UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

OBRAS COMPLETAS

- JOAQUIN V. GONZALEZ

- § III

- III

- II

- § III

- Una réplica. — Establecido así, señor Presidente,

- Distrito XIV — Salta

- III

- VIII

- Art. 90. — Responderá igualmente el empresario del

- 59 Las instalaciones especiales de ventilación que

- § II

JOAQUIN V. GONZALEZ

Edición ordenada por el Congreso de la Nación Argentina

Volumen VI

BUENOS AIRES

1935

DE

Es propiedad. Se ha hecho el depósito de ley. Imprenta Mercatali, Acoyte 271. — Buenos Aires.

LA REFORMA ELECTORAL ARGENTINA

Discursos del Ministro del Interior en la Cámara de Diputados de la Nación 1901 - 1902

REFORMA ELECTORAL

Sesión del 13 de noviembre de 1901

REFORMA ELECTORAL [1]

Señor Ministro del Interior. — Pido la palabra.

Origen del proyecto. — La honorable Cámara ha de explicarse mi breve intervención en este debate, cuando recuerde que antes, como diputado, tuve el honor de formar parte de la Comisión de Negocios Constitucionales, y que, como bondadosa y gentilmente lo ha recordado el señor miembro informante, recibí el encargo de la misma, de redactar el proyecto de ley que está en discusión.

Ahora, señor Presidente, me cabe la honra de tomar parte en este mismo asunto como representante del Poder Ejecutivo de la Nación. Puedo, por lo tanto, explicar, no solamente el espíritu conque este proyecto ha nacido en el seno de la Cámara, sino la opinión, la impresión conque el Poder Ejecutivo contribuye a sancionarlo.

Nació, como se ha dicho muy bien, de una concurrencia feliz de aspiraciones patrióticas en el seno de la Cámara: basta recorrer con la vista los nombres de los señores diputados que firman los proyectos que han dado origen a este despacho. Las diversas tendencias políticas que actúan en este cuerpo han concurrido, pues, a darle una forma armónica.

Por lo que se refiere al Poder Ejecutivo, él ha visto

siempre en este proyecto, con la mayor simpatía, las distintas iniciativas que contiene, tendientes a hacer fácil, a hacer práctica la verdad del sufragio, en cuanto esta verdad , es posible en el estado de nuestro desarrollo político.

Nunca, ni como diputado, ni actualmente como ministro, me he forjado muchas ilusiones respecto de la perfección de las leyes electorales en países como el nuestro, todavía joven en esta clase de instituciones; y en verdad que no podemos hacernos ilusiones de una obra perfecta, cuando muchos pueblos más antiguos, más experimentados en las prácticas políticas, todavía están estudiando como el primer día las reformas más convenientes a las leyes que reglan el sufragio.

Fuentes comparativas. — Las últimas leyes que han ilustrado el derecho político contemporáneo son las inglesas, las españolas y las belgas.

Cuando tuve yo ocasión de contraerme, por encargo de mis entonces distinguidos colegas de comisión, a la redacción de este proyecto, tuve en cuenta, precisa y principalmente las leyes inglesas y las leyes belgas, que contienen reformas tan prácticas, tan experimentales y tan positivas, tan desprendidas de las costumbres y de las modalidades de la sociedad, que no pude menos que tomarlas en cuenta e incorporar algunas de sus disposiciones a este proyecto.

Son las que figuran en el primer título de esta ley en discusión; allí se ha incorporado casi todos los perfeccionamientos del derecho electoral en cuanto nos son aplicables. Esto lo digo para explicar brevemente la razón de ser de su primer título, que es, como diríamos, una definición de derechos y deberes que no figura actualmente, en absoluto, en la ley de elecciones nacionales vigente.

Algunas reformas enumeradas. — En esa primera parte se contienen garantías evidentes a la verdad del sufragio, y sería lamentable que la honorable Cámara no quisiera prestarles su aprobación.

Se crea, incorporándola en este proyecto, porque fue una iniciativa saludable y que está confirmada actualmente —no conozco una opinión anterior— en una última publicación de un autor francés, Duthoit,— cuya obra recuerdo se titula Sufragio del porvenir^- esta gran garantía de la libreta cívica, que debe acompañar al elector como una partida de nacimiento a la vida del ciudadano. Fue propuesta por el malogrado diputado Morel en esta Cámara, y posteriormente a esa presentación, ha merecido —no refiriéndose a él, pero es una coincidencia más feliz todavía— el aplauso de aquel distinguido autor francés que la preconiza como una gran reforma.

Posteriormente a la época en que la ley nació, no podemos negar, como se ha afirmado también con acierto, que ha ocurrido ciertos cambios, perceptibles a la simple vista, en el ambiente que rodea esta discusión.

Este cambio se traduce en las manifestaciones de opinión que hemos escuchado de diverso origen, relativas a los inconvenientes, a la improcedencia o inoportunidad de determinadas reformas en este proyecto; pero coinciden con felicidad, sin duda alguna —al menos no he escuchado opinión contraria— las opiniones de casi todos los diputados sobre la conveniencia de sancionar el registro cívico permanente. Esta reforma se considera de una verdadera importancia; se considera una garantía eficaz para la verdad del sufragio, con las naturales limitaciones a que éste se subordina.

El Poder Ejecutivo confía, pues, por completo, este proyecto a la discusión del honorable Congreso; ha visto, como he dicho, con verdadera simpatía, con regocijo, que la Cámara se avocara esta gran cuestión, que es sin duda alguna, en el orden político de nuestro país, la cuestión llamada a resolver todas nuestras deficiencias y todas nuestras incorrecciones en esta materia.

Si en el seno de la honorable Cámara se ponen de acuerdo las distintas tendencias de opinión sobre la sanción del registro cívico permanente, como única necesidad inmediata y urgente, el Poder Ejecutivo no puede ver sino con verdadera complacencia que esta sanción se lleve a cabo lo más pronto posible.

Creo, como todos los señores diputados, o su gran mayoría, que en realidad el registro cívico permanente puede ser una garantía para la verdad del sufragio, desde que deja abiertas en todas las épocas del año, desde un período electoral a otro, las puertas de la inscripción para todos los ciudadanos que quieran hacerlo, y que deban hacerlo en cumplimiento de la disposición de la misma ley, que establece el sufragio obligatorio bajo sanción penal.

Reconociendo, como reconoce el Poder Ejecutivo, que esta reforma es ventajosa, que es práctica, que puede satisfacer la mayor parte de las aspiraciones, de las tendencias políticas del país, que justamente reclaman la amplitud del sufragio, la amplitud de todos los elementos que lo preparan y disponen, no puede sino adherir con verdadero entusiasmo a toda iniciativa que tenga por resultado la sanción de esta mejora política.

Penalidad electoral. — Recordaré igualmente que tuve ocasión y gran honor de tomar parte, como miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales, en la redacción del despacho del proyecto de ley de penalidad electoral propuesto por el señor diputado Argerich.

Como se puede ver por la numeración que este proyecto lleva, él tuvo existencia antes que el proyecto general de que nos acabamos de ocupar. Por lo tanto, si ha podido nacer antes, tiene una existencia distinta, y la Cámara puede ocuparse de él con entera separación del resto *del proyecto.

El Poder Ejecutivo lo cree igualmente eficaz, si bien, de acuerdo con las opiniones de los jurisconsultos más autorizados, y de los filósofos que han estudiado el estado actual dé la política del mundo en los países más adelantados, no cree tampoco que la pena sea la mejor manera de hacer buenos electores. Cree el ministro que habla que, principalmente, es la educación política lo que hace el elector; pero a falta de una educación política que forme el elector perfecto, que es todavía una aspiración en muchos países, indudablemente la ley no tiene otro acicate, otro estímulo práctico que la pena, y esta pena se funda perfectamente en el concepto de que el sufragio es, no solamente un derecho del ciudadano, sino también un deber; y personalmente puedo sostener también que además de ser un derecho y un deber, es una alta función política, es un mandato, porque es el primer grado de la delegación del pueblo hecha en sus representantes a efecto de tomar parte en el gobierno, en la única forma que nuestra Constitución representativa lo permite.

No puede, pues, oponerse, y al contrario, reconociendo la penalidad como una medida práctica, posible en el estado de nuestro desarrollo político, no puede menos que prestar su apoyo para que este proyecto sea también sancionado con la urgencia que la honorable Cámara debe suponer, desde que el país se apronta a entrar en un período de renovación parlamentaria; y conviene a todos los partidos, conviene al prestigio del país y conviene a los anhelos del gobierno, que estas elecciones se realicen con la más amplia libertad, y procurando a todos los partidos las garantías más eficaces que ellos mismos puedan darse desde que son los legisladores de la República.

Me parece que con las breves palabras que he pronunciado, puedo dejar expresada con claridad la opinión del antiguo miembro de esta honorable Cámara y actual ministro del Interior, respecto de los proyectos en discusión, pu-diendo agregar para concluir, que el Poder Ejecutivo no solamente ve con simpatía estos dos proyectos, en sus ideas fundamentales, sino que hasta pediría a la honorable Cámara que se ocupase de ellos con preferencia, para poder hacer posibles y prácticas las ventajas que ofrece, en la próxima renovación del honorable Congreso (¡Muy bien!)

II

EL PROYECTO DE REFORMAS

- 1. MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, agosto 27 de 1902.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Tengo el honor de elevar a la consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley de elecciones nacionales, que al inaugurar vuestras sesiones del corriente año anuncié, y que, por preocupaciones de otro orden, que han concentrado gran parte de la atención del Poder Ejecutivo, no me ha sido posible enviaros antes de ahora.

El proyecto no es desconocido en absoluto del Honorable Congreso, porque esta idea de la reforma de nuestro régimen electoral vigente, hace muchos años que viene desenvolviéndose y tomando cada día mayor cuerpo entre las iniciativas fundamentales que de su seno han surgido. Y si es verdad que en épocas anteriores han podido parecer prematuras algunas tentativas de inovaciones en esta materia, en la cual son tan difíciles las improvisaciones, las adaptaciones exóticas o las apresuradas adopciones de teorías avanzadas, no lo es, sin duda alguna, hoy día, en que no sólo el mejor conocimiento que ya se tiene de la vida política moderna, si no también el gran progreso realizado en la cultura pública con relación a la época en que la actual ley fué votada, nos permite afrontar este problema con mayores esperanzas de éxito.

Reconoce, pues, el Poder Ejecutivo, que en este género de leyes poco valen por sí mismas las novedades, las originalidades o las invenciones de sistemas o de fórmulas doctrinales, si ellas no vienen abonadas por la experiencia, si no son reclamadas por una necesidad efectiva o por una serie de hechos de visible sentido para el legislador. Así, al darse forma al proyecto, han sido tenidas en cuenta, si no todas, la mayor parte de las iniciativas presentadas, ya en ambas Cámaras del Congreso, generales o parciales, ya por el Poder Ejecutivo mismo en otros períodos administrativos.

Creo que esa serie de proyectos son un indicativo elocuente y legítimo de los votos del país en distintos momentos de su evolución política, de la diferente situación en que los partidos se han encontrado en épocas distintas, y por la insistencia en algunos de ellos, debían ser considerados como una indudable expresión de la voluntad nacional. Por eso se han recogido y metodizado, sometidos al molde impuesto por nuestro sistema de gobierno y la naturaleza de los poderes electorales y gubernativos, y por este otro hecho, imposible de olvidar cuando se trata de una de las leyes que más honda raíz debe tener en la vida del pueblo que la dicta: la costumbre; la costumbre, no como rutina ni cristalización, sino como resultado de una larga serie de hechos históricos, convertida ya en una modalidad política, y en un factor imprescindible en la concepción de la ley.

Al analizarse las varias iniciativas de reforma electoral, —que no han sido la obra transitoria de una situación especial, y sí la expresión de un cambio permanente—, se ha apreciado aquellos caracteres de la legislación, y sólo se ha incluido las ideas o fórmulas que ofrecían una fácil ejecución y no chocaban de frente con lo que es ya un hábito, una parte esencial de la educación política del pueblo argentino, realizada bajo el régimen de un sistema determinado.

Podría decirse con verdad, que el proyecto incluido nace del Congreso mismo, y que sólo es una forma conjunta de muchos otros dispersos, incongruentes, aislados, propuestos por sus miembros en diferentes ocasiones, con algunos otros que, siendo indicados o adoptados en otros países como verdaderas conquistas de la libertad política y del derecho electoral, aparecían de adopción posible, conveniente y eficaz para señalar un progreso, a la vez, en nuestra vida interna, ya que en estos últimos diez años se ha reformado en algunos Estados europeos y americanos las leyes electorales de manera a ofrecer al nuestro, útiles y saludables ejemplos.

Aunque no fundamental, pero sí de carácter práctico, es la razón que se basa en la diversidad de leyes, que, aparte de la general, constituye nuestro sistema electoral vigente; y esta circunstancia es tanto más importante cuanto más necesita esta ley ser conocida por el mayor número de personas de todas las clases sociales, de toda condición de cultura y hábitos positivos, desde que ella está destinada a vivir en la memoria de los electores, si hemos de aspirar a que los haya, y a que éstos adquieran en realidad la costumbre^ de elegir, como una condición esencial de la existencia de su propio gobierno. Presentar, pues, al fin, reunido en un solo cuerpo, metódico, claro, sencillo, fácil y comprensible para todas las inteligencias, todo el mecanismo de la función electoral, era ya una necesidad evidente, y a satisfacerla tiende también el proyecto del Poder Ejecutivo.

Inconvenientes de naturaleza social que no es posible vencer sino con el tiempo, se han opuesto a la inclusión de muchas mejoras indicadas, ya por el adelanto de la ciencia política, ya por las adopciones de otros pueblos, y esos inconvenientes son los de las vastas extensiones despobladas del territorio, y la relativa inmensa masa de población analfabeta que tiene derecho de sufragio. Puede decirse que las leyes electorales se perfeccionan en el mundo en razón directa de la densidad y cultura de las poblaciones, y esos dos elementos faltan aun en parte considerable en el país, donde la ley de elecciones debe tener su cumplimiento.

Faltaba en el cuerpo de nuestra ley electoral, un considerable número de disposiciones destinadas a definir el elector mismo, a calificarlo y determinar su capacidad especial para la función pública más esencial del sistema republicano. Si éste se funda en la participación continua del pueblo en su propio gobierno, y si sólo se realiza ella por medio del sufragio, todos los esfuerzos del legislador deberán concretarse a rodear este acto de las mayores seguridades para convertirlo, en realidad, en el origen y fuente de la forma y carácter del gobierno que la Constitución ha querido fundar.

La ley vigente, es cierto, ha tenido en cuenta, en la época de su sanción, lo más que podía entonces considerarse un mínimo de capacidad, que no apartase de las urnas una vasta masa de población activa y que, aun iletrada e inculta, no podía dejar de ser contemplada como parte esencial de la entidad pueblo, aun no definida en toda su amplitud. Dejó, pues, a la ley penal común, el especializar casos de cierto género, los procedentes de delitos o indignidad sobrevinientes, si bien quedaban siempre en pie las incapacidades intelectuales, distintas de la educación. La nueva ley tenía que llenar estos vacíos, y por cierto no le faltarían modelos, ejemplos y fuentes legislativas y doctrinales; y ha sido su mejor suerte el haber venido después de haberse realizado en algunas naciones de Europa y América, reformas generales que han elevado notablemente el nivel de su cultura política interna.

No puede el legislador anticiparse al tiempo ni a la evolución natural de la sociedad humana, ni en la República Argentina, a pesar de la rapidez con que se desenvuelven los elementos de la vida nacional, no es posible todavía lanzarse en las aventuras de practicar teorías o principios de indudable belleza y verdad abstractas, pero que en la realidad de la práctica política se traducirán en errores, retrogradaciones y desastres irreparables. Así, por ejemplo, si se establecía limitaciones de edad, de cultura, de independencia económica y otras, cediendo al deseo de producir una elección quintaesenciada y pura, nos exponíamos a con-ventir el sufragio en el patrimonio de unos pocos, dado que la población argentina aun no llega a cinco millones de habitantes, que entre ellos se cuenta medio millón de analfabetos y que una gran cantidad vive en campañas dilatadas y de difícil acceso a los centros urbanos, donde el sufragio debe concentrarse, si no se lo quiere convertir en una operación oficial carísima, y llena de otro género de peligros.

Luego, no parece todavía prudente limitar la edad electoral a la de la mayoría civil, y menos a la de 25 años que algunos autores apuntan, como ejercicio, en el primer caso, de la independencia y responsabilidad personal, y como pleno dominio, en el segundo, del propio raciocinio en el desempeño de las funciones políticas. Se habría optado por hacer coincidir la edad electoral con la del servicio militar por ser ambas de naturaleza tan semejante, como que concurren a definir, de modo práctico lo que es el ciudadano en nuestro régimen constitucional, si la ultima ley de servicio militar no hubiese llevado a 20 años el comienzo de éste. Así se ha preferido el sistema existente, que tiene la sanción del tiempo y la experiencia.

No se ha creído posible exigir la condición de saber leer y escribir para ejercer el sufragio. Habría sido limitar el número de electores a una cifra mínima en todas las campañas, donde una gran masa de población adulta no ha recibido los beneficios de la primera instrucción, y para la cual la concurrencia a los comicios es un medio indirecto de cultura por su aproximación a los centros más civilizados. Ni tampoco se ha juzgado oportuno el dar participación en el sufragio a la muyer, cuya condición social entre nosotros la aleja aun de este género de funciones, que serían, acaso, un peligro para la estabilidad y firmeza del hogar nacional, o por lo menos, exigiría tal número de excepciones la clasificación de las personas de ese sexo que pudieran gozar del beneficio del sufragio, que éste quedaría reducido a un número insignificante. Cree el Poder Ejecutivo que este género de innovaciones debe venir por ensayos graduales, como se ha adoptado en algunos Estados de Norte América y Europa, donde las elecciones municipales y escolares han sido su primer campo de experimentación.

El proyecto ha procurado, al mismo tiempo que incluir todas las causas de incapacidades transitorias y definitivas, de naturaleza política, penal y mental, hacer extensivo el derecho del sufragio al extranjero que deseando participar de él, lo declara así, valiéndose de la inscripción como una puerta, por así decirlo para entrar en la comunidad cívica argentina. Se le exige una serie de condiciones fáciles de satisfacer, por otra parte, si bien bastantes para garantir al Estado contra los ardides electorales que al solo efecto de una elección, quisieran engrosar los registros con extranjeros que luego quedasen desvinculados de las subsiguientes cargas que la ciudadanía trae consigo: así, necesita mayor edad, residencia, arraigo económico y expresa voluntad de adoptar la nacionalidad.

Por lo que se refiere a las circunstancias, caracteres y garantías que acompañan al sufragio como derecho y deber, o si se quiere considerarlo de otro modo, como función pública y como poder político, el proyecto contiene, a juicio del Poder Ejecutivo, todas las prescripciones que, aconsejadas por la ciencia política, se hallan, además, abonadas por la experiencia y la sanción de otros pueblos donde la práctica del sufragio es una faz esencial de la cultura misma. No obstante, es de hacer notar cómo se ha procurado hacer efectivas las condiciones del voto, sin las cualés parece inútil toda reforma o progreso escrito: la obligación y el secreto; la obligación que habrá de ser tal vez una reforma del porvenir, gravada con sanción penal, y clasificada su omisión como una falta, desde que se reconociese que la abstención electoral, negación del derecho mismo a constituir el gobierno, es en realidad, la acción que más complejos resulta-! dos produce contra la existencia y progreso de las instituciones políticas, porque es hasta una renuncia de la condición de ciudadano, un desconocimiento real y efectivo del mandato electoral y un atentado individual contra la existencia del gobierno que la Constitución ha establecido; el secreto, porque es la única forma de asegurar la independencia del su-fragrante, la manifestación personal, íntima y exclusiva del ciudadano respecto del electo y en cuyo instante, rompe todo linaje de servidumbre o dependencia, para ser el intérprete primario de la voluntad popular, en ese primer grado de la alta función republicana, que se llama el sufragio.

Aparte de las disposiciones penales, sobre las que se hablará más adelante, en el primer título del proyecto se crea la libreta cívica, para servir de comprobante auténtico y permanente del status electoral del ciudadano, y de su ejercicio, a la vez que de garantía a la ley de que no ha hecho uso indebido de la prerrogativa. “Esta libreta cívica —dice un autor reciente— sería el testimonio y la garantía del derecho electoral. Los cambios de domicilio político que se produjesen, se inscribirían en ella, así como las ausencias para el servicio militar. Toda condena a una pena privativa de los derechos electorales, implicaría el retiro de la libreta. Las abstenciones electorales injustificadas serían mencionadas en ella, y en el momento del voto, su exhibición reemplazaría la de la partida electoral. Esta institución impediría la mayor parte de los fraudes, especialmente el uso indebido de la partida y nombre de muertos, desaparecidos, militares y condenados. Impediría las radiaciones arbitrarias y las dobles inscripciones. Ninguna radiación podría operarsq en las listas electorales si no después de la que corresponda en la libreta individual, por consiguiente, después que el interesado hubiera sido prevenido y puesto en condiciones de presentar sus observaciones. De igual modo, ninguna inscripción podría hacerse en las listas antes que el interesado hubiera probado, con la exhibición de la libreta, que ha sido en realidad borrado de las listas de la comuna de donde ha salido”. El proyecto ha procurado adoptar

esta garantía, haciéndola servir para todos los fines concurrentes a definir y asegurar la efectividad y la individualidad del voto; y adoptando la iniciativa de un miembro de la honorable Cámara de Diputados, —quien a su vez la adoptaba de la ley de la República Oriental del Uruguay de 29 de abril de 1898—, se dispone que todo empleado que requiera la ciudadanía como condición de su cargo, empleo, función o beneficio, debe proveerse de la partida o libreta cívica, como condición para comprobar su calidad de ciudadano: todo bajo la sanción penal de la caducidad en las funciones que ejerza.

La innovación más fundamental contenida en el proyecto es la que se refiere al establecimiento del sistema de la elección por circunscripciones de un solo diputado al Congreso. Y si se dice innovación, no lo es seguramente porque sea una idea nueva del Poder Ejecutivo ni del Congreso argentino, pues desde 1863 viene siendo discutida en el seno de éste: aquél la propuso ya en 1868 y 1894 y una nueva iniciativa parlamentaria fué presentada en 1901; la innovación se entendería con relación al sitema vigente. Tampoco es una novedad en el mundo político exterior, pues la elección uninominal es práctica arraigada en las más prósperas democracia modernas, para la constitución de las ramas parlamentarias populares, y se divide el dominio de las opiniones y de la experiencia, con el régimen de la lista plural y del cuociente o sistema proporcional.

Está lejos del ánimo del Poder Ejecutivo el entrar en el terreno de las discusiones científicas o teóricas, cuando se trata de adoptar una forma práctica para mejorar las condiciones del sufragio en la República, porque tiene la convicción de que los pueblos y los gobiernos no viven ni se desenvuelven por medio de abstracciones doctrinales. Si se ha resuelto a proponer un cambio de régimen ha sido: 1% porque cree que la Nación reclama un paso hacia adelante en materia de instituciones electorales, reconociéndose capaz de practicarlas con éxito, y este cambio no se puede realizar sino adoptando algo mejor que lo existente; 2% porque el nuevo sistema propuesto no es desconocido, y aparte de haber sido ya explicado entre nosotros en las varias ocasiones en que se ha discutido, él es de una práctica tan universal en el mundo civilizado, que ninguna dificultad puede ofrecer su legislación, como no sea la de su mayor simplificación y sencillez para aplicarlo aquí con mayor facilidad.

Escritores recientes como Villey, que preferiría ¡talgo mixto entre el sistema uninominal y el de lista, sobre todo por tratar de mejoras sobre el actual sistema francés, reconocen que la tendencia del día parece ser hacia el sufragio uninominal (1) ; y en cuanto al proceso histórico, nos ofrece, al respecto, la siguiente síntesis, ejemplar, sin duda, en el país del cual tomó el legislador argentino el régimen vigente entre nosotros, sin variación, desde 1877: “En 1789, 1791, 1793, existía el sufragio uninominal; el año III era el escrutinio de lista, mantenido por la ley electoral de 1817, pero es derogado a medias en 1820 y por completo en 1831; en 1848 se vuelve al escrutinio de lista; en 1852 al uninominal; en 1871 la Asamblea es elegida por el escrutinio de lista; en 1875 se aplica los dos sistemas, el uninominal para la Cámara de Diputados, el de lista para el Senado; en 1885 el escrutinio de lista triunfa aun para la Cámara, y en 1889 se vuelve al uninominal, y en él se ha persistido. La Cámara de Diputados rechazó casi sin discusión un proyecto de restablecimiento del escrutinio de lista el 21 de marzo de 1898.” Italia, por su ley de 14 de junio de 1891, ha adoptado el régimen uninominal; la Grecia, por la de 31 de diciembre de ese mismo año; los Países Bajos han suprimido el sistema de la lista plural por la ley de 7 de septiembre de 1896, reemplazándolo por el uninominal; y por último, a pesar de los complicados mecanismos electorales de los Estados Unidos e Inglaterra, sábese que predomina ese mismo régi-

- (1) Legislation electoral comparée, pág. 114.

men para la constitución de las Cámaras populares en la Unión Americana, y que fue dividido el Reino Unido por la ley electoral de 1885 en 643 circunscripciones, que deberán elegir los 670 miembros de la Cámara de los Comunes.

Si se consigna las anteriores referencias, no es por cierto para demostrar que el sufragio uninominal sea el mejor de los sistemas, sino para hacer ver con mayor claridad cómo él importa un progreso sobre el sistema de la lista plural, y cómo su adopción por la República Argentina puede ofrecer facilidades inmensas, por el vasto material legislativo y experimental que ofrecen tantas naciones cultas y libres que lo practican, habiéndolo adoptado precisamente en substitución del que nosotros practicamos, y como un segundo escalón hacia el régimen perfecto que aun no ha descubierto la ciencia política, si no se toma como tal el referendum, o sea el gobierno directo del pueblo por sus propias asambleas primarias.

Parece, además, que la objeción de insconstitucionali-dad conque fuera combatido este sistema, al ser por primera vez propuesto al Congreso, no persistiese ya en el espíritu de los hombres públicos de nuestro país; y esto acusa, sin duda, un verdadero progreso de la razón pública, que habría, en caso contrario, cristalizado la letra de la Constitución en un concepto inmutable, de naturaleza enteramente dialéctica, pues el propósito fundamental de su texto, es que la Cámara de Diputados sea el conjunto de representantes de toda la Nación como un solo Estado, en contraposición a la de Senadores, de entidades autonómicas. Lejos de oponerse la Constitución a un sistema electoral como el del proyecto, más bien lo ampara, pues permite establecer una división igual de todo el territorio según el número de representantes que por la población corresponde a cada provincia, tanto más cuanto que se deja a sus propias legislaturas la facultad de determinar la referida división territorial en circunscripciones, para realizar la proporcionalidad

requerida por el artículo 37, reformado por la convención de 1888.

Cierto es que la adopción del nuevo régimen, importa algunas dificultades y molestias, teniendo en cuenta que se trata de modificar una costumbre de veinticinco años; pero ningún progreso social o político se ha conquistado sin algún trabajo, y sobre todo, sin haber debido vencer la fuerza de resistencia de la rutina que tantas veces se presenta, aun a los espíritus más ilustrados, con el ropaje de la ciencia. Lo propio aconteció con la reforma legislativa constitucional mn-tivada por el censo de 1895, y ocurrió con ésta lo que no tardaría en ocurrir con aquélla, esto es, que se reconoció muy pronto como ventajas ciertas las que fueron apuntadas como los mayores inconvenientes de la reforma. Así, entre nosotros, las opiniones políticas que creyesen amenazadas por el nuevo sistema, las bases de sus posiciones parlamentarias o gubernativas, no tardarían, acaso, en convencerse de que habrían perdido un tiempo inestimable con no haberse anticipado a poner en obra un régimen que mejor se acomoda a las exigencias de nuestras instituciones republicanas: y todo esto sin entrar al estudio científico de las ventajas que él aporta para la República en su conjunto social y político, y para los partidos, como fuerza de opinión, llamados a dar vida y movimiento a toda la fábrica de la Constitución escrita.

Es, pues, la organización de los partidos políticos, es la cohesión natural e histórica de las opiniones, de las tendencias, de los intereses, es la corporización de las ideas y los sentimientos colectivos en relación con el gobierno, lo que determina el carácter de los actos electorales, por cuyo medio único en las democracias se convierte la opinión en acción, la soberanía teórica en gobierno práctico. Nada importará, pues, que las provincias, que el territorio de la Nación, mejor dicho, se divida en circunscripciones unino-minales grandes o pequeñas, o que elija de a uno o de a varios representantes a la vez, si no existe una acción directiva de las afinidades de opiniones, organizadas en esas entidades visibles, llamadas partidos, de cualesquiera denominación, tendencia, carácter o idea, encargados de imprimir movimiento de vida, rumbo y destino ,a la masa de opinión, o intereses que constituyen su afinidad o la razón de su cohesión. Y trayendo la cuestión a su terreno más práctico, dependerá de la manera cómo los partidos argentinos tengan organizadas sus fuerzas políticas, o las organicen en adelante, el que las elecciones por el régimen uni-nominal les de o no resultados ventajosos o adversos.

Pero no es, precisamente, el interés pasajero de las agrupaciones políticas lo que la ley debe consultar en pri-mer término, sino los propósitos esenciales de la Constitución, o sea, del sistema representativo republicano de gobierno que ella ha creado. Y desde este punto de vista, un sistema que asegura, más que el actual, la representación de mayor número de intereses reales, que pone en relación más directa al electo con el elegido, y por extensión a la masa electoral con el gobierno, que es su resultado y su traducción práctica, no puede menos de ser aceptado por todos los partidos que busquen por medios legítimos el mayor número de resortes propios en las asambleas legislativas y electorales y en los demás poderes que de ellos se derivan.

La presencia permanente de una minoría en las Cámaras, asegurada, sin duda alguna, por el nuevo régimen, dará otro carácter a los movimientos de nuestra vida política, pues esas minorías vendrán a ser la resultante ponderada de la propia vitalidad y acción política, realizadas sobre el terreno natural de su acción y de su fuerza, pues no es dable suponer que, dividida la República en 120 circunscripciones electorales, no haya cierto número de ellas donde una influencia política, social o económica más poderosa, no logre imponerse gracias a la descentralización de los escrutinios a las más avasalladoras mayorías. Y ya que no es posible pensar todavía en la adopción de sistemas de sufragio como el acumulativo, como el plural u otros que conduzcan a lo que Benoist llama la representación real de los intereses y de las fuerzas sociales, será un paso avanzado hacia esas soluciones futuras, el ofrecer a tales fuerzas, cam-pos más limitados donde la lucha les asegure una victoria local indudable.

Por otra parte, el proyecto dispone un mecanismo sencillo para la efectividad del sistema, de manera que la transición no sea violenta, y acaso resulte insensible en la práctica. El censo de 1895 será la base de las nuevas divisiones que harán las legislaturas locales. Las elecciones de electores para Presidente y Vicepresidente de la República y de senadores por la capital, se harán simultáneamente con las de diputados en las épocas que correspondan por la periodicidad establecida.

No ha vacilado el Poder Ejecutivo en la adopción del padrón o registro cívico permanente, reclamado ya por la unanimidad de la opinión del país, y establecido por las legislaciones más adelantadas de Europa y América. La República Argentina se mantenía a su respecto estacionaria, sin atreverse a innovar, sin duda por no tocar los demás puntos de su régimen electoral conexos con aquél.

Se funda la eficacia de todo sistema de sufragio en la amplitud, lealtal, seguridad y exactitud con que las operaciones preliminares son ejecutadas; y todos los cuidados del legislador se han fijado siempre en la formación de las listas de electores, que servirán de base al ejercicio del sufragio, y determinan en realidad, y en definitiva, quiénes son o no electores y las penas en que incurren todos los violadores del derecho, sean electores, funcionarios gubernativos o simples particulares.

Para asegurar las condiciones antedichas en la forma del padrón cívico, se ha meditado mucho sobre diversas fórmulas inventadas en otros países, y aun en el nuestro, para cambiar el mecanismo actual mudando los agentes encargados de presidir los actos preparatorios. Así, se presentaban varios caminos: l^9, encargar de tales funciones a los propios electores; 2% encomendarlas a funcionarios exclusivamente judiciales; 3% ponerlas a cargo de las municipalidades; y por poco que se detenga la atención en cada uno de estos sistemas, se echa de ver los graves inconvenientes que entre nosotros ofrecen.

Seguramente, en teoría, como dice Miceli, “el medio más racional y conforme con el espíritu de la representación, sería el de confiar esta misión a personas indicadas o elegidas por el mismo grupo electoral al que la lista debe referirse, sea porque ninguno está más interesado en su regular composición que sus mismos componentes, sea porque ninguno puede conocer mejor que ellos mismos las condiciones individuales de los electores y de los que aspiran a serlo, y están en mejor situación para descubrir esas condiciones y ayudar a la autoridad a descubrirlas; y por eso, aquellas autoridades deben gozar de su confianza y salir en lo posible de su propio seno” (2) ; pero en un país como el nuestro, donde se está aun luchando por formar el hábito electoral y donde la propia ley de elecciones lleva tanta parte de educación y ensayo, es una vana tentativa y una peligrosa prueba, entregar por completo la constitución del comicio a los mismos imperfectos resortes que se trata de forjar.

Respecto de los funcionarios judiciales como únicos encargados de presidir la organización de los comicios, si es verdad también en teoría, en cuanto se les identifica con la misma noción moral de la justicia, que serían así guardianes ideales de la ley y de la fe pública, no podemos tampoco olvidar otro principio igualmente elevado, que los mantiene en un nivel superior, extraño a las contiendas, odios y contaminaciones diversas que las luchas políticas traen consigo, y que pondrían en grave riesgo su majestad y pureza, mucho más caras a la República que el bien que su intervención en las elecciones pudiera producir al régimen representativo, y no hemos de olvidar nuestras pro-

- (2) Diritto costituzionale generóle, pág. 160.

pias tendencias y la fácil inclinación a los abusos del poder que aun en razas más moderadas y serenas, han dado origen al aforismo de que ninguna tiranía iguala jamás en crueldad y en barbarie a la tiranía judicial cuando ella se apodera de los destinos de un pueblo. El problema de la justicia es en la República Argentina uno de los más graves que puedan preocupar al hombre de estado, y sería, a juicio del Poder Ejecutivo, un daño irreparable si expusiéramos nuestro organismo judicial a las influencias destructoras de las pasiones de partido o de las banderías pasajeras, que al hacerlo su presa, no tardarían en echar por tierra todo lo que habíamos ganado en cuarenta años de régimen más o menos normal de nuestras instituciones fundamentales.

Si los municipios fuesen una realidad segura, permanente y sólida en todo el país; si viviesen su propia vida y no necesitasen de la acción política del Estado para ser y renovarse; si se hallasen siquiera establecidos en todas las- localidades de provincias, donde la ley electoral tiene su aplicación, serían las autoridades llamadas, por su naturaleza, a presidir los actos preparatorios de toda elección popular; pero, por desgracia, estamos aun lejos de tan hermosa realidad, prevista y prescripta por la Constitución como una condición de la garantía federal a la vida institucional de las provincias, y en la mayoría de ellas la autoridad municipal, o se confunde con la política y administración del Estado, o no existe, o lleva tan precaria existencia, que sería imprudente y temerario el confiarles el resorte principal de la vida política de toda la República: la formación del censo, registro o padrón cívico.

Por lo demás, “los mecanismos para realizar todas estas instituciones —dice el mismo escritor antes citado— deben ser enteramente sencillos, tanto para que puedan cumplirse en el menor tiempo posible, como para que permitan mejor el control de los electores. Por eso son criticables esos sistemas como el nuestro (el italiano), los cuales, inspirándose en criterios burocráticos, o en las desconfianzas extremas de democracias timoratas, multiplican las comisiones, subcomisiones y supracomisiones, las revisiones y los recursos que si, por una parte, estimulan la operosidad de electores poco expertos, que esperan siempre llegar a tiempo con sus reclamaciones, no consiguen después el propósito que debieran tener en vista”. Lo mejor era, entonces, optar por un sistema que teniendo sus raíces en nuestros propios hábitos, —lo que es mucha ventaja,— permitiese aprovechar el concurso eficaz de todas las autoridades, en algún detalle o parte del mecanismo donde su intervención fuese natural y fácil, y no ofreciese los peligros que hemos señalado: ese sistema es el que resulta combinando el de la ley vigente con algunas modificaciones, con el que exige la adopción del padrón permanente con su doble período de censo, quinquenal y de ampliación constante y conservación por las oficinas de registro civil; con la intervención de los electores mismos en la formación de las comisiones empadronadoras y de las mesas receptoras de votos, con la participación de altos funcionarios judiciales, como los jueces nacionales de sección y presidentes de los tribunales colegiados, y la frecuente y activa ingerencia de la justicia de paz, cuyo inmediato contacto con los vecinos de las pequeñas localidades y barrios les permite ser auxiliares eficientes en casi todas las operaciones preparatorias del comicio.

Las comisiones inscriptoras constituidas por tres ciudadanos extraídos de una lista de veinte mayores contribuyentes en cada circunscripción, la que obrando con autoridad propia distribuirá el trabajo censal en divisiones inferiores territoriales, de manera que en tres días se realice a domicilio el empadronamiento general de la población electoral de la República, que ha de servir de base para las sucesivas renovaciones y depuraciones, y por decirlo así, para la vida ulterior permanente del nuevo sistema de padrón cívico. Además de las depuraciones inmediatas, anteriores a cada elección, el proyecto establece que las oficinas del registro civil entreguen a la autoridad del comicio, Regado el caso, las listas depuradas y arregladas por orden alfabético, después de sucesivas tachas, para servir de guía y control en la operación del sufragio.

Cree el Poder Ejecutivo que el honorable Congreso encontrará suficientes las prescripciones que ha proyectado para rodear el acto electoral de las mayores garantías posibles de verdad y eficacia, dado el estado de nuestras costumbres políticas, y la escasa noción que aun se tiene del respeto debido a esa función, generadora de todos los poderes gubernativos; y cree también que el ideal de hacer efectivo el sufragio del mayor número, y aun de la totalidad de los inscriptos, se conseguirá, salvo las omisiones personales, con la reducción de las series a doscientos electores y la descentralización de los comicios que en el proyecto se establece por los artículos 68 y 74.

Quedará así encomendado a la diligencia, al interés que los mismos electores se tomen por la cosa pública, el prestigio de la institución del sufragio, y la vitalidad del sistema republicano argentino, cualidades que, es de esperar, irán desarrollándose y radicándose cada vez, con la educac ión cívica, con el progreso general de la cultura pública, con el predominio naturalmente creciente de los grandes intereses económicos y sociales, que acabarán por comprender que el camino para conseguir su legítima influencia, y de sus reivindicaciones anheladas, sólo está en la urna electoral, en el voto, siendo así la república, la forma de gobierno que más amplios horizontes ofrece a las más vastas aspiraciones del espíritu contemporáneo.

En cuanto a las garantías contra las ilegítimas intervenciones de los empleados o funcionarios públicos, contra la acción, la presión, la intimidación, o la influencia oficiales en las elecciones, —en cuanto estos delitos y vicios no dependen de una incompleta educación política del mismo medio ambiente, que señalaría al funcionario infiel con el sello de la reprobación y el menosprecio de sus convecinos o compatriotas,— el proyecto contiene cuantas previsiones y seguridades se ha encontrado en las leyes más recientes de otros países, como Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia y otros, y ha aconsejado nuestra propia experiencia, donde la astucia electoral y fraude burocrático han asumido caracteres tan variados y especiales. Aparte de disposiciones prohibitivas, en cuanto tienden a impedir la ingerencia oficial en la preparación y emisión del sufragio, en el título especial de las penas se ha procurado garantir con sanciones eficaces y prudentes la efectividad de aquellas prescripciones. Tanto en este punto como en los demás ya referidos, confía el Poder Ejecutivo en que una lectura atenta del texto os demostrará mejor que estas observaciones * generales, la verdad de aquellas afirmaciones.

Después de breves artículos destinados a regir las elecciones de senadores por las Provincias y la Capital, y la de electores de Presidente y Vicepresidente de la República, en cuanto no se hallan directamente legisladas por la Constitución, y que, para dar unidad de cuerpo a la ley, se han reproducido de las disposiciones vigentes, además de la aplicación del sistema de las circunscripciones, viene el último título, consagrado en particular a las prohibiciones y a la penalidad, en que se ha detenido con especial cuidado la redacción, no sólo por la dificultad del asunto en sí mismo, sino por la inmensa cantidad de pequeños y grandes hechos de carácter punible que. la ley debe considerar y reducir a reglas concisas y comprensivas, pero no tanto que impidan, por exceso de detalle, la más amplia libertad de apreciación del juez encargado de juzgarlas.

En esta materia podría exponerse largas consideraciones de la más profunda filosofía, y acaso no se llegaría a una conclusión definitiva y absoluta sobre si conviene o no una penalidad electoral rigurosa, o si es ella en algún grado eficaz, dado que en casi toda su amplitud, este es un problema de educación y de cultura, más que de legislación. Pero, con todo, en la necesidad positiva de dictar una ley para un momento o época determinada de nuestra evolución po-

lítica, no puede prescindirse de un conjunto de sanciones penales, correlativas con los deberes que la misma ley señala a los funcionarios y particulares, y a los fines de reforma que ella misma se propone en varias de sus cláusulas.

“Si bien estas disposiciones penales, dice un autor ya citado, pueden ejercer una grande influencia para garantir la independencia y la sinceridad del voto, no debemos abandonarnos a la idea de que ellas lo puedan todo y que todo deba esperarse de ellas. En este campo de relaciones, la costumbre, la moralidad, la educación y más que todo, los intereses de los mismos electores pueden mucho más que las leyes. Por esto es que el creciente número de leyes con disposiciones penales de este género, en muchos estados representativos, atestigua más su propia impotencia que el previsor refinamiento de la mente del legislador”. Y Bryce, hablando de la corrupción electoral en los Estados Unidos, observa también que “es siempre difícil estimar el valor exacto de las leyes que se proponen por métodos mecánicos, reformas que son por su naturaleza y en gran extensión, morales. Puede decirse que, mientras en todos los pueblos hay una proporción, —variable según las épocas y los países,— de hombres buenos que obrarán honestamente con cualquier ley, y también una proporción de hombres malos que procurarían quebrantar o eludir las mejores leyes, existe también un número considerable de hombres que se hallan entre las dos clases, cuya tendencia al mal no es tan fuerte que deba ser reprimida por la ley, y en quienes su sentido moral está presente, en proporción bastante para hacerlos susceptibles de estímulo y educación por una buena ley. Aunque es verdad que no se puede hacer hombres honestos por un estatuto, se puede armar a los buenos ciudadanos de aguijones que mejoren su situación en el incesante conflicto con las varias formas en que se aparece la inmoralidad política. El valor de estas armas depende, sin embargo, de la energía de los que las usan” (3).

- (3) American Commonwealth, t. II, pág. 149.

El título V del proyecto de ley adjunto, ha tenido en cuenta estas fundamentales consideraciones, pero no ha podido despreocuparse de ese poder indudable que la ley penal ej’erce sobre los espíritus, por el temor a las molestias, limitaciones de la libertad, privaciones de goces, cuando no el temor al descrédito, que, es sin duda, el indicativo de un estado social más elevado. Para esto ha debido confiar también, primero en la actividad e interés de los partidos políticos organizados, en el cumplimiento de la ley, por una fiscalización recíproca; segundo, en la independencia de los magistrados y representantes de la acción pública para juzgar con rectitud los unos, y los otros para perseguir con diligencia los delitos que caigan bajo su jurisdicción.

Las prohibiciones conque empieza este título se refieren a todas las personas, particulares u oficiales, de cualesquiera jerarquía, que pudieran por una indebida intervención, adulterar la verdad del sufragio individual, perturbar la tranquila libertar del comicio o formar en su alrededor esa especie de muralla de fuego del terror, y para cuyo acceso se necesitaba en otros tiempos ir dispuesto a rendir la vida en combate singular o colectivo. Así, se aparta del lugar del comicio las amenazas reales y aparentes de fuerzas armadas, de reuniones sediciosas, de acantonamientos o aglomeraciones que pudieran adoptar formas agresivas o atemorizadoras; y estas precauciones son tanto más admisibles cuanto que el voto es por naturaleza individual y aislado, de manera que se supone el acceso del ciudadano a la urna, despojado de todo recelo que pudiera retenerlo o coartarlo.

Distínguese claramente con la enumeración de las violaciones de la ley electoral tres clases de infractores: l^9, el elector' mismo en primer término, por su abstención o por faltas u omisiones culpables en el acto de ejercer su derecho; 2^9, los particulares ajenos al comicio, pero que, o auxilian las operaciones electorales, o se complotan para impedirlas, perturbarlas o adulterarlas; 3^9, los funcionarios públicos permanentes, y los transitorios que la misma ley crea para su cumplimiento.

Sigue una gradación de faltas fundada conjuntamente en las personas que las cometen y en la naturaleza de los hechos con relación al daño que de ellos resulta para la libertad y efectividad del voto; y según algunas legislaciones extranjeras, se ha adoptado denominaciones, por otra parte perfectamente conocidas entre nosotros, como “coacción”, “presión”, “fraude”, “corrupción”, aparte de otras enumeraciones concebidas con un espíritu práctico y sin responder a ninguna idea de tecnicismo jurídico. En todos los casos se ha tratado de impedir la intromisión indebida del funcionario público en el ejercicio del sufragio, ya valiéndose de medidas coercitivas directas o indirectas, ya de los agentes que la ley pone en sus manos, ya por fin de los consejos o las apariencias de una propaganda doctrinal para inclinar las opiniones sobre determinados candidatos, como lo han prescripto las últimas leyes italiana y española, al condenar las candidaturas oficiales con penas pecuniarias considerables.

Por lo que se refiere a los juicios en materia electoral, el proyecto adjunto ha debido crearlos de distinta clase, según los diferentes períodos del sufragio, y seguidos ante diversas autoridades o tribunales. Todos ellos, no obstante, tienen el mismo carácter de brevedad, de rapidez, inherente a la naturaleza de las cosas que comprenden; y en cuanto a sus reglas orgánicas, además de las que nacen de los hechos mismos, como en el caso del artículo 16, —en que se establece un juicio verbal y sumarísimo de amparo del derecho electoral durante las horas del comicio,— han sido tomadas de la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, en los casos en que han interpretado la ley vigente. En todos ellos se ha tenido en vista que la autoridad judicial debe ser más ejecutiva que prescriptiva, como que ha de tratar de amparar en realidad el ejercicio de un derecho; y habría admitido el sistema de los jurados que la comisión parlamentaria cíe 1895 establecía, si esto no le hubiera parecido más una complicación excesiva que una verdadera garantía.

De acuerdo con la naturaleza de estos juicios y los fines prácticos de la ley, en el proyecto del Poder Ejecutivo se ha tratado de que el juez tenga la mayor amplitud en la apreciación de los hechos, a cuyo efecto se ha esmerado en no encerrarlo dentro de marcos inflexibles, ni definiciones limitativas, y salvo algunos casos especiales y singularmente característicos de la delincuencia electoral de nuestro país, siempre se ha dejado un gran margen a la discreción del juez para apreciar el carácter y la gravedad del caso sometido a su conocimiento. Esta discreción, por otra parte, está preconizada por distinguidos tratadistas de derecho electoral, y ya que esta ley reposará en gran parte sobre la conciencia ilustrada de los jueces, diremos con Villey, ya citado: “que es hoy más de temer la corrupción que la presión; la hemos visto exhibirse en estos últimos tiempos pública e impunemente... Parece imposible determinar de antemano todos los hechos de corrupción y de presión electoral: es necesario a este respecto dejar un gran poder de apreciación a la autoridad judicial, debiendo la ley limitarse a definir por sus fines comunes^ los hechos delictuosos”. Y cuando al or-' ganizarse el padrón cívico y las listas y autoridades del comicio, apartábamos a los jueces de una ingerencia directa en tales actos, era porque a ellos se les reservaba una misión más alta y eficaz, propia de sus funciones, el juzgamiento de las faltas contra la libertad y la independencia del derecho mismo, es decir, la administración de la justicia sobre que ha de descansar toda creación del legislador, tanto en el orden civil como en el orden mucho más difícil, instable y peligroso de las relaciones políticas.

Para concluir, debe el Poder Ejecutivo protestar de nuevo ante Vuestra Honorabilidad, que ninguna idea de originalidad, invención, ni de exclusivo acierto le asiste al presentar el proyecto que en líneas generales acaba de explicar; es el resultado de una labor continuada de diversos iniciadores de dentro y fuera del Congreso y del Poder Ejecutivo, como representantes de diversas tendencias del espíritu público o científico en épocas distintas; y ampliado y completado con observaciones propias y consejos de la experiencia, ha tomado un cuerpo uniforme y armónico, formando el todo un mecanismo de fácil y rápido manejo, aun para un cuerpo electoral algo menos educado que el nuestro. Y como la única aspiración del Poder Ejecutivo es que la República se acerque cuanto antes a la posesión y ejercicio pleno de sus más amplias libertades políticas, de que el sufragio es la fórmula más efectiva y práctica, espera que la ilustrada deliberación de ambas Cámaras del Congreso corregirá las deficiencias del proyecto, y dictará una ley que sea la más fiel expresión del pensamiento político del pueblo argentino en la hora presente.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JULIO A. ROCA

J. V. González

- 2. PROYECTO DE LEY

Título I

De la calidad, derechos y deberes del elector

§ I

DE LOS ELECTORES

Artículo l^9 — Para ser elector nacional se requiere:

- a)  Ser argentino de nacimiento o ciudadano naturalizado y tener 17 años de edad.

- b)  Residencia en la sección donde pretende votar, de 20 días por lo menos antes de la inscripción.

- c)  No hallarse afectado de ninguna de las incapacidades que esta ley establece.

- d)  Hallarse inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Art. 2^9 — Los que habiendo nacido fuera del país gozasen del derecho de ciudadanía se considerarán naturales de la capital de la República.

Art. 3^9 — Al ciudadano por naturalización se le exigirá, al ser inscripto, la exhibición de la carta de ciudadanía.

Art. 4^9 — Los extranjeros mayores de 22 años de edad, que sepan leer y escribir, con más de dos años de residencia, propietarios o que ejerzan profesión liberal, acreditada por diploma nacional o revalidado, podrán presentarse a las juntas de distrito, oficinas de registro civil o comisiones inscrip-toras de la sección y manifestar verbalmente que desean ser inscriptos en el padrón cívico, justificando aquella circunstancia.

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Art. 5^9 — Las juntas anotarán al recurrente en el padrón, expresando su nombre, apellido, domicilio, profesión, años de residencia en el país, cuota de contribución directa que pague o fecha de su diploma si no fuese contribuyente, y el extranjero quedará ipso jacto naturalizado, comunicándose el hecho al ministerio de Justicia e Instrucción Pública y al juez federal de la sección correspondiente al domicilio del inscripto.

_                                                                                                                                                                                                               «y

Art. ó^9 — La edad y lugar del nacimiento se prueban por la partida de nacimiento, o su equivalente legal, y tanto esos documentos como cualquiera que en calidad de prueba presentarse el interesado, les serán otorgados gratis.

Art. 7^9 — Si hubiere duda sobre la residencia del ciudadano, se comprobará el requisito por la declaración de dos testigos propietarios del cuartel y conocidos del inscriptor.

Art. 8^9 — Además de los menores de 17 años, no son electores nacionales:

l^9 Los dementes declarados en juicio.

2^9 Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito.

3^9 Los eclesiásticos regulares.

Art. 9^9 — Están definitivamente excluidos de la condición de electores:

l^9 Los condenados por sentencia a pena de presidio o penitenciaría.

2^9 Los que hubiesen sido declarados por autoridad competente incapaces de desempeñar funciones políticas.

3^9 Los quebrados fraudulentos hasta su rehabilitación.

4^9 Los que hubiesen sido privados de la tutela por dedefraudación de los bienes del menor mientras no restituyan lo adeudado.

5^9 Los dementes y mendigos públicamente reconocidos, estén o no asilados, los “atorrantes”, y en general, todos los que se hallen asilados en hospicios públicos, o estén gratuitamente a cargo de las congregaciones de caridad.

Art. 10..— Están excluidos temporalmente de la condición de electores, todos aquellos que se hallan bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida, y además:

l^9 Los que hubiesen eludido las leyes sobre servicio militar, hasta que hayan cumplido 45 años.

2^9 Los que hubiesen sido excluidos de las filas del ejército o degradados, y los desertores hasta los 10 años después de la condena.

3^9 Los soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea, y agentes o gendarmes de las policías.

4^9 Los deudores, por defraudación o malversación al tesoro de la Nación o de las Provincias, mientras no satisfagan su deuda.

5^9 Los detenidos por juez competente mientras no recuperen su libertad.

§ II

DERECHOS DEL ELECTOR

Art. 11. — No podrá autoridad alguna reducir a prisión al ciudadano elector durante las horas de la elección, salvo el caso de flagrante delito. Fuera de este caso no podrá estorbársele el tránsito de su domicilio al lugar de la elección, o molestársele en el desempeño de sus funciones.

Art. 12. — No podrá autoridad alguna poner obstáculos a las reuniones de ciudadanos en calles o plazas, que tengan por objeto ponerse de acuerdo o hacer demostraciones para las elecciones nacionales, en los días que precedan al del sufragio, siempre que den aviso a la autoridad policial de la localidad.

Art. 13. — Son excepciones a lo dispuesto en el artículo anterior:

1? Cuando la reunión deba tener lugar en las horas de la noche.

2^9 Cuando para el mismo día hubiese la autoridad policial recibido aviso de otra reunión de opiniones contrarias que pudiese dar lugar a choques, en cuyo caso los promotores de la segunda reunión cambiarán de día, a menos de cambiar de lugar, de manera que sea imposible toda alteración del orden.

Art. 14. — Es prohibido a los funcionarios públicos imponer a los subalternos que estuviesen bajo sus inmediatas órdenes la manera como deben votar.

Toda amenaza o coacción directa o indirecta que tienda a este fin será penada con arreglo a esta ley.

Art. 15. — Toda persona que se hallase bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho a ser amparada en su libertad para dar su voto por el candidato de su predilección.

Art. 16. — A objeto de asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores, el juez nacional en las capitales o ciudades donde ejerza sus funciones, y los jueces letrados o de paz respectivamente, de cada sección o lugar de comicio, mantendrán abiertas sus oficinas, durante las horas de la elección, para recibir y resolver verbal e inmediatamente, las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados o privados del ejercicio del voto.

A este efecto, el elector por sí, u otro ciudadano en su nombre, por escrito o verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo, y las resoluciones de este funcionario se cumplirán sin más trámites por medio de la fuerza pública si fuese necesario.

Art. 17. — Si se tratare de un atentado a la libertad que importe delito según el Código Penal, se pasará los antecedentes al juez federal competente.

Art. 18. — Las garantías prescriptas en las disposicio-nes anteriores a favor de los electores, son igualmente extensivas para los ciudadanos que por esta ley deben intervenir en la inscripción y recepción del voto.

§ III

DEBERES DEL ELECTOR

Art. 19. — La calidad de elector se comprobará en todo tiempo por la partida cívica, que la constituirá el certificado extendido por las autoridades designadas por esta ley, para presidir las inscripciones en una libreta con varias hojas en blanco, la que podrá ser renovada con todas las anotaciones que contenga cada vez que su deterioro lo haga necesario.

Art. 20. — En todo acto de la vida civil el ciudadano deberá presentar la partida cívica, y deberá hacerse mención de ella, bajo pena de cien pesos de multa, al escribano o funcionario que omitiese este requisito.

Art. 21. — Desde los noventa días de la vigencia de esta ley, no se podrá desempeñar en la República, cargo o empleo público, profesional o no, para el que se requiera el ejercicio de la ciudadanía, sin acreditar la calidad de ciudadano con la exhibición de la partida cívica.

Los ciudadanos que desempeñan actualmente dichos cargos deberán proveerse de la partida cívica, dentro de los sesenta días de la promulgación de esta ley bajo pena de la pérdida del empleo o función que ejerzan salvo los que se hallasen ausentes del país, los que deberán llenar este requisito a los treinta días de su regreso en el lugar de su domicilio.

Obras Completas

47

La no inscripción en el registro cívico no exceptúa del desempeño de aquellos cargos públicos cuya aceptación es obligatoria por reputarse inherentes a la condición de ciudadano.

Art. 22. — A fin de que no se pueda hacer uso sino una sola vez en cada elección, del derecho de votar, el presidente de la mesa receptora de votos estampará en la página correspondiente de la libreta cívica, un sello que contendrá el objeto, fecha y distrito de la elección. Este sello será uniforme en toda la República y será entregado en el día de la elección por el jefe del registro civil de la sección o por quien haga sus veces, quien lo recibirá después del acto para su guarda y conservación.

Art. 23. — Todo ciudadano nativo o extranjero naturalizado, que se hallase en las condiciones del artículo 1% tiene el deber de proveerse de su partida cívica dentro de los sesenta días de adquirida la capacidad electoral. Esta obligación empezará a regir a los sesenta días de la promulgación de esta ley.

Art. 24. — El derecho del sufragio es individual, y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política, tiene el derecho de obligar al elector a votar en grupos de cualquier denominación que fuesen ni a título de orden ni de procedimiento, en el acto del comicio.

Art. 25. — Todas las funciones que esta ley atribuye a los encargados dé darle cumplimiento se consideran cargas públicas, y serán irrenunciables, salvo caso de enfermedad o ausencia del respectivo distrito, justificada ante la junta electoral del mismo.

