajenos para devolverlos algún día, aunque en cierto modo ese algún día no llega nunca. Seguramente debe haber un castigo especial reservado para los que no devuelven esos tesoros a sus legítimos dueños. La universal propensión del americano, mozo o viejo, a leer y escribir, me ha parecido, a veces, haber inspirado el dicho de Dogberry, de que “mientras el buen nombre era un don de Dios, el saber leer y escribir venían por naturaleza". Estos dones parecen parte de la naturaleza del americano.

“La democracia triunfante en nada es más triunfante que cuando sus miembros son más lectores y compradores de libros y de materia legible que los miembros de cualquier gobierno de una clase; pero se ve que en este particular, cada sistema sólo es fiel con su naturaleza. El monarquista, se precia de tener más bayonetas; el republicano, más libros. Ya sabemos qué arma es más eficaz en estos tiempos. “La bala de papel de la inteligencia", es la dinamita moral de la triunfante democracia, la única dinamita que el republicano pacífico y amante de la ley, tiene siempre ocasión o puede ser inducido a emplear".

Hasta aquí el autor de La democracia triunfante.

El P. E. llama nuevamente la atención de la H. Cámara sobre las ventajas que lleva en sí la creación de las bibliotecas populares, en favor de la educación del pueblo.

Aplicar entre nosotros ese remedio eficaz para hacer desaparecer la falta de educación, que como es notorio es el verdadero origen de los atrasos y largos estacionamientos en la vía del progreso, es un deber sagrado e imperioso.

Un pueblo ineducado es una remora para el desarrollo de las instituciones cuyos beneficios no puede apreciar y a cuya formación no puede concurrir conscientemente; su mayor desgracia consiste en vivir privado de las ventajas y conocimientos de sus deberes cívicos que aquellos reportan, sintiendo debilitarse día a día los fuertes vínculos de la sociabilidad y de la raza.

La historia que, como decía un orador antiguo es la maestra de la vida, prueba hasta la evidencia que la libertad no florece sino en aquellos pueblos donde cada uno de los individuos se da cuenta exacta del rol que le corresponde en la masa común.

Toda ley es buena; todo desequilibrio es efímero y sin consecuencias graves para la conservación duradera de la armonía que debe reinar entre gobernantes y gobernados, cuando el pueblo es educado.

Es fundado en estas poderosas razones que el P. E. somete a V. H. el adjunto proyecto de ley esperando le prestéis vuestra aprobación.

Dios guarde a V. H.

J. V. GONZALEZ. Lidoro J. Avellaneda.

La Cámara de Diputados de la Provincia de la Rioja, sanciona con fuerza de

ley:

Artículo l^9 — Autorízase al P. E. para invertir de rentas generales las cantidades que sean necesarias para la creación de una Biblioteca Pública y fomento de bibliotecas populares en la Provincia.

Art. 2^9 —- La Biblioteca Pública se formará con los libros que el P. E. adquiera por compra y los que fueren donados por los particulares.

Art. 3^9 — A los efectos del artículo anterior, el P. E. nombrará una comisión de tres personas competentes bajo la presidencia de una de ellas, que se denominará Director de la Biblioteca Pública, y podrá comisionar a personas de fuera de la Provincia para gestionar la adquisición de libros.

Art. 4^9 — La Comisión que se nombre según el artículo anterior, llevará un registro de los libros adquiridos por compra y de los donados, indicando el nombre de cada donante.

Art. 5^9 — El P. E. podrá invitar a las asociaciones particulares que sostengan bibliotecas, a refundirse en la Biblioteca Pública creada por esta ley, haciendo constar el acto en forma y publicándose por la prensa de la Provincia.

Art. 6^9 — Las asociaciones que dieren sus libros, tendrán derecho a enviar uno de sus miembros al Consejo Directivo de la Biblioteca Pública, que se creará por decreto del P. E.

Art. 7^9 — Una vez que la Biblioteca haya alcanzado al número de seis mil volúmenes, el P. E. podrá arbitrar los recursos necesarios para la construcción de un edificio adecuado, dando cuenta oportunamente a la H. Legislatura de que ha llegado el caso.

Art. 8^9 — Las bibliotecas populares serán las que se formen por iniciativa de los particulares o de corporaciones en cualquier pueblo de la República.

Art. 9^9 — Toda persona o corporación que quiera crear una biblioteca pública, acogiéndose a los beneficios de esta ley, deberá dirigirse al P. E. manifestando tener reunidos, por lo menos quinientos volúmenes, o una cantidad de dinero equivalente y un local para la instalación de la biblioteca.

Art. 9^9 (bis). — En el caso en que los particulares o corporaciones reuniesen la cantidad de dinero que menciona el artículo anterior, el P. E. por medio de la Comisión Directiva de la Biblioteca Pública podrá encargarse de la adquisición para aquellos de los libros que deban formar la base de sus respectivas bibliotecas.

Art. 10. — Los beneficios que esta ley acuerda a las bibliotecas que se acojan a ella son:

l^9 Concurrir a la instalación de las mismas con un número de volúmenes igual al que tengan reunido en el momento de solicitar el beneficio.

2^9 Contribuir anualmente a su crecimiento con quinientos volúmenes.

3^9 Facilitar por medio de las relaciones oficiales las adquisiciones que quieran realizar por sí mismas, y en general toda medida que tienda a desarrollarlas y acrecentarlas.

Art. 11. — El P. E. dará cuenta anualmente a la H. Legislatura de los resultados de esta ley.

Art. 12. — El P. E. dictará un reglamento de la Biblioteca Pública y de las populares en cuanto concierna a sus atribuciones, y queda facultado para hacer los nombramientos que requiera la aplicación de la presente ley.

Art. 13. — Comuniqúese, etc.

Avellaneda.

Rioja, noviembre 2 de 1889.

Dando cumplimiento a la ley de fecha 30 de octubre ppdo., y en uso de la facultad que acuerda al Poder Ejecutivo en su artículo 3^9, el Gobernador de la Provincia

decreta:

Artículo l^9 — Nómbrase a los ciudadanos don Pedro Delheye, don Dermidio Carreño y don Fermín Uzin, para que formen la Comisión Directiva de la Biblioteca Pública, y Protectora de Bibliotecas Populares, designándose al primero de los nombrados como Presidente, o sea, Director de la Biblioteca Pública.

Art. 2^9 — La Comisión tendrá a su cargo todo cuanto se relacione con la formación, conservación, crecimiento y uso de la Biblioteca, y recibirá directamente los pedidos de los particulares de acuerdo con la ley de la materia, para por su intermedio dar conocimiento al P. E.

Art. 3^9 — La Comisión queda encargada de formular la reglamentación de sus funciones y el reglamento interno de la Biblioteca.

Art. 4^9 — Comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

GONZALEZ.

L. J. Avellaneda.

BIBLIOTECA DE MAESTROS

A TRAVES DE LOS LIBROS

BIBLIOTECA DE MAESTROS

A TRAVES DE LOS LIBROS

Carta del dr. Joaquín V. González

La Prensa, 1890

Cuando el actual gobernador de La Rioja doctor González asumió el mando, realizó entre sus primeros actos el proyecto de fundar la Biblioteca Pública de aquella provincia. Al mismo tiempo, como órgano de esa institución, apareció la Revista de la Biblioteca que atrajo la atención de todos los hombres estudiosos y pensadores del país, provocando los juicios más favorables aquí y en varias de las más adelantadas repúblicas sudamericanas. Era en su género la única publicación en la República, y la hacía más simpática el hecho de ver la luz en una de las provincias más lejanas de nuestra gran capital y que por mucho tiempo ha permanecido olvidada, entregada por sus convulsiones intestinas y estrechada por el desierto, la pobreza y la montonera, los tres enemigos implacables de La Rioja durante medio siglo.

Fundada la Biblioteca y la Revista, su órgano, con el concurso firme y entusiasta de los escritores más renombrados en nuestros círculos literarios, se presentaron algunas dificultades, emanadas de la crisis que ha hecho tabla rasa de todas las instituciones nuevas, e hicieron peligrar la existencia de aquel establecimiento. El envío de libros se paralizó, y el público, preocupado de otras cosas inmediatamente más positivas, escatimó su protección a la Biblioteca. A fin de salvar la institución que se había levantado sobre una base sólida, el Dr. González concibió la idea de refundirla, hasta la vuelta de mejores tiempos por lo menos, en la Biblioteca del Consejo de Educación de la Provincia, y a fin de aumentar el plantel de librería hizo donación gratuita de un gran número de volúmenes de su biblioteca particular muy rica en obras jurídicas y literarias propiamente dichas.

A la donación de esos libros refiérese la nota que publicamos en seguida dirigida al Presidente del Consejo de Educación de la Provincia de La Rioja:

Rioja, octubre 31 de 1890.

Señor Presidente del Consejo de Educación.

Por su intermedio remito al Consejo de Educación que preside, los libros que indica el catálogo adjunto, para que sirvan de base a la futura biblioteca de los maestros; ¿y quién sabe también si no a la gran biblioteca que algún día tendrá que ostentar la capital fundada por Ramírez de Ve-lazco? Porque no solo de pan vive el hombre, diré, repitiendo por millonésima vez el Evangelio, sino del verbo que, a lo que yo entiendo, es la ciencia. No hemos de tener solamente ferrocarriles, canales y todos los inventos de Edison y las máquinas agrícolas e industriales, sino también palacios soberbios destinados a contener los materiales del saber humano, acumulados por las generaciones; ¡museos, bibliotecas! Así son los yankees: parece obra de encantamiento, pero allí, donde se comienza a abrir un bosque con el hacha de Lincoln, es para que al poco tiempo cruce un tren que va llevando una ciudad con todos sus progresos: con casas, avenidas, graneros, maquinarias, escuelas, bibliotecas; y entonces, sólo se dice, cuando se alza los ojos para ver un monumento: ¡hace unos cuantos años aquí fué un pantano infranqueable!

Pero nosotros no tenemos ese espíritu, por mal de raza, de clima y de educación. Nuestra historia, desde ab initio, no conducía a aquellos resultados. Ramírez hizo una ciudad para explotar los veneros de Famatina como consta en su contrato con el capitán Ponce. Hemos vivido para servir a su majestad hasta 1810, y desde entonces, cuando conocimos la libertad, ya no tuvimos quien nos contuviera y nos enseñara que nunca se debe ser libre en exceso; de lo que resultó que ya no tenemos la idea de autoridad, sino como un acomodamiento al capricho infantil de nuestras multitudes, o como una casa de suministros para todas nuestras necesidades. Trabajo personal, no señor, eso no se hizo para manos nobles! ¿Cómo vamos a negociar en carbón, si tenemos que ensuciarnos las manos? Así, pues, mientras los aristocráticos italianos, alemanes, ingleses, se llevan todo el dinero ensuciándose las manos, nosotros nos encastillamos en nuestra nobleza mal disimulada, y por no tocar esas cosas viles, dejamos enmohecer nuestros pergaminos y no nos dan por ellos ni un kilo de papas.

Cuestiones son éstas de la más alta trascendencia, por lo mismo que el vulgo de las gentes les presta la más mínima atención; pero se ligan íntimamente con esa ciencia que ha inmortalizado a Comte y a Spencer, y que tiene su aplicación, justamente, en esos pequeños institutos que vosotros, los maestros, dirigís en silencio y casi ignorados de vuestros contemporáneos.

Sí; sois vosotros los únicos encargados de preparar los pueblos para la vida, porque echáis en el surco virgen del niño la primera semilla. Vosotros planteáis la fórmula primitiva del gran problema humano, cuyos desarrollos son infinitos, pero en direcciones diversas; de modo que las divisiones intelectuales entre los hombres están marcadas por la proyección que cada uno ha seguido desde el punto de partida. Aquí encuentro una semejanza con vuestros métodos, mejor dicho, con el método. Este es a las fuerzas intelectuales, lo que la atracción a los innumerables cuerpos celestes; es el ordo ab chao en esta intrincada creación del microcosmos. Inocular, encarnar en el espíritu —si se me permite esta tremenda paradoja,— la idea del método, el método mismo, es tal vez conseguirlo todo, y vuestra ciencia especial, digna en verdad de mayor amplitud y de mayor predicamento, tiene derecho a tomar por las armas el dominio de todas las ciencias en cuanto a su ordenación y enseñanza.

He dicho “por las armas”, y no me retracto: 1Q, porque es lógico que cuando uno tiene un derecho propio, inalienable, pero que se halla usurpado por un vecino absorbente, ha de tratar de recobrarlo por la fuerza si los jueces se vendan los ojos; y 2^9, porque soy revolucionario por temperamento, aunque no sería de creerlo en algunas circunstancias de la vida.

Los dominios de la pedagogía son tan vastos como los del pensamiento mismo. Fijadle término a la penetración de la inteligencia, al estudio de las leyes humanas, físicas y divinas, y yo os concedo que esa ciencia tiene el suyo. La cuestión está en que no tuvisteis apóstoles verdaderos cuando se hizo la gran marchanta de ciencias, allá, en los tiempos en que la filosofía tomó posesión de los tesoros guardados por los déspotas del pensamiento, y dió desagravio al mundo desparramando a todos los vientos torrentes de oro que cayeron en todas partes enriqueciendo la humanidad desheredada por tantos siglos. Allí debió estar la pedagogía para decir altivamente: “Señora: todo ese monumento que está ahí, rotulado, Sócrates, Aristóteles, Platón, Cicerón, Séneca, etc., y todos esos legajos que vienen de la India, de la Persia, de Egipto, son míos y vengo a llevármelos! Y la filosofía se los habría entregado; pero como la pedagogía no era entonces reconocida como persona, —según dicen los doctores,— se llevaron su herencia los parientes más próximos, hasta que la menor adquirió personería y se ocupó de reivindicarla.

La joven ciencia fija su residencia habitual en los pueblos nuevos, porque hay más similitud de caracteres; los Estados Unidos han sido su fortaleza, y desde allí ha deslumbrado el mundo con sus prodigios de vigor y de fuerza. La democracia fundada sobre las márgenes del Mississipí, Ohio, Susqueannah, etc., les prestó sus armas victoriosas, y ella misma fué recién reina y señora del mundo, cuando su protegida comenzó a recoger la cosecha de su simiente.

Es curioso, pero profundamente trascendental, el fenómeno operado sobre la sociabilidad por la moderna ciencia; al contrario de otros pueblos, especialmente los de nuestra raza, la idea del dominio del hombre sobre sí mismo y la naturaleza se impone por arriba de cualquiera otra, y no se concibe cómo uno pueda vivir, —prosperando, se entiende,— si no se entrega como aquellos al trabajo de la tierra, a los negocios o a las industrias, con prescindencia del gobierno, que no recuerdan sino cuando les toca los tambores para ir a defender la integridad de la Unión, o la fuerza e imperio de la Constitución y las leyes.

Ya he citado muchas veces el libro de Carnegie, —no importa, es bueno, está bautizado por Sarmiento en sus postreros días;— pues bien, leedlo y haciendo aparte la pasión de la defensa propia del autor, construid en vuestra mente el cuadro grandioso de aquella nación cuya mayor gloria no son precisamente sus prácticas políticas, sino su hábito del trabajo, la conciencia individual del ciudadano, eL dominio de sí mismo, como he dicho, que le hace invencible contra la miseria, y que agrupado con sus connacionales forman la barrera más inexpugnable, más que sus Rocky Moun-tains contra las crisis generales.

Más todavía: ahí va un libro que por estar en inglés no ha sido bastante apreciado entre nosotros, y no ser la lengua de Milton la que goce de mayor popularidad en la Argentina; hablo de Thirsty years in the United States Señale, del americano Sentón. El está escrito con un grande amor por la causa de las libertades y del progreso de la Unión, y respira en él un perfume de la más alta virtud republicana. Nuestro Presidente Avellaneda hacía de él su litada, su vademécum, como el conquistador macedonio, y creo que no pocas veces le inspiró los actos más trascendentales en que salvó la patria de derrumbaderos espantosos.

¡Y que haya quien niegue la influencia de la lectura como principal alimento del hombre público y del ciudadano! ¡Y quien clasifique de pueril y vanidosa la tarea de un gobierno que hablase de libros y de bibliotecas! No; no se puede negar estas cosas sin cometer pecado mortal.

Las lecturas de la niñez, marcan infaliblemente el carácter de los hombres; y como esto es una verdad experimentada, no seré cargoso sobre ella.

Allí van muchos de los clásicos romanos, griegos, españoles, relegados con todos sus inmensos tesoros, por causa del mal entendido espíritu de innovación. Créame, señor Presidente, que he encontrado en ellos profundísimas verdades que figuran hoy como descubrimientos recientes, y que, sin embargo, ya las habían enunciado Séneca, Cicerón, Esquilo, Tácito, por no citarle a los fundadores de la filosofía, la trinidad socrática. Encontré en esos viejos una grande y excelsa virtud que inoculan inevitablemente en todo el que los lee con amor; esa virtud es la de la patria sentida como cosa íntima del alma, como porción de la vida, como cielo de la tierra, y amada en todos los aspectos de la personalidad, en todas las fases de la sociabilidad, en todas las evoluciones de la inteligencia. Leyéndolos se aprende a saber lo que es el sacrificio por esa deidad velada casi siempre para ojos vulgares, y más que todo, se aprende a concebir esta otra gran virtud que debe ser la base del carácter de todo hombre público: no cuidarse demasiado del premio del presente, sino tener el heroísmo de esperar el juicio de las generaciones posteriores.

La patria no recompensa siempre en vida a sus amantes, y en esto, como las mujeres hermosas, hace bien; no siempre las quiere más el que más se lo declara, pero ellas ven muy bien entre la multitud el latido de un corazón silencioso que las ama en secreto, y que sin hablar lindezas las diviniza y las honra. Esta es la diosa-patria de los antiguos, y sabían morir por ella en los combates, en los disturbios del Forum y en el silencio de sus moradas, consumidos por la desesperación de una tiranía interminable.

¡Leed los antiguos! Ellos consuelan los desfallecimientos del espíritu en las horas de prueba y fortalecen las voluntades fatigadas de luchar en vano. No es ciertamente lo mismo beber en la corriente turbia que ha recorrido ya los llanos, que ir a buscar la vertiente escondida por árboles y peñas en la montaña escarpada; ésta refresca y renueva la vida de la materia y del espíritu.

Virtud cívica es lo que brota de aquellos inagotables manantiales de ciencia y de observación; es lo que nosotros precisamos para galvanizar un poco la sociedad contemporánea enervada por las vanidades pasajeras; para hacer sonar más fuerte esa palabrita tan ahorrada en los escritos y en los discursos: la patria; para estudiar nuestras instituciones y practicarlas con beneficio; y no vamos a conseguir esa virtud sin el estudio, sin la instrucción de los hombres en esas verdades que la engendran en la conciencia. Porque hay un proceso psicológico infalible: admirando la grandeza de los pueblos antiguos, admiramos los hechos que la produjeron, los hombres que los practicaron, los sacrificios que los sublimaron, las ideas y sentimientos que los precedieron; nos representamos nuestra propia patria, y deseando para ella idéntica grandeza, evocamos idénticas ideas, producimos los mismos hechos y buscamos y conseguimos finalmente la misma gloria imperecedera.

Ya no es ni siquiera serio tratar de demostrar las ventajas de la instrucción: sería ridículo, como detener a uno que pasa por la calle, muy ocupado, para demostrarle que 3 más 2 es igual a 5; pero lo que necesita mucha demostración en pueblos reacios y olvidadizos y un tanto inclinados a la inacción del musulmán, —que pasa los días tirado en el suelo, soñando con las fantasías paradisíacas y los palacios aéreos y las mujeres vaporosas,— es que las bibliotecas públicas son al espíritu social y político, lo que los ferrocarriles y telégrafos son a la industria y a las relaciones humanas. Sí señor, esto necesita demostración; pero como en esto soy interesado, dejo a los que lean, el cuidado de probarlo alguna vez.

Ahí le entrego, pues, esos volúmenes que, reunidos a los donados para la iniciada Biblioteca Pública, pueden servir de base, como decía antes, a la futura gran Biblioteca Popular de La Rioja.

Sin más motivo, me suscribo del señor Presidente, su atto. y S. S.

Joaquín V. González.

MENSAJE A LA LEGISLATURA

DE LA RIOJA

1891

MENSAJE DEL

GOBERNADOR DE LA RIOJA AL INAUGURAR LAS SESIONES DE LA LEGISLATURA

I

Política

Señores diputados:

La segunda vez que tengo el honor de inaugurar vuestros trabajos legislativos, la Provincia se encuentra en paz, sin disturbios ni agitaciones que pongan en peligro su desenvolvimiento normal, pero habiendo atravesado momentos difíciles que habrían sido fatales, si una política amplia y reparadora no hubiera parado los golpes que amenazaban la quietud del pueblo y del Gobierno.

Presentamos el espectáculo excepcional en nuestros anales políticos, de que en vísperas del gran sacudimiento electoral de 1892, y cuando a esta hora La Rio ja había sido siempre la pjresa de las más profundas divisiones y encarnizadas contiendas, nos mantenemos tranquilos, entregados a nuestras labores ordinarias, y el Gobierno dedicado sin interrupciones a la tarea administrativa, de que voy a rendir estricta cuenta.

No es sin desgarramientos dolorosos ni crueles sacrificios que esta política ha sido sostenida hasta la hora presente. El gobernante tiene también pasiones e ideales, y su fortaleza se conmueve cuando el mandato del deber le impone aquietar las primeras, o cuando por la fatalidad de los sucesos ve rodar por el polvo los segundos.

He comprendido desde el primer momento que esta Provincia necesita un gobierno de iniciativa, pero moderado, que dando impulso al progreso en todos los órdenes, no vaya más a prisa de lo que permiten sus condiciones económicas y sociales; no un gobierno de lucha que esteriliza su acción y mantiene el mismo nivel de la cultura antigua, sino de paz y de concordia, llamando a todas las agrupaciones a llevar su contingente de luces o de voluntad a las esferas de la administración; no una política exclusiva que hace del mando un patrimonio de familia o de círculo, sino generosa y comprensiva, que permita a todos participar de los halagos que creen encontrar en el poder, y a la vez, a todos los hombres de buena voluntad, concurrir con su aporte a la obra del progreso común. Un gobierno que cierra por completo sus puertas a las ambiciones de los partidos o de los ciudadanos, se expone a quedar aislado e inmóvil en medio de las tinieblas.

El caos económico en que se ha hundido la República, arrastrando en su caída a la Provincia, hace más indispensable levantarse por encima de los estrechos intereses partidistas, para conjurar el peligro con el esfuerzo coordinado de todos los ciudadanos. Una lucha electoral que encendiera la tea de la discordia civil, sería en la actualidad un golpe mortal asestado sobre el cuerpo desfallecido de la Nación y de cada una de las provincias. Paz y concordia, son las palabras de orden que brotan de todos los corazones buenos en medio del peligro general; y para no perder la serenidad del espíritu en tan graves momentos, hagamos un llamado a esas virtudes fundamentales que suelen permanecer ocultas en el fondo de nuestras almas en los tiempos de bonanza, para servirnos de apoyo y de salvación en las horas de la adversidad.

La política de conciliación se impone como una resurrección de tiempos gloriosos; se impone como una manifestación de la nacionalidad, cobijando bajo la misma bandera de Belgrano a todos los que hemos hecho de ella un símbolo de destinos comunes, cualesquiera que sean nuestras disidencias temporales; se impone como la única forma de asegurar el trabajo reproductor que va a devolvernos la prosperidad y el vigor perdidos por los excesos y las imprevisiones.

En medio de una horrible crisis financiera y política —decía el Presidente Avellaneda en 1878,— “la conciliación ha dicho a todos los partidos que no tienen derecho para turbar la paz de la República que no es patrimonio suyo, y que deben discutir pacíficamente sus querellas dentro de la Constitución y de la ley”. Hoy que la situación del país es mucho más grave, y cuando comienza a sentirse el ruido de la batalla próxima, los gobernantes deben apresurarse a salvar el tesoro sagrado de sus instituciones, calmando las pasiones irritadas, imponiendo a las fracciones militantes los deberes cívicos que olvidaron, y abriendo a todos el camino de las expansiones generosas y abnegadas.

Rindo el debido homenaje a estos principios salvadores, y desde este asiento y en este solemne instante de nuestra vida institucional, llamo a todos los ciudadanos y hombres de buena voluntad, a deponer en el ara de la paz sus viejos rencores de partido, para que la solución de las grandes cuestiones electorales no sea esta vez la obra egoísta de una agrupación, sino de la más grande de las virtudes terrenas: el amor de la patria.

La revolución de julio de 1890 ha producido una transformación radical en las ideas y en los hábitos políticos, que se habían ya caracterizado con ese sello peculiar a todo sistema prolongado. No es de este momento estudiarla a la luz de los principios, sino solamente poner de manifiesto su trascendencia e influencia en el pueblo y gobierno de la Provincia.

El cambio de la persona que ejercía el mando supremo de la República, debía forzosamente llevar alguna perturbación en los partidos y en los gobiernos, por la íntima co-nección que entre ellos existe. Nacieron agrupaciones nuevas, y otras se fracionaron, según como habían interpretado el estado moral y político de la opinión después de aquel trastorno revolucionario; pero, por lo general, una indecisión visible era lo que reinaba en el seno de los partidos mientras imperaba todavía la fuerza disolvente, como acontece en todo cambio repentino. Pero pasada la confusión y cimentado de nuevo el orden, cada fracción volvió a obedecer a las leyes matemáticas de su afinidad histórica, y a la hora en que me escucháis, la opinión nacional y provincial está perfectamente definida.

La obra política de la revolución está consumada, aunque por las armas haya sido vencida; pero aquella situación desaparecida traía detrás de sí un profundo mal económico que persiste con alarmante tenacidad, hasta el grado de que se crea llegado el momento de alejar todo interés de partido, para constituir una grande y poderosa fuerza, capaz de detener la enormidad del mal que nos agobia, y restablecer la vitalidad de la Nación entera, aniquilada por la crisis. Solo así conseguiremos dar ante las demás naciones un alto ejemplo de juicio y de civismo, constituyendo el nuevo gobierno con personalidades eminentes, y que reunan en verdad el voto de la gran mayoría del pueblo y el asentimiento general de la opinión.

Hablemos ahora de nosotros. El gobierno de la Rioja ha tenido también su rol en este cambio general. El despertar del espíritu público ha hecho que se comience a fijar la atención en los actos administrativos, y a analizarlos y a juzgarlos, siquiera sea con ese apasionamiento personal, propio de nuestra raza y de nuestra escasa educación política. Es un advenimiento saludable que es preciso no dejar morir,

Obras Completas í

para honor de nuestras instituciones, que viven y se vigorizan con el concurso del debate popular. Este forma los hombres de gobierno, templándolos al fuego de las ambiciones encontradas, depurándolos en la lucha y poniendo a prueba su fortaleza del carácter para no dejarse arrastrar por la corriente desbordada de las pasiones, que están obligados a ahogar en el fondo de sí mismos.

Los cambios ministeriales ocurridos en los dos años de mi administración, obedecen en su mayor parte a la nacesi-dad de mantener inalterable una alta prerrogativa constitucional, que tiene por objeto imprimir al gobierno un sello uniforme, un carácter definido, marcado por las condiciones personales del ciudadano que lo ejerce. La cosa pública recibe con estos cambios beneficios indudables: permite a un mayor número de ciudadanos llevar a la administración su contingente de ideas y de progreso, hace que las diversas agrupaciones políticas participen debidamente en la dirección de los negocios del Estado, y por último, que los actos del Gobernador sean controlados y vigilados por hombres de diferentes criterios, aportando cada uno su concurso de moralidad y de celo, en garantía de la pureza de los procedimientos.

En compensación, este fuerte privilegio, permite al gobernante honrado compartir su responsabilidad, y tener en todo tiempo una prueba de su honradez, pues que en todo caso un Ministro puede penetrar en los más escondidos decretos de la administración. Así, el pueblo que me ha confiado la guardia de su tesoro y de su ley, tendrá en todo tiempo los medios de investigar mi conducta, y los distinguidos ciudadanos que me han ayudado en mi tarea, cumplirían con un deber de lealtad cívica, informando al pueblo de mis actos, cuando y en la forma que lo creyeren oportuno.

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No concluiré este capítulo sin detenerme un instante sobre un tópico que os tomará de sorpresa, pero que creo indispensable diseñar en este documento, destinado por la

Constitución misma, a contener las ideas del jefe del gobierno sobre todo cuanto se relaciona con la marcha administrativa, económica y política del mismo.

Hay un vicio profundo arraigado en el seno de la sociedad argentina, que no han alcanzado a destruir las enseñanzas y los reveses, y cuya causa se encuentra en los orígenes constitucionales, en la vaguedad de los conocimientos políticos y en la falta de valor para resistir las tentaciones de la multitud. Hablo de las relaciones de los partidos con el gobierno, alejadas, por la fuerza de la costumbre, del espíritu y de la letra de la Constitución.

Si es verdad que en nuestro país no existen precisamente partidos de principios que luchen por imponer una forma de gobierno o una conquista del derecho, sino más bien partidos de simpatías personales, o cuando más, que buscan mayor seguridad en la rectitud y pureza con que la ley se aplica, —no por eso debemos desconocer que un gobierno nacido de un partido, como sucede siempre, no tiene derecho para sentar preferencias y privilegios odiosos en favor de sus amigos, con exclusión de otros ciudadanos aptos para los cargos públicos; ni que la lucha de los partidos por apoderarse del gobierno, no tiene por objeto la adquisición de rentas, ni el monopolio de los negocios que suele dar el presupuesto a los que por medios ilegítimos buscan el poder.

De ahí, de la falta de un credo constitucional, proviene que la vida de las agrupaciones sea tan efímera; porque apenas logrado su objeto, o son derrotadas en la lucha, se disuelven porque ha desaparecido el motivo que las ha congregado; de ahí también que la pasión, inherente a toda cuestión personal, sea el principal elemento de combate, y que las oposiciones lleven sus procedimientos a los extremos más reprobados por la moral política, llegando a exigir de los gobernantes, como cosa muy lícita, lo mismo que a la luz del día reprueban en sus discursos o en sus escritos.

La confusión y la corrupción de las ideas han llegado a tales extremos que se considera como una nota de vergüenza para el gobernante que no tuvo la falsa energía de anteponer al cumplimiento de su deber público, sus afecciones privadas, sus vínculos de parentezco o sus deberes de gratitud. Hay en el juramento de un magistrado un voto solemne que le separa de sus hábitos comunes para consagrarlo al servicio de la ley suprema, que es patrimonio de todos los ciudadanos, y antes que ser delincuente el funcionario que pospone sus deberes íntimos a sus deberes oficiales, lo son el ciudadano o el partido que osadamente le exigen lo contrario. La degradación de la autoridad, que es la más grande de nuestras desgracias, tiene su origen en esas claudicaciones criminales de los que la han ejercido, e impide que la Constitución misma produzca los beneficios que entraña y la grandeza que prometen las instituciones que ha creado.

Las oposiciones de un gobierno honrado, siendo una débil minoría, tienen sus armas poderosas en el vocabulario de las ofensas personales, que van como flechas envenenadas al fondo de la conciencia del gobernante que custodia el tesoro codiciado, y le hieren en aquellos sentimientos más sagrados, por los que el hombre sacrifica su patrimonio y su vida. Es defraudador para el que no pudo cometer el fraude o no consiguió la ganancia que buscaba; es traidor, si no puso a la disposición de las fracciones o círculos exaltados los elementos de fuerza, para dominar a sus antagonistas en el terreno electoral, o porque no consintió a amigos interesados hacer del gobierno un instrumento de ambiciones ilegítimas.

En el lenguaje de la moral política y humana se llama ingrato al magistrado que no hizo honor al voto y a la confianza del pueblo, o al partido que no correspondió a la confianza del gobierno; y se llama traidor al funcionario que faltó a su juramento, o sacrificó las leyes y preceptos supremos a la satisfacción de sus intereses privados, o al partido que pretende usurpar el mando para oprimir a los ciudadanos, violando los preceptos de la Carta fundamental.

Los hombres que han militado mucho tiempo en núes-tras contiendas de Provincia, que han visto sucederse gobiernos desprovistos de altos ejemplos de virtudes cívicas, y educados en medio del desorden y de la anarquía, no podían sino por excepción, haber adquirido el hábito y la conciencia de practicar los deberes que su condición de ciudadanos les impone; y así debemos explicarnos que en los tiempos que alcanzamos, todavía no se encuentren claras las nociones constitucionales con relación al rol de los partidos en frente del gobierno, y a los actos que pueden exigir lícitamente del funcionario.

Por eso, y porque me propongo mantener mi promesa de hacer práctico un gobierno independiente, liberal y honrado, a la vez que no ceder ni a individuos ni a partidos los privilegios inherentes al cargo que desempeño, he hecho los mayores esfuerzos para que las ofensas no despierten en mí sentimientos condenables, que me habrían arrastrado a fáciles venganzas.

Y puedo aseguraros que durante el tiempo que he desempeñado el mando supremo de la Provincia, no se ha impuesto una sola prisión indebida, ni se ha despojado a ningún ciudadano de su patrimonio con mi conocimiento; y no lo toleraría jamás, habiendo yo mismo proyectado una Constitución que sirva de fortaleza para las libertades de mi pueblo.

La educación que se difunde a pasos acelerados, y la sucesión en adelante de gobiernos cultos y respetuosos de la ley, serán fuerzas bastantes para operar una reacción definitiva en el espíritu político y en los hábitos de los partidos.

Tiempo es ya de abandonar la senda extraviada para recobrar el ancho y fácil camino de la Constitución, provisto de goces y de triunfos inestimables que mantienen perennemente el entusiasmo para las nobles luchas de la libertad; es tiempo de abandonar viejos hábitos y ambiciones imposibles; y por último, es tiempo de que elijáis vuestro mandatario de la más alta esfera social e intelectual, para empezar la vida nueva sin peligro de volver a las desgracias de otros tiempos, que parecen haber desaparecido para siempre.

Antes de que yo vuelva a vuestro recinto, habréis elegido el ciudadano que ha de sucederme. Ya conocéis mis ideas y mis votos para constituir una situación de honradez, libertad y abnegación. Reunid las voluntades en favor del más meritorio y capaz de regir los destinos públicos, y dar realce al gobierno y al Estado; y en las condiciones presentes, en que todo el pueblo argentino clama por el reinado pacífico de la ley, deponed los odios y disminuid las resistencias, para que la lucha no agrave de muerte el mal general que nos aqueja. Y no se crea que aconsejo la renuncia de los derechos políticos, porque otra vez he dicho que la abstención es la muerte; sino sólo un acuerdo generoso y fraternal que elimine las agitaciones, y permita a los ciudadanos elegir sus candidatos con serenidad y sin pasión. El acuerdo en este caso está impuesto por la suprema razón de la salvación de todos.

II

Gobierno

La labor administrativa en el Departamento de Gobierno ba sido fecunda y eficaz, en cuanto lo han permitido los escasos y deficientes elementos de acción que la Provincia ofrece a un administrador de iniciativa. Las relaciones con los demás Poderes del Gobierno se han llevado sobre la base de la más estricta sujeción a sus privilegios e inmunidades, sin que el más ligero choque se haya producido por causa del desconocimiento o invasión de atribuciones. Así, las responsabilidades y el mérito que por sus actos respectivos les corresponden, están bien deslindados según la fórmula constitucional.

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En los distintos mensajes que el Poder Ejecutivo ha sometido a vuestra deliberación, ha puesto el mayor esmero en explicar los fundamentos de sus proyectos en las prescripciones de las leyes comunes, en los preceptos constitucionales o en las necesidades públicas; porque en esa clase de actos, aquel poder que lleva la dirección e imprime su carácter a la política general del gobierno, debe, y lo he procurado siempre, exponer las doctrinas que forman su norma de conducta con la mayor lealtad, franqueza y veracidad, convencido como estoy por principios que son en mí invariables, de que el disimulo no conduce sino a falsas consecuencias y a errores trascendentales. Si al informaros de la situación financiera o política del gobierno, no hubiera hablado con esa exactitud al apreciar los hechos que son la base de las leyes, las habríais dictado inaplicables y funestas. Las leyes que salen diariamente de una asamblea popular, son para acudir a las exigencias reales de la sociedad; son leyes transitorias en su mayoría, y por lo tanto, fundidas en el molde de las relaciones actuales de los ciudadanos o del Estado.

Algunos actos electorales, como la inscripción en los meses de noviembre y diciembre, y las elecciones de diputados del 29 de marzo del corriente año, se han verificado con todas las formas legales y al amparo de la más amplia libertad. No es sin satisfacción que señalo el hecho del movimiento popular producido por el primero de esos acontecimientos, así como el acatamiento y compostura que han manifestado los partidos a la autoridad, acostumbrada víctima de ataques apasionados de parte de sus adversarios.

Ha desaparecido también un hecho que ofendía la soberanía de la Provincia, —la permanencia en la Capital de una compañía del ejército nacional, que si bien prestaba servicios de alguna consideración, no debía continuar, al menos según mi entender, en ese carácter—. El ejército nacional tiene un destino sagrado, que es sostener la integridad del territorio y de las instituciones; y por lo tanto, un gobierno de Provincia no puede convertirlo en su guardia pretoriana, ni tenerlo ocupado en servicios de carácter local.

La institución militar tiene su legislación propia, que es de excepción, y sólo el Presidente de la República puede ordenar su traslación de un punto a otro del territorio, en cuyo caso las armas que defienden nuestro suelo están bien alojadas, como lo ha dicho un estadista argentino.

El 26 de julio recibí orden del Ministerio de la Guerra de movilizar toda la Guardia Nacional de la Provincia, para acudir en defensa de las autoridades nacionales amenazadas por la revolución. El Gobierno tomó ese mismo día todas las medidas pertinentes para cumplir aquel mandato con la prontitud que los sucesos exigían. La división en secciones a cargo cada una de un jefe militar, que establecí en 1889, y la concentración del mando en el Inspector General de Milicias, produjeron el éxito que me prometía, pues pudimos tener movilizados y dispuestos a ponerse en marcha a más de mil soldados, en menos de tres días, contando solamente, y al primer llamado, los Departamentos Capital, Castro Barros, Chilecito, Famatina, Lavalle y Sarmiento.

Los jefes de la Nación que han actuado en este movimiento, en ayuda del Gobierno, y de cuyo comportamiento me complazco en hacer especial mención, han sido los tenientes coroneles don Carlos H. Herrera, don Exequias M. Bringas y don Vicente Bustos, los sargentos mayores don Felipe A. Acevedo, don Rodolfo Cisterna y don Aurelio Ga-líndez, —reconocido en su grado por el P. E. en uso de una atribución constitucional, y para reemplazar al Jefe de la Sección Norte, comandante Herrera, nombrado Inspector General, en reemplazo, a su vez, del coronel don Ruperto Fuentes—, y el teniente don Eriberto Acosta.

Más adelante os impondré de los gastos que estas operaciones han ocasionado al Tesoro Público.

“La Policía de un Estado, en su sentido más comprensivo —dice el autor de las Limitaciones constitucionales—,

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abraza la totalidad de su sistema, de régimen interno, por el cual el Estado trata no solamente de preservar el orden público, y prevenir las ofensas contra el mismo, sino también de establecer para las relaciones de los ciudadanos con los ciudadanos, aquellas reglas de buen comportamiento y buena vecindad, calculadas para evitar un conflicto de derechos, y asegurar a cada uno el goce no interrumpido de lo suyo, en cuanto es razonablemente compatible con igual goce de derechos por parte de los otros’\ En la práctica este poder general de policía del Estado, dividido por Blackstone en ocho ramas, ha quedado reducido solo a aquella facultad de prevenir las ofensas —llamada por nosotros, policía de seguridad—, que es de suyo bastante comprensiva, y la más importante de las funciones del Estado. Según las épocas y el espíritu de la sociedad, puede decirse que la Policía es el Estado. Pero nosotros estamos distantes de aspirar a la perfección; nuestras instituciones políticas son deficientes, nuestras masas ineducadas y nuestros hábitos dejan todavía mucho que desear en orden a los principios constitucionales que nos rigen; pudiendo agregar todavía, que los recursos del Tesoro Público no permitirán muy pronto dar a esta primordial institución la apariencia y la forma que corresponden a sus funciones.

El informe anual del señor Jefe del Departamento de Policía, que, ,he tenido a la vista, instruye con suficiente claridad y precisión de sus defectos y de sus necesidades actuales, así como de las mejoras introducidas. Seguramente es imposible con sesenta gendarmes y dos oficiales pretender un servicio bueno, en la categoría a que ha llegado la Capital, ni que los habitantes de la campaña puedan juzgarse garantidos con tres gendarmes en cada Departamento, cuando algunos son tan extensos como una Provincia. Y sin embargo, la necesidad de introducir economías en los gastos generales —fundada ,en la,suprema razón de la conservación del Es|ado-r-,; ha hechí^ indispensable .reducir^ el personal de seguridad al grado en que hoy se encuentra.

Son justas en absoluto las reclamaciones basadas en la insuficiencia de la acción policial, pero son injustas en cuanto olvidan que las fuerzas del Erario no bastan a sostener holgadamente las instituciones fundamentales que la Constitución ha creado. Son estos los sacrificios que impone al gobierno y al pueblo la pobreza económica de esta Provincia: resignarse ante los males irremediables, y obtener un progreso lento, seguro y lógico con nuestro desarrollo normal. La buena voluntad y el patriotismo de los funcionarios tendrán que estrellarse contra esa roca inmóvil, hasta que abandonando la corteza de viejos errores y preocupaciones, pueblo y gobierno comiencen a elaborar el progreso desde las fuentes generadoras de vida propia y de autonomía económica.

Con relación a todas esas causas, puedo asegurar que la Policía ha mejorado en su servicio, debido a lo que se ha hecho por educarla y moralizarla, y al gobierno que ha procurado siempre no sacarla de las funciones legales que le están encomendadas. La institución se vulgariza y degrada a sí misma cuando es conducida a actos abusivos o reprobados por las leyes. No puede ser un instrumento de persecución, ni de apropiación, ni de venganzas de los gobernantes: su misión es más alta y más solemne, porque versa sobre la vida misma material, económica y política de la sociedad. La Policía prostituida por los gobiernos es el azote de los pueblos; y cuando ese grado llega, están rotas las leyes que dan existencia a la comunidad política. Pero en cambio, si los individuos o las pasiones de partido la hacen el blanco de sus odios y de sus hostilidades, son ellos los culpables si la convierten en un poder de guerra, llevada del legítimo derecho de defensa y conservación. El resultado en uno y otro caso será, pues, un desequilibrio pernicioso entre el pueblo y la autoridad visible, y una fuente perenne de disturbios que concluirían en un estado de gUerra‘

Yo os recomiendo, señores, especial cuidado al dictar las leyes que han de regir esta rama de la administración, porque el gobierno de un Estado se juzga siempre por su policía, siendo ella la manifestación de la cultura pública, como el orden en las relaciones domésticas es la señal de la cultura privada. Este año debéis sancionar una ley de reforma a las vigentes sobre esta materia, que el P. E. ha estudiado cuidadosamente, encomendando al Jefe General de Policía la preparación de los proyectos pertinentes, que se os remitirá prolijamente revisados por el ministerio del ramo, y tendréis ocasión entonces de conocer el informe anual de que he hablado, y pesar en detalle sus prudentes observaciones.