Art. 26. — A los efectos de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, el ministerio del Interior proveerá oportunamente a todas las oficinas de registro civil de la República, de un número suficiente de libretas cívicas en blanco y del sello a que se refiere el artículo 22.

Título II

Del registro cívico nacional y de la inscripción

§ I

DE LAS DIVISIONES TERRITORIALES

Art. 27. — La capital y las provincias, como distritos electorales de la nación, se dividirán, a los efectos de la elección de diputados al Congreso, electores calificados de senadores de la capital, y electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la República, en circunscripciones electorales.

Art. 28. — La división en circunscripciones se hará de acuerdo con el censo de 1895, tratándose de que cada una de ellas reúna en lo posible el número de habitantes o fracción que con arreglo a la Constitución tiene derecho a elegir un diputado, no debiendo alterarse la representación actual de los distritos electorales.

Art. 29. — A los efectos de la inscripción y de la votación, cada circunscripción será dividida a su vez en secciones. Cada parroquia en las ciudades, y cada departamento o juzgado de paz en las campañas, formará una sección electoral, sin perjuicio de las mayores subdivisiones establecidas actualmente en las parroquias o departamentos.

Art. 30. — La división de las provincias en circunscripciones se hará por las legislaturas respectivas. En la capital de la República, el Poder Ejecutivo propondrá al Congreso la división más conveniente.

Art. 31. — Cada circunscripción elegirá un diputado al Congreso; elegirá del mismo modo dos electores de Presidente y Vicepresidente de la República; y en conjunto con las demás circunscripciones del distrito, cuatro electores generales por el duplo del número de senadores, los cuales se designarán especialmente en la primera boleta en que se vote por los primeros.

Art. 32. — La Cámara de Diputados practicará el sorteo de las circunscripciones que correspondan a la próxima renovación. Ese sorteo servirá de base para las renovaciones sucesivas y para las elecciones parciales.

Art. 33. — Si por cualquier motivo llegara a alterarse el número de diputados correspondientes a un distrito, de manera que no fuera posible distribuirlos en las circunscripciones respectivas, la elección de los diputados sobrantes se hará por todo el distrito, hasta que se practique una nueva división de acuerdo con lo que prescribe el artículo 30.

Art. 34. — Dos años después de puesta en vigencia la presente ley, ningún diputado electo tendrá derecho a ocupar su asiento en la Cámara si su elección no hubiese sido practicada de acuerdo con la división de los distritos en circunscripciones electorales.

§ II

DE LA FORMACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO

Art. 35. — El registro o padrón cívico es permanente, y será ampliado cada cinco años, sin perjuicio de la acción que todo elector tiene para pedir en cualquier tiempo la inclusión de un ciudadano, o la eliminación de un inscripto y la aplicación de las penas correspondientes.

Art. 36. — El registro cívico será formado en cada circunscripción electoral por comisiones inscriptoras compuestas de tres ciudadanos de los mayores contribuyentes territoriales, las que serán constituidas por el siguiente procedimiento :

l^9 En la capital de la República y en la de cada provincia se formará una junta compuesta del juez federal (donde hubiese más de uno, el de más edad),

del presidente del tribunal de justicia local (en la capital, el de la Cámara de Apelaciones en lo Civil), y del presidente de la Legislatura (en la capital, el del Concejo o Corporación municipal), la que se denominará Junta Electoral de Distrito.

2^9 Son reemplazantes legales del juez federal, donde hubiese varios, cada uno de los otros, por orden de antigüedad; y a falta de éstos donde no hubiese más que uno, el conjuez de turno.

3^9 Serán reemplazantes legales del presidente del tribunal superior, en las provincias, el vocal más antiguo del mismo, o el de mayor edad, si hay varios de igual antigüedad; y en la capital, el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Criminal, y en su defecto, el vocal más antiguo de ambas Cámaras, como en el caso anterior.

4’ Serán reemplazantes legales del presidente de la Legislatura y del presidente del Concejo municipal, los substitutos respectivos, según las constituciones o leyes orgánicas correspondientes.

5^9 Actuará como secretario de la junta electoral y autorizará sus actos, el secretario del juzgado federal; en su defecto, el del superior tribunal, y a falta de éste, un abogado o escribano designado por la misma junta.

6^9 Las juntas de distrito se reunirán del l^9 al 15 de diciembre en sesión pública en el recinto de la Legislatura (en la capital, en el de la Cámara de Diputados), y procederán al sorteo de las comisiones inscriptoras de cada circunscripción electoral, las que se compondrán de tres miembros titulares y tres suplentes, numerados correlativamente a los titulares por el orden del sorteo.

7^9 A los efectos del inciso anterior, el jefe, director o administrador de rentas de cada distrito, formará • la lista de los veinte mayores contribuyentes de cada sección, que no sean empleados públicos y sepan leer y escribir, expresando la cuota que paguen, y la remitirá a la junta del distrito, la que ordenará su publicación por la prensa o por carteles fijados en parajes públicos, en dos períodos:

- a)  Del 15 al 31 de octubre, a los efectos del inciso 8^9 de este artículo.

- b)  Del 15 al 31 de diciembre, a los efectos del inciso ó^9.

8^9 Durante los 15 días de la publicación, cualquier ciudadano podrá observar estas listas por haberse incluido en ellas nombres que no deban figurar o por haberse omitido otros. Estas observaciones serán dirigidas por escrito en papel simple al presidente de la junta del distrito, debiendo el secretario de la misma recibir con cargo, la comunicación que las contenga.

9^9 Las juntas de distrito se reunirán del l^9 al 15 de noviembre con la frecuencia necesaria, para sustanciar los reclamos y resolver las substituciones, pidiendo nuevas listas de mayores contribuyentes, si los eliminados pasaran de seis, y en caso contrario h^rá el sorteo con la lista de los restantes. Las resoluciones serán publicadas.

[1]

Discurso pronunciado al considerarse diversos proyectos sobre legislación electoral, que fueron aplazados hasta las sesiones de 1902. Véase en Jurisprudencia y política, el discurso del doctor Joaquín V. González, al discutirse el proyecto de ley de reforma electoral de 1912, en el Senado de la Nación. — N. del E.

§ III

DE LAS COMISIONES INSCRIPTORAS

Art. 37. — La comisión inscriptora dividirá primeramente las circunscripciones en cuarteles, formándolos en las poblaciones urbanas por grupos de dos o seis manzanas, o por divisiones mayores, según la densidad de la población, y en las campañas por cualquier otra división apropiada al trabajo de un inscriptor que deba desempeñar su mandato en el término de tres días.

Art. 38. — Concluida la división en cuarteles, la comisión procederá acto continuo, a nombrar por mayoría de votos un inscriptor para cada cuartel, debiendo ser elegidos ciudadanos mayores de edad, que sepan leer y escribir, aunque no sean vecinos del cuartel que se les destine para censar.

Art. 39. — La comisión inscriptora hará publicar inmediatamente la designación de cada cuartel y el nombramiento del inscriptor que le corresponda. La publicación se hará por medio de carteles fijados en los vestíbulos de las iglesias o en los locales donde funcione, y en los periódicos o diarios de mayor circulación local.

Art. 40. — Los nombramientos de los inscriptores y las citaciones para que concurran al lugar determinado en día y hora fijos para recibir los formularios conque deben desempeñar su mandato, serán distribuidos por el correo, usando el sistema de expreso, donde estuviese establecido, o el de carta certificada con recibo de retorno. Donde no hubiese este sistema de correo, la policía estará encargada de la distribución, requiriéndose recibo del funcionario a quien se entregue los pliegos para ser distribuidos, el cual a su vez lo requerirá de cada uno de los inscriptores a quienes fueron dirigidos.

Art. 41. — El Ministerio del Interior proveerá oportunamente y en cantidad bastante, a las juntas de distrito, de los formularios de inscripción, los que deberán llevar el sello del Ministerio.

Estos formularios contendrán las divisiones necesarias para colocar el número del inscripto, el nombre y apellido, la edad, lugar del nacimiento, estado, profesión u oficio, si es ciudadano legal o natural, la calle y número del domicilio en los centros de población, y en la campaña, el número o nombre de la división territorial y el nombre del propietario del terreno o población que habite y si sabe leer y escribir, debiendo dejarse un margen ancho para anotar las alteraciones que se introduzca por fallecimiento, cambio de domicilio, ausencia o suspensión del derecho electoral.

Las comisiones inscriptoras anotarán en cada formula* rio, el número del cuartel y el nombre del inscriptor y la sellarán con un sello oficial.

Art. 42. — La comisión inscriptora deberá reunirse públicamente en la cabecera de la circunscripción y en el local que designe para el desempeño de su mandato, todos los días, desde el 15 de diciembre hasta el 1Q de enero y desde las 4 hasta las 7 p. m.

Art. 43. — Los titulares y suplentes de las comisiones inscriptoras están obligadas a concurrir diariamente al local designado para las reuniones, y a la hora designada para abrirlas.

La comisión se constituirá en la primera reunión con el número de titulares presentes y en defecto de éstos, con los suplentes de los números que correspondan, y nombrarán su presidente por mayoría de votos.

En las reuniones sucesivas, los titulares ausentes, al abrir el acto, serán reemplazados por los suplentes en la forma establecida.

En el caso en que no esté el suplente que debe reemplazar por la correlación numérica a un titular, entrará el su- -píente que sigue, en el orden establecido.

§ IV

DE LA INSCRIPCIÓN

Art. 44. — Los inscriptores de cuartel procederán simultáneamente en toda la República a levantar el padrón electoral trienal, los días 15, 16 y 17 de enero, la primera vez el año 1903, desde las 8 de la mañana, ocurriendo personalmente al domicilio de cada ciudadano donde no podrá negársele los datos que reclamen para el cumplimiento de su mandato, bajo las penas establecidas en esta ley.

No son domicilios a efecto de la inscripción: los conven-

tos, las cárceles y asilos públicos, a menos de buscarse a los empleados que habiten en ellos.

Art. 45. — Serán inscriptos todos los ciudadanos que reúnan las condiciones establecidas en los artículos l^9 al 7^9.

Art. 46. — Siempre que se negase un inscriptor a inscribir a un ciudadano por falta de algún requisito legal o por encontrarse en algún caso de inhabilidad, deberá certificar esa negativa en una boleta impresa, exponiendo la causa. Este certificado será entregado al ciudadano para que ejercité los derechos que le correspondan.

Art. 47. — En caso de que uno o varios inscriptores de cuartel no desempeñasen sus funciones en los días señalados para hacer el padrón, la comisión inscriptora adoptará las medidas oportunas para obligarlos al cumplimiento de su deber o para reemplazarlos en su caso a la mayor brevedad, no pudiendo por ningún motivo demorar la operación por más de cinco días.

Art. 48. — Concluida la inscripción de cada día, los inscriptores firmarán cada uno de los pliegos, y en el día los enviarán directamente a las comisiones inscriptoras, las cuales se reunirán a la premura necesaria, y formarán una lista de los electores de la circunscripción, siguiendo estrictamente el orden de los cuarteles y el que los electores tengan en cada lista especial. Aquella lista deberá ser publicada y terminada antes del 31 de enero.

Art. 49. — La publicación del padrón así terminado, se hará del modo prescripto en el artículo 39 y en hoja impresa que se distribuirá gratuitamente a quienes lo soliciten.

Art. 50. — Todo elector que por cualquier causa no hubiese sido inscripto durante los días designados en el artículo 44, está obligado a acudir a la comisión inscriptora de su respectiva circunscripción hasta el 10 de febrero a solicitar su inscripción, llenados todos los requisitos de la ley, sin perjuicio de la acción pública, o la de cualquier ciudadano, para pedir su inclusión en el registro.

§ V

DE LAS TACHAS

Art. 51. — Desde el primero hasta el último día de febrero se abrirá un período para las reclamaciones por falta de inscripción o por inscripción indebida, que se deducirán por escrito en papel simple ante las comisiones inscriptoras de la circunscripción a que el reemplazante o el tachado, según el caso, pertenezcan.

Ellas fallarán en conciencia dentro de los cinco días, debiendo expresar los informes o diligencias en que fundan su resolución.

Art. 52. — En las circunscripciones donde hubiesen varias poblaciones urbanas, los electores, que residieren a mayor distancia de cinco leguas de las cabeceras de dichas circunscripciones podrán entablar las reclamaciones a que se refiere el artículo 50, y con respecto a los domiciliados en las mismas poblaciones, ante el juez de primera instancia o de paz más inmediato.

Art. 53. — De todas estas resoluciones o fallos podrá apelarse ante el juez federal, y si hubiere más de uno, ante el más inmediato y en los demás casos ante el más antiguo. Su fallo, que es inapelable, se comunicará a la junta electoral del distrito a sus efectos.

Art. 54. — En el juicio especial de tachas, tanto las comisiones inscriptoras como los jueces de primera instancia, los de paz y el juez federal en su caso, procederán breve y sumariamente, habilitando períodos y horas si fuese necesario. Todos los procedimientos serán gratuitos y en papel simple.

Art. 55. — Resueltas las tachas presentadas, las comisiones inscriptoras formarán el padrón de la circunscripción respectiva, siguiendo estrictamente el orden de los cuarteles y el que los electores tengan en cada lista, y lo remitirán con las seguridades necesarias y acompañado de las listas originales de los inscriptores, a la junta de distrito. Esta rectificará las listas según las resoluciones del juez federal y dispondrá que se saque tres copias del padrón cívico de cada circunscripción.

Art. 56. — El padrón cívico definitivo será publicado íntegro en cada sección antes del l^9 de marzo.

§ VI

CONTINUACIÓN DEL REGISTRO

Art. 57. — Una de las copias a que se refiere el artículo anterior, será remitida a la Cámara de Diputados de la Nación, y a la de Senadores cuando se trate de elecciones de esta clase en la capital, y de electores de Presidente y Vicepresidente de la República; la segunda a la junta del distrito respectivo, y la tercera será depositada en la oficina del registro civil más inmediata, la que será considerada oficina permanente del registro cívico nacional con los deberes y atribuciones que en esta ley se establecen.

Art. 58. — Las reclamaciones a que diese lugar posteriormente el padrón, podrán interponerse en los años siguientes al de su formación desde el l^9 de junio hasta el 31 de octubre de cada año ante las oficinas del registro civil; y en defecto de estas, ante el juez de primera instancia o de paz de las cabeceras de la circunscripción.

Art. 59. — Los jefes o encargados del registro civil en la República son las autoridades a quienes esta ley atribuye el deber de otorgar la libreta, certificado o partida cívica de que habla el artículo 19, la que debe ser expedida después de cerrados los respectivos períodos de tachas, tanto para los inscriptos en el padronamiento quinquenal, como para los que se hubiesen presentado con posterioridad.

Art. 60. — El padrón será exhibido en un cuadro en la oficina del jefe del registro civil, y se admitirá la inscripción de las personas que justifiquen su derecho personalmente, agregándolos, según su domicilio, a las series de la circunscripción.

Igual procedimiento, y previo los requisitos establecidos en los artículos l^9, 3^9, 4^9 y 5’, se observará para inscribir a los extranjeros que lo soliciten, según el derecho que se les acuerda en dichos artículos.

Art. 61. — La lista de los inscriptos en el padrón, durante el período de su reapertura, será publicada cada 15 días en las oficinas respectivas por medio de cuadros, y en los periódicos o diarios locales.

Art. 62. — Desde la primera publicación quincenal queda abierto el juicio de tachas, que puede ser iniciado en la forma establecida en el § V, título II, no solamente para los nuevos inscriptos, sino para todo el padrón.

El 31 de octubre quedará cerrada la fiscalización del padrón general hasta la renovación trienal, en la que se inscribirá a todos los que en ese tiempo hubiesen alcanzado la capacidad legal de electores, o se hallasen por cualquier causa fuera del registro cívico.

Art. 63. — Las exclusiones y tachas por inscripción ilegal, serán resueltas por los funcionarios respectivos, en la misma forma legislada para las comisiones inscriptoras. Sus resoluciones serán apelables dentro de los cinco días de notificadas, para ante los jueces de sección respectivos, quienes comunicarán sus fallos a las juntas de distrito.

Art. 64. — Los jefes del registro civil ordenarán la publicación de las nuevas inscripciones o de las inscripciones borradas, en la misma forma establecida en el artículo 61 y remitirán una copia de la lista definitiva a la junta del distrito para que se agregue al padrón.

Título III

De las asambleas electorales

§ I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Convocatorias — Constitución de las mesas

Art. 65. — Las elecciones de diputados al Congreso, para la renovación bienal de la Cámara, tendrán lugar el segundo domingo de marzo, en todos los años de número par; las elecciones de electores de senadores por la Capital y de Presidente y Vice de la República, en los mismos días de los años que corresponda su renovación; las elecciones extraordinarias para llenar vacantes que ocurran dentro de los períodos ordinarios, se efectuarán en los días festivos que designe la convocatoria, o a falta de ésta, la ley.

Art. 66. — En cada distrito electoral, la convocatoria a elecciones de diputados de la nación, de electores de Presidente y Vice, y de senadores por la capital, será hecha por el Poder Ejecutivo de la respectiva provincia o por el de la nación en su caso, lo menos dos meses antes del día señalado para el acto electoral, con excepción de la de electores de Presidente y Vice que será dictada tres meses antes, y observará además:

1’ La convocatoria deberá expresar en todos los casos el número de diputados o electores a elegirse en cada distrito y las circunscripciones del mismo que deban votar.

2^9 Cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día designado, o hubiese sido anulada, ella sólo podrá tener lugar previa convocatoria.

3° Las convocatorias serán publicadas y circuladas inme-

diatamente en cada circunscripción, ya sea en los diarios y periódicos donde los hubiese, ya en carteles u hojas sueltas que se fijará en parajes públicos, ya por bandos que leerán los jueces de' paz en los lugares donde no fuese posible otro medio de publicidad.

Art. 67. — Desde el primer día de la publicación de las convocatorias, la junta electoral de distrito, de que habla el artículo 36, inciso l^9, se ocupará de formar las listas de electores correspondientes a cada mesa receptora de votos, a cuyo efecto tomará los datos de las oficinas del padrón cívico, con cargo de modificarlas, según los resultados de las tachas, y en vista de la publicación del padrón cívico definitivo (artículo 56) ; y se observará además:

1’ Cada serie de 200 electores o fracción mayor de 100 sufragará en una sola mesa, y las fracciones menores de cien votarán en la última serie;

2^9 Los nombres de los electores de cada serie se dispondrá en las listas en orden alfabético;

3^9 Dentro de los tres días siguientes al de la publicación del padrón definitivo, las juntas electorales de distrito remitirán al Poder Ejecutivo de la respectiva provincia, y en la capital de la República al ministerio del Interior, las listas correspondientes a cada mesa, para su inmediata publicación en todos los sitios accesibles al público, que se designe al efecto.

Art. 68. — Al mismo tiempo, y con los.mismos datos anteriores, las juntas de distrito designarán con número de orden, y por sorteo entre series de veinte inscriptos que sepan leer y escribir, cinco ciudadanos como titulares y cinco como suplentes, para formar las mesas receptoras de votos de cada serie y cuyas nóminas serán publicadas separadamente, en la misma forma que las listas de electores.

Art. 69. — Desde la publicación de las listas de electores y nómina de escrutadores, y durante la primera semana de marzo, toda persona hábil para elegir, según las calidades exigidas por esta ley, puede presentarse ante la respectiva junta, por escrito y en papel simple, a observar ambas listas, a cuyo objeto sólo serán admisibles las siguientes observaciones :

1? Inclusión de nombres no inscriptos en el padrón cívico;

2* Exclusión indebida de electores inscriptos;

3* Alteración del orden en que se hallan inscriptos en el padrón.

Toda denuncia que no contenga los nombres propios de los electores que se dicen incluidos o excluidos indebidamente, y demás requisitos enumerados en este artículo, será rechazada de plano y sin apelación.

Art. 70. — Oídas las denuncias y resueltas breve y sumariamente, y hechas las modificaciones que de ellas resultaren, la junta de distrito las mandará publicar en carteles con la anticipación necesaria para que sean conocidas por lo menos tres días antes de la elección.

Art. 71. — El sorteo de escrutadores será practicado en sesión pública, anunciada con tres días de anticipación. El resultado se comunicará a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso en su caso, y al Poder Ejecutivo de la provincia para su comunicación a los nombrados. No será admitida a su respecto objeción alguna de manera que se suspenda, estorbe o impida la celebración de la elección, pero quedarán a salvo:

l^9 La acción por fraude electoral ante el juez competente ;

2^9 El derecho de protestar de la regularidad del sorteo con las comprobaciones del caso;

3^9 La solicitud ante la Cámara o ante el Congreso, fundada en la protesta sobre anulación de la elección.

Art. 72. — La función de escrutador se considera carga pública y no puede ser renunciada, salvo impedimento indis-

pensable a juicio de la junta de distrito. Los nombramientos serán distribuidos en la forma que prescribe el artículo 40.

§ II

INSTALACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS

Art. 73. — Para el funcionamiento de las mesas receptoras de votos, y a objeto de que pueda tener fácil acceso al comicio el mayor número posible de electores, y procurar la mayor descentralización, se elegirá sitios amplios y cómodos, en los cuales pueda instalarse por lo menos -dos mesas. A este respecto y mientras no sea posible disponer de sitios especiales, se dará preferencia por su orden y según las localidades :

1’ A los atrios de las iglesias;

2^9 A los portales de los juzgados de paz;

3^9 A los frentes de los edificios escolares;

4Q A otros establecimientos del Estado que no sean cuarteles, comisarías de policía o residencia de fuerzas armadas de la nación o de las provincias.

Art. 74. — La primera distribución de las mesas para la aplicación de esta ley, se hará en la Capital de la República por el ministerio del Interior y en las provincias por los respectivos gobernadores, en presencia de los resultados del censo electoral y de las series del registro cívico que formen las juntas de distrito, debiendo quedar ésta como distribución permanente sin perjuicio de las modificaciones que la práctica aconsejare en adelante.

Art. 75. — En todos los recintos designados para la elección se fijarán, en lugar visible y de fácil acceso, impresas en carteles, las listas definitivas de electores por series y las de escrutadores.

Art. 76. — Las juntas cuidarán de que cada mesa receptora tenga en el día de la elección, la mesa y las sillas necesarias, dos ejemplares de esta ley, una urna para las boletas de sufragio con doble cerradura, papel en blanco, lacre, tinta y plumas en cantidad suficiente. Esos útiles serán conservados por la policía de la localidad a disposición de las juntas.

Art. 77. — Entregarán también a cada mesa receptora los registros que sean necesarios, impresos en cuadernos en la forma siguiente:

“Elección de......... provincia de.........circunscripción electoral número..... mesa número ......

En      (fecha) a las.....(hora) de la mañana, reunidos los electores........ (nombres de los escrutadores) desig

nados como titulares y suplentes de esta mesa receptora de votos, se procedió a la elección de presidente de la misma, recayendo por..... de votos en el elector don..............

Exigido el juramento, que prestó cada escrutador ante el presidente, por Dios y por la patria, de desempeñar fielmente su deber cívico, juró aquél ante los escrutadores en la misma forma, comenzándose en seguida la recepción de votos a los siguientes electores:”

Nombre

Edad

Estado

Profesión

Domicilio

Voto

Número

Observa* ciones

El nombre, edad, estado, profesión y domicilio de los electores serán impresos en columnas separadas, según las listas de cada mes, y en las que se habrán hecho por el jurado las correcciones a que hubiese lugar, dejando tres columnas en blanco con los rubros de Voto, Número, Observaciones.

Terminada la lista de electores, continuará la fórmula impresa en los siguientes términos:

“Siendo las.... (hora) de la tarde, el presidente declaró terminado el acto electoral, y no haciéndose observación por los escrutadores a ese respecto, se procedió a pasar raya en las tres columnas en blanco, en las líneas correspondientes a los electores que no han votado, resultando según los números de orden, que se ha recibido (aquí el número con letras) ........votos. Con lo que terminó esta parte del acto, firmando el presidente, los escrutadores y testigos presentes”.

§ III

DE LA VOTACIÓN

Art. 78. — El día señálado para la elección, a las ocho de la mañana, se reunirán en el local designado a cada mesa receptora de votos solamente los escrutadores titulares y suplentes de la misma; prestarán juramento ante el de más edad, y éste ante cualquiera de los otros; nombrarán por simple mayoría un presidente y levantarán un acta de constancia que será firmada por todos.

Art. 79. — Cada mesa funcionará con cinco escrutadores como máximo y tres como mínimo. Los suplentes serán designados en el orden en que se hallen en la lista de su nombramiento.

Art. 80. — Sin perjuicio de los deberes inherentes a su cargo, relacionados con el orden público general, el empleado de policía local se pondrá con los agentes necesarios, a las órdenes del presidente del comicio, a objeto de mantener la regularidad y la libertad en el acto electoral y hacer cumplir sin demora las resoluciones de la mesa.

Art. 81. — La mesa podrá admitir un fiscal en representación de cada partido político organizado, sin que esto sig-

nifique menoscabar en lo más mínimo el derecho de los electores que, no perteneciendo a partidos políticos determinados, se presenten a votar individualmente, en el orden de su inscripción en la lista. Los fiscales deben estar inscriptos, y hallarse en el momento de la elección en pleno goce de sus derechos políticos.

Art. 82. — Después de admitidos los fiscales, se procederá en su presencia y en la de los electores que se hallen en el recinto, a abrir la urna electoral, y después de verificar que está vacía, se la cerrará nuevamente, entregándose una llave al presidente y otra al escrutador que designe la mayoría, haciéndose constar este hecho en el acta. Acto continuo se recibirá el voto de los escrutadores titulares, de los suplentes y los fiscales presentes, y retirándose los suplentes que deben formar parte de la mesa en ese carácter, se dará comienzo al acto público del sufragio.

Art. 83. — Dentro del recinto del comicio no podrán aglomerarse más de diez electores de todos los partidos o bandos políticos, ni podrán aproximarse a la mesa, a objeto de votar, más de cuatro de un solo partido u opinión. El voto será dado de uno en uno, según el orden de su llamamiento por la lista. A este respecto, un escrutador de cada mesa, nombrado por la misma —pudiendo turnarse entre todos ellos—, llamará en alta voz al elector a quien le toque votar, repitiéndose hasta tres veces el nombre si no se presentase.

Art. 84. — La emisión del voto se ajustará a las reglas siguientes:

1’ El voto es secreto e inviolable, y toda tentativa para descubrirlo será calificada de fraude electoral y sujeta a la penalidad de esta ley.

2^9 Será depositado personalmente por el elector, en boletines de papel blanco doblados en cuatro, impresos o manuscritos, sin ningún signo externo que pueda distinguirlo.

3^9 Cada elector votará por un solo diputado, o por dos electores por la circunscripción y cuatro por el distrito, en caso de elecciones para senadores por la Capital y de Presidente y Vicepresidente de la República.

4^9 El boletín del voto será entregado al presidente de la mesa, quien, antes de depositarlo en la urna, interrogará al elector por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio, a objeto de comprobar su identidad.

5’ En el acto de la elección no se admitirá de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños a él, y respecto del elector, sóIq podrán admitirse las que se refieran a su identidad. Estas objeciones se limitarán a exponer netamente el caso y se resolverá acto continuo por mayoría, por la admisión o rechazo del elector.

6^9 Además de lo dispuesto en el artículo 22, después de admitida la identidad del votante, se anotará en las listas, que se llevará por duplicado, en la casilla del voto la palabra “votó”; en la del número, el del orden conque se presente; en las observaciones, las que se refieren a la identidad, en la forma que esta ley lo establece.

El número de orden de las listas se escribirá en las boletas.

Art. 85. — Las elecciones no podrán ser interrumpidas sino por fuerza mayor, expresándose en el acta el tiempo que haya durado la interrupción. Terminarán irremisiblemente a las cuatro en punto de la tarde.

Art. 86. — Son atribuciones y deberes de la mesa:

l^9 Decidir inmediatamente, por mayoría, todas las dificultades que ocurran, a fin de no suspender su misión.

2^9 Ordenar el arresto de los que cometan alguna ilegalidad o engaño, poniéndolos inmediatamente a disposición de la autoridad competente.

3’ Hacer retirar a los que no guarden el comportamiento y moderación debidos.

Art. 87. — Terminada la lectura de las listas de electores, y si hubiese tiempo disponible antes de las 4 p. m., se llamará nuevamente por el mismo orden a los electores que no hayan votado, y concluida la segunda, se procederá en la misma forma a una tercera lectura, y así sucesivamente hasta la hora de cerrarse el comicio.

§ IV

DEL ESCRUTINIO

Art. 88. — A las cuatro de la tarde, hayan o no votado todos los electores, el presidente del comicio deciará terminada la elección. Si no hubiese reclamación sobre la exactitud de la hora, o salvada por mayoría la que se hiciere, se procederá, como lo establece el artículo 77, a pasar raya en la línea de las listas correspondientes a los electores que no hayan votado, se consignará el número de sufragios de cada lista y se firmará esa parte de las actas.

Verificado este acto quedarán únicamente en el local del sufragio los escrutadores, fiscales y el empleado de policía. Pero deberá disponerse de manera que las operaciones del recuento y clasificación de los votos puedan ser presenciadas desde una distancia razonable por los concurrentes al comicio.

Art. 89. — Después de la operación anterior, se procederá a abrir las urnas y al recuento de los boletines de votos, observándose el siguiente procedimiento:

l^9 El presidente de lá mesa, con un escrutador que se designará al efecto, y en presencia de los demás y de los fiscales, contará los boletines que existan en la urna.

2° Si estuviesen en cantidad igual al de los electores indicados por el número de orden de las listas, se comenzará, sin más trámite, a la clasificación de los votos.

3^9 Si el número de boletines fuese mayor o menor que el de votantes después de confrontado con el registro, para rectificar los errores, se anulará los que resultaren de más, expresándose esta circunstancia en el acta, sin perjuicio de las acciones que correspondan, por fraude.

Art. 90. — Los mismos encargados del recuento de los boletines, los desdoblarán uno por uno, a la vista del público, y anunciarán en voz alta el nombre o nombres de los candidatos, de manera que cualquier escrutador o fiscal pueda verificar la exactitud de los nombres leídos y manifestar en el acto su observación, que deberá ser verificada y anotada en el acta respectiva.

Art. 91. — Dos escrutadores designados al efecto, tomarán nota por duplicado de los nombres de los candidatos, marcando claramente al clasificarse cada una de las nuevas boletas, el número de votos que obtenga. Concluida la clasi- --ficación, si hubiese diferencia, se rectificarán esas operaciones.

Art. 92. — Serán considerados votos en blanco, —y se anotarán como tales en el acta, expresando su número—, además de los boletines que no contengan nombres de candidatos, los siguientes:

1’ Cuando no sea posible entender el nombre o nombres escritos. No estará en este caso la boleta con errores de ortografía o de imprenta, que permitan conocer la intención del votante.

2^9 Cuando se haya omitido el apellido. La omisión o abreviación del nombre de bautismo, así como el empleo o supresión de los títulos no perjudicará la validez del voto, si fuese indudable la persona designada.

3^9 Cuando se escriban nombres supuestos o que no sean de personas.

Art. 93. — Concluidas las operaciones de recuento y clasificación de los votos se redactará un acta del procedimiento en dos ejemplares que se remitirán, uno a la junta electoral del distrito, y otro al juez nacional de sección para ser remitido, sellado y certificado al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación o al del Senado en caso de elecciones de electores para senadores de la Capital o para Presidente y Vicepresidente de la República.

Art. 94. — Estas actas deben contener, además de lo previsto en el artículo anterior:

l^9 Los nombres de los candidatos y el número de votos que cada uno haya obtenido.

2^9 Las protestas que se formulare en el acto del comicio, las cuales deberán expresar los nombres de los electores excluidos o incluidos indebidamente.

3^9 La hora en que termine el acto, el nombre del empleado o agente de policía que conduzca el acta, y demás circunstancias que la mesa creyese conveniente consignar en resguardo de la ley, siempre en forma brevísima.

4^9 Las firmas de los presidentes de las mesas, escrutadores, fiscales, empleado de policía y demás concurrentes que desearan firmar, siempre que hubiere lugar y tiempo para ello.

Art. 95. — La remisión de las actas en las ciudades donde residan los funcionarios a quienes deben ser entregadas, se hará por intermedio de empleados de policía, bajo la responsabilidad penal que corresponde a los substractores de documentos públicos de la nación, y en los demás pueblos o lugares, por medio del correo, en sobres sellados, lacrados y certificados, o por agentes de las policías locales o chasques, quienes durante su viaje no podrán ser detenidos ni arrestados hasta que lleguen a su destino.

Art. 96. — Los funcionarios a que se refiere el artículo 94 darán recibo de las actas, expresando el día y hora de la entrega y la forma en que se haya efectuado, y expresarán igual diligencia al pie de cada acta, la que será firmada por los que la entreguen, y si ellos se negaren, por dos testigos.

Serán consideradas fraudulentas las actas que no se entreguen en seguida, en el tiempo razonablemente necesario para llevarlas desde el comicio a las oficinas, a menos que se pruebe impedimento o causa suficiente para justificar la demora.

Art. 97. — Un mes después de practicada una elección de diputados o electores de Presidente y Vicepresidente, y quince días en caso de elecciones parciales por vacantes, se reunirán las juntas electorales de distrito, de que habla el artículo 36, inciso l^9, al sólo objeto de practicar el escrutinio general de las mismas y designar los diputados o electores que resultasen con mayoría de sufragios.

Art. 98. — La junta observará para este acto las siguientes prescripciones:

1* Ella no podrá pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones, ni rechazar las actas que revistan las formas determinadas por esta ley.

2* No procederá a abrir los pliegos que le serán entregados por el presidente de la Legislatura o de la Cámara de Diputados o del Senado en su caso, sino cuando se hallasen reunidas las actas correspondientes a las dos terceras partes de las mesas de cada circunscripción electoral, considerándose desierta la circunscripción donde no se hubiese hecho elección en dichos dos tercios.

3* Contará los votos de cada circunscripción, dejando para el último los de aquellas que hubiesen sido protestadas, estableciendo los que correspondan a cada candidato, según las listas; si se tratase de la elección de diputados, será considerado electo el que hubiese obtenido más número de votos en una circunscripción; tratándose de electores de Presidente y Vicepresidente, los dos electores que hubiesen obtenido más númro de votos en una circunscripción y los cuatro con mayor número de votos en el distrito. La junta expedirá a los electos los diplomas correspondientes.

4r Las protestas deben ser presentadas a la junta, la cual las elevará a la Cámara de Diputados o de Senadores, según el caso, con expresión de su juicio sobre el mérito de aquellas, si así lo estimase conveniente.

5* El resultado del escrutinio y la proclamación se hará constar en un acta que se firmará por el presidente de la junta y el escribano respectivo, será comunicada a la Cámara de Diputados o al Congreso, según el caso, y a los electos para que les sirva de diploma o credencial.

6* Verificado el escrutinio y firmadas las actas, la junta colocará nuevamente en paquete sellado los boletines y demás antecedentes de la elección, y los remitirá junto con el acta, a la Cámara de Diputados o al Congreso, como en el inciso anterior.

Título IV

De las elecciones parlamentarias y presidenciales

§ I

ELECCIÓN DE SENADORES POR LAS PROVINCIAS

Art. 99. — El Senado de la Nación comunicará al Poder Ejecutivo las vacantes ocurridas cada tres años con arreglo al artículo 48 de la Constitución, o las vacantes parciales de que habla el artículo 54 de la misma.

Art. 100. — Cuando se trate de la renovación ordinaria del Senado Nacional, la convocatoria tendrá lugar por lo menos dos meses antes del día fijado para la reunión preparatoria de la Cámara y no podrá efectuarse con una anticipación mayor de seis meses.

En caso de demora de la Legislatura, el Senado, por medio del Poder Ejecutivo, podrá requerirla a fin de que verifique la elección.

Art. 101. — Cuando vacase algún puesto de senador, por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno de la provincia a que corresponda la vacante, hará proceder inmediatamente, según el artículo 54 de la Constitución, a la elección de un nuevo miembro.

Art. 102. — Las actas de las elecciones se comunicará a los elegidos por conducto del Poder Ejecutivo, para que les sirva de diploma, y al Senado para su conocimiento.

Art. 103. — Los senadores electos que renuncien su nombramiento antes de ser aprobado, lo comunicarán a la legislatura a fin de que se proceda inmediatamente a la elección del reemplazante.

§ II

ELECCIÓN DE SENADORES POR LA CAPITAL

Art. 104. — Los electores designados por la junta electoral del distrito de la capital para elegir senadores por este distrito, según el procedimiento de los artículos 97 y 98, se reunirán en el local del Senado antes del 15 de abril, cuando sean elecciones ordinarias, o diez días después de verificadas las extraordinarias, en quorum de la mitad más uno de sus miembros, harán el nombramiento de presidente y secretario del cuerpo, y procederán a elegir- senadores por boletas firmadas que entregarán al presidente y que éste leerá en voz alta. La designación de senador o senadores, expresando a quien reemplaza, se hará por mayoría absoluta de votos de los electores presentes, y si ninguno de los candidatos la tuviese, se circunscribirá la nueva votación a los que hayan tenido mayor número de votos, decidiendo el presidente en caso de empate, quien tendrá en este caso voto doble.

Art. 105. — Esta elección tendrá lugar en una sola sesión, y proclamados por el presidente del cuerpo electoral, el senador o senadores nombrados y el período de sus respectivas funciones, se labrará dos ejemplares del acta, que, firmados por el presidente y el secretario, serán comunicados directamente al Senado y al electo o electos, para que les sirva de suficiente diploma.

Art. 106. — Si el Senado desechase el nombramiento de senador o senadores por vicios en la composición del colegio electoral, se comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo, a fin de que convoque al pueblo a nueva elección de electo-rss; pero si el nombramiento fuera anulado por no reunir el electo o electos las condiciones constitucionales y legales requeridas para ser senador, se comunicará al Poder Ejecutivo para que convoque al colegio a verificar nueva elección, la que deberá practicarse dentro de los diez días subsiguientes al aviso.

Art. 107. —- Los electores calificados terminarán en su mandato cuando haya sido aprobada por el Senado la elección de senador, y si esto no sucediere, lo conservarán durante el período del Congreso en que hubiesen verificado la elección, a efecto de proceder a una nueva, si aquella fuese anulada, o conocer de las renuncias o excusaciones a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 108. — Las renuncias y excusaciones de los senadores electos, antes de aprobada su elección, serán presentadas al colegio de electores, los que resolverán sobre la aceptación, procediendo en ese caso a nuevo nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Art. 109. — El cargo de elector no puede ser renunciado.

La excusación inmotivada, así como la falta de asistencia al acto electoral, serán penadas con arreglo a la ley.

§ III

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Art. 110. — El presidente del Senado convocará la asamblea de ambas Cámaras, por lo menos un mes después de la elección y dos antes del día en que termine el período la presidencia y vicepresidencia, a objeto de proceder al escrutinio y proclamación de Presidente y Vicepresidente, de conformidad con los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución.

Art. 111. — Los miembros del Congreso que sin causa justificada faltasen a dicha sesión, incurrirán en la multa de quinientos pesos, destinados al fondo de escuelas de la capital o de la provincia a que pertenezca el multado.

§ IV

VACANTES DE DIPUTADOS

Art. 112. — Todo diputado electo que no quiera incorporarse a la Cámara, dará aviso a la misma durante el período de sesiones preparatorias a fin de que ella comunique la vacante al Poder Ejecutivo. La convocatoria a nueva elección deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al aviso de la Cámara.

Art. 113. — Se entenderá que renuncia el cargo de diputado el electo que no presente su credencial a la Cámara a los treinta días de haber abierto sus sesiones. Se exceptúa el caso de imposibilidad alegada oportunamente.

Título V

Prohibiciones y penas

§ I

DISPOSICIONES PROHIBITIVAS

Art. 114. — Queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada en el día de la recepción del sufragio. Sólo las mesas escrutadoras podrán tener a su disposición la fuerza policial necesaria para atender al mejor cumplimiento de esta ley.

Las fuerzas nacionales y provinciales, con excepción de las de policía destinadas a guardar el orden, que se encontrasen en la localidad en que tenga lugar la elección, se conservarán acuarteladas durante el tiempo de ella.

Art. 115. — Queda prohibido a los jefes, oficiales u oficiales superiores de línea y comandantes de la guardia nacional, permanecer en el recinto de las asambleas electorales más tiempo que el necesario para sufragar, como asimismo encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, y hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

Art. 116. — Queda prohibido, bajo la pena establecida en esta ley, al propietario que habite una casa situada en un radio de dos cuadras alrededor de una mesa escrutadora, o a su inquilino, el admitir reunión de electores ni depósito de armas durante las horas de la elección. Si la casa fuese tomada a viva fuerza, deberá el propietario o inquilino dar aviso inmediato a la autoridad policial.

Art. 117. — Durante el día del comicio, hasta pasada una hora de la clausura del mismo, no será permitido tener abiertas las casas donde se expenden bebidas alcohólicas de cualquier clase, y será castigada como autor de fraude electoral

toda persona que en tales casas, o en otra cualquiera o de cualquier modo, indujese a un elector a beber, debiendo considerarse como circunstancias agravantes:

l^9 El hecho de haberle producido la embriaguez, e impedido su concurrencia al comicio;

2^9 Haberle inducido por aquel medio a votar por un candidato distinto del que tenía propósito de votar antes de la embriaguez.

Art. 118. — Será prohibido a los electores el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante todo el día de la elección y la noche del mismo.

§ II

VIOLACIONES DE LA LEY ELECTORAL

Art. 119. — Comete violación del derecho electoral toda persona particular o pública que, por hechos u omisiones, y de modo directo o indirecto, impida o contribuya a impedir que las operaciones electorales se realicen con arreglo a-la Constitución, a la presente ley y al libre ejercicio del sufragio.

Art. 120. — Cometen fraude electoral y serán penados con arresto de tres a seis meses, los autores de los hechos siguientes :

1’ Proponer compra o venta de votos, y los que los compren o vendan, y los que den dinero a los votantes;

2^9 Inscribirse o votar en más de una mesa, intentar introducir o introducir más de un boletín en la urna, y pretender votar o votar con nombre supuesto;

3^9 Suministrar datos falsos para hacerse inscribir o para evitar que otro se inscriba, e inscribirse nuevamente por cambio de domicilio sin hacer anular la inscripción en la mesa de su domicilio.

Art. 121. — Cometen coacción electoral y sufrirán pena desde dos hasta seis meses de arresto, todos los que impidan al elector el libre uso de su derecho de sufragio, y en particular :

l^9 Los que negasen al inscripto los datos necesarios para la inscripción o diesen datos falsos;

2^9 Los que hiciesen uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día y la noche siguiente a la elección;

3^9 Los que con dicterios, amenazas, injurias o cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante;

4^9 Los dueños o inquilinos principales de las casas a que se refiere el artículo 116, si no diesen aviso a la autoridad al conocer el hecho, y los de aquellas en que se expenda bebidas, si burlasen la prohibición del artículo 117;

5^9 Los que en el acto de la votación incitasen al elector a violar el secreto del voto;

6’ Los que detuviesen, demorasen o estorbasen por cualquier medio a los correos, mensajeros, chasques o agentes encargados de la conducción de pliegos de cualquiera de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley;

7^9 Los que por cualquier medio, ardid, violencia, engaño o seducción, secuestrasen al elector durante las horas del comicio impidiéndole su voto.

Art. 122. — Cometen falta grave, y serán penados con prisión de un año a diez y ocho meses, los particulares que realizasen los siguientes hechos:

l^9 El secuestro de un elector de senadores o de Presidente y Vicepresidente de la República, y el de los demás funcionarios a quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones, privándoles del ejercicio de sus funciones;

2^9 Promoción de desórdenes o disputas que tengan por objeto suspender la votación por más de quince minutos, o impedirla por completo;

3’ Apoderarse de casas situadas dentro de un radio de dos cuadras alrededor de un recinto de comicio, como lo prevé el artículo 116.

Art. 123. — Cometen fraude electoral y serán penados con prisión de un año a dieciocho meses, los funcionarios públicos que en violación de esta ley, contribuyan a uno de los actos, o a una de las omisiones siguientes:

l^9 A que las listas, registros o anotaciones, ya preparatorias, ya definitivas, no sean formadas con exactitud o no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los parajes prescriptos;

2^9 A todo cambio de días, horas o lugares preestablecidos para las distantas formalidades de la ley;

3^9 A toda práctica fraudulenta en las operaciones de formación de los registros, listas y demás documentos y actas escritas, y en la constitución de comisiones, juntas, mesas, o jurados, de inscripción, tachas, voto o escrutinio;

4? A que las actas, fórmudas o informes de cualquier clase que la ley prevé no sean redactados en su forma legal, o no sean firmados, o transmitidos en tiempo oportuno, o por las personas que deban subscribirlos;

5^9 Cambiar o modificar el boletín del voto entregado por el elector, descubrir el secreto del mismo, leerlos inexactamente, proclamar un falso resultado de una votación y hacer cualquiera otra declaración falsa u otro hecho que importe ocultar la verdad en el curso de las operaciones electorales;

6^9 Impedir a los electores, candidatos, fiscales, escribanos y demás funcionarios de la ley, verificar los procedimientos, examinar las urnas antes del voto y durante el recuento en el escrutinio, contar los votos con inexactitud y demorar estas operaciones sin una causa' grave.

Art. 124. — Se hallan en la misma categoría del artículo anterior y sujetos a la misma penalidad, los autores y cómplices de los siguientes hechos:

1° La desobediencia de cualquier empleado o agente de policía a las órdenes de la mesa receptora, durante las horas del comicio;

2’ El que debiendo recibir o conducir los registros y actas de una elección y los que estando encargados de su conservación y custodia, quehrantasen los sellos o rompiesen los sobres que los contengan;

3^9 Los empleados civiles, militares o policiales que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales, y los que teniendo a sus órdenes fuerza armada hiciesen reuniones para influir en las elecciones;

4^9 Los autores de intimidación o cohecho, según los define el artículo 125;

5^9 Los que desempeñando alguna autoridad privasen por cualquier otro medio o recurso, de la libertad personal a un elector, impidiéndole inscrihirse o dar su voto;

6’ Todos los funcionarios que esta ley crea, cuando no concurran al ejercicio de su mandato, o lo abandonasen después de entrar en él, o impidiesen o influyesen para que otros no cumplan con su deber.

Art. 125. — El cohecho consistirá en el pago o promesa de pago de algo apreciable en dinero, y por parte del que desempeñe funciones públicas, en la promesa de dar o conservar un empleo. La intimidación consistirá en actos que hayan debido infundir temor de daño o perjuicio a un espíritu de ordinaria firmeza.

Art. 126. — Cometen delito de presión electoral, aunque la intención de influir sobre los electores no aparezca, y serán penados con arresto de seis meses a un año:

l^9 Las autoridades civiles, militares o eclesiásticas, que recomienden a los electores el dar o negar su voto a personas determinadas, o las que valiéndose de medios o agentes oficiales, o sirviéndose de timbres, sobres o sellos con carácter oficial recomienden sostener u oponerse a candidaturas determinadas;

2^9 Los funcionarios públicos que desempeñen alguna de sus funciones de manera anormal y visiblemente relacionada con determinadas candidaturas, desde el día de la convocatoria basta el de la elección.

Art. 127. — Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en los artículos anteriores, se entenderán sin perjuicio de las que dispone el código penal, y las que correspondan por delitos comunes conexos o correlacionados con los hechos previstos y penados en esta ley, y llevarán consigo como consecuencia inmediata:

l^9 La privación especial, temporaria o perpetua, del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando él culpable es funcionario público, y la suspensión de aquel mismo derecho cuando el culpable es un particular;

2’ En caso de reincidencia, la pena será la incapacidad absoluta y perpetua para los funcionarios públicos, y la incapacidad absoluta pero temporaria para los particulares.

§ III

DE LOS JUICIOS EN MATERIA ELECTORAL

Art. 128. — Todos los juicios que se sustancie ante cualquier autoridad o tribunal, singular o colegiada, por infracciones a la ley electoral, o en sostenimiento, defensa o garantía del derecho del sufragio, y las que establecen los artículos 16, 36, incisos 8^9 y 9^9, 50, 53, 54, 58, 62, 63 y 69 de esta ley, serán breves y sumarios; las partes deben concurrir al comparendo a que se las cite, provistas de toda la prueba que deban producir; no son admisibles en ellos cuestiones previas, pues todas deben ventilarse y quedar resueltas en un sólo y mismo acto. Sin embargo, en ningún caso se omitirá la citación y audiencia del acusado, y la omisión anulará todo lo que se obrase en su consecuencia.

Art. 129. — Todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier ciudadano inscripto, con tal que pertenezca al mismo distrito electoral, sin que el demandante esté obligado a dar fianza, ni caución alguna, sin perjuicio de las acciones y derechos que pudieran corresponder al acusado, si la acusación es maliciosa.

Art. 130. — Salvo las reglas perscriptas para algunos juicios especiales en la presente ley, se observará las siguientes :

l^9 Presentada la acusación, el tribunal citará a juicio verbal y actuario al acusador y al acusado, dentro de los tres días;

2^9 Si resultare necesaria la prueba, se podrá fijar un término como base de tres días durante los cuales deberá solicitarse todas las diligencias conducentes a producirla;   ,

3^9 Vencido este término se citará inmediatamente a nueva audiencia, en la cual se examinará testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto a las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las 24 horas siguientes al comparendo;

4^9 El retardo de justicia en estos casos, será penado con multa de doscientos a quinientos pesos;

5’ El procedimiento en las causas electorales continuará

aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria, aun cuando se dicte en rebeldía del acusado.

Art. 131. — Sin perjuicio de las reglas que sobre las apelaciones se especifica en esta ley, y en las demás de procedimientos ante los tribunales nacionales, habrá apelación de toda resolución, fallo o sentencia en materia electoral, siempre que se imponga una multa de más de doscientos pesos y arresto de más de tres meses en la forma siguiente:

l^9 Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de jueces de paz o tribunales o juntas especiales readas por esta ley;

2^9 Para ante las cortes federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección y de los jueces letrados o tribunales de primera instancia.

Art. 132. — Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa por falta de recursos del condenado, éste sufrirá arresto en razón de cinco días por cada cincuenta pesos.

Art. 133. — Las multas que por esta ley se establezca serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos.

Art. 134. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer en todo tiempo los gastos que demande la ejecución de la presente ley.

Art. 135. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

González,

III

REFORMA ELECTORAL

Sesión del 22 de octubre de 1902

INTRODUCCION GENERAL

Señor Presidente. — El señor Ministro del Interior había pedido la palabra en la sesión anterior.

Sr. Ministro del Interior. — Señor Presidente:

Motivos del presente discurso. — Se produce en mi ánimo, cada vez que me toca hablar en este recinto, un fenómeno íntimo que no puedo dejar de confesar a la honorable Cámara: una impresión de profundo temor, que no ha podido desaparecer de mi espíritu durante más de una década en que he tenido el honor de sentarme entre sus miemhros. Una impresión de profundo temor, fundada, sin duda, en la convicción de mis escasas fuerzas, de impresionar mal a las personas que no me conocen, y de causar un desencanto en las que, conociéndome, me han dispensado su aprecio y sus simpatías.

Me había dispuesto a guardar el más absoluto silencio en este debate, no solamente porque en el mensaje conque el Poder Ejecutivo remitió el proyecto a la Cámara se ha expresado con amplitud bastante sus fundamentos generales, sino también porque la naturaleza misma de la cuestión invita al espíritu a desplegarse libremente en el análisis de nuestras cuestiones sociales; y muchas veces el pensamiento se detiene un tanto temeroso de tocar demasiado en la llaga viva.

Pensé confirmarme aún en esta resolución después de escuchar los discursos que se ha pronunciado en esta Cámara con motivo del debate en general; discursos en los que hemos visto desfilar todos los tipos de elocuencia que registan los anales de nuestro parlamento, desde el reposado, razonador, armónico en su sencillez y profundo en su concepto, del miembro informante de la comisión, hasta el más chispeante, cuyo origen iríamos a encontrar en aquellos espíritus desaparecidos ya de la arena donde lucharon sin reposo, pero que en los momentos de excitación artística y patriótica suelen flotar todavía en el ambiente de este recinto: los de Goyena, de Estrada, de Achával Rodríguez, de Delfín Gallo y otros.

También hemos visto desplegarse otro carácter de oratoria, que se aproximaría un tanto al aticismo antiguo, representado por el estilo conciso, incisivo, de aquellos historiadores latinos que flagelaban los excesos del despotismo y de la corrupción social. Y por último, los entusiasmos desbordantes de la pasión política, siempre generosa, y que lleva siempre entre las explosiones de sus Ramas un fondo de bondad, caracterizada por ese sentimiento patriótico que anima a todos los que se sientan en este recinto. (¡Muy bien!).

Pero, señor Presidente, los señores diputados que han tomado parte en este debate hasta ahora, han colocado la cuestión en un terreno tan elevado, sobre bases tan complejas y múltiples; ha llegado a condensarse tanto el ambiente en que las ideas se desarroUan en esta discusión, que me he resuelto a desafiar mi propio temor, a vencer esta convicción que me anima de mi propia insuficiencia, y a abusar de la atención de la honorable Cámara, de su siempre generosa benevolencia para conmigo: generosidad y benevolencia que, debo decirlo para concluir estas breves palabras preliminares, han sido el principal estímulo de mi vida pública, han sido en mí una fuerza, porque me he resuelto, por espíritu de gratitud y de correspondencia con

los buenos tratamientos, a hacer todos los esfuerzos posibles para presentarme en todo caso digno de ellas. (¡Muy bien!).

Importancia excepcional de la cuestión. — Tratamos, sin duda, de la cuestión más trascendental que puede presentarse en nuestra vida política. La ley electoral es la base de la existencia de la Constitución; es la vida misma del régimen representativo republicano que nos hemos dictado. Esta cuestión de hacer prácticas las libertades políticas consagradas en la carta fundamental, ha sido y será, en todos los tiempos, el origen de todas las revoluciones internas; ha sido y será el tema privilegiado de todos los partidos políticos; y ha sido en nuestra América la causa generadora de todos los agravios que los pueblos del norte y del sur acumularon contra sus antiguos dominadores monárquicos. En nombre de esos derechos restringidos, de esa libertad limitada, de tomar parte en la formación de sus gobiernos, es que resplandeció en la tribuna inglesa la elocuencia no superada hasta ahora de Burke, y la de Canning, y que en los albores de nuestra vida independiente produjo también páginas inmortales de Moreno, del deán Funes y de' otros ilustres fundadores de nuestra República.

La ampliación del sufragio, la transformación de las bases prácticas de nuestro sistema electoral, han sido el tema persistente de reclamación de todos los estadistas, publicistas y tribunos argentinos desde el año 1858, sin duda porque se hallaban convencidos, si no ya del agotamiento completo del régimen vigente, por lo menos de que su vitalidad productiva había empezado a desvanecerse, de que el armazón estaba ya envejecido; nacido en 1821, la era constitucional le hallaba ya desvencijado, desarticulado por dos revoluciones sangrientas y por una tiranía de veinte años, durante la cual la ley desaparece, así como toda idea de sistema racional, hasta el año 1857, en que se formula la primera ley electoral nacional, fundada ya sobre el escrutinio de lista, aun vigente.

No tuvo este sistema la elasticidad bastante y la fuerza de resistencia suficiente, para impedir las profundas perturbaciones políticas que pusieron a prueba, tres veces, la integridad del tesoro político que nos legaron nuestros mayores. Durante estos cuarenta y cinco años de experiencia, de inmovilidad en nuestro régimen electoral y de desgracias internas, los peligros nacionales han sido siempre conjurados por la sola virtud de las energías individuales, agrupadas por la convicción de destinos patrióticos comunes, por ese inagotable espíritu de amor a la tierra, que ha producido tan milagrosos fenómenos en el orden político, que ha inspirado siempre a nuestros grandes hombres soluciones salvadoras, y ha hecho que sobre las cenizas y la sangre de los campos de batalla, se levantara siempre una sombra benéfica para cobijar a vencidos y vencedores.

Necesidad de un progreso político. — Hemos meditado mucho, sobre el arduo problema que hoy discutimos. Es, sin duda, el problema que comprende todos los secundarios de nuestra vida interna, y hemos podido convencernos de que ha llegado el momento de modificar las bases movibles de nuestro régimen institucional. En virtud de esta convicción, el Poder Ejecutivo prometió en el mensaje inaugural de sus sesiones del año corriente, la reforma que hoy se encuentra en discusión en esta Cámara, y esa convicción nacía de un estudio general de la situación del país, no solamente de su estado político, sino también de su estado social y económico.

Hemos llegado a convencernos igualmente de que existe una profunda antinomia, una profunda contradicción, de que habla un filósofo político, entre la constitución social y la constitución política. Las fuerzas sociales que dan existencia real a nuestra cultura presente, no tienen una representación formal en la ley, en cuya virtud deba hacerse práctica, o deba traducirse en forma práctica por medio del mandato del legislador.

Obedeciendo a estas convicciones se ha presentado este proyecto, no porque el Poder Ejecutivo lo considere perfecto, ni tampoco, y mucho menos, un invento maravilloso, destinado a corregir por su sola virtud todos nuestros males reinantes, ni a desarraigar los vicios tradicionales de nuestra vida política, ni a corregir, tampoco, las tendencias extraviadas, manifestadas en el revuelto escenario de nuestra' historia: lo presenta solamente como una etapa más del progreso institucional del país; y si he de decir toda la verdad, como un homenaje debido a las constantes solicitaciones de la opinión pública, manifestada por sus órganos más autorizados, entre los cuales debemos considerar, en primer término, precisamente los que la Constitución establece como representantes directos del pueblo argentino, y son los representantes que él envía a esta Cámara, donde hemos visto aparecer, como se ha recordado con acierto, en distintas y gloriosas épocas de nuestros anales parlamentarios, la misma idea, el mismo pensamiento de la reforma electoral, fundado sobre la base de la transformación del sistema de sufragio que nos rige.