La estadística del movimiento policial de 1890 da las siguientes cifras de ingresos:

Por ebriedad, 301; por desorden, 276; por otras contravenciones, 250; criminales, 21; total 797. De éstos han sido sumariados 40, han pasado al Juez de Crimen 21, y el resto ha producido por pena pecuniaria 1038 pesos, y los demás han sido condenados a trabajos públicos con sujeción al Reglamento vigente.

Las perturbaciones políticas y financieras del año pasado, que han embargado por completo la atención del Poder Ejecutivo, no le permitieron ocuparse de la preparación de la ley que os anuncié en mi mensaje, para la organización de la autoridad rural. Creo que sólo una ley que reforme las existentes y autorice una práctica más conforme con un gobierno ordenado y metódico, puede cortar los abusos que suele señalarse siempre impersonalmente contra los empleados de la campaña.

Esta no tiene, propiamente hablando, un gobierno local; tiene comisarios de policía como una representación de la autoridad política, jueces de paz en representación del Poder Judicial y receptores de rentas; a estas tres entidades es práctica encomendar toda función gubernativa, y dependen las tres directamente del Poder Ejecutivo en cuanto a su nombramiento. De aquí proviene que se haya hecho costumbre exigirlo todo del gobierno central, porque cada localidad no tiene representación alguna en la guardia de sus propios intereses. Esto debe desaparecer por una ley que ponga al pueblo al abrigo de malos gobiernos, y al gobierno al amparo de falsas y apasionadas inculpaciones, hijas de la indiferencia para denunciar legalmente los actos punibles de esos agentes, o de la falta de valor para asumir la responsabilidad de esas denuncias ante la justicia administrativa o contenciosa.

Hay, en efecto, vicios arraigados que destruir, y yo he sido el primero en manifestároslo con sus causas en mi anterior mensaje; y por eso, porque creo que los males positivos están encarnados en la conciencia de todos, es que reclamo una ley, única autoridad que puede facultar al P. E. para cambiar de raíz costumbres inveteradas sobre las cuales se afirma la vida social. Porque mientras dependa simplemente de los hombres la bondad de las acciones y de los ciudadanos la bondad de las leyes, no tendremos jamás ni armonía social ni armonía política. Si los agentes que hoy desempeñan las funciones públicas en la Campaña son malos para una parte de la opinión, porque fueron nombrados según mi criterio administrativo, los que nombrara mañana con arreglo al criterio disidente, serían detestables para los que juzgaron antes como yo. Esto es inherente a todo acto que depende de la sola voluntad de un hombre o de un mandatario, y una cualidad propia de las libertades que gozamos.

Continuamente se denuncian actos punibles atribuidos a los agentes rurales; pero esas denuncias verbales o epistolares, lejos de ser un acto laudable si fueran atendidas, degradarían la seriedad del gobierno, poniéndolo a merced de los conocidos chismes de aldea. El que sorprende una falta en un funcionario público, y la oculta o no la denuncia ante su juez competente, no cumple sus deberes de buen ciudadano

celoso del bien público y de las instituciones de su patria. Las delaciones hipócritas sólo sirven para relajar los vínculos sociales y políticos, y para inducir a un gobernante débil a entregar el poder que tiene en sus manos, a la satisfacción de bajas venganzas y de odios mezquinos.

Mi pensamiento de una ley que organice el gobierno de los Departamentos, tiene toda la trascendencia de una reforma radical, basada sobre el principio de la participación del pueblo en el nombramiento de esas autoridades; y ya sea que se adopte el sistema municipal puramente, ya el sistema combinado o mixto, tengo plena fé en los resultados de uno u otro. Entre tanto, el Poder Ejecutivo hace lo posible para disminuir los males del régimen actual, vigilando y castigando con severidad los actos contrarios a las leyes que esos empleados cometen. Pero débese tener presente al juzgar la provisión de esos cargos, varias consideraciones capitales que hacen muy difícil una elección satisfactoria para todos y para el gobierno mismo: 1* la dificultad de una vigilancia continua, por razón de las enormes distancias que separan a casi todos del centro, y los primitivos medios de comunicación que a ellos nos ligan; 2* la escasez de los recursos para remunerar suficientemente a un hombre ilustrado, o al que se dedicara exclusivamente a su cargo sin atender sus intereses particulares; 3* la carencia de hombres que quieran aceptar esos nombramientos, siendo poco honroso para la dignidad y peligroso para la disciplina administrativa tener que solicitar la aceptación.

Hay otras mil razones que no se ocultarán a vuestra penetración y experiencia, y que provienen en general, del escaso desarrollo intelectual y social de la campaña, ya sea porque la población no se renueva, ya porque los hombres más ilustrados prefieren los centros populosos o las ocupaciones más tranquilas y productivas de su hacienda. Con todo, mi pensamiento es renovar convenientemente las personas, tratando que los cambios no perjudiquen la administración y que no revistan el carácter de una arbitrariedad,

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en el primer caso, porque tendríamos que sufrir los retardos consiguientes al aprendizaje de las funciones oficiales, y en el segundo, porque nada podría justificar la remoción de un empleado que no há delinquido o no ha perjudicado el servicio.

El pueblo es el mejor vigilante, cuando no es desviado de la senda derecha por la pasión de partido, empeñada en hacer de las autoridades rurales agentes de propaganda o de elecciones, con mengua visible de la recta administración; y es él quien debe auxiliar al gobierno en la investigación desinteresada de la conducta pública de esos funcionarios. Así lo pienso, y así lo pido, prometiendo por mi parte lo que siempre he practicado: la más estricta imparcialidad en la aplicación de las penas en que incurran los que hayan violado las leyes.

La Municipalidad, siquiera sea en la forma rudimentaria que tiene hoy, va echando raíces en las costumbres del pueblo, de modo que muy pronto será posible darle las formas definitivas del poder público, de que es un ensayo. El Poder Ejecutivo cree que es tiempo de abordar el problema, porque con la ley de impuestos municipales que rige, y con el celo y vigilancia que llevarán las personas elegidas por el pueblo, la institución tendrá su vida asegurada. Por otra parte, la población de la Capital crece y se civiliza rápidamente, y reclama con urgencia la autoridad edilicia que atienda de inmediato los intereses comunales. El gobierno tiene también ya un complicado mecanismo administrativo, y no es sin mengua de lá alta dirección de los negocios públicos, que se ve obligado a ocuparse de los menores detalles de la vida de los habitantes.

Consideraciones de orden mucho más elevado piden también la sanción de la Ley Municipal, y algunas de ellas he indicado hablando de las autoridades rurales. En 1866 la Provincia de Buenos Aires se encontraba en el mismo es

tado. El gobernador Adolfo Alsina y el ministro Nicolás Avellaneda emprendieron la tarea de dotar al pueblo de las franquicias municipales que han hecho la grandeza de todos los pueblos de la tierra. Y si las monarquías antiguas y modernas sostuvieron siempre tan grandes privilegios en las ciudades, villas y aldeas, con cuánta mayor razón nosotros, que hemos adoptado el sistema de gobierno, precisamente, que se basa sobre las libertades comunales!

Los constituyentes de 1853 han impuesto a las provincias la obligación de establecer un régimen municipal, como una condición para ser garantidas en su existencia política por el poder de la Nación; y la Constitución ha sido con esto sabia y previsora, porque no podía desconocer que era imposible asimilarse las formas de gobierno adoptadas, sin apresurarse a plantear primero el cimiento del gran edificio de las instituciones libres. “El Municipio —decía el ministro de Adolfo Alsina—, es por lo tanto una escuela, en la que se enseña el patriotismo, infundiendo la dedicación al bien común, la vida práctica de los negocios, habituando a conducirlos, en la que se forman los hombres y se organizan los pueblos”.

Inglaterra y los Estados Unidos, España y Francia, son los modelos de donde debemos aprender a ser Ubres, a pesar de los despotismos de los gobiernos, porque la Ubertad repudiada de las altas esferas de la política general, corre a refugiarse en el sagrado del Municipio, como el hombre azotado por las desgracias va a buscar en el silencio del hogar el calor de los sentimientos íntimos. El Municipio es el hogar inviolable de la libertad, como el hogar es la fortaleza del ciudadano, según la frase inmortal de Lord Cha-tam.

Yo no concibo la Constitución argentina sin ese pedestal de granito; ni los sentimientos que dan vida a la patria, sin el goce exclusivo de la Ubertad local que comienza en la aldea, se vigoriza en la ciudad y se difunde en el Estado. Y al contrario, creeré firmemente en la inviolabiHdad de

nuestras libertades consagradas, cuando tengamos ese último baluarte en donde refugiarnos contra las persecuciones de la tiranía. El heroísmo de aquellas razas que perecen combatiendo sobre las tumbas de sus mayores, detendría en las fronteras de la comuna las armas del despotismo enviadas para violar el postrer asilo del ciudadano.

Cuando suene la hora de las catástrofes, hemos de volver los ojos a las virtudes cívicas que el Municipio engendra. Allí arde perenne la llama del patriotismo, y de allí suele surgir la restauración de los imperios derrumbados por la opresión. Será en vano que combiemos los hombres, que coloquemos santos en la dirección de los gobiernos; cuando el sentimiento de la ley, cuando el calor de la libertad no agitan en el corazón del pueblo las virtudes latentes, las instituciones escritas serán cuerpos sin sangre, estatuas de mármol, de aspecto magnífico, pero sin los movimientos y las irradiaciones que constituyen la suprema belleza de la creación humana.

¿Por qué vemos los comicios desiertos cuando se trata de elegir los depositarios del poder, si el dinero no mueve la voluntad del elector? ¿Por qué el silencio de la muerte responde a los insultos y a las ofensas que gobernantes sin pudor lanzan desde las alturas inmerecidas, si el interés de facción no paga el brazo que ha de empuñar el arma de la defensa? Porque el ciudadano confinado en su aldea o en su hogar urbano no siente la pasión de la cosa pública, y porque piensa que si derriba un tirano, otro habría de suce-derle, aún con el esfuerzo de su valor. Son tristes verdades, pero cuyo olvido nos ha colocado en el caso de un pueblo que no se adapta, que no asimila las instituciones que le gobiernan; y por consecuencia, no sabiendo gobernarse a sí mismo, vive bajo una tutela indefinida sin poder recobrar sus derechos personales.

La Constitución argentina como la de los Estados Unidos, las constituciones provinciales como las de los Estados particulares de la Unión, no han podido, pues, fundarse sin tener en cuenta que la autonomía comunal era la fuente de su desarrollo y perpetuación. Pero los anglo-americanos, con el espíritu práctico de su raza, fueron más felices porque dejaron en pié —adaptándolas a las nuevas formas— las instituciones municipales de la madre patria; y a medida que la Unión ha ido desarrollándose, las legislaturas han ido a su vez incorporando a la vida comunal, por medio de cartas constitutivas, todas las poblaciones que alcanzaron un grado suficiente de capacidad para gobernarse a sí mismas. Las corporaciones tienen toda la autonomía necesaria para el manejo de sus negocios locales, directos, inmediatos, y el Estado que les da su personería por medio de la carta o ley orgánica, ejerce sobre ellos los poderes generales que derivan de la soberanía, del dominio eminente y del deber de vigilancia y protección sobre todos los órdenes sociales, o sea la alta policía del gobierno.

He ahí el secreto de la grandeza de aquella nación —la apropiación por el pueblo de cada localidad de las funciones públicas que se relacionan de inmediato con su vida. El Estado que las protege y las asegura en el goce de sus franquicias locales, les encomienda a su vez las funciones de agentes del gobierno, con pleno poder para obrar; de manera que el habitante del Municipio no ve cerca de sí otra mano que la de las personas que él mismo ha nombrado; y ya se trate de dar cumplimiento a las leyes de renta, de educación y otras, es siempre la autoridad local la que procede con toda la independencia de los derechos que le dan sus cartas.

No temo en manera alguna un mal resultado entre nosotros del sistema llevado a todos los Departamentos, si logramos darle la forma adaptable a nuestros hábitos y a nuestra cultura actuales. Es preciso, una vez por todas, resolverse a plantear las bases de nuestra verdadera prosperidad; y a los que pudieran objetarnos con la falta de prepa-paración de las campañas, les contestamos con el citado estadista argentino, que “sólo se aprende a pensar, pensando, a trabajar, trabajando, y a ser libre, usando siempre de la libertad”. Así veríamos nacer el entusiasmo por la cosa pública y por la labor del progreso común, el celo por mantener la pureza de las instituciones políticas, convirtiéndose cada uno en guardián de sus propios derechos.

La Municipalidad de la Capital necesita ya ser emancipada: la experiencia de dos años me lo ha evidenciado. Con ese acto legislativo, estoy convencido, los intereses de la ciudad recibirán un impulso vigoroso, la renta se percibirá con cuidado, porque los funcionarios elegidos por el pueblo tendrán ya la responsabilidad directa de la subsistencia de un poder público que debe sostenerse a sí mismo, libre de la tutela del gobierno. Las ramas de la administración que corresponden al Municipio son ya numerosas y crecen en importancia cada día: el agua —que es la vida local—9 sería mejor reglamentada y distribuida; las propiedades comunes de la ciudad serían reivindicadas para formar el tesoro; la educación recibiría nuevo impulso, y en fin, sería el pueblo mismo regenteando sus propios negocios.

Hoy, no obstante su precaria organización, la labor de la Municipalidad es extraordinaria. La ciudad se transforma día a día, las calles se extienden, regularizando el conjunto y dando amplitud y facilidad al movimiento urbano, se edifica con alguna frecuencia no obstante la escasez monetaria, se atienden con actividad los servicios más indispensables, y se promueve el adelanto general en todos los aspectos de la vida comunal. El Poder Ejecutivo ha creído de su deber estimular estas iniciativas y esta buena voluntad puestas con éxito al servicio de fines tan laudables.

El movimiento general de la Oficina Municipal puede condensarse en los siguientes datos, correspondientes al año 1890: notas recibidas 141 y expedidas 391; solicitudes despachadas 460, informes expedidos 141, boletos de defunción 534, ordenanzas promulgadas 9. Se ha abierto y rectificado 16 calles, se ha reconstruido las veredas de 187 propiedades y se ha edificado 267. Se ha dado 2,449,97 metros para cercos de muralla; para veredas 1,806,35 y para empedrado 29,681.96.

Se ha percibido por impuestos                   $ 15.422.50

y faltan cobrar                                      20.000.—

Lo que hace un total de                           $ 35.422.50

Según el presupuesto vigente, la Municipalidad cuesta al año $ 13.000, lo que prueba sin duda alguna que tiene ya su vida asegurada, aún con mayor personal; y más aún teniendo en cuenta la mejora consiguiente en la percepción de la renta, por la dotación de empleados especiales que hoy no puede tener.

Puede decirse que el consejo de Higiene es ya una institución radicada entre nosotros, gracias a la abnegación y buena voluntad de los distinguidos facultativos que lo componen. A pesar de haberse suprimido la remuneración que les acordaba la ley presupuesto de 1889, lejos de desmayar en su tarea, he notado un empeño decidido por llevar adelante esta benéfica creación de la ley. Sus ocupaciones son múltiples y no he visto que se haya descuidado ninguna de ellas, siendo para mí y para la Provincia una íntima satisfacción reconocer los grandes servicios que presta a la sociedad.

La ciudad se ha dividido en secciones a cargo de cada uno de los miembros del Consejo, habiendo sido necesario crear una plaza más para encomendarle la atención de los enfermos pobres de los barrios apartados del centro; y como esto está fuera de los términos expresos de la ley, bien pronto será sometido a vuestra aprobación.

El trabajo de esta repartición ha sido el siguiente: 1* Reglamento interno; 2Q Reglamentación del ejercicio de la profesión médica, farmacéutica y demás ramos del arte de curar; 3^9 Reglamentación del Matadero Público y expendio

de carnes y demás sustancias alimenticias en el Mercado; 4^9 Reglamento sobre riego y limpieza pública; 5^9 Reglas higiénicas que deben observar los establecimientos públicos; 6^9 Ordenanza sobre vacunación y revacunación; 7^9 Estudio del local llamado de la Exposición Provincial, para convertirlo en hospital; pensamiento nacido del Consejo y transformado en ley por vuestra deliberación, habiéndose donado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, la que pronto emprenderá sus trabajos para realizar la idea; 8^9 Varios informes médico-legales solicitados por los jueces, lo cual ha venido a incorporar a nuestros tribunales un gran adelanto científico.

Vuestra ley de 9 de marzo del corriente año puede considerarse una de las mejores que habéis sancionado, porque la necesidad de un hospital público en un pueblo donde hay tanta indigencia, no podía ponerse en duda. Además, se ha cumplido con la vieja deuda que el Gobierno había contraído con las damas riojanas, de cederles el terreno suficiente para edificar su hospital. Ahora, no solamente tiene esa tierra, sino también la mayor parte del edificio, que con los accesorios y modificaciones que indicará el Consejo de Higiene y a cargo de la Sociedad, quedará pronto apto para ser habilitado; y por otra parte, los fondos economizados en el edificio, aseguran la subsistencia del establecimiento por más largo tiempo.

La impresión del Registro Oficial, cuya confección se había encargado al doctor don Gaspar N. Gómez, ha llegado al tomo VII, donde ha tenido que susperderse por la falta absoluta de recursos; y no es sino con profundo sentimiento que consigno este hecho, porque juzgo esa publicación de los más trascendentales resultados para la Provincia. En ella he encontrado antecedentes luminosos sobre nuestra historia administrativa y constitucional, y más de una vez he acudido a los ejemplos que algunos ilustrados gobiernos an-

teriores han legado á las generaciones actuales y venideras. £1 comisionado doctor Gómez ha llevado su misión con verdadera competencia y laboriosidad, y me complazco en manifestarlo así en este acto.

A la par de muchas ideas de grandeza intelectual que había iniciado para mi Provincia, he visto caer también por la indiferencia y por la pobreza generales, la Biblioteca? Pública de que ya tenéis noticia por mi anterior mensaje. No ha habido más donaciones que las que os indiqué el año pasado, aumentadas con cerca de 400 volúmenes que entregué de mi biblioteca particular y que aumentaré con otros tantos en breve. Esa razón me sugirió la idea de anegarla al Consejo de Educación, a quien, por la índole de sus funciones, le correspondía con preferencia. Ya que el público no quiere instruirse por medio directo de las bibliotecas, contentémonos con la enseñanza que los maestros'trasmitirán a sus alumnos en las escuelas públicas. Suerte parecida, aunque más penosa, le ha cabido a la Revista de la Biblioteca, que tuvo que suspenderse cuando había conseguido atraer la atención de los centros literarios más adelantados de la América del Sud. Ahí quedarán, no obstante, esas iniciativas, para que más tarde pueda decirse que no sólo rendimos culto a los intereses materiales, sino también, y muy especialmente, a las elevadas exigencias del espíritu que conducen a los pueblos a las grandes conquistas institucionales.

El Archivo General, Oficina Conservadora y Escribanía de Gobierno se halla colocada dentro de las prescripciones de las leyes que la rigen; lleva sus anotaciones, arreglos, índices, escrituras, etc. al día, y los datos siguientes informan de bu movimiento durante el año 1890.

De acuerdo con el artículo 23 de la “Ley Orgánica de la Administración”, el Archivo de Gobierno ha sido divi* dido en dos secciones que corresponden a las divisiones mi* nisteriales; le han sido remitidas por la mesa de entradas y salidas 1459 documentos y se han hecho 36 escrituras en que el Gobierno ha sido parte, dando cumplimiento a ciertas partidas del presupuesto y leyes especiales.

La ley de 24 de octubre de 1888, artículo 7% determina la manera cómo ha de llevarse el archivo de los tribunales; además de los índices que prescribe el artículo 8^9, se lleva otro general, el que está terminado desde 1791 hasta 1857. Manifiesta el Jefe de esta repartición que con el personal que tiene a su disposición —un Jefe y un escribiente—, es materialmente imposible cumplir con estricta puntualidad las obligaciones que marcan las leyes; y por mis propias observaciones, puedo afirmar que se requiere urgentemente una nueva ley que le dé formas y reglas nuevas al alcance de los adelantos realizados en otras provincias.

III

Justicia t legislación

El Poder Judicial de la Provincia se dignifica cada día por la permanencia en él del elemento letrado en mayoría, y por el respeto de que lo que rodea el Poder Ejecutivo y que el mismo se atrae con su conducta. No podemos, sin embargo, exigir demasiado en las condiciones actuales, en que carecemos de abogados en número bastante para pro* veer todos los puestos de la magistratura, en que, hacién* dolo así, libraríamos el foro y los litigantes a la astucia de los aficionados, convertidos en abogados por la insuficiencia de nuestros elementos sociales, y por la falta de una ley formularia que consulte las necesidades combinadas de la ciencia y de la cultura que alcanzamos.