Y para trazar mejor, y con palabra mucho más autorizada, este pensamiento, reproduciré aquí las que Macaulay pronunció el año 1831, durante el debate de la, gran reforma electoral del año siguiente, diciendo: “Todo lo que yo sé de los tiempos pasados, todas las observaciones que soy capaz de formular sobre las condiciones de la vida presente del país, me han convencido de que ha llegado el tiempo de hacer una gran concesión a la democracia de nuestra tierra, y que la cuestión de saber si el cambio es en sí mismo malo o bueno, es una cuestión de importancia secundaria.”

Antecedentes históricos. — El señor miembro informante de la comisión, en rápida, sintética y vigorosa pincelada, nos ha hecho desfilar todas las iniciativas anteriores a la presente. No necesito, por cierto, renovar el recuerdo de los señores diputados, nombrando a aquellos políticos

ilustres, que desde el principio de nuestra vida parlamentaria han levantado como bandera de sus anhelos patrióticos y políticos esta reforma. Ellos se han dirigido siempre al camhio del sistema vigente bajo sus dos aspectos: la ampliación de la cifra de los electores reales, y la nueva distribución de los sufragios con relación al territorio.

Las anteriores negativas. — El hecho que se ha mencionado también, y con aspecto de aparente triunfo, de que cada vez que esta iniciativa se ha presentado a las puertas del honorable Congreso, ella ha sido desechada por votaciones negativas, no vendría a probar que la iniciativa era desacertada o infundada, porque, para demostrar lo contrario, tendríamos que hacer la historia de casi todos los progresos científicos, filosóficos y políticos de la humanidad, pues en todo tiempo la idea de progreso o la idea reformadora, ha debido herir precisamente en su fundamento, la fuerza más poderosa que se opone siempre al progreso humano: la de la rutina, que desconoce las leyes nuevas que acompañan cada época del desarrollo de la civilización. (Muy bien! ¡muy bien!)»

Recordemos, señor Presidente, que la Magna Carta de' las libertades inglesas, sobre la cual se asienta todo el edificio de las libertades modernas, fué conseguida sobre el campo de batalla de Runnymede, después de un siglo de inútiles y estériles tentativas. (Muy bien! ¡muy bien!). El bilí de derechos y el auto de habeas Corpus, que con el anterior constituyen todo el derecho político y el caudal de la libertad civil en el mundo contemporáneo, fueron obtenidos en virtud de aquella profunda conmoción que contagió a todo el continente europeo y al americano, y en cuyo centro centellea la larga- y vigorosa espada de Cronwell.

A fines del siglo XVIII, en 1771, Chatham anunciaba al Parlamento que la reforma electoral tendría que venir fatalmente antes del final del siglo. Siete años más tarde el duque de Richmond proponía en forma de proyecto de ley el pensamiento de devolver al ciudadano inglés el uso de todos sus derechos naturales, de participar en la formación del gobierno, y nombrar los miembros del Parlamento. Spencer Walpole, un expositor del sistema institucional inglés, llama a la reforma del año 1832 la revolución pacífica más fecunda que se haya verificado en los tiempos modernos.

Más tarde, estrechadas de nuevo las' filas del absolutismo que la revolución francesa había dispersado, la revolución de 1848, liberal en todo sentido, fecundó de nuevo el mundo civilizado con la semilla del sufragio universal y de las instituciones republicanas, que prendieron no solamente en los países predispuestos a regirse por tales instituciones, sino que conmovió las bases de las monarquías más seculares y tradicionales de la Europa antigua; y no citaré aquí por haberlas ya mencionado, las revoluciones americanas, cuyo principal fundamento fué la negativa secular del derecho de representación que todas las colonias reclamaban de la antigua metrópoli española.

Si de este rápido cuadro hemos de deducir alguna ley histórica, podemos decir que la civilización y la libertad contemporáneas se asientan sobre las bases de las conquistas negadas durante siglos por los regímenes tradicionales y rutinarios, pero impulsados de nuevo a través de todas sus vicisitudes y desastres por sus iniciadores.

Yo no espero, señor Presidente, porque estoy perfectamente convencido de la alta ilustración y del patriotismo activo de esta honorable Cámara, y de todo el Congreso de mi país, que ha de negar su asentimiento, que ha de negar el concurso de su opinión y de su autoridad a una reforma que, en sus términos generales, sintetiza una de las más nobles conquistas de la civilización moderna, a la que por primera vez la República Argentina se incorpora.

II

EL DERECHO ELECTORAL EN EL SIGLO XIX

Para demostrar esta afirmación, trazaré una breve síntesis del derecho electoral en el siglo XIX, sin referirme, no obstante, para no molestar demasiado a la honorable Cámara, a todas las naciones contemporáneas, sino sólo a cuatro de ellas, tomando como tipos representativos dos monarquías y dos repúblicas de razas y caracteres diversos, y vinculadas a nuestro país por lazos intelectuales, de sentimientos e intereses: Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos.

Inglaterra, 1832. — La historia de la reforma electoral inglesa está condensada en tres fechas memorables. La de 1832, que tuvo por efecto conmover los cimientos de los antiguos privilegios feudales, ampliar las bases del sufragio, llamar al ejercicio del voto a una inmensa parte de la población, excluida por razones económicas y por el peso de los impuestos tradicionales, y modificar las bases territoriales del sufragio, comenzando entonces la evolución favorable al sistema uninominal, como expresión más directa de la soberanía.

El resultado de esta reforma, aparece de relieve cuando se recuerda que de los 658 diputados que en el antiguo régimen constituían la Cámara de los Comunes, 300 eran nombrados por los pares, 187 por otras influencias personales, y sólo 171 por elección independiente; pero aquel acto cambió de tal manera las bases de la representación, que un autor contemporáneo la juzga de esta manera: “Esta reforma de los colegios electorales, concurrió, no menos que el aumento de medio millón de electores, a quitar el monopolio del poder a la vieja aristocracia hereditaria, y a aumentar el de la burguesía, el de la gente nueva, el de las clases industriales y comerciales.”

La reforma de 1867. — Por la segunda reforma de 1867, se hace nuevas permutaciones en la distribución territorial de los burgos, condados y ciudades, se modifica la base financiera del voto, y se amplía mucho más la cifra de los electores, hasta llegar a 2.440.000.

En esta reforma, que ya se ha juzgado como el triunfo más grande del espíritu democrático en una sociedad tradicionalmente aristocrática, a punto de que autores y filósofos como Sumner Maine llegan a presentarla como el principio de la absoluta transformación del carácter del pueblo inglés, se llega, como resultado, a la adopción casi completa del sistema uninominal como base territorial para el sufragio: 377 diputados de los 670 que componen el parlamento, son elegidos por el sistema uninominal, y al decir de todos los autores que juzgan esta reforma, no pasará mucho tiempo sin que toda la representación sea ya nombrada por este sistema igualitario. El total de los electores, y es otra de las grandes reformas de esta época, aumenta a 5.700.000 votantes. Pero estos datos, que llamaré de forma, están ilustrados por una interesante discusión doctrinal, que me conviene exponer a la honorable Cámara.

Debate sobre el sistema. — La discusión se condensó alrededor de la conveniencia del sistema uninominal. Russell sostiene el escrutinio de lista en nombre de las tradiciones del pueblo inglés, y dice que él no pertenece ni al bando de aquellos que quisieran que la Constitución, como los templos antiguos, jamás fuese sacudida del polvo que la cubre, ni tampoco al de aquellos que prefieren incendiar el santuario. Objetaba lord Russell, que se renunciaba al sistema tradicional inglés de los colegios variados y a la unidad orgánica de los burgos, como se decía, y que se rebajaba el nivel intelectual de la representación; a cuyo argumento un historiador político de los más respetables de este siglo, contesta con la enumeración de los más grandes hombres políticos ingleses, que fueron formados en el parlamento, elegidos todos casi niños, por los más humildes burgos de Inglaterra. Entre ellos menciona a Pelham, Chatham, Fox, Pitt, Can-ning, Peel, Burke, Grey, Palmerston, Stanley, Russell, etc. Todos ellos fueron enviados, como se decía¿ muy jóvenes al parlamento. Y es así, por la virtualidad de este sistema, que se ha formado en Inglaterra esa escuela que ha gobernado la política contemporánea, y que sigue imprimiendo a una gran parte del mundo civilizado su dirección y su consejo.

Otros espíritus igualmente ilustrados y bien inspirados, como Lubbock, iniciaron otros sistemas, como el que se denomina the single transferable vote, que es una modificación del de Haré, y que Gladstone, cuando fue leído en la Cámara, calificó, en medio de la hilaridad general, diciendo que era un pons asinorum.

Le acompañaban en esta iniciativa Courtney, Grey y otros grandes personajes políticos; proponiendo distintos sistemas, de esos que aparecen a la mente del estudioso, cuando en la soledad de la biblioteca se recorre los volúmenes y los tratados teóricos. Todos tenemos un ideal político, y cuando nos encerramos con el tesoro de nuestros libros, a meditar sobre el mejor gobierno para nuestro país, nos complacemos en combinar las formas más preciosas para dar realización a los ensueños de nuestra fantasía. Pero la enorme distancia que hay entre el pensador o el filósofo y el hombre político, mejor dicho, entre la fantasía y la realidad, no se puede descubrir sino cuando se llega al terreno de los hechos, cuando se ve funcionar las instituciones, y cuando personalmente tenemos que chocar con las dificultades materiales de la vida práctica (Muy bien!).

No se puede proponer, y mucho menos en un país como el nuestro, que apenas lleva cincuenta años de vida regularmente ordenada, introducir en la práctica sistemas precisos, sistemas quintaesenciados, sistemas matemáticos, científicos, fuera de toda conveniencia práctica, destinados solo a producir las más profundas perturbaciones en el orden político, si algún gobierno o algún parlamento los adoptan sin meditación y experiencia, porque el criterio de la realidad es el criterio invariable y el que funda las grandes cosas. Los sistemas de lista incompleta, de voto acumulativo, de voto limitado y todos cuantos ha inventado la fantasía política, fueron iniciados y discutidos en aquel gran torneo político, inclusive el escrutinio de lista, que fue prestigiado por Rus-sell; pero un notable escritor en la Edimburg Review, lo juzgaba diciendo que “en él la importancia del individuo votante es mínima, imposible el conocimiento de los candidatos, inevitable la dominación de los managers, del caucus, del comité, de los politicantes más activos. Toda independencia en la elección se extingue, y la lista victoriosa proscribe en su totalidad a los representantes de la oposición: injusticia evidente. El escrutinio de lista, —concluye,— es la más funesta invención del despotismo burocrático”.

La reforma de 1884. — El mismo Courtney, que había sido uno de los leaders de la reforma del 67, en su último libro, publicado el año 1901, bajo el título de The working Constitution of the United Kingdom, historiando la reforma electoral general de Inglaterra, dice:

“El último gran ordenamiento de las constituencias en 1884, se hizo sobre el plan de subdividir los condados y las ciudades más populosas en circunscripciones, cada una de las cuales mandase un representante, aunque un pequeño número de ciudades que enviaban dos, quedaran sin dividirse. La reorganización envolvía también una aproximación de igualdad en la extensión de las constituencias. Pero dejando por ahora de lado todo esto, puede afirmarse con seguridad, que la tendencia en la Gran Bretaña es ahora hacia las constituencias iguales en magnitud y con un solo representante por cada una, envolviendo una absorción de los burgos más pequeños, algún nuevo arreglo de condados, y una subdivisión de los burgos más extensos que hoy envían dos representantes”.

Es decir, marca la tendencia a que antes me refería, hacia el dominio absoluto del sistema uninominal, como la expresión más completa de la libertad electoral, y la tendencia a la igualdad en el ejercicio de la vida cívica, tendencia que allí se expresa en esta fórmula: one man one vote, one vote one valué.

Y voy a citar todavía la opinión de otro ilustre jurisconsulto, italiano, que ha escrito uno de los libros más autorizados sobre la historia política de los pueblos modernos. Luiggi Palma, el eminente profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Roma, juzgando, en el más hermoso de sus capítulos, las varias fases de la reforma electoral inglesa, dice: “Lo que se puede concluir en justicia, de todo esto, es que en Inglaterra se ha preferido el colegio uninominal no sólo al escrutinio de lista sino también al sistema de Haré, aunque simplificado, y al del voto limitado. El que ha vencido en realidad ha sido el principio de la representación de los varios elementos sociales, que, en las condiciones inglesas, se ha juzgado que se obtenía mejor con el colegio uninominal”.

Me he detenido, señor presidente, en la historia de la deforma electoral inglesa, porque quiero hacer notar a la honorable Cámara que tratamos de la nación que ha alcanzado el nivel más alto de la civilización contemporánea; que hoy, se puede decir, imprime su dirección, graba con su sello e inspira sus principales ideas a una gran porción de la humanidad; que es el imperio más grande del mundo, que cada día vemos ensancharse no sólo en el sentido del valor moral, sino en el de las influencias - económicas y del predominio político. Y ¿cuál es el secreto de esa fuerza extraordinaria que despliega la nación británica alentada por el espíritu de su raza? Es que la vitalidad de este país está representada por el parlamento más poderoso de la tierra, por la Cámara de los Comunes, que tiene más poder que la Cámara de los Lores, más poder que la Corona misma; y si esa nación que ha logrado imponer su ley al mundo, profesa el sistema electoral uninominal, para la constitución de su

parlamento, no podremos menos que confesar que el sistema propuesto por el Poder Ejecutivo tiene profundas raíces y una inmensa fuerza civilizadora y expansiva. (¡Muy bien!)

Francia. — Pero hablemos de la Francia, cuya historia tan accidentada como interesante, se asemeja a un romance, lleno de todas las tonalidades, desde el idilio hasta la tragedia, y donde todas las maravillas del espíritu artístico y de la ciencia tienen su origen; que por muchos siglos ha sido como la inspiradora de los más fecundos ideales de la cultura humana, y por eso tiene en nuestro corazón tan profundas raíces de simpatía y de amor; ha sido el teatro de las experiencias más diversas. Desde su revolución colosal del 89 hasta la de 1848, y hasta la última, mucho más profunda y dolorosa, resultado de su gran desastre del año 70, en la cual, como decía el padre Didon, “la espada del adversario había penetrado hasta el corazón de la patria”, nos da hoy el ejemplo de la práctica más ordenada, más respetada, y que muchos autores consideran insuperable, de la libertad del sufragio.

Y no es poco decir que la Francia, con ese espíritu vivaz, siempre dispuesto a la revolución y a los grandes movimientos extraordinarios y anormales, se aquietase de tal manera, y pareciera entrar en una vía definitiva de orden constitucional que durante todo el siglo XIX no pudo fundar; cuando pensamos que también ha organizado su poder legislativo, su Congreso, algo semejante al Parlamento inglés, —no daré las pruebas, por no distraer con digresiones la atención de la Cámara,— sobre las mismas bases del escrutinio uninominal, a través de mil vicisitudes diversas.

Bodley, en su libro La Francia, conocido, sin duda, de todos los señores diputados, que pertenece a aquella constelación brillante que empieza en Tocqueville, que comprende a Laboulaye, Janet, Noailles, Lecky, Nicol, y concluye en Bryce, juzga esta reforma, adoptada en 1889, con estas palabras :

“Fué el temor de la dictadura el que impuso el escrutinio de circunscripción en 1889, después de una corta experiencia del de lista. Gambetta veía en el escrutinio de lista un medio de elevar el carácter de la representación nacional; lo creía más apto para comprender los grandes movimientos de opinión, producir una raza de hombres de Estado para reemplazar a los delegados obscuros de los corrillos de aldea, que no se ocupan sino de los mezquinos intereses de campanario. De nada nos sirve el discutir si el espíritu de campanario es menos admirable que el que nace entre los bastidores del palacio Borbón. Lo cierto es que los diputados elegidos por escrutinio de lista en 1885, nada hicieron por elevar el nivel moral de la Cámara, la que no se distinguió por ninguna de las cualidades que faltaron a las asambleas nombradas por el sistema uninominal. Su más hermosa proeza fué restablecer el escrutinio por circunscripción en un momento de pánico. Sean cuales fueren las bellezas teóricas del escrutinio de lista, podría convertirse en manos de un ambicioso, en un instrumento formidable, del punto de vista de los parlamentarios, en esas estaciones eri que el espíritu plebiscitario se apodera del pueblo francés”. El ministerio Floquet restableció el escrutinio por circunscripciones por ley de febrero de 1889, como se sabe, para detener la acción del boulangerismo triunfante.

“El escrutinio uninominal, dice Moreau, es una barrera opuesta a los ambiciosos, que tienden al poder por el plebiscito. Es más difícil organizar la lucha electoral en 581 circunscripciones que en 86. Los éxitos parciales tienen menos importancia por el número de los votos y por la repercusión”. Y Villey en su obra de la Legislación electoral, en que optaría, en teoría, por un sistema mixto, reconoce que la tendencia universal contemporánea va hacia la consolidación del escrutinio uninominal.

Italia. — Voy a citar también las instituciones de Italia. Y lo hago con tanto más agrado, cuanto que estoy

verdaderamente seducido por el desarrollo extraordinario de la ciencia política en aquella nación tan simpática a nuestro país.

La mezcla de razas intelectuales, si puedo decirlo; el llamamiento generoso hecho a los maestros de raza anglosajona; la entrada libre y triunfal de éstos a las universidades italianas, ha producido una generación de escritores tan extraordinarios, y ha modificado de tal modo las bases tradicionales del derecho público moderno, que es realmente un placer para los que tienen gusto de ocuparse de los estudios de este género, el poder echar una mirada sobre aquel campo prodigioso de producción.

Las alternativas que sufrió la reforma electoral en Italia son muy semejantes a las de Francia; y por eso, no me detendré en sus preliminares, sino en sus últimos actos legislativos. También, como la Francia, vacila y cambia siempre entre los dos sistemas, el escrutinio de lista y el escrutinio por distritos uninominales; lo que hizo decir a un jurisconsulto, que le recordaba la enferma aquella de que habla el Dante:

Che non puó trovar posa in su le piume, ma con dar volta suo dolore scherma.

Así es cómo se dictó la ley del año 1882 que establece el escrutinio de lista, y que el 14 de junio del 91 es derogada definitivamente para establecer el escrutinio uninominal. El resultado fué que de 600.000 que votaban por el antiguo régimen, aumenta a 2.826.000 la cifra de los que votan según el nuevo, y que los 508 diputados que forman la Cámara popular son elegidos por 508 colegios electorales.

Necesitaríamos leer las páginas de Orlando, —otro de los grandes jurisconsultos que imprimen su dirección a los estudios jurídicos en Italia,^— para tener un juicio sintético sobre la importancia de esta reforma, que se la juzga, no solamente fundada en los mejores consejos de la ciencia política, sino que parece asegurar para el porvenir de Italia días mucho más serenos y de más larga duración.

Estados Unidos. — ¿Los Estados Unidos? La historia de este país, del punto de vista de la reforma electoral, no es ni accidentada ni sombría. Entregada la legislación electoral a los Estados, desde lós principios de la organización nacional, cada uno de ellos estableció un sistema diferente, hasta que en 1842 el Congreso dictó la primera ley que indicó una norma uniforme para la distribución del sufragio, estableciendo que todos los Estados dispongan sus distritos de manera contigua, de modo que cada elector elija un solo representante. Esta ley se repite cada vez que se renueva el censo, y se hace al propio tiempo la distribución de los asientos parlamentarios.

Se ha hablado mucho, señor Presidente, de los vicios, de la corruptela, de las grandes perturbaciones morales porque pasa el elemento electoral en los Estados Unidos. Sería ocupar con exceso la atención de la Cámara, si yo fuese a analizar este conjunto de grandes fenómenos sociales y políticos que se llama la Unión Americana.

Por regla general, los espíritus analistas, por su afán de buscar en la génesis de los sucesos sus más pequeños orígenes, llegan a ver toda la humanidad y todos los movimientos sociales, del punto de vista del microscopio, y reducen tanto la acción de las fuerzas sociales, que empequeñecen en realidad, ante su propio concepto y por obra inconsciente, la propia magnitud de las cosas.

Cuando una nación llega a tener 75 millones de habitantes, cuando votan en los comicios cerca de 20 millones, no se puede juzgar con criterio atómico los movimientos o los fenómenos políticos que ella presenta; es necesario juzgarlos de arriba, elevarse a las grandes alturas y verlos como se ve desde las altas montañas los valles: las grandes masas moviéndose en conjunto. Porque es así el escenario histórico; y cada gran nación que extiende su territorio y aumenta su población, se acerca cada vez más a la realización de la síntesis más perfecta de la humanidad. Las leyes internas se confunden entonces con las leyes universales, y no es posible

juzgarlas con ese criterio analista del químico o del botánico, que busca una célula en el silencio de su gabinete. (¡Muy bien!).

No podemos hacer un capítulo de acusación, ni erigir en un vicio el sistema electoral de los Estados Unidos, por el hecho de que espíritus suspicaces o demasiado analistas observen esos vicios y esas corruptelas, algunas de las cuales han llegado a constituir términos vulgares en el lenguaje político. Lo que ha venido a demostrar la experiencia y la vida política de un siglo, en los Estados Unidos, es que el sistema electoral vigente, en virtud del cual se forma su Cámara de representantes y otros poderes públicos, en general, ha sido capaz de contener, de encauzar, de conducir y de detener todas las fuerzas que contribuyen a formar la gran entidad social y política; y cuando un sistema electoral como ese no ha estallado ni siquiera en la gran prueba de la secesión del año 1862, ni siquiera en la gran prueba de la expansión territorial y social que ha experimentado esta nación en los últimos tiempos, es prueba de que contiene todos los elementos de elasticidad y de vitalidad suficientes para abarcar las más grandes proyecciones en el desarrollo político de un pueblo. (¡Muy bien!)

La ley histórica deducida. — Se puede, pues, señor Presidente, hacer deducciones nuevas de este otro cuadro histórico del siglo XIX. Dos órdenes de hechos se imponen como resultados políticos y como leyes sociales: el espíritu democrático, ansanchando siempre, por esfuerzo propio y por vitalidad propia, el ejercicio del sufragio para el mayor número de hombres que ocupan un territorio determinado; el criterio experimental de los políticos en los consejos ejecutivos y en los congresos, traduciendo, como forma práctica, estas leyes generales, en el sistema uninominal, como medio de dar realización eficaz a toda esta amplitud de fuerzas electivas. Y extendiendo un poco más todavía el concepto de esta ley histórica, podemos decir que la marcha

general de la civilización durante el siglo XIX, se manifiesta en el orden político, por las concesiones sucesivas que el legislador hace al derecho del sufragio en una forma irrestringida y segura.

Y es que cada época, señor Presidente, trae una serie nueva de fenómenos que buscan su traducción y su representación en la fórmula legal: lo que ha hecho decir a un filósofo político contemporáneo, comparando el crecimiento de las sociedades con el crecimiento del organismo individual, que los átomos que permanecen átomos, son átomos anárquicos, y su reunión en el conjunto de la vida general, constituye ese mal que caracteriza la sociedad del día y que es la anarquía en la paz de la calle, en el silencio de las viviendas hacinadas y en el corazón de esas colmenas humanas del trabajo, que se llama las fábricas.

Papel de la República Argentina. — ¿Cuál ha sido, señor Presidente, la posición, el papel de la República Argentina durante esta sucesión de transformaciones políticas y sociales del mundo contemporáneo?

He dicho ya que desde 1857, en que se establece la primera ley electoral sobre la base del escrutinio de lista, se ha mantenido inmóvil, como petrificada en presencia de ese desfile luminoso de reformas liberales, de reformas políticas que han hecho la dicha de otras naciones más venturosas que la nuestra, cuyo espíritu ha sido menos sordo a las innovaciones de la experiencia y de la ciencia, y que no han puesto diques a las transformaciones sociales, que son la única manera de evitar estas soluciones siempre violentas, que caracterizan nuestros pasos adelante; lo que hace decir a un jurisconsulto francés, comparando su pueblo con el inglés: “Nosotros —dice, hablando de nuestra raza, que al fin es común— preferimos siempre el camino más corto de las revoluciones, al largo y dispendioso de las evoluciones sucesivas”.

Hemos permanecido estacionarios e inmóviles durante todo este siglo de innovaciones liberales, a pesar de que núes-

tra Constitución abre las puertas del territorio a todas las ideas y a todos los hombres; a todas las ideas, que al difundirse en nuestro suelo, al inocularse en nuestras conciencias por medio del estudio, del contacto común de las gentes, forma esta especie de limbo luminoso en que podemos personificar la cultura nacional actual; y a los hombres, que, al derramarse en nuestro suelo, vienen a formar la masa común de las fuerzas que elaboran la producción económica del país.

Oportunidad de la reforma. — Se ha hablado de la oportunidad de la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, y es justo consagrar unos breves momentos a esta cuestión.

La oportunidad de una reforma se determina: o por el agotamiento de los elementos antiguos, o por la exigencia imperiosa de los elementos nuevos. Debemos recordar que desde la constitución de nuestro orden actual, los esfuerzos hechos por los gobiernos para ilustrar la masa común del pueblo, y educarlo para el ejercicio de la vida republicana, no pueden ser sino altamente loables, y han merecido los elogios de los escritores de todos los países; y en la hora presente, otro escritor francés, que hace una comparación del estado de cultura de todos los pueblos tomando por base sus escuelas, coloca a la República Argentina en el séptimo lugar.

Cuarenta y cinco años, señor Presidente, llevamos de educación y de enseñanza popular, y no es posible suponer, aun con el criterio más pesimista, que ellos no hayan producido ningún resultado, en el sentido de aumentar la media general de cultura del pueblo argentino. Esto conduce a este resultado: el pueblo en general ha aumentado la suma general de su cultura en la proporción que suponen cuarenta y cinco años de enseñanza, y la ley electoral, que es la que mide la capacidad activa del pueblo argentino para el ejercicio de la vida cívica, permanece exactamente igual; lo que quiere decir, en definitiva, que todos los elementos de cultura que han superado la capacidad de la ley, están fuera

de la ley, no están representados en el gobierno del país! (¡Muy bien! ¡muy bien!)

De aquí resulta esta intensa anomalía entre la transformación progresiva del espíritu público y la inmovilidad del sistema político, lo que hace que se produzca a cada momento fenómenos nuevos, fenómenos sorprendentes en que generalmente es el gobierno, son los poderes legislativos los que padecen en el juicio público, porque se atribuye a insuficiencia de los que gobiernan, a falta de capacidad legislativa, lo que es un resultado fatal de la falta de representación de la suma total de las energías nacionales. (¡Muy bien!)

Revoluciones políticas argentinas. — Bajo el imperio de la ley actual se han producido tres grandes revoluciones. Ellas han procedido de un doble origen. En 1860 la organización nacional sufrió, como todos saben, una general transformación. ¿Cuál fue la causa que se invocaba para aquella revolución? La injusticia política. El año 74, otra revolución general se levantó con esta misma bandera de la protesta contra la injusticia política, y con la de la libertad del sufragio; y la violenta crisis de 1890 se fundaba también sobre el abuso del poder político.

Vamos a analizar más tarde estos fenómenos bajo la única faz que podemos analizarlos: la de las leyes generales.

La segunda causa de estas revoluciones es la escasa proporción que existe entre los que eligen y los llamados a elegir; la ninguna relación, comparativamente, que resulta entre la cifra de electores reales y los que ejercen en el gobierno su representación efectiva. Porque el defecto principal del sistema actual es alejar al elector del elegido; no establece relación directa, inmediata, estrecha, entre la voluntad del elector y el representante, desde el momento que el elector puede votar por una lista general sin conocimiento de las personas que la constituyen, lo que hace que el voto sea mecánico, que la relación sea puramente matemática, y que ningún calor, ningún impulso directo establezca esta relación íntima. El resultado, pues, de este sistema anómalo es el que presenciamos actualmente, y que en varias formas ha sido juzgado en esta misma cámara: es la indiferencia, es el desaliento, es el ausentismo de los comicios, que por todos los medios posibles los gobiernos procuran corregir; pero no hay ley humana capaz de transformar un estado de alma,, porque el sistema vigente, al enfriar las relaciones entre el origen del mandato y el mandato mismo, mata todo movimiento de la voluntad, mata toda energía, y es ésta la razón por qué se eclipsan todas las fuerzas sociales destinadas a contribuir a la formación del gobierno. (¡Muy bien!)

Exigencia de los intereses sociales. — Por otra parte, señor Presidente, la misma civilización nuestra está formando cada día focos nuevos de poder y de energía, que merced a las leyes civiles modernas, tienden a presentarse corporativamente, tienden a unificarse en virtud de una ley de cohesión, ya ineludible. Si es verdad que hasta ahora los agricultores, los ganaderos, los vinicultores, los comerciantes, podían ejercer sus industrias y vivir aisladamente como individuos separados de un conjunto general, hoy ya no es posible esto: la multiplicación enorme de la población humana hace que estos distintos elementos se agrupen, tiendan a formar fuerzas colectivas, y cuando llegan a formarlas, son fuerzas peligrosas, si no tienen su representación en la ley.

Y es éste el fenómeno que han presenciado los más grandes políticos europeos, que se han adelantado mucho antes que nosotros, hace más de cincuenta años, a presentarle esta salida, esta válvula, que significa la representación en los congresos, donde tienen por lo menos un eco, una voz y una probabilidad de triunfo para sus ideales comunes.

Sr. Presidente. — Si el señor ministro desea que pasemos a cuarto intermedio...

Sr. Ministro del Interior. — Voy a concluir muy brevemente esta parte de mi exposición.

. Oportunidad inmediata. — Quiero referirme ahora a la oportunidad inmediata que se ofrece al pueblo argentino para la adopción de esta reforma.

Se ha hablado por uno de los señores diputados adversarios al proyecto, de que es precisamente la proximidad de la renovación de esta Cámara, y la proximidad de la renovación del Poder Ejecutivo, lo que hace peligroso poner en sus manos este instrumento nuevo, desconocido por el pueblo elector.

Pero es, precisamente, señor, y siento diferir tan profundamente en la manera de apreciar las cosas, es, precisamente, esta circunstancia la que induce al Poder Ejecutivo a presentar este nuevo elemento de acción, cuando el pueblo argentino se dispone a hacer la renovación de los más importantes de sus poderes públicos, porque tiene la convicción de que esta reforma ofrece al pueblo en general, a todas las fuerzas políticas, la mayor amplitud de acción para que pueda concurrir a los comicios la mayor suma de los elementos que constituyen la voluntad nacional, para que desaparezcan todas las exclusiones existentes, y en cuanto dependa de la virtualidad de la ley misma, en cuanto no se opongan los inconvenientes prácticos, inherentes a nuestro estado social.

De esta manera ofreceremos al pueblo, ofreceremos a la civilización actual, una prenda de paz y de cultura indudables, en un régimen que ha sido reconocido por todos los pueblos que lo han adoptado, como la última expresión de la cultura pública, como la más segura garantía de la libertad y como el homenaje más grande al espíritu democrático, a la verdad y a la sinceridad de las instituciones. (¡Muy bien! Aplausos).

Ahora, pediría un momento de descanso.

Sr Presidente. — Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

III

BREVE EXPOSICION DE LAS REFORMAS

Sr. Ministro del Interior.

Coordinación interna del proyecto. — El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ha sido combinado en sus cláusulas de tal manera, que concurran todas a realizar los dos resultados que he dicho han sido los de la evolución política electoral de otros países; es decir, ensanchar la cifra total de los electores, de manera que concurra en realidad a la formación del gobierno la mayor suma posible de voluntades, y disponer la distribución de los sufragios con relación al territorio, de modo que sea posible esa concurrencia.

Sistema judicial. — Tenía que ser otro de los pensamientos de la ley, dar al derecho del sufragio una verdadera seguridad en su ejercicio, fundando un sistema judicial y penal capaz de realizar este fin, indudablemente esencial. Para que los derechos sean garantidos por la organización judicial, se necesita que ellos sean bien definidos, y el objeto del primer capítulo de la ley, que podemos llamar el estricto derecho electoral de la misma, es hacer posible por medio de la interpretación judicial la garantía efectiva del sufragio.

La ley actual es a este respecto incoherente, excesivamente concisa, de tal manera que lo que pudiera llamarse hoy nuestro derecho electoral, ha sido formado más bien por la jurisprudencia de los tribunales, desde que la ley vigente ha sido aplicada. Tan es así, que una de las fuentes principales de donde el Poder Ejecutivo ha tomado muchas disposiciones del proyecto, es la recopilación de las sentencias de nuestros tribunales federales, y aun algunos de sus artículos no son sino la reproducción de la parte dispositiva de los fallos que han hecho jurisprudencia en materia electoral, siguiendo así el buen consejo jurídico que nos lleva a traducir en

formas imperativas las conclusiones de la interpretación judicial.

Restricciones del sufragio. — El proyecto mantiene igualmente la extensión del sufragio tal como está establecida, no solamente por no creer oportuna la introducción de restricciones, siquiera sean ellas bien fundadas en teoría, sino porque no las cree el Poder Ejecutivo fundadas en el espíritu ni en la letra de nuestra Constitución.

Indudablemente que si el gobierno republicano ha de tender a ser el gobierno de la clase más ilustrada, habría que restingir el ejercicio del sufragio sólo a esa clase; pero no parece ser esa la intención de nuestra Constitución, la que, sin duda, ha querido establecer el gobierno del pueblo argentino considerado en la totalidad de su capacidad moral, y no existe ningún fundamento en la Constitución para restringir el derecho de sufragio al que habiendo nacido en el territorio nacional, hubiese cumplido la edad mínima que determina la capacidad política, en el sentido de determinar una voluntad consciente en el ejercicio del voto.

Ciertamente, muchas de las teorías son muy bellas, pero no siempre aplicables a nuestro país bajo el régimen de la -Constitución actual; y ellas quisieran transformar su espíritu democrático por un espíritu visiblemente aristocrático que, sin duda alguna, es hacia donde tiende la selección del espíritu humanó.

Pero no es esa la intención de nuestra carta orgánica. Ella quiere, como he dicho, que todos los ciudadanos argentinos sean llamados a participar en la formación de su gobierno, y mientras no exista en toda la República la instrucción primaria^ universal y totalmente difundida, no podemos establecer como regla que sólo los que saben leer y escribir tienen derecho al ejercicio del voto.

Analfabetos. — Así, los iletrados, los analfabetos, concurren al ejercicio de su derecho de voto con los elementos

de convicción de que una persona iletrada pueda disponer; pero la voluntad no se forma sólo por ejercicio de facultades intelectuales; la voluntad se forma de un conjunto de elementos psíquicos entre los cuales concurre el sentimiento. ¿Y por qué hemos de desconocer que una persona iletrada o analfabeta no tiene el sentimiento de su deber cívico, no tiene el sentimiento del amor a su tierra, no tiene la confianza, la convicción de que tal persona ha de representar mejor que otra los intereses de su vecindario?

Además, las personas analfabetas que obedecen a la voluntad de otras que las dirigen, gobiernan o sostienen, forman masa de opinión, y esas aglomeraciones de opiniones individuales manifestadas en el comicio, no están excluidas de los términos de la Constitución, desde que no es prohibido a ninguna persona aunar voluntades individuales para presentarlas al acto electoral. Este reclutamiento de votos se hace en todas partes, ya rija el sistema del escrutinio restringido, ya rija el sistema del escrutinio universal; lo mismo que las sugestiones del más ilustrado sobre el menos ilustrado, la influencia legítima del capital, la influencia del que paga, del que sostiene, del que da elementos de vida a las personas que tienen menos que él. Pero no se puede desconocer como elemento esencial en la evolución de este fenómeno de la voluntad nacional, esta fuerza visible de la subordinación humana, de la dependencia de unos hombres respecto de otros.

Por otra parte, señor Presidente, la cifra de los analfabetos en nuestro país es todavía, por desgracia, muy grande; no se debe esta magnitud de la cifra a abandono de los gobiernos ni de las clases ilustradas, ni a la falta de cuidado conque los poderes legislativos han atendido siempre la difusión de la instrucción en la República. Se debe a la corta vida institucional de nuestro país; a que muchos de los que eran niños cuando la Constitución se dictó, son todavía hombres viriles; y a que aun no ha alcanzado la evolución histórica de nuestro país a transformar la generación que vivía en

la época en que las instituciones fueron adoptadas. (¡Muy bien!)

De manera que la inmensa masa de la población adulta que no sabe leer ni escribir, estaría naturalmente excluida del ejercicio del sufragio, y sería necesario hacer un esfuerzo colosal de dinero y de voluntad para hacerla llegar a las escuelas, cuando viven de su trabajo, distribuida en grandes extensiones de territorio, en aldeas pequeñas, donde hasta ahora no ha podido penetrar la acción educadora del Estado; pero por eso no podemos privarles del ejercicio del derecho de sufragio. Son ciudadanos argentinos; y hay que recordar que la Asamblea del año 13 establecía la igualdad de los indios con los ciudadanos de raza blanca. Y si los indios fueron equiparados a los ciudadanos, ¿cómo podríamos restringir los derechos políticos de éstos?

Será una deficiencia de nuestra Constitución; pero nosotros no tenemos facultad para cambiarla. Tenemos que aceptar todos los resultados de la historia tal como ellos son, e incorporar, guiar hacia el mejor destino posible, haciendo uso de nuestras facultades superiores, a esas masas ignorantes, para hacerlas colaborar en la fundación de un orden de cosas estable y constitucional (¡Muy bien!). Es, por lo tanto, la responsabilidad de las clases dirigentes la que debemos mirar en el ejercicio de estos derechos, ya que a ellas, por selección natural, les corresponde esa especie de tutela sobre los que saben menos o pueden menos.

Por manera que, en mi opinión, es la condición de ciudadano la que determina el voto, y en esto también podría encontrar fundamentos en las teorías más generales de la ciencia política. Así como hay espíritus superiores que desearían que el sufragio fuese un ejercicio consciente, ilustrado, de la voluntad, yo, por mi parte, como republicano sincero, pienso que todo hombre que viene a este mundo, tiene derecho a tomar parte en las deliberaciones de la soberanía a que pertenece. (¡Muy bien!).

Edad. — Por igual consideración, no ha sido posible aumentar la edad para el ejercicio del sufragio, porque si aumentamos la edad, por ejemplo, hasta la mayoría civil, privamos del ejercicio del voto a todos los que se encuentran comprendidos en la ley actual desde los 17 a los 22 años; y más habría sido si hubiéramos adoptado el sistema más restrictivo de otros países, que limitan a 25 años la franquicia del voto.

Incapacidades. — De igual manera, las incapacidades definidas por primera vez de un modo sistemático en el proyecto, se han reducido solamente a aquéllas que hacen imposible la concurrencia del individuo al acto electoral; las incapacidades físicas, las morales, las determinadas por crímenes o delitos que hacen a su autor indigno de la confianza popular, ya que el primer grado en el ejercicio de la representación, que es el elector que concurre a las urnas, es una función pública, y esta función pública que representa una suma de soberanía determinada, no puede ser confiada a un criminal que en vez de dirigir hacia buen designio el voto de sus comitentes, lo deshonra y lo desvirtúa.

Por igual motivo se ha establecido también incapacidades transitorias de parte de los funcionarios públicos, a quienes les está confiada la garantía del ejercicio del voto, y cuya intervención en las operaciones electorales sería causa de sospechas, de desconfianzas y de implicancia en muchos casos. A estos tres puntos están reducidas las incapacidades de la ley. Casi todas ellas son, en realidad, transitorias, pues que nuestras leyes penales en general son benignas, y no gravan con la incapacidad permanente a los que caen bajo la sentencia legal, salvo excepciones.

Del punto de vista de esta extensión numérica del sufragio, el Poder Ejecutivo funda las más grandes esperanzas, desde que una buena parte de los fenómenos políticos que la crítica suele señalar como un mal de nuestra actualidad, se fundan en la falta de ejercicio del derecho de voto de las mayorías efectivas de los ciudadanos que deben concurrir a la formación del gobierno. Sea cual fuere la causa de la abstención en nuestro país, el Poder Ejecutivo, con criterio práctico, ha debido idear un sistema que reemplace las deficiencias donde quiera que se encuentren, e invitar, conminar, estimular a todos los que se hallen en condiciones de votar, a concurrir efectivamente al ejercicio de este derecho.

Empadronamiento o censo electoral. — A este efecto, acepta la idea ya conocida, porque nada en esta materia es una novedad, de un censo electoral ex oficio, es decir, por funcionarios públicos. Este censo electoral se haría a domicilio, para conciliar así las dificultades existentes en una inmensa parte del territorio argentino, donde los transportes son difíciles y caros, y los electores gente absolutamente pobre, que necesitaría hacer gastos exorbitantes si tuviera que trasladarse, cada vez que los registros electorales se abren, a inscribirse en ellos.

Como una promesa práctica, como una garantía de efectividad en este aumento de la suma total de electores, se dispone que se realice un censo general a domicilio, que se ejecutaría en las mismas condiciones que el censo general de la población de la República, o en otras semejantes. Muchos dicen que esta operación es difícil, dispendiosa, molesta. Pero si no vamos a molestarnos para el ejercicio de nuestros derechos; si no vamos a cumplir con esta carga pública, así llamada por antonomasia, para mejorar un tanto las condiciones de la vida política y perfeccionar el sistema de nuestras instituciones, vale más cambiar de sistema de gobierno, no llamarnos una república, ya que los ciudadanos no han de tomar la parte de la carga que les corresponde, así como participan del conjunto de los beneficios que aquéllas les proporcionan.

El voto compulsivo. — Es claro que habríamos completado este sistema con la adopción lisa y llana de la obligación del voto con sanción penal, que en alguna de las últimas legislaciones ha sido introducida, como en la de Bélgica. Pero aun cuando en teoría ésta sea una gran innovación, desde que a los remisos, a los apáticos, a los indiferentes, no se les puede, en realidad, inducir al cumplimiento del deber sin una sanción penal, que es un medio supletorio de la voluntad inactiva, no podríamos pasar sobre este grave inconveniente: la difusión de la campaña argentina, la pobreza general que reina en ella, las dificultades que conocemos todos los que hemos vivido en el interior de la República, para mover las masas de electores hacia los centros donde deben depositarse los sufragios. Son inmensos los gastos conque tienen que cargar los comités directivos de los partidos, si no se resuelven a dejar los electores entregados a su propia voluntad, lo que vale decir, a la inacción.

Una vez realizado el censo, la República sabrá a ciencia cierta, o por lo menos muy aproximadamente, cuál es en realidad, la fuerza política de que dispone; y podrá determinar igualmente este dato útilísimo para la convicción del legislador y del político: cuál es la suma de la abstención voluntaria, cuál es la suma de la abstención que la acción directiva de los comités o del gobierno en la parte que les corresponde, no ha podido vencer. Será un dato muy sugestivo e ilustrativo para el porvenir de las instituciones nacionales.

Padrón permanente. — Sobre la ventaja del padrón permanente, no me parece que pueda haber discusión. Encomendada su conservación, después de realizado el censo, a las oficinas del Registro Civil, cree el Poder Ejecutivo que está garantida en cuanto esta institución semijudicial, ha alcanzado el respeto de todas las gentes.

Puede confiarse en que las oficinas del Registro Civil serán guardianes celosos y fieles de este depósito que llamaré sagrado, desde que a su guarda y conservación está encomendada la integridad del derecho electoral del ciudadano. No podemos creer que el interés político lleve su osadía hasta pretender adulterar y corromper una institución de la cual

depende no sólo la seguridad de un derecho o franquicia política, sino la conservación de los actos civiles, los más sagrados vínculos de la familia y de la propiedad.

Asambleas electorales. — Al tratar de las asambleas electorales, además de adoptar todas las disposiciones de forma que las últimas leyes vigentes han aconsejado, y que nosotros hemos creído aceptables, se ha establecido una considerable descentralización de los comicios, de manera a hacer posible la concurrencia efectiva de todos los ciudadanos que por el censo electoral resulten habilitados para el ejercicio del sufragio.

Habría sido ilusoria la promesa de una garantía eficaz y efectiva a todos los ciudadanos, si no se hubiese ofrecido los medios prácticos de realizarla. A esto concurre igualmente la limitación en el número de inscriptos que debe contener cada lista electoral. Doscientos electores constituyen una serie, de manera que las siete horas del comicio, no puede suponerse que no alcancen a votar los doscientos ciudadanos que están llamados a concurrir a cada mesa.

Sistema penal adoptado. — Por lo que respecta a la penalidad, el problema es tan vasto, tan profundo, tan lleno de dificultades para las soluciones prácticas, que el Poder Ejecutivo ya ha tenido ocasión de exponer sus desconfianzas y dudas en su mensaje. No sólo la electoral, sino la penalidad común es de difícil fundamento en las sociedades humanas, desde que los actos criminales dependen, en una inmensa parte, del estado transitorio de la cultura pública, en mucha parte de las convenciones sociales, a punto de que hay razas, hay civilizaciones que erigen en delitos cosas y hechos, o series de hechos, que otras han erigido en instituciones sociales.

¿Con qué criterio el legislador va a adoptar un sistema benigno o cruel? En materia política el legislador tiene que ser necesariamente tolerante.

Casi todas las pasiones humanas se desencadenan en el alma, cuando se trata de ejercer esta suma de actividad y de capacidad que determina la personalidad política, especialmente en los pueblos de nuestra raza, donde los mayores excesos han manchado lo que en literatura suele llamarse los sagrados lugares donde el voto público se ejercita. O habría que adoptar un sistema draconiano, para conducir a la última pena a los que adulteran, falsean o corrompen este instrumento tan delicado de la voluntad nacional; o habría que obrar con un criterio más educativo y más benigno, y llegar, así, por gradaciones sucesivas, a la cultura política, por medio de disposiciones moderadamente represivas.

El sistema de penalidad que la ley ha adoptado ocupa un término medio prudente; ha adoptado una escala de penas proporcionada a la escala de nuestro actual código penal común, y ha tenido en cuenta todas las circunstancias atenuantes que pueden conducir a los ciudadanos en el ejercicio de la vida cívica, a faltas que, juzgadas con un criterio estricto, podrían merecer penas mucho mayores; pero mientras dependa la eficacia de una penalidad política de la cultura general del pueblo, no podemos menos que relacionar la gravedad de las penas con el estado efectivo de esa cultura política: y tal es el criterio a que se ha ajustado el Poder Ejecutivo.

Cuando se discuta el proyecto en particular, si el caso llega, tendré ocasión de dar a la Cámara las explicaciones de detalle que ella me pida.

IV

EL SISTEMA UNINOMINAL

Llego ahora, señor presidente, al punto que se ha considerado más fundamental en la discusión de esta ley, el cambio del sistema de distribución de los sufragios con relación al territorio; el abandono del actual sistema de lista plural por la adopción del sistema llamado de escrutinio uninominal.

Creo que en todo el curso de mi exposición he dicho lo hastante para demostrar a la honorable Cámara que el sistema vigente es ya insostenible; que la cultura del pueblo argentino, razones de equidad, de justicia política, exigen ya un cambio de método, que si no cura de golpe todos los males existentes, que si no nos acerca al término anhelado de esta evolución, por lo menos nos haga dar un paso adelante, y ofrezca siquiera la esperanza de mayor perfección en el porvenir.

Criterio de selección. — Al decidirse á adoptar un nuevo sistema, el Poder Ejecutivo ha debido estudiar todos los conocidos, todos los inventados por la ciencia política; y sin duda alguna ha encontrado muchos mejores que el que ha propuesto, pero todos ellos adolecen de dos defectos generales : o son prácticamente imposibles dentro del territorio argentino y en el sistema de gobierno que nos rige, o son tan perfectos en su combinación teórica, que no han calculado sus autores la suficiencia de las fuerzas sociales destinadas a realizarlos.

Desde luego, ninguno de los sistemas electorales conocidos y practicados parcialmente en diversos países, se ajusta a las bases estrictas de nuestra Constitución. Ella ha establecido una base triangular, diré así, para todo el derecho electoral que surja de sus cláusulas: la división en distritos electorales de la Nación como un solo Estado; la simple mayoría como medio de determinar la superioridad en el comicio, y la condición personal de ciudadano, o sea su capacidad especial para ejercer él sufragio.

Los dos sistemas que he nombrado han luchado en el campo de la teoría y de la práctica durante todo el siglo XIX. Podría formarse dos pirámides bastante elevadas con los libros que sostienen uno y otro sistema. No me atrevería a asegurar que en el terreno de la teoría se haya llegado

a fallar en definitiva este pleito secular; pero sí, hay una regla de criterio invariable, que cuando en el terreno de la teoría no es posible la solución definitiva, es la experiencia la que determina la única solución. (¡Muy bien!).

El consejo de la experiencia. — De ahí, señor Presidente, este otro problema científico, que ha hecho que la ciencia experimental se imponga sobre la ciencia metafísica, y es que la sucesión de los hechos constituyen las mejores leyes generales, mientras que las leyes metafísicas no siempre corresponden a sucesiones de hechos. Por eso, admitiendo que la ciencia política no ha pronunciado su fallo definitivo sobre la bondad teórica de los dos sistemas, dirijamos una mirada al mapa político contemporáneo. ¿Cuál de los dos sistemas ha triunfado en esta lucha de un siglo?

Indudablemente, señor, los pueblos directivos de la civilización contemporánea se rigen para la formación de sus parlamentos nacionales, en su inmensa mayoría, por el régimen del distrito uninominal. Conviene, sin duda, —como lo aconsejan los filósofos experimentales, en países grandes, divididos en pequeñas regiones o provincias o estados más o menos autonómicos—, conviene hacer los ensayos parciales de los nuevos sistemas que la ciencia política o que la meditación de los sabios inventan, y de ahí resulta que en algunos Estados de la Unión Americana y en algunos cantones de Suiza, se practica sistemas diferentes por vía de prueba, o porque la experiencia local, en poblaciones circunscriptas y reducidas, ha hecho posible la aplicación de sistemas complicados, que en las grandes naciones, en estos inmensos latifundios nuestros, no son absolutamente posibles.

En Suiza ha llegado hasta ser posible el gobierno directo de la democracia, el gobierno por el régimen del referendum, que interviene no solamente en la sanción de las leyes, sino en las reformas constitucionales; pero estos son, en la actualidad, para nuestro país, geográfica y étnicamente considerado, verdaderos sueños de la imaginación. En cambio, podemos presentar como una conclusión de la experiencia de los pueblos más adelantados, representada la civilización por los tipos dominantes en ella, los cuatro pueblos que he citado, a los que podría agregar otros más. De manera que no puede citarse como ejemplo, para probar la tesis favorable a la conservación del sistema actual, ni a la adopción de otros sistemas más complicados, los ejemplos seccionales, parciales y enteramente limitados, o a un ensayo, o a un territorio completamente restringido.

Tiene, por otra parte, la adopción de los sistemas experimentales, la ventaja de que vienen ya provistos con todo un caudal de jurisprudencia, que los hace aplicables a los conflictos de la vida real; y este sistema que el Poder Ejecutivo reconoce, no como el mejor de todos, sino el mejor en el orden gradual de los progresos políticos sobre el que actualmente tenemos, es preferible a todos los demás, porque él tiene una larga jurisprudencia en los Estados Unidos, en Inglaterra y en los demás países que lo practican.

Conocemos las fórmulas políticas mediante las cuales el legislador le ha dado eficacia y realización; y, por lo tanto, el trabajo de adaptación es mucho más sencillo; y, como dijeron los autores de la Constitución argentina, cuando adoptaron el modelo norteamericano —lo dice el informe, escrito, como se sabe, por el doctor Juan María Gutiérrez— tiene este sistema la inmensa ventaja de adaptarse mejor que cualquiera otro a las condiciones físicas del país, de tener un gran caudal de doctrina y de jurisprudencia acumuladas, que nos servirá, como tesoro propio, para la dilucidación de los conflictos que se operen en la vida diaria.

Relación entre la Constitución y la ley. — La ley electoral, señor Presidente, debe tener una relación tan íntima, tan directa, con la Constitución, que sea como su propia realización práctica. A este respecto, y comparando el conjunto de las instituciones nacionales con una inmensa fábrica arquitectónica, diríase que la ley electoral es como su pieza de resistencia; y comparándolo con el organismo humano, diríase que constituye su sistema muscular. El sistema muscular anima el esqueleto, le imprime dirección, le comunica energía; es el que lucha, es el que resiste, es el que combate, en una palabra, por la vida.

La ley electoral es, pues, en relación a la Constitución, el sistema viviente, el sistema activo, el que le da eficacia. Así, debemos elegir un sistema que se adapte a la formación nacional, a la formación del conjunto de nuestras instituciones, de tal manera que obedezca lisa y llanamente a los mandatos de la voluntad nacional, sin que el revestimiento externo, sin que el ornamento que la cubre sea un estorbo, sea un inconveniente para la acción más rápida y eficaz. (¡Muy bien! Aplausos).

Debe existir, pues, una armonía íntima y directa entre la ley práctica y la ley substancial; principio que se combina con esta otra verdad: que la sola voluntad del legislador no funda iniciativas duraderas; que es necesario que su voluntad consulte las leyes íntimas del organismo social, que sea una traducción de ellas, es decir, que al germinar la voluntad en el cerebro del legislador, cuente de antemano con los elementos de acción preestablecidos por la misma naturaleza de las cosas.

Formación federativa argentina. — Voy a mostrar cómo nuestra formación federativa ha Seguido un curso inverso a las leyes naturales de nuestra sociedad, porque de esta demostración derivaré una conclusión muy importante.

Bryce ha expuesto en su reciente libro esta teoría que, indudablemente, flotaba ya en el ambiente de la ciencia contemporánea —la había expuesto ya Mougeolle no hace mucho, en un gran libro desgraciadamente poco conocido—: la teoría de las fuerzas sociales comparadas a las fuerzas físicas, y la de las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas, obrando en la producción de los fenómenos históricos. La formación natural y social de las naciones procede de acuerdo con la fuerza centrífuga, mientras que la historia suele a veces, por combinaciones caprichosas, disponer el proceso de las fuerzas políticas de tal manera, que obran en la formación de las naciones, a la inversa.

Hay, pues, un punto de conjunción de estas dos fuerzas, las centrífugas y las centrípetas, conjunción que determina el punto inicial de la regeneración de las naciones (¡muy bien!), porque es donde todas las fuerzas activas se concillan, se armonizan y se aúnan; y el ojo del legislador debe observar el momento preciso de esa conjunción, para colocar allí la semilla de la verdad! (¡Muy bien! Aplausos).

Pactos nacionales. — Desde 1820 a 1853 la unión de la Nación Argentina ha venido formándose por pactos artificiales, subscriptos por conductores de masas más o menos numerosas, más o menos felices en los campos de batalla; y tan es así que estas fuerzas eran voluntarias, extrañas a las leyes físicas e íntimas de la voluntad humana, y que no lograron sino después de grandes trastornos y sangrientas convulsiones fundar situaciones de hecho, y éstas desgraciadamente transitorias. Llega, sin embargo, un instante, el de 1853, en que la mayor suma de estas voluntades externas se reunen y llegan a formalizar un pacto, el más general de todos: la Constitución.

Empieza entonces la era de la reconstrucción nacional. Un orden de instituciones secundarias, armónicas en cuanto era posible en aquellos tiempos, da existencia a una suce-ción de fenómenos que nos acercan al orden definitivo constitucional.

No escasearon tampoco los trastornos posteriores hasta llegar al momento presente, en que creo que las fuerzas artificiales que construyeron nuestra nacionalidad, representadas por la Constitución del 53, vigente con modificaciones, han terminado, han dejado de dar toda la elasticidad de que eran susceptibles, y que ha comenzado el reinado de las nuevas fuerzas sociales que por conjunción externa, por drenaje universal, han venido a constituir la nueva nacionalidad. (¡Muy bien!).

Aprovechemos, pues, esta conjunción feliz, diremos así, del pasado con el porvenir; aprovechemos este nimho de luz brillante que se nos ofrece, en que todos los elementos propicios para la formación nacional se han combinado y nos invitan a obrar con acierto. (¡Muy bien!).

Aquella conjunción feliz, señor Presidente, representada por la Constitución del 53, fue un convenio tácito de todos los fundadores de la nacionalidad presente, en el sentido de confiar al tiempo, a las generaciones sucesivas, la realización práctica de los ideales incompletamente definidos en las cláusulas de aquel estatuto. Pesa sobre nosotros, sobre las generaciones posteriores, esta gran responsabilidad, y no podemos tampoco exigir a aquellos hombres que, habiendo asistido, niños, al sacudimiento inicial de nuestra vida libre, pasaron por las sangrientas y tormentosas vicisitudes de la anarquía nacional y de la tiranía, y que llegaron, en realidad, sangrando las plantas por la dura peregrinación, desgarrados las entrañas y el corazón por centenares de luchas y batallas fratricidas. Y cuando llegan a ese momento, hay algo como una detención por la fatiga y la desesperación, como si dijesen: no podemos más; nuestros hijos realicen el resto de la obra que no hemos podido cumplir. (¡Muy bien!).