La conducta del Poder Ejecutivo respecto del Departa* mentó Judicial ha sido estrictamente la que impope la naturaleza de esa sagrada institución. Y no puede ser otra, conociendo la historia de las instituciones políticas y las profundas desgracias que han sufrido los pueblos donde y cuando la justicia ha estado librada a la discreción de los reyes o presidentes. Es la conquista primordial de las revoluciones inglesas, haber entregado al pueblo, al abrigo de los avances de la corona, el goce inviolable de la facultad de ser juzgados por jueces propios e independientes. El gran Juez Kent ha hecho esta severa observación, de que “todos los planes de gobierno que el pueblo supone que serán ejecutados con sabiduría e integridad, son plenamente utópicos, y contrarios a la experiencia uniforme. El gobierno debe ser ideado para el hombre tal como es, y no para el hombre como sería si estuviera exento del vicio". Así, pues, las constituciones han establecido barreras infranqueables para mantener ilesa tan preciosa facultad. “En los gobiernos monárquicos —dice el mismo autor— la independencia de la judicatura es esencial para resguardar los derechos de los súbditos de la injusticia de la corona; pero en las repúblicas es igualmente benéfica para proteger la Constitución y las leyes contra las usurpaciones y la tiranía de facción. Las leyes, aun las más saludables y necesarias, son con frecuencia objeto de aversión temporal, y algunas veces de resistencia popular". Ante el fallo sereno y resposado de un alto tribunal se estrellan las ambiciones del tirano como las furias de los partidos o populachos exaltados, que quisieran siempre llevar a la horca a sus gobernantes o a sus adversarios.

Está, pues, en el interés de pueblo y gobierno mantener en el juez la mayor seguridad e independencia; y por eso las constituciones los rodean de privilegios en su renta y en su estabilidad. El gobierno que corrompe la justicia inclinándola siempre a su favor, se convierte en despotismo, y se expone a caer decapitado por su propia cuchilla, cuando la ola revolucionaria ha derribado su trono. Y nuestra forma de gobierno republicana quedaría destruida toda vez que un magistrado cediera su criterio legal a las insinuaciones interesadas de los gobernantes y de los partidos; porque siendo el Poder Judicial quien dicta la última interpretación de la ley, es por ese hecho la última defensa del que cuestiona su derecho, o defiende su propiedad o su vida.

La misma antigüedad de esta gran prerrogativa que viene desde el Rey Alfonso V de España, que hizo vitalicio el cargo del juez, se ha trasmitido hasta nosotros y la hemos incorporado a nuestra Constitución. Tiene la sanción de la historia, de la jurisprudencia de las naciones más ilustradas, y el respeto del mundo que ve en ella la única ga-. rantía de la armonía social.

Virtudes sólidas deben adornar al juez para ser digno de tan alto ministerio: conocimiento exacto de la ley, —que es su única misión—, espíritu arraigado de moral y de justicia, conducta honrada y prudente y un amor racional a la patria representada en sus instituciones. Así será invulnerable al contagio de las pasiones, de los intereses y de los halagos del poder, que le llevarían a transigir con los que lo desempeñan. Ahí está para servir de escarmiento a todos los pueblos, el retrato incrustado en acero por Macaulay, de aquel juez de Jacobo II, Sir Jorge Jeffreys, que convirtió la ley en cuchilla de venganza de los odios de su monarca; y los que ambicionan una gloria y un nombre ilustre, estudien las obras de aquellos jueces que se llaman John Jay, John Marshall, Quincy Adams, Joseph Story y James Kent. Respetemos, pues, ese templo de la magistratura que guarda el tesoro común de nuestros derechos, y digamos con Lie-ber: “los que la atacan o los que la corrompen, merecen la excecración de los hombres honrados”.

La necesidad de una nueva ley de procedimientos se hace sentir ya de una manera imperiosa. La que rige ahora ha quedado rezagada, habiendo, no obstante, adelantado grandes pasos en la época en que fué dictada. Prueba es ésta, a no dudarlo, de los rápidos progresos que hace la inteligencia y la cultura de la Provincia, y del aumento y naturaleza más complicada de los casos que caen bajo la jurisdicción de los tribunales. La ciencia jurídica se perfecciona de día en día, y cuando todas los provincias tienen su legislación de forma a la altura de tales adelantos, nosotros solamente quedamos estacionarios en medio del movimiento general. La obra es tanto más fácil cuanto que esa ley tiene sus moldes marcados por la tradición de nuestro origen, y queda reducida, a mi entender, a un trabajo de selección racional y experimental; y su urgencia es mayor si se considera que el tiempo va consolidando vicios que corroen en su fondo la institución misma de la justicia.

Es tiempo, entre otras cosas, de fijar definitivamente condiciones severas y estrictas para permitir el acceso al foro a los que han de conducir los litigios como representantes del derecho de las partes; porque el abogado que no ha frecuentado las aulas, ni oído las lecciones de profesores avezados en la interpretación de la ley, ni se ha familiarizado con la jurisprudencia en la discusión científica, lejos de ser una garantía de acierto y de ilustración para los jueces y de éxito para la causa de la justicia, es una amenaza perpetua contra el derecho y el patrimonio privado y público; porque la falta de conocimientos y hábitos jurídicos, engendra la astucia más o menos aguda para intrincar la madeja del juicio, torturar los preceptos legales, hacer resbalar el criterio de los jueces y dilatar sin término la duración de los juicios con gran daño de los intereses particulares y generales.

Es justo, por otra parte, que los que han consagrado los años mejores de la vida a la adquisición de esa ciencia que tantos desvelos cuesta a sus discípulos, no se vean postergados por aquellos que ninguna pena se tomaron para obtener un título tan fácilmente brindado; y si en tiempos anteriores era explicable esa condescendencia de la ley, es ya indispensable estrechar la puerta por donde se entra al foro»

Una ley que establezca la matrícula de abogados, podría cortar tan pernicioso sistema, y dar mayor carácter y brillo a la magistratura.

La falta de la nueva ley orgánica y de procedimientos judiciales, ha sido causa de que vayan dictándose leyes parciales de reforma o de interpretación, que van al fin despedazando el conjunto y dificultando la consulta rápida de aquéllas, por no ser posible ni prudente estar haciendo impresiones diarias de la ley vigente con las enmiendas que frecuentemente se le introducen. Así lo ha tentado el Poder Ejecutivo, y aun tiene reunido todo ese material disperso de leyes de reforma; pero ha creído que no valía la pena de emprender su edición, cuando se espera de día en día la presentación del proyecto de reforma. Además de las que sancionasteis en 1889, las de 17 de octubre del año pasado y la de 9 de marzo del corriente, tienen ese carácter.

Vuestra labor ha sido fecunda con relación a la época que atravesamos. No consiste ella, ordinariamente, en dictar muchas leyes, sino en dictarlas buenas, necesarias y que satisfagan verdaderas exigencias de la economía o del progreso sociales. La abundancia que proviene del entusiasmo irreflexivo y teórico, expone al gobierno a complicaciones y contradicciones insalvables: multiplica la acción, debilitándola en cada una de sus aplicaciones.

El acto más trascendental en materia de legislación, que ha salido de vuestras deliberaciones, es, indudablemente, la lay de 18 de julio de 1890 que organiza la administración sobre la verdadera base constitucional. Ya en mi anterior mensaje hablé de sus fundamentos esenciales. Ella está en la práctica desde esa fecha, y complementada por el decreto reglamentario del trámite administrativo, forma un código que es una guía segura para el funcionario, el empleado y el particular. Encomendada la redacción del proyecto al ciudadano doctor Oscar de las Carreras, la obra ha resultado digna de su ilustración y de su inteligencia.

IV

Culto

Las relaciones del Poder Ejecutivo con la autoridad eclesiástica se mantienen en las corrientes de cordialidad y mútua ayuda que la Constitución presume y establece implícitamente. Cada uno guarda y trata de conservar inalterables las prerrogativas inherentes a su naturaleza, sin que se haya producido hasta ahora conflicto alguno que ponga en peligro la unión racional y posible entre ambas potestades. El pueblo es creyente en su gran mayoría, y creo de mi deber como gobernante regido por una constitución protectora, apoyar esas creencias sin perjuicio de la preciosa libertad que ese instrumento asegura a las demás confesiones y opiniones religiosas.

“La unidad de creencias entre todos los hombres que viven bajo un mismo gobierno —dice Lastarria—, es una verdadera felicidad, porque son muy reales las ventajas de que goza una nación cuando no abriga en su seno un germen de discordias y desunión alimentado por la diversidad de cultos”; y no- habría principio que justificara una política de hostilidad y de discusión, de parte del Poder temporal, encargado de mantener el orden y la armonía en las relaciones de los hombres que se amparan bajo sus leyes. Esta es la voz de la experiencia, el dictado de la razón práctica en todos los tiempos.

Ninguno de los grandes estadistas argentinos ha desconocido este principio, a pesar de haberse mostrado siempre celosos por mantener ilesos los derechos del patronato que originan de la soberanía nacional; porque desde la primera Constitución se reconoció el hecho indudable de que siendo las tradiciones del pueblo eminentemente católicas, y católicos los sentimientos de la gran mayoría de la Nación, era un deber de la Carta fundamental sancionar aquellas franquicias suficientes para satisfacer esas ideas, sin menoscabar tampoco la libertad de las demás confesiones que la inmigración debía traer a nuestro suelo. La Constitución de un Estado es un compuesto del derecho histórico, natural y positivo de la sociedad que lo forma, y la que olvida estos elementos al ser puesta en obra, se expone a caer bajo el impulso de las ideas que dejó sin lugar en el conjunto de sus prescripciones.

Una buena política que mira los intereses prácticos, sin perderse en vaguedades teóricas ni en un liberalismo intolerante, da los mejores frutos que son la paz de los hogares, la tranquilidad pública y un progreso racional, lógico y gradual; y así, desde que me propuse mantener el Gobierno en estas corrientes de tolerancia y protección, sin ceder, no obstante, los principios inherentes a la soberanía e imperio superiores de la Constitución, la Provincia no ha presenciado las agitaciones religiosas que algunas veces han encendido hogueras de rencor y de discordia aún en el seno de las familias de otras provincias hermanas.

Su señoría Ilustrísima el señor Obispo de la Diócesis, Fray Reginaldo Toro, practicó la visita que le ordenan los cánones tridentinos, durante el mes de julio de 1890, siendo recibido con todas las ritualidades prescriptas, y por una inmensa parte del pueblo que ha demostrado en ese acto su celo religioso y su acatamiento a la autoridad espiritual.

Durante su permanencia en esta capital, el señor Obispo inició gestiones para recobrar la administración de la Capellanía de San Nicolás de Bari, y para que queden consignadas en este mensaje las doctrinas que han apoyado a juicio del P. E. esa devolución, trascribo los fundamentos del decreto dictado el 17 de agosto, previo un luminoso informe del señor Procurador Fiscal, el malogrado doctor Manuel J. Pazos, cuya muerte lamento profundamente en nombre propio y de la Provincia, que ha perdido una de las inteligencias más robustas de su generación.

El decreto se fundaba en los siguientes considerandos: “l^9 Que el P. E. de la Provincia en el ejercicio del Vice-

Patronato —de conformidad al artículo 29 de la Constitución Provincial, concordante con la Nacional en sus artículos 67, inc. U^9 y 86, inc. 8^9—9 interviene en las fundaciones eclesiásticas, como en la colación de beneficios y personas del mismo orden, debiendo estos actos celebrarse con su acuerdo bajo pena de nulidad; 2^9 Que las antiguas leyes que reglamentaban el ejercicio del Patronato Nacional, se consideraban aún vigentes hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación no las derogue o modifique en parte; 3^9 Que las prescripciones de la ley 23, tít. 5^9, lib. I, Nueva Recopilación, para la fundación de capellanías eclesiásticas, se han considerado llenadas, habiendo el Cabildo de esta Provincia con fecha 8 de agosto de 1772 acordado el carácter de capellanía eclesiástica a la de San Nicolás de Bari existente en esta ciudad, con la aprobación del primer patrono nombrado en la persona de don Juan José de Villafañe, con fecha 7 de agosto de 1772; 4^9 Que la capellanía mencionada fué autorizada en su fundación por S. S. Ilustrísima el señor Obispo de Córdoba del Tucumán doctor don Pedro Miguel de Argandoña, con fecha 8 de mayo del año 1760, en los bienes que constan del libro de fábrica llevado por su mayordomo; 5^9 Que el terreno adyacente al templo de San Nicolás de Bari, donde se edificó por el Gobierno de la Provincia una escuela, y que corre ahora por propiedad de la Conferencia de San Vicente de Paúl, según donación hecha a la misma por decreto de setiembre del año 1881 —del Gobierno—9 en el concepto de considerarse terreno fiscal, pertenece a la Iglesia, a estar a la ley de la Honorable Legislatura de fecha 5 de mayo de 1881; 6^9 Que según los títulos presentados por S. S. Ilustrísima el señor Obispo Diocesano: título de fundación de la Capellanía de San Nicolás de Bari, título de nombramiento de patrono de la misma, inventario de los bienes que la componen y antecedentes legales citados, concordantes con el dictamen fiscal precedente, es indudable que la administración de la Capellanía, y por consiguiente de los bienes que la forman, debe volver a la autoridad eclesiástica, con prescindencia del poder temporal, el Poder Ejecutivo —* resuelve: F Devuélvase a S. S. Ilustrísima el señor Obispo Diocesano, la administración directa de la Capellanía de San Nicolás de Barí, existente en la ciudad Capital de la Provincia, debiendo la Comisión especial nombrada por el Gobierno, hacer entrega a la persona que el Diocesano designe, de todo lo que se haya recibido bajo inventario al tiempo de su nombramiento. 2° Autorízase igualmente a dicha Comisión para hacer entrega del terreno adyacente al templo de San Nicolás. 3^9 Dese cuenta oportunamente a la H. Legislatura, comuniqúese, etc.”.

Vuestra ley de 7 de octubre de 1890 aprobó en todas sus partes el decreto transcrito, dejando así concluido un asunto que causaba molestias al Gobierno, y que viene a dejar sentada la doctrina legal que ha amparado al gobierno eclesiástico en estas gestiones.

V

Instrucción pública

Si las crisis económicas que azotan a los pueblos en ciertos períodos de su historia, son fuerzas retroactivas de su desarrollo material, ellas producen un daño mucho más grande e irremediable, porque detienen, sin compensación, el perfeccionamiento del espíritu, la elevación moral de las diversas capas sociales. He ahí lo único que pudo haberme desalentado en la tarea, si no hubiera sido más fuerte el poder de la convicción: la imposibilidad de dar mayor impulso y mayor seguridad a la instrucción popular. He resistido hasta ahora a la necesidad sentida ya algunas veces de clausurar una parte de las escuelas públicas, señores diputados, no porque cuente seguros los recursos para su sostenimiento, sino porque no me siento con el valor bastante para oír la noticia de que las escuelas cerraron sus puertas durante el período de mi mando. Yo sé bien que causas ajenas a la Provincia y otras ajenas a mi persona, han traído los males que todos sufrimos; pero antes de cerrar una escuela, en estricta justicia, deberíamos sacrificar cualquiera otra de las instituciones públicas secundarias.

En efecto, todo lo que el hombre posee puede desvanecerse o consumirse, porque puede reemplazarlo con su trabajo; pero esa porción de misterioso e inexplicable origen, que sin forma visible pero con destellos de creación, constituye la personalidad humana y engendra los derechos que le son inherentes, —esa facultad generadora de tanta grandeza, y que llamamos inteligencia,— eso no debe abandonarse en su estado primitivo, porque decae, se agota y muere para no renacer, dejando levantarse sobre sus despojos, tinieblas y barbarie.

Un pueblo sin escuelas es una familia sin hogar. Las tribus nómades de las estepas asiáticas ruedan por la tierra arrastradas por la necesidad física del alimento; hay animales que emigran según las mismas leyes; y yo me imagino la suerte de las generaciones humanas privadas del alimento del alma, errantes y perseguidas por la miseria y la propia destrucción, y esclavizadas a las fuerzas fatales de la organización animal.

Evitemos tan profundas desgracias; mantengamos, aún a costa de nuestra sangre, esa luz que salva los abismos alumbrando los destinos humanos. Si estimamos la patria, la familia, la propia existencia; si queremos llamarnos un pueblo libre, conservar nuestras instituciones, aspirar a una suerte mejor y salir de nuestras desgracias tradicionales, abandonemos el cuidado excesivo de los pasajeros bienes materiales, y dediquemos nuestros desvelos con preferencia a aumentar el caudal de nuestros conocimientos, a dignificar más la condición de nuestros conciudadanos, a levantar con la inteligencia la sociabilidad de nuestra Provincia, y a asegurar una vez para siempre la única fuente inextinguible del bien y del progreso verdadero.

La instrucción es al pueblo lo que la lluvia a los campos; hace nacer en él virtudes fecundas y magnánimos sen-

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timientos, como el agua del cielo improvisa un paraíso en un desierto; “ella pone el libro en las manos, y el libro, —ha dicho el más original de los pensadores argentinos,— ese elemento de dicha y de consuelo, ese maestro, ese amigo, ese compañero, instruye, despierta, fertiliza y extiende la vida; con él se viaja, sin moverse, con él se deja consumir el tiempo; con él se mitiga mil dolores, y con él se descubre al benefactor lejano, que sin sospechar siquiera la asistencia de sus lectores, les manda de ultramar o de ultratumba una visita amigable que los busque en el fondo del desierto, en el centro de los bosques o en la vivienda solitaria de los campos..."

Las dificultades financieras que atravesamos, y que han comenzado a sentirse desde el comienzo del año pasado, han afectado profundamente la marcha de la educación en la Provincia, por los sufrimientos anexos a la falta de recursos para el pago de los maestros. Las economías introducidas por el Consejo Nacional en las subvenciones a las provincias, y la disminución notable en la renta de nuestro Erario, pusieron un momento en peligro la institución, que se salvó, gracias a la abnegación con que los maestros resistieron las privaciones, y a las evoluciones que el P. E. realizó para poder aliviar tan afligente estado.

Funcionaron en la Provincia durante el año 1890, 94 escuelas de las que han sido 41 de varones, 33 de mujeres, 17 mixtas y tres de particulares. El total de alumnos inscriptos ascendió a 5208, de los cuales fueron varones 2762, y mujeres 2446. La asistencia media fué de 4576, habiéndose empleado un total de 165 maestros de ambos sexos. El costo medio mensual de cada maestro ha sido de pesos 40.94; de cada niño inscripto, 1.29, y de cada asistente 1.47; y el costo medio mensual de cada escuela fué de pesos 101.20.

El presupuesto de 1890 ascendió a la suma de              3 162.000.—

Se gasto en las oficinas del Consejo       $ 15.152.02

Id. en maestros .......................... 81.075.64

Id. en alquileres de casas                      10.299.78

Id. porteros............................... 1.066.32

Gastos generales                                 2.917.67     110.511.43

Diferencia a favor del Consejo                            3  52.388.57

Los que se descomponen de la siguiente manera:

Suma abonada............................ 3 32.165.04

Adeuda el Gobierno de la Prov.               39.846.39

Id. id. id. de la Nación .................. 28.500.—

Existencia en el B. Provincial                 10.000.—

110.511.43

Con todo, y a pesar de tantas dificultades sufridas, el estado de la educación es satisfactorio, no pudiendo exigirse más por mil razones de orden sociológico que sería prolijo enumerar en este acto. Creo, al contrario, que debemos bendecir a la Providencia que nos permite en medio de tantos desastres, poder sostener todavía en pie, siquiera sea con tanto sacrificio, esos humildes templos del entendimiento.

El Consejo de Educación es una de las instituciones públicas que más se distinguen por su labor, y por la competencia y buena Voluntad de que dan repetidas pruebas los profesores que lo componen. A medida que la escasez ha ido invadiendo también sus dominios, ha ido reconcentrando en los consejeros las funciones de aquellos empleados que por economías quedaban suprimidos; y no obstante este recargo de atenciones, ha celebrado en el año 68 sesiones, dictado 452 resoluciones, despachado 502 notas y recibido 966.

La instrucción primaria en las provincias, como se sabe, es costeada en sus tres cuartas partes por la Nación, por

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medio del Consejo Nacional de Educación, y según la ley de subvenciones. Sobre la base de la promesa que esa ley contiene, cada provincia eleva su presupuesto más alto de lo que podría hacerlo con la suma que destina a ese objeto, habiéndose acogido a esos beneficios. Así, pues, el servicio del presupuesto educacional está subordinado a la regularidad con que la Nación abona sus cuotas a los Consejos provinciales y a las alternativas que las rentas nacionales pueden sufrir. La falta de pago de parte de la Nación, importa una paralización inmediata de los pagos en la Provincia, siendo porque ésto se ignora por una gran parte del pueblo, que se exige del Gobierno el cumplimiento de obligaciones que pesan sobre el Consejo Nacional en tres cuartas partes más del presupuesto local.

Según el presupuesto escolar de La Rio ja para 1890, correspondía a la Nación contribuir con la cantidad anual de $ 85.000, y cuando este presupuesto se hallaba en ejercicio, y montados la administración y personal de educación sobre esa base, sobreviene una resolución del Consejo Nacional, en que quedaba reducida la subvención a pesos 21.500 por todo el año 1890, y posteriormente otra resolución ha aumentado esa suma para 1891 a $ 28.500.

Ya veis, señores diputados, cuánto es difícil sostener el rango que habíamos alcanzado en la instrucción, con esta instabilidad de las leyes nacionales, que no nos permiten hacer cálculos fijos, y exponiéndonos, por el contrario, a caer en situaciones como la presente, en la que ha tenido que disminuirse el presupuesto escolar de $ 160.500 a que había llegado en 1890, a $ 75.000, en que ha quedado para 1891. Seguimos paso a paso las alternativas de la renta de la Nación, porque ella concurre con la mayor parte de nuestro presupuesto; y cuando, como en la actualidad, ella nos debe más de un año de la subvención que nos corresponde, no podemos exigir que se pague con regularidad a los maestros.