Armonía entre el sistema constitucional y el electoral. — Pero, señor Presidente, esta profunda contradicción en nuestra vida social y en nuestra vida institucional, procede, seguramente, del desequilibrio entre los elementos sociales reales y las formas políticas que hemos adoptado para darles cumplimiento. La realización práctica de la constitución federativa no era posible con un sistema electoral —que, como he dicho, es la forma que toma la Constitución para realizarse en la vida—, con un sistema electoral contrario por su espíritu y su tendencia, a la forma, al espíritu y a la naturaleza del gobierno federativo.

Si la institución federativa importa proliferación de* vida, multiplicidad de centros orgánicos,, división de fuerzas, fortaleza de conjunto por medio de la fortaleza de los detalles y de los órganos, no podíamos lógicamente haber adoptado un sistema que no se inspirase en la misma tendencia; y si hemos vivido hasta ahora por efecto de aquellas fuerzas centrípetas, que han obrado sobre la formación artificial de nuestro federalismo, no podemos desconocer que hemos adoptado un sistema contrario a las leyes de la naturaleza geográfica y étnica de nuestro país.

El sistema de lista tiende a la unidad, desde que es la unidad su mayor base de acción; tiende a centralizar, y lo hemos visto en la organización de todos los partidos políticos que han actuado en la República.

El escrutinio uninominal, como lo dice su nombre, distribuye el ejercicio del sufragio colectivo en tantos centros de acción, como determina un cuociente electoral, constitucionalmente establecido. Su acción natural y lógica es por tanto dar vida, fomentar la formación de centros locales, distribuir el ejercicio de las fuerzas sociales en tantos centros de acción, como lo determina aquel cuociente electoral. Luego, es el que realiza en la forma más fácil y práctica la tendencia federativa, que es la división, la descentralización y, por un efecto de conjunto general, viene a formar la nacionalidad orgánica y atómicamente más fuerte.

Crecimiento orgánico. — Existe otra teoría, concurrente con la que acabo de enunciar, y que viene a confirmar mi tesis: la del crecimiento orgánico de las nacionalidades comparado con el crecimiento orgánico de los individuos.

Puede decirse que el funcionamiento político de una federación se compara, —como ha sido ya comparado hasta con el movimiento de las fuerzas cósmicas—, según la teoría conocida, con el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano. La perfección de la vida debe ser el desarrollo armónico e igualmente autonómico de todos los órganos, cada uno de los cuales tiene una comunicación directa con el centro común de todos los fenómenos generales: con el cerebro. El órgano bien educado, el órgano lógica y naturalmente desarrollado, debe tender a ejecutar la voluntad del centro directivo de la manera más directa y rápida posible.

Bien, pues; el sistema electoral que se propone realizar los mandatos de la voluntad nacional por medios prácticos y eficaces, debe procurar establecer la menor distancia posible entre la producción del mandato superior y la ejecución de ese mandato. Deben, por lo tanto, los órganos regionales, estar en comunicación más directa con el centro productor de la voluntad.

El sistema llamado de lista, difunde la acción de los centros locales en un centro mayor, que es la provincia. Un gran período de detenimiento, una pérdida de tiempo considerable, y por consiguiente, una pérdida de fuerza se produce en aquella confusión de todos los centros locales en el centro general de la provincia; mientras que el otro sistema, que establece la relación directa entre el elector y el elegido, realiza el resultado contrario: el sistema directo y rápido de la ejecución y manifestación de la voluntad nacional, desde el centro directivo hasta el órgano que la ejecuta.

No es desconocida en nuestro país la reclamación unánime en favor de un mayor fomento de la vida local. Desde hace largo tiempo, y por efecto de la centralización, que es implícita en el sistema vigente, se produce algo como una extracción lenta de las fuerzas locales, aglomerándolas en los centro directivos, y especialmente en la capital de la República. Se produce, así, el debilitamiento general de los extremos, para traer a esta gran masa humana un estado de congestión, cuyas manifestaciones críticas no nos son desconocidas. El sistema que propone el proyecto lleva implícitas todas las soluciones inherentes a la naturaleza de nuestras instituciones federativas y las que reclama la naturaleza física de nuestro país.

Representación de las minorías. — Aparte de esto, señor Presidente, el sistema actual ha sido clasificado por todos los autores, como el que mejor realiza esa monstruosidad de la exclusión definitiva y absoluta de las minorías en plena constitución republicana; y este carácter de la exclusión de las minorías, en el escrutinio de lista, ha sido la causa de todos nuestros desastres, de todas nuestras convulsiones internas, como lo he demostrado.

El sistema propuesto, en cambio, al difundir los centros de acción, los focos directivos de la actividad nacional, abre numerosas salidas a las fuerzas comprimidas, y en vez de concentrar las explosiones del sentimiento popular, de todas las pasiones contenidas, en un solo punto, las difunde, las multiplica, y les ofrece diversos derivativos.

La injusticia política. — La injusticia política, inherente al sistema de lista, ha hecho por mucho tiempo el descrédito de las asambleas políticas argentinas. Obligadas, por la organización de los partidos, por la naturaleza misma de las elecciones colectivas y múltiples, a dar fallos generales de conjunto sobre todas las elecciones procedentes de un distrito, tienen por fuerza que envolver en el mismo fallo a los que están en la verdad y a los que están en el error, a los que vienen bien elegidos y a los que vienen mal elegidos: y el fallo de la asamblea política, que es siempre político, no siempre suele inspirarse en una verdad legal.

El escrutinio uninominal permite establecer el caso legal, y traerlo a la deliberación de la Cámara, y entonces es mucho más difícil dar un fallo injusto contra una persona determinada, que no un fallo injusto contra un conjunto de personas. En el primer caso, la responsabilidad es directa; en el segundo, la responsabilidad se difunde en la totalidad. (¡Muy bien!).

La falta de control de las minorías lleva indefectiblemente a los partidos que gobiernan, a la irresponsabilidad, a la convicción de su impunidad; porque las minorías tienen en la vida republicana la gran ventaja de que, por lo menos, hacen oir la voz de la censura o del control, reclamando y recordando la ley en el momento de los extravíos colectivos. Estos excesos no son posibles por el sistema del distrito uninominal, que asegura indefectiblemente, en ciento veinte constituencias de la República, por lo menos la presencia de una voz, como decía Kent hablando de la virtualidad del sistema, en representación de la minoría.

Relación directa entre electores y elegidos. — Se ha dicho ya, pero voy a abonarlo con la opinión de un jurisconsulto, que el sistema uninominal establece la relación directa del elector y del elegido.

Moreau dice: “Además, y es la razón decisiva, el escrutinio uninominal permite al elector saber lo que hace: votará por un solo hombre que conoce o puede conocer, elegirá a su representante con conocimiento de causa. El escrutinio de lista obliga al elector a abstenerse, o a votar por una serie de candidatos cuya mayor parte le es desconocida. Para evitar el conflicto entre una elección difícil y otra ciega, aceptará una lista forjada de antemano, que llevará al frente un nombre popular o simpático (el candidato remolcador, como se Rama en gráfico lenguaje en Francia) a cuyo favor pasarán otros nombres indignos u obscuros. La elección carecerá, pues, de sinceridad y de verdad.”

Esta relación directa entre el elector y su elegido Reva, por su propia naturaleza, a la representación nacional el calor de vida, el calor de la convicción, la simpatía personal que vincula al votante y al candidato; y así, la suma de todos estos elementos representados en la Cámara popu-lar, será la traducción más viviente, más calurosa, del estado del alma nacional en el momento en que la elección se verifica.

Por lo demás, el escrutinio de lista suprime por completo la voluntad del elector; hace del hombre, en realidad, una máquina, una cantidad, una cifra. Contraría, pues, en su esencia la base del sistema republicano representativo de gobierno, que se funda en un mandato, y el mandato no es una relación mecánica de mandante a mandatario, sino una relación íntima de confianza, la cual no es posible cuando hay desconocimiento del mandatario por parte del mandante. La representación, lo dice la palabra, es una relación de confianza.

El escrutinio de lista influye, pues, en contra de la autoridad de la ley, quitándole ese vínculo cálido del conocimiento directo, de la simpatía personal; y la ley que sale de ese órgano formado de tal manera, viene a ser algo como extraña a su origen primitivo, realizando así lo que Porta-lis decía de la ley bajo el antiguo régimen monárquico, que se parecía al rayo que se incuba en el silencio de la nube, y sólo es conocido cuando hiere de muerte.

En nuestro sistema de gobierno no es aceptable un procedimiento por el cual el elector desaparece como persona: es contrario a la esencia de nuestro gobierno, de nuestras leyes civiles, porque solamente es un número, una cantidad, una cifra. Sólo figura, por tanto, el hombre, el elector, el ciudadano, como elemento numérico en una combinación matemática, que servirá para producir, tal vez, y así ha sucedido siempre con el sistema de la lista plural, la anhelada piedra filosofal de las alquimias políticas.

Reuniendo todos los elementos que contribuyen a dar al sistema uninominal su gran vitalidad, podemos decir que con él se busca la consolidación de la paz interna, por la supresión de todos los medios violentos que ofrece la proliferación de los centros de acción de las fuerzas electorales, por el llamamiento seguro de las minorías al ejercicio del sufragio y a participar en la formación de la ley. Y si todas las enseñanzas de nuestra historia nos indican que los errores proceden de las antinomias entre las formas sociales y las

formas políticas, — la unidad, la armonía entre estas dos formas, entre estos dos órdenes de leyes, nos llevará a fundar una era de paz duradera y estable.

V

EL ANALISIS CONSTITUCIONAL

Se ha dicho también que el sistema riñe con la Constitución nacional, trayendo así el debate al terreno de la constitucionalidad estricta, que, a mi juicio, no corresponde tratar en este período de la discusión. Estamos ocupándonos de la ley en su aspecto general; en ese aspecto la he considerado, aún en alguno de sus puntos fundamentales en cuanto influyen en su concepto general.

Dejaré indudablemente, como es de mi deber, para cuando se trate en particular este proyecto, demostrar su más absoluta, su más perfecta constitucionalidad dentro de los términos estrictos de nuestra Constitución. Pero debo anticipar, para acercarme al término de esta larga exposición, algunas observaciones de este carácter, que concurren a cimentar este juicio, el juicio que antes he expuesto sobre las generalidades de esta ley.

Bases de esta cuestión. — La cuestión constitucional debe ser mirada desde diversos puntos de vista: la proporcionalidad que establece la Constitución entre los representantes y la población de cada provincia, o distrito electoral, como las llama la Constitución; la simple mayoría como medio de determinar la decisión en cada comicio; y la personalidad de la provincia, a efecto de determinar las condiciones de residencia de los candidatos, y la jurisdicción en el procedimiento electoral. Por último, la personalidad del elector ciudadano, determinada por estas cualidades: igualdad, individualidad y libertad.

Comparación con la Constitución de los Estados Unidos. — Es necesario, porque es indispensable por la lógica de las cosas, comparar nuestro sistema con el sistema norteamericano.

Se ha dicho que son desiguales los términos de una y otra constitución. Efectivamente, son desiguales los términos, pero lo que podemos asegurar es que las condiciones esenciales del sistema son exactamente iguales en una y otra constitución.

Por la Constitución de los Estados Unidos, artículo I, sección 2% cláusula 3% tenemos que “los representantes serán distribuidos entre los diversos estados, según su población respectiva, y no excederá su número de uno por cada treinta mil habitantes”. Exactamente, nuestro principio. El principio de la mayoría no lo determina la Constitución americana, pero lo determinará una ley del Estado.

El candidato debe ser nativo o naturalizado, o residente del Estado en que se le elige. El mismo principio de nuestra Constitución. La igualdad de los ciudadanos, la libertad del sufragio: principio igualmente consagrado en la nuestra.

La única diferencia fundamental, en apariencia, porque es una diferencia de forma, es que a la ley electoral la dictan los estados en los Estados Unidos, y aquí la dicta el Congreso. En ese punto el raciocinio se relaciona con la definición de “distritos de un solo Estado” que la Constitución hace de nuestras provincias.

Distritos electorales. — Como la Constitución ha de ser interpretada, no solamente por sus términos literales, que es el más estricto, el más restrictivo y el más estéril de los sistemas de interpretación, sino por todo el conjunto de sus disposiciones, o por la naturaleza del sistema constitucional general, por el espíritu de las disposiciones que la animan, no podemos sino llegar a esta conclusión: que cuando la Constitución ha dicho que las provincias son distritos electorales de un solo Estado, ha querido referirse

por oposición a la manera cómo se constituye el Senado, porque el artículo 37 habla de la manera cómo se constituye la Cámara de diputados. La Cámara de diputados debe, pues, representar la Nación en su conjunto; y así ha podido adoptarse, no solamente el sistema de lista, sino el escrutinio uninominal, y aun el sistema del colegio único, si no se opusiera a esta última forma la preexistencia de las autonomías provinciales que determinan esta división seccional por distritos.

La denominación, pues, de “distritos electorales de un solo Estado”, tiene por objeto establecer la base de la distribución o prorrateo entre las provincias, de la representación que como tales entidades regionales les corresponde en la Cámara popular. Así se pone más de relieve, a contrario sensu, por argumento adverso o contradictorio, con la existencia del Senado nacional, para dar así a entender claramente esta dualidad de representación: la colectiva de la Nación Argentina y la corporativa o autonómica de las entidades provinciales.

No ha podido la Constitución, y mucho menos ha podido la ley, abolir las fronteras internas de las provincias al establecer las bases del prorrateo de la representación, porque la misma Constitución ha tenido en cuenta que las provincias eran personalidades preexistentes, tenían sus fronteras históricas y jurídicas.

Luego, había que respetar esas divisiones regionales al distribuir matemáticamente los sufragios, de manera a producir la representación que le corresponde a cada una.

Por otra parte, la Constitución argentina habla, lo mismo que la de los Estados Unidos*, de elección directa de los representantes en la Cámara popular.

Comentan igualmente los artículos citados —el 16, el 22 y el 33— que concurren a definir lo que es el derecho electoral, la igualdad de los ciudadanos ante la ley civil y política, y esta frase, generadora de tantas conclusiones interesantes: la soberanía del pueblo.

Lucha de palabras. — He oído decir en el curso de esta discusión, que había una diferencia a este respecto, entre la Constitución americana y la argentina, diciendo que no era lo mismo la elección en los Estados; y la elección por las provincias.

No alcanzo la distinción que puedan importar estas dos preposiciones. Habría que sutilizar, habría que quintaesenciar en exceso el significado de las palabras, para llegar a establecer conclusiones tan absolutas sobre el empleo diferencial de simples preposiciones o conjunciones de una frase gramatical, en una y otra Constitución.

Decir que los miembros de esta Cámara son elegidos por las provincias, y decir que en la Unión Americana son elegidos en los Estados, no importa una diferencia; lo que vale, en el lenguaje de la Constitución, es esto: la elección directa por el pueblo; y por lo tanto, la ley que organice el ejercicio del sufragio, ya sea local, ya sea general, tendrá que respetar esta condición fundamental de igualdad, que le da existencia.

Luego, el problema de la constitucionalidad de la circunscripción uninominal, es el mismo, específicamente, en la Constitución argentina y en la norteamericana; y así, se puede discutir la constitucionalidad de la ley nacional que distribuye el sufragio entre las provincias o que establece la manera de emitirlo, y la constitucionalidad de la ley de Estado, en la Unión Americana, según la cual se adopta este sistema de elección. Y así se ha hecho en los Estados Unidos.

Realización del sistema en los Estados Unidos. — Paso por alto diversas concordancias de las dos Constituciones, en concurrencia con este orden de ideas, para ver la forma cómo en los Estados Unidos se ha dado realización al sistema electoral; cómo la elección directa es la base esencial para la formación de la Cámara popular del Congreso, y la base única de criterio en el examen constitucional de las leyes que se dicte para darle cumplimiento; y por fin, la manera cómo el Congreso de los Estados Unidos la ha realizado por sus leyes, y cómo los autores han consagrado la constitucionalidad de éstas.

El Congreso de los Estados Unidos no se había creído en el deber de dictar una ley general, en presencia del artículo constitucional que dice que cada Estado determinará el tiempo, lugar y manera de realizar las elecciones; pero a medida que la doctrina centralista, la doctrina democrática y la amplitud en los juicios interpretativos de la Constitución fué haciendo escuela en los Estados Unidos, fueron “sacudiendo el polvo que cubría la antigua imagen”, según la frase de Russell, y se llegó a descubrir que el Congreso tenía facultad de establecer reglas que obligasen a los Estados respecto a la manera cómo habían de llevar sus diputados a la representación.

Aprovechando la realización del censo general de la población, se dictó la ley de distribución de los asientos en la Cámara popular, del año 1842, renovada en 1872, y últimamente, por la vigente del año 1891; las cuales invariablemente disponen que “cada Estado que deba enviar más de un representante al Congreso, elegirá dichos representantes por distritos compuestos de territorios contiguos que contengan tan aproximadamente como sea posible un número igual de habitantes. Cada Estado se dividirá también en tantos distritos como representantes deba elegir, sin que en ningún caso pueda el distrito elegir más de un representante”.

Opinión de Kent. — Kent, el gran comentador, fuente consagrada de la doctrina jurídica, de las decisiones de las cortes y de las leyes de los , Estados Unidos en cerca de un siglo de vida constitucional, juzgando la ley de 1842, dice estas palabras: “La elección de miembros del Congreso por distritos había sido hasta entonces adoptada en algunos de los Estados, no en otros. La uniformidad en esta materia era

necesaria, y el sistema en sí mismo era recomendado por el acierto y la justicia de dar, en cuanto fuese posible, a las subdivisiones locales del pueblo de cada Estado, la debida influencia en la elección de representantes: de manera que no se dejase a la minoría conjunta del pueblo de un Estado —que acaso se aproximase a la mayoría— sin una voz, por lo menos, en los Consejos nacionales?’

Opinión de Burgess. — Burgess, (tomo un autor más moderno pasando por alto una inmensa serie de grandes escritores) estudiando este mismo problema a la luz de la Constitución norteamericana y de los principios generales del sistema federativo, en su obra sobre Ciencia política, concluye: “Para mí no ofrece dudas que la facultad de prescribir el modo de hacer las elecciones del Congreso, comprende la de prescribir el escrutinio de “arrondissement” (o distrito) en oposición al escrutinio de lista, o viceversa”; viniendo a confirmar así lo que yo llamo axioma político: que los dos únicos sistemas que caben dentro de nuestra Constitución son la elección por circunscripciones y la elección por lista, y que la cuestión se reduce, no ya a discutir si es constitucional o no, sino a discutir si en el momento, actual de la cultura nacional es más conveniente uno u otro sistema. (¡Muy bien!).

La Corte Suprema. — Por otra parte, si bien es cierto que la Suprema Corte de los Estados Unidos no ha podido traer a su juicio ningún caso de elección, desde que todos esos casos son de jurisdicción local, sin embargo, aquel alto tribunal, formado de jueces tan sabios, verdaderos jurisconsultos que no se creen, como en nuestro sistema, obligados a circunscribirse a las indicaciones de los autos, sino que se creen en el deber de ilustrar la Constitución, de comentarla, de vivificarla con la doctrina, para enseñar a las generaciones sucesivas y al pueblo a entenderla e interpretarla, ha expresado también su opinión en el caso de Me Pherson v. Blacker, en el tomo 146 de sus fallos. Resuel-

ve el punto indirectamente, como tenía que ser —no siendo un caso directo de jurisdicción federal— en el sentido de la validez de una ley local que reglaba la elección de electores y representantes bajo el sistema de distritos uninominales.

Juicios argentinos. — Y, señor Presidente, ¿para qué voy a renovar otra vez el recuerdo de los jurisconsultos y políticos argentinos, quienes, desde que esta idea, como se dice, golpea las puertas del Congreso, ban venido proponiéndola y sosteniéndola como concurrente con los fines de la Constitución, perfectamente encuadrada dentro de sus términos, es decir, absolutamente constitucional, si ya en su elocuente discurso el señor miembro informante de la comisión nos hizo conocer sus opiniones?

Sé también que es la primera preocupación de los señores diputados, cada vez que se trata una cuestión de importancia, el recorrer los anales parlamentarios e inspirarse en las opiniones de los que les precedieron en los asientos que hoy dignamente ocupan. Puedo, pues, nombrar, para llenar este programa de mi exposición, a Vélez, Sarmiento, Avellaneda, Achával Rodríguez; entre los contemporáneos, a Pe-llegrini, Zeballos, Pinedo, Sáenz Peña, Bermejo, Daract, Balestra, y podría mencionar muchos otros.

Interpretación amplia. — No creemos, como no lo creyeron ellos, deber detenernos en análisis atómicos de la Constitución. No desmenucemos tanto este prolijo tejido de prescripciones, porque en este análisis de detalle, minucioso, infinitesimal, empequeñecemos un tanto las cláusulas, los fragmentos que componen esta inmensa fábrica de nuestro organismo constitucional.

No vayamos a quintaesenciar su significado, ni a hacer decir a las frases, como por .medio de percusiones violentas, lo que en la intención de sus autores jamás estuvo; no les imprimamos movimientos capaces de romper sus piezas, porque ellas fueron concebidas de una manera elástica, de una manera amplia y comprensiva, para que en ninguno de los conflictos que se produjesen en la vida real, dejasen de tener vasto campo de acción las fuerzas providenciales, —diré, ya que no hallo otro término más preciso—, las fuerzas imprevistas o fatales, llamadas a resolver esas crisis que, indudablemente, debían producirse con el choque de los hechos y de las formas legales preestablecidas.

La Constitución no es un lecho de hierro, se ha dicho, y no lo es, en realidad. Si fuese eso, se habría despedazado ya en muchas de las incidencias sangrientas de nuestra vida política. Lo dicen todos los comentadores americanos. En la crisis profunda del año 1862, cuando había que optar entre la salvación de la Constitución y la salvación de la Nación, ningún espíritu ilustrado vaciló, y optaron todos por salvar la Nación, teniendo presente que las generaciones posteriores, la jurisprudencia de los tribunales y la, ciencia política, se encargarían de dar a las prescripciones prácticas de la Constitución el alcance capaz de contener las más grandes expansiones del alma nacional. (¡Muy bienl).                         i

La reforma y la paz interna. — Para nosotros, la reforma que proponemos, es una reforma de civilización y de' cultura; es de libertad política; es una ofrenda de paz para todos los partidos, de armonía y de ejercicio legal y ordenado de todos los derechos políticos.

Con el llamamiento que hace a las minorías, en la forma única que todos los pueblos más grandes de la civilización contemporánea han encontrado, que es la del escrutinio uninominal, la de la relación directa del centro local con el representante, de la separación de los centros directivos de la opinión pública; con ese sistema se hace posible la entrada al Congreso de la representación de las fuerzas directivas de la sociedad argentina en la formación de las leyes, en la dirección general del gobierno, de todas las opiniones contrarias, de manera que se compensen, que tengan aquí su parte de acción proporcional, la parte de influencia que les corresponda, según su predominio local, ya que no es posible que las influencias sociales, de grupo, de gremio o región puedan imponerse fácilmente, quebrando las leyes físicas e históricas, sobre toda la extensión del país.

Desde este punto de vista, recordemos el axioma de la ciencia política, de que el escrutinio de lista es el escrutinio de la injusticia, y que ese escrutinio importa la incitación a la revuelta y a la obstrucción de las asambleas parlamentarias, dado que en nuestro país, es sabido que minoría que no gobierna, conspira, y que nuestros hábitos políticos nos llevan siempre a optar entre el gobierno o la revolución.

Esto desaparecerá con una práctica más o menos duradera de este nuevo sistema, cuya virtud principal consiste en ofrecer representación a las divisiones fraccionarias de la opinión, no sólo con relación a la suma de sus habitantes, si no con relación a todo el territorio.

VI

ESPIRITU GENERAL DE LA REFORMA

Señor Presidente: voy a concluir. El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido al honorable Congreso no se propone convertirse en una ley de partido; no es tampoco una ley que condense fórmulas doctrinales o científicas, más o menos predilectas de sus autores, y por las cuales estuvieran dispuestos a reñir batallas intelectuales. Es una ley de orden constitucional; es una ley de carácter permanente; es una ley de gobierno que se ofrece a todos los partidos, a todos los intereses, porque es la realización más general de la Constitución, que es la ley común de todos.

Ha creído el Poder Ejecutivo que llegaba para el Congreso la oportunidad de utilizar el inmenso poder que la Constitución ha puesto en sus manos, para imprimir impulsos robustos hacia el porvenir a esta nación privilegiada, con dones múltiples, nacida en los albores de una revolución universal de principios democrático-republicanos, y que a la mañana siguiente cae de nuevo en las sombras más desoladoras de la anarquía y del desgarramiento interno; porque en esa hora sombría tuvieron más influencia sobre el ánimo, sobre la voluntad de los hombres, los sentimientos / esclusivos y excluyentes de las facciones; se impusieron las pasiones sobre los consejos de la buena política, y así hemos visto, desde aquella noche triste del año 20 hasta el año 52, que nuestro país se asemeja en realidad a aquel reino doloroso que el gran poeta pinta, cuando describe el fragor terrible de las pasiones y de los delitos en la región de las eternas sombras.

Cuando tenemos en nuestra historia períodos tan obscuros, tan llenos de enseñanzas, es nuestro deber, al discutir una ley que después de la Constitución se considera la más fundamental de todas, dirigir la mirada hacia el escenario retrospectivo de nuestra vida política, y observar esta profunda ley histórica: que a cada uno de los actos de abnegación que han realizado nuestros grandes hombres, ya fuesen civiles o militares, ha seguido siempre una gran conquista institucional, y que al día siguiente de una guerra civil, el espíritu de unión, de fraternidad y de concordia, ha sellado siempre, en nombre de la amistad y el patriotismo, otras nuevas fundaciones del derecho.

Así hemos visto levantarse del campo de batalla de Caseros una palabra de perdón y olvido, es decir, un llamamiento a la acción organizadora de todos los elementos dispersos por la tiranía. Así hemos visto después de la batalla de Cepeda, a vencidos y vencedores alzarse igualmente a la altura de su misión histórica, y ofrecer a la Nación la prenda más segura de su porvenir, en la forma de una Constitución que realiza no solamente las aspiraciones tradicionales del pueblo argentino, expresada en diversas formas en las épocas de la anarquía, y nunca realizadas, sino también los principios de la ciencia llevados a aquella asamblea memorable por los más altos representantes de la cultura nacional.

Recordemos igualmente, señor, que las libertades políticas no han sido acordadas por nuestros mayores a ningún partido determinado: ellas han sido acordadas al pueblo argentino, y claramente nos hablan de su posteridad, de todas las generaciones que viniesen después de ellos. Su objetivo supremo fue consolidar la obra de la independencia y de la Constitución; y este es el deber impuesto a todas las generaciones, a los que gobiernan y a los que deliberan en las asambleas populares.

Los gobiernos son también parte del pueblo, y no hay, como es la creencia vulgar, una perpetua antinomia entre gobierno y pueblo. El gobierno es el brazo del pueblo, es el ejecutor de las decisiones de la voluntad nacional; y el deber de la ley, de la ley política constitucional, es mantener como norma constante en la ejecución de las leyes fundamentales, esa armonía suprema.

No debemos olvidar, en esta hora, las incertidumbres, los dolores que precedieron a la adopción de nuestra carta fundamental, que nosotros heredamos con el suelo sobre el cual nos hicieron soberanos, sin otra condición, sin otra carga, que perfeccionarla en el tiempo, inoculándole en sus cláusulas todos los resultados, todas las enseñanzas que la civilización trae con cada generación; es decir, animarla con un espíritu, dotarla de vida, destruyendo así la esterilidad de la letra muerta. Las generaciones son así, en esta obra de engrandecimiento de este legado hereditario, semejantes a los grandes ríos de nuestras inmensas llanuras, que en cada una de sus avenidas depositan sobre los campos próximos una capa más de limo fecundo que traen de sus nacientes ignotas.

Levantemos, pues, el pensamiento y el corazón, ya que hacemos una obra fundamental, sobre estas vanas y transitorias posiciones que ocupamos, siempre en servicio público, sobre nuestras frágiles divisiones de partido, ya que es ley histórica, ya que es ley del patriotismo, que en nombre de este alto sentimiento hemos de sellar con uñ abrazo las más profundas divisiones de nuestra vida política. Fijemos sólo la vista y el pensamiento en el espectáculo que se desarrollará en el porvenir, cuando todas las leyes e instituciones fundamentales que hemos heredado, y que adoptemos en adelante, inspiradas en estos amplios ideales, nos permitan ver a nuestro país, disfrutando de ese elevado respeto, de esa inmensa autoridad de que tienen la suerte de gozar las naciones que se hallan hoy a la cabeza del movimiento civilizador del mundo; pensemos sólo en el beneficio común del pueblo argentino, a quien Dios proteja y la libertad ampare hasta el fin de los tiempos.

He dicho. (¡Muy bien!; ¡muy bien! Aplausos en la Cámara y en la barra).

IV

REFORMA ELECTORAL

Sesión del 27 de noviembre de 1902

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Sr. Ministro del Interior. — Señor Presidente:

Reanudando el debate. — Declaro que vuelvo a hacer uso de la palabra, que gentilmente me ha sido concedida, con un verdadero esfuerzo para poder vencer el estado explicable de fatiga en que debe encontrarse el espíritu de la honorable Cámara, después de tanto tiempo en que esta ley viene discutiéndose, durante el cual se han producido acontecimientos de índole diversa, que han podido perturbar la uniformidad del ambiente en que esta cuestión de tanta trascendencia ha sido considerada; y a no ser por la elocuencia, el talento, la novedad, el ingenio indiscutible de los oradores que han tomado parte en esta discusión, en pro y en contra, el debate, sin duda, habría producido una fatiga mayor. Y como es mi convicción más profunda, que si yo fuese a ocupar a la honorable Cámara más tiempo del que la prudencia me aconseja, no haría sino aumentar esta tensión, hacerla aun más intolerable, dada la extensión discrecional que deben tener los debates del Congreso en estos períodos de prórroga, habría resuelto con más razón eliminar mi réplica si no fuese que me mueve un sentimiento de verdadera sinceridad, y me lleva a procurar desvanecer la impresión que, aun en mi propio ánimo, han causado las argumentaciones de los señores diputados que han objetado esta ley.

Como es mi deber tributar el merecido honor a tan distinguidos oradores, y a la vez, mostrar a la honorable Cámara el fruto de mis estudios, y la más franca declaración de mis principios y de mis ideas en sostenimiento del proyecto del Poder Ejecutivo, me veo forzado a romper este ambiente, violentando, como he dicho, mi propio deseo de ocupar por breves momentos la atención de la Cámara, a la cual pido nuevamente, por más que hasta mis excusas puedan serle ya molestas, disculpa por el nuevo empleo de su tiempo, que quizá necesita para cuestiones de índole más inmediata y urgente.

Facilita indudablemente esta nueva faz de la cuestión el hecho de ser traída al terreno reglamentario de la discusión en particular, en que las disertaciones, las disquisiciones o las demostraciones de carácter general o principista, han sido ya amplia y luminosamente debatidas por los señores diputados que antes han hecho uso de la palabra.

Voy a limitarme sólo a la cuestión constitucional, como se la denomina, proponiéndome demostrar cómo dicha cuestión carece de la gravedad que con verdadero ingenio han querido atribuirle los oradores que se oponen al sistema, que la ley entraña, de los distritos uninominales.

Carece de esa gravedad, señor Presidente, por más que los autores de la oposición al sistema propuesto, procuran desentrañar de la Constitución sentidos violentos, sentidos que caen dentro de la misma crítica que ellos formulan al sistema de interpretación llamado estricto o inflexible, y que uno de esos elecuentes oradores desearía fuese el criterio invariable de interpretación de nuestra carta.

Criterios de interpretación constitucional. — La interpretación de la Constitución, como la de todos los estatutos fundamentales, suele ser de distinta naturaleza. Hay la interpretación doctrinal o científica, la interpretación histórica y la exegética o literal.

En el terreno de la doctrina, no creo deber detenerme mucho tiempo, desde que ya he explicado, la primera vez que tuve el honor de ocuparme de la cuestión en general, cómo en el campo de la ciencia constitucional y política, no es posible sin un análisis muy detallado, acaso imposible, dada la enormidad de la producción literaria a este respecto, determinar con facilidad de qué lado está la mayoría de los autores que prohíjan uno y otro sistema. Es muy fácil, por otra parte, usando el más directo o el más acertado de los procedimientos de interpretación doctrinal, resolver, como tuve ocasión de insinuarlo, que la cuestión ha sido definitivamente fallada por la experiencia, que es la madre de todas las ciencias, como vulgarmente se dice y con eterna verdad; la experiencia, manifestada por las naciones más cultas, sin que para esto importe gran cosa el número de los pueblos que practiquen una doctrina determinada, desde que el número o la cantidad pueden ser perfectamente contrapesados y aun destruidos por la calidad; y en materia de instituciones políticas, la calidad aplicada a los pueblos, sería aquella que revelase la mayor suma de cultura política que una nacionalidad haya alcanzado en el mundo.

El criterio de la experiencia. —■ Y no se diga tampoco, señor, que es un vicio este de citar ejemplos extranjeros, y este de citar autores extranjeros. Es un vicio, indudablemente, cuando las citas o los ejemplos son caprichosamente traídos, o son anacrónicamente aplicados al debate, o cuando, en realidad, no son el producto de una observación acertada y verdaderamente política. Las citas de los autores políticos, en la actualidad, no son un peligro, siempre que se cite autores experimentales; y siempre un hombre ilustrado, que esté al corriente del movimiento científico y político del mundo, tendrá por fuerza, en estas materias, que citar autores experimentales.

¿Y cómo se forma la opinión de los autores experimentales? Por la observación de los fenómenos sociales y poli-ticos que ocurren coetáneamente en el mundo, y que son susceptibles de generar una ley histórica o política.

Así, cuando se cita los ejemplos de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, para demostrar la excelencia práctica y experimental del sistema uninominal, no se comete un error de criterio o de procedimiento especulativo, desde que los autores que observan los resultados de la experiencia en cualesquiera de esas naciones, han tenido ya en cuenta los fenómenos similares ocurridos en todas las demás naciones que han servido de puntos de comparación, y en eso consiste la ciencia experimental contemporánea.

Confirmación de citas y comparaciones. — Inglaterra. — Así es como me he permitido citar, a manera de ejemplo, el triunfo del sistema uninominal en Inglaterra, después de los siglos de práctica del sistema tradicional ya descripto en esta honorable Cámara, un triunfo verdaderamente democrático, a tal punto que escritores de cuya autoridad experimental y científica no podría dudarse, como Sumner Maine, y el mismo Gladstone, notaban que la Inglaterra estaba ya poseída del morbus democrático. No puede desconocerse que en cuanto al triunfo de la democracia que debemos anhelar para nuestro país, el sistema uninominal ha sido una conquista del espíritu liberal del mundo moderno.

Se nota por todos esos autores la transformación del espíritu público inglés, precisamente en contraposición y como término, si no definitivo, por lo menos muy cercano al término definitivo de la evolución política, el hecho de haber destruido en su inmensa parte todos los seculares privilegios que mantenían antes alejadas de la Cámara de los Comunes las representaciones populares.

Tal fué el primer paso dado en la reforma el año 32, el segundo y muy adelantado de la reforma del 67, y por último, la gran reforma democrática del 84, en donde, si no fué posible llegar a constituir la Cámara de los Comunes en su totalidad por el sistema del distrito uninominal, se la constituyó por ese sistema en más de la mitad de los 680 miembros con que cuenta hoy.

Y en cuanto a los demás, que llamaré distritos para seguir la denominación más conocida, que mandan sus representantes a la Cámara de los Comunes por otros sistemas, debe recordarse que ellos representan una entidad única, corporativa, como son las universidades, las ciudades y otras entidades políticas indivisibles; es siempre la tendencia a la unidad, la tendencia a la personalidad del representante, y a limitar a uno el número de los que deben elegirse en cada circunscripción.

No he tenido la pretensión de asegurar, porque habría asegurado un hecho incierto, que en Inglaterra el distrito uninominal se aplique para la formación de toda la Cámara de los Comunes; he dado la cifra de los representantes elegidos por ese sistema, así como la de los que van a la Cámara elegidos por otros sistemas diversos.

Francia. — En cuanto a la Francia, debo recordar que la nueva tentativa hecha por el ministerio Goblet el año 1895, para restablecer el escrutinio de lista, dió el resultado que debía esperarse, dada la experiencia que la anterior de 1889 había enseñado, de precaverse contra los más graves peligros que debía esperar en su turbulenta vida democrática. La terrible evolución del movimiento boulangerista del 89, está todavía presente en el ánimo de toda la Francia, y todos los espíritus serios que dirigen el movimiento civilizador y político de ese país, que conducen a ese pueblo, admirable por sus virtudes ingénitas, por sus apasionamientos caballerescos, por su gran espíritu de abnegación por la humanidad y las libertades generales de la raza humana, hacia el afianzamiento de un gobierno sólido, de un gobierno que sea al fin el cumplimiento de los anhelos seculares de los grandes fundadores de la república, miran con verdadero horror el fantasma de aquella revolución, iniciada apenas y ya muerta en su germen, por la intensa alarma que produjeron sus amenazas y apartan de toda posibilidad la sanción del escrutinio de lista, a cuyo amparo, como lo reconocen autores que he citado, y los más grandes jurisconsultos modernos de aquel país, se puede entronizar en un momento inesperado la dictadura, la más violenta de todas, la que quisiese levantar sus fundamentos sobre la pasión más palpitante del pueblo francés, tan fácil de inflamarse por las nobles causas, pero también tan fácil de convertirse en simple servidor del despotismo militar.

Ya vendrá el ejemplo de los Estados Unidos, pues que pienso consagrar a la jurisprudencia la mayor parte del tiempo que me había propuesto ocupar la: atención de la Cámara.

El sistema uninominal es más representativo y republicano. — Cuando tuve ocasión de hablar en general de las ventajas del sistema propuesto por este proyecto, me referí a que el sistema uninominal realizaba en la práctica lo más esencial de nuestro régimen de gobierno, que es representativo —y acentúo la palabra, porque tiene su significado jurídico propio— es republicano y es democrático. Representativo y republicano, significan, en el fondo, una misma cosa, desde que es el ejercicio de la soberanía, del gobierno del pueblo mismo por medio de sus representantes, es la participación del pueblo en el ejercicio de su propio gobierno.

Todos los escritores de crítica política están contestes en reconocer que el escrutinio de lista crea un elemento intermediario que, por la práctica y el uso, como todas las cosas, tiende a convertirse en un poder permanente entre el pueblo elector y la asamblea representativa, que es expresión de su voluntad. Crea un segundo grado, pues, entre la representación primaria del elector, respecto de la masa colectiva del pueblo, y el cuerpo electivo o el cuerpo deliberante que debe resultar de las urnas. Este agente Ínter-mediario es el comité, son los elementos políticos, son los reclutadores, que por fuerza deben organizarse en entidad directiva, para imprimir unidad y acción a la masa colectiva de los electores, que no pueden, por medio del escrutinio de lista, individualizar su voluntad y encauzarla por sus propios movimientos personales. Como debe expresarse los votos por listas conjuntas, por sumas abstractas de representación, es fuerza, pues, que existan otras voluntades, otros agentes populares para la preparación del hecho práctico.

Este agente intermediario está reconocido, como he dicho, por los más autorizados observadores de las instituciones políticas; y usando siempre el criterio que me ha guiado en esta Cámara, de suplir deficiencias mías con las autoridades más grandes de la ciencia, ya que jamás podré yo pretender gozar de una mínima parte de la que sólo ellas pueden transmitirme, voy a apoyar estas opiniones en algunas citas, que serán, por lo demás, muy breves.

Opiniones recientes. — Uno de los últimos tratadistas de derecho público y administrativo francés, conocido y respetado por cuantos estudian estas materias, Ducrocq, en la última gran edición de su Curso de derecho público y admi-trativo, en el tomo III, número 876, dice así: “El escrutinio de lista impone los directores de la elección, los comités departamentales, que trazan las listas y constituyen, sin legalidad ni garantía, un doble grado de elección: La libertad del elector, con el sufragio universal directo, no puede existir si no en tanto que el escrutinio es uninominal, por circunscripción electoral”.

Miceli, uno de los más finos observadores y maestros del Derecho Constitucional en Italia, sociólogo, experimental por escuela, dice también estas palabras en su precioso tratado de Derecho Constitucional: “En el estado actual de las cosas, creemos preferible el sistema del colegio uninominal, porque, con preferencia al de lista, tiene un carácter más orgánico. Con el primero, el principio de la representación directa se realiza mejor, porque son más directas las relaciones entre representantes y representados, y el representante está en mejores condiciones para reflejar las necesidades de sus electores. La experiencia, en cambio, ha demostrado que en los colegios extensos vencen las fuerzas que saben mejor organizarse para el mayor daño de la independencia y libertad de los ciudadanos, por lo cual prevalece en ellos, o la influencia exagerada del gobierno, o la tiranía exagerada de los comités electorales”.

Estas mismas opiniones informaban el mensaje que el presidente Sarmiento y su ministro Vélez Sársfield presentaban al Congreso en 1869, para reformar el régimen electoral de la República sobre el mismo sistema que el Poder Ejecutivo, en 1902, presenta otra vez a su consideración.

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Amplitud y universalidad del sufragio. — Si de la elección directa, prescripta en diversos artículos de la Constitución, y en los cuales usa el mismo lenguaje en todas sus partes, pasamos a otro género de consideraciones, a lo que debe ser el ideal de todo gobierno republicano y democrático, es decir, la afluencia al comicio del mayor número de electores, no podemos desconocer que el escrutinio de lista, al crear ese grado intermedio entre el elector y el elegido, o entre el comicio y el Congreso o el colegio electoral, que deben resultar de él, fomenta o facilita el alejamiento del comicio de ese elector, y lo sanciona en realidad, es decir, funda la abstención, el ausentismo, en la misma naturaleza de la institución, que debe prevenir y tratar de evitar, como un verdadero atentado o conspiración contra la existencia del gobierno.

El sufragio —hablemos en el sentido doctrinal —es un deber moral, un deber cívico que deriva de la misma necesidad de la existencia del gobierno; y en una fórmula más clara y más perfecta, debe decirse que si el gobierno debe existir, el sufragio debe ser obligatorio. Si el gobierno es, pues, de existencia necesaria, y no tenemos todavía los elementos jurídicos precisos para establecer el voto obliga» torio, tal como se entiende en las legislaciones modernas, gravando con sanciones penales la abstención, debemos poner en la ley toda la virtualidad necesaria para que el votante se sienta estimulado a ejercer su derecho, para que todos los ciudadanos vayan aprendiendo que tienen el deber de constituir el gobierno, es decir, el deber de deliberar, en la única forma en que la Constitución permite al pueblo argentino deliberar, esto es, en el acto de nombrar su representación.

Proximidad del mandato. — El sistema de lista, pues, aleja, extiende, impersonaliza, disuelve el vínculo que debe existir entre el elector y el elegido; y en cambio, el sistema uninominal acerca el elector hacia su representante, produce fenómenos enteramente contrarios, es decir, que lo acerca, fortaleciendo el vínculo de selección, el vínculo que debe establecerse entre el elector y el elegido. Y cuando la vez anterior hablaba de que la representación era un vínculo de confianza que se asemejaba al mandato en el orden jurídico común, no decía una inexactitud, desde que no es posible admitir que el mandatario, en el orden político, deba realizar la voluntad del mandante, sino hasta el grado en que la Constitución lo ha establecido, que' es hasta crear la relación, hasta formar la representación.

No puede pretenderse, pues, que yo haya querido decir, que se creaba con esto lo que se llama parlamentariamente el mandato imperativo, desde que en la Constitución está claramente determinado que el representante no representa la voluntad de sus mandantes individuales, sino que representa la voluntad de la Nación, y que la suma de los votos por la cual resulta electa la representación colectiva, forma la representación total del pueblo argentino, es decir, la asamblea deliberativa o electiva. Ya veremos, en breve, como se realiza esta conjunción de voluntades para formar la representación colectiva de la Nación, nacida de la votación uninominal.

La posición de las minorías. — Del punto de vista de la representación de las minorías, debo también formular algunas observaciones.

Es muy corriente oír decir a los absolutistas en materia de gobierno e ideas políticas, que las minorías no tienen derecho a gobernar. Yo, para esto, sólo desearía presentar una breve y sencillísima observación a la Cámara.

Nuestra Constitución, establece el sistema de la simple mayoría, como medio de resolver el triunfo en los comicios. Fíjese la honorable Cámara, que si hubiese tres candidatos en un comicio, uno de los cuales hubiese conseguido doce mil votos, otro diez mil y el tercero ocho mil, el primero habría salido triunfante sobre una mayoría de dieciocho mil votos, lo cual es un verdadero absurdo en el régimen fundamental de nuestra democracia.

Esto ha hecho decir a un escritor argentino, que esta vez cito con verdadera propiedad, Estrada, que mientras exista el régimen de la simple mayoría, la representación de la minoría es necesaria en nuestro sistema político; porque no puede reconocerse que pueda una mayoría numérica ser desalojada por una verdadera minoría, si es que la ley o el procedimiento político no han establecido la manera de dar la representación proporcional que esas minorías deben tener en la representación colectiva.

La representación de las minorías, señor Presidente, he tenido ya ocasión de decirlo, ha sido el anhelo de la filosofía política de todo el siglo XIX. ¿Por qué no hemos de admitir, nosotros también, que el haber conseguido, por medio de los sistemas electorales prácticos, hacer efectiva, hacer segura la adquisición de algunos votos por la minoría, en nuestro país, habría sido un verdadero triunfo para nuestro régimen político y para nuestras instituciones? Indudablemente que habría sido mucho mejor, como lo declaré al principio y en el mensaje del Poder Ejecutivo se reconoce, adoptar uno de esos sistemas preciosos, uno de esos sistemas matemáticos que realizan la representación de las minorías por operaciones de este género, por operaciones algebráicas.

Pero he dicho ya y lo repito: es una profunda convicción de mi espíritu, que en nuestro país, de inmensas regiones despobladas, cuyos centros urbanos están separados por grandes distancias, donde la aglomeración de población es un hecho accidental y un hecho intermitente, no se puede traer a la práctica los sistemas que sólo son posibles en agrupaciones o en sociabilidades compactas y condensa-das como la Suiza, la Italia, la Francia, y los mismos estados norteamericanos, donde es verdad que se practica varios sistemas, pues estas sociedades, estados o provincias se toman como campos de experimentación.

En nuestro país, si no vamos a hacer obra de teóricos, obra de ideólogos, debemos buscar sistemas practicados, sistemas probados en territorios semejantes, o en vastas naciones capaces de ser comparadas con la nuestra, o por lo menos, de ser menos exageradas en sus procedimientos de asimilación.

El sistema uninominal aplicado, pues, en vastos territorios, como es el nuestro —-mientras más vasto y más dilatado más fácilmente aplicable, puesto que se singularizan los centros locales, y nuestro país por su historia y por su extensión, es un ejemplo típico de la aplicación de este sistema— en nuestro país, decía, el sistema uninominal producirá los resultados que la ciencia experimental señala en él, es decir, que es el único práctico que asegura la representación de las minorías por los triunfos parciales en distintas localidades de mayorías locales, que no son mayorías en el Estado, haciendo posible, en una o en todas las provincias, la conquista por parte de las minorías generales, de algunos votos, de uno sólo, por lo menos, como decía el gran Kent, hablando de la primera vez que se dió la gran ley de los distritos uninominales en los Estados Unidos.

Si reconocemos, pues, la necesidad de la representación de las minorías en nuestro sistema de gobierno, como no

podemos dejar de reconocerlo, por su naturaleza y las condiciones geográficas, especiales también, de nuestra tierra, no podemos dejar de admitir como un hecho perfectamente realizable, un hecho experimental por su esencia, la realización del régimen uninominal como medio de dar representación, la representación posible y proporcional, a las minorías generales de una provincia, o a las de todas. Con esto, por más que se hiciese verdaderas maravillas de pres-tidigitación matemática, no se llegará a demostrar que una minoría general pudiera ser mayor dentro de una provincia y dentro de un distrito, desde que siempre una mayoría general tendría que agrupar sus elementos en mayor número de centros locales, puesto que una simple mayoría local no puede agrupar en ninguna parte mayor suma de elementos que los que ella misma posee.

II

LA CUESTION DE CONSTITUCIONALIDAD

Voy a ocuparme directamente del análisis estrictamente constitucional; y antes de entrar en este terreno, debo expresar también cuál es mi opinión, y cuál es el estado de la ciencia política actual respecto de criterios de interpretación constitucional en nuestro régimen de gobierno.

Interpretación constitucional. — No son desconocidas, indudablemente, de los señores diputados que hace algunos años se sientan en este recinto, mis ideas respecto de esta cuestión. Con motivo de una discusión que ocupó también muchos días la atención de la Cámara, tuve ocasión de expresar cuál era mi pensamiento al respecto (1). No soy

- (1) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1899, t. I, página 559; Debates constitucionales, tomo V, de estas Obras completas. N. del E.

de los que creen que la Constitución argentina, ni que ninguna constitución sea un lecho de hierro. La Constitución argentina no es un lecho de hierro, porque no ha sido hecha así por sus autores, como voy a demostrarlo; y ninguna constitución sería un lecho de hierro, porque ninguna sociedad es un organismo inmóvil; y mientras existan sociedades humanas, mientras existan organismos, las envolturas o las vestiduras que los cubran tendrán siempre que seguir el desarrollo del organismo o estallar con el crecimiento de las células que progresan y se desarrollan. De manera que los políticos teóricos, abstractos o simplemente literales, que pretenden hacer leyes preciosas, hacen leyes inútiles, sencillamente porque se proponen destruir las leyes de la vida, que son las leyes del progreso, del crecimiento molecular, del desarrollo de toda la materia orgánica.

La clasificación de Bryce. — Se ha hecho, sí, esta división éntre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Bryce la ha establecido en su última gran obra: los Estudios históricos y políticos, libro —permítaseme el paréntesis— más digno de ser citado en apoyo de estas ideas, que el conocidísimo y ya casi excesivamente adulado libro La república americana, más descriptivo y literario, que político y jurídico. Por lo tanto, siguiendo el sistema antiguo de interpretación que yo suelo aplicar a todas las leyes, prefiero siempre los escritores especiales en la materia, y los verdaderamente juristas, a los que son simplemente literarios, por más que unos vayan más hacia las regiones áridas del espíritu, y los otros hacia regiones más floridas: cada uno tiene su aplicación en las actividades humanas.

Aplicado, pues, el criterio jurídico estricto a la interpretación de los estatutos, no podemos sino llegar a la conclusión a que llega el mismo Bryce, al reconocer que, “cuando la opinión pública se manifiesta firmemente en favor de la línea de conducta que el legislador ha seguido al interpretar la Constitución, las cortes de justicia se sienten influí-das por esa opinión, y van tan lejos como su conciencia legal y el sentido general de su profesión les permite, llegando a declarar constitucional lo que el legislador ha hecho. Esto sucede con mayor frecuencia cuando se presentan problemas nuevos de carácter administrativo”.

La Constitución como organismo viviente. — Uno de los últimos autores de Derecho Constitucional americano, Hinsdale, hablando de los sistemas de interpretación de la Constitución, dice también estas palabras gráficas, que por ser tales, voy a permitirme citar:

“Las constituciones prácticas (él dice las constitucio-nes que viven), aun cuando estén en forma escrita, son siempre en gran parte un organismo creciente. Totalmente, o en una vasta medida, los elementos que las componen son el resultado de la historia. Pero, más que esto, las constituciones continúan creciendo aún después de formadas. Ellas no pueden ser escritas en el lenguaje invulnerable de las ciencias fijas. La sociedad cambia, y las constituciones deben cambiar con ella o ser excluidas de la práctica. La constitución que vive, jamás es exactamente la misma que la impresa en el libro. Este crecimiento, que consiste en la adaptación de las antiguas formas a las nuevas condiciones, se realiza por medio del proceso de la interpretación constitucional, donde quiera que sus disposiciones son aplicadas a los hechos de la vida social”.

Ejemplo norteamericano. — Si así no fuera, señor Presidente, no habría podido crecer ese inmenso organismo humano y político que se llama los Estados Unidos; no habría podido desarrollarse después de sus grandes crisis de los años 62 y 98, si no hubiese existido ese espíritu que corre dentro de las cláusulas de la Constitución como la savia dentro de las fibras de la planta, para extenderse a su máxima tensión, y salvar la Unión del descalabro que la amenazara durante la guerra de secesión, en la cual se llegó a declarar, como lo refiere Harrison en su hermoso libro sobre la Constitución, que siempre se prefirió salvar la Nación a salvar la Constitución; ni tampoco la gran conquista de las armas y de su diplomacia, en el año 99, que la ha convertido en una potencia imperial, habría podido tener cabida dentro de las cláusulas estrictas de la Constitución, si no hubiese existido el espíritu amplio, progresivo y perfectamente patriótico de su Corte Suprema, que ha declarado que las conquistas por las armas caben también dentro de los poderes administrativos y territoriales que la Constitución establece.

Y en un orden más intenso, más estrictamente jurídico, hay una cláusula de la Constitución americana, y también en la Constitución argentina, exactamente igual, que da facultad al Congreso para legislar, para reglar el comercio interno y externo. No designa las cosas, las materias que deben caer dentro de estos términos; y se ha discutido muchas veces, si todos estos inventos nuevos que la ciencia trae en auxilio del progreso humano, deben ser considerados como parte de los privilegios del Congreso al reglar el comercio, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono, y quién sabe qué otras manifestaciones útiles que adquirirán esas fuerzas distribuidas en la atmósfera y que la ciencia aprovecha en distintas formas.

Si nosotros fuésemos a declarar que la Constitución no tiene más sentido que el literal, el que le dieron sus autores el día que fué consagrada por la convención, no podríamos regirnos, no podríamos incorporar entre los poderes del Congreso, de los poderes públicos en general, todas estas nuevas manifestaciones de la ciencia, del espíritu humano, de la cultura en todos los dominios del entendimiento.

Ley universal del movimiento. — La ley del movimiento anima todas las masas que forman nuestro universo, desde la más específica,' desde la más infinitesimal, hasta la más vasta de las que constituyen el organismo del mundo. Y ya que la Cámara ha oído hace poco bellísimas figuras e imágenes de verdaderos oradores y verdaderos poetas — si se me permitiese entrar en este campo, vedado a los que no cultivamos estas nobles manifestaciones del espíritu...

Sr. Castellanos. — Por paréntesis.

Sr. Ministro del Interior. — ... podría también emplear alguna de estas imágenes. Así, puede recordarse el hecho de que ni el sol está fijo en el sitio en que por siglos se le ha considerado como punto inmóvil, como el eje fijo del movimiento sideral. El sol también camina y lleva tras sí todo el universo que le sirve de cortejo. Más, para especificar mis ideas en una forma visible y sensible, este movimiento de las instituciones junto con el organismo .social que están destinadas a regir, diría que se asemejan a esas plantas acuáticas, que marchan sobre las ondas majestuosas de nues-nuestros grandes ríos, semejantes a la antigua flor del loto que conducía al olvido, es decir, a la inmortalidad!

En nuestros grandes bosques de la zona tropical, los ríos corren así, arrastrando estos nenúfares, que producen flores hermosas, y flotan constantemente sobre las ondas serenas, hasta desembocar en el océano inmenso. ¿De qué se alimentan estas plantas flotantes? Se alimentan por sutiles y profundas raíces que arrastran y toman el limo que las aguas conducen desde regiones ignotas: marchan con el río mismo, como las instituciones marchan con las sociedades, las primeras alimentándose del limo que las aguas llevan en el fondo, las segundas, alimentándose del limo, más fecundo aun, del alma nacional (Muy bien!).

No podemos admitir, señor Presidente, en el principio del siglo XX, después que el espíritu político y democrático ha realizado tantas conquistas admirables, que las constituciones sean lechos de hierro, vestiduras destinadas a no cambiarse en el cuerpo humano que envuelven. Esto sería contrario, no digo ya a la verdad, sería contrario al más raro de los sentidos humanos, sería lo que Burke ya notaba como defecto fundamental de los espíritus puramente filosóficos.

El criterio histórico. — Pero, como auxiliar poderoso del criterio doctrinal y político, existe el criterio histórico, concretado a la explicación de la cláusula misma. Y cuando me permití, en un incidente que quizá ha tomado mayor importancia de la que en ese momento tenía, insinuar que sería difícil probar la tesis según la cual nuestro proceso de formación política ha sido diferente del de la formación política de los Estados Unidos, dije lo que a mi juicio es una convicción.

El federalismo americano y el argentino. — Sostengo, en presencia de los últimos trabajos realizados por los críticos históricos y juristas de la Constitución norteamericana, que el proceso de la constitución política de nuestro país, de la formación de nuestro federalismo, es paralelo, es concurrente, es semejante, es —haciendo distingos aparte— exactamente igual al de la formación política de los Estados Unidos.

Recuerdo que uno de los últimos analistas de las fuentes de la Constitución norteamericana empieza su libro del año 1894, diciendo que hasta hace -pocos años no se ha estudiado las fuentes de la Constitución de los Estados Unidos. Y Fiske, en uno de sus últimos libros, el que trata de El período crítico de la historia americana, hablando de la confederación, lo expone también con novedad verdadera: y haciendo a un lado el inmenso fárrago de la literatura histórica rutinaria, expone los resultados de investigaciones propias sobre el origen de la formación federativa de los Estados Unidos, contribuyendo a desvanecer falsas nociones propagadas en todo el mundo, y en Sud América especialmente, por autores que escribieron, como Alberdi en 1852, sin un conocimiento completo, como no lo tenían los del propio país, de las fuentes de la Constitución, y como el mismo Estrada, quien con su profunda visión de filósofo político, era nacido para las investigaciones abstractas, pero no se le inferirá una ofensa al decir que no tenía una preparación jurídica específica, bastante para comprender los fenómenos jurídicos en su verdadera significación positiva.