Lamento que la falta de espacio no me permita entrar

en el examen de otras cuestiones que afectan la vida de esta institución en la Provincia; pero debo deciros que ellas han sido meditadas por el P. E.; y si lo cree oportuno, serán presentados a vuestra deliberación en forma de proyectos de ley. Entre tanto resignémonos con nuestra suerte, y esperemos que la labor del pueblo y del Gobierno, mejorando la situación general del país, traerá para nosotros también la restauración de los tiempos de prosperidad para esta rama primordial de la acción del Estado.

El año pasado se dio a luz en un volumen de 313 páginas, el Informe sobre el estado de la educación común en la Provincia de La Rioja, redactado por el Presidente del Consejo de Educación, don Dermidio Carreño. En esa obra que por sí sola es una manifestación de nuestra avanzada cultura, se revela que la educación entre nosotros está encomendada a manos expertas, a hombres que trabajan con pasión por la causa del mejoramiento intelectual de nuestro pueblo. Lleno de doctrina, y a la vez de espíritu práctico, el legislador debe buscar en él todo cuanto necesite para conocer las exigencias de la instrucción popular en la hora presente; él contiene todas las observaciones de nuestra propia experiencia, las estadísticas posibles, la legislación escolar vigente y el cuadro de la situación durante el año 1889. La producción de libros de esta especie en una Provincia como la nuestra, es una iniciativa que debéis estimular a toda costa porque trae beneficios indudables; y ya que las dificultades sobrevenidas al Erario público no han permitido realizar las leyes que dictásteis para mejorar más la institución educacional en la Provincia, los libros reemplazarán, al menos en parte, las faltas de los elementos materiales, acelerando la adquisición de conocimientos que han de aproximar la era de nuestra restauración económica.

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VI

Hacienda

No se ocultan ya a vuestro ilustrado criterio las dificultades porque pasa el Tesoro público, y en diversas ocasiones, largos y detallados mensajes del P. E. os han explicado sus causas y sus necesidades; pero en éste, que debe contener el conjunto de nuestra situación, debo manifestar también brevemente las causas inmediatas del mal presente.

Desaparecida de la circulación, por efecto de leyes matemáticas, la abundante cantidad de billetes que el Empréstito derramó en nuestra plaza, creando una prosperidad tan deslumbrante como ilusoria, hemos caído de nuevo en la laxitud y en la pobreza que nos han sido habituales, pero hoy con mayor intensidad, porque hemos caído de mayor altura, y porque en esos tiempos prósperos hemos descontado mucho de nuestro porvenir en aventuras y en especulaciones de éxito aleatorio. No habíamos examinado las cualidades de aquella operación de crédito que consistía en darnos con una mano lo que debíamos devolver con la otra, con más la sustancia de nuestros ahorros y rentas propios, como intereses de las sumas distribuidas entre nosotros. El exceso de dinero en manos de un gobierno o de un pueblo acostumbrados a la escasez, son un peligro evidente para su moralidad y su templanza; y así los vemos emplearlo en objetos distintos de sus verdaderas necesidades y de un carácter reproductivo y seguro. El Empréstito ha tragado al Empréstito; el Banco Nacional ha devorado a la Provincia, no dejándole ni Banco, ni tierras ni renta. La obra de la rehabilitación será, pues, larga y penosa; pero debe ser emprendida con fe y constancia.

Viene en seguida la crisis de la Nación, monopoliza-dora de la moneda y de los Bancos, y las provincias que carecen de autonomía financiera, quedan privadas repentinamente de los medios más esenciales de subsistencia, las

industrias sin capitales, el comercio sin demanda y el Gobierno sin rentas. He ahí la síntesis del cuadro. Y por más que el Gobierno agote la ciencia y la experiencia financiera del mundo, careciendo en absoluto del dinero, de facultades constitucionales para crearlo y de propiedades afectables a una operación de crédito que lo procure, no podéis exigirle que realice imposibles; a menos que se juzgue lícito y prudente entregarse de nuevo a la corriente del crédito que ha sido una ruina, lo cual no entra en las ideas de la actual administración, sino para casos extremos y muy especiales, y siempre en limitada medida.

Abandonemos las ilusiones y los falsos consejos de la vanidad; no podemos aspirar ahora a gozar de una prosperidad que no prometan aún nuestras condiciones sociales y económicas, y dediquemos nuestros esfuerzos y nuestros medios relativos a mejorar estas últimas, que son la base del problema de nuestra independencia financiera. La Provincia está subordinada a la ley del acreedor, y lo más que puede hacer a este respecto es libertarse de él, o exigirle que observe las leyes que mandan no cortar la carne del deudor, sino darle fuerzas para que pueda aumentar su renta y asegurar el pago de su deuda. El Banco Nacional ha cobrado y sigue cobrando con exactitud y estrictez las cuotas del servicio del Empréstito, y la Provincia sólo tiene muy contados e insuficientes recursos para satisfacerlo; y ya podéis imaginar cuál sería nuestra situación, si acudiéramos a las rentas generales para integrar las sumas anuales que esa deuda exige!

Esta condición de dependencia en que la incapacidad económica coloca a las provincias con respecto a la Nación, no ha sido todavía objeto de meditación por parte de sus gobernantes, que siguen forzosamente atenidos a la fuente única de sus recursos extraordinarios y de su desarrollo industrial. El Congreso dicta anualmente fuertes subsidios a las provincias en forma de obras públicas, de educación o beneficencia; por medio de su Banco las ha sujeto con la

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cadena metálica de sus empréstitos, y en cada caso extraordinario no tienen otro protector que la Nación a quien acudir en demanda de auxilio; y si estos hechos hablan en un sentido muy alto en favor de la solidaridad argentina, no es dudoso que coloca los vínculos de la federación constitucional fuera de su verdadero quicio y de su sentido histórico; y por otra parte, no concibo un desarrollo normal y seguro éste que se obtiene del poder discrecional de la Nación, ni es el camino para la prosperidad local en él sentido de nuestras instituciones fundamentales.

Los gobiernos y los pueblos del interior han hecho carne este deber de protección del Gobierno Central, y seguros de ella, no tienen en cuenta la propia acción y los recursos peculiares a su suelo y a sus elementos vitales; el estímulo que trae la obra realizada por sí mismos desaparece, desapareciendo la convicción de que sin el auxilio nacional no serían ya provincias en el sentido que la Constitución les asigna, y el principio de la responsabilidad por la suerte del Estado, que magnifica las acciones de los ciudadanos y de los gobernantes. Esta es la práctica tradicional, que ha detenido desde el comienzo de nuestra vida constitucional el desarrollo propio y genial de cada provincia argentina. Sin esa costumbre, —arraigada ya en la práctica,— cada provincia sería hoy una entidad independiente en su economía, y vinculada más estrechamente a la Nación por los altos intereses políticos que forman la confederación.

En la sesión de 1832 a 1833 del Congreso norteamericano, y con motivo del bilí de distribución a los Estados, del producto de la venta de la tierra pública de los Estados Unidos con el objeto de desarrollar la prosperidad de aquellos, el Presidente Jackson decía al Senado: “El dinero es poder, y en el gobierno que paga todos los funcionarios públicos de los Estados, estaría sustancialmente concentrado todo el poder político. Los gobiernos de Estado, si gobiernos habrían de llamarse, perderían su independencia y dignidad. La economía que ahora los distingue se convertí-

ría en profusión, limitada solamente por la extensión del subsidio. Siendo dependientes del gobierno general, los funcionarios de Estado, bajo cualquier forma que se los designe y en cualquiera forma que estén prescriptos sus deberes, serían, en el hecho, simples estipendiarios e instrumentos del poder central”.

Depende, pues, la vida de las provincias de la largueza del Congreso, en gran parte, y del estado de las cajas del Gobierno Nacional para distribuírselas a manera de subsidio indirecto; y esa dependencia será mayor cuanto más grandes sean las necesidades y la falta de recursos en aquéllas. Pero este fenómeno anormal tiene por otro lado su razón de ser en la historia misma de nuestra nacionalidad, en la juventud de nuestros pueblos y en sus luchas prematuras, que no les permitieran vigorizar su organismo, consolidar sus instituciones ni fundar un sistema rentístico propio. Y así habrá de seguirse en este camino, hasta que las provincias, sacadas por la Nación de la menor edad, puedan arrancar de su propio seno las rentas necesarias para desarrollar por sí mismas su progreso interno.

Mi preocupación principal desde que conocí a fondo la administración que se me había confiado^ fué la desaparición de la deuda externa, o su arreglo en condiciones ta-les que la Provincia pudiera hacer su servicio sin recurrir a rentas generales, que por el contrato de empréstito se afectaron subsidiariamente. Las gestiones que el P. E. ha realizado han sido largas y sin interrupción, y hasta ahora no puede tener la satisfacción de anunciaros ningún resultado definitivo, por causa de las perturbaciones políticas y financieras que traen por completo embargada la atención del Exmo. Gobierno de la Nación y del Directorio del Banco Nacional.

Ya a fines de 1890 el Directorio del Banco Provincial requirió la ayuda del Gobierno de la Provincia para inte-

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grar las cuotas del servicio del Empréstito Exterior de pesos 4.000.000 oro, manifestando que le sería difícil suministrarlos él solo; y este hecho que debió ser esperado desde el principio de esa operación, no sorprendió al P. E., quien tenía ya resuelto limitar el servicio a las cantidades que producen como renta los $ 300.000 oro del fondo de reserva, y los $ 135.000 oro, renta de los títulos nacionales que garanten la emisión del Banco.

La suba extraordinaria del oro, la suspensión de la venta de la tierra pública, que se había depreciado de modo a hacer imposible su enajenación, y la insuficiencia de las rentas ordinarias del Gobierno para atender sus propios gastos, han obligado al P. E. a limitar el servicio de la deuda externa a los recursos fijos indicados, habiendo previamente, y en repetidas notas, advertido al Banco Nacional de esta medida, poniéndole en evidencia el estado de los fondos afectados. Porque no hemos supuesto que el acreedor, siendo una institución nacional, llevara su rigor hasta el grado de apoderarse de las propiedades y rentas de la Provincia, cuando por otra parte, la iniciativa del Empréstito había partido del Banco mismo, y cuando tenía seguro antes de realizarlo, que La Rioja no podría en breve tiempo sostener la regularidad de su servicio. Concluido el capital que suministraba el prestador, de cuyas cuotas deducía el importe de cada servicio, era natural esperar el resultado a que se ha llegado.

El camino más claro y prudente era, pues, pedir al Banco Nacional una conversión de la deuda a un tipo correspondiente a las cantidades que hoy percibe, o que reciba en cancelación de la deuda el Banco mismo con toda su cartera, su fondo de reserva, su capital de garantía en fondos públicos y sus existencias en inmuebles, muebles y dinero. Es preferible no tener Banco, que una deuda que se aumenta diariamente sin que aumenten los recursos que han de extinguirla alguna vez; y esta idea que ha sido ya iniciada en el Gabinete y en la prensa, ha sido el origen de

vuestra ley de 9 de marzo del corriente año, que autoriza al P. E. para gestionar la conversión o extinción de la deuda externa ante el Banco Nacional o ante quien corresponda. Cuando el proyecto os fué presentado, el P. E. en un detallado mensaje, os impuso de la verdadera situación del Gobierno con respecto a esta operación de crédito.

La comisión que se ha confiado al distinguido ciudadano don Rafael Igarzábal, responde a la ejecución de* esa ley, y creo que dadas la competencia del comisionado y la alta justicia que asiste a la Provincia en esta cuestión, conseguiremos lo que creo la salvación común, la eliminación de la deuda externa, cuyo servicio hasta la fecha alcanza a la suma de $ 1.213.826.92 m|n., y que exige anualmente $ 281.400 oro, que hay que adquirir al precio que se encuentre en plaza en el día del pago.

Ahora, pues, como el Banco Provincial es el encargado de hacer este servicio, y el Gobierno no puede entregarle las sumas que necesita, él se las adelanta cargándoselas en cuenta, lo que va acumulando en su contra por capitales e intereses, otra deuda que si no se extingue la primera, pronto llegará a igualarla y aún a excederla. Esa deuda alcanza hoy a la cantidad de $ 1.926.153.81, que se divide en las partidas siguientes:

Cuenta:

Deuda externa, saldo ....................... $    324.676.37

Ley de 19 de julio de 1889                       800.000.—

Ordinaria .................................. 672.212.56

Especial, ley de 5 marzo 1889                     101.484.87

Tesorería .................................. 16.339.56

Movilización Guardia Nacional                      11.440.45

$ 1.926.153.81

En la cuenta ordinaria se cargan las cantidades que el Gobierno gira por los intereses de los diversos créditos, y los giros que no van sobre una cuenta autorizada por leyes es-

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pedales. La deuda total ha venido a aumentarse notablemente con los giros para el pago de la deuda flotante, autorizado por la ley citada de 5 de marzo del corriente, y por los gastos de movilización de la Guardia Nacional ordenada el 26 de julio de 1890, y que alcanzan a $ 11.440.45, para cuyo cobro ante el Gobierno de la Nación se ha encargado al mismo Banco.

El pago de la deuda atrasada, mandada liquidar por decreto de 12 de diciembre del año pasado, se ha podido arreglar mediante vuestras leyes del 5 de marzo, que autorizaban al P. E. para contraer un préstamo de $ 50.000 con el Banco Nacional, y del resto con el Provincial, habiendo acordado este último la cantidad de $ 300.000, sobre lá que se ha girado hasta el 30 de abril, $ 101.484.87, en la forma y condiciones que la misma ley y los decretos del P. E. prescribían.

Continúa el Banco Provincial siendo un banco de Estado simplemente, porque el público no ha suscripto las acciones que la ley le destinaba; y en vista de ese hecho que, por otra parte, no debe extrañarnos, su Directorio resolvió suspender esa operación, aceptando a los que habían suscripto algunas, las cuotas abonadas en pago de sus deudas con el mismo Banco. El Gobierno es, pues, el único accionista, y viendo que el exceso de capital nominal fijado en la ley de creación no conducía a resultado práctico alguno, el P. E. obtuvo vuestra ley de 18 de julio de 1890 que reducía a $ 4.000.000 el capital del Banco, dejando todavía a la suscripción pública $ 500.000 y al Gobierno $ 3.500.000; y, como este último había integrado $ 3.770.261.44, el saldo a su favor se aplicó al servicio del empréstito, haciendo desaparecer al mismo tiempo la deuda de $ 829.738.56 que debía cubrir el Gobierno para integrar las 46.000 acciones que la ley le obligaba a suscribir. El capital efectivo del Banco es, pues, solamente, de $ 3.500.000, importe de la suscripción del Gobierno.

La misma ley de 18 de julio de 1890 destinó el sobrante de $ 270.261.44 de la suma que el Gobierno había entregado al Banco en pago de las 46.000 acciones que fijaba la ley de su creación, a la amortización del saldo deudor de la cuenta Empréstito Exterior, que alcanzaba entonces a la suma de $ 762.131.73; pero acreditado con la cantidad de $ 252.368.90, utilidad líquida de 1889, $ 4.309.50 por venta de tierras, $ 36.105.75, intereses sobre esta cuenta en 1890, y los $ 270.261.44 mencionados, quedó el saldo reducido a $ 199.086.14. Pero habiendo el Banco hecho el servicio del Empréstito que importa $ 140.700 oró al tipo de 266 %, o sean $ 340.494, más $ 49.402.48 de intereses y acreditada la suma de $ 463.809.52, utilidad líquida en 1890, aquel saldo al 31 de diciembre, quedó reducido a la cantidad de $ 125.173.10.

El fondo de reserva constituido según la ley de Bancos Nacionales Garantidos, en cédulas hipotecarias a oro serie A, por valor de $ 300.000, ha sido aumentado con el equivalente de los $ 23.206.33 que importó el 8 % sobre las ganancias líquidas durante el año 1890, ascendiendo el depósito en el Banco Nacional a la suma de $ 311.000 en cédulas serie A a oro, sobre la cual no se ha realizado más operación que el haber afectado el sobrante de $ 11.000 al crédito de $ 50.000 acordado por el Banco Nacional al Gobierno por la ley citada del 5 de marzo ppdo.

A pesar de que el servicio de los préstamos acordados se ha resentido de la crisis reinante, y no obstante las dificultades que esta circunstancia ha causado al Banco, se ha hecho descuentos por valor de $ 250.000. La suma total de préstamos acordados al comercio y a particulares, en letras y cuentas corrientes, asciende a $ 2.495.799.41.

El producto líquido del Banco el año 1890 ha sido de $ 463.809.52; y se ha acreditado las siguientes cantidades, según los Estatutos y la resolución del Directorio, de fecha 31 de diciembre de 1888:

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Fondo de reserva especial, 8 % sobre $ 533.114.34 Fondo común de escuelas, 5 % sobre 533.114.34 Muebles y útiles, 10 % sobre $ 12.698.24 Sueldos y gratificaciones

Gastos generales

Comisiones .....................................

Inmuebles, 5 % sobre $ 75.155.56

$ 42.694.12

26.655.70

- 1.269.80

19.767.82

- 2.637.81

519.37

3.757.80

La política del Gobierno con relación al Banco de la Provincia, ha sido siempre el respeto más estricto de su independencia y de sus Estatutos, tratando de ayudarlo en todos los casos en que ha sido necesario, y que ha podido disponer de fondos para reforzar sus existencias en efectivo. Honra a su Directorio la conducta moderada y prudente para no lanzarse en operaciones perniciosas, manteniéndose en las corrientes de la más estricta moralidad y disciplina, y logrando imponerse por una rigurosa aplicación de sus reglamentos a todos sin excepción, aunque para ello haya tenido que vencer resistencias originadas por la falta de experiencia y conocimiento de la población, de lo que es la institución bancaria. Así, si llega la hora de la liquidación, se encontrará el Banco Provincial de La Rioja en condiciones que no dejarán materia para la censura que han merecido otros establecimiento análogos.

He hablado ligeramente de la deuda atrasada. Tócame añadir sobre ésto algunas palabras más; porque quizás hasta ahora él pueblo no se ha dado cuenta exacta de su naturaleza y extensión, y de las medidas tomadas para extinguirla. Es una de las ideas que más he meditado, porque su solución por medios acostumbrados entrañaba peligros que en la actualidad están produciendo sus efectos en otras provincias.

La repentina paralización de la renta y del movimiento del djnero en la plaza, dejó entrever al Gobierno, aunque no en toda su enormidad, las dificultades en que se vería

para satisfacer los gastos presupuestos para 1890; y así, a medida que el mal fué recrudeciendo, el presupuesto fue bajando, por reducciones sucesivas, hasta el grado en que hoy se encuentra. Pero ya se había creado una deuda, que por presupuesto y leyes especiales, se elevaba alrededor de pesos 350.000 al 31 de diciembre.

Esta fué la suma que sirvió de base para la operación autorizada por las leyes de 5 de marzo. La primera ratificó el crédito obtenido por el P. E. del Banco Nacional, por $ 50.000 que se depositaron en el Banco Provincial, y la segunda autorizaba a arreglar con el mismo Banco la manera de hacer el pago de la totalidad de esa deuda. En consecuencia, el Banco acordó el crédito especial de $ 300.000 sobre el cual el Gobierno gira a favor de los acreedores calificados por la Junta Liquidadora creada por decreto de 12 de diciembre, y el Banco recibe esos giros en pago de las cuentas de sus deudores, acreedores del Gobierno; de modo que, por esta razón, el cheque tiene, desde luego, un valor evidente marcado por su fuerza cancelatoria.

El P. E. ha aprovechado a la vez la circunstancia de existir una crecida deuda a favor del Tesoro, por impuestos diversos, y al entregar un cheque, ha descontado lo que el acreedor por sueldos u otros objetos, debía a su vez por contribuciones. La suma total de la deuda pública y la que debía girar contra el Banco, disminuyen así considerablemente, y espero que los $ 350.000 destinados a ese fin bastarán para extinguirla por completo.

No hemos juzgado prudente recurrir al remedio de la consolidación, porque siendo por sí mismo de carácter extremo, no contábamos, ya segura la renta para amortizarla, y por otra parte, las necesidades de la vida eran apremiantes y actuales, y la consolidación expondría a los tenedores de títulos a la molesta situación de esperar la época del servicio, y también de venderlos por un precio que no habría compensado ni aproximadamente sus esperanzas. La ley de 5 de marzo ha salvado, pues, la afligente situación que

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pasaba la Provincia, y especialmente la Capital, permitiendo al Gobierno concentrar su atención en la percepción de la renta y en los servicios del nuevo presupuesto.

Hay, además, otra deuda, aunque de carácter menos urgente, pero asciende ya a una suma considerable: la de la Sucursal del Banco Nacional en esta ciudad, a cuyo favor hay firmados los siguientes documentos, por:

$   19.487

217.584 48.116 50.000

$ 335.187

Las tres primeras partidas os han sido ya explicadas en mi mensaje de 1890, y la cuarta proviene del crédito acordado, por la ley de 5 de marzo para el pago de la deuda atrasada.

Los proyectos que tuvisteis a bien sancionar en las sesiones extraordinarias, no han concluido aún de ser ejecutados, y por lo mismo, no podemos medir la extensión de los beneficios que entrañan. Todos ellos forman un plan del que me prometo los mejores resultados: l^9 Autorizando el crédito de $ 50.000 para el pago de la deuda; 2^9 Autorizando el arreglo con el Banco Provincial para igual objeto; 3^9 Determinando la manera de reemplazar los funcionarios del orden judicial en casos de ausencia, o implicancia, sin que importe erogaciones que habían llegado a ser insostenibles; 4^9 Reduciendo el presupuesto sancionado para 1891; 5^9 Autorizando al P. E. para gestionar la conversión o extinción de la deuda externa; 6^9 Que modifica el impuesto de invernadas, restableciendo el del año anterior.