Sr. Carbó. — Y eso ¿no habría que probarlo, señor Ministro?

Sr. Ministro del Interior. — Hablaríamos mucho tiempo si hubiéramos de probarlo.

La Constitución de los Estados Unidos ha llegado a la forma federativa que actualmente tiene por medio de pactos, de aproximaciones de regiones diferentes, mantenidas en disgregación, en disociación durante la época colonial, durante la cual se manejaban directamente con la Corona. No es de la época de la fracasada confederación .de los trece Estados que data el primer ensayo de este género de asociaciones. Ya nos hablan del primer tratado cuadrilátero —que hasta en eso se asemejan a nosotros— de 1642, en que Connec-ticut, New Hampshire, New Haven y Plymouth formaron la primera confederación.

Sr. Carbó. — Lo he citado también.

Sr. Ministro del Interior. — Epoca colonial. De manera que no es esta una novedad, y hasta se puede decir, comparando la época colonial norteamericana con la nuestra, que durante la colonia, nosotros hemos tenido tres períodos diferentes: el de la conquista u ocupación del territorio, por tres corrientes diversas que venían de tres puntos del horizonte: la que venía del lado de Chile, la del Perú y la del océano Atlántico. ¿Cuánto tiempo tardaron estas tres corrientes de conquista para reunirse en el centro del territorio? Y durante ese largo espacio de tiempo, estos centros, estos núcleos de población se mantuvieron desunidos, casi desconocidos entre sí, de donde resultaron estos gérmenes de desunión y tendencias disolventes que muchas veces han puesto en peligro nuestra existencia nacional.

Durante el período intermedio —que así se ha llamado en la historia— entre la conquista y el Virreynato, en ese espacio de tiempo sólo nominalmente dependían estas colonias

del Virreynato del Perú. El hecho de designar el Virreynato del Perú con su capital en Lima, nos está demostrando que los vínculos reales entre estas regiones eran enteramente ficticios, es decir, no existían. Y una centralización igualmente nominal, como se podría probar con muchos casos judiciales, existía en su dependencia respecto de las Audiencias, que también, a su vez, eran regionales.

Virreynato. — El Virreynato, el vínculo político más general que haya existido en nuestro país antes de la revolución, sólo duró 25 años. Fundado por una real cédula que tardó muchos meses en llegar al Río de la Plata, consolidado en 1782, en la letra, por la Real Ordenanza de Intendentes, modificada un año después, apenas fué conocida en las provincias, es decir, en las intendencias, cuando vino el movimiento revolucionario general del año 1810, que disolvió todos esos vínculos y devolvió a la Nación Argentina la posesión natural, originaria, de su soberanía territorial.

No se puede, pues, determinar en qué momento pudo este vínculo político general imponerse como una ley social, como una ley positiva, al cuerpo de la colonia, en el Río de la Plata. No hubo tiempo, y tan no lo hubo, que podríamos llenar muchas páginas con anécdotas y relaciones de viajes interminables, de mercaderes, expediciones de correos que salían pero que no llegaban jamás, por las enormes distancias y por los peligros de los caminos, entregado el país generalmente a las hordas salvajes en esos grandes latifundios de nuestro territorio interior.

No debemos, señor Presidente, entonces, atenernos tanto a la letra de la ley ni de las constituciones políticas, sino cuando esas leyes, esas constituciones se han convertido en carne, se han convertido en hecho social, porque de otro modo no tienen vida. Podrán tener la vida ficticia y violenta de la voluntad del gobernante que la impone, pero si no tienen un arraigo de simpatía en el fondo del corazón humano, de la sociedad que van a regir, esas leyes no existen en realidad.

Período orgánico. — Así se llega al nuevo período que brevemente voy a referir, al de la organización nacional. El año 10 encontró una nación socialmente calificada, como conjunto de habitantes en un territorio determinado, y más o menos consciente de una misión histórica; pero no tenía unidad nacional positiva, ni aquella cohesión social tenía una representación escrita en instituciones prácticas. Este es el proceso doloroso, intermitente y lleno de incidentes sangrientos de nuestra organización federal, impuesto en realidad por la vitalidad propia de las regiones, es decir, regiones geográfica y étnicamente definidas, por su conquista, por su larga vida que, aunando su voluntad política en un deseo de constituir una sola nación, buscan entonces la forma escrita que ha de dar realización a la tendencia colectiva, que puede decirse la de una voluntad nacional, que desean unirse y formar un solo todo, una nacionalidad.

El año 10 encontró a la nación argentina dividida en regiones autónomas, regidas en cuanto a su capacidad política, por instituciones propias derivadas del coloniaje y que todos conocen: los cabildos municipales, únicas formas de organización política que quedaron de la disolución de las colonias, como resto vivo y orgánico, desde que en ese organismo incompleto, informe, como se quiera, eran los únicos donde el alma popular, la voluntad social se manifestaba en alguna forma consciente.

Las primeras asambleas nacionales que fueron elegidas para deliberar sobre los asuntos más trascendentales, sobre la misma existencia nacional, son nombradas por aquellos agentes, únicos agentes corporativos en su unidad. Vienen elegidos por los cabildos, por las ciudades; y a este respecto debo, desde luego, manifestar mi conformidad de opinión con uno de los espíritus más clarovidentes que han existido en nuestro país, aplicados a la investigación de nuestra historia política, con el gran libro El federalismo argentino, de Ramos Mejía, en el cual, y para ahorrar demostraciones mayores, se encuentra comprobada esta tesis de que la formación

federativa argentina ha procedido por el mismo sistema que el de la federación norteamericana.

Unión y unidad. — Por otra parte, señor Presidente, ¿cómo se ha hecho nuestra Constitución?, ¿cuál ha sido el ideal que la Constitución argentina expresa en su preámbulo ? Es la síntesis de nuestra historia desde el año 10 hasta el año 53: 4ícon el objeto de constituir la unión nacional”. ¿Qué quiere decir “con el objeto de constituir la unión nacional” si no se procedía de la diversidad a la unidad? ¡Sí! ¡ha sido el anhelo, el fin de nuestras luchas más sangrientas, la piedra de toque, el obstáculo de muchos grandes desastres nacionales, la aspiración a esta unidad nacional! Y la fórmula de una Constitución nacional consolidada en una unidad de régimen, era la antagónica, negada por el sentimiento federalista argentino. Todos querían la unión; ninguno quería la unidad nacional consolidada. (¡Muy bien!)

De manera que nuestro espíritu nacional, la aspiración de nuestro pueblo se anticipaba ya a realizar la fórmula que el juez Chase tomó de Abraham Lincoln, según la cual la verdadera definición de nuestro federalismo era la unión indestructible de Estados indestructibles, (¡muy bien!); es decir, eran Estados que durante su gestión federativa mantenían su autonomía, desde el momento que usaban de todos los poderes nacionales para tratar y comprometerse en pactos definitivos; pero una vez comprometidos en este pacto definitivo que es la Constitución —no quiero decir con esto que la Constitución es solamente un pacto, pero es también un pacto,— una vez consolidada esta unión de voluntades en el pacto-constitución, todos estos Estados han renunciado a esa parte de autonomía capaz de hacerlos separarse de la Nación, es decir, que la Constitución significa, además de ser un pacto, un instrumento de gobierno según el cual ninguna provincia tiene derecho a separarse del resto de la confederación. Eso quiere decir la unión indestructible de Estados indestructibles. No tenemos, pues, un sistema unitario;

tenemos un sistema federativo; y el solo hecho de decir sistema federativo, acusa la unión de voluntades libres, capaces de contratar y capaces de obligarse.

Luego, pues, la unión nacional se ha formado de entidades diversas, de entidades separadas, autónomas, y ahí está la historia de su proceso desde el año 10 hasta el año 53. Tan es cierto esto, señor Presidente, que las dos veces que el espíritu de consolidación unitaria había triunfado en los estatutos escritos, ese triunfo ha sido sancionado al día siguiente por las más terribles desgracias de que nuestra historia tenga memoria. (¡Muy bien!) La Constitución unitaria de 1819 precedió al lúgubre año 20. No necesito describirlo a la honorable Cámara. Y la Constitución unitaria del año 26 precedió a la disolución nacional y a la tiranía de Rosas, y con esto lo digo todo.

Sr. Leguizamón (L.) — ¡Siempre la misma cosa! La guerra civil defendiendo a los Estados indestructibles; una unidad de Estados, siempre.

Sr. Ministro del Interior. — Indudablemente, es la verdad.

Sr. Leguizamón (L.) — ¡Y ahora tratamos de deshacer esa unidad de Estados dividiéndola en distritos !

Sr. Ministro del Interior.

Concordancias históricas y literales. — Tratamos de dividirlos para que los electores voten con más comodidad (¡Muy bien!)

En una palabra, señor Presidente, la Constitución argentina comparada con la Constitución de los Estados Unidos puede ser definida diciendo: que es la adaptación más feliz de que existe ejemplo entre un estatuto y una sociedad, porque es la coincidencia histórica con los mismos hechos fundamentales. Los hechos más calificativos de la unión en los Estados Unidos se pueden definir y diseñar perfectamente en el proceso de nuestra historia; la misma desunión, la misma confederación frágil, transitoria y perecedera que precede a la Constitución definitiva en los Estados Unidos; la misma confederación pasajera, no consolidada, inestable e insegura del año 52 al año 60.

Era necesario, entonces, un estatuto suficientemente comprensivo, suficientemente amplio para que pudiera contener todos los desbordes de la vitalidad propia de cada Estado y la de todos reunidos al formar una sola nacionalidad.

Los términos conque nuestra Constitución se enuncia a sí misma como estatuto obligatorio son, con pocas palabras de diferencia, los mismos que creyeron conveniente expresar los constituyentes de Filadelfia para llegar a enunciar el suyo a sus conciudadanos y a la posteridad.

No se puede decir, pues, que sean simples declaraciones caprichosas, desde que formaban un estatuto destinado a regir a entidades vivientes, a sociedades reales, a pueblos que estaban divididos por luchas seculares, por rivalidades felizmente desaparecidas.

Sr. Ugarriza. — ¿Si me permite el señor Ministro?

Un paréntesis histórico. — Creo haber notado una equivocación cuando ha dicho que existía una confederación instable comprendida entre el año 52 y el 60, porque el 52 ya tuvimos la Constitución: es decir la Nación Argentina. La confederación efímera fue durante la confederación de Rosas, quien del vínculo nacional sólo retuvo en sus manos el manejo de las relaciones exteriores.

El año 52 nos trajo la Constitución que, con tanta verdad como vigor de expresión, nos la presenta el señor Ministro como el vínculo que nos une a una Nación indestructible formada por Estados indestructibles.

La lógica de las conclusiones del señor Ministro, demuestra que la formación de distritos uninominales no ataca lo indestructible de los Estados.; pero el concepto encierra una epopeya que entra en mis propósitos que se inicie en 1852 y no en 1860, porque sus consecuencias tienen su aplicación y dominan la cuestión de los límites interprovinciales cuya oportunidad podría llegar en cualquier momento.

Sr. Luro. — No era la Confederación.

Sr. Ugarriza. — Tiene razón el señor Ministro al decir que hubo confederación instable, pero fué en tiempo de Rosas.

Sr. Ministro del Interior. — Me refería, señor diputado, y siento no haberme hecho entender, a que el vínculo entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, no estaba consolidado, no era una sola nacionalidad política. Me refería a ese solo hecho. Y la Constitución viene después de la reforma del 60 a consolidar definitivamente la nacionalidad.

Sr. Ugarriza. — La separación de la provincia de Buenos Aires fué un hecho transitorio, que no revistió importancia institucional, pues al reincorporarse aceptó virtualmente la Constitución de 1852, de la que no difiere la que nos rige, sino por detalles, que sólo importan enmiendas, como las que siguieron a la de Estados Unidos.

La confederación efímera fué la de Rosas pues que no unía a los pueblos como Nación.

Sr Ministro del Interior. — Me parece que incurrimos en anacronismo en este momento.

Si me permite el señor diputado, voy a continuar.

Textos constitucionales de sentido extensivo. — La Constitución argentina tiene también como la norteamericana cláusulas en las cuales se puede perfectamente definir que no es una Constitución rígida.

Al Congreso le ha dado poderes tan amplios que le permite adaptarse, en cada situación de la vida, a todas las formas nuevas que la evolución social representa dentro de moldes generales amplios y elásticos, como tienen que ser, puesto que son elásticas las fuerzas del crecimiento social. Le ha dado, por ejemplo, en el inciso 28 del artículo 67, poderes generales para dictar todas las leyes que requieran el ejercicio de sus propios poderes, y los del gobierno en general, y en fin, todos los no limitados por la Constitución misma.

Términos generales como éstos tiene también el artículo 33, en el cual se habla de los derechos no enumerados.

¿Y quién tiene la facultad de enumerar estos derechos, cada vez que la ciencia jurídica, que el progreso social y que la filosofía vengan enseñando a la humanidad derechos que antes no había conocido, o que errores antiguos o máximas negativas se conviertan mañana en verdades o máximas positivas? ¿Quién las incorporará al estatuto? ¿Quién les dará vida activa? El Congreso, porque es el poder soberano, es la expresión del sentimiento y de la cultura general y científica en todos los tiempos.

Luego, si fuéramos a decir que no podemos ampliar los términos del estatuto, a tal punto de poder hacer comprender en él toda la suma de la vida alcanzada en el desarrollo de las instituciones, no nos habríamos dado una Constitución, nos habríamos dado un instrumento de muerte, un instrumento de suicidio. — (El señor diputado Leguizamón hace en voz baja una observación al señor Ministro, la que es contestada en la misma forma por el señor diputado Castellanos).

Sr. Presidente. — Sería conveniente evitar las interrupciones.

Sr. Ministro del Interior. — Elección directa. Bien, señor Presidente. Voy a acercarme al término, y pido disculpa por estas digresiones, estimuladas principalmente por el ambiente de familiaridad de la honorable Cámara.

Había dicho que lo esencial en cuanto a semejanzas en el régimen representativo que contiene la Constitución de Estados Unidos y la de la República Argentina, es la elección directa por el pueblo de los Estados o de las provincias, y creo haber dicho una verdad, al menos hasta el momento en que los elementos de juicio de que disponemos pueden autorizarnos a pensar así.

La elección directa por el pueblo es el lenguaje uniforme de la Constitución. La establece el artículo 37 al decir que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado. Y nótese que es en este artículo donde se define el sistema representativo, donde se establece la base para la formación del Poder Legislativo; de manera que es en él donde debemos ir a buscar el verdadero sentido del estatuto, porque es en él donde expresamente lo ha definido, mientras que en los demás artículos son simples fórmulas de expresión, porque el repetir en todos ellos la misma frase, habría sido diluir el lenguaje...

Sr. Lucero. — Por eso es que no se repite.

Sr. Ministro del Interior. — Así, por ejemplo, en el artículo 41 dice: “por esta vez las legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la nación”; en el 81 habla otra vez de la elección directa de electores del pueblo.

En la Constitución de los Estados Unidos también el sistema fundamental es el de la elección directa por el pueblo de los Estados.

Así, pues, me parece que cuando se trata de hacer una diferencia entre la elección directa por el pueblo de los Estados y elección directa en los Estados o en las provincias, se hace más que una demostración, una verdadera logomaquia. No es este un modo admisible de razonamiento, porque se pierde de vista el sentido fundamental que está en el artículo destinado a definir el sistema en sí mismo.

Distritos electorales. — No creo, pues, deber detenerme en este detalle puramente literal de las preposiciones, como se ha dicho, y me ocuparé del sentido de esta palabra distrito, empleada en la Constitución y aplicada a las provincias como distritos electorales de un solo Estado.

Esta es la grande y fundamental diferencia que los impugnadores del sistema uninominal encuentran entre la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución argentina.

No necesitamos hacer grandes esfuerzos de dialéctica para concluir en que la palabra distrito, de uso tan general en el lenguaje de todos los estatutos y leyes políticas y administrativas, se aplica a casi todas las divisiones territoriales, grandes o pequeñas, destinadas a servir a una función administrativa determinada.

En nuestra misma República, tomados los textos de las Constituciones y leyes provinciales, encontramos esta palabra aplicada a muchas divisiones internas, con distintos significados, con distintos fines. Y en el sentido de los sistemas electorales conocidos, creo poder decir que no se usa la palabra distrito con esta acepción, más que en los Estados Unidos: así, por ejemplo, en Inglaterra es el borough; en Francia, la circunscripción; en Alemania, el círculo; en Grecia, la eparquía; en Italia, el colegio. No tiene, pues, un sentido técnico esta palabra distrito.

Sr. Carbó. — También tienen colegios federales y tienen distritos.

Sr. Ministro del Interior. — No tiene, a pesar de todo, un sentido técnico definido, ni lo podría tener, porque en nuestro país, desde las leyes de Indias, esta palabra se empleaba, como he dicho, para designar divisiones internas, de toda magnitud y de todo destino.

Pero voy a confirmar también mi afirmación, con algunas opiniones, que, me parece, han de merecer el respeto de la honorable Cámara.

Historia y significados auténticos y doctrinales. — Yo sostengo que las palabras distritos electorales de un solo Estado, sólo han significado esto que tuve ocasión de manifestar otra vez que hablé en este recinto: simple manera de designar los límites territoriales de las provincias, que no podían ser destruidos por la carta fundamental, desde que eran las personalidades políticas que entraban a constituir la unión nacional, a formar la Constitución; y por eso no tiene nada de contrario al sentido inicial, al sentido fundamental de la Constitución misma, el que esas provincias sean llamadas distritos, porque las llama así la Constitución, y la ley proyectada lo repite, y no podía oponerse a que la simple operación del sufragio, que es una operación puramente práctica, para su mayor comodidad, para su mayor expedición, que es el ideal del régimen republicano, sea repartida dentro de ese territorio o distrito, de manera a acercar el comicio al elector, realizando el ideal republicano y democrático, es decir, que vote el mayor número y que vote con la mayor facilidad posible.

El Congreso de 1826. — Un miembro del Congreso del año 26, don Valentín Gómez, explicando estas divisiones in-ternas, se vale de estas palabras, que expresan también una forma nueva para designarlas: “Los diputados en Congreso son los diputados de las provincias, es verdad, en el sentido en que se toma el continente por el contenido; los diputados al Congreso son los diputados del pueblo, son los diputados de la masa de los ciudadanos, en quien reside la soberanía originaria. La clasificación que se haga del territorio para reglar la elección, debe considerarse realmente accidental. El derecho de elegir existe en cada ciudadano, y colectivamente existe en la masa de los ciudadanos, masa que se halla distribuida sobre la superficie del Estado en diferentes territorios...”

Sarmiento en los “Comentarios”. — Sarmiento, que ya desde el año 52 tenía la visión de este sistema, hablando en sus Comentarios de esta distribución de los sufragios, dice:

“No tiene por objeto preciso representar los intereses locales de cada sección, pues ésta es función municipal: el objeto es puramente político y es verificar el voto, circunscribir la acción electoral, para hacer efectivos sus resultados”. Es una garantía para esta gran función del sufragio que desde los primeros tiempos de nuestra organización nacional han buscado nuestros hombres públicos más eminentes; pero podría decirse que Sarmiento no era el autor de la Constitución del 52; pero ya fué el autor de ella en 1869, puesto que había sido miembro de la convención reformadora del 60 con Vélez Sársfield, los dos firmantes del informe de la comisión que hizo el estudio de la Constitución federal para adaptarla a las exigencias de la política de Buenos Aires, previamente a su incorporación a la Confederación.

Vélez Sársfield y Sarmiento. — Estos dos autores de la Constitución argentina no creyeron inconstitucional este régimen de gobierno, y dicen estas palabras en su mensaje: “Uno de los vicios más radicales de la ley vigente es el que hace de una provincia entera un sólo distrito electoral para diputados al congreso y electores de presidente y vicepresidente, haciendo casi imposible la manifestación de la opinión pública si no es por el triunfo general de una lista de antemano preparada...”

“En país alguno una gran porción del territorio del Estado con poco menos de un tercio de sus habitantes está sometida a una ley como la nuestra, que hace de medio millón de ellos, distribuidos en ciudades grandes y pequeñas aldeas, campañas y toda clase de poblaciones, un solo distrito electoral para elegir doce diputados o veintiocho electores, los mismos en todas partes, en la ciudad capital como en las subalternas, en las aldeas, como en las campañas”. “¿Por qué medio podrá establecerse esta uniformidad de la opinión sobre un área de 50.000 millas cuadradas —se refiere en particular a la provincia de Buenos Aires— y 40.000 electores? Todas las legislaciones han salvado este inconveniente dividiendo el territorio en tantas circunscripciones como diputados hubieran de nombrar, a fin de que el conocimiento de las personas, las afecciones mismas o las afinidades políticas interesen al elector y lo lleven a la urna electoral a expresar su voluntad”.

Conclusión práctica. — Luego, no es más que operativo el propósito de esta división en distritos uninominales o circunscripciones. Es operativo, porque no se propone sino realizar esto que en la ciencia política se denomina distribución geográfica del sufragio, la manera como los 33.000 habitantes que corresponden a cada circunscripción se acerquen en su mayoría, si es posible, a la urna, y que no queden realizando esta anomalía de nuestro imperfecto sistema de gobierno, de que, en realidad, voten los menos para gobernar a los más. De manera, pues, que este es un sistema de verdad, si bien no de una verdad absoluta, pues soy el primero en reconocer que no es un sistema perfecto, porque los demás sistemas perfectos son verdaderamente inaplicables a nuestro país en el estado actual de nuestra población y dado sú inmenso territorio.

Si, pues, no es otro el objeto que acercar el elector a la urna, es este un sistema de verdad, verdaderamente constitucional, un sistema, más todavía, altamente patriótico, desde que, si en algo puede decirse que hay patriotismo dentro del Estado, es en que la Constitución, que es el único vínculo común a todas las divisiones sociales internas, sea cumplida, sea realizada por la mayor suma de voluntades.

Una cita de efecto. — Me explico la impresión viva que ha producido, como obra de un táctico hábil, la lectura final que hizo el señor diputado por Entre Ríos de un dictamen de la comisión parlamentaria aconsejando el rechazo de los diputados elegidos por la provincia de Buenos Aires al primer Congreso, después de la reforma del año 60 y de su incorporación a la Confederación.

Si hemos de seguir una regla de interpretación aconsejada por los más grandes jurisconsultos, según la cual se debe interpretar las leyes más que por el texto o el comentario inmediato de los que las formaron —y ésto acaso sorprenderá al señor diputado por Entre Ríos,— por la historia del tiempo en que la ley fué dictada, por los acontecimientos políticos que la inspiraron, y sobre todo, por este gran comentario de la experiencia, de los resultados que ella produzca, tenemos que reconocer que el dictamen de la comisión fué el ropaje jurídico bajo el cual se amparó una revolución de alcance político, y que no debe aplicarse a ese documento el análisis literal de sus términos.

La historia escrita de nuestros hombres más eminentes está conforme en esta otra interpretación: que la razón constitucional por la cual fué rechazada la representación de Buenos Aires, fué porque el gobierno de la provincia de este nombre, se resistió a elegir sus diputados de acuerdo con la ley nacional sancionada el año 57, y se obstinó en mantener la vigencia de su ley provincial aun después de incorporada esta provincia a la Nación Argentina.

La dictó en virtud del artículo 14 de la Constitución. Es necesario leerlo otra vez en este caso. “Por esta vez, dice, las legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación. Para lo sucesivo el Congreso estatuirá una ley general”.

La ley general fué dictada el año 56 y la provincia de Buenos Aires no quiso elegir su representación en virtud de la ley nacional; y después de incorporada a la Confederación, quiso todavía elegir de acuerdo con la ley provincial.

Sr. Carbó. — Permítame que le observe que he recordado los argumentos que se referían a la violación de la Constitución nacional. Porque el informe de la comisión, dice: establecida la violación de la Constitución, ya es secundaria la violación de la ley.

Es precisamente por eso que no he querido leer la parte que se refiere a la violación de la ley.

Sr. Ministro del Interior. — Para comprender la razón de ser de esta resolución política constitucional, es necesario recordar que esta misma obligación le estaba impuesta a la provincia de Buenos Aires por los pactos de 11 de noviembre y 6 de junio, en su artículo 5^9, el primero, y 3^9 el segundo, según los cuales la provincia elegiría sus diputados a la Convención constituyente de acuerdo con su ley provincial; pero una vez incorporada regiría para ella como para todas las demás provincias, como lo hacía notar con precisión el pacto de junio, la obligación de someterse a la ley nacional que el Congreso dictara.

¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto cuyos móviles no me toca juzgar, porque no quiero traer a este recinto ningún reflejo de aquellas luchas cívicas que ojalá no vuelvan a producirse en nuestros anales históricos?

La Confederación. — Pero es necesario recordar que aquella Confederación salió de las manos del general Urqui-za, que pesaba sobre ella y le imponía el sello de su grande

«y

autoridad histórica fundada sobre los sucesos que acababa de cumplir este ilustre argentino, que había destruido la tiranía, y que asistía a esta nueva tramitación de la organización nacional, ya con el espíritu quebrantado por las decepciones, y por el exceso de sangre estérilmente vertida entre hermanos.

Pasaba en ese momento el gobierno a otras manos, a las de un hombre nuevo que se iniciaba en la primera magistratura, sin los prestigios del general Urquiza, aunque con todas las esperanzas en sus cualidades de hombre de ~ Estado que sus amigos y el país le reconocían.

¿Diremos, señor Presidente, que el gobierno de la Confederación fué previsor, que los hombres que lo aconsejaban, que constituían su mayoría parlamentaria, estuvieron desacertados al desconocer la diputación por Buenos Aires? No seré yo quien resuelva este problema, pero veamos sus resultados: caída del gobierno del Paraná; una nueva disolución de la República; la batalla de Pavón.

Pero es necesario, porque debo confirmar apreciaciones históricas hechas anteriormente, recordar cuál fué el resultado de esta política.

La batalla de Pavón. — Esta batalla de Pavón se me aparece a mí como una inmensa tela en donde se ve un general que avanza rodeado de un brillante estado mayor, recorriendo el vasto campo de la acción. Otro general, que baja ya como un astro que ha pasado su zénit, como buscando el sitio del horizonte en que ha de realizar su glorioso ocaso, alejándose también en dirección opuesta. Una luz melancólica, una humareda sangrienta, cubren toda la escena. Más que el de una batalla, fué aquel el teatro de una elevada solución patriótica. {¡Muy bien!). Aquellos dos generales en realidad no lucharon: eran dos entusiasmos patrióticos que se condensaban en una solución fundamental, regeneradora para la República Argentina {¡Muy bien!). El general Mitre, que acaso con ese designio no quería trabar batalla sangrienta con su adversario; el general Urquiza, que no quería tampoco empeñarse en resistir a su adversario, y se retiraba tranquilamente a su morada solariega a esperar el fin de sus días. Es conocida la expresión de su sentimiento cuando declaró que estaba cansado de ver derramarse inútilmente la sangre de los argentinos, sin llegar jamás a la consolidación de la unión que él había buscado. (¡Muy bien! Aplausos).

Sr. Presidente. — Si el señor ministro está fatigado, podríamos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Ministro del Interior. — Voy a terminar, señor Presidente.

Las abnegaciones en la Historia Argentina. — He ahí como en nuestra historia las grandes abnegaciones han sido siempre el presagio de las grandes fundaciones institucionales; y así como el general Urquiza, burlando las agudas previsiones de sus adversarios, empleó los últimos años de la vida en asuntos dignos de un gran republicano, así el general Mitre no aprovechó los resultados de su victoria para fundar un poder personal. Su primera inspiración fué concurrir a la organización constitucional de la República; y ahí tenemos aquella conjunción de fuerzas contrarias, que se combinan para producir otro de los acontecimientos más culminantes de nuestra historia! (¡Muy bien).

Así, aquellos dos hombres borraron los errores de aquel pasaje histórico del rechazo de la diputación por Buenos Aires, con sus tristes y sangrientos preliminares que no debo recordar.

No hagamos el análisis respecto de estos hechos, señores diputados que combaten este proyecto, porque tiene cada episodio de nuestra historia, además de su comentario jurídico, un comentario histórico en cuyas profundidades el alma no está siempre dispuesta a sonreír.

Los autores, pues, de la Constitución del año 60, Sarmiento y Vélez Sársfield, no creen inconstitucional la división de las provincias en distritos. Y si el dictamen de la comisión parlamentaria de aquel año cubría con este ropaje jurídico aquel pensamiento político, podemos en cambio —¡son tantas las veces que el error ha triunfado, o que una idea que hoy es errónea ayer fué conveniente ‘y ha sido aplicada sin gran peligro!— afirmar, cincuenta años después, que aquella no fué la verdad constitucional. Cuando hemos visto pasar por este Congreso, cuando hemos visto defender esta tesis a los más eminentes jurisconsultos argentinos, a los comentadores vivientes aún de nuestras instituciones, bien podemos admitir la posibilidad de que aquella comisión parlamentaria pudo estar equivocada.

III

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

Voy a pasar adelante, señor Presidente, y a acercarme al término de esta exposición, en la cual declaro que he suprimido una inmensa parte de material que tenía dispuesto, en homenaje a la brevedad de este debate y a las justas exigencias de esta honorable Cámara por verlo concluido.

Pero debo recordar, así de paso, otros antecedentes de la jurisprudencia de los Estados Unidos y de su legislación, que, me parece, han de llevar al espíritu de la Cámara la

convicción de que este sistema uninominal no se opone al espíritu ni a la letra de la Constitución de aquél ni de este país.

Opinión de Benton. — El año 1824 se presentó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de división territorial en distritos uninominales para la elección de electores de Presidente y Vice de la República. El autor de este proyecto es Benton, él autor de Treinta años en el Senado de los Estados Unidos, obra monumental, memorable, incorporada a nuestra legislación en gran parte, desde que inspiró las más bellas páginas del estadista argentino que a la vez ha tocado las cumbres más altas de la elocuencia, ya fuese en la forma oratoria, ya en la forma escrita. Avellaneda y Benton forman algo así como un alto parentesco en la historia política y legislativa de nuestro país. Y si he de abusar nuevamente de la atención de la Cámara, es porque creo encontrar en las palabras con que él funda su proyecto una persuasión que las mías no podrán jamás expresar.

Después de hacer notar los inconvenientes graves de la falta de uniformidad en el régimen electoral de los Estados Unidos, estudia las varias formas y dice: “Pero al fijarse en alguna, es deber de los hombres de Estado elegir aquella que sea calculada para dar a cada porción de la Unión su parte debida en la elección del primer magistrado, y a cada ciudadano individualmente, una oportunidad apropiada para votar según su voluntad”.

“Esto se realizaría con la adopción del sistema de los distritos. Dividiríase cada Estado en distritos iguales en número al total de votos que debe dar, y el pueblo de cada distrito se gobernaría por su propia mayoría y no por una mayoría existente en otra parte remota del Estado”.

“Esto sería conforme con los derechos de los individuos: porque, al entrar en la sociedad y someterse a ser regidos por la decisión de una mayoría, cada uno retiene el derecho de votar libremente donde quiera que esto sea posible, y de ser gobernado por una mayoría de su vecindad más próxima, y no por mayorías traídas de secciones distantes que vendrían a derribarlo con sus números acumulados”.

“Sería también conforme con los intereses de todas las partes del Estado; porque cada Estado debe tener intereses diferentes en partes diferentes: una parte puede ser agrícola, otra manufacturera, otra comercial; y sería injusto que las más fuertes gobernasen a las otras, o que dos se combinasen y sacrificasen a la tercera”.

“El sistema de los distritos estaría conforme con la intención de nuestra Constitución, que al dar a cada elector un voto separado en vez de dar a cada Estado, un voto de conjunto, compuesto de todos sus sufragios electorales reunidos, claramente entendió que cada grupo de personas al que le correspondiese un elector, tendría el derecho de dar un voto según su propia conciencia ~y su propio interés”.

Legislación. — Si el Congreso no ha creído todavía poder dictar la ley de reforma constitucional que importaría la adopción para la elección de Presidente y Vice de este sistema, nosotros no podemos cargar con esta deficiencia, que nuestra Constitución se ha apresurado a salvar, desde que,-al confiar al Congreso la sanción de una ley general, nos permite perfectamente dividir nuestras provincias en circunscripciones electorales para elegir tanto los diputados como los electorés, en la medida que la Constitución lo hace posible.

Sr. Carbó. — Eso es según la interpretación del señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — En cuanto a la elección de diputados, he citado ya las leyes de 14 de junio de 1842, de 2 de febrero de 1872 y de 7 de febrero de 1891, que fué dictada a consecuencia del último censo para la nueva distribución de diputados con relación a la población. Con este motivo, el Congreso de Estados Unidos establece y repite a cada nuevo

censo, la prescripción de que la elección se hará en distritos geográficos contiguos de un solo representante.

Jurisprudencia. — El caso de Mc. Pherson v. Blacker. — Pero como podría decirse y se ha dicho que no sería conforme con la Constitución este régimen, aun en los Estados Unidos, volveré al caso ya conocido de Mc. Pherson v. Bloc-ker (1), en donde la Suprema Corte no sólo se limita a fallar el caso específico de la constitucionalidad de la ley del Estado en que se establece los distritos para elegir electores de Presidente y Vice, sino que teniendo en cuenta su importancia, y la ventajosa práctica de estudiar ampliamente los problemas políticos que se relacionan con cada caso judicial, iluminando no sólo el caso preciso sino todos los alrededores de la cuestión en debate, ha abierto su opinión clara, y nos va a decir a nosotros mismos cómo debemos entender una cantidad de éstas cosas que hemos visto en el camino, cómo debemos entender el concepto de Estado, cómo debemos comprender la manera cómo se realiza el voto del Estado, etc. En tres o cuatro párrafos, está hecha toda la substancia del fallo.

“Se sostiene, dice, que no era de competencia de la Legislatura establecer esa manera de elección, porque el Estado debe ser considerado como un cuerpo político y unido, por consiguiente debe proceder como unidad y no puede delegar la autoridad en subdivisiones creadas con este objeto; y se arguye que el nombramiento de electores por distritos no es un nombramiento por el Estado.”

“La Constitución de los Estados Unidos, termina, se refiere frecuentemente al Estado como a una comunidad política, como también al pueblo de los varios Estados y a los ciudadanos de cada Estado cuando dice: “Si la Legislatura posee autoridad plenaria para determinar la forma del nombramiento, y puede ejercer ella misma la función del nombramiento con la concurrencia de ambas Cámaras, o según

(1) Véase el Apéndice, IV. la forma que hubiera designado, es difícil darse cuenta de por qué si la Legislatura prescribe, como forma de nombramiento, la elección por votación, debe ser necesariamente por votación general y no por distrito. En otras palabras, el acto del nombramiento no deja de ser el acto del Estado en su integridad por haberse llegado a él por distritos, puesto que el acto es el acto de cuerpos políticos debidamente autorizados para hablar en nombre del Estado, y el resultado combinado es la expresión del voto del Estado, un resultado que se alcanza bajo las disposiciones de la Legislatura a la cual está sometido el asunto.”

Refiere luego cómo fueron presentadas todas las formas imaginables de elección en la convención constituyente, y concluye: “El resultado final parece haber reconciliado esta diversidad de opiniones, dejando a las Legislaturas de Estado el cargo de nombrar directamente, por votación conjunta, o por acción separada pero concurrente, o por elección popular en distritos, o por boletín general, o de otra manera que dispusiera.”

Sr. Carbó. — Así lo dispone la Constitución.

Sr. Ministro del Interior. — Seguramente, y si la Constitución de un Estado en la Unión tiene todos estos poderes, con mayor razón lo tiene el Congreso nacional argentino, que legisla para un solo Estado, que es la Nación, cuando elige sus representantes a la Cámara de Diputados.

Sr. Carbó. — Sometida a la regla proporcional.

Sr. Ministro del Interior. — Y añade más: “que el sistema de distrito fué ampliamente considerado como el más equitativo, y Madison escribió que era este el sistema que tenían en vista los redactores de la Constitución.”

A estas opiniones de la Suprema Corte, que están expresadas en largos fallos, podría agregar las opiniones nunca desautorizadas de Story, que confirman estas mismas ideas generales, así como la opinión de Kent y de Burgess, que se forman en el estudio de esas mismas sentencias; y podría acumular mucha mayor suma de opiniones de autores, si no

me urgiese la necesidad de evitar a la Cámara la molestia de mi palabra.

El sistema uninominal y la educación política. — Voy a concluir, pues, con breves observaciones de otro género, de un género más práctico.

El sistema del distrito uninominal, estudiado a la luz de la experiencia de las demás naciones, ha dado este resultado, que sería, para nuestro país, admirable: la formación de verdaderos hombres políticos, por una figuración larga en la vida parlamentaria.

Uno de los defectos fundamentales de nuestra legislación política, consiste en su instabilidad. Lo reconocen casi todos los que han observado con atención nuestras instituciones; y esta instabilidad procede de la falta de espíritu de continuidad en nuestra legislación, de la falta de continuidad en las funciones públicas de los hombres destinados por su talento, por su educación, por su preparación, a ser, en realidad, conjunta o individualmente, los directores de la civilización nacional.

Y, como contestación experimental a los que sostienen que el escrutinio uninominal rebaja el nivel de los parlamentos, se podría citar el caso de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, en una palabra, de todos los países más cultos del día, en donde la experiencia ha demostrado todo lo contrario. Los hombres más eminentes del siglo XIX en Inglaterra, desde Fox hasta Gladstone, se han formado precisamente elegidos por los más humildes distritos; y en Estados Unidos son admirables los discusos de Blaine, que cada vez que estaba por terminar el período de su diputación iba a visitar su distrito y daba conferencias políticas del más alto interés, con el propósito de vincularse más con sus electores y de ilustrarlos en las cuestiones que se debatían en el parlamento.

Este será uno de los más fecundos beneficios que esta reforma va a producir en nuestro país; es hacer la compenetración del elemento legislativo con el elemento elector; que la juventud que sale de nuestras aulas, lejos de ir a archivarse, diré así, en las oficinas públicas, o de correr tras de los empleos más o menos lucrativos, se mezcle un poco en las agitaciones de la democracia; que luche, que consiga victorias, que le darán no sólo el poder efectivo, sino autoridad moral, que no siempre el empleo da la autoridad si no que es la moralidad del individuo, la lucha, los antecedentes, lo que hace que el hombre lleve su propia autoridad al empleo. (¡Muy bien!).

Si fueran obligados todos los hombres públicos argentinos a difundir en las masas populares su saber, y realizar así el propósito de la Constitución, cuando ha establecido la periodicidad de las funciones; a difundir por todos los ámbitos del país, en sus respectivos distritos, las ideas que han informado al cuerpo legislativo a que pertenecen; a interesarlos en la suerte de la nación; a hacer que todas las leyes nazcan, de esa manera, de la convicción y del calor del sentimiento popular, llevado hasta los centros más distantes por la palabra elocuente y apasionada de sus respectivos representantes, sería formar una verdadera escuela de democracia, y el Congreso se convertiría así en el principal educador y director, haciendo posible la realización del ideal de los fundadores de nuestra nacionalidad. (¡Muy bien!).

Esto será más realizable, porque la subdivisión en circunscripciones permite al mayor número posible de ciudadanos que no gozan de fortuna dedicarse a la vida pública, y así dignificar las funciones y la profesión política, desde que no será ya un medio de buscar empleos, de buscar colocaciones lucrativas, sino un medio fácil de buscar el triunfo de las ideas, de las doctrinas, de los intereses, de las ambiciones legítimas de todos los hombres; porque no se verán obligados a hacer gastos enormes de campañas electorales en toda una provincia, algunas de ellas más grandes que no pocas naciones europeas, y que en cada movimiento electoral tenga

que conmoverse toda la provincia para elegir un solo diputado.

Cuando afirmaba que esta es una ley de paz, de orden constitucional, destinada a destruir para siempre la semilla de las revoluciones y de las rebeliones en nuestro país, como un medio de llegar a las soluciones políticas, decía una verdad comprobada por la historia y confirmada por el testimonio de nuestros grandes estadistas. Es el fundamento que dan Sarmiento y Vélez Sársfield en su mensaje; y si las grandes conmociones revolucionarias nos han azotado desde entonces acá, ¿quién puede decir que no hubiéramos ganado mucho terreno en el camino de suprimirlas para siempre, si hubiéramos adoptado este sistema considerado por todos los juristas prácticos como uno de los que llevan a este resultado?

El sistema uninominal y la representación de los intereses sociales. — Se ha hablado igualmente de la facilidad con que este sistema conduce a la representación de los intereses sociales. Y recuerdo haber citado la opinión de un gran constitucionalista italiano, Palma, quien al juzgar la reforma democrática de 1884 en Inglaterra, decía que el único triunfo que había existido en realidad, era el de los intereses sociales por medio del sistema uninominal que permite reconcentrar en determinados puntos del territorio intereses diversos de colectividades diferentes.

¿Y cuál es el ideal de las clases obreras modernas sino llegar a hacer oir su voz en los recintos legislativos?; ¿y cuál es la causa de las profundas perturbaciones del día sino que las clases obreras no tienen sus representantes en el Congreso? No digo que los congresos formados de otra manera no se inspiren en los verdaderos intereses sociales, sino que no son formados por la acción directa de los intereses sociales, que tiene en cuenta sus representantes todas las veces que son elegidos con ese designio.

No nos debemos asustar ni alarmarnos de ninguna manera porque vengan a nuestro Congreso representantes de las teorías más extremas, o más extrañas, del socialismo contemporáneo. ¿Por qué nos hemos de asustar? ¿Acaso no las conocemos nosotros, no somos también parte de este movimiento de progreso de la sociedad humana? ¿Acaso no formamos parte de la civilización más avanzada? Y tan no debemos alarmarnos, que es mucho más peligrosa la prescin-dencia de esos elementos que viven en la sociedad sin tener un eco en este recinto, que el darles representación, oprimirlos en cierto modo por la fuerza de leyes ficticias. (¡Muy bien!).

Luego, es una manera de acercarnos a la solución del problema social, fundamental, el abrirles una entrada al recinto de la ley. Oigamos el eco de las teorías nuevas, oigamos a la ciencia, y si se quiere, las informes expresiones de sus anhelos más abstractos. Si ellos tienen el derecho de formar parte de la sociabilidad argentina, tienen también el derecho de hacer oir su voz en los consejos del gobierno. (Aplausos).

¿Por qué, señor Presidente, la Inglaterra es la nación que ha llegado más adelante en la legislación social contemporánea? Porque hace veinte años que tiene resuelto el problema de la representación de los intereses sociales. Y en Alemania, igualmente, Bismark la impulsó por esta ruta. Todas las perturbaciones sociales tienen su correctivo en la ley que el parlamento se apresura a dictar inspirado por la representación directa de esos gremios, que no tienen nada de temibles sino cuando no tienen representación, que no tienen nada de temibles sino cuando el legislador no comprende sus intereses, cuando no nace el legislador de su seno mismo, porque esa es la manera como debe darse a esta representación la expresión verdadera de las necesidades sociales.

Sr. Carbó. — Por eso queremos la representación proporcional, para que vengan esos elementos que por este medio no van a venir al Congreso.

Sr. Ministro del Interior. — El sistema de la representación proporcional es un sistema abstracto, matemático, y no designa gremios, ni necesidades, ni ideas, designa números.

Sr. Carbó. — No, señor Ministro; pero bay centros industriales que por esa sola razón podrán venir aquí, si bien no exactamente como en Inglaterra.

Sr. Ministro del Interior. — No creo que podamos aplicar en nuestro país el sistema proporcional, científicamente muy hermoso.

Sr. Carbó. — Pero por este medio no lo conseguirá.

Sr. Presidente. — Recuerdo al señor diputado que el reglamento no permite las interrupciones.

Sr. Carbó. — Es verdad.

Sr. Ministro del Interior. — El sistema uninominal es, pues, la representación de los gremios, por su acumulación espontánea en determinadas localidades, y no es a designio que el legislador ni los directores políticos van acumulándolos en determinados puntos. La ley recoge el hecho producido, la acumulación espontánea de las fuerzas productoras, de las fuerzas activas que se manifiestan en una votación al elegir a su representante; y de esa manera indirecta se realiza el más profundo propósito de la Constitución, que es dar representación en el Congreso, en la formación de las leyes, a la mayor suma posible de intereses, ideas y a todas las tendencias políticas.

Aspiración constante de los políticos argentinos. — Para concluir, pidiendo disculpa a la honorable Cámara por la manera tal vez incoherente con que he expuesto mis ideas en este momento, a causa de la precipitación con que he debido acelerar la síntesis de este discurso, dispuesto como estoy a no molestar más su atención, quiero concluir recordándole todos los votos anteriores expuestos por los más ilustres argentinos, desde los albores de nuestra organización constitucional, hasta el momento en que nos encontramos, en que todos aquellos que han dirigido la opinión parlamentaria o la opinión escrita de la prensa o de los partidos políticos, han estado de acuerdo en pedir para la República como el principio de una era nueva de libertad y de cultura política, la adopción de este sistema, por creerlo perfectamente ajustado al espíritu y a la letra de nuestra Constitución, a la intención de sus autores, y más que todo, por creerlo perfectamente calculado para realizar los propósitos íntimos de nuestro estatuto constitucional relativo a la misión más grande que él se ha propuesto realizar, que es el progreso económico del país y la representación viva y real de todos los elementos componentes de la voluntad nacional.

Propósitos del Poder Ejecutivo. — Debo manifestar también nuevamente que el Poder Ejecutivo, al presentar esta reforma, está inspirado por la más profunda lealtad, por la más íntima sinceridad, buscando la verdad más cercana en el ejercicio de nuestras instituciones políticas.

No tiene el gobierno actual, señor Presidente, ninguna razón de las que caben en espíritus suspicaces, que le impidan ser en esta ocasión perfectamente leal, perfectamente sincero en sus propósitos. Busca mejorar la condición política del país, se propone hacer dar un paso adelante, como

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he dicho tantas veces, a toda la nación en la práctica de las instituciones republicanas, reconociendo que si en la educación política estriba gran parte de ese ausentismo, de ese marasmo, de esa indiferencia cívica que tanto lamentamos todos los argentinos, en gran parte también se debe a la insuficiencia de la ley actual, de un sistema probado con mal éxito durante cincuenta años de nuestra vida intermitente y agitada; y si el sistema es constitucional, si es bueno en abstracto, del punto de vista de nuestra experiencia, no podemos decir que haya dado los mejores resultados, desde que he señalado en la sesión anterior cómo a este sistema se le ha reprochado siempre casi todas las revoluciones que han retardado el funcionamiento normal de nuestras instituciones.

Sr. Leguizamón (L.). — Los hombres han tenido la culpa, que lo han aplicado mal.

Sr. Ministro del Interior. — Valor absoluto del proyecto. — Por otra parte, si algo significa mi colaboración en este asunto, debo protestar ante la honorable Cámara, que sólo he traído aquí, —como un homenaje que debo a este cuerpo, en donde me he formado, y en donde he adquirido las amistades más caras y los estímulos más eficaces de mi vida,— el fruto de todos mis estudios en mi carrera política y en mi carrera universitaria.

No he presentado como colaborador del gobierno, un proyecto perfecto; él está lleno de imperfecciones. Ni como forma, ni como realidad jurídica, es lo mejor que puede hacerse, desde el momento que he empezado por declarar que no me proponía presentar un proyecto científico, sino proponer un proyecto práctico; y cuando se subordina al criterio práctico el criterio científico, las formas literarias, las formas acabadas, como decía Boutmy hablando de las leyes francesas, comparándolas con las leyes americanas torpemente redactadas, pero capaces de hacer la felicidad de los pueblos, ocupan un lugar secundario; y cuando se prescinde de esto y reunen aquellas otras condiciones, son una prenda real positiva de progreso, una garantía de libertad y no una obra ilusoria de doctrina, que no significa otra cosa sino agregar un nuevo engaño a las muchas ficciones sobre las cuales venimos levantando el edificio de nuestras instituciones políticas.

La influencia política. — Por otra parte, señor Presidente, tiene razón el país de pedir al Poder Ejecutivo, por medio de sus elocuentes representantes en este recinto, que sea el principal colaborador en la eficacia de las leyes políticas. Tiene razón, porque los hechos, los ejemplos de los gobiernos tienen a veces más elocuencia que las más bellas formas del lenguaje; y si el Poder Ejecutivo está animado de estos propósitos, como lo ha demostrado en su mensaje y por medio de su ministro en esta Cámara, cuando presentó esta ley, lo hizo porque tenía la firme convicción de que en vísperas de un gran movimiento electoral, del cual debe resultar la renovación de la honorable Cámara y del Poder Ejecutivo en su totalidad, dependerá que la mayor suma posible de Voluntades, la mayor masa posible de la soberanía nacional representada en todos sus matices específicos, concurra a la designación del cuerpo que ha de nombrar el nuevo Presidente de la República, y que este mismo cuerpo sea el reflejo verdaderamente directo establecido por el voto personal de sus electores, de la voluntad popular; y estoy seguro de que si este nuevo sistema es practicado con la intención y rectitud de propósitos conque el Poder Ejecutivo va a proceder, ha de tener el país la suerte de ver nuevamente compuesta esta Cámara de las brillantes intelectualidades que hoy hacen su honor y su orgullo. (¡Muy bien!).

Por el hecho mismo, señor Presidente, de que este Congreso sancione la ley que va a renovar las bases de su existencia, será citada la de esta sanción, como una de las fechas más memorables de la historia política del país, porque será acaso el primer ejemplo de un Congreso que se ocupa con espíritu amplio, con abstracción completa de sus divisiones internas, de remover las causas que obstan a la renovación política del país, con prescindencia completa de los intereses personales, de círculo o de partido.

Al concluir, señor Presidente, debo manifestar el agradecimiento más profundo a la honorable Cámara, por la tolerancia que se ha servido dispensarme durante los largos momentos en que la he distraído, y que quiera conservar esta protesta, que en nombre del Poder Ejecutivo formulo, de que los propósitos de esta ley son realizar una verdadera conquista de la libertad política, acercarnos lo más posible a la verdad de las instituciones republicanas y representativas, y contribuir a que los poderes públicos próximos a renovarse sean la expresión más sincera y más directa de la voluntad nacional.

He dicho. (¡Muy bien! ¡muy bien! Aplausos en las bancas y en la barra).

Sr. Presidente. — Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

V

LEY DE ELECCIONES NACIONALES

LEY DE ELECCIONES NACIONALES

N^9 4161

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY

Título I

De la calidad, derechos y deberes del elector

§ I

DE LOS ELECTORES

t

Artículo 1Q — Para ser elector nacional se requiere:

- a)  Ser argentino o ciudadano naturalizado, y tener dieciocho años de edad;

- b)  No hallarse afectado de ninguna de las incapacidades que esta ley establece;

- c)  Hallarse inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Art. 2’ — Al ciudadano por naturalización se le exigirá al ser inscripto, la exhibición de la carta de ciudadanía.

Art. 3^9 — La edad y lugar del nacimiento se prueban por la partida de nacimiento o su equivalente legal, y tanto estos documentos como cualesquiera otros que en calidad de prueba necesitase presentar el interesado, le serán otorgados gratis.

Art. 4’ — Si hubiera duda sobre la residencia del ciudadano, se comprobará este requisito por la declaración de dos testigos propietarios del cuartel y conocidos del inscriptor.

Art. 5^9 — No son electores nacionales:

l^9 Los menores de dieciocho años;

2^9 Los dementes declarados en juicio;

3^9 Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito;

4’ Los eclesiásticos regulares;

5^9 Los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en asilos públicos, y en general, todos los que se hallen asilados en hospicios públicos, o estén habitualmente a cargo de congregaciones de caridad;

6^9 Los soldados, cabos y sargentos de la tropa de línea, y los agentes o gendarmes de policía.

Art. 6^9 — Están excluidos de la condición de electores:

l^9 Los condenados por sentencia a pena de presidio o penitenciaría;

2^9 Los reincidentes y los condenados por delitos contra la propiedad, por cinco años.

3^9 Los penados por falso testimonio, o por delitos electorales, por cinco años;

4^9 Los que hubiesen sido declarados por autoridades competentes incapaces de desempeñar funciones políticas ;

5^9 Los quebrados fraudulentos hasta su rehabilitación;

6^9 Los que hubiesen sido privados de la tutela o cúratela por defraudación de los bienes del menor o del incapaz, mientras no restituyan lo adeudado;

7^9 Todos aquellos que se hallen bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida;

8^9 Los que hubiesen eludido las leyes sobre servicio militar, hasta que hayan cumplido cuarenta y cinco años;

9’ Los que hubiesen sido excluidos del ejército con pena de degradación, o por deserción, hasta diez años después de la condena;

- 10.  Los deudores por defraudación o malversación de caudales públicos, mientras no satisfagan su deuda;

- 11.  Los detenidos por juez competente, mientras no recuperen su libertad.

§ II

DERECHOS DEL ELECTOR

Art. 7^9 — Ninguna autoridad podrá reducir a prisión al ciudadano elector durante las horas de la elección, salvo el caso de flagrante delito, o cuando existiera orden emanada de autoridad competente. Fuera de este caso, no podrá estorbársele el tránsito de su domicilio al lugar de la elección, o molestársele en el desempeño de sus funciones.

Art. 8^9 — Es prohibido a los funcionarios públicos imponer a los subalternos que estuviesen bajo sus inmediatas órdenes, la manera cómo deben votar.

Art. 9^9 — Toda persona que se hallase bajo la dependencia legal de otra, tendrá derecho a ser amparada en su libertad para dar su voto por el candidato de su predilección.

Art. 10. — A objeto de asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores, el juez nacional, en las capitales o ciudades donde ejerza sus funciones, y los jueces letrados o de paz, respectivamente, de cada sección o lugar de comicio, mantendrán abiertas sus oficinas durante las horas de la elección, para recibir y resolver verbal e inmediatamente, las reclamaciones de los electores que se viesen amenazados o privados del ejercicio del voto.

A este efecto, el elector por sí, u otro ciudadano en su nombre, por escrito o verbalmente, podrá denunciar el hecho ante el juez respectivo, y las resoluciones de este funcionario

se cumplirán sin más trámite, por medio de la fuerza pública si fuese necesario.

Art. 11. — El derecho de sufragio es individual, y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política, puede obligar al elector a votar en grupos de cualquier denominación que fuesen.

Art. 12. — Las garantías proscriptas en las disposiciones anteriores a favor de los electores, son igualmente extensivas para los ciudadanos que por esta ley deben intervenir en la inscripción y recepción del voto.

§ III

DEBERES DEL ELECTOR

Art. 13. — La calidad de elector se comprobará, en todo tiempo, por la Partida Cívica, que la constituirá el certificado extendido por el Registro Civil, en una libreta con varias hojas en blanco, la que podrá ser renovada con todas las anotaciones que contenga, cada vez que su deterioro lo haga necesario.

Art. 14. — Desde la fecha en que quede verificado el primer censo electoral con arreglo a esta ley, no se podrá desempeñar eñ la República, cargo o empleo público, profesional o no, para el que se requiera el ejercicio de la ciudadanía, sin acreditar la calidad de ciudadano con la exhibición de la partida cívica.

Los ciudadanos que desempeñan actualmente dichos cargos, deberán proveerse de la partida cívica, bajo pena de la pérdida del empleo o función que ejerzan, salvo los que se hallasen ausentes del país, los que deberán llenar este requisito a los treinta días de su regreso, en el lugar de su domicilio.

La no inscripción en el registro cívico no exceptúa del desempeño de aquellos cargos públicos cuya aceptación es obligatoria, por reputarse inherentes a la condición de ciudadano.

Art. 15. — Todo ciudadano nativo o extranjero naturalizado, que se hallase en las condiciones del artículo primero, tiene el deber de proveerse de su partida cívica, de acuerdo con las prescripciones de la presente ley.

Art. 16. — Todas las funciones que esta ley atribuye a los encargados de darle cumplimiento, se consideran cargas públicas, y serán irrenunciables, salvo caso de enfermedad o ausencia del respectivo distrito, justificada ante la junta electoral del mismo.

Art. 17. — A los efectos de los artículo 13, 14 y 15, el ministerio del Interior proveerá oportunamente a todas las oficinas del Registro Civil de la república, de un número suficiente de libretas en blanco, y del sello a que se refiere el artículo 112.

Título II

Del Registro Nacional y de la Inscripción

§ I

DE LAS DIVISIONES TERRITORIALES

Art. 18. — La capital y las provincias, como distritos electorales de la Nación, se dividirán, a los efectos de la elección de diputados al Congreso, electores calificados de senadores de la capital y electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la República, en circunscripciones electorales.

Art. 19. — La capital y cada una* de las provincias serán divididas en un número de circunscripciones igual al número de diputados que eligen. Mientras el Congreso no dicte la ley de circunscripciones electorales, el Poder Ejecutivo hará la división en circunscripciones, tomando por base el censo nacional de 1895, el número de habitantes que con arreglo a la Constitución tiene derecho a elegir un diputado y la proximidad de los lugares que comprenda cada circunscripción. El Poder Ejecutivo comunicará al Congreso el decreto que expidiere en el mes de mayo próximo, el cual únicamente podrá ser modificado por ley.

No se alterará la representación de los actuales distritos electorales.

Art. 20. — A los efectos de la inscripción y de la votación, cada circunscripción será dividida a su vez en secciones. Cada parroquia en las ciudades y cada departamento o juzgado de paz en las campañas, formará una sección electoral, sin perjuicio de las mayores subdivisiones establecidas actualmente en las parroquias o departamentos.

Art. 21. — Cada circunscripción elegirá un diputado al Congreso; elegirá del mismo modo dos electores de Presidente y Vicepresidente de la República, y en conjunto con las demás circunscripciones del distrito, cuatro electores por el duplo del número de senadores.

Art. 22. — La Cámara de Diputados practicará el sorteo de las circunscripciones que correspondan a la próxima renovación. Este sorteo servirá de base para las renovaciones sucesivas y para las elecciones parciales.

Art. 23. — Si por cualquier motivo llegara a alterarse el número de diputados correspondientes a un distrito, de manera que no fuera posible distribuirlos en las circunscripciones respectivas, la elección de los diputados sobrantes se hará por todo el distrito.

§ II

DE LA FORMACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO

Art. 24. — El registro o padrón cívico es permanente y será ampliado cada cinco años, sin perjuicio de la acción que todo elector tiene para pedir en cualquier tiempo su inclusión o la eliminación de otro indebidamente inscripto, y la aplicación de las penas correspondientes.

Art. 25. — El registro o padrón cívico será formado por comisiones inscriptoras compuestas de tres ciudadanos de los mayores contribuyentes territoriales, las que serán constituidas por el siguiente procedimiento:

1’ En la capital de la República y en la de cada provincia se formará una junta compuesta del juez federal (donde hubiese más de uno, el más antiguo, y en su defecto el de más edad), del presidente del tribunal de justicia local (en la Capital el de la Cámara de Apelaciones en lo Civil) y del presidente de la legislatura (en la Capital el del Concejo o Corporación Municipal), la que se denominará Junta Electoral de Distrito;

2^9 Son reemplazantes legales del juez federal, donde hubiese varios, uno de los otros, por orden de antigüedad; y a falta de éstos, donde no hubiese más que uno, su reemplazante;

3^9 Serán reemplazantes legales del Presidente del tribunal superior en las provincias, el vocal más antiguo del mismo, o el de mayor edad, si hay varios de igual antigüedad; y en la Capital, el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Criminal, y en su defecto, el vocal más antiguo de ambas cámaras, como en el caso anterior;

4^9 Serán reemplazantes legales del presidente de la legislatura y del presidente del concejo municipal, los substitutos respectivos según las constituciones o leyes orgánicas correspondientes;

5^9 Actuará como presidente de la junta electoral de distrito el juez federal y como secretario, que autoriza sus actos, el secretario del mismo; en defecto de éste, el del superior tribunal, y en su reemplazo, un abogado o escribano designado por la misma junta;

6’ Las juntas electorales de distrito se reunirán durante los días 16, 17 y 18 de setiembre en sesión pública, en el recinto de la Legislatura (en la Capital en el de la Cámara de Diputados), y procederán al sorteo de las comisiones inscriptoras de cada sección electoral. Estas se compondrán de tres miembros titulares y tres suplentes, numerados correlativamente a los titulares por el orden del sorteo. A cada comisión se le designará el radio en que deba desempeñar su mandato;

7* A los efectos del inciso anterior, el jefe, director o administrador de rentas de cada distrito, formará la lista de los quince ciudadanos mayores contribuyentes territoriales de cada sección, departamento, partido o parroquia, con residencia en ellos, que no sean empleados públicos y sepan leer y escribir, expresando la cuota que paguen, y la remitirá a la junta electoral del distrito antes del 15 de agosto. Esta ordenará su publicación por la prensa, o por carteles fijados en parajes públicos, del 16 al 31 de agosto, a los efectos del inciso 8^9 de este artículo;

8^9 Durante los quince días de la publicación, cualquier ciudadano podrá observar estas listas por haberse incluido en ellas nombres que no deben figurar, o por haberse omitido otros indebidamente. Estas observaciones serán dirigidas por escrito, en papel simple, al presidente de la junta electoral de distrito, debiendo el secretario de la misma recibir con cargo la comunicación que las contenga, otorgando recibo si se pidiere;

9’ Las juntas electorales de distrito se reunirán del Io al 15 de setiembre con la frecuencia necesaria, para substanciar los reclamos y resolver las substituciones, pidiendo nuevas listas de mayores contribuyentes, si los eliminados pasaran de seis, y en caso contrario, hará el sorteo con la lista de los restantes. Las resoluciones serán publicadas del 19 al 30 de setiembre.

§ III

DE LAS COMISIONES INSCRIPTORAS

Art. 26. — La comisión inscriptora dividirá primeramente la sección, departamento, partido o parroquia que le corresponda, en cuarteles, formándolos en las poblaciones urbanas por grupos de dos a seis manzanas, o por divisiones mayores según la densidad de la población, y en las campañas por cualquier otra división apropiada al trabajo de una subcomisión de tres personas, o al de un solo inscriptor, que deban desempeñar su mandato en el término de tres días.

Art. 27. — Concluida la división en cuarteles, la comisión procederá, acto continuo, a nombrar, por mayoría de votos, una subcomisión o un solo inscriptor para cada cuartel, debiendo ser elegidos ciudadanos mayores de edad, que sepan leer y escribir.

Art. 28. — La comisión inscriptora hará publicar inmediatamente la designación de cada cuartel y el nombre de los inscriptores que le correspondan.

La publicación se hará por medio de carteles fijados en los vestíbulos de las iglesias, en los locales donde la comisión funcione, o en los periódicos o diarios.

Art. 29. — Los nombramientos de los inscriptores y las citaciones para que concurran al lugar determinado, en día y hora fijos, para recibir los formularios con que deban desempeñar su mandato, serán distribuidos por el correo, usando el sistema de expreso, donde estuviese establecido, o el de carta certificada con recibo de retorno. Donde no hubiese este sistema de correo* la policía estará encargada de la distribución, requiriéndose recibo del funcionario a quien se entregue los pliegos para ser distribuidos, el cual, a su vez, lo requerirá de cada uno de los inscriptores a quienes fueron dirigidos.

Art. 30. — El Ministerio del Interior proveerá oportunamente y en cantidad bastante, a las juntas electorales de distrito, de los formularios de la inscripción, los que deberán llevar el sello del ministerio;

Estos formularios contendrán las divisiones necesarias para colocar el número del inscripto, el nombre y apellido, la edad, el lugar del nacimiento, estado, profesión u oficio, si es ciudadano argentino o ciudadano naturalizado, la calle y el número del domicilio en los centros de población, y en la campaña el número o nombre del propietario del terreno o población que habite y si sabe leer y escribir, debiendo dejarse un margen ancho para anotar las alteraciones que se introduzca por fallecimiento, cambio de domicilio, ausencia o suspensión del derecho electoral.

Las comisiones inscriptoras anotarán en cada formulario el número del cuartel y el nombre del inscripto, y lo sellarán con un sello oficial.

Art. 31. — La comisión inscriptora deberá reunirse públicamente en la cabecera de la sección, y en el local que designe para el desempeño de su mandato, todos los días desde el 15 al 30 de noviembre, y desde las cuatro hasta las siete p. m.

Art. 32. — Los titulares y suplentes de las comisiones inscriptoras, están obligados a concurrir diariamente al local designado para las reuniones y a la hora designada para abrirlas.

La comisión se constituirá en la primera reunión con el número de titulares presentes, y en defecto de éstos, con los suplentes de los números que correspondan; y nombrarán su presidente por mayoría de votos.

En las reuniones sucesivas, los titulares ausentes, al abrir el acto, serán reemplazados por los suplentes en la forma establecida.

En el caso en que no esté el suplente que deba reemplazar por la correlación numérica a un titular, entrará el suplente que sigue en el orden establecido.

§ IV

DE LA INSCRIPCIÓN

Art. 33. — Los inscriptores de cuartel procederán simultáneamente en toda la República a levantar el padrón electoral quinquenal, los días 1% 2 y 3 de diciembre, desde las 8 de la mañana, ocurriendo personalmente al domicilio de cada ciudadano, quien no podrá negarles los datos que reclamen para el cumplimiento de su mandato, bajo las penas establecidas en esta ley.

No son domicilios a los efectos de la inscripción: los conventos, las cárceles y asilos públicos, a menos de buscarse a los empleados que habiten en ellos.

Art. 34. — Serán inscriptos todos los ciudadanos que reunan las condiciones establecidas en los artículos l^9 al 4^9, debiendo entregárseles en ese acto un certificado que les servirá para recoger la partida cívica a que se refieren los artículos 13, 14 y 15.

Art. 35. — Siempre que se negase un inscriptor a inscribir a un ciudadano por falta de algún requisito legal, o por encontrarse en algún caso de inhabilidad, deberá certificar esa negativa en una boleta impresa, exponiendo la causa. Este certificado será entregado al ciudadano para que ejercite los derechos que le corresponden.

Art. 36. — En caso de que uno o varios inscriptores de cuartel no desempeñasen sus funciones en los días señalados para hacer el padrón, la comisión inscriptora adoptará los medios oportunos para obligarlos al cumplimiento de su deber, o para reemplazarlos en su caso, a la mayor brevedad, no pudiendo por ningún motivo, demorar la operación por más de cinco días.

Art. 37. — Concluida la inscripción de cada día, los inscriptores firmarán cada uno de los pliegos, y en el día los enviarán directamente a las comisiones inscriptoras, las cuales se reunirán con la premura necesaria y formarán una lista de los electores de la sección, siguiendo estrictamente el orden de los cuarteles y el que los electores tengan en cada lista especial. Aquella lista deberá ser terminada y publicada antes del 15 de diciembre,

Art. 38. — La publicación del padrón así terminado, se hará del modo prescripto en el artículo 28 o en hoja impresa, que se distribuirá gratuitamente a quienes lo soliciten.

Art. 39. — Todo elector que por cualquier causa no hubiese sido inscripto durante los días designados en el artículo 35, podrá acudir a la comisión inscriptora de su respectiva sección, hasta el 15 de diciembre, a solicitar su inscripción, llenados todos los requisitos de la ley.

§ -V

DE LAS TACHAS

Art. 40. — Desde el l^9 hasta el 15 de enero, se abrirá un período para las reclamaciones por falta de inscripción o por inscripción indebida, que se deducirán por escrito en papel simple, ante las comisiones inscriptoras de las secciones a que el reclamante o el tachado, según el caso, pertenezca.

Ellas fallarán en conciencia dentro de los cinco días, debiendo expresar los informes y diligencias en que fundan sus resoluciones.

La prueba de la tacha corresponde al que la deduce.

Art. 41. — De todas estas resoluciones o fallos, podrá apelarse ante el juez federal, y si hubiere más de uno, ante el más inmediato, y en los demás casos, ante el más antiguo. Su fallo, que es inapelable, se comunicará a la junta electoral del distrito a sus efectos.

Art. 42. — En el juicio especial de tachas, tanto las comisiones inscriptoras como el juez federal, en su caso, procederán breve y sumariamente, habilitando períodos y horas si fuese necesario. Todos los procedimientos serán gratuitos y en papel simple.

Art. 43. — Resueltas las tachas presentadas, las comisiones inscriptoras formarán el padrón de cada sección, dividiéndolo en series numeradas de 200 electores, siguiendo estrictamente el orden de los cuarteles y el que los electores tengan en cada lista, y lo remitirán con las seguridades necesarias, y acompañado de las listas originales de los inscriptores, a la junta electoral de distrito. Esta rectificará las listas según las resoluciones del juez federal, y dispondrá que se saque tres copias del padrón cívico de cada sección.

Art. 44. — El padrón cívico definitivo será publicado íntegro en cada sección desde el 15 hasta el 31 de enero.

§ VI

CONTINUACIÓN DEL REGISTRO

Art. 45. — Una de las copias a que se refiere el artículo anterior, será remitida a la Cámara de Diputados de la Nación, y a la de Senadores, cuando se trate de elecciones de esa clase en la Capital y de electores de Presidente y Vicepresidente de la República; la segunda, será conservada por la junta electoral del distrito respectivo, y la tercera, se enviará al jefe de la oficina central del Registro Civil de la Capital y de cada provincia; y donde no hubiera oficina central, será enviada al gobernador de la respectiva provincia, para que estos funcionarios la distribuyan por circunscripciones, o secciones, remitiendo la copia de cada circunscripción o sección a una de las oficinas del registro civil de la misma, la que será considerada oficina permanente del Registro Cívico nacional, con los deberes y atribuciones que en esta ley se establece.

Art. 46. — Las reclamaciones a que diese lugar posteriormente el padrón cívico, podrán interponerse en los años

siguientes al de su formación, desde él l^9 de junio hasta el 31 de octubre de cada año, ante las oficinas del registro civil, y en defecto de éstas, ante el juez de primera instancia o de paz de las secciones de la circunscripción.,

Art. 47. — Los jefes o encargados del registro civil en la República, son las autoridades a quienes esta ley atribuye el deber de otorgar la partida cívica de que habla el artículo 13, la que debe ser expedida después de recibido el primer registro, o después de cerrados los respectivos períodos de tachas, tanto para los inscriptos en el empadronamiento quinquenal, como para los que se presentaran con posterioridad solicitando su inscripción.

La partida cívica deberá expresar el número y mesa que le corresponden. Podrá renovarse en todo tiempo las partidas cívicas deterioradas por el uso o extraviadas. En caso de cambio de domicilio, se anulará la inscripción y partida a petición del elector, y se le dará un certificado para que pueda inscribirse en otra circunscripción, debiendo hacer constar en él, la última fecha en que votó el elector, la que será anotada en la nueva partida cívica. En caso de extravío, se anotará en la nueva partida cívica que el elector votó en la elección anterior. La partida duplicada anula la primitiva. Las partidas cívicas serán entregadas a los que presenten el certificado a que se refiere el artículo 34.

Art. 48. — El padrón será exhibido en un cuadro en la oficina del jefe del registro civil, y se admitirá la inscripción de las personas que justifiquen su derecho personalmente, agregándolos, según su domicilio, a las series de la sección.

Art. 49. — La lista de los inscriptos en el padrón cívico durante el período de su reapertura, será publicada cada quince días en las oficinas respectivas por medio de cuadros, o en los periódicos o diarios locales.

Art. 50. — Desde la primera publicación quincenal, queda abierto el juicio de tachas, que puede ser iniciado en la forma establecida en el capítulo V, título II, no solamente para los nuevos inscriptos sino para todo el padrón cívico.

El 31 de octubre quedará cerrada la fiscalización del padrón general hasta el l^9 de junio del año siguiente.

Art. 51. — En la renovación quinquenal se inscribirá a todos los que en ese tiempo hubiesen alcanzado o recobrado la capacidad legal de electores, o se hallasen por cualquier causa fuera del registro o padrón cívico.

Art. 52. — Las exclusiones y tachas por inscripción ilegal, serán resueltas por los funcionarios respectivos en la misma forma legislada para las comisiones inscriptoras. Sus resoluciones serán apelables dentro de los cinco días de notificadas, ante los jueces de sección respectivos, quienes comunicarán sus fallos a las juntas electorales de distrito.

Art. 53. — Los jefes del registro civil ordenarán la publicación de las nuevas inscripciones o de las inscripciones anuladas, en la misma forma establecida en el artículo 49, y remitirán una copia de la lista definitiva a la junta electoral del distrito para que se agregue al padrón cívico.

Título III

De las Asambleas Electorales

§ I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Convocatorias, constitución de las mesas

Art. 54. — Las elecciones de diputados al Congreso, para la renovación bienal de la Cámara, tendrán lugar el segundo domingo de marzo en todos los años de número par; las elecciones extraordinarias para llenar vacantes que ocurran dentro de los períodos ordinarios, se efectuarán en los días festivos que designe la convocatoria.

Art. 55. — En cada distrito electoral la convocatoria a elecciones de diputados de la Nación, de electores de Presidente y Vicepresidente y de senadores por la Capital, será hecha por el Poder Ejecutivo de la respectiva provincia, o por el de la Nación en su caso, por lo menos dos meses antes del día señalado para el acto electoral.

La de electores de Presidente y Vicepresidente será hecha tres meses antes, en las siguientes condiciones:

1* La convocatoria deberá expresar en todos los casos el número de diputados o electores a elegirse en cada distrito, y las circunscripciones del mismo que deban votar;

2* Cuando no hubiese podido realizarse la elección en el día designado, o hubiese sido anulada, ella sólo podrá tener lugar previa convocatoria;

3’ Las convocatorias serán publicadas y circuladas inmediatamente en cada circunscripción, ya sea en los diarios y periódicos,. donde los hubiere, ya en carteles u hojas sueltas que se fijarán en parajes públicos, ya por bandos que leerán los jueces de paz en los lugares donde no fuese posible otro medio de publicidad.

Art. 56. — Desde el primer día de la publicación de las convocatorias, la junta electoral de distrito, de que habla el artículo 25, inciso l^9, se ocupará de formar las listas de electores correspondientes a cada mesa receptora de votos, a cuyo efecto tomará los datos de las oficinas del padrón cívico, y se observará además, las siguientes reglas:

1* Cada serie de doscientos electores, o fracción mayor de cien, sufragará en una sola mesa, y las fracciones menores de cien votarán en la última serie;

2* Dentro de los tres días siguientes al de la publicación del padrón cívico definitivo, las juntas electorales de distrito remitirán al Poder Ejecutivo de la respectiva provincia, y en la Capital de la República al ministerio del Interior, las listas correspondientes a cada mesa, para su inmediata publicación en todos los sitios accesibles al público que se designe al efecto.

Art. 57. — Al mismo tiempo y con los mismos datos anteriores, las juntas electorales de distrito designarán con número de orden, y por sorteo entre todos los inscriptos de cada serie que sepan leer y escribir, cinco ciudadanos como titulares y cinco como suplentes, para formar las mesas receptoras de votos de cada serie, cuyas nóminas serán publicadas separadamente, en la misma forma que las listas de electores.

Si en una serie no hubiese diez electores que sepan leer y escribir, se hará el sorteo entre los inscriptos en otras series del padrón cívico.

Los escrutadores así designados, votarán ante la mesa en que funcionen, lo que se hará constar en el acta.

Art. 58. — Desde la publicación de las listas de electores y nómina de escrutadores hasta el 20 de febrero, toda persona hábil para elegir, según las cualidades exigidas por esta ley, puede presentarse ante la respectiva junta, por escrito y en papel simple, a observar ambas listas, a cuyo objeto sólo serán admisibles las siguientes denuncias:

1* Inclusión de nombres no inscriptos en el padrón cívico;

2* Exclusión indebida de electores inscriptos;

3* Alteración del orden en que se hallan inscriptos en el padrón.

Toda denuncia que no contenga los nombres propios de los electores que se dicen incluidos o excluidos indebidamente, y demás requisitos enumerados en este artículo, será rechazada de plano y sin apelación.

Art. 59. — Oídas las denuncias y resueltas breve y sumariamente, y hechas las modificaciones que de ellas resultare, la junta electoral de distrito las mandará publicar en carteles, con la anticipación necesaria, para que sean conocidas por lo menos tres días antes de la elección.

Art. 60. — El sorteo de escrutadores será practicado en sesión pública, anunciada con tres días de anticipación. El resultado se comunicará a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso en su caso y al poder ejecutivo de la provincia, para su comunicación a los nombrados. No será admitida a su respecto objeción alguna de manera que se suspenda, estorbe o impida la celebración de la elección, pero quedará a salvo:

1’ La acción por fraude electoral ante el juez competente ;

2^9 El derecho de protestar de la regularidad del sorteo con las comprobaciones del caso;

3^9 La solicitud ante la Cámara o el Congreso, fundada en la protesta sobre anulación de la elección.

Art. 61. — La función de escrutador se considera carga pública y no puede ser renunciada, salvo impedimento fundado, a juicio de la junta electoral de distrito.

Los nombramientos serán distribuidos en la forma que prescribe el artículo 29.

§ 11

INSTALACIÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS

Art. 62. .— Para el funcionamiento de las meses receptoras de votos, y a objeto de que pueda tener fácil acceso al comicio, el mayor número posible de electores, y procurar la mayor centralización, se elegirá sitios' amplios y cómodos en los cuales puedan instalarse dos mesas como máximo. A este respecto, y mientras no sea posible disponer de sitios especiales, se dará preferencia por su orden y según las localidades :

l^9 A los atrios de las iglesias;

2^9 A los portales de los juzgados de paz;

3^9 A los frentes de los edificios escolares;

4^9 A los establecimientos del Estado, que no sean cuarteles, comisarías de policía .o residencia de fuerzas armadas de la Nación o de las provincias.

Art. 63. — La distribución de las mesas para la aplicación de esta ley se hará en la Capital de la República por el Ministerio del Interior, y en las provincias por los respectivos gobernadores, en presencia de los resultados del censo electoral y de las series del registro o padrón cívico que formen las juntas electorales de distrito, debiendo quedar ésta como distribución permanente, sin perjuicio de las modificaciones parciales que la práctica aconsejare en adelante.

El número y local de las mesas se hará conocer del público, por lo menos quince días antes de la elección, en la misma forma indicada en el artículo 28.

Art. 64. — En todos los recintos designados para la lección, se fijará en lugar visible y de fácil acceso, impresas en carteles, las listas definitivas de electores por series y las de escrutadores.

Art. 65. — Las juntas electorales de distrito cuidarán de que cada mesa receptora tenga en el día de la elección, las mesas y las sillas necesarias, dos ejemplares de esta ley, papel en blanco, lacre, tinta y plumas en cantidad suficiente. Estos útiles serán conservados por la policía de la localidad a disposición de las juntas.

Art. 66. — Entregarán también a cada mesa receptora los registros o padrones cívicos que sean necesarios, impresos en cuadernos en la forma siguiente:

“Elección de... Provincia de... Circunscripción electoral número... Sección (tal) mesa número... En... (fecha) a las (horas) de la mañana; reunidos los escrutadores... (nombres de los mismos) designados como titulares y suplentes de esta mesa receptora de votos, se procedió a la elección de presidente de la misma, recayendo por... de votos en el escrutador don... Exigido el juramento que prestó cada escrutador ante el Presidente, por Dios y por la Patria, de desempeñar fielmente su deber cívico, juró aquél ante los escrutadores en la misma forma.

Firmada esta parte del acta, se comenzó en seguida la recepción de votos a los siguientes electores”:

Número de la inscripción

Nombre del elector

Por quien vota

Observaciones

El número de registro o padrón, y el nombre del elector estarán impresos.

Terminada la lista de electores continuará la fórmula impresa en los siguientes términos:

“Siendo las... (horas) de la tarde, el presidente declaró terminado el acto electoral, y nó haciéndose observación por los señores escrutadores, a ese respecto se procedió a pasar raya en las líneas correspondientes a los electores que no han votado, resultando electos (fulano) con tantos votos, (zutano) con tantos.

Con lo qué terminó el acto, firmando el presidente, los escrutadores y testigos presentes.”

§ III

DE LA VOTACIÓN

Art. 67. — El día señalado para la elección, a las ocho de la mañana, se reunirán en el local designado a cada mesa receptora de votos solamente los escrutadores titulares y suplentes de la misma; prestarán juramento ante el de más edad, y éste ante cualquiera de los otros; nombrarán por simple mayoría un presidente, y llenarán el acta impresa que será firmada por todos.

Art. 68. — Cada mesa funcionará con cinco escrutadores como máximo y tres como mínimo. Los suplentes serán llamados en el orden en que se hallen en las listas de su nombramiento.

Art. 69. — Sin perjuicio de los deberes inherentes a su cargo, relacionados con el orden público general, un empleado de policía se pondrá con los agentes necesarios a las órdenes del presidente de cada mesa a objeto de mantener la regularidad y libertad en el acto electoral y hacer cumplir sin demora las resoluciones de la mesa.

Art. 70. — La mesa admitirá un fiscal en representación de cada partido político organizado, o de cada candidato públicamente proclamado. Los fiscales deben estar inscriptos, y hallarse en el momento de la elección en el pleno goce de sus derechos políticos.

Art. 71. — Después de admitidos los fiscales, se procederá acto continuo a recibir el voto de los escrutadores titulares, de los suplentes y de los fiscales presentes, y retirándose los suplentes que no deban formar parte de la mesa en ese carácter, se dará comienzo al acto público del sufragio.

Art. 72. — Dentro del recinto del comicio no podrán aglomerarse más de diez electores, ni podrán aproximarse a la mesa, a objeto de votar, más de cuatro.

Art. 73. — La emisión del voto se ajustará a las reglas siguientes:

l^9 Cada elector presentará al presidente de la mesa su partida cívica, y dará el nombre o nombres de las personas por quienes vote, de viva voz, o por escrito, o en boletín impreso. El presidente hará inscribir el nombre de los electos en el registro, a continuación del nombre del elector, y pondrá en la partida cívica la anotación votó y la fecha;

2’ Cada elector votará por un solo diputado, o por dos electores por la circunscripción y cuatro por el distrito, en caso de elecciones para senadores por la Capital o de Presidente y Vicepresidente de la República;

3^9 En el acto de la elección no se admitirá de persona alguna, discusión ni observación sobre hechos extraños a él, y respecto del elector, sólo podrá admitirse las que se refieran a su identidad, o al hecho de haber votado en la elección anterior de diputados en otra circunscripción, lo que debe resultar de su partida cívica.

Estas objeciones se limitarán a exponer netamente el caso, y se resolverá acto continuo por mayoría, por la admisión o rechazo del elector.

Art. 74. — Las elecciones no podrán ser interrumpidas, y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresará en el acta el tiempo que haya durado la interrupción. Terminarán irremisiblemente a las cuatro en puirto de la tarde.

Art. 75. — Son atribuciones y deberes de la mesa:

1? Decidir inmediatamente por mayoría todas las difi- -cultades que ocurran, a fin de no suspender su misión;

2Q Ordenar el arresto de los que cometan alguna ilegalidad o engaño, poniéndolos inmediatamente a disposición de la autoridad competente;

3’ Hacer retirar a los que no guarden el comportamiento y la moderación debidos.

§ IV

DEL ESCRUTINIO

Art. 76. — A las cuatro de la tarde hayan o no votado todos los electores, el presidente de la mesa declarará termina-

da la elección. Si no hubiese reclamación sobre la exactitud de la hora, o salvada por mayoría lasque se hiciere, se procederá como lo establece el artículo 66, a pasar raya en la línea de las listas correspondientes a los electores que no hayan votado; se consignará el número de sufragios a favor de cada candidato y se firmará las actas.

El presidente de la mesa dará a cada fiscal o elector que lo solicite, un certificado firmado del resultado de la elección.

Art. 77. — Redactadas las actas en dos ejemplares, ee remitirá, uno a la junta electoral de distrito, y otro al juez nacional de sección, para ser remitido sellado y certificado, al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, o al del Senado, en caso de elecciones de electores para senadores de la Capital, o para Presidente y Vicepresidente de la República.

Art. 78. — Estas actas deben contener, además de lo previsto en el artículo anterior:

l^9 Las protestas que se formularen en el acto del comicio, las cuales deberán expresar los nombres de los electores excluidos o incluidos indebidamente;

2^9 La hora en que termine el acto, el nombre del empleado o agente de policía que conduzca el acta, y demás circunstancias que la mesa creyese conveniente consignar en resguardo de la ley, siempre en forma brevísima;

3^9 Las firmas de los Presidentes de las mesas, escrutadores, fiscales, empleados de policía y demás concurrentes que desearan firmar, siempre que hubiere lugar y tiempo para ello.

Art. 79. — La remisión de las actas en las ciudades donde residan los funcionario» a quienes deben ser entregadas, se hará por intermedio de empleados de policía, bajo la responsabilidad penal que corresponde a los substractores de documentos públicos de la Nación; y en los demás pueblos o lugares, por medio del correo, en sobres sellados, lacrados y certificados, o por agentes de las policías locales o chasques, quienes, durante su viaje, no podrán ser detenidos ni arrestados hasta que lleguen a su destino.

Art. 80. — Los funcionarios a que se refiere el artículo 77, darán recibo de las actas, expresando el día y hora de la entrega y la forma en que se haya efectuado; y expresarán igual diligencia al pie de cada acta, la que será firmada por los que la entreguen, y si ellos se negaren, por dos testigos.

Se presumirá fraudulentas las actas que no se entreguen en seguida, en el tiempo razonablemente necesario para llevarlas desde el comicio a las oficinas, a menos que se pruebe impedimento' o causas suficientes para justificar la demora.

Art. 81. — Un mes después de practicada una elección de diputados o electores de Presidente y Vicepresidente, o de senador por la Capital, y quince días en caso de elecciones parciales por vacantes, se reunirán las juntas electorales de distrito, al sólo objeto de practicar el escrutinio general de las mismas y designar los diputados o electores que resultasen con mayoría de sufragios.

Art. 82. — La junta observará para este caso las siguientes prescripciones:

1’ Ella no podrá pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones, ni rechazar las actas que revistan las formas determinadas por esta ley;

2^9 No procederá a abrir los pliegos que le serán entregados por el presidente de la legislatura o de la Cámara de Diputados o del Senado, en su caso, sino cuando se hallasen reunidas las actas correspondientes a las dos terceras partes de las mesas de cada circunscripción electoral, considerándose desierta la circunscripción donde no se hubiese hecho la elección en dichos dos tercios;

3^9 Contará los votos de cada circunscripción, dejando para el último los de aquellas que hubiesen sido protestadas, estableciendo los que correspondan a cada candidato, según las listas; si se tratase de las elecciones de diputados, será considerado electo el que hubiese obtenido más número de votos en una circunscripción; tratándose de electores de Presidente y Vicepresidente, de los electores que hubiesen obtenido más número de votos en una circunscripción, y los cuatro con mayor número de votos en el distrito. La junta expedirá a los electos los diplomas correspondientes ;

4^9 Las protestas deben ser presentadas a la junta, la cual las elevará a la Cámara de Diputados o de Senadores, según el caso, con expresión de su juicio sobre el mérito de aquéllas, si así lo estimase conveniente ;

5^9 El resultado del escrutinio y la proclamación, se hará constar en un acta que se firmará por el presidente de la junta y el secretario respectivo; será comunicada a la Cámara de Diputados, o al Congreso, según el caso, y a los electos para que les sirva de diploma o credencial;

6^9 Verificado el escrutinio y firmadas las actas, la junta colocará nuevamente en paquete sellado y lacrado, los antecedentes de la elección, y los remitirá, junto con el acta, a la Cámara de Diputados o al Congreso, como en el inciso anterior.

Título IV

De las elecciones parlamentarias y presidenciales

§ I

DE LOS SENADORES POR LAS PROVINCIAS

Art. 83. — El Senado de la Nación comunicará al Poder Ejecutivo las vacantes ocurridas, cada tres años, con arreglo al artículo 48 de la Constitución, o las vacantes parciales de que habla el artículo 54 de la misma.

Art. 84. — Cuando se trate de la renovación ordinaria del Senado Nacional, las cámaras legislativas, por citación especial, deberán reunirse y nombrar senador, por lo menos dos meses antes y no más de seis, del día fijado para la reunión preparatoria del Senado.

En caso de demora de la legislatura, el Senado, por medio del Poder Ejecutivo, podrá requerirla a fin de que verifique la elección.

Art. 85. — Cuando vacase algún puesto de Senador, por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno de la Provincia a que corresponda la vacante, hará proceder inmediatamente, según el artículo 54 de la Constitución, a la elección de un nuevo miembro.

Art. 86. — Las actas de las elecciones se comunicará a los elegidos por conducto del Poder Ejecutivo, para que les sirva de diploma, y al Senado para su conocimiento.

Art. 87. — Los senadores electos que renuncien su nombramiento antes de ser aprobado, lo comunicarán a la legislatura, a fin de que se proceda inmediatamente a la elección del reemplazante.

§ II

SENADORES POR LA CAPITAL

Art. 88. — La elección de electores de senadores en la Capital, tendrá lugar el primer domingo de marzo de los años en que corresponda su renovación. Los electores designados por la junta electoral del distrito de la Capital, para elegir senadores por este distrito, según el procedimiento de los artículos 81 y 82, se reunirán en el local del Senado, antes del 15 de abril, cuando sean elecciones ordinarias, o diez días después de verificadas las extraordinarias, en quorum de la mitad más uno de sus miembros, harán el nombramiento de presidente y secretario del cuerpo, y procederán a elegir senadores por boletines firmados que entregarán al presidente y que éste leerá en voz alta. La designación de senador o senadores, expresando a quien reemplazan, se hará por mayoría absoluta de votos de los electores presentes, y si ninguno de los candidatos la tuviese, se circunscribirá la nueva votación a los que hayan tenido mayor número de votos, decidiendo el presidente, en caso de empate, quien tendrá en este caso, voto doble,

Art. 89. — Esta elección tendrá lugar en una sola sesión, y proclamados por el presidente del cuerpo electoral, el senador o senadores nombrados, y el período de sus respectivas funciones, se labrará dos ejemplares del acta, que firmados por el presidente y el secretario, serán comunicados directamente al Senado y al electo o electos, para que les sirvan de suficiente diploma.

Art. 90. — Si el Senado desechase el nombramiento de senador o senadores por vicios en la composición del colegio electoral, se comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo, a fin de que convoque al pueblo a nueva elección de electores; pero si el nombramiento fuera anulado por no reunir el electo o electos las condiciones constitucionales y legales requeridas para ser senador, se comunicará al Poder Ejecutivo para que convoque al colegio a verificar nueva elección, la que deberá practicarse dentro de los diez días subsiguientes al aviso.

Art. 91. — Los electores calificados terminarán en su mandato cuando haya sido aprobada por el Senado la elección de senador, y si esto no sucediere, lo conservarán durante el período del Congreso en que hubiesen verificado la elección, a efecto de proceder a una nueva, si aquélla fuese anulada, o conocer de las renuncias o excusaciones a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 82. — Las renuncias y excusaciones de los senadores electos, antes de aprobada su elección, serán presentadas al colegio de electores, los que resolverán sobre la aceptación procediendo en ese caso a nuevo nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Art. 93. — El cargo de elector no puede ser renunciado. La excusación inmotivada, así como la falta de asistencia al acto electoral, serán penados con arreglo a la ley.

§ III

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y DE VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Art. 94. — La elección de electores de Presidente y Vicepresidente de la República, tendrá lugar el segundo domingo del mes de abril del año en que corresponde su renovación.

El Presidente del Senado convocará la Asamblea de ambas Cámaras por lo menos un mes después de la elección, y de dos antes del día que termine el período la presidencia y vicepresidencia, a objeto de proceder al escrutinio y proclamación de Presidente y Vicepresidente, de conformidad con los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución.

Art. 95. — Los miembros del Congreso, que sin causa justificada faltasen a dicha sesión, incurrirán en la multa de quinientos pesos, aplicables al fondo de escuelas de la Capital o de la provincia a que pertenezca el multado.

§ IV

VACANTES DE DIPUTADOS

Art. 96. — Todo Diputado electo que no quiera incorporarse a la Cámara, dará aviso a la misma durante el período de sesiones preparatorias, a fin de que ella comunique la vacante al Poder Ejecutivo. La convocatoria a nueva elección deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al aviso de la Cámara.

Título V

Prohibiciones y Penas

§ I

DISPOSICIONES PROHIBITIVAS

Art. 97. — Queda prohibida la aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada en el día de la recepción del sufragio.

Sólo las mesas escrutadoras podrán tener a su disposición la fuerza policial necesaria para atender al mejor cumplimiento de esta ley.

Las fuerzas nacionales y provinciales, con excepción de las de policía, destinadas a guardar el orden, que se encontrasen en la localidad en que tenga lugar la elección, se conservarán acuarteladas durante el tiempo de ella.

Art. 98. — Queda prohibido a los jefes, oficiales, u oficiales superiores de línea y comandantes de la Guardia Nacional, permanecer en el recinto de las asambleas electorales más tiempo que el necesario para sufragar, como asimismo encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, y hacer valer en cualquier momento la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, y hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

Art. 99. — Queda prohibido, bajo la pena establecida en esta ley, al propietario que habite una casa situada en un radio de una cuadra alrededor de una mesa escrutadora, o a su inquilino, el admitir reunión de electores, ni depósito de armas durante las horas de la elección. Si la casa fuese tomada a viva fuerza, deberá el propietario o inquilino dar aviso inmediato a la autoridad policial.

Art. 100. — Durante el día del comicio, hasta pasada una hora de la clausura del mismo, no será permitido tener abiertas las casas destinadas al expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Art. 101. — Será prohibido a los electores el uso de banderas, divisas u otros distintivos, durante todo el día de la elección y la noche del mismo.

§ II

VIOLACIONES DE LA LEY ELECTORAL

Art. 102. — Comete violación del derecho electoral toda persona particular o pública, que por hechos u omisiones, y de modo directo o indirecto, impida o contribuya a impedir que las operaciones electorales se realicen con arreglo a la Constitución, a la presente ley y al libre ejercicio del sufragio.

Art. 103. — Será culpable del delito previsto y penado por el artículo 281, primera parte, del Código Penal, todo inscriptor, o escrutador, o persona que intervenga en la formación del registro cívico o en los registros electorales, que en cualquier forma falsifique, adultere, destruya, substraiga o modifique antes, durante o después de la inscripción o de la -elección, los registros, actas o documentos electorales. Las personas que sin ejercer cargo legal cooperen, concurran o faciliten la falsificación, adulteración, destrucción, substracción o modificación de dichos documentos, sufrirán la pena establecida en el segundo párrafo del artículo citado. El juicio sobre estos delitos será absolutamente independiente de la aprobación o desaprobación del acto electoral por las Cámaras del Congreso.

Art. 104. — Serán penados con arresto de tres a seis meses, los que cometiesen los hechos siguientes:

l^9 Proponer comprar o vender votos, y los que los compren o vendan;

2^9 Inscribirse o votar en más de una mesa, y pretender votar o votar con nombre supuesto;

3’ Suministrar datos falsos para hacerse inscribir o para evitar que se les inscriba, e inscribirse nuevamente por cambio de domicilio sin hacer anular la inscripción en la mesa de su domicilio.

Art. 105. Sufrirán pena desde dos hasta seis meses de arresto, todos los que impidan al elector el libre uso de su derecho de sufragio, y en particular:

l^9 Los habitantes que negasen al inscriptor los datos necesarios para la inscripción o dieren datos falsos;

2^9 Los que hiciesen uso de banderas, divisas u otros distintivos, durante el día y la noche siguiente a la elección;

3^9 Los que con dicterios, amenazas, injurias o cualquier otro género de demostraciones violentas, intentasen coartar la voluntad del sufragante;

4’ Los dueños o inquilinos principales de las casas a que se refiere el artículo 99, si no diesen aviso a la autoridad al conocer el hecho, y los de aquellas en que se expende bebidas si burlasen la prohibición del artículo 100;

5^9 Los que detuviesen, demorasen o estorbasen por cualquier medio a los correos, mensajeros, chasques o agentes encargados de la conducción de pliegos de cualquiera de las autoridades encargadas de la ejecución de esta ley;

6^9 Los que por cualquier medio, ardid, violencia, engaño o seducción secuestrasen al elector durante las horas del comicio, impidiéndole dar su voto.

Art. 106. — Serán penados con prisión de un año a diez y ocho meses los particulares que realizasen los siguientes hechos:

1’ El secuestro de un elector de senadores, o de Presidente y Vicepresidente de la República, y el de los demás funcionarios a quienes esta ley encomienda los actos preparatorios y ejecutivos de las elecciones, privándoles del ejercicio de sus funciones;

2’ Promoción de desórdenes o disputas, que tengan por objeto suspender la votación por más de quince minutos, o impedirla por completo;

3^9 Apoderarse de casas situadas dentro de un radio de una cuadra alrededor de un recinto del comicio, como lo prevé el artículo 99.

Art. 107. — Serán igualmente penados con prisión de un año a diez y ocho meses, los funcionarios públicos que en violación de esta ley contribuyan a uno de los actos o a una de las omisiones siguientes:

l^9 A que las listas, registros y anotaciones, ya preparatorias, ya definidas, no sean formadas con exactitud o no permanezcan expuestas al público por el tiempo y en los parajes prescriptos;

2^9 A todo cambio de días, horas o lugares preestablecidos para las distintas formalidades de la ley;

3’ A toda práctica fraudulenta en las operaciones de formación de los registros, listas y demás documentos y actas escritas, y en la constitución de comisiones, juntas o mesas de inscripción, tachas, votos o escrutinio;

4^9 A que las actas, fórmulas o informes de cualquier clase que la ley prevé, no sean redactados en su forma legal, o sean firmados y transmitidos en tiempo oportuno, o por las personas que deban subscribirlos;

5^9 Proclamar un falso resultado de una votación, y hacer cualquiera otra declaración falsa u otro hecho que importe ocultar la verdad en el curso de las operaciones electorales.

Art. 108. — Se hallan en la misma categoría del artículo anterior, y sujetos a la misma penalidad, los autores y cooperadores de los siguientes hechos:

l^9 La desobediencia de cualquier empleado o agente de policía a las órdenes de la mesa receptora, durante las horas del comicio;

2’ El que debiendo recibir o conducir los registros y actas de una elección, y los que estando encargados de su conservación y custodia, quebrantasen los sellos o rompiesen los sobres que los contengan;

3^9 Los empleados civiles, militares o policiales que interviniesen para dejar sin efecto las disposiciones de los funcionarios electorales, y los que teniendo a sus órdenes fuerza armada, hiciesen reuniones para influir en las elecciones;

4^9 Los autores de intimidación o cohecho, según lo define el artículo 109;

5’ Los que desempeñando alguna autoridad privasen por cualquier otro medio o recurso, de la libertad personal a un elector, impidiéndole inscribirse o dar su voto;

6’ Todos los funcionarios que esta ley crea, cuando no concurran al ejercicio de su mandato, o lo abandonasen después de entrar en él, o impidiesen o influyesen para que otros no cumplan con su deber;

Art. 109. — El cohecho consistirá en el pago o promesa de pago de algo apreciable en dinero, y por parte del que desempeñe funciones públicas, en la promesa de dar o de conservar un empleo. La intimidación consistirá en actos que hayan debido infundir temor de daño y perjuicio a un espíritu de ordinaria firmeza.

Art. 110. — Serán penados con arresto de seis meses a un año:

l^9 Las autoridades civiles, militares o eclesiásticas, que recomienden a los electores el dar o negar su voto a personas determinadas, o las que valiéndose de medios o agentes oficiales, o sirviéndose de timbres, sobres o sellos con carácter oficial, recomienden sostener u oponerse a candidaturas determinadas;

2^9 Los funcionarios públicos que desempeñen algunas de sus funciones de una manera anormal y visiblemente relacionada con determinadas candidaturas desde el día de la convocatoria hasta el de la elección.

Art. 111. — Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en los artículos anteriores, se entenderán sin perjuicio de las que dispone el Código Penal, y las que correspondan por delitos comunes, conexos o correlacionados con los hechos previstos y penados en esta ley, y llevarán consigo como consecuencia inmediata:

l^9 La privación especial, temporaria o perpetua, del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando el culpable es funcionario público, y la suspensión de aquel mismo derecho cuando el culpable sea un particular;

2’ En caso de reincidencia, la pena será de incapacidad absoluta y perpetua para los funcionarios públicos y la incapacidad absoluta pero temporaria para los particulares.

Art. 112. — A fin de que no se pueda hacer uso sino una sola vez en cada elección, del derecho de votar, el presidente de la mesa receptora de votos, estampará en la página correspondiente de la libreta cívica, un sello que contendrá el objeto, fecha y distrito de la elección. Este sello será uniforme en toda la República, y será entregado en el día de la elección por el jefe del registro civil de la sección, o por quien haga sus veces, quien lo recibirá después del acto para su guarda y conservación.

§ III

DE LOS JUICIOS EN MATERIA ELECTORAL

Art. 113. — Todos los juicios motivados por infracciones a la presente ley, y que no tengan designado por ella misma

un juez o tribunal competente, serán substanciados ante los juzgados del crimen en la Capital y juzgados federales respectivos en las provincias.

Art. 114. — Todos los juicios que se substancie ante cualquier autoridad o tribunal singular o colegiado, por infracciones a la ley electoral, o en sostenimiento, defensa o garantía del derecho de sufragio y los que establecen los artículos 10, 25, incisos 8^9 y 9^9; 39, 40, 41, 42, 46, 50, 52 y 58 de esta ley, serán breves y sumarios; las partes deben concurrir al comparendo a que se las cite, provistas de toda la prueba que deban producir; no son admisibles en ellos cuestiones previas, pues todas deben ventilarse y quedar resueltas en un solo y mismo acto. Sin embargo, en ningún caso se omitirá la citación y audiencia del acusado, y la omisión anulará todo lo que se obrase en consecuencia.

Art. 115. — Todas las faltas y delitos electorales podrán ser acusados por cualquier ciudadano inscripto, con tal que pertenezca al mismo distrito electoral, sin que el demandante esté obligado a dar fianza ni caución alguna, sin perjuicio de las acciones y derechos del acusado, si la acusación es maliciosa.

Art. 116. — Salvo las reglas prescriptas para algunos juicios especiales en la presente ley, se observará las siguientes:

l^9 Presentada la acusación, el tribunal citará a juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los tres días;

2^9 Si resultare necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base, de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes a producirla;

3^9 Los jueces, a petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncia como falsificado o adulterado a los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento o documentos pedidos, se citará inmediatamente a nueva audiencia, en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto- a las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las veinticuatro horas siguientes del comparendo;

4^9 El retardo de justicia en estos casos, será penado con multa de doscientos a quinientos pesos;

5^9 El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria, aun cuando se dicte en rebeldía del acusado.

Art. 117. — Sin perjuicio de las reglas que sobre las apelaciones se especifica en esta ley, y en las demás de procedimientos ante los tribunales nacionales, habrá apelación de toda resolución, fallo o sentencia en materia electoral, siempre que se imponga una multa de más de doscientos pesos y arresto de más de tres meses en la forma siguiente:

l^9 Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de jueces de paz y tribunales o juntas especiales creadas por esta ley;

2^9 Para ante las Cámaras Federales de Apelación, de los fallos de los jueces de sección y de los jueces letrados o tribunales de primera instancia.

Art. 118. — Cuando no sea posible hacer efectivo el importe de una multa por falta de recursos del condenado, éste sufrirá arresto, en razón de cinco días por cada cincuenta pesos.

Art. 119. — Las multas que por esta ley se establezca, serán destinadas para el fomento de la educación enmún en los respectivos distritos.

Art. 120. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer en todo tiempo los gastos que demande la ejecución de la presente ley.

§ IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 121. — Para la primera aplicación de esta ley, quedan modificadas las fechas de los distintos actos electorales, los cuales se realizarán durante el año 1903, en la forma siguiente:

l^9 Los ‘ directores y administradores de rentas remitirán a los jueces federales (debiendo éstos exigir la remisión en caso de omisión) la lista de mayores contribuyentes a que se refiere el artículo 25, inc. 7^9, antes del primero de junio. El juez federal ordenará la publicación de estas listas en la forma indicada en el mismo inciso, del 1’ al 10 de junio;

2^9 La junta se reunirá del 11 al 28 de junio para oir y resolver sobre los reclamos; y del 28 al 30 hará el sorteo de las comisiones, de acuerdo con el inciso 9^9 del mismo artículo.

3^9 Las comisiones inscriptoras se reunirán para llenar su cometido, de acuerdo con el párrafo III, título II de esta ley, del 15 al 30 de julio;

4’ El padrón electoral se levantará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, en los días 15, 16 y 17 de agosto;

5^9 Las listas a que se refiere el artículo 37 deberán quedar terminadas el 15 de setiembre;

6^9 Los reclamos a que se refiere el artículo 40 deberán presentarse del l^9 al 15 de octubre;

7’ El padrón definitivo deberá publicarse íntegro del l^9 al 15 de noviembre;

8^9 Las juntas de distrito se reunirán, a los efectos de los artículos 56 y 57, del l^9 al 30 de diciembre, debiendo los reclamos a que se refiere el artículo 61 presentarse ante la junta en este plazo;

9’ El sorteo de escrutadores a que se refiere el artículo 60, se hará el día 30 de diciembre. Estos escrutadores presidirán todas las elecciones que tenga lugar en el año 1904.

Art. 122. — Las elecciones parciales de diputados durante el año 1903, se verificarán de acuerdo con la ley vigente, antes de promulgarse la presente.

Art. 123. — El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de esta ley, y dará cuenta al Congreso de cualquier deficiencia u omisión que la práctica haya revelado.

Art. 124. — Quedan derogadas todas las disposiciones de las leyes electorales anteriores.

Art. 125. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a veintinueve de diciembre de -mil novecientos dos.

Carlos Doncel.

B. Ocampo, Secretario del Senado.

Benito Villanueva Alejandro Sorondo, Secretario de la C. de D. D.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

ROCA.

J. V. González.

VI

LA JUSTICIA ELECTORAL

LA JUSTICIA ELECTORAL

Cuando nos dedicamos al análisis de los hechos que constituyen la actualidad política, se ofrecen con frecuencia a la observación asuntos de la más honda gravedad, que por su carácter trascendental, cuando no alarmante, van quedando para momentos de reposo, en los cuales el pensamiento puede detenerse sobre ellos; tal acontece con la administración de la justicia criminal, del punto de vista de los delitos cometidos contra la ley electoral y las garantías constitucionales.

El número y tono de las comunicaciones que diariamente se lee, procedentes de todas las regiones de la República, pidiendo apoyo para obtener justicia, o pidiendo a la prensa diaria justicia contra sus jueces negligentes o culpables, son ya de naturaleza tal, que reclaman un examen detenido de la cuestión, y obligan a poner firme y decididamente el dedo en la llaga.

Viejas, inveteradas tradiciones nos han acostumbrado a considerar los delitos cometidos contra las leyes electorales, como simples hechos o contravenciones de forma, que no quitan nada a la estimación de que gozan sus autores, sino al contrario, que les dan mayor prestigio entre sus conciudadanos, y les hacen dignos de los honrosos títulos de probados políticos, de caudillos importantes, hombres de acción, cuyo concurso ha de ser solicitado por los partidos y premiado por los gobiernos en su hora, cuando después de hazañas notables que den el triunfo al oficialismo o a los ambiciosos inquietos, llegue la oportunidad de las recompensas y los favores.

Para tales hombres, para tales sistemas, los hechos calificados por las leyes de crímenes o delitos contra el ejercicio de los derechos políticos, no son tales, sino bajo cierto aspecto formulario y aparente, y toda responsabilidad a ellos relativa, desaparece con sólo llenar aquellas fórmulas y apariencias ante la sociedad y ante los órganos de la opinión o de la ley. Antes que merecer castigo, .serán recompensados, y antes de perder un ápice de su crédito encontrarán muchos fiadores y amigos que se apresuren a satisfacer las exigencias formales de las leyes, o los debidos homenajes con que en las sociedades poco experimentadas se los engaña o seduce.

La cuestión no es solamente doctrinal; tiene profundas raíces en nuestros hábitos, y ha producido ya males suficientes para llegar a ser una verdadera desgracia pública, una causa profunda de perturbación de todo nuestro sistema político, y para hacer imposible fundar las libertades electorales sobre que ha de basarse el porvenir de nuestra sociedad y nuestro gobierno.

Hemos aceptado, como todas las naciones cultas, las formas representativas, y por consiguiente, la elección popular es el fundamento de todo lo que en ese orden quisiéramos conquistar; y en tal sentido es que los pueblos de Europa que practican el sufragio, nos dan el más alto y digno ejemplo. Allí la libertad de votar es frecuentemente una verdad, y sus parlamentos son una asamblea reducida de la suma de los ciudadanos, con todas sus aspiraciones, peculiaridades y tendencias, clara y distintamente reflejadas en su seno.

Y esos parlamentos son una fuerza, no ya sólo con relación a la sociedad, no sólo para impulsar el desarrollo de las fuerzas colectivas de la Nación, sino también para combatir y resistir las tendencias despóticas de todo gobierno. Guillermo II de Alemania mantiene un año entero una lucha tenaz contra la mayoría del Reichstag, hasta que, por fin, vencido y desengañado, hace un llamamiento al país, disolviendo esa Cámara, para darse tiempo de evolucionar y obtener de la libre asamblea el voto para sus proyectos militares; la Ingla-térra acaba de darnos el ejemplo de otro hecho de inmensa significación, semejante a aquellos del siglo XVII, en que decidía de sus instituciones fundamentales, en el famoso caso del home-rule, que compromete hasta la existencia de la Cámara de los Lores, y concluye por excluir de la arena al luchador de medio siglo, a Gladstone, vencido por el grandioso e incontrastable poder de la opinión.

Milagros son esos en que emperadores y avezados políticos ceden ante una sola fuerza, intangible pero formidable, cuando reside y se apoya en la conciencia social, —la voluntad del pueblo expresada por medio del sufragio; y son esas maravillas de la libertad las que venimos persiguiendo los argentinos desde que nos declaramos independientes, hasta que dotamos al país de leyes que regulasen y garantiesen el ejercicio del voto, la independencia y la expontaneidad del mandato popular.

Pero la astucia política ha ido más lejos que las previsiones de la ley, y las nociones que hacen del fraude electoral un delito verdadero, porque viola, arrebata o despoja derechos positivos, no han logrado, al parecer, convertirse en carne de nuestra carne, y se quedaron como mandamientos envejecidos e inocuos, sin fuerza legal ni sanción efectiva en los hechos.

Será inútil, por consiguiente, que los movimientos cívicos bien inspirados, que la acción de los ciudadanos celosos del derecho se propongan conciliar sobre los culpables los rigores de la ley penal, si por razones de deficiencias de ésta, en unos casos, o de punibles confabulaciones de los jueces en otros, resultan las más veces coronados de gloria los delin-

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cuentes, y vilipendiados por inútiles o cándidos, cuando no condenados al ridículo, los nobles defensores del derecho electoral y de las instituciones.

La misión del legislador debe ser, pues, en este sentido ardua y extensa, porque se propone dos fines primordiales: hacer comprender a los ciudadanos el principio de que la práctica de los derechos y deberes políticos es una obligación real, que no puede eludirse sin cometer una falta y sin incurrir en una pena eficaz, y reformar la legislación electoral de manera que tales derechos y deberes tengan en la ley misma y en los tribunales su realización inmediata.

Es de advertir que los delitos electorales, tolerados por hábito y por creérselos inofensivos, no suelen quedar circunscriptos a simples efectos políticos, sino que asumen con mucha frecuencia caracteres graves, viniendo acompañados de crímenes y delitos comunes, preparatorios o derivados de esos pretendidos actos políticos. Así, no es raro que muchos de los que llamamos caudillos electorales, que adquieren fama y prestigio en nuestras luchas cívicas, hayan tenido que pasar por encima de algún cadáver o cometer exacciones y violencias, para conseguir la eliminación de adversarios más fuertes o afortunados. Se les salva, se les deja libres y dueños del campo conquistado por el terror y la impunidad, y desde entonces no habrá quien se levante en contra suya en el partido, distrito o departamento, ni quien concurra a las urnas, ni quien se interese en la lucha del sufragio, cuando tiene seguro que la solidaridad política ha de llevarlo después a la absolución por una justicia formulista e impotente en la mayoría de los casos, o excesivamente benigna hasta ser ineficaz.

Ni tampoco pueden tener fe los ciudadanos bien intencionados, las minorías excluidas, en la alta justicia de las asambleas políticas del país, porque debido a la disciplina de partido en unos casos, y en otros, a la necesidad impuesta por el sistema de la lista plural, que reúne en un solo juicio todas las elecciones, buenas o malas, la justicia electoral viene a ser, en realidad, la que dicte el interés de la mayoría dominante que predomina en la cámara.

La ley que se proponga corregir nuestros profundos vicios electorales, e inspirada en los verdaderos principios de libertad política quiera asegurar para el porvenir días mejores, de paz interna, de perfeccionamiento social, de educación cívica, de confianza en el porvenir, ha de preocuparse principalmente de garantir la eficacia de sus mandatos, la justicia implacable, inmediata y segura contra los que falsean el sufragio, con burla de la ley y de sus jueces.

Felices son, relativamente, los que habitan ciudades populosas, regiones socorridas, bien comunicadas entre sí y dotadas de medios de control y de vigilancia; pero aquellas poblaciones, lejanas de todo auxilio y de toda observación, sin jueces, sin armas, sin órganos de publicidad, y sin embargo libres, autónomas, movidas por nobles anhelos y sentimientos patrióticos, no tienen contra sus opresores de aldea, ni siquiera la esperanza de una remota reparación, y son conducidos como rebaños a los comicios, castigados cruelmente cuando han protestado, y perseguidos sin tregua por los favorecidos con el dominio de alguna situación local.

Nuestras leyes electorales y, en general, las de protección a los derechos cívicos, han tenido el defecto de descuidar en favor de los centros cultos y ricos, las poblaciones pequeñas, pobres y desamparadas: y si en muchos casos para los primeros sólo hay una fórmula de justicia, en la mayoría de ellos, para los segundos, no suele haber ni siquiera esas fórmulas.

Si la aspiración patriótica y honrada de tener libertad electoral existe, preciso es resolverse a plantear un sistema de justicia que haga efectivas las garantías constitucionales, los derechos de la ley, los medios de cumplirlos, las penas y los propósitos generales; en caso contrario, será inútil toda tentativa de mejora, y toda literatura legal, más o menos relumbrante y romántica, más bien calculada para ganar mentida fama de reformadores, que para fundar instituciones duraderas; inútil será también, en ese caso, que nos empeñemos en predicar contra el fraude y denunciar a sus autores, y que nos esforcemos por perfeccionar nuestras cartas orgánicas adoptando las doctrinas políticas conquistadas por la ciencia, pues que todas ellas se han de cimentar sobre esta función única, sobre esta forma primordial: el sufragio.