Desde que se pronunció la crisis en toda su intensidad, el P. E. ha hecho lo posible por aliviar la condición de los deudores al fisco por impuestos atrasados, por facilitar la percepción de algunos impuestos, y por obtener por venta

algunos recursos extraordinarios; y a este fin os pidió y obtuvo la sanción de las siguientes leyes: l^9 la de 27 de junio que reforma los artículos 2^9 y 5^9 de la Ley de Registro de la Propiedad; 2* la de 18 de julio que exonera del derecho territorial a los propietarios que habían cedido sus terrenos para la apertura del boulevard Sarmiento; 3* la de 13 de octubre que autoriza la venta de la imprenta oficial; 4* la de 22 del mismo mes que dispensa los impuestos atrasados por alumbrado y limpieza de 1888 y 1889, y las multas correspondientes; 5* la ley de Contribución Directa para 1891, que por su artículo 2^9 disminuye en un 10 % la avaluación practicada para 1890; y en general, las nuevas leyes de impuestos están concebidas con el propósito de hacer más fácil el pago por parte del contribuyente.

Por otra parte, dentro del orden puramente administrativo, el P. E. ha tenido siempre como norma de criterio para sus resoluciones, la economía en los gastos, la adquisición de recursos y la moralización en el personal y en la práctica de la percepción de los impuestos. A las leyes que acabo de citar puedo añadir, entresacando lo más esencial, los siguientes actos administrativos: l^9 decreto de 12 de junio mandando practicar el censo de los bienes de propiedad del Gobierno; 2^9 el de 11 de marzo prohibiendo a los empleados solicitar cantidades a cuenta de sus sueldos; 3^9 el de 5 del mismo disponiendo que los receptores remitan a la Receptoría General los fondos existentes en la Oficina a su cargo, sin excusa alguna, cada vez que aquélla se los exija, y estableciendo la penalidad correspondiente; 4^9 el de 11 de abril concediendo a los deudores morosos por impuestos, el pago sin multa hasta el 30 del mismo en la Capital y hasta el 30 de mayo en la campaña, quedando en suspenso su cobro hasta obtener la aprobación Legislativa; 5^9 el de la misma fecha del anterior autorizando al Banco de la Provincia para gestionar ante el Exmo. Gobierno de la Nación el pago de los gastos hechos en la movilización de la Guardia Nacional; 6^9 el de 22 del mismo mes,

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Creando una comisión presidida por el Agente Municipal, para que proceda a la adquisición de los artículos de subsistencia de las personas menesterosas de la Capital, vendiéndolas al precio de costo, para lo cual se destinan $ 5.000 de rentas municipales; 7^9 la resolución de 16 de marzo del corriente ordenando que la Receptoría deposite diariamente en el Banco Provincial los fondos que recolecte, etc.; 8Q la del mismo día mandando practicar un inventario de los útiles existentes para suministro a las oficinas públicas de la Provincia, para hacer efectivo con toda economía el artículo 7^9 de la ley de presupuesto; 9^9 las de 11 de abril y l^9 de mayo del corriente, mandando inventariar y vender en remate público los objetos adquiridos para la Exposición Provincial, ingresando su producido a la Tesorería General.

El primero de los decretos que acabo de enumerar envuelve una trascendencia indudable, porque el censo de las propiedades públicas dará al Gobierno base para calcular y conocer la fuerza financiera de la administración, y el capital que puede movilizar en momentos determinados. La Comisión fué formada con los señores doctor Gaspar N. Gómez, doctor Oscar de las Carreras, doctor Guillermo San Román, don Lorenzo Torres y don Bartolomé Piédrola, y creo que por dificultades originadas en la campaña no ha podido aún llevar su cargo.

Las leyes de impuestos van siendo revisadas gradualmente, y modificadas con la prudencia que requiere su trascendental importancia. Una reforma repetina en todo el sistema, por malo que fuera, no daría buenos resultados, porque el cambio de una vieja práctica traería una paralización considerable en el movimiento de la renta. El pueblo está habituado, sabe de memoria sus deberes, y poco lee ni examina las leyes que obedece. Es indispensable, pues, que la reforma vaya lentamente y sin desequilibrios que sólo causarían perjuicios al Tesoro Público.

También debo advertiros con toda sinceridad que es imposible aplicar entre nosotros los progresos que la experiencia de otros pueblos ha introducido en las leyes del género; porque o faltan los elementos de producción, o no tenemos agentes educados en la delicada profesión de avaluador de la propiedad que es la base catastral de nuestros impuestos; ni siquiera podemos exigírselo, puesto que no podemos pagarlos con la medida que tal trabajo requiere.

El progreso vendrá, pero lento y seguro: las leyes, y especialmente las de esta especie, no son nada sino tienen en cuenta las condicions sociales y los medios de expedición de los negocios; la mejor en Bunos Aires sería detestable entre nosotros por su inaplicabilidad.

Carecemos, en verdad, de muchas de las cualidades necesarias para ser bien gobernados: sea efecto de nuestra educación, sea por seguir ejemplos perniciosos sentados alguna vez como ley, el pueblo tiene especial repugnancia, —y lo que es más— desprecio por el impuesto. Nadie quiere pagarlo voluntariamnte; y al contrario, se espera la acción coercitiva de la autoridad para hacer caer sobre ella, a títu* lo de persecución personal, la responsabilidad de haber dirigido la acción de la justicia contra la propiedad del deudor moroso o rebelde. Así se dejan acumular los impuestos atrasados, y después es más difícil y violento para el pueblo y el gobierno proceder a su recaudación. Se necesitaría gastar una nueva renta en procuradores que persigan individualmente por cantidades insignificantes a los contribuyentes morosos; y pocos se deciden a emprender la tarea por todo lo odiosa que es la ley cuando tiene que personalizarse; sin embargo, el P. E. no puede dejar de tener en cuenta estas consideraciones de orden social, al fijar su norma de conducta, mucho más en épocas difíciles, en que lejos de tener el propietario o contribuyente con qué satisfacer las cargas públicas, espera la protección directa del Gobierno en cualquiera forma.

Se ha reaccionado lo posible en esta costumbre adversa

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al impuesto, en la proporción de los recursos del Gobierno y de una eficaz moderación; se ha entregado a la justicia por los medios legales a todos los que han incurrido en demora o reincidencia en el pago de sus deudas, sin que pueda tacharse al P. E. de parcialidad en su procedimiento.

Efecto de las reformas introducidas en la legislación fiscal para 1890 ha sido el notable aumento de todos los ramos de la renta, de que os instruiré más adelante; y con las que habéis sancionado para 1891, y con relación a la profunda crisis reinante, ese aumento sobrepasará al del año anterior mucho más allá de mis esperanzas; porque ahora ha desaparecido ese cúmulo confuso de leyes sueltas sin fuerza ni eficacia que, multiplicando los deberes de los agentes de la autoridad, disminuía su acción efectiva. La legislación de impuestos es práctica, y su simplicidad y claridad son un requisito esencial. Es la tendencia de todas las reformas fiscales en todas las provincias más adelantadas, como Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, etc. Nosotros teníamos la tarea de reproducir anualmente una abundante cantidad de leyes, creando impuestos los más de ellos completamente ineficaces por la falta de seguridad en las mismas prescripciones; por ejemplo, los que se denominaban de minas, estampillas, multas policiales, peage, guías, marcas, frutos, carnes muertas, invernada, corralage y rifas, que se dictaban separadamente y se cobraban sin control alguno seguro, han sido refundidas en la ley de sellos, simplificando la comprensión de la ley por el pueblo y las autoridades, y estableciendo un control tan eficaz cuanto que la Receptoría General, desde sus libros tiene la inspección necesaria. Ha quedado, sin embargo, vigente la parte reglamentaria de las mismas. Así, pues, nuestro trabajo se simplifica y ofrece mayores seguridades de acierto, dictando solamente como leyes permanentes las de Contribución Directa, de Patentes, Sellos, Moviliar, Irrigación e Impuestos Municipales.

El P. E. piensa redoblar este año su atención en el es

tudio y preparación de las leyes fiscales para 1892, trazando definitivamente un sistema tan fijo como sea posible, dentro del cual quepan todas las reformas de detalle que la experiencia o la ciencia aconsejen, y que sea como un código fiscal que imprima a la administración una marcha inalterable, y permita calcular exactamente sus rentas y encarrilar las prácticas financieras de manera a libertarla de las oscilaciones y cambios tan nocivos en tan delicada materia.

La idea es vasta, sencilla y completa, porque abraza todo el mecanismo de la elaboración de las leyes de hacienda, confección y ejecución del presupuesto anual, sistema de contabilidad y reglamentos de las mismas materias; y espero que prestando vuestra aprobación a este plan, que se os presentará en breve en proyecto, podemos decir que hemos asegurado nuestra organización financiera, y hemos dado un paso adelantado en la legislación argentina. No hay un Estado de la Unión Americana que no posea su código fiscal invariable, y Méjico, Colombia, Chile y algunos otros países han adoptado ese sistema con resultados admirables.

El presupuesto general de la administración ha sido objeto de estudios pacientes y detenidos, por ser la ley más trascendental de la Provincia. De ella depende una gran parte de los medios de subsistencia del pueblo, y en ella están fijas las miradas y las esperanzas de una porción crecida de la población. En un pueblo como el nuestro, donde todavía las industrias no tienen vida independiente y desarrollo propio, la distribución de la renta pública por medio del presupuesto, es por lo tanto el asunto más grave que pueda preocupar al administrador. De ahí que las épocas de escasez de las entradas fiscales determinan una situación de carestía, y algunas veces de miseria en la sociedad, y de ahí la necesidad, más trascendental todavía, de que presida a su formación la más estricta severidad, y la más absoluta

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exactitud en el criterio del legislador al fijar los gastos ordinarios y al calcular los recursos para cubrirlos.

No es el presupuesto una ley de ocasión ni de efecto: él es el cuadro que refleja la capacidad económica, la vitalidad, la cultura, la fuerza de un Estado para bastarse a sí mismo o para existir como entidad soberana. Los errores, las ilusiones, los engaños que contenga van directamente a herir de muerte a la sociedad y al gobierno. La verdad es la base de su construcción, como la honradez es la esencia de su funcionamiento.

Al confeccionar el de 1890, cuando todavía no se sentían, sino como vagos anuncios, los desastres que hoy sufrimos, ya comprendió el P. E. que debía reducir su extensión notablemente, reemplazando gastos sin utilidad por otros tendientes a mejorar el servicio administrativo o estimular el progreso de la Administración y de la Provincia; pero apenas iniciado el año, la situación del país, agravada repentinamente, obligó al P. E. a introducir grandes economías, ya sea suprimiendo una gran parte del personal, ya refundiendo empleos, ya suspendiendo o anulando los efectos de leyes especiales que importaban gastos extraordinarios, por medio del decreto de 12 de abril de 1890, aprobado por vuestra ley de 30 de junio, el que significó evitar al Tesoro un gasto de $ 729.826. El 19 de mayo fué necesario hacer nuevas reducciones en el presupuesto, y se realizaron por valor de $ 22.855.

El presupuesto para 1891 fué formado ya cuando se conocía el mal reinante en toda su intensidad, y entonces se lo redujo a una expresión ínfima, y después de maduro estudio para no destruir la subsistencia y la integridad de los poderes o instituciones que por la Constitución o las leyes generales son parte esencial de nuestra forma de gobierno. Ascendía a la suma de $ 241.592. Pero como ya me había propuesto buscar en cada momento una economía posible, y para hacer más probable el servicio de los créditos contraídos para el pago de la deuda flotante, se pudo toda*»

vía por vuestra ley de 21 de marzo, sancionada en sesiones extraordinarias, rebajar de aquella cantidad la de $ 14.621, quedando, por tanto, limitado el presupuesto para 1891 a lo que puedo llamar la mínima expresión de nuestras necesidades: la suma de $ 226.970,50.

Agreguemos a estos esfuerzos supremos de economía, las que se obtienen diariamente en la aplicación de cada partida, en la duplicación voluntaria de trabajo en algunos empleados, y la que se obtendrá en la inversión del presupuesto escolar que corre por mano separada, y a lo que está dedicado con laudable empeño el Consejo respectivo. Así, por más que descienda la renta calculada, no creo que el déficit final sea tal que pueda preocuparnos.

Debo advertir que en el proyecto que se os remitió y que fué ley, se omitió la partida destinada al servicio de la deuda externa, por la razón indiscutible de que ella fué creada por una ley especial que fijaba los recursos para atenderla, encargando de ese deber al Banco de la Provincia, quien percibe los fondos afectados y los aplica a su destino, sin que la Contaduría General tenga que hacer más que simples anotaciones de las operaciones que esa deuda impone. Aquella partida abultaba inútilmente el presupuesto, aparte de que era imposible fijar una cantidad que varía con la rapidez de las alzas y bajas del metálico en las cotizaciones de la Bolsa de Buenos Aires, donde se le compra al precio del día en que ha de verificarse el pago semestral.

Nuestro presupuesto, señores diputados, habla bien claro en favor de la abnegación con que los empleados y los funcionarios de todos los Poderes Públicos soportan una situación de angustia para el pueblo de la Provincia; y debo confesar para mi satisfacción como mandatario e hijo de esta tierra, que he tenido fuerzas para resistir el peso de tan penosos días como los del año que ha pasado, cuando he visto que en medio de la miseria pública y privada, y del desaliento general, tenía todavía a mi lado quien qui-

siera acompañarme a sobrellevar con serenidad y valor tan grandes sufrimientos. La abnegación por la causa pública es sin duda una fuerza poderosa de reconstrucción en las épocas de decadencia, y creo que las privaciones del año 1890 y las que impone el nuevo presupuesto —aún a los funcionarios de sueldo privilegiado, y que voluntariamente han renunciado el privilegio, sometiéndose a la reducción del 10 %— salvan a la Provincia de su situación actual, y conjuran los peligros del porvenir, a menos que, como no lo espero, nuevas desgracias nacionales vengan a profundizar el abismo.

De acuerdo con mis cálculos y previsiones, y a pesar de las dificultades conocidas, el movimiento de la renta durante el año 1890 ha superado al de 1889, así como los gastos han sido muchos más reducidos merced al plan de economías, y a la estricta sujeción a las necesidades reales del Gobierno.

Va en seguida un cuadro general del movimiento que reflejan los libros de contabilidad desde el l^9 de Enero al 31 de Diciembre de 1890.

INGRESOS

Por impuestos:

Contribución directa y adicional           $   62.181.91

Id. mobiliar                                    13.920.74

Id. de minas                                    4.000.00

Peage ................................... 3.000.00

Invernada                                          838.90

Marcas                                         4.198.85

Carnes muertas                                3.494.07

Irrigación ............................... 1.238.92

Patentes y adicional ..................... 47.842.57

Papel sellado y estampillas                      9.962.62

Marchamo                                   2.700.57

Carreras................................. 3.40

Guías de hacienda                             1.877.06

Corralaje                                    $      164.69

Rifas ................................... 457.96

Extraordinarios .......................... 14.517.75

Contribución de años anteriores                 6.156.68

Multas por leyes de hacienda                    2.170.10

Venta de tierras ........................ 50.662.19

Impuestos municipales                         8.662.27

Multas policiales                                 1.038.00    239.089.25

Por créditos y otros conceptos:

Banco Provincial c. c.                      $ 240.058.84

Id. Id. c. especial                                 11.188.60

Id. id. c. Tesorería                                8.906.12

C. H. Herrera                                   1.869.00

Documentos a pagar                         122.858.64

Presupuesto de 1889                          251.462.45    636.343.75

Total general de ingresos            $                875.433.00

PAGOS

Por presupuesto                          $               279.398.47

Por leyes especiales:

Exposición provincial                       $   23.223.64

Obras de defensa ................... 12.394.59

9 de septiembre de 1889                         105.00

20 de noviembre id.                            3.000.00

- 3 de octubre id......... 3.300.00

- 4 de noviembre id.                             2.334.25

3 de octubre id.......................... 1.000.00

8 de noviembre 1888, empedrado              76.407.67

- 29 de septiembre de 1887                          30.00

- 30 de junio de 1890                            1.450.00

Telégrafo Provincial .................... 50.50

3 de octubre 1889, caminos en el mineral

de Famatina .................. 36.519.00

3 de julio de 1890                                686.50    160.501.15

Por acuerdos:

2 de diciembre del 89; 6, 8, 15 de febrero,

- 5 de marzo, 17 de junio, 3 y 24 de enero,

8, 22 y 27 de abril de 1890               $                  16.652.60

Por resoluciones:

18 de septiembre y 15 de octubre de 1889,

20 de enero, 24 de febrero, 5 y 21 de marzo, 13 de junio, 10 de mayo y 3 de diciembre de 1890                       $                  9.373.08

Gastos de recaudación                          7.009.85

Contrato de alumbrado                          920.00

Id. limpieza ............................ 750.00

Adelantos por sueldos                         51.789.54

Resultas del año 1889 ................... 32.775.01

Movilización Guardia Nacional                 4.474.20

Consejo de Educación ................... »     2.946.86

Contrato forraje                                 3.334.10

Comisiones por remates                          130.82

Adelantos del 89 ........................ 2.562.85

Edificio fiscal en Famatina                         500.00

Adelantos por la campaña                      5.631.96   112.825.19

Banco Nacional, c. c.                       $                 29.563.64

608.314.13 Resumen:

Ingresos por cobro de impuestos            $                239.089.25

Id. id. créditos y otros conceptos                             636.343.75

875.433.00

Pagos por presupuesto                     $ 279.398.47

Id. id. leyes especiales                          160.501.15

Id. id. acuerdos                                 16.652.60

Id. id. resoluciones                               9.373.08

Id. id. varios conceptos                        112.825.19

Id. id. Banco Nacional c. c.                    29.563.64    608.314.13

A favor del Erario                        $                267.118.87

Cuyo saldo se descompone en la siguiente forma:

Existencia en caja                           $      723.90

En letras a cobrar ...................... 245.654.29

Saldo de Receptorías a favor del Tesoro      15.852.07

Acciones del Centro Comercial                 2.120.00

Municipalidad                                     16.50

Policía                                           2.752.11

$ 267.118.87

Hagamos algunas comparaciones que darán luz sobre el resultado de la acción administrativa. En 1889 el producto de los impuestos ordinarios fué de $ 161.413,30, y en 1890, en pleno reinado de las dificultades financieras conocidas, fué de $ 188.427,06, esto es, $ 27.013,96 más que el anterior. Los gastos por presupuesto, que en 1889 subieron a $ 1.044.457,04, descendieron en 1890 a $ 279.398,47. En 1889 se pagó por leyes especiales, acuerdos y resoluciones la suma de $ 530.945,91, en 1890 sólo se gastó $ 186.526,83, es decir $ 344.419,08 menos que el año anterior, debiendo comprenderse en la suma gastada en 1890 la de $ 76.407,67 por ley de 8 de noviembre de 1888, concesionaria del empedrado, y $ 30 por ley de 29 de septiembre de 1887, quedando reducido el gasto de 1890, por ese concepto, a la cantidad de pesos 110.089,16.

Si la Legislatura de 1891 no vota gastos que no tengan señalado el recurso conque han de cubrirse especialmente, y si no sobrevienen circunstancias extraordinarias ajenas a nuestra vida interna y normal, el resultado del presente año económico va a contener enseñanzas y satisfacciones inesperadas, y promesas halagüeñas para el porvenir. Así, espero confiado en que entregaré a mi sucesor una administración holgada y regular, reducida a sus verdaderos recursos y gastos, y libre de la intrincada madeja que la dedicación y la paciencia van desatando.

Debe advertirse, para no ser inducido en error al apreciar el progreso de la renta pública, que han desaparecido para el Tesoro algunos recursos importantes por efecto de la mala situación del país, unos, y otros por haber sido enajenados por leyes anteriores. Por ejemplo, las tierras públicas y capellanías que aumentaron la cifra de 1889 en pesos 277.480,93, sólo aparecen en 1890 representadas por la suma de $ 50.662,19, y como se sabe, la mayor parte en documentos a largo plazo. Los impuestos de matadero y mercado cedidos en la Capital y Chilecito por leyes anteriores, im-

portan también una notable disminución en la renta ordinaria.

La percepción de la renta en la campaña, que es la mayor de las dificultades de nuestra administración, ha mejorado notablemente en el año 1890 no obstante la crisis; y el siguiente cuadro demuestra, además del rendimiento anual de la campaña, otra circunstancia importante: que todos los Departamentos pueden sostenerse a sí mismos con sus rentas propias. El producido total de las Receptorías de campaña, ingresado en Tesorería, alcanza a $ 114.714,94, cuyo detalle es como sigue:

Villa Bustos (Sanaga8ta)                           $   3.896.95

Castro Barros                                         8.292.73

Arauco                                                    4.101.71

Sauces                                                6.214.18

Chilecito                                              22.544.99

Famatina                                           5.187.54

Sarmiento                                            6.278.27

Lavalle ....................................... 5.629.44

Independencia                                           3.322.03

Vélez Sársfield                                         5.788.61

Rivadavia                                             8.197.89

General Roca                                       5.008.99

„    Ocampo ............................... 7.005.62

„    San Martín                                  3.843.87

„    Belgrano                                    8.069.22

Juárez Celman ................................. 9.010.05

General La Madrid                                  2.318.85

114.714.94

que con el saldo de $ 15.852,07 que pasa al año corriente, asciende a $ 130.567,01.