Tan profundo y tan arraigado se encuentra el fraude que los pueblos de la República suelen clamar contra la frecuencia de las elecciones, creyéndolas la causa de sus desgracias comunes, de sus atrasos y miserias; cuando la verdad de todo está en la falta de elección verdadera, y de libertad y seguridad para realizarla. Se ha llegado por el exceso del mal, y el horror a los sacrificios que el ejercicio del voto suele imponer, hasta esta monstruosa consecuencia: preferir la perpetuación de cualquier régimen gubernativo, por malo que sea, a la repetición de las batallas y de los oprobios de una elección; preferir largas duraciones en las funciones públicas, que monopolizan el gobierno en una sola o muy pocas personas, a verse obligados a renovarlas con frecuencia. Los abusos continuados de los funcionarios públicos y la renuncia de los ciudadanos al ejercicio de la función del voto, van lentamente formando en las sociedades un cimiento para el despotismo y los sistemas absolutos, que tarde o temprano aparecen, ya en el hecho y por consenso tácito general, ya resueltamente en la legislación y en la doctrina.

Sucede todo lo contrario en las democracias sanas y robustas, en los pueblos que conservan y alimentan su entusiasmo por las libertades conquistadas: en los Estados de la Unión Americana son electivas casi todas las funciones públicas, el gobernador, los ministros, los legisladores, los tesoreros y receptores, los consejeros escolares, los comandantes de la guardia nacional, los alcaldes, regidores, repartidores de aguas; están distribuidos los plazos electorales de manera que se convierten en una costumbre, en una función ordinaria de los pueblos y ciudades, burgos y condados, así como se congregan para una feria, para una festividad religiosa, para un desfile o para un paseo. Pero bien se comprende que cuentan con la más absoluta seguridad de que tales actos son leales y honrados, y que los defraudadores de la confianza pública han de ser castigados como el ladrón, como el falsario; y el ciudadano no se cuida sino de llevar su voto, y retirarse luego tranquilo y confiado en la justicia.

Entre nosotros, desde la Capital Federal hasta el más lejano de los pueblos del interior, se tiene, cuando no miedo de acercarse a las urnas por propia iniciativa o interés, por

lo menos la indiferencia pesimista o fatalista; y ambos no responden sino a esa vaga filosofía que nos han dejado tantos sacrificios estériles, tantas iniciativas y movimientos ineficaces, estrellados contra esas fuerzas inconmovibles: los asaltos del comicio a mano armada, el fraude convertido en costumbre, la inmunidad del delincuente, la lenidad de las leyes penales, y, por consiguiente, la ineficacia de los procesos, hechos más para llenar fórmulas que para castigar real y positivamente.

Una Comisión de la Cámara de Diputados tiene a estudio el trascendental problema de la reforma electoral; no se le han fijado límites ni restricciones, de manera que su iniciativa no se concreta a moldes o caminos señalados. Nunca más propicia la ocasión para realizar este anhelo general del país, por ver asegurado su derecho para elegir los candidatos de su agrado, y de juzgar como verdaderos delincuentes y desestimados por la ley y la moral, a los defraudadores del sufragio, ya desempeñen funciones de gobierno, ya se amparen de los prestigios de las organizaciones libres de partidos populares.

APÉNDICE

DISCURSO DEL MIEMBRO INFORMANTE

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Sesión de 15 de octubre de 1902

Sr. Vedia. — Pido la palabra.

Antecedentes y oportunidad de la reforma. — Acaso fuera, señor Presidente, innecesario este informe, desde que ha llegado a decirse, y probablemente con razón, que aun del despacho a que se refiere, o sea del estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales, hubiese podido prescindir la honorable Cámara, meditada como está, sin duda, esta cuestión de la reforma electoral, por cada uno de los señores diputados, los que conocen y han podido someter a un examen prolijo a la vez, como la comisión misma, el proyecto del Poder Ejecutivo, en todas sus partes, y los presentados anteriormente por varios distinguidos colegas. Ahora, como el asunto no ha sido sacado, por resolución alguna, del carril reglamentario, lo que corresponde es que haya informe, si bien, en atención a las justas observaciones a que me he referido, debe él adaptarse perfectamente a las circunstancias, yendo derecho a su fin.

La reforma electoral es una aspiración común, un verdadero anhelo del país, —no una exigencia de colectividades o ciudadanos determinados,— como lo demuestran los diversos orígenes de las últimas iniciativas a ella encaminadas. De ahí que la idea traiga hoy consigo tanto prestigio y tanta fuerza; de ahí que no venga a buscar en la Cámara los votos de un solo partido; de ahí que cuente, en mayor o menor extensión, con la simpatía de todos los diputados: nacionales, cívicos, radicales y republicanos, vinculados por un alto y sincero propósito, ante el cual no serían tolerables las vivezas, diré, ni admisibles las desconfianzas. Con ese criterio han trabajado los miembros de la Comisión de Negocios Constitucionales, haciéndose entre sí el honor debido, y no es otro, por cierto, el espíritu que anima a su miembro informante en esta ocasión.

Sólo en tales condiciones es lícito, además, poner las manos sobre la ley electoral. Sólo así, en un congreso donde cada opinión tiene sus representantes caracterizados, y en una hora como la actual, de reflexión y de calma, que nos deja preparar con cuidado el terreno en que hemos de librar las batallas próximas, o más bien abrir con cautela los cimien* tos destinados a las futuras construcciones; sólo así, digo, es dado discutir asuntos de esta naturaleza, que tan directa y fundadamente interesan a la sociedad, como que de la constitución de su gobierno se trata en definitiva. Para reformar la ley electoral se necesita, en efecto, un ambiente semejante al que se requiere para reformar la carta fundamental, toda vez que el cumplimiento de ésta depende, de manera inmediata y principal, del cumplimiento de aquélla.

Entiendo expresar pensamientos y sentimientos generales, fundados sobre situaciones o hechos reales, y evidentes; pero, —y he de decirlo de una vez con respecto a todo este informe,— ni quiero comprometer con juicios propios los de mis compañeros de. la Comisión, que en todo caso respeto, ni es mi ánimo procurar solemnidades, que por otra parte no armonizarían con mis inclinaciones y mis gustos, al debate que se inicia.

Nuestro destino, señor Presidente, fué labrado por otros hombres, en otras épocas. La nación está hecha. Llenaron su ciclo las tendencias históricas de que ella ha resultado, de que las instituciones actuales son preciosos productos, que han de ir perfeccionando los tiempos. Lo que pudo justificar ayer la pasión de los antagonismos históricos, resulta anacrónico e inaceptable ante la pasión del día (¡muy bien!) llamada a engrandecer el porvenir por su exclusiva aplicación al presente. La tradición, de la que tanto se hablaba en esta Cámara hace poco tiempo; la tradición, digo, no es para mi sino el vínculo íntimo, poético, melancólico, diré de las generaciones en la sucesión de las edades: no impone deberes de conciencia ni reglas de conducta, no sirve como fuente de ideales, porque sólo arrastra en su curso cosas muertas. (¡Muy bien!). Es la vida pasada, la vida vivida, mientras lo qué debe preocuparnos, en provecho propio y en provecho de los que nos substituirán, es la vida venidera, la vida por vivir.

Es mucho más útil cultivar esperanzas que cultivar recuerdos, porque las esperanzas aceleran la marcha y los recuerdos la acortan, la detienen. (¡Muy bien! Aplausos).

Necesidad y objeto de la reforma. ~~ Yo quiero decir con claridad que tenemos que destruir todavía muchos moldes viejos, evidentemente incapaces de responder a las nuevas necesidades del país, sin que a través de la información que hago, pueda verse un vulgar afán modernista o un vano prurito reformador. Es esta una cuestión de censo, de simples proporciones, pues no me refiero sino a desequilibrios reales, visibles, indudables, por todos reconocidos, como el que resultaría, para valerme del usado símil, de una persona grande vestida con las ropas de un niño. Y aludo especialmente a la legislación electoral en vigencia, que ha llegado el momento de cambiar, incorparándonos, en la materia, sistemas y procedimientos más adelantados, más en armonía, por lo mismo, con los progresos de todo orden que la República ha realizado desde la fecha de aquella legislación.

Las leyes no son ni buenas ni malas; son según se las aplica, se dice; pero esa reflexión, que puede encerrar la fórmula pesimista de un filósofo, de un sociólogo, no alcanzaría a justificar que el legislador se cruzase de brazos, en actitud contemplativa, y asistiese, indiferente o resignado, a la petrificación de disposiciones rudimentarias, en el centro mismo de todos los afanes y de todas las actividades de esta azarosa vida contemporánea. Fuera de eso, la política está llena de convencionalismos, como las religiones, como la sociedad, y es forzoso admitir sin discusión, muchas veces, lo mismo que si fueran verdades irresistibles, reclamos y afirmaciones de fundamento dudoso. Si como el soldado que no pelease por desconfiar de la eficacia de su fusil, hay ciudadanos que no votan por creer que carecen, o fingir que carecen, de medios apropiados y de garantías suficientes, nosotros estamos en la obligación de poner en sus manos las mejores armas electorales, procurando de todos modos que ellos hagan valer sus derechos y cumplan sus deberes, y desempeñen sus funciones y ejerciten sus poderes, ya sea el voto un poder, una función, un deber, un derecho, o todas esas cosas a la vez.

A ello queremos ir, para ello es la reforma. Abrigo la convicción de que hemos de entendernos fácilmente, puesto que se trata de ideales y de dar con la forma de hacerlos prácticos. Podemos apreciar de distintas maneras las cosas de ayer y las cosas de hoy; pero es seguro que abrigamos todos los mismos deseos y formulamos todos los mismos votos, —absolutamente impersonales,— por lo que respecta a las soluciones de mañana, cualesqüiera que sean las reservas de los unos y las seguridades de los otros. La época no es para sueños, promesas o declaraciones: es de acción resuelta y fecunda, de aplicación efectiva y honrada de la voluntad que proclamamos, lo mismo desde las esferas del gobierno que desde las filas populares, lo mismo desde los viejos partidos que desde las agrupaciones en formación.

Despejemos .entonces el camino que conduce al comicio, dejándolo amplio, cómodo; procuremos que ese camino se convierta en frecuentada avenida, que recorra el mayor número de ciudadanos; interesemos a esos ciudadanos del modo más directo en las decisiones de las urnas; tratemos de que estén permanentemente habilitados para llegar hasta ellas con sus candidatos; facilitemos el acto mismo de la elección; enaltezcamos a los que deban concurrir a él, —funcionarios o simples sufragantes,— haciéndoles pesar la importancia de su papel y las responsabilidades que comporta; aumentemos las penas para el fraude; molestemos, al menos, a los indiferentes, llevándoles a sus casas sus boletas de inscripción, como un reproche; trabemos el giro (hago notar que me refiero a disposiciones expresas del proyecto), trabemos el giro de la fortuna del rico que al tiempo que acumula sus caudales reniega de su país, sin que la patria le deba ni el sacrificio —¡valiente sacrificio !— de ir a votar una vez (muy bien); abramos sendas a la vida cívica, a fin de que el espíritu nacional circule libre por ellas, caldeándose en las ciudades para reverdecer en las campanas, y siendo en todas partes la expresión de una verdadera solidaridad republicana; demos a la aldea el recurso y estímulo de verse formar parte proporcionada del gobierno de todo; honremos al obrero, interrumpiendo la severa disciplina de la fábrica o el taller, con los ecos de la democracia triunfante (muy bien); esforcémonos por traer a la escena política en que abundan los letrados, al industrial, al comerciante, a los que representan trabajo, capital, producción, observando cuán útiles han sido los pocos que han actuado con esos títulos en ella, gracias a una feliz multiplicidad de aptitudes y condiciones; obtengamos que vibre entera esta enorme unidad, —por una sola sensación recorrida toda ella,— y que ninguna corriente se pierda antes de llegar al centro y que el centro irradie calor que alcance a todos los extremos. (¡Muy bien! Aplausos).

Poder educativo de la ley. — Yo no digo que las leyes sean capaces de operar milagros, y menos cuando se refieren al régimen electoral de un país; pero creo, sí, en su eficacia, mientras se las conciba bien con sujeción al medio en que deba aplicárselas, y mientras se las dicte en época oportuna y propicia, de manera que prendan en la sociedad como la planta en la tierra; y es por eso, señor Presidente,— porque creí bien concebidas, convenientemente aplicadas y de todo punto oportunas las reformas propuestas,— que he colaborado con fe y entusiasmo en la tarea realizada por la Comisión de Negocios Constitucionales, tarea que vino a simplificar el proyecto del Poder Ejecutivo, adoptado con algunas modificaciones por la Comisión, toda vez que él comprendía en un cuerpo único, homogéneo y metódico aquellas mismas reformas ya estudiadas y aceptadas por nosotros.

Síntesis del proyecto. — El proyecto del Poder Ejecutivo es un trabajo importantísimo, completo, de observación y de previsión, como el mensaje correspondiente es un documento notable, reflexivo y erudito, que arroja mucha luz sobre todas las cuestiones que abarca. Define el proyecto de una manera minuciosa y metódica, la calidad, los derechos y los deberes del elector; divide los distritos de la Constitución en circunscripciones electorales a los efectos de la elección de diputados al Congreso, electores calificados de senadores por la Capital y electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la República; establece el padrón cívico permanente, al que rodea de toda clase de garantías y formalidades; reglamenta escrupulosamente las asambleas electorales, atendiendo por igual todos sus trámites; consagra un título complementario a las elecciones parlamentarias y presidenciales; determina por último las prohibiciones y penas respectivas. El mensaje, tan explicativo como es, limita felizmente la misión del informante, en lo general, pues no habría éste de repetir, como se comprende, las consideraciones contenidas en aquél.

Todas las modificaciones introducidas por la Comisión en el proyecto del Poder Ejecutivo fueron aceptadas por el señor ministro del Interior, que asistió a nuestras sesiones y nos prestó, como cuando era diputado, el concurso de su ilustración y de su talento; pero de esas modificaciones me ocuparé después, para entrar a considerar desde luego la reforma más fundamental del proyecto, aquella que se refiere a la elección uninominal, idea que viene a llamar periódicamente desde hace cuarenta años a las puertas del Congreso, procurando fijarse en la ley y convertirse en saludable práctica; reforma que en mi sentir, será, según la expresión de Franklin, el sol que nazca para el largo día y no el sol que se ponga para la noche de la República! (¡Muy bien!; ¡muy bien!)

Antecedentes legislativos e históricos. — Empecemos por recordar, brevemente, su accidentada historia: Sarmiento, siempre Sarmiento a la cabeza, la propone en 1858; la presenta y la sostiene con calor en 1863 el diputado Montes de Oca; la vuelve a proponer en 1869 Sarmiento, presidente, con Vélez, su ministro; Avellaneda la recomienda con empeño en 1876; poco después insiste todavía Sarmiento, senador, acompañado, entonces por Frías, García, Echagüe y Villanueva; en 1883 el Senado aprueba contra un voto, de acuerdo con el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales, formada por Del Valle, Igar-zábal y Oliva, después de oir el informe correspondiente hecho por el mismo senador Igarzábal autor del proyecto, y una soberana improvisación de Avellaneda; en 1890 —porque ese proyecto de 1883 no obtuvo la sanción de la Cámara de Diputados, no obstante su brillantísima de* Censa, hecha por el doctor Rojas, el doctor Luis Lagos García y Achával Rodríguez— en 1890, decía, el doctor Víctor M. Molina renueva la cuestión en esta Cámara, en donde triunfa el sistema uninominal, brillantemente expuesto por el doctor Balestra, en un discurso elocuentísimo, muchas veces citado, y briosamente sostenido por él propio doctor Molina, por el doctor Manuel B. Gonnet y por un diputado que en 1883 había estado en contra: el señor Olmedo, que explicó la modificación de sus opiniones; como antes la Cámara de Diputados, ese año no dió el Senado curso a la iniciativa destinada a que otros la tomasen no mucho tiempo después; en 1893, en efecto, Pellegrini, Zeballos, Basavilbaso, Lagos García, Alcorta y Cullen, —la comisión que se recordará,— adoptan en su proyecto que el presidente Sáenz Peña y el ministro Cañé patrocinan y remiten al Congreso, la elección por circunscripciones; el senador Igarzábal levanta de nuevo la bandera en 1894; en 1895 es la comisión de legislación de esta Cámara —con el actual ministro González, con el actual senador Mantilla, con el actual miembro de la corte doctor Daract — el origen de una nueva discusión sobre el particular, en la que el doctor Daract lleva la palabra agotando la, materia de la que una vez más sale victorioso el propósito que cae enseguida bajo la lápida de uno de esos tan frecuentes como deplorables aplazamientos.

Sr. Gómez. — Que ojalá no se repita.

Sr. Vedia. — Que ojalá no se repita.

La idea había sido enterrada viva, sin embargo, lo mismo que en las ocasiones anteriores, y yo pretendí, siguiendo en orden al doctor Lobos, que se ocupó de ella en 1899, ponerla de pie con mis escasas fuerzas en las sesiones del año pasado, tocándome hoy el honor, que debo a la deferencia de mis colegas de la comisión, de informar en pro de la tan perseguida reforma, que viene ahora, como en 1869 y como en 1892, propuesta por el Poder Ejecutivo.

Los primeros antecedentes registrados, que alguien invocó en 1883 en favor de las circunscripciones, demostraban, a juicio de otro diputado de la época, que no sería buena una reforma tantas veces negada como pedida; pero Achával Rodríguez le contestó que precisamente demostraban todo lo contrario porque es propio del error, desvanecerse como un fuego fatuo cuando ha sido evidenciado, mientras corresponde la insistencia a la verdad, que vive siempre en esencia y que, eterna, busca su incorporación a las ideas y a los hechos, eternamente también. (¡Muy bien!) Veinte años después de pronunciadas esas o parecidas palabras, tienen, con relación al mismo asunto, un mérito mucho más grande, pues en todo ese tiempo, lejos de perder camino, el pensamiento 'ha venido ganándolo en ocho avances sucesivos.

Pero aquellos antecedentes, significan, además, que la reforma ha sido buscada lo mismo por los gobiernos que por las oposiciones, lo mismo por un partido que por otro, lo mismo al día siguiente de una revolución que después de un largo período de paz, lo mismo por administraciones que terminan que por administraciones que empiezan; lo que quiere decir que no ha sido propuesta como un expediente en situaciones y en horas especiales, sino perseguida como un ideal de todo tiempo, sobre la base de experiencias diversas, orientadas hacia un fin común.

Y demuestran también aquellos antecedentes que, si bien los adversarios de las circunscripciones han contado con muchos compatriotas distinguidos, como hoy mismo, y con las mayorías parlamentarias, en formas más bien indirectas, según se ha visto, a la elección uninominal han correspondido los esfuerzos de casi todos los presidentes argentinos —Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Sáenz Peña, Roca;— consta que también el general Mitre la mira con simpatía; y ciudadanos como Raw-son, Vélez, del Valle, Leguizamón, Gallo y cien más con los antes nombrados, sin agregar a estos los que, como Estrada, si no aceptan el sistema de las circunscripciones, enseñan que el actual es monstruoso y contrario al sistema republicano. El doctor Irigoyen es también partidario de la subdivisión.

El sistema uninominal. — Su alcance y eficacia. — Es verdad que la elección uninominal no resuelve el problema de la representación de las minorías en la proporcionalidad estricta a que en todas partes se aspira, y es verdad que ella no suprime todos los inconvenientes de la lista; pero, fuera de que la Constitución impone el sistema de la pluralidad, y fuera de que las transformaciones deben ser lentas en estos casos, es indudable que lo que se propone es dar un paso adelante, subir un escalón, realizar un progreso, atenuando los efectos extremos, pesados, odiosos de la ley actual, que conduce fatalmente a los parlamentos unánimes, detrás de los cuales está siempre la protesta de los excluidos, pronta a traducirse en agitaciones y conmociones revolucionarias.

Esos excluidos pudieran muy bien ser los más, dependiendo todo, siempre dentro de la ley, de las subdivisiones de la opinión, y tendríamos, entonces, a lo menos en el gobierno, trastornadas las bases de la democracia, suprimida la igualdad de los ciudadanos, violada la libertad del elector. Pero como puede quebarse también la unidad partidista, de esos menos, fraccionándose, en dos o tres grupos parlamentarios, resultaría de ahí que el grupo que predominase y tuviera la capacidad necesaria para dictar las leyes, no obstante tratarse de una minoría de la minoría, sería el que dirigiese los destinos de la Nación, en lo interno como en lo externo, constituyendo el peor de los despotismos.

La honorable Cámara no debe creer que está al borde de una ree* dición de la Política famosa o del admirable Espíritu de las Leyes, por más que las doctrinas del filósofo griego y del pensador francés constituyan todavía el norte de la democracia, que no acaba de salir del reino de las definiciones, que tanto la complican, a pesar de los grandes progresos realizados. No tengo toda la ingenuidad que precisaría para entrar en ese terreno, y basta, seguramente, para basar mi exposición, que lo señale al pasar.

La geografía nacional en apoyo del sistema. — He reconocido que con el sistema uninominal no curaremos aquellos males; pero sostengo también que los atenuaremos, como decía, por no concebirse mayorías con igual fuerza en todas partes; en las ciento veinte circunscripciones en que se dividiría la República, pues tampoco se concibe mayorías y minorías tan admirablemente distribuidas, tan proporcionalmente repartidas en todo el territorio de la Nación. Y es natural que no tengan así sus elementos. En Buenos Aires, toda la vida se ha oído decir: esta es la sección de hierro del partido nacional, esta otra es de los mitristas, aquélla de los radicales; en las parroquias de la Capital ha ocurrido otro tanto; las oposiciones santafecinas han tenido su centro de operaciones en el Rosario y a veces en las colonias, alcanzando esas oposiciones representación en la legislatura local; en Corrientes se ha tenido en todo tiempo por de los liberales los departamentos de la costa del Paraná y por del partido nacional los departamentos de la costa del Uruguay, respondiendo el centro a otras influencias; las montañas y los llanos de La Rioja han dividido el predominio político de los hombres dirigentes de la misma; las montañas, —no lo digo por el posesivo cariñoso Con que él las ha designado,— tienen con el señor Ministro mucha más relación que los llanos, a los que alguien ha de pretender llamar “mis llanos”, probablemente; Entre Ríos, con sus innumerables centros de población; Mendoza y Tucumán, ofrecen anchísimo campo a estas observaciones; pero no debo molestar a la Cámara con una larga revista que, al fin, acabaría por comprender a todas las regiones de la República.

Y es lógico que así sea, por otra parte, en razón de los intereses, de los prestigios, de la geografía misma, de los contactos diversos, de la división de la propiedad, de las labores de cada región, de la cultura de los habitantes, hasta del clima, en un país que todos los tiene, de las enormes distancias, de los medios de comunicación, y de innumerables circunstancias más, que solas se amontonan.

Una objeción. — ¿Podría decirse, siendo ello así, que la elección uninominal no nos daría una representación de las minorías, formen éstas partidos o gremios, y no nos acercaría a la proporcionalidad, ya que no podemos pensar en ella?

La presión y el fraude no son argumentos.

En primer lugar, la presión y el fraude no se detienen ante sistema alguno. Luego, es mucho más difícil que operen en detalle, a la vez, en cuantas circunscripciones elijan: después, * si existen, revestirán tales caracteres de generalidad, de abuso, de barbarie, diré, que se hará mucho más sencillo, mucho más probable, su correctivo, empezando por la Cámara de Diputados, la que no hallándose bajo el peso de la lista de electos, aunque se trate de bien electos, podrá dedicar mayor atención a cada escrutinio, tendrá que dedicársela, y podrá proceder más libremente con respecto al resultado individual d« ese escrutinio mismo.

El fraude electoral. — Antecedentes nacionales. — La lista es por sí misma el instrumento principal de la presión, y la mejor aliada del fraude. Fraudulenta, inconstitucional y perversa, llamaba Sarmiento a la ley actual de elecciones. Ya sé, señor Presidente, que la reforma no ha de cambiar en un día el fondo de las cosas; pero es mucho más probable que ella traiga en sus entrañas el germen de cosas mejores. De cualquier manera, el fraude, como todas las desgracias comunes, nos invita a meditar en familia y a cambiarnos recíprocamente nuestras impresiones. Al fin, no es una creación del presente, aunque en nuestros tiempos, como en tantos otros, haya podido florecer y prosperar. Pero, ¿quién puede precisar los orígenes del fraude? El tema es interesante.

Don Vicente Fidel López, nuestro ilustre historiador, aludiendo al régimen colonial que todo lo había dominado, como tuvo que dominarlo todo la revolución de Mayo, dice que acaso está en esa dolorosa tradición la explicación de defectos y vicios de nuestro organismo político.

Rawson, en 1874, en una carta famosa, tantas veces recordada —el otro día la citó aquí el diputado por la Capital Sr. Varela Ortiz,— decía: “Venimos del mundo de la mentira y de la violencia; venimos de la influencia oficial preponderante; venimos del imperio de los círculos, falsos sacerdotes de la democracia; venimos del fraude inicuo y del registro falso/*

Pero Sarmiento señala con el dedo su cuna: Sarmiento dice que nació el 4 de mayo de 1828 en la Capital de la República. De las elecciones de aquel día, como de una caja de Pandora, salieron, para él, todas las calamidades que nos han azotado después. ¡Y en qué circunstancias, señores diputados! Es preciso verlas, pintadas por él mismo, en una página resplandeciente.

“Las instituciones de Buenos Aires, dice, con sus progresos asombrosos, eran la admiración aun de la Europa en 1826. Canning, en Ingla-térra, de Pradt en Francia, se habían constituido sus apologistas y sostenedores. La inmigración contratada empezaba a llegar de Irlanda, de Francia y de Alemania, y media Europa se iba a lanzar sobre este país que ya hacía presagiar los Estados Unidos del Sur. A una palabra de Ri-vadavia, los millones de Inglaterra corrían a derramarse sobre nuestro suelo en compañías de minas, de navegación del Bermejo, del canal de los Andes, de colonización, de bancos, etc.”

“Todo lo que estamos entreviendo como próximo, treinta años después estaba ya realizado: con esta diferencia, que entonces teníamos en el mundo civilizado el prestigio de nuestras recientes glorias, de nuestra ostensible cultura y de nuestras instituciones libres, mientras que ahora luchamos contra nuestro descrédito, contra la fama de nuestra barbarie y las consecuencias de la horrible tiranía que pesaba sobre nosotros.”

“La América toda nos contemplaba admirada entonces. Hoy nos tiene lástima.”

“Desde 1820 hasta 1826 habían jugado sin tropiezo las instituciones libres. Lucha había y debía haberla: Dorrego mismo, el antagonista del sistema, maniobraba en el círculo de las formas constitucionales.”

Sr. Lacasa. — ¡Antagonista del'sistema unitario!

Sr. Vedia. — ¡El antagonista del sistema!

Prevengo al señor diputado que no estoy tratando de renovar pasiones y, sí, sólo de aplicar una de las páginas más grandes de la literatura patria, que el señor diputado va a saludar conmigo dentro de un momento. (¡Muy bien!; ¡muy bien!)

“y separado Rivadavia, sigue diciendo Sarmiento, del gobierno por su noble y candorosa renuncia, el pueblo esperaba con ansia las elecciones de la nueva legislatura para remediar el retroceso accidental que había experimentado el país con la disolución del Congreso.”

“El pueblo de Buenos Aires se había preparado como para un torneo a este certamen de sus derechos, y nombrando padrinos de la liza a las más grandes ilustraciones de nuestras glorias militares, quería mostrar que con todo el poder de las armas en la mano, quería sólo vencer en el campo de la ley constitucional.”

“Era el padrino de la mesa de la Catedral al Norte el general Al-vear, cubierto aun con el polvo glorioso de la batalla de Ituzaingó.”

“En la del Colegio hacía resonar de vez en cuando, sobre el pavimento, no la espada, la muleta! el ilustre y popular general Lavalle, recientemente herido en una pierna en la batalla del Yerbal. El general Soler, que decidió en un movimiento de flanco la batalla de Chacabuco, cuidaba del orden en la mesa del Socorro. El general don Martín Rodríguez, que ahogó en 1820 entre sus brazos la hidra de la anarquía, se rebullía entre los animados grupos de San Nicolás.”

“El general don Mariano Necochea ostentaba sus catorce heridas recibidas en Junín, al lado de los ciudadanos de la parroquia de Mont* serrat. El coronel Estomba, baluarte de la frontera, y otros muchos veteranos de la independencia, ocupaban sus puestos de ciudadanos en San Telmo para cubrir el pueblo con el prestigio de laureles cosechados en Chile, el Brasil, Ecuador, el Perú y el entonces orgulloso nombre argentino se habia presentado latiendo en el corazón de sus héroes.”

Parece un desfile de la ¡liada, señores diputados.

Y fué entonces, señor Presidente, fué ese día, según él, que a los gritos de “¡vivan los de chaqueta!”, burlándose a aquellos héroes, se quebró en la República Argentina el régimen del sufragio libre; del mismo modo, agrega, que un loco quemó el templo de Diana en Efeso; que una perrita incendió, volcando una vela, los manuscritos de Newton y que un caballo desbocado decidió de la monarquía constitucional, en Francia y en el mundo, arrojando y haciendo perecer al duque de Or-leans su caballero. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

Este era el cuadro que yo quería reproducir cuando el señor diputado me interrumpió. Y es preciso hacer justicia al ejército argentino, digno de aquellos guerreros de la Independencia que venían cubiertos de laureles a trabajar por la República y por la democracia yendo a las mesas electorales. Justo es decir, también, que han tenido sucesores, porque felizmente la República no ha sufrido la plaga del militarismo que ha asolado a otras naciones hermanas de América. (¡Muy bien!; ¡Muy bien! Aplausos).

Sr. Gómez. — Podríamos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Pedia. — Yo no tendría inconveniente.

Sr. Presidente. — Siendo la hora avanzada, queda levantada la sesión.

(Sesión del 17 de octubre de 1902)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

—Ocupa su banca en el recinto el señor ministro del Interior, doctor Joaquín V. González.

Sr. Pedia. — Había colgado en la sesión anterior, a manera de ri-

* quísima tela en pobre bohardilla, del árido muro de este informe, aquella especie de gobelino heroico de Sarmiento; pero a su luz, luz intensa, como de “pantallazo de nave capitana”, que decía Magnasco, desaparecieron, según pude observarlo después, las deducciones y las observaciones que pretendí extraer de aquella reproducción.

Es verdad que la interrupción que me hizo el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, Dr. Lacasa, no fué en el primer momento, quizá, bien alcanzada por mí; pero es lo exacto que sólo buscaba yo establecer con la cita del Dr. López, con la cita del Dr. Rawson y con el cuadro de Sarmiento, que el fraude no es un mal moderno, una neurastenia cualquiera, sino una vieja enfermedad, o heredada, como dice el doctor López, del régimen colonial, o viniendo quién sabe de dónde, como decía Rawson, o procediendo de la fecha que Sarmiento señalaba como su cuna.

Pero ¿a qué propósito quería establecer yo este origen? No para formular cargos retrospectivos, no para sacudir o encender pasiones, sino para llegar a la conclusión de que debíamos desprendernos de toda actitud de tragedia al hablar de estas cosas, para confesarnos sinceramente, en el cambio de nuestras respectivas impresiones, reconociendo la necesidad de buscar los medios, ya que no de curarlo, de ir atenuando los efectos de ese mal.

¿Cómo los atenuaríamos? La ley puede mucho, si toma el camino de este proyecto, sobre el cual estoy hablando. Lo demás, corresponde al estímulo, a la propaganda, al esfuerzo constante sobre las costumbres. Así, el tiempo dirá cuál va a ser el triunfo de las buenas intenciones de todos los patriotas sinceros.

Una réplica. — Establecido así, señor Presidente, el alcance de mi cita, voy a seguir adelante; pero, antes de hacerlo, quiero tomar en cuenta una observación, que me ha sido hecha por un distinguido colega, que me presentaba la composición actual de la honorable Cámara como una prueba de lo innecesario de la reforma perseguida.

Yo, señor Presidente, creía que era una prueba de todo lo contrario. La composición actual de la honorable Cámara se debe, precisamente, a procedimientos de los partidos que han tendido a compensar las deficiencias de la ley actualmente en vigencia, para llegar a constituir un Parlamento de discusión, en que estuviesen representadas todas las opiniones.

Esa composición, señor Presidente, no puede depender en absoluto de la ley, es decir, no depende de la ley; depende de la voluntad de los hombres; está a merced de las direcciones políticas de los partidos, está a merced de los comités; y el régimen electoral de la República no puede ser entregado de esa manera a unos y otros, sino establecido por nosotros, en los términos y expresos de la ley misma, en una forma definitiva.

¿Quién podrá asegurar que los acuerdos, que las inteligencias de los partidos van a ser un sistema permanente, un hábito regular en la República Argentina? Nadie; pero, y aunque tal seguridad se diera, ten* dríamos que insistir por la razón que acabo de manifestar: porque ellos no dependerían del régimen electoral de la República, sino de los pro* cedimientos y acciones partidistas.

De todas maneras, señor Presidente, la reforma aconsejada, lejos de dificultar, lejos de entorpecer esos acercamientos, esas inteligencias, de todas maneras tan saludables, las facilitará y las encaminará del mejor modo, sobre una base más popular, más firme, más directa, y por lo mismo más respetada.

Ventajas del sistema. — Después, señor Presidente, aunque el sistema propuesto no diera los resultados que yo tengo por seguros y que lo son, sin duda, él superará siempre al régimen actual, por la más inmediata relación que establece entre el elector y el electo; por el mayor interés que esa relación despierta en el pueblo; por la saludable competencia democrática que tiende a crear; por el estímulo que lleva a todas las secciones de la República; porque es igualitaria y niveladora; porque combate los centralismos, siempre absorbentes, de todo género; porque ampara y enaltece al individuo, que hoy se pierde en el todo de los partidos o en las enormes masas de los que corresponden con su indiferencia al olvido en que se les tiene; porque multiplica los centros de actividad cívica; porque al multiplicarlos reduce por el hecho su campo de acción, aumentando el valor del ciudadano; porque es, en ese sentido, dignificante y civilizadora. Nada dignifica y civiliza más al hombre, en efecto, que la conciencia de sus responsabilidades, que el saberse parte, siquiera sea infinitesimal, de un organismo superior, que el sentirse solicitado para una acción concurrente a un fin común, a un fin grande, que el considerarse representado en el gobierno general de su país.

A este respecto la ley que se busca es una ley de propaganda democrática, de educación cívica.

Hagamos comicios como hacemos escuelas, en todas partes, pero no comicios a la manera de sucursales de lejanas casas centrales, para responder a los giros de éstas, sino comicios como instituciones propias, autónomas, para el uso y ventaja de los mismos que la manejen dentro de los rumbos colectivos, de todos los que trabajan por el engrandecimiento de una misma patria.

La nación, señor Presidente, está harta de nuestra falta de educación política y de sus naturales consecuencias. Es preciso investigar, ensayar y saber. Es preciso y es urgente. Las tutelas caducan porque el muchacho ya se ha hecho hombre. Bueno o malo, él es dueño. Sus padres desaparecieron con la generación de la independencia, o más tarde, con la organización. Puede llamar así también a los grandes que viven, pero nosotros no somos sino sus representantes, y estamos en el deber de reconocerle sus derechos y de facilitarle el ejercicio de los mismos, responda o no responda, que es seguro que responderá. Quitémosle el andador, y ya sa echará a correr.

Un poco de sociología nacional. — Y aquí viene, señor Presidente, el cuento de los caudillos. ¿Qué caudillos son esos? ¿Los de 1869? Pero cuando Sarmiento y Vélez no les temían entonces, ¿les temeríamos nosotros, treinta y tantos años después? ¡No! Los de hoy son otros; pero, ¿dónde están? ¿Cómo operan, cómo operarían, mejor, bajo el sistema de las circunscripciones?

Yo los voy a señalar, dividiéndolos en grupos.

Anoto en el primero al patrón de la fábrica, al dueño de la viña, al propietario del ingenio, al estanciero, al explotador de minas, al colono, al terrateniente, al afincado, a todos los que, manejando cuantiosos intereses, de cualquier género, tienen a su servicio grandes masas de hombres.

Anoto en el segundo al hombre útil a sus convecinos capaz de molestarse por ellos, curioso de sus necesidades, anheloso de satisfacerlas, progresista dentro de su circunscripción, celoso de ella, gran amigo del cura, del juez de paz, del boticario, del periodista, y del maestro de escuela, director de todos los festejos patrios, con grandes simpatías entre los extranjeros, generoso, servicial, activo, desprendido, que el lunes solicita la libertad del pobre trabajador que se embriagó el domingo; que a este le paga la multa cuyo perdón no obtuvo; que al otro le procura un empleo; que llama a todos sus hijos y como a tales los trata; que no se cansa de pedir para su circunscripción y que lo pide todo: el telégrafo, el ferrocarril, el tranvía, la luz eléctrica, el pavimento, las últimas novedades, y hasta la banda de música.

En el mismo grupo puede anotarse al que llamaremos intelectual — médico, abogado, político de raza o de ocasión,— que imita al tipo que acabo de esbozar, que va como él al comité y al atrio, y que compensa con imaginación y con cierta habilidad su inconstancia, realizando por temporadas lo que constituye el trabajo permanente, la verdadera esclavitud en que el otro vive y goza; pero realizándolo con igual sinceridad, con igual empeño y conservando por siempre las vinculaciones hechas en un momento dado.

Después, hay un caudillo... —el más anacrónico,— el caudillo autoridad, que o vale porque abusa de ella, en cuyo caso ocurrirá siempre lo mismo, tolerado o expulsado, o vale, por sus prestigios personales y funda su influencia más que en la fuerza, en los afectos de su pueblo, prefiriendo ser un buen parroquiano a un odioso mandón.

Muchos señores diputados presentes, y sobre todo, los de la provincia de Buenos Aires, conocen al prestigioso vecino de Lomas don Manuel Castro, que es mi amigo. Hablando con él días pasados, respecto de esta ley, le dije: —Parece que usted va a ser diputado si se sanciona el proyecto de ley de circunscripciones. — De ninguna manera, me dijo. El Congreso no es para mí. Yo estoy bien allí en mi localidad, discutiendo nuestros intereses inmediatos. En todo caso, ya buscaré yo algún hombre joven, inteligente y preparado de mi sección para que nos vaya a representar en el Congreso. La referencia hace inútil todo comentario.

Temores infundados. — Paso sobre la turba de los politiqueros sin eficacia y sin títulos, para decir que aquellos son los caudillos llamados a prosperar bajo el régimen de las circunscripciones; pero no son esos los caudillos temidos, seguramente, no son aquellos a quienes se quiere cerrar las puertas del Congreso, lo que equivaldría a cerrársela a los más legítimos representantes del pueblo; cerrarlas a la verdad, que es siempre luz, derecho y fuerza; no, es al caudillo obscuro, analfabeto, ambicioso y petulante.

Pero fuera de que tales términos se excluyen, porque todo se armoniza y regula en la sociedad dentro de cada esfera, ascendiendo sólo el que tiene títulos superiores y garras para ello, y fuera de que yo no creo en tales caudillejos, ni en tales peligros, mereciéndome mejor concepto, la civilización argentina, yo digo que esa civilización volvería a luchar aún con la barbarie y acabaría por reducirla y anularla seguramente.

Supongo, señor Presidente, que no se querrá discutir regímenes de gobierno. En cuanto a mí, Dios me libre de tamaña inocencia! Pero es forzoso resolvernos a aplicar resueltamente el que tenemos, aceptando resignadamente los resultados que nos da, que yo creo buenos. De lo contrario, estaremos condenados a vivir mistificándonos o nosotros mismos y mistificando a los de afuera, con todos los inconvenientes y todas las ventajas que resultan de las falsas posiciones, y que son mayores, sin duda alguna, que los que la realidad, sinceramente consultada, habría de darnos.

Para infancia, señor Presidente, basta un centenar, sobre el cual se acumulan siglos de experiencia ajena, tan aleccionadora y provechosa, sin duda, como la experiencia propia.

El nivel intelectual. Yo no quiero hacer paradojas; pero creo, sí, que a medida que el país avance, la acción de los resortes oficiales ha de ser una acción subalterna.

Trataré de explicarme. Las repúblicas én formación requieren indis* cutiblemente, y no les falta, el concurso de sus primeros hijos; pero una vez constituidas, una vez florecientes, mil solicitaciones, —las artes, las industrias, el comercio, todas las carreras,— van arrebatando a las labores del gobierno las inteligencias más preciosas, sin que esto obste para que la República, ya constituida, continúe perfectamente su marcha desenvolviéndose admirablemente dentro de sus resortes constitucionales, ya perfectamente respetados y consolidados.

Cuando queremos guiar a la juventud por caminos prácticos, es precisamente para llevarla a hacer efectivos, de una manera eficaz, los conocimientos y los hábitos adquiridos en la vida del trabajo. Lo contrario nos podría llevar a favorecer lo que hemos tratado de impedir hace algún tiempo: porque si el gobierno hubiera de ser la obra exclusiva de los doctores, en todas sus ramas, entonces el trabajo de los hombres de gobierno debía ser también el doctorar el mayor número posible de ciudadanos.

Selección espontánea. — Las Cámaras han de contar, en todo tiempo, con el concurso de los hombres notables, de los consulares de la República. Ese concurso no les ha de faltar; lo han de tener en la medida en que estos hombres llegan a todos los parlamentos del mundo, que no son Congresos de sabios ni areópagos científicos, sin embargo de requerir y obtener siempre el concurso de las cabezas superiores de su tiempo; pero esos hombres notables, esos consulares, en vez de ser muchas veces la obra de esfuerzos dialécticos y de mayorías artificiales dentro de los comités, serán los candidatos de sus convecinos, que muy honrados se considerarán al aproximarse a levantar sus nombres como bandera de civilización y de progreso.

Y he hablado de los comités. En ellos mismos —¿quién no ha estado alguna vez en contacto con un comité?,— en ellos mismos cuando no están basados en la regla de la personalidad a que queremos acercarnos por este proyecto luchan las secciones grandes y las secciones pequeñas, así consideradas, con arreglo al número de votos que aportan al haber de cada partido: las secciones grandes no quieren consentir, y con razón, que tengan la misma influencia que ellas, en las decisiones generales, las secciones pequeñas, que sólo sirven para completar o para decorar las asambleas de delegados. En ese sentido, el sistema que se pretende abolir está desde su base minado y desde su origen ha ocasionado trastornos y dificultades de todo género.

Propósitos saludables. — El sistema propuesto está destinado a producir una saludable influencia sobre la juventud, que cree cumbres inaccesibles las del gobierno, no obstante los numerosos ejemplos que la

época le ofrece, y se malgasta y se malogra en las abstenciones que con* ducen al indiferentismo por la cosa pública, cuando no a las eternas y estériles recriminaciones. Muchos hombres jóvenes han llegado íntegros a estas bancas, procediendo respectivamente de todos los partidos, después de someterse, al roce democrático de las asambleas y de los comicios; pero haciendo más directa la acción, más inmediato el resultado del esfuerzo, es probable, es seguro, que esto habría de servir de incentivo para que muchos otros bajaran a la arena de los debates electorales, a fin de procurar por sus cabales las honrosas posiciones representativas.

Un recuerdo personal. — Yo recuerdo un detalle interesante de la última elección. El doctor López, el hijo mayor del inolvidable Lucio, abría paso afanosamente, hacia una de las mesas del Pilar, a un hombre del pueblo, a quien tenía abrazado de la cintura, como si temiera que se le escapara. Yo miraba con satisfacción al doctor López y pensaba en los de su generación que a esas horas estarían en el hipódromo, cuando él, admirtiéndome, me gritó, con verdadera alegría: ¡Lo sacamos a Roque!

No necesito decir que aludía al doctor Roque Sáenz Peña con quien, no obstante las diferencias políticas me liga una amistad que, según él, reposa sobre un protocolo semejante al de los curas de Alcañiz y de Alcañices.

¡No lo van a sacar nada!, le respondí, pensando, señor Presidente, en las enormes masas de votantes de todas las parroquias reunidas y en la esterilidad realmente desoladora de los esfuerzos aislados cuando van a chocar contra estas mayorías que uno no sabe de dónde vienen con su fallo ya determinado, para pesar sobre la voluntad pública de una sesión inutilizándola.

Carácter de la representación elegida por el sistema uninomi-nal. -— Por el sistema de la lista, señor Presidente, los diputados representan más propiamente situaciones de las que son solidarios, por mucho que representen también la mayoría de las opiniones de los distritos respectivos; por el sistema uninominal representarán más propiamente a sus electores, a quienes únicamente deberán dar cuenta de la manera cómo desempeñen su misión.

Las situaciones cambian, pero el elector queda vigilante y activo como queda el diputado, o continuando su mandato o volviendo a buscarlo para continuar con una honrosa representación y recibir de nuevo los votos de los convecinos de su distrito.

Se dice, señor Presidente, que por esta ley habrá diputados por 500, 400 o menos votos. ¿Y qué mal habría en esto, fuera del que resultase de la inactividad cívica, que tanto nos ha preocupado en todo tiempo? La cifra dependería, en todo caso, del mayor o menor movimiento electoral de la circunscripción respectiva, pero será seguramente mayor cuando sólo ella elija dentro de sí misma, con el interes inmediato, que la que aporta, generalmente, a la lista común de un partido.

La elección es una relación de confianza entre el elector y el electo, dice Saripolos, y no se concibe que no se conozcan, que no tengan una vinculación inmediata. Uno conoce mejor las necesidades de su pueblo que las de los demás, dice Montesquieu, y puede apreciar mejor la ca-pacidad de sus convecinos que la capacidad de todos sus compatriotas.

Mirabeau comparaba una asamblea política a una carta geográfica, representando aquélla todos los accidentes de la población de un país, como ésta todos los accidentes del territorio del mismo.

Estas observaciones generales, señor Presidente, tienen una aplicación inmediata y especialísima a la República Argentina, en razón de la enorme diversidad de los intereses y las zonas.

La opinión de Rawson. — Rawson, señor Presidente, en la misma carta del 74 a José Manuel Estrada, que antes cité, aludiendo, si bien con relación a lo provincia de Buenos Aíres, pero sus reflexiones caben lo mismo en lo que respecta a la nación, aludiendo a lo que él llamaba localización de la representación, escribía: “Yo quería que como en todos los estados de la Unión, el partido de Tapalqué o del Pergamino mandara uno de sus vecinos que conociera las necesidades locales, a respresentar la verdad de las opiniones de su distrito y viniera a pedir y a imponer con su voto una legislación práctica, capaz de satisfacer las exigencias económicas, sociales o políticas de su localidad. Yo deseaba que ese conjunto de representantes, cualquiera que fuera el nivel de su capacidad intelectual, viniera a reclamar de la ciencia las leyes adecuadas para atenuar las calamidades y promover el adelanto de la campaña’*.

“Yo esperaba evitar por este medio que los doctores de la plaza de la Victoria tuvieran el privilegio de representar a toda la Provincia, sin saber cuáles son las causas de la langosta, de la seca, de la mortandad de la hacienda, sin conocer los medios de extirpar estos males y sin ocuparse, en fin, de otra cosa que de política...”

“Esperaba, en fin, que los modestos paisanos más distinguidos por su capacidad entre sus convecinos, vendrían a legislar y no a disipar su tiempo como sucede ahora, y trabajarían con asiduidad, dictando leyes de provecho común, seguro de que en la contracción y en el estudio se formarían muchos hombres útiles, oradores y legisladores distinguidos, —y aquí alude a un colega de la Cámara, en quien yo también he visto francamente, un tipo de evolución yanqui,—' como el señor Oroño, cuyo origen popular, es por lo menos tan modesto como los que describo.”

Antecedentes europeos. — Yo no he pretendido presentar este sistema como un ideal teórico en la época destinada a buscar, como la solución de un rompe cabezas, el sistema que mejor responda a la más estricta proporcionalidad.

Pero este sistema, —y no he querido referirme a ninguno de los otros porque no encuentro ninguno que encuadre, dentro de la Constitución cuando exige la pluralidad de sufragios,—• es el que Gladstone amparaba con su enorme autoridad; es el mismo que prima con ligeras variaciones, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en Grecia y en Bélgica.

Este es el principio respecto del cual estamos en un plano inferior al de muchas de las naciones sudamericanas y al de muchas provincias argentinas, que han pasado por sobre la Nación, estableciendo en sus Constituciones la proporcionalidad para ponerse al nivel de los pueblos más adelantados de la tierra. ¡Bueno sería que las imitásemos, ya que no les hemos dado el ejemplo!

Los antecedentes de la Bélgica al respecto son preciosos.

Con el sistema rudimentario de la mitad más uno, la Bélgica ha visto elegir cuarenta y cuatro diputados cotólicos y dos liberales, cuando el total de los votantes católicos sólo superaba al de los votos liberales en 681 sufragios.

La monstruosidad de este resultado pudo mucho más que todos los enemigos de la reforma, y la reforma vino. Y con mucha razón un diputado socialista llegó luego a decir en el parlamento belga: “No podíamos ser sino revolucionarios mientras no estábamos aquí, porque sólo vuestra era la culpa de que no estuviéramos.**

Deberíamos evitarnos en el porvenir reclamaciones y reproches tan justos como los del diputado socialista belga.

Un pequeño episodio. — En 1883 el señor Marco Avellaneda, interventor en la Provincia de Corrientes, actual Ministro de Hacienda, me encargó, —yo era uno de sus secretarios y tuve que apresurar mi regreso a Buenos Aires, —que diese cuenta al Sr. Ministro del Interior de la situación política de la provincia intervenida.

Era Ministro entonces el respetable señor doctor Anchorena, ante quien me presenté a llenar mi cometido.

—¿Cómo andan las cosas por allí? —me preguntó.

—En Corrientes, señor Ministro, —le respondí,— los partidos políticos. ..

Pero ahí no más me contuvo el respetable señor Anchorena, de una manera tan firme como culta.

—No, mi amigo, —me dijo,— no me hable usted de partidos políticos. ¿Cuándo ha visto usted esa palabra en la Constitución?

La Constitución no habla sino de pueblo, gobierno, ciudadanos. La Cámara se dará cuenta de la situación en que yo me vi. Me quedé como si se me hubiera escapado una mala palabra y buscado la forma de llenar mi misión con abstracción de aquélla que ya no podía nombrar. Era lo mismo, me parece que hablar de un drama sin mentar a sus actores o hacer lo de aquel empresario que salió a anunciar al público que se iba a dar Hamlet, como estaba anunciado, pero sin el papel de Hamlet, por enfermedad de su primer actor.

El doctor Anchorena había probablemente leído un decreto respecto del cual conversábamos hace un momento con mi distinguido colega el doctor Ovejero; aquél del gobernador de Salta, Sr. Todd que, dictada la Constitución Nacional, lanzó un decreto que decía,; “Artículo 1’. Queda prohibida la existencia de partidos políticos en la Provincia de Salta.”

Pero todos los extremos son viciosos y es preciso reconocer que en verdad los partidos no son la Nación. Los partidos constituyen las situaciones a que antes me he referido, los electores constituyen el pueblo.

La lista no conduce a la elección directa que la Constitución pretende. Equivale más bien a una elección de segundo grado. La lista no permite la representación de los intereses regionales, de los gremios, y entre la lista y los partidos cambian en absoluto el carácter que debiera tener esta Asamblea y hace imposible la llegada a ella de todos los ciudadanos que no figuren en los de aquéllos.

Soy, señor Presidente, un hombre de partido que no aspira a perder su actuación como tal, sino más bien a definirla cada vez más. Yo creo que esta ley — en esto hablo personalmente, más que como miembro informante,— yo creo que esta ley le conviene a mi partido, porque le conviene al país. En ese sentido la defiendo cómodamente, con ver dadero calor.

Ventajas de la representación de las minorías. — Está en el interés de las mayorías la representación de las minorías en el gobierno de la República. Las fuerzas que no hallan como ascender en proporción a las esferas dirigentes para aplicarse a la labor común de una sociedad, se entretienen en morder los cimientos, como que han quedado abajo, haciendo de la socavación su programa. Que el partido que sea la mayoría del país, sea la mayoría de la representación; pero no sea la unanimidad. La unanimidad es una tiranía, la unanimidad es una sofocación propia de las épocas de los privilegios y de las castas. ¡Acaso peor! Porque las clases inferiores no quedaban entonces tan desamparadas como las minorías modernas que oyen decir, y es un sarcasmo, que la sociedad está fundada sobre la amistad, al mismo tiempo que ellas se ven condenadas a la esterilidad, al ostracismo y a la muerte. Hoy por hoy, el comicio no resuelve dificultades, crea otras nuevas; no soluciona problemas, los complica; no remedia, agrava. El fallo legal de las urnas es como una excomunión de las minorías, y las minorías que se aperciben entonces de que han desempeñado un papel completamente inútil, de que su papeleta no ha tenido más valor ni utilidad que el de un simple papel en blanco, de que sólo han sido los instrumentos y decoraciones de una farsa, que recae siempre sobre ellas, meditan desde ese instante, irritadas por la humillación y el despojo, la revancha siempre terrible de los débiles, cuando no se contentan con el consuelo, que justamente saborean, de pensar que las aturdidas mayorías de hoy pueden muy bien ser las pobres minorías de mañana y de que entonces han de pasar las cosas exactamente al revés.

Esta ley, señor Presidente, hace al ^elector más consciente y al electo más respetado porque será más fuerte, al mismo tiempo que acercando al diputado a su circunscripción, al pueblo mismo, suprime el intermediario, que es lo peor en nuestras prácticas políticas electorales y lleva un concurso más directo, más eficaz a la misma circunscripción de cuyo seno trae entonces una representación que es indiscutiblemente mucho más inmediata, mucho más pura que la de estas listas enormes como no se ha visto jamás en ninguna votación de la tierra, porque no he visto en ninguna parte lista de diputados electos superior a las que manda la Provincia de Buenos Aires en razón de su población.

Esta ley ampara los nobles prestigios de la virtud, las armas, el talento, todos los servicios públicos. Esta ley es contraria a la palabra de orden, da incentivo a la acción, abre paso a todas las nobles iniciativas, determina luchas francas, donde se levanta un caudillo esta ley pone otro de pie y ampara soluciones indiscutiblemente superiores a los dos juntos. Esta ley, en fin, señor Presidente, es una ley de verdad, una ley de justicia, una ley de orden.

El argumento de constitucionalidad. — ¿Estará esperando su turno el argumento constitucional ?¿E1 argumento constitucional reaparecerá todavía? Yo tengo para mí que ha sido pulverizado en todos los debates anteriores en este Parlamento.

Volver a él me hace el efecto de soplar cenizas. La tarea a ese respecto es muy fácil y muy difícil. Sería muy fácil, pero me resulta muy difícil. Sería muy fácil, señor Presidente, porque me bastaría releer, por ejemplo, las diez luminosísimas páginas dedicadas por el doctor Balestra a la cuestión, para que concluyera mi cometido de miembro informante de la Comisión. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la mayor parte, cuando seguramente todos, todos los señores diputados las han leído y aplaudido como yo, cualesquiera que sean las opiniones que mantengan? Leyendo, pues, páginas como esas, mi tarea sería muy íá* cil; impedido de leerlas, mi tarea será más difícil. Pero un sumario es la transacción que se impone, y yo he de tratar de encerrarlo en el menor espacio que me sea posible.

Lo primero es lo primero, sin embargo. Lo primero es el régimen de gobierno de la Constitución, al que no responde indiscutiblemente el régimen electoral actual, que se ha tratado de corregir en lo posible en el proyecto que está ahora a la consideración del honorable Congreso. De manera que discutir proposiciones accesorias, artículos de la Cons-titución secundarios, cuando los que constituyen la base misma del sis* tema, las explica y las aclara, es para mí, hacer las de aquel que, según Isaías Gil, se pasaba a nado la Constitución y se ahogaba en un artículo del reglamento.

El artículo 37, señor Presidente. Se dice que no podemos invocar la Constitución de los Estados Unidos, en razón de que el artículo corres* pondiente de la misma, no contiene las palabras: “como distritos de un solo Estado”, conque la nuestra determina la manera como concurre el pueblo de la capital y de las provincias a una elección nacional.

Y se contesta. Primero, que la frase no se opone a la subdivisión, porque la palabra distrito no encierra una idea de indivisibilidad. Segundo, que ella carece de la significación que le atribuyen los adversarios de las circunscripciones, por la razón dada, y porque sólo tiene un significado político-geográfico, diré, desde que no es la nación la que en un solo acto elige toda su representación. Tercero, que el pensamiento fundamental está contenido en las palabras “de un solo Estado”, o sea la Nación. Cuarto, que la frase de la referencia proviene de Alberdi, que la aplico en las Bases y que la usó en el artículo que del modo siguiente proponía: “La Cámara de Diputados representa a la Nación en globo, y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado”. Quinto, que eso de la Nación aclara el concepto y reduce el resto, como decía, a una simple manera de decir. Sexto, que Alberdi bebió sus principios en fuentes norteamericanas y conocía ya la aplicación del sistema uninominal en diversos estados de la Unión. Séptimo que el origen de nuestro artículo es el mismo del de la Constitución de los Estados Unidos, en cuanto se procuraba aquí como allí llevar la representación del pueblo de la Nación a la Cámara de Diputados, y la representación de los estados o de las provincias, a la Cámara de Senadores. Octavo, que Alberdi consideraba el distrito como una simple división geográfica, como lo consideraban Madison y Hamilton y como lo considera Labou-laye, tantas veces citado. Noveno, que siendo el pueblo de la Nación, desde luego, el que elige, todo lo que tienda a hacer más directa la elección de los poderes que deben ser elegidos directamente por el pue-blo de la Nación, se amolda mejor a nuestro régimen electoral, lo que Rawson explicaba en 1863, discutiendo este mismo artículo 37, en la siguiente forma: “El Congreso está autorizado para dictar una ley electoral en cualquier sentido, con tal que garanta la libertad del sufragio”.