Haré lo posible, antes de concluir mi período gubernativo, por presentaros de una manera general y definitiva

la legislación de la tierra pública, para que desaparezca la anarquía reinante al respecto entre tantas leyes y decretos que corren dispersos e ignorados, y muchos o casi todos contradictorios entre sí. La tierra fiscal es la base de toda prosperidad bien entendida y sólida, y debe ser conservada con el mayor cuidado porque es el tesoro de las generaciones futuras, porque es el cimiento de toda administración, y porque ella va a ofrecer el hogar buscado por todos los hombres de otros pueblos que vengan al amparo de las promesas de nuestra Constitución; ella significa, pues, población, cultura, riqueza; y ligando al hombre al suelo por el hogar, le liga a la patria por el trabajo y la familia.

El espíritu de la ley fundamental es que la tierra de propiedad de la Provincia sea distribuida con sujeción a leyes protectoras del trabajo, y como una fuente permanente de vida y de renta; y está muy lejos de pensar que va a ser destinada a ventas desordenadas y especulativas sin sujeción a un plan agrícola o de población, ni mucho menos que fuera empeñada en su totalidad de una sola vez, cuando las constituciones de casi todos los pueblos mejor ordenados establecen generalmente que no ha de enajenarse al año sino una determinada proporción; porque cuando la tierra pública puede ser vendida sin limitaciones, se cae en el abuso del crédito, y gobiernos poco o nada escrupulosos agotarían en un día lo que es la fortuna de todos los tiempos.

La ley que, según la Constitución, ha de reglamentar el uso y enajenación de la tierra, debe levantarse, desde luego, sobre bases seguras e inalterables que signifiquen un sistema. Yo había concebido ya el plan de la que pensé proponeros: descubrir y mensurar la tierra fiscal, dividirla en porciones según su naturaleza y aplicaciones, fijar la forma y tiempo de la enajenación o empleo, etc. Pero no creo prudente ni posible comenzar a desarrollar en la práctica un sistema agrario sin conocer el conjunto, sin tener antes los elementos de vitalidad y sin poder ofrecer a los compradores ventaja alguna positiva e inmediata. Poblar un país

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nuevo es fundar un hogar nuevo, adoptar una nueva patria, y por eso la tierra que se ofreciera al colono extranjero debe llevar en sí todos los elementos que aseguren su vitalidad, ya sea los que dependen de su propia naturaleza, ya los que ofrece la industria.

Creo, pues, que si hemos de cumplir los votos de los que fundaron la Nación Argentina, debemos tratar el asunto de la tierra pública con el más elevado espíritu científico, para construir una ley de engrandecimiento de la Provincia, y para ponernos a salvo contra los abusos y las imprevisiones de los gobiernos y del pueblo. Y la necesidad de asegurar previamente su valor efectivo a nuestra tierra pública por medio de obras que la provean de agua —asunto que demorará todavía algún tiempo para ser resuelto—9 es desde ahora una garantía para que ella no sea entregada a la venta, reservándola para cuando la consolidación de nuestro gobierno local sea un hecho definido; aunque, por otra parte, envuelve el peligro de que la tierra sea convertida en objeto de especulación de moderna data, que consiste en pasar de una mano a otra campos desiertos cuyo valor está determinado solamente por una esperanza más o menos fundada de que llegará algún día al poder de quien pueda cultivarla, o, lo que es más corriente, que volverá a poder del Estado por la expropiación para alguna obra pública de dudosa utilidad.

No, señores diputados, la tierra pública que es una manifestación de la soberanía; que tiene tan altos y trascendentales destinos, debe ser regida por leyes que se asemejan a las que dan carácter sagrado al hogar del hombre. Ella ha sido el factor esencial de la grandeza de todas las naciones desde la más remota antigüedad; las formas de gobierno se han levantado sobre sus leyes durante una larga edad histórica; y cuando han surgido de España e Inglaterra, Estados nuevos, la tierra libertada fué el baluarte de sus derechos, la generadora de sus libertades políticas, la consolidación de sus conquistas.

Los primeros congresos y legislaturas entre nosotros se ocuparon principalmente de esta materia, porque comprendieron que la inmigración que iba a darnos vida propia, no vendría a nosotros sino para radicar en tierra suya el hogar errante. Cuando el Poder Ejecutivo os presente el proyecto respectivo, tendré ocasión de extender un raciocinio que involuntariamente se adelanta ahora, limitándome en este acto a poner de manifiesto el pensamiento dominante y los estudios hechos hasta hoy.

El P. E. se preocupa de unificar la legislación dispersa sobre esta rama de la hacienda pública, para presentar en un solo cuerpo todo su sistema, que será tan invariable como lo consienta el espíritu movedizo de nuestras leyes. Tiene ejemplos luminosos que seguir, desde Inglaterra y Estados Unidos, hasta España y nuestras propias provincias, de las cuales Buenos Aires ha adelantado inmensas distancias en materia de legislación agraria.

La ley vigente de 20 de octubre de 1886, que a tantos abusos se ha prestado, y que no ponía límite a las extensiones de tierra que podían venderse; que fijaba plazos tan largos para el pago sin tener en cuenta el progreso natural de los valores; que no garantizó bastante el procedimiento para su denuncia, mensura y venta, ha sido derogada en sus efectos por vuestra ley de 9 de noviembre de 1889, que mandaba suspender la venta de la tierra fiscal que había llegado a precios vergonzosos, amenazando arrojar a los cuatro vientos todo eso que constituye el único tesoro positivo de las generaciones presentes y venideras. La nueva ley que se dicte debe aprovechar esas duras lecciones de la experiencia.

Asunto de importancia capitalísima para la Provincia es la irrigación, y de su ordenamiento dependerá en gran parte su porvenir; porque careciendo de corrientes caudalosas, y no siendo nuestro suelo beneficiado por lluvias frecuentes, la agricultura se limita a la pequeña porción que puede re-

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garse con el agua que posee; y es de imaginarse cuánta gravedad encierra la cuestión legal en el aprovechamiento, cuando de tan escasos caudales debe satisfacerse al mayor número. Bajo el aspecto económico, financiero y legal, el asunto es difícil pero de una importancia suma; lo primero, por lo que significa para nuestro desarrollo agrícola, lo segundo por la renta pública y lo tercero por la manera de satisfacer el derecho de todos los que tienen título a una cantidad de agua, y especialmente, siendo en casi todas las regiones de la Provincia la comunidad, la forma en que tales derechos se presentan.

Pero, vamos con método, y nos convenceremos de que en La Rio ja se ha estudiado esta cuestión con esmero durante algunas administraciones de ilustración y de labor; y aunque a mi modo de ver no se haya llegado a la fórmula requerida por nuestras condiciones físicas y legales, he debido reconocer que las leyes y reglamentos dictados hace veintidós años deben servirnos de molde para fundir los nuevos.

La publicación del Registro Oficial ha venido a reconciliarnos con el pasado, y a hacernos aprovechar las experiencias de otros tiempos y de otros hombres; allí está constatado cuanto se ha hecho por dar impulso a la agricultura, a la riqueza, buscándola en su fuente más abundante y copiosa. Existen leyes generales de irrigación de las cuales dos —las de 4 de enero de 1865 y 8 de enero de 1866— parecen haberse perdido de los archivos en los años de desorden; existen decretos del P. E. organizando el servicio én virtud de esas leyes sobre una base experimental y científica, habiéndose dado a casi todos los Departamentos la legislación que correspondía a la naturaleza de su suelo, o sea la disposición natural de sus aguas.

Siguiendo el sistema de las leyes españolas que hacían de las aguas una regalía (ley 63, tít. 2, lib. 3^9; 4% 5’ y 8% tít. 12, lib. 4^9; 7* y 9% tít. 17, lib. 4^9, Rec. de Indias; Real Cédula de 15 de octubre de 1754) los gobiernos que reemplazaron al de la Colonia, una vez suprimidos los cabildos que

lo ejercían por delegación del soberano, practicaron la facultad de conceder derechos de agua por merced anexa a las tierras que se daban para poblar, originando así ese cúmulo existente hoy de mercedes de aguas que han ido subdividiéndose con la trasmisión hereditaria y constituyendo derechos adquiridos que el Código Civil y las constituciones no alteraron.

Los bienes que forman el dominio público están bajo la dependencia del Estado, y éste, al organizar las Municipalidades, señalándoles sus jurisdicciones respectivas, delega o no en ellas el ejercicio de la facultad, según la naturaleza de las cosas sobre que recae; pero aunque les cediera la prerrogativa de conceder derechos sobre las aguas que no ultrapasaran los límites del municipio, siempre sería una derivación de la soberanía del suelo que pertenece al Estado. En cuanto a las corrientes que atraviesan varios municipios no puede, por lo tanto, haber discusión.

Trátase siempre en estas cuetsiones de aguas, de las que por su reducido curso pertenecen a un municipio, o que cruzando varios de ellos, pueden ser aprovechadas por todos, en cuyo caso las Municipalidades tienen las facultades administrativas sobre la distribución de las porciones extraídas. Es sin duda alguna lo que ha inspirado el inciso 2^9 del artículo 108 de la Constitución provincial, pues no ha concebido que ninguna otra entidad pudiese reemplazar al Estado en el ejercicio del dominio sobre los bienes públicos.

La razón de no haberse fundado las Municipalidades que ese artículo ordena, es la que explica la insubsistencia de las leyes que en diversas épocas se han dictado sobre la materia; porque los gobiernos se fueron acostumbrando al régimen personal y centralista, y no hubo quien se interesara por conservar y vigilar el derecho de las localidades a los beneficios de la propiedad común. Las corporaciones independientes mantienen a toda costa la integridad de sus derechos locales; y sabiendo que su conservación o pérdida les serán imputadas exclusivamente a ellas, pondrán toda su

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decisión por impulsarlos y consolidarlos en la costumbre y en el respeto de todos.

Una ley general que reglamente el uso del agua en toda la Provincia, está sujeta a muchas condiciones esenciales que pueden reducirse a dos: la naturaleza del suelo y disposición de las corrientes, y los hábitos de las poblaciones respecto a su distribución, o la manera de resolver los conflictos que por su carácter fundamental no pertenezcan a la justicia ordinaria. Esa ley debeT pues, especializarse con cada localidad según su índole.

La legislatura de esta Provincia ha dictado leyes experimentales. Después de varios ensayos, se sancionó la de 16 de diciembre de 1870 que organizaba el Departamento General de Irrigación, por medio del cual se vigilaba el ejercicio de las atribuciones locales o municipales y se promovía el progreso de la campaña. Pero esta ley cayó en desuso de tal manera, que a no ser la curiosidad histórica y la publicación del Registro Oficial, habría quedado sepultada en el olvido con todo el caudal de experiencia y de bondad que contiene. Por medio de leyes especiales se fué dotando a cada Departamento de sus reglamentos propios y adecuados; y de éstos queda constancia en el Registro Oficial, publicado hasta la fecha, de los de Chilecito, Arauco y San Martín, debiendo tenerse presente que el segundo comprendía entonces lo que hoy son los Departamentos Arauco y Castro Barros; por decreto de 23 de noviembre de 1869, el Poder Ejecutivo estableció la división de la Provincia para la administración de las aguas, en doce secciones, creando comisiones que debían ser elegidas por voto directo del gremio de agricultores.

Reunidos todos estos ensayos sucesivos de legislación desde 1865 hasta donde sea posible obtener noticia; pesando en detalle las causas históricas, físicas y sociales que han impedido su aplicación en lo sucesivo; consultando los progresos de la legislación del ramo en otros países y las observaciones técnicas mandadas practicar por mi administración, por decreto de 6 de febrero de 1890, con la idea preconcebida de dar forma definitiva a esta importante materia, se redactará la ley general de irrigación, o bien será comprendida en conjunto en el código fiscal que se prepara, siendo las aguas una rama principal de la hacienda pública.

Aquel decreto dividía el territorio, a los objetos del estudio de las condiciones y costumbres a que se sujeta actualmente el uso del agua, en tres regiones, encomendadas a tres personas competentes, de las que sólo se ha expedido el sabio * Ingeniero don Emilio Húniken, uno de los hombres que mayor dedicación hayan prestado a los altos intereses económicos de esta Provincia.

Su luminoso informe —que publicaré en breve, acompañado de un mapa en pequeño de la región del Oeste— contiene todo cuanto puede desearse para solucionar la cuestión en el terreno práctico en que debe colocarse toda buena legislación, y aún el mismo autor propone las bases de la que debe dictarse aplicable a esos ricos Departamentos. Su estudio comprende Chilecito, Famatina, Lavalle, La Madrid y Sarmiento, y está escrito con el criterio positivo y experimental que caracteriza a todo hombre de ciencia.

La Rio ja se encuentra en el mismo estado, respecto de este ramo de su hacienda, en que apreciaba a Chile el eminente jurisconsulto y estadista don José Victorino Lastarria, cuando proyectó para su patria el Código Rural nacional. “La ley —dice este autor— si se quiere comenzar a poner remedio a la situación anárquica, debe resolver todas aquellas situaciones jurídicas, según los principios de la jurisprudencia, y no por el cálculo matemático; y debe limitarse a reglamentar la práctica de los turnos, salvándola de los peligros de la arbitrariedad de los gobernantes y de los egoísmos particulares, y dictando reglas fijas para favorecer todos los derechos legítimamente constituidos, y estimular a los poseedores de hecho a que legalicen su situación. En conclusión, tratando de repartir las aguas de riego conforme a los títulos constituidos o por constituirse, sea en cantidad fija donde no hay escasez, esa proporcionalmente en las vertientes su-

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jetas a variaciones, lo que hace falta no es un sistema matemático de medición o distribución, sino un sistema legal que defina y deslinde los derechos, para evitar desigualdades, injusticias, arbitrariedades y litigios”.

Esta es precisamente nuestra situación, y la que creo urgente hacer desaparecer. Y como no podemos pensar todavía en un sistema matemático o científico —que exigiría construcciones de un costo superior a nuestras fuerzas—9 limitémonos a aquello que simplemente tienda a normalizar las prácticas existentes, legalizar cuanto sea posible la costumbre y fijar reglas invariables y seguras, tanto para la distribución misma, como para solucionar las cuestiones de hecho «o de carácter puramente ejecutivo, que ella suscita diariamente entre los regantes que tienen derecho en el mismo eaudal de agua.

No puedo deciros qué formas adoptará el proyecto, porque el estudio más detenido puede modificar las ideas y los planes que ahora se iniciaran; y con lo que he manifestado podéis abarcar el conjunto de la materia y penetrar a fondo el pensamiento general del Poder Ejecutivo, que se traducirá en proyecto, combinado con la ley fiscal y con la de Municipalidades a las que va más estrechamente unido.

¿Cómo podemos explicarnos —sino por efecto de la falta de una organización debida— que este ramo no alcance a producir al año más de cinco mil pesos al Tesoro Público? La cuestión es, desde luego, de la más alta trascendencia para el Estado, y en seguida, para el porvenir de las mismas Municipalidades, que tendrían en la irrigación su renta principal, una vez creadas por la ley. Entre tanto, podéis meditar sobre tan grave asunto para llevar a la discusión el mayor caudal de ideas científicas y prácticas.

Después de haberos hablado de la tierra pública y de la irrigación, debo ocuparme, aunque solo sea suscintamente, de la más grande de nuestras industrias —la minería—9 y a la vez la más olvidada y difícil. Porque sus tesoros dieron origen a nuestra Provincia, la poblaron y la hicieron conocer ante el mundo como depositaría de inmensas riquezas que pasaron mucho tiempo como fábulas.

Colocado nuestro territorio en un extremo del país, apenas si sentimos las últimas pulsaciones de las corrientes del progreso general; y aunque la fama de nuestros minerales traspase el océano, y se avalúen como su alta ley merece, no han podido todavía atraer los elementos indispensables para tomar el incremento a que están llamados. Por este concepto, y no habiendo llegado el ferrocarril al asiento minero, es grande el mérito de los industriales europeos que desafiando tantas dificultades han establecido sus trabajos y expuesto sus capitales.

La explotación de nuestras minas, tan antigua como nuestra historia local, no ha disminuido aún sensiblemente su riqueza, por la simplicidad primitiva de los métodos empleados hasta ahora; por la exigüidad de los capitales que se dedican a ella; por las perturbaciones políticas que han paralizado casi medio siglo el trabajo; por la falta de un código que elimine los profundos males que causan las costumbres legales trasmitidas por herencia; y últimamente, porque la carencia de vialidad adecuada hace imposible la explotación en grandes proporciones.

Así, por más que el Gobierno Provincial haya buscado por medios locales el impulso de esa industria, y la garantía de los derechos que ella pone en juego, nunca pueden reemplazar la acción poderosa de los grandes factores modernos —el capital y el vapor—. Lo más que ha podido hacer, y lo que podrá mientras aquellas causas no desaparezcan, será rodear a la minería de todos los privilegios, facilidades y garantías que estén dentro de sus facultades legales y administrativas.

El Código de Minería esperado cerca de veinte años por el país, no ha solucionado, como se requería, las dificultades tradicionales de la minería argentina, ya sea porque no

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tuvo en cuenta las absolutas diferencias que separan a unas regiones de otras, ya porque creó un sistema demasiado complicado con relación al grado de desarrollo de la industria cuando el Código salió a luz, ya en fin, porque apartándose casi totalmente en muchos casos, del derecho tradicional y consuetudinario, hizo más difícil la asimilación de las nuevas formas, y lo que es peor, aumentando en vez de suprimir el cáncer que devora esa industria —los pleitos—. Además, la aplicación del Código por las provincias, requiere una administración especial que algunas de ellas, las más ricas talvez, no pueden costear, a menos que se gravara la industria misma con impuestos que no pudiera soportar sin peligro de su subsistencia.

Importantes e ilustradas discusiones jurídicas y técnicas suscitó la publicación del Código; reformado por la Comisión parlamentaria primero, revisado después de su promulgación por comisiones gubernativas especiales y experimentado en la práctica, se halla de nuevo en revisión sin que se tenga noticia del resultado. Entre tanto, las provincias mineras, y La Rio ja principalmente por su situación excepcional, sufren los retardos más perjudiciales con esa interminable corrección que no les permite emprender el estudio de la ley local que ha de crear la administración de sus minas, y de la ley de forma para la aplicación ante la justicia, del Código mismo. La renta no puede normalizarse, ni ser creada sobre bases seguras, ni percibida con éxito, mientras no se dicte una ley de administración minera que cree el personal necesario y los servicios que requiere el sistema del Código.

Con el propósito de aportar al estudio de las nuevas reformas el contingente de la experiencia local, y de la ciencia misma aplicable a la naturaleza excepcional de nuestros yacimientos metalíferos, encargué a dos ingenieros competentísimos el estudio del Código en cuanto a su aplicación a nuestras minas. Los ingenieros Húniken y Delsol, me han presentado trabajos esmerados, minuciosos y profundos, que demuestran el empeño y legítimo interés puestos en tan delicado trabajo. La publicación del primero, que se hizo oportunamente, habrá sin duda sido tenida en cuenta por la Comisión revisora del Código, y la del segundo servirá para ilustrar vuestro criterio cuando llegue a vuestro poder, o queráis iniciar el proyecto de legislación administrativa minera, punto que el notable trabajo del señor Delsol trata con especialidad. Yo me complazco en constatar que los estudios más importantes que bajo el aspecto científico ha provocado el Código, han salido de la Provincia de La Rioja, cuya ciencia ha estado representada por los ingenieros don Enrique Hoskold, don Emilio Húniken y Mr. Etienne Delsol, exdirector de la Sociedad Francesa establecida en Chilecito.

Aprovechando estos estudios, en cuanto corresponda, la experiencia ajena, las necesidades propias y las exigencias especiales de nuestra minería, el P. E. tratará de dar forma a un proyecto que salve las dificultades apuntadas, siquiera sea provisoriamente, pero con especialidad, para crear la renta que las minas deben producir al Tesoro con arreglo a su número e importancia de su explotación; y para eso tomará en cuenta las bases conocidas de las Ordenanzas de Méjico que han sido la ley de la América española, y las diversas leyes y decretos que ha dictado el Gobierno de la Provincia desde 1855 hasta el día; pudiendo así asegurar que, por lo menos, nuestra legislación será inspirada en nuestras costumbres, necesidades y caracteres propios.

Ciertamente faltan muchas otras instituciones públicas que dan vida a un Estado y multiplican sus rentas; pero ni el período gubernativo alcanza para iniciarlo todo, ni los recursos del Tesoro lo permiten, ni es posible ir a saltos sin un método gradual, ni es justo ni útil adelantarse a los tiempos quitando a los gobernantes futuros el legítimo derecho a la iniciativa propia.

Había traído el pensamiento de fundar la Oficina Esta-

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dística de la Provincia que tan eficaz y esencial es a toda buena administración; pero ella necesita un personal numeroso en relación a nuestros recursos, y exige un servicio de comunicaciones de que la campaña y la misma Capital carecen. Esta es una idea que debe llevarse a la práctica a la brevedad posible, y con otras de igual importancia, bastaría para caracterizar de progresista y benéfico al gobierno que pudiera ejecutarla.

Entre tanto, concretémonos a mejorar nuestra situación actual, despejando las dificultades que han impedido nuestros pasos, puesto que no es dado al gobierno más emprendedor y entusiasta, realizar lo que no está escrito en las leyes que rigen la marcha y crecimiento de las sociedades.

VII

Obras públicas

La iniciativa y principio de realización que tuvieron las obras públicas de la Provincia, fueron suspendidas apenas se pronunció con caracteres de persistencia la crisis reinante. El plan de mejoras materiales que el P. E. con vuestra cooperación había emprendido, contando con la prosperidad creciente, y con operaciones de crédito de fácil realización, hubo de quedar limitado solamente a aquellas obras que ya habían comenzado a ejecutarse, y cuyos elementos se hallaban ya adquiridos, dejando sin efecto todo otro pensamiento que hubiese entrado como idea de gobierno. Así lo podéis comprobar con las cifras que da la Contaduría y que he expuesto en otro lugar.

Con la intención de plantear un sistema de mejoras en toda la Provincia, y especialmente en la campaña, pedí a todas las autoridades un informe sobre las necesidades más apremiantes de cada localidad, y teniendo en cuenta la importancia especial de algunas regiones, comisioné a personas entendidas para practicar estudios más detenidos en ellas, y de cuyos resultados voy a rendir cuenta, porque ellos os darán la norma de futuros proyectos.

Comunicaciones. — La Rio ja es la única Provincia que ha quedado aislada de las líneas férreas, apesar de haberse sancionado para ella cuatro cencesiones y de construirse una nacional. La crisis ha detenido la construcción de los ferrocarriles de San Juan a Chumbicha, de Villa Mercedes a La Rioja, de San Juan a Salta, que atravesaba toda la región Oeste, de Chumbicha a Tinogasta y Andalgalá, que beneficiaba a la región Norte, y ha suspendido en los Colorados el ramal de Deán Fúnes a Chilecito.

Pero este último, según decretos del Exmo. Gobierno de la Nación, parece será abierto al servicio, trayendo inmensos beneficios a esta Capital y a Chilecito, asiento de las riquezas minerales y punto convergente de las producciones de los ricos Departamentos que se asientan allende la Sierra de Famatina. La estación término —los Colorados—, dista más o menos catorce leguas de esta ciudad y veinte de Chilecito, pudiendo hacerse el viaje de mensajerías de aquí en seis horas y de carros en un día, y facilitando notablemente el tráfico con Chilecito, que se hace actualmente en carros o en muías hasta Deán Fúnes, cuando no hasta Córdoba mismo.

Los caminos generales que ligan a esta Provincia con sus vecinas o con el interior, son cinco: l^9 el de La Rioja a Chumbicha, 2^9 de La Rioja a San Martín, 3^9 de La Rioja a Córdoba, 4^9 de La Rioja a San Juan, y 5^9 de Santa Rosa a Chilecito; éstos que forman un total de 750 kilómetros son sostenidos por la Nación, por intermedio de la Sección del Departamento de Obras Públicas en esta ciudad.

Podemos contar también como caminos generales: el que une la Capital con Chilecito, Lavalle y Sarmiento a través de las sierras de Velazco y Famatina, aunque por su topografía no puede ser transitado sino por muías; el que nos comunica con Sanagasta y los demás Departamentos del Norte

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hasta San Blas de los Sauces, y el que, siendo una prolongación de éste, liga este último punto con Famatina; el de Villa del Rosario de Tama con la “Cruz de los Carriles” a inmediaciones de Santa Rosa, mandado construir por ley del año 1889.

El ferrocarril de Deán Fúnes ha venido a dar nuevo impulso a los Llanos —la región ganadera y agrícola—, siendo las comunicaciones con sus estaciones los caminos vecinales, abiertos unos por el interés particular, otros por la acción combinada de los vecinos de varios Departamentos.

No tenemos como otros pueblos que carecen de ferrocarriles, una red sistemática de caminos generales, interdepartamentales y locales, porque la insuficiencia del personal del Departamento Topográfico no permitió realizar un estudio que le pedí algunas veces, con la idea de formar un plano de las comunicaciones de todo género en la Provincia, y de proyectar una red más económica, que hubiérase realizado con el concurso de las poblaciones mismas beneficiadas por la obra. Esta será realizada cuando se establezcan las municipalidades y éstas comiencen a promover el progreso local. El Gobierno debe ante todo preocuparse de formular la carta previa, y encomendar a las localidades su ejecución.

Los caminos mandados construir en el Mineral de Fama-tina y de que ya os di cuenta el año pasado, quedaron también suspendidos en los 36 kilómetros terminados, con harto sentimiento y perjuicio del gremio minero y de la Provincia misma, que tanto tienen que esperar de aquel emporio de riqueza, muerto hasta hoy por la carencia de sus principales elementos de prosperidad.

Así, pues, la demanda más general de todos los pueblos de la Provincia, que son los caminos, ha sido abandonada por el Gobierno, precisamente cuando ya comenzaba a realizarla, según lo habéis oído en mi Mensaje de 1890; pero deben ser la primordial ocupación del ministerio del ramo, apenas las finanzas permitan distraer fondos o crearlos con ese objeto.

*

Obras de irrigación. — Ya no es preciso, tratándose de irrigación, enunciar siquiera su utilidad; es necesario hacer; y esto, como todas las demás necesidades, se halla imposibilitado por nuestra pobreza. Las obras mandadas ejecutar por la Nación según las leyes de 27 de octubre de 1885 y 30 de setiembre de 1887, o sea la toma y canal que debían proveer de agua a la Capital, han quedado suspendidas en setiembre de 1889, en la mitad de su realización; pero he visto con satisfacción que el ministro del Interior, atendiendo las repetidas solicitudes del Gobierno de La Rioja, aconseja al Congreso en su última memoria, “ejecutar algunas obras que considera indispensables, ya sea para evitar la destrucción de la parte ejecutada, ya para utilizar esa misma parte. Las obras que debían construirse con urgencia son las siguientes: complemento de la parte constrída de la toma; colocar la grilla y la compuerta en la boca del canal; poner compuertas al desaguadero y proveerlo de un conducto de limpieza; construir un muro provisional para el desvío de las aguas, de manera que pasen por las obras ejecutadas; reparar una pequeña sección del canal y otras obras de menor cuantía”.

Los canales mandados estudiar en Chilecito y Nonogasta no han sido de vuestra aprobación, sin duda porque la propuesta presentada no reunía para vuestro criterio condiciones aceptables; siendo de lamentar, no obstante, la falta de estas obras que tanto bien reportarían a aquellas dos poblaciones, emporio en otro tiempo de abundantes productos, y hoy decaídas por la notable disminución o insuficiencia natural de sus aguas permanentes.

El canal de Vargas en esta ciudad, iniciado por una sociedad de propietarios, en combinación con el Gobierno, ha sido mandado estudiar, cumpliendo con la cláusula respectiva del convenio provisorio; y esos estudios terminados ya por el ingeniero don Enrique Rivara, no han sido aún aprobados por el Departamento Topográfico, lo que una vez hecho, serán sometidos a vuestra ilustrada consideración.

4

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Cada vez que ha sido requerida la ayuda del Gobierno para obras de este género, las ha estimulado; pero no pudiendo distraer fondos para construirlas directamente, se ha limitado a ofrecer en parte su cooperación, tratando de despertar el concurso local, que debe ser el principal factor.

El problema de la irrigación, tan vasto como es, y de variadas aplicaciones y formas, por la heterogénea disposición natural de las aguas o del suelo, ha sido meditado sobradamente por el Gobierno; pero requiriendo ingentes sumas para poder construir obras duraderas y realmente benéficas, ha creído que no podía emprenderlas por sí solo, sino más bien, aunque se retarde su realización, encomendarlas a la acción sucesiva y parcial de las localidades, con la participación del Tesoro público donde y en las medidas que fuera posible.

Estudio del ingeniero Húniken en el Oeste. — Por decreto de 25 de noviembre de 1889 se comisionó al ingeniero don Emilio Húniken para estudiar las necesidades principales y más urgentes de los tres Departamentos de allende el Famatina, y hoy tengo en mi poder sus informes, que además de llenar sus objetos especiales, ilustran la geografía de la Provincia con descripciones de alto mérito positivo, y con datos estadísticos que abren horizontes nuevos a la administración. No siéndome posible detallar sus observaciones, entrego solamente a vuestro estudio lo que a mi juicio puede dar origen a una ley general de fomento material para aquella región tan rica en agua y vegetación.

El comisionado piensa con razón que la obra más importante para toda la región del último Oeste, es un camino general carretero que arrancando de Chilecito llegue a la Villa Sarmiento o Vinchina, beneficiando las poblaciones agrícolas de Villa Unión y Villa Castelli, que tendrían su mercado en Chilecito y de ahí el ferrocarril de Deán Fúnes a los Colorados. El plan es completo y consulta los verdaderos intereses económicos del Oeste de la Provincia; pero, como él mismo lo reconoce, su costo mínimo es excesivo para los recursos del Gobierno, pues lo calcula en $ 150,000. Muy en breve el P. E. se dirigirá al Gobierno de la Nación, pidiéndole su ayuda para esta obra que aseguraría la vida del ferrocarril mencionado, aparte de los intereses nacionales bien entendidos que aconsejan aprovechar el más fácil de los pasos de la Cordillera para la importación y exportación por la aduana de Vinchina.

“La comarca —dice el señor Húniken—9 encierra alrededor de 8000 hectáreas de terrenos cultivados así:

Trigo

3.000 hectáreas

Maíz

1.000

99

Alfalfa...............

........ 3.500

99

Arboledas

200

99

Otros cultivos

300

99

8.000 hectáreas

“Parece que la producción media de la tierra, con el antiquísimo sistema de cultivo que en la comarca se emplea, excede algo de quince hectolitros por hectárea para el trigo y el maíz. Las alfalfas se consumen en pie, invernando alrededor de 4000 vacunos cuyo mayor número se exporta a Chile”. Y poseyendo, como se demuestra, agua abundante que sería aumentada con obras adecuadas, los gastos del camino carretero serían recompensados con creces por la producción que él mismo desarrollaría.

Las demás obras de carácter local, aunque de no menor urgencia, se reducen a la defensa de las poblaciones contra los torrentes impetuosos que bajan de las montañas destruyendo o cubriendo de gruesas capas de arena los terrenos de cultivo, y al arreglo de tomas y canales para el mejor aprovechamiento de las aguas de regadío.

Cuando esos informes se publiquen, conoceréis los interesantes detalles que contienen. Ahora os presento en resúmen las obras públicas que, entre las que el Comisionado apunta, he resumido a mi vez, con su costo aproximado calculado

por él mismo, según sus propias observaciones. Sin tomar en cuenta la construcción del gran camino carretero de que os he hablado, las obras locales serían las siguientes:

$ 14.000

Debo advertir que de esta suma talvez se ahorraría la tercera parte, por la economía que importa el concurso de los vecinos que voluntaria y patrióticamente Be han anticipado a ofrecerlo en la medida de sus fuerzas. Así, la extensa comarca que riega el Bermejo y otras numerosas corrientes, poblada de lugares pintorescos y progresistas, se convertiría en breve en las regiones productoras de vid, cereales y frutas, y con las mejoras indicadas en Famatina, se conseguiría algo quizá más importante, asegurar para las minas los víveres abundantes y baratos y el pasto para el mantenimiento de las tropas que hacen el tráfico hasta las alturas donde las minas tienen su reino.

No debe extrañarse que haya concretado mi atención a esta sola porción de nuestro territorio; porque los del norte, sud y sudeste tienen ya, por lo menos, buenos caminos, algunos el ferrocarril y otros telégrafo. Sólo en aquella no había penetrado la acción civilizadora de los gobiernos, y casi esclu-sivamente a sus propios moradores se debe el progreso realizado hasta ahora. Yo os enuncio la idea de realizar ese plan de mejoras; y yo mismo quizá os presente la forma posible cuando haya encontrado la de conseguir los recursos necesarios para emprenderlo.

Delineación de villas. — Se hacía necesario, con motivo de la llegada del ferrocarril a las villas de Chañar y Chamical, tomar algunas medidas para estimular su progreso, y la fácil adquisición y población de sus terrenos urbanos y rurales, por una división que concluyera con las comunidades, que son la rémora eterna de nuestros grandes intereses como Provincia.

Con ese objeto se dictó la ley de fecha 6 de agosto, que autorizaba al Poder Ejecutivo para mandar hacer una distribución en lotes de edificación y chacras en la Villa de Chamical, previa la delineación practicada por el agrimensor don Juan Carponi, comisionado al efecto por el P. E. Los Jotes urbanos se vendieron a precios inesperados, lo que demuestra que los pobladores de esa Villa se proponían corresponder a las necesidades y exigencias que el ferrocarril trae consigo.

Por decreto de 9 de agosto se reglamentó la ejecución de la ley mencionada, nombrándose una comisión especial para el remate, y otra para la verificación del censo de los comuneros, la que aún no ha emprendido su tarea por dificultades agenas, según creo, a sus buenos deseos.

La delineación del Chañar no está aún practicada, y habrá que hacerla igualmente en Santa Rosa y los Colorados, para sentar las bases de los futuros pueblos que allí se levantarán con el tráfico ferroviario.

Telégrafo provincial. — La obra que emprendí con más empeño y sacrificio, porque comprendo los inmensos beneficios que a la Provincia produciría —la construcción del telégrafo provincial—, ha quedado también suspendida en Aimogasta donde tiene ahora su última oficina; dificultades financieras sobrevenidas a la empresa concesionaria,

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han hecho necesario de parte del Poder Ejecutivo, la rescisión del contrato, recibiendo la parte de línea construida, previas las reparaciones indicadas por la inspección oficial a costa de la empresa, y dejando a beneficio del Gobierno todo el material de construcción adquirido; reconociendo solamente a favor de la empresa el valor real de los materiales, y de los gastos realizados: todo por la suma de $ 48.393.81, pagaderos en cheques para el servicio de créditos en el Banco Provincial, declarándose comprendida esta suma en la ley de 7 de marzo del corriente año.

Confieso que hubiera sacrificado algo más para llevar adelante esta obra; pero la falta dé capital a la empresa, en una época en que le hubiera sido imposible pagar la fianza que la ley le exige, y teniendo construida una buena parte y una considerable cantidad de materiales, decidieron al Poder Ejecutivo a suspenderla, adoptando la* forma de una transacción en la que, sin perjudicar ni herir derechos de la empresa, el Gobierno gana inmensamente, porque queda propietario de la línea y en condiciones de construirla hasta donde los materiales acumulados lo permitan, por un costo mucho menor.

El telégrafo presta ya importantes servicios; y cuando las poblaciones que recorre se acostumbren a mirar en él un medio familiar para sus comunicaciones, abandonando sus preocupaciones y sus hábitos de aldea, entonces tomará el impulso que le está reservado en todos los países.

Adherido a la Convención Telegráfica de 1888, se halla en relación con todas las líneas de la República.

Ley de 9 de marzo de 1891. — Esta ley que antes he citado sumariamente, ha venido a resolver de un modo definitivo un asunto que se hacía ya enojoso para el Gobierno: las construcciones que se hicieron para instalar una Exposición de productos agrícolas, industriales y ganaderos de la Provincia. La Comisión que se nombró con ese objeto, no hallándose limitada por la ley de 24 de agosto de 1889, dió

al edificio una extensión que ocasionó gastos que, por otra parte, la crisis desarrollada recién a principios de 1890, no hizo posible prever; circunstancia que obligó al Poder Ejecutivo a suspender la realización de la idea, resolviéndose a utilizar los trabajos ejecutados como un paseo público. Pero nació en el Consejo de Higiene la idea de convertirlo en Hospital, y acogiéndola como merecía, fué convertida en ley, donando todo el terreno y edificios a la Sociedad de San Vicente de Paúl, de cuya dirección se espera que tome las medidas necesarias para su habilitación.

Las cuentas de la comisión directiva de la Exposición Provincial, fueron aprobadas por resolución de fecha 10 de diciembre de 1890, y por otra de mayo l^9 del corriente se mandó vender en remate, por medio de la Comisión Municipal, todos los objetos acopiados con aquel objeto.

Policía y cárcel. — Por convenio de fecha 12 de marzo del corriente, entre el Poder Ejecutivo y el señor Vicente Falconi, contratista de las obras de la Casa de Gobierno, y por resolución de 11 de abril, recaída en una propuesta del mismo, se ha dado comienzo, y están próximos a terminarse, los trabajos indispensables para dar mayor aseo y seguridad a la Cárcel Pública, y facilitar su vigilancia por la atención directa del Cuerpo de Policía.

Para ésto ha sido indispensable construir murallas nuevas, y concluir otras interiores comenzadas, rebocar y blanquear todo el cuerpo externo del edificio de la Cárcel, a fin de que, trasladándose a él el Departamento de Policía, queden los presos con la independencia y la seguridad necesarias.

Todo esto se ha realizado sin erogación alguna especial digna de tomarse en cuenta, pues el señor Falconi debía concluir las obras mencionadas en el contrato de construcción del segundo cuerpo de la Casa de Gobierno, al cual se imputó la suma de $ 1.862 en que han sido presupuestas las obras, habiendo el contratista recibido anteriormente, como ade-

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479 lanto por la tercera cuota de $ 10.000 pagadera al finalizar el trabajo, la cantidad de $ 2.000.

Departamento topográfico. — Cuando esta repartición tan necesaria en toda administración ordenada, acababa de ser organizada debidamente por la ley de 18 de julio de 1890, comenzaron las economías sucesivas en el presupuesto, que la han dejado reducida a un Director y a un Secretario, quienes deben practicar todos los trabajos encomendados a la Oficina. A su cargo están, además de las obligaciones generales que le son inherentes, el Registro de la Propiedad y el de Minas, y el servicio de la delincación e inspección de toda obra que se ejecute con la intervención del Gobierno.

La oficina ha dado hasta el 31 de marzo del corriente todas las líneas que indiqué hablando de la Municipalidad, ha registrado 523 títulos, ha aprobado mensuras por un área de 6.188.377.825.70 metros cuadrados, y ha expedido 39 instrucciones para mensuras, y 91 informes y acuerdos.

En general, el número de títulos registrados desde que se instituyeron las oficinas en la Provincia, ha sido de 1607, sin contar los que deben remitir las de los Departamentos Castro Barros, General Ocampo, Famatina, General Belgrano, La Madrid y San Blas de los Sauces; se han registrado 60 propiedades de minas, y el área total de campos medidos, y aprobados por el Departamento suma 29.548.596.747 metros cuadrados.

No es posible que, reducido su personal al grado en que hoy se encuentra, pueda exigírsele servicios de gran importancia técnica, como la confección de cartas y planos de la Provincia, o de algunas regiones o localidades, obra que debe emprenderse cuanto antes, aunque su terminación requiera largo tiempo. Pero debe dotarse esta oficina de otro empleado técnico, inmediatamente que sea posible.

VIII

Conclusión

Señores diputados: Os debía la verdad, y la habéis escuchado. La situación de la Provincia es grave, y su marcha en el porvenir llena de sombras, si la abnegación de sus hijos y la honradez de sus gobiernos no se reunen para sostener y dirigir sus pasos. Y ahora que hemos vuelto a la realidad, condenemos esas falsas apariencias de prosperidad, que cegando a los pueblos, los conducen al abismo.

Las sociedades se gobiernan por leyes matemáticas; y ellas producirán sus efectos a pesar de las ilusiones de los hombres, que se forjan rutas luminosas que sólo existen en su cerebro. El progreso verdadero consiste en la observación racional de esas leyes, combinadas con las que inspiran los intereses transitorios; y cuando se olvida o se encubre la verdad; cuando las más severas virtudes no mueven el ánimo de ciudadanos y gobernantes al tratar de la cosa pública; cuando no se tiene presente la suerte de las generaciones futuras, que son nuestros propios hijos; cuando la idea de la patria no acompaña las acciones en el debate cotidiano; las leyes son espadas que asesinan, los gobiernos son teas de discordia, la libertad un fantasma que sonríe al pueblo en el camino del suplicio.

Nuestra Provincia es rica, pero necesita trabajo que la despierte; nuestra economía es limitada, pero exige gobiernos honrados que la extiendan; nuestras masas son obedientes y abnegadas, pero precisan educación que las ilumine y estimule su iniciativa; y nosotros, responsables de las situaciones presentes, hagamos omisión de nuestros egoísmos y de nuestras ambiciones, para conjurar con patriotismo los peligros del porvenir.

El pueblo argentino pide fraternidad y concordia; y nosotros que sentimos con más intensidad las desgracias nacionales, debemos responder a ese llamado, para poder excla-

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mar también como el tribuno romano, que hemos salvado la República. Se evoca el sentimiento colectivo de los argentinos, y La Rioja que ha vivido en el sacrificio, no hace más que añadir una nueva espina a su corona, para recoger más * tarde la de laurel que simboliza la gloria.

Inaugúrase el nuevo período de labor legislativa en medio de la miseria; vuestras leyes deben inspirarse en los más sanos principios y en las más altas virtudes; haced que la paz se conserve en los hogares para que el trabajo sea bendecido; que la libertad impere en las relaciones políticas para que las instituciones se radiquen en nuestra tierra; que la moderación y la templanza presidan los actos de nuestros gobernantes para que la autoridad sea respetada y se retemple el vigor moral de la sociedad.

En cuanto a mí, no soy sino un obrero que ejecuta su tarea sin más retribución que su salario, y sin más ambición que ver erguirse un día el pedestal de granito donde las generaciones venideras han de levantar el monumento de la grandeza nacional. Haré con vosotros causa común para combatir los males que nos aflijen, la haré con el pueblo para soportar con valor las privaciones y la rudeza del trabajo, que han de llevarnos a la restauración y a la felicidad.

Invoco para vuestras deliberaciones la protección de la Suprema Sabiduría, y la asistencia de aquellos espíritus inmortales que formaron nuestras instituciones, y declaro instaladas las sesiones de 1891.

Joaquín V. González.

Rioja, junio l^9 de 1891.

INDICE

INDICE

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Determinación del límite oriental de la Provincia de

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- III.  Justicia y Legislación.

- VIII. Conclusión.

371

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- VIII. Conclusión:

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Table of Contents

OBRAS COMPLETAS

JOAQUIN V. GONZALEZ

Rafael Igarzábal. — Joaquín V. González.

Artículo 28

Artículo 46

Artículo 71

Artículo 90

Artículo 103

Artículo 138

Capítulo V

Justicia y Legislación

Joaquín V. González.

Justicia t legislación

Aprovechando estos estudios, en cuanto corresponda