Y no quiero seguir, señor Presidente, con esta enumeración, que se haría seguramente muy pesada.

Otras objeciones de la misma índole. — Realmente hubiera debido pasar por alto el artículo 40, en que se detienen también los adversarios de las circunscripciones, por aquello de que el diputado debe ser natural de la provincia que lo elija, o tener dos años de residencia en ella. ¡Pero si esto no es un argumento! El mismo artículo de la Constitución argentina lo tiene la Constitución americana. Esto no es un inconveniente para la elección uninominal, fuera de que parece hasta trivial insistir en el origen de este artículo. Fué fundado en la necesidad del conocimiento que debía tener cada uno de los diputados, de todas las secciones de la República, a fin de que resultara del conjunto un conocimiento pleno de las exigencias y de las necesidades generales de la Nación.

En cuanto a que elija el pueblo de las provincias y de la capital, señor Presidente, el argumento de los adversarios de las circunscripciones consiste en decir que no se puede dividir la unidad que constituye el pueblo de las provincias. Pero, ¿y la unidad del pueblo de la Nación? ¿La unidad nacional, no es tan respetable como la del pueblo de las provincias o de la capital, y no está ya de antemano dividida, fuera de que no son las provincias las que eligen —es necesario salir del círculo vicioso— sino la Nación que, no pudiendo hacerlo en un solo acto, ha sido dividida en distritos?

En cuanto al argumento fundado en el artículo que se refiere a la renovación de la Cámara por mitad, cada dos años, ha sido destruido completamente en esta Cámara. Y para este artículo, basta sólo recordar el caso de la provincia de San Luis, tan citado, que elige toda su representación cada cuatro años. De manera que no hay ningún inconveniente en que unas circunscripciones elijan y otras no, porque mientras unas circunscripciones eligen, otras ya tienen sus representantes sentados en el Congreso de la Nación. Pero si hubiera inconveniente en eso, resultaría exactamente lo mismo que resulta hoy; que una parte de la Nación elige y otra no, cada dos años, como sucede en el citado caso de San Luis. Y todo lo demás es por el estilo.

Elementos para la réplica. — De manera que yo no he podido creer que el argumento constitucional reapareciese; pero si reapareciera, tendría entonces, que releer, como decía, las brillantes páginas del doctor Balestra, tendríamos que esperar la palabra de una competencia tan reconocida como la del señor Ministro del Interior y la de otros di* putados compañeros de la Comisión y miembros de esta Cámara, que indudablemente intervendrían en el debate.

Se podría decir que he dedicado la parte principal de este informe a una sola faz de la cuestión; pero me ha parecido que estaba obligado a ello. Yo no he oído discutir las disposiciones penales del proyecto, las disposiciones relativas a la descentralización de las mesas, al padrón permanente, ni a casi todas las reformas fundamentales del proyecto, mientras que he oído discutir este punto, por lo que he considerado que era de mi deber aplicarme especialmente a él.

Las reformas que la Comisión ha introducido y de que yo podré dar-cuenta son breves.

Las reformas introducidas por la Comisión. — En primer lugar, ha suprimido los artículos que se refieren á la facultad de inscribirse y votar los extranjeros; y lo ha hecho porque no consideró que era oportunidad para que a un extranjero se le ocurriera adoptar la nacionalidad, precisamente aquella en que debía empezar a intervenir, desde luego, en la formación del gobierno de la República, y sería en realidad la causa determinante de su naturalización, que más tendría de adquisición hecha por un partido en lucha, que por la Nación misma.

Ha suprimido también las disposiciones referentes a las reuniones' en los días anteriores a las elecciones, y lo ha hecho, por considerar que estas disposiciones quedarían mejor en la proyectada ley sobre derecho de reunión.

La Comisión se ha dividido y la minoría se ha reservado el derecho de manifestar las razones de su disidencia en esta Cámara respecto de otro punto interesante del proyecto, aquel que se refiere al poder que debe hacer la división de los distritos de la Constitución.

En cuanto a mí, señor Presidente, hice siempre lo esencial de la subdivisión misma, para llegar a la elección uninominal, no creyendo jamás que la subdivisión hecha con arreglo al censo, y sometido en caso de cada elección a la consideración de la Cámara de Diputados, pudiera revestir formas abusivas como las que ha adquirido en los Estados Unidos con aquel famoso distrito parecido a una salamandra y algunos otros de formas más o menos caprichosas.

En cuanto a la elección de Presidente y Vicepresidente, la Comisión, por lo menos la mayoría, ha entendido que cuando la Constitución dice “la misma forma” ha querido decir pluralidad de votos y elección directa, y entonces ha establecido que los electores correspondientes a los diputados sean elegidos por las circunscripciones que eligen diputados; y los electores correspondientes a los senadores, por todas las circunscripciones a la vez.

Augurios y esperanzas. — Señor Presidente, concluyo. Ahí está el proyecto. Si el honorable Congreso lo convierte en ley, vamos a ver las elecciones. Pero ni la ley ni las elecciones podrán computar como factores eficaces las actitudes teatrales, las eternas amenazas sin trascendencia —¡se ha hablado estos días de revolución!— la principesca arrogancia de los que pretenden que todo se les ponga en la mano, como si fuesen los predestinados, los enviados del Señor a quienes les estuviera permitido constituir gobiernos sin sufragio previo, operándose en ellos un segundo milagro de la Purísima Concepción.

No, señor Presidente, la vida pública es esfuerzo real y constante. Sus decisiones requieren polen fecundo. La aspiración es que de las urnas llenas de boletas legales salga la expresión de la voluntad nacional, por arriba de todas las ambiciones, y que no podrá ser confundida con enigmáticos conjuros, ni con cantos de sirena, ni con combinaciones enfermizas, sino con el triunfo legal de las tendencias más robustas o con la formidable conjunción de todas las capacidades y de todas las energías vitales de la nación. (¡Muy bien!)

El gobierno de la democracia, no es la pirámide inmóvil y muda de que tan elocuentemente nos hablaba hace poco tiempo el señor Ministro del Interior, es, debe ser, como se ha dicho, semejante al árbol vigo-goroso cuyas ramas agitan el menor soplo y cuyas raíces resisten a todos los vientos en virtud de su consistencia y de su elasticidad. Consistencia y elasticidad, hay que dar también a las leyes a fin de que penetren hondamente en las entrañas de la sociedad, mientras sus disposiciones, como las ramas del árbol, ceden fácilmente al soplo de las aspiraciones colectivas.

He dicho. (¡Muy bien!; Aplausos).

II

DISCURSO DEL MIEMBRO INFORMANTE

EN LA CÁMARA DE SENADORES

Sesión de 20 de diciembre de 1902

Sr. Pellegrini. — Pido la palabra.

Las comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación me han encargado manifieste al honorable Senado las razones en que fundan este proyecto y las modificaciones introducidas al sancionado por la honorable Cámara de Diputados.

Breves antecedentes del proyecto. — La necesidad de reformar nuestra legislación electoral se ha sentido de tiempo atrás y ha habido diversas iniciativas, unas del Poder Ejecutivo y otras de miembros de las Cámaras, proponiendo distintas reformas, las que han llegado a tener sanciones parciales, sin haber alcanzado una definitiva.

Por último, en el año presente, el Poder Ejecutivo, convencido de la necesidad de buscar un remedio a la actual situación electoral de la República, presentó un proyecto completo, que fué detenidamente estudiado y discutido ampliamente en la Cámara de Diputados, pasando en revisión al Senado.

La Comisión lo ha estudiado a su vez y lo acepta en general, y de acuerdo con el señor Ministro del Interior, propone ciertas modificaciones.

La primera objeción. — La primera objeción que se ha hecho a esta reforma consiste en la afirmación de que los vicios de que adolecen nuestras prácticas electorales están en los hábitos y no en las leyes y que, por consiguiente, con sólo modificar la legislación, no habríamos mejorado en nada la situación presente.

La afirmación tiene mucho de verdad; pero, es exagerada. Indudablemente, no son sólo las leyes las llamadas a modificar la situación actual, pero es indudable que si la legislación de todos los países está influenciada por sus hábitos, costumbres y tradición, éstas están influenciadas a su turno por su legislación; son acciones recíprocas que se complementan. Y esto explica por qué cada país tiene su legislación especial, y por qué no es posible aplicar a todos los países las mismas disposiciones legales, aun cuando todos obedezcan a los mismos principios inmutables de justicia y de derecho que son base de la civilización moderna. La ciencia de la legislación es una ciencia de aplicación, que hace necesario tener en cuenta no sólo los principios absolutos de justicia sino la practicabilidad y la oportunidad de su aplicación para que ella resulte eficaz.

Cada país, en el concierto de las naciones civilizadas, es como un instrumento en un gran concierto musical: todos estos están regidos por ciertos principios y reglas de armonía, están sometidos a la dirección de estos principios, pero cada uno de ellos tiene un mecanismo, una organización especial que exige habilidad y conocimiento especial para manejarlas, y es por esto que los grandes estadistas sólo lo son dentro de su país y que, por notoria que sea su autoridad científica, si son llamados a aplicar su ciencia política en países, de distintos hábitos, fallarían, como fallaría un gran concertista si fuera llamado a ejecutar en un instrumento que no fuera el que hubiera aprendido a pulsar.

Para dictar esta clase de leyes, es necesario, pues, estudiar primero y conocer el pueblo en que van a ser aplicadas, los hábitos y costumbres que van a ser afectados, las modificaciones que se proponen alcanzar, para que puedan llenar los objetos para los cuales han sido votadas.

Al dictar, pues, una nueva ley electoral destinada a corregir los vicios que actualmente afean nuestra vida política, es necesario, en primer término, darse exacta cuenta de cuál es el mal que nos aqueja y cuáles son las causas que lo han producido.

La causa de los vicios políticos del país. — Antecedentes históricos. — Yo creo, señor Presidente, que la causa original, fundamental, de todos los vicios políticos, que han llegado hasta suprimir el régimen electoral en la República Argentina, está en el fraude o en la simulación electoral.

Buscando el origen de este vicio, se ha dicho, bajo la autoridad de Sarmiento, que se presentó por primera vez en esta ciudad después de la revolución del ano 28. No se lo que haya de verdad sobre esta afirmación histórica, y si efectivamente fué ese el primer fraude electoral realizado o si fué la repetición de otros anteriores; pero, aceptando que así fuera, este triste vicio se inició en un momento digno de él. Efectivamente, con esa elección se inició aquella serie de errores que nos llevaron, por la horrible lógica del error, a la época aciaga de la tiranía.

Durante esa tiranía fué inútil recurrir al fraude: no existía líber* tad política, no podía existir régimen electoral; el fraude no tenía razón ni ocasión de ser, lo suplía la simulación del voto popular, a efecto de organizar los poderes públicos de acuerdo con la voluntad del tirano.

Vino por fin la batalla de Caseros y llegó el momento de reorganizar la República sobre un régimen liberal, sobre bases constitucionales, y se recurrió desde el primer momento a la soberanía popular, al voto popular.

Con este motivo, hubo una elección en la ciudad de Buenos Aires.

Desgraciadamente, señor Presidente, los viejos unitarios que, como los viejos monárquicos franceses nada habían olvidado ni nada habían aprendido en su larga y penosa emigración, fueron a esa elección; y para vencer al vencedor de Caseros, opusieron al voto de aquellos milicianos que constituían el ejército grande y que iban en batallones a los atrios a depositar su voto, opusieron al fraude electoral registros de votos imaginarios escritos o inspirados por hombres que han ocupado posiciones dignísimas en nuestro país. De ese fraude electoral salió la legislatura de Buenos Aires, la que rechazó el acuerdo de San Nicolás que fué disuelta, que trajo la revolución de setiembre, el sitio, Cepeda, Pavón, diez años de atraso y de anarquía, en que se demoró la reorganización definitiva de la patria.

Reorganizada ésta definitivamente el año 62, siguió ensayándose el régimen electoral y el fraude continuó prosperando.

Recuerdo que, cuando niño, las primeras veces que acudí a un atrio, aun antes de tener edad de votar, la práctica era que toda lucha se circunscribiera a apoderarse de la mesa; era el acto preliminar de la elección, y una vez apoderado de la mesa un partido, quedaba concluida de hecho la elección: todos sabían ya que ese partido triunfaría.

¿En qué se fundaba esta afirmación? Simplemente en el fraude consentido y admitido como un hecho regular. Dueños de la mesa y de los escrutadores, eran los que iban a fraguar los registros electorales, que indudablemente darían resultados favorables.

Estas prácticas y estos hábitos fueron corregidos en parte por leyes dictadas con la más sana intención y más alto patriotismo, buscando remediar estos males.

Durante la administración del general Mitre, siguieron los mismos hábitos; pero el fraude y las simulaciones fueron en parte contenidos, porque existían en esta época dos grandes partidos políticos que luchaban, que se vigilaban, que se fiscalizaban y que hacían difícil que uno de ellos pudiera abusar, por lo menos en la forma descarada en que hoy se hace el fraude, de la simulación electoral. Existía siempre, pero buscaba los medios de realizarse de una manera que no fuera ostensible, que no pudiera ser evidentemente demostrado.

Llegó la administración del señor Sarmiento, un gobierno doctri-nario, un gobierno de ideas y de principios, en que el Presidente no era un político casero, sino un gran hombre de Estado que desdeñaba las pequeñas cuestiones de la política interna para ocuparse solo de las grandes ideas de gobierno; e indudablemente, bajo esa administración la libertad electoral encontró más campo y más favor; el fraude fué menor gracias también a la misma razón expuesta para la administra* ción del general Mitre: la existencia de partidos políticos que se vigilaban y se fiscalizaban mutuamente.

En estas condiciones, llegó la gran elección del año 74, la más gran* de elección que haya presenciado la República Argentina, la más verdadera y la más legal. Todos los partidos políticos luchaban desde Buenos Aires hasta La Rioja. En esta ciudad el triunfo fué sobre miles de votos, por el escaso número de quinientos. En algunas provincias como Corrientes, por ejemplo, los tres partidos que concurrieron a la elección casi equilibraron sus fuerzas.

Desgraciadamente en la provincia de Buenos Aires, terminada la elección, se vió que el triunfo que resultaba a favor de un partido político por un número de votos relativamente pequeño, era debido a registros simulados que procedían de partidos lejanos de la provincia de Buenos Aires, donde no había centros de población e imperaba omnímodamente la voluntad de los comandantes militares y que habían simulado una elección dando a su partido el número de votos necesarios para el triunfo total.

Ante esta derrota sufrida de esta manera, el partido contrario tuvo la desgraciada idea de contestar a un fraude con otro fraude, y modificó a su turno otros registros, de manera a restablecer la mayoría que creía le correspondía por haber triunfado en todos los grandes centros. Este doble fraude fué anulado por el Congreso; pero no dejó satisfecho a nadie y sirvió de pretexto para la revolución del 74, que es el punto de partida de la situación presente. Tras esa revolución vino la anarquía, la conspiración, se esterilizó el gobierno de Avellaneda, que pudo haber dado gran impulso a nuestro progreso institucional; se presentó, por último, como remedio necesario, para evitar males mayores, la conciliación, que fué la primera desviación que se hizo de las prácticas electorales ordinarias y únicas saludables en la vida democrática; vinieron las resistencias, los movimientos anárquicos y épocas de la vida política anormal, durante las cuales el fraude y la simulación iban cada día en aumento, hasta que dominó por completo, a tal punto que hoy, para referirme sólo a mi provincia, que desgraciadamente conozco inti-mámente en estos detalles, ya no hay voto popular: pues los registros electorales, en el noventa por ciento de los casos, se hacen antes del día de la elección, en que los círculos o sus agentes hacen sus arreglos, asignan el número de votos, designan los elegidos, todo, sin perjuicio de modificarlos y rehacerlos después de la elección, si resulta que en alguna forma se han equivocado los cálculos o modificado los propósitos.

Esto ha llegado a tal punto, que hoy día tengo motivos para creer que los círculos y fracciones políticas han convenido ya sobre las elec* ciones de marzo del año próximo el número de votos que tendrá cada fracción, quiénes van a resultar electos y cuál será la composición de la Cámara, si se mantienen la mayoría que hoy existe.

Bien, señor Presidente, he hecho esta narración retrospectiva, no por vía de recriminación ni de agravio para nadie, sino para establecer simplemente este hecho: que la situación presente es la obra de todos los partidos y de todos los hombres públicos que hemos tenido actuación en la vida política del país desde Caseros hasta la fecha, que todos te* nemos responsabilidad de lo que hoy pasa, y que la única manera de evi* tar que esa responsabilidad se haga histórica, es propender honradamen* te a la reforma, producir la reacción para suprimir y corregir estos males y devolver a nuestro país la verdad de sus instituciones, el ejercicio de su soberanía popular.

Consecuencias del fraude. — El fraude, señor Presidente, suprime el voto, porque lo hace inútil e ineficaz, y al hacerlo inútil e ineficaz, aleja de las urnas a todos aquellos que no hacen de la política una profesión, es decir, a la inmensa masa de la población, la masa tal vez más sana, que tienen más intereses que cuidar y que forma en todos los países la verdadera mayoría conservadora, que decide en todas las elecciones entre las opiniones, las tendencias y propósitos de los hombres públicos y de los partidos políticos, los que si se alternan en el gobierno en los países donde hay verdadero sistema representativo, es debido justamente a esa masa de opinión que resuelve el triunfo o la caída de cada partido, apoyando a uno u otro cuando llega el día de la elección.

Ese efecto se ha hecho palpable entre nosotros: el mal existente en la República es justamente esa abstención y atonía política.

Nadie parece interesarse por la cosa pública; es inútil llamar a inscripción: nadie se inscribe; es inútil llamar a elecciones: nadie va a votar. ¿Por qué? Porque todos tienen el íntimo convencimiento de que cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo es inútil, porque el fraude va a dominar el acto.

Si esta es la verdad, ¿qué es lo que resta hacer? Hay que buscar los medios de extirpar ese mal, es decir, buscar el medio de corregir, de suprimir el fraude hasta donde sea humanamente posible; y, una vez que se haya dado las garantías que sea posible dar en una ley, de que el fraude y la simulación van a ser condenados y el voto va a ser respetado, buscar entonces la manera de tonificar ese cuerpo electoral, de inspirarle la confianza de que puede votar y que su voto será real; en una palabra, volver a ese cuerpo muerto la vida e inducir al pueblo a que concurra a los atrios electorales.

Reformas principales que la ley contiene. — Esta ley, señor Presidente, provee a estos propósitos en la siguiente forma. En primer lugar, establece que el derecho electoral es inseparable de la condición de ciudadano; que no puede estar sometido a condiciones ni exigirse sacrificios ni esfuerzos para tenerlo; que, por consiguiente, el sistema actual que obliga al ciudadano, en caso que quiera ejercer su derecho electoral, a inscribirse en épocas y momentos determinados, realizando sacrificios, como es trasladarse a largas distancias, en días determinados, es contrario a la esencia misma de este derecho. Esta ley cambia ese sistema del registro electoral periódico por el registro electoral permanente, que quedará confiado a funcionarios públicos, que en toda época y momento pueden habilitar al ciudadano para que ejerza su voto. De esta manera, después de hecho el primer censo, todo elector estará permanentemente habilitado para votar en todas y cada una de las elecciones.

Este registro que actualmente se confía a ciudadanos desconocidos, elegidos dentro de los grupos electorales en los momentos en que las pasiones políticas inducen al fraude, se realiza por esta ley en épocas normales y será confiado a empleados públicos que tengan toda la responsabilidad que ese carácter impone.

Si existen oficinas públicas a objeto de cuidar los registros de estado civil de un ciudadano, con más razón deben existir registros públicos en que conste su estado político, pues si el primero se refiere a los intereses personales, aun cuando afecta un interés social, el otro se refiere a las bases fundamentales de gobierno.

Sobre este punto no insistiré, porque indudablemente hay una opinión unánime que reconoce la necesidad de establecer el padrón permanente, sobre la base de un censo electoral completo y verdadero.

Legislación penal del fraude. — Viene enseguida la legislación penal del fraude, señor Presidente; este vicio encarnado en nuestras costumbres, ha llegado a ser mirado entre algunos no sólo con benignidad, sino hasta con favor, y es hoy un acto culpable que no deshonra: a nadie ruboriza y hay muchos que lo confiesan como una hazaña. Esta extraña perversión ha llegado hasta hallar favor en nuestros tribunales de justicia, donde un falsificador de registros, acusado ante el juez correccional, convicto y confeso de haber falsificado, fué absuelto, decía* rando los tribunales que este delito no estaba previsto en el Código Penal y que no se podía condenar a un individuo como falsificador de un re* gistro que el Congreso había aceptado como bueno.

Y bien, señor Presidente, hay que herir esta teoría en su raíz, y la manera de herirla es declarar lo que declara esta ley: que el que fal* sifique, modifique o altere cualquier registro electoral o de inscripción, o cualquier documento electoral, comete el delito previsto y penado por el artículo 281 del Código Penal, que se refiere a la falsificación de do* cumentos públicos; que está sujeto a la pena que este artículo establece, que es la de tres a cuatro años de penitenciaría; que puede ser acusado por cualquier ciudadano de la circunscripción a que pertenezca y que haya sido perjudicado por esa falsificación, y que su juzgamiento corres* ponde a los tribunales ordinarios de la Nación, sin perjuicio y sin tener absolutamente en cuenta cuál sea la opinión que las Cámaras hayan dado sobre esa misma elección; por cuanto ambos juicios obedecen a dos criterios distintos: las Cámaras a un criterio político dentro de sus facultades soberanas, y los tribunales aplicando la ley y el derecho dentro de los preceptos de la ley y la justicia.

Establecido este nuevo concepto legal del fraude, diremos así, pue* de llegar un momento y llegará en que alguno de esos falsificadores sea acusado y encuentre un juez que lo condene y una cárcel que abra sus puertas para recibirle; y el día que ese hecho se produzca, y se produ* eirá, ese día habrá empezado la reacción severa de nuestros hábitos electorales. Ese ejemplo será provechoso y podremos decir entonces que esta ley consiguió, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente no muy largo, reformar nuestros hábitos electorales, suprimiendo este vicio fundamental.

El voto uninominal. — Después de atacado el fraude en esta forma, hay que tonificar el cuerpo electoral, devolverle la confianza al elector e inducirle a que haga uso de su derecho electoral, y principalmente para este objeto se ha recurrido al voto uninominal.

Esta forma de voto se ha discutido largamente; se ha invocado el ejemplo de todas las grandes naciones que hoy día lo tienen, se ha estudiado teóricamente sus ventajas y sus inconvenientes, y la Cámara de Diputados, después de una larga discusión, se ha decidido en su favor.

Por mi parte, señor Presidente, tengo una razón fundamental que he dado en el seno de la comisión y que la comisión ha aceptado, razón que me basta, sola, para aconsejar esta modificación y esta reforma; y esa razón es deducción lógica de todo lo que acabo de enunciar: es necesario volver al cuerpo electoral la vida que le falta, y para ello es necesario ir a buscar al ciudadano que hoy no cree en su mismo derecho e inducirlo a que lo ejerza; hay que llevar la propaganda a cada elector, a fin de inducirlo a depositar su voto en la urna.

¿De qué medios nos valdríamos para ejercer esta acción, esta propaganda personal y directa?

No ya más que uno. Complicar en este propósito al interés personal; hacer que cada circunscripción tenga sus candidatos, candidatos que estén personalmente interesados en inducir al elector a depositar su voto en favor propio; en cada circunscripción habrá dos, tres, cuatro candidatos en esas condiciones, y habiendo adoptado todas las garantías posibles para que el voto sea respetado y tenga eficacia, bastará que estos candidatos consigan inducir al elector a votar para que se haya realizado todo el propósito de esta ley; es decir, haya devuelto al cuerpo electoral la actividad y energía que hoy no tiene.

Esta sola y única razón, especial para nosotros y de oportunidad, me parece decisiva en favor del voto uninominal; y si a esta razón pueden agregarse otras de carácter general, indiscutibles, me parece que esta reforma es la más trascendental y benéfica que podemos hacer en estos momentos.

Esas otras razones en favor de este voto son las siguientes:

Otras ventajas del voto uninominal. — Pone en contacto directo al elector con el elegido: permite a cada elector saber por quién vota, hace que el elegido dependa de sus electores y deba su puesto a su voto y, por consiguiente, que esté interesado en el bien de esos electores,.es decir, que sea un verdadero representante de una fracción de la soberanía popular.

Permite conseguir este otro objeto: todas las combinaciones hasta hoy inventadas para realizar el voto proporcional, de las que tenemos triste ejemplo entre nosotros, no son sino incentivos dados al fraude, mientras que esté voto uninominal es el único que permite que se expresen todas las opiniones, sin que abra la puerta a las simulaciones y a los fraudes de otros sistemas.

Son estas las reformas fundamentales de nuestra ley actual, aceptadas por la Cámara y por las comisiones en cuyo nombre hablo. La Comisión, a su vez, propone otra.

Es sabido que la forma de votación actual es una especie de transacción entre el voto público y el voto secreto, es un pseudo voto secreto. Existe una urna; en esa urna se deposita el voto; en el registro electoral no queda constancia del voto, sino de haber votado, y hay nn procedimiento complicado para hacer el escrutinio y obtener el resultado, después de concluido el acto electoral.

Es sabido que cuanto más se complica un mecanismo, tanto más delicado se le hace.

Nuestro sistema actual, que no es el voto secreto, ni ha sido esta* blecido con este objeto, proviene de lo siguiente: la práctica antigua era escribir el nombre del elector y en seguida el nombre de los dos elegi* dos; pero bajo el sistema de escrutinio de lista, y siendo ésta de diez a quince nombres, era materialmente imposible inscribir tantos nombres. Además, como esos nombres podían variar, el escrutinio se hacía casi imposible; y, entonces, para remediar esto, se dispuso que se anotara sólo el nombre del elector y se depositara en una urna la lista por la cual votaba, para hacer el escrutinio más tarde. De manera que este sistema sólo tuvo por objeto facilitar la elección; pero suprimido el escrutinio de lista, ha desaparecido la razón de esta complicación y no hay motivos para que haya listas, ni urnas, ni toda esa tramitación complicada.

Bastará, después del nombre del elector, poner el del elegido; quedando así constancia del voto del elector; y ese registro será terminado por un acta en la que firmarán, no sólo los representantes de los partidos políticos, sino los representantes de cada uno de los candidatos, que según esta ley tienen derecho a fiscalizar el acto y a firmar el registro electoral.

De este modo se hace casi imposible la falsificación, y en el caso de realizarse, se podrá comprobar fácilmente.

El voto secreto. — Pero la Cámara de Diputados sancionó el voto secreto absoluto. Si se hubiera de discutir en abstracto la bondad del voto secreto, yo tal vez lo sostendría; pero, cuando se trata de aplicar ese principio y esa teoría al sufragio universal, entonces surge una observación que la desvirtúa por completo.

El voto secreto supone el voto consciente, y el voto consciente es el del hombre que es capaz de apreciar por quién va a votar, y el su* fragio universal supone más a la inmensa masa de analfabetos, o de votos inconscientes, que no van en nombre de ideas o propósitos pro* píos, sino en nombre de ideas, de simpatías, de arrastres de opinión que dividen a la masa en distintas fracciones y en distintas tendencias. De modo que el voto secreto, aplicado a las masas de nuestro país, sería, señor Presidente, una mistificación.

Pero hay algo más: el voto secreto es contrario a ciertas bases fun* damentales de nuestro régimen político. Una de las condiciones más im* portantes para que este régimen funcione con regularidad es la existencia de grandes partidos políticos con sus programas, con sus tendencias, con'sus hombres representativos; y son estos grandes partidos políticos los que vienen a remediar, en la práctica, los inconvenientes del sufra* gio universal; pues éste sería el caos, la anarquía, si no existieran estos partidos, que lo disciplinan y que lo hacen servir a ideas y propósitos determinados.

Pero un partido supone la acción pública: el meeting, la discusión del candidato, la discusión del programa. Todos, los actos preparatorios de la elección son actos públicos, en que cada ciudadano hace profesión de fe, de principios, de simpatías. ¿Qué significaría la publicidad de todas estas opiniones en el momento de condensarlas en un voto, si se quisiese convertirlas en un secreto?

Se me dirá que es para resguardar a algún ciudadano que no tiene bastante independencia política para resistir a las influencias que pesaran sobre él. Pero, no podemos trastornar toda una legislación para dar un escudo a la cobardía cívica, a un ciudadano excepcional, que no tiene el coraje de sacrificar sus intereses a sus ideas o sus ideas a sus intereses, y que necesite aparentar una cosa y realizar otra.

El voto público tiene esta inmensa ventaja: que reduce el acto electoral a lo siguiente: un elector se presenta a la mesa y manifiesta el nombre de su elegido, se le escribe en el registro a continuación del nombre impreso del elector, se sella la partida para que conste que se ha votado, y el acto ha concluido.

Terminada la elección, se suman los votos, resultando tal candidato con tantos votos, tal otro candidato con tantos otros, y se da a cada uno un certificado en que consta este resultado. Todo queda terminado. Ahí queda esa urna misteriosa que, al revelar su contenido, ofrece tantas desagradables sorpresas.

Estas son, señor Presidente, las reformas fundamentales que esta ley introduce en el régimen electoral actual, y la Comisión abriga la profunda convicción, y acompaña en esto al señor Ministro y al Poder Ejecutivo, de que estas reformas tienen forzosamente que ejercer una influencia benéfica sobre nuestros hábitos electorales; que puesta en práctica esta ley, en momentos en que van a agitarse las pasiones políticas en que va a haber incentivos en el pueblo para el ejercicio de los derechos electorales, puede operar un cambio saludable, y tal vez dentro de poco sea sólo un recuerdo histórico esta desgraciada situación presente y hayamos devuelto a la República su sana vida política, haciendo una verdad de nuestro régimen institucional. (Aplausos).

III

DECRETO

DE DIVISIÓN DE LA REPUBLICA EN 120 CIRCUNSCRIPCIONES

ELECTORALES

Ministerio del Interior.

Buenos Aires, marzo 21 de 1903.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de.la Ley de Elecciones Nacionales, N^9 4161, promulgada con fecha 7 de enero último,

El Presidente de la República

decreta:

Artículo l^9 — Queda dividido el territorio de la Capital Federal y de las provincias, en ciento veinte circunscripciones electorales, según se especifican en los planos adjuntos al presente decreto.

Art. 2^9 — Los límites de las secciones en que se divide cada circunscripción, serán en la Capital de la República los que se expresan en el siguiente artículo, y en las provincias los establecidos por las respectivas - autoridades.

Art. 3^9 — El Distrito Federal de la Capital y los de las provincias tendrán el número de orden, nombre, capital y territorio, en la forma siguiente:

Ier. Distrito Federal

ZONA DEL SUD

Circunscripciones electorales

Parroquias y Límites

Núm.

Nombre

1

Vélez Sársfield ....

/ Comprende las barrios Sud Oeste Límite, y Sud Oeste, que forman parte de las pa-

| rroquias de Vélez Sársfield y Flores, dentro 1 de los siguientes límites:

Sud — Riachuelo.

1 Oeste — Avenida Límite del Municipio.

1 Norte — Camino de ” Campana, Alberdi, Asamblea y Palma.

\ Este — Avenida Sáenz.

2

San Cristóbal (Sud).

f Comprende el barrio Sud Centro, que i forma parte de la parroquia San Cristóbal. 1 Sud — Riachuelo.

j Oeste — Avenida Sáenz.

| Norte — Garay.

\ Este — Avenida Vélez Sársfield.

3

Santa Lucía ........

( Comprende el barrio Sud Este, secciones 1 1, 2 y 4, que forman la parroqua Santa Lu» | cía.

1 Sud — Riachuelo.

1 Oeste — Avenida Vélez Sársfield.

1 Norte — Garay.

I Este — Garibaldi hasta Pinzón, Pinzón has* | ta Avenida Montes de Oca, y ésta hasta t Riachuelo.

4

San Juan Evangelista

! Comprende el barrio Sud Este, secciones , 3 y 5, que forman la parroquia de San Juan i Evangelista.

i Sud — Riachuelo.

Oeste — Avenida Montes de Oca hasta Pin» 1 zón, Pinzón hasta Garibaldi, y Garibaldi 1 hasta Garay.

Norte — Garay.

\ Este — Río de la Plata.

Circunscripciones electorales

Parroquias y Límites

Núm.

Nombre

ZONA DEL CENTRO

5

1

Flores .............

\

Comprende el barrio Centro Oeste Límite, y las secciones 1, 2, 3 y 4 del barrio Centro Oeste, que forman parte de las parroquias de Vélez Sársfield y Flores.

Sud — Palma, Asamblea y Camino de Campana.

Oeste — Avenida Límite del Municipio. Norte — Gaona.

Este — Caballito hasta Rivadavia, Rivadavia hasta Polvorín y Polvorín hasta Palma.

6

San Carlos (Sud) .. .<

Comprende el barrio Centro Oeste, secciones 5 y 7, que forman parte de la parroquia San Carlos. Sud — Palma.

Oeste — Polvorín. Norte — Rivadavia. Este — Boedo.

7

i

San Carlos (Norte)

1

Comprende el barrio Centro Oeste, secciones 6 y 8, que forman parte de la parro* 1 quia San Carlos.

' Sud — Rivadavia.

Oeste — Caballito.

| Norte — Chubut y Río de Janeiro.

Este — Bulnes.

8

San Cristóbal (Norte)

' Comprende el barrio Centro Centro, sec-i ciones 1 y 4, que forman parte de la parro* i quia de San Cristóbal.

Sud — Garay.

i Oeste — Boedo.

r Norte — Independencia.

i Este — Entre Ríos.

9

Balvanera (Oeste) ..

Comprende el barrio Centro Centro, sec-i ciones 2 y 3, que forman parte de la parro-i quia de Balvanera.

< Sud — Independencia.

i Oeste — Boedo, Bulnes.

1 Norte — Córdoba.

’ Este — Centro América, Jujuy.

Circunscripciones electorales

Parroquias y Límites

Núm,

Nombre

10

11

12

- 13

- 14

Balvanera (Sud) ...

Balvanera (Norte) .

Concepción .........

1

Monserrat ..........

1

San Nicolás ........'

1

Comprende el barrio Centro Centro, sec-i ción 5, que forma parte de la parroquia i Balvanera Sud.

< Sud — Independencia.

| Oeste — Jujuy.

! Norte — Rivadavia.

• Este — Entre Ríos.

f Comprende el barrio Centro Centro, sec-i ción 6, que forma parte de la parroquia Bal* 1 van era Norte.

Sud — Rivadavia.

i Oeste — Centro América.

1 Norte — Córdoba.

1 Este — Callao.

Comprende el barrio Centro Este, seccio-. nes 1 y 4, que forman las parroquias Con* cepción y San Telmo.

Sud — Garay.

Oeste — Entre Ríos.

' Norte — Independencia. Este — Río de la Plata.

Comprende el barrio Centro Este, seccio* , nes 2 y 5, que forman las parroquias Mon* serrat y Catedral al Sud.

Sud — Independencia.

Oeste — Entre Ríos.

' Norte — Rivadavia.

, Este — Río de la Plata.

Comprende el barrio Centro Este, seccio* . nes 3, 6 y 7, que forman las parroquias | Piedad, San Nicolás, San Miguel y Catedral al Norte.

i Sud — Rivadavia.

| Oeste — Callao.

Norte — Córdoba.

Este — Río de la Plata.

ZONA DEL NORTE

Circunscripciones electorales

Parroquias y Límites

Núm.

Nombre

15

San Bernardo ......<

Comprende los barrios Norte Oeste y Norte Oeste Límite, que forman la parroquia San Bernardo y parte de Vélez Sársfield. Sud— Chubut y Gaona. Oeste — Avenida Límite del Municipio. Norte—Cuenca hasta Avenida Nacional y ésta y Pampa hasta Forest.

Este — Forest y Triunvirato.

16

Belgrano .........../

Comprende los barrios Límite Norte y Límite Oeste, que forman las parroquias el Carmen y Belgrano.

Sud — Pampa y Avenida Nacional. Oeste — Cuenca.

Norte — Avenida Límite del Municipio. Este — Río de la Plata.

17

Palermo ...........]

Comprende el barrio Norte Centro, secciones 2, 3, 5 y 7, que forman la parroquia de Palermo.

Sud — Arroyo Maldonado y Darwin. Oeste — Triunvirato y Forest.

Norte — Pampa.

Este — Río de la Plata.

18

Las Heras ..........¿

Comprende el barrio Norte Centro, secciones 1, 4 y 6, que forman la parroquia Las Heras.

Sud — Coronel Díaz, Bulnes y Río de Janeiro.

Oeste — Triunvirato.

Norte — Darwin y Arroyo Maldonado. Este — Río de la Plata.

19

Pilar ...............<

Comprende el barrio Norte Este secciones 1, 2, 3 y 4, que forman la parroquia del Pilar.

Sud — Córdoba.

Oeste — Bulnes y Coronel Díaz.

Norte — Río de la Plata. Este — Callao.

Circunscripciones electorales

Parroquias y Límites

Núm.

Nombre

20

Socorro ............ <

Comprende el barrio Norte Este, seccio* i nes 5 y 6, que forman la parroquia Socorro. ' Sud — Córdoba.

. Oeste — Callao.

Norte — Río de la Plata.

Este — Río de la Plata.

Distrito II — Buenos Aires

REGIÓN NORTE

Circunscripciones electorales

Departamentos 6 Partidos que comprendí

Núm.

Nombre y capital

1

2

- 3

- 4

- 5

- 6

7

San Nicolás ........!

Bar adero ...........<

Pergamino..........<

Junín ..... '

Zarate ..............

Mercedes ...........

Chivilcoy ...........

San Nicolás.

Ramallo..

i Baradero.

San Pedro.   >

Arrecifes.

1 Pergamino.

I Rojas.

Colón.

. Junín.

) Arenales.

| Chacabuco.

Salto.

[ Zarate.

J Campana.

) Exaltación de la Cruz. [ San Antonio de Areco.

l Mercedes.

1 Carmen de Areco.

i Suipacha.

i San Andrés de Giles.

1 Chivilcoy.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

8

San Fernando ......(

San Fernando.

Las Conchas.

Pilar.

Sarmiento (General).

9

San Isidro .........<

San Isidro. San Martín. Morón. Merlo. Matanza.

10

Lujan .............. \

Lujan.

Moreno.

Ro dríguez (General). Las Heras.

Navarro.

Marcos Paz.

11

Barracas al Sud ... J

Barracas al Sud. Lomas de Zamora.

12

Quilmes ............<

Quilmes.

Florencio Varela. Brown (Almirante). San Vicente.

Cañuelas.

13

La Plata (Este) .....<

La Plata (Este). Comprendiendo las actuales secciones electorales 1’ y 4’.

14

La Plata (Oeste)     ¡

La Plata (Oeste). Comprendiendo las actuales secciones electorales 2* y 3*.

15

Chascomús .........1

Chascomús. Magdalena. Rivadavia.

16

Lobos ..............<

Lobos.

1 Brandzen.

| Paz (General) (Ranchos). Monte.

REGIÓN CENTRAL

17

Lincoln ............1

i Lincoln.

| Villegas.

| Pinto (General). Trenque Lauquen.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

18

Bragado ............!

> Bragado. Nueve de Julio.

19

Saladillo ...........!

Saladillo.

Veinticinco de Mayo.

20

Alvear ............. <

Alvear.

1 Tapalqué. | Bolívar.

Pehuajó.

21

1 Las Flores.

I Belgrano (General).

Las Flores..........1 Pila.

| Castelli.

\ Guido (General) (Vecino)

22

Azul ................

i Azul. ' Rauch.

23

1

Dolores ............■

' Dolores.

1 Tordillo.

Lavalle (General) (Ajó). ' Maipú.

Tuyú.

24

Pueyrredón ......... (Mar del Plata)

' Pueyrredón.

1 Ayacucho.

1 Balearse.

' Mar Chiquita.

REGIÓN SUD Y PATAGÓNICA

25

Necochea ..........

1 Necochea.

Alvarado (General). Lobería.

i Tres Arroyos.

26

Bahía Blanca .......

* Bahía Blanca.

i Dorrego (Coronel).

' Saavedra.

I Puán.

' Villarino.

Patagones.

Circunscripciones electorales

Departamentos 6 Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

27

Tandil .............1

Tandil.

1 Juárez.

1 Laprida.

Pringles (Coronel).

28

1

Olavarria ..........

Olavarria.

| La Madrid (General). Suárez (Coronel). Adolfo Álsina. Guaminí.

Distrito III — Santa Fé

1

Reconquista ........

[ Reconquista. San Javier.

' Garay.

2

San Cristóbal ......

San Cristóbal. Vera.

San Justo.

3

Castellanos .........

( Rafaela)

i Castellanos.

4

Colonias (Las) (Esperanza)

i Colonias (Las).

5

Santa Fé ...........

| Santa Fé.

6

San Gerónimo .....

( Cor onda)

( San Gerónimo. ( San Martín.

7

Iriondo ............ (Cañada de Gómez)

\ Iriondo. ( Belgrano.

8

San Lorenzo ........

( San Lorenzo. ( Caseros.

9

Rosario (Norte) ....

( Rosario: Secciones 1* y 3’ ( Estado Civil.

del Registro del

10

Rosario (Sud) ......

\ Rosario: Secciones 2^9 y 4’ ( Estado Civil.

del Registro del

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

11

Rosario (Oeste) ...!

í Rosario: Secciones 5’ y 6’ del Registro Civil, y resto del Departamento.

12

Constitución (Villa) !

i Constitución.

' General López.

Distrito IV — Entre Ríos

1

Paz (La) ..........!

Paz (La).

San José de Feliciano.

2

Concordia ..........■

Concordia. Federación.

3

Villaguay ..........i

Villaguay. Rosario Tala.

4

Paraná (Municipio).}

Paraná (Municipio).

5

Paraná (Campaña) . 1 (Villa Urquiza) .J

fe

Tala.

Antonio Tomás. Espinillo.

María Grande. Quebracho. Sauce.

6

Uruguay ...........<

Uruguay. Colón.

7

Diamante ..........<

Diamante. Nogoyá.

8

Gualeguay ..........<

Gualeguay. Victoria.

9

Guáleguaychú ......1

Gualeguaychú.

Distrito V — Corrientes

1

Corrientes ......... 1

Corrientes. Lomas. Empedrado.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

2

Caá Catí ...........<

Caá Catí.

i San Cosme.

Itatí.

i San Luis del Palmar. ' San Antonio de Itatí.

San Miguel.

3

Santo Tomé ........'

í Santo Tomé. Ituzaingó. Cruz (La).

4

Bella Vista .........<

Bella Vista, i Mburucuyá.

Saladas.

| San Roque, t Concepción.

5

Mercedes ...........

Mercedes.

[ Paso de los Libres.

6

Goya ...............

¡ Goya. Lavalle.

[ Esquina.

7

Monte Caseros .....

í Monte Caseros. Curuzú Cuatiá. Sauce.

Distrito VI — Córdoba

1

Ischilin ............

( Quilino)

í Ischilin.

) Sobremonte. J Río Seco.

1 Tulumba.

2

Punilla .............

( Cosquin)

í Punilla.

< Cruz del Eje. I Minas.

3

Colón (..............

(Jesús María)

( Colón- (Anejos Norte).

1 Totoral.

( Santa María (Anejos Sud).

4

Río Segundo ........ (Villa del Rosario)

| Río Segundo. ( Río Primero.

Circunscripciones electorales

Departamentos 6 Partidos que comprende

Núm.

1

|     Nombre y capital

- 5

- 6

- 7

- 8

9

10

11

Córdoba (Este) ....

Córdoba (Oeste) ...

San Alberto .......

(San Pedro)

San Justo ..........

(San Francisco)

Unión .............

(Bell-Ville)

Tercero Arriba .....

(Villa María)

Río Cuarto .........'

í Córdoba (Este) de las calles General Paz, Vélez Sársfield y sus prolongaciones hasta [ el límite del municipio.

i Córdoba (Oeste de la línea anterior).

í San Alberto.

< San Javier.

f Pocho.

¡ San Justo.

1 Unión.

* Marcos Juárez.

Tercero Arriba. Calamuchita.

[ Tercero Abajo.

Río Cuarto.

Roca (General).

Juárez Celman.

Distrito VII — San Luis

1

2

3

Ayacucho .......... <

(San Francisco)    |

Pedernera ...........

(Villa Mercedes) |

San Luis ...........■

í Ayacucho. San Martín. Junín.

Pedernera. Pringles. Chacabuco.

San Luis. Belgrano.

Distrito VIII — Santiago del Estero

1

1

2

Santiago ............ j

•

Figueroa. Copo Primero. Copo Segundo. Giménez Primero. Río Hondo.

Santiago. Banda (La).

Giménez Segundo.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

3

Choya (Frías) ......

1 Choya.

Guasayán.

Robles.

1 Silípica Primero. ' Silípica Segundo.

4

Loreto .............

I Loreto.

Ojo de Agua. * Atamisqui.

5

Salavina ............

L Salavina.

) Matará.

J Veintiocho de marzo.

[ Quebrachos.

Distrito IX — Mendoza

1

Las Heras ........ (Villa Vicencio)

í Las Heras. j Guaymallén. j Belgrano.

( Lujan.

2

Mendoza ..........

. í Mendoza.

3

Junin .............

/ Junín. i Lavalle.

• < Maipú.

I San Martín. \ Rivadavia.

4

San Rafael ........

í San Rafael (25 de Mayo).

1 Tupungato.

j Tunuyán.

j San Carlos (Nueve de Julio). I Santa Rosa (Chacabuco).

1 Paz (La).

Distrito X — San Juan

f San Juan.

1 Desamparados.

1

San Juan .....

.....( Marquesado.

| Calingasta. ' Concepción.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

2

Jachal ............../

Jachal. Albardón. Angaco Norte. Angaco Sud. Valle Fértil. Iglesia. Gualilán.

3

Pocito .............|

Pocito. Santa Lucía. Caucete. Trinidad. Guanacache. Cochagual.

Huerta.

Distrito XI — La Rio ja

1

Famatina ........./

(Villa Argentina j o Chilecito)     I

Chilecito.

Sarmiento.

Famatina.

San Blas de los Sauces. Castro Barros.

La Madrid (General). Lavalle.

Arauco.

2

Rioja (La) .........

Rioja (La).

Sanagasta. Independencia. Chamical.

Vélez Sársfield.

Bel grano.

Rivadavia.

Ocampo (General). Roca (General).

San Martín (General).

Distrito XII — Cata marca

1

Andalgalá ..........)

Andalgalá. Tinogasta. Belén.

Santa María.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm,

Nombre y capital

2

Catamarca .......... <

Catamarca. 1 Pomán. | Ambato.

Capayán.

1

Paclín.

' Piedra Blanca. Valle Viejo.

3

Alto (El) ............

’ Alto (El). I Santa Rosa.

1 Ancasti. Paz (La).

Distrito XIII — Tucumán

1

Burruyaco ..........¿

Burruyaco. Cruz Alta.

2

Tucumán (Parroquia |

Victoria ).........(

Tucumán (Parroquia Victoria). Trancas.

3

Tucumán (Parroqu ia)

Rectoral) ........ (

Tucumán (Parroquia Rectoral). Tafí.

4

Famaillá ............ 1

Famaillá.

5

Monteros ........... I

Monteros.

6

Graneros ...........<

Graneros. Río Chico.

7

Chicligasta ..........

(Concepción) .....(

Chicligasta. Leales.

Distrito XIV — Salta

1

Salta ...............

í Salta.

1 Poma (La).

j Rosario de Lerma. f Caldera.

Circunscripciones electorales

Departamentos ó Partidos que comprende

Núm.

Nombre y capital

2

- 3

- 4

Cafayate ............]

Rosario de la Fron-.

tera .............. 1

Orán ...............<

Cafayate. Cachi. Chicoana. Viña (La). San Carlos. Molinos.

Rosario de la Frontera. Campo Santo. Cercillos.

Guachipas. Metan. Candelaria.

Orán.

Santa Victoria. Iruya. Rivadavia.

Anta.

Distrito XV — Jujuy

1

1

Humahuaca .........

1 Humahuaca.

i Ledesma.

1 Santa Catalina. | Rinconada.

< Yavi.

1 Cochinoca.

1 Tilcara.

| Valle Grande.

1 Tumbaya.

2

Jujuy...............

í Jujuy.

J Perico del Carmen.

j Perico de San Antonio, f San Pedro

Art. 4’ — Comuniqúese al honorable Congreso nacional a los fines del artículo 19 de la Ley N’ 4161, publíquese y dése al Registro Nacional.

ROCA

J. V. González.

IV

CONSTITUCION ALID AD

DEL

SISTEMA DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES

Caso de Mc. Pherson v. Blacker, U. S. S. C. R., t. 146, pp. 141.

El Presidente de la Corte, Mr. Fuller, después de exponer el caso en la forma que antecede, pronunció el fallo de la Corte:

“La Corte Suprema de Michigan considera en efecto que, si el acto en cuestión fuera nulo, se hubiera buscado el correspondiente remedio. En otras palabras, si la Corte hubiera opinado que el acto era nulo, se hubiera pronunciado un fallo ejecutorio (writ of mandamus),

Y, habiendo reglamentado todas las objeciones que se pueden hacer a la validez del acto fundadas en la Constitución del Estado y leyes contrariamente a los que se presentan como demandantes, la Corte se vió obligada y procedió a considerar y fallar la cuestión de que el acto era nulo por contrario a la Constitución y leyes de los Estados Unidos.

Nosotros no estamos autorizados para revisar estas conclusiones de la Corte del Estado en asuntos de ley local, y una vez aceptadas tales conclusiones, se deduce que la resolución de las cuestiones federales debe ser considerada como necesaria para la determinación de la causa (De saussu-re v. Gaillard, 127, U. S. 216).

Por cuanto, según el artículo 709 de los Estatutos revisados de los Estados Unidos, tenemos jurisdicción por error de procedimiento (writ of error) para examinar nuevamente y casar o confirmar el fallo definitivo en cualquier causa ante la más alta Corte de un Estado, en el cual hubiera unh resolución, por la cual se pusiera en discusión la validez de una ley del Estado fundándose en que es contraria a la Constitución y leyes de los Estados Unidos y que dicha resolución fuera en favor de su validez, no encontramos razón alguna para juzgar que esta apelación fué presentada indebidamente.

Se arguye que el objeto de la controversia no es del conocimiento judicial, porque se dice que todas las cuestiones relacionadas con la elec* ción de un elector presidencial son políticas por su naturaleza; que la Corte no tiene poder para juzgarlas definitivamente; y que su resolución estaría sujeta a una revisión por parte de los funcionarios y cuerpos políticos, como la comisión de escrutadores, la Legislatura reunida en convención, y el gobernador, o por fin el Congreso.

Pero el Poder Judicial de los Estados Unidos, se extiende sobre todos los casos de ley o de equidad que se produzcan bajo la Constitución y leyes de los Estados Unidos, y el presente es un caso que se ha producido en esta forma, desde que se ha puesto en cuestión la validez de la ley del Estado como contraria a dicha Constitución y leyes, y que su validez ha sido sostenida (Boyd v. Thayer, 143 U. S. 135). Y nada importa que el fallo qué se revise haya sido pronunciado en un procedimiento ejecutorio (mandamus). (Hartman v. Greenhow, 102 U. S. 672).

Por cuanto estamos de acuerdo con la Corte del Estado, su fallo ha sido confirmado; en caso contrario hubiera sido revocado. De todos modos, los puntos en cuestión han quedado fallados de una manera definitiva por el fallo que hemos pronunciado, y este fallo es llevado a la práctica por la transmisión de nuestro mandato a la Corte de Estado.

La cuestión de la validez de este acto, en la forma en que nos ha sido presentado, es una cuestión judicial y nosotros no podemos declinar el ejercicio de nuestra jurisdicción por la indicación inadmisible de la acción que pudieran tomar los cuerpos políticos en contra del fallo del más alto tribunal del Estado en la forma revisada por nosotros mismos.

Los representantes de los demandantes sostenen que el acto es nulo porque está en conflicto: l^9 Con la cláusula 2 del párrafo I del artículo 2^9 de la Constitución de los Estados Unidos; 2^9 con la enmienda 14 y 15 de la Constitución, y 3^9 con la ley del Congreso, de 3 de febrero de 1887.

La segunda cláusula del párrafo I del artículo 2^9 de la Constitución, está redactada en la forma siguiente: “Cada Estado nombrará, en la forma que establezca la legislatura del mismo, un número de electores igual al número total de senadores y representantes a que el Estado tuviera derecho en el Congreso; pero no podrá ser elegido elector ningún senador o representante ni ninguna persona que ocupe un empleo de confianza o a cueldo de los Estados Unidos?*

La manera de proceder a la elección de electores según la ley de Michigan, es elegir un elector y un suplente en cada uno de los doce distritos congresionales en que está dividido el Estado de Michigan, y un elector y un suplente en representación de todo el Estado, distintos de los elegidos para representar uno de los distritos del Estado, en cada uno de los dos distritos designados por la ley. Se sostiene que no era de competencia de la legislatura establecer esta manera de elección porque el Estado debe ser considerado como un cuerpo político indivisible, y por consiguiente debe proceder como unidad y no puede delegar la autoridad en subdivisiones creadas con este objeto; y se arguye que el nombramiento de electores por distritos no es un nombramiento por el Estado, porque todos sus ciudadanos calificados de otro modo, no pueden votar por todos los electores presidenciales.

“Un Estado, en el sentido ordinario de la Constitución, dijo el presidente de la Suprema Corte, Mr. Chase (Texas v. White, 7 Wall., 700, 721), es una comunidad política de ciudadanos libres, que ocupan un territorio con límites definidos, y organizados bajo un gobierno sancionado y limitado por una Constitución escrita, y establecido con el consentimiento de los gobernados.” El Estado no procede en nombre del pueblo en su capacidad colectiva, sino por intermedio de aquellos cuerpos políticos que se hubieran constituido y establecido debidamente. El poder legislativo es la autoridad suprema dentro de los límites creados por la Constitución del Estado, y la soberanía del pueblo es ejercida por sus representantes en la legislatura a menos que la ley fundamental no diera poder a otra autoridad. La Constitución de los Estados Unidos se refiere frecuentemente al Estado como a una comunidad política del mismo modo que al pueblo de los varios Estados y a los ciudadanos de cada Estado. Lo que un Estado puede o no puede hacer está prohibido o exigido del poder legislativo según las Constituciones de cada Estado. La cláusula de que nos ocupamos no dice que el pueblo o los ciudadanos deberán nombrar, sino que “cada Estado deberá”; y si las palabras “en la manera que establezca la legislatura del mismo”, se hubieran omitido, la facultad de elegir del poder legislativo no hubiera podido ser puesta en discusión con éxito, en caso de ausencia de toda disposición a este respecto en la Constitución del Estado. De aquí la inserción de estas palabras que, en tanto que operan como una limitación sobre el Estado con respecto a toda tentativa para circunscribir el poder legislativo, no pueden ser interpretadas como estableciendo una limitación para el poder mismo.

Si la legislatura posee autoridad plenaria para determinar la forma del nombramiento, y puede ejercer ella misma la función electiva con la concurrencia de ambas Cámaras, o según la forma que hubiera designado, es difícil darse cuenta de por, qué, si la legislación prescribe como forma de nombramiento la elección por votación, debe ser necesariamente por votación general y no por distritos. En otras palabras, el nombramiento no deja de ser un acto del Estado en su integridad, por haberse llegado a él por distritos, puesto que el acto es el acto de cuerpos políticos debidamente autorizados para hablar en nombre del Estado, y el resultado combinado es la expresión del voto del Estado un resultado alcanzado bajo las disposiciones de la legislatura, a la cual está sometido todo el asunto.

En el primer párrafo de la sección 2“ del artículo l^9 se establece: “La Cámara de representantes estará compuesta por miembros elegidos cada dos años por el pueblo de los varios Estados, y los electores en cada Estado deberán llenar las condiciones exigidas para ser electores de la más numerosa Cámara de la legislatura del Estado”; y el tercer párrafo establece: “Cuando se produjeran vacantes en la representación de cualquier Estado, el Poder Ejecutivo del mismo llamará a elección para llenar estas vacantes”. La sección 4* dice: “La época, lugar y manera de proceder a las elecciones de senadores y representantes, será prescripta en cada Estado por la legislatura del mismo; pero el Congreso puede en cualquier tiempo y por ley dictar o alterar estás reglamentaciones, excepto sobre los lugares de elección de senadores”.

Aun cuando se declara así que el pueblo de los varios Estados debe elegir los miembros del Congreso (redacción que indujo al Estado de Nueva York a introducir una reserva con respecto al poder de dividir en distritos, en sus resoluciones de ratificación) las legislaturas de Estado, antes de 1842, al prescribir las épocas, lugares y manera de proceder a las elecciones de representantes, han acostumbrado a dividir el Estado en distritos y asignar a cada uno de ellos un representante; y por la ley del Congreso de 25 de junio de 1842, se establecía que cuando un Estado tuviera derecho a más de un representante, la elección se haría por distritos. No se ha puesto nunca en duda que los representantes en el Congreso, elegidos en esta forma, no representaran al pueblo entero del Estado actuando en su capacidad soberana.

Según la cláusula original tercera de la sección primera del artículo 2^9, y según la modificación 2* que modificó esta cláusula, en caso de fracaso en la elección del Presidente por el pueblo, la Cámara de representantes deberá elegir al Presidente; y “el voto será tomado por Estados, correspondiendo un voto a la representación de cada Estado”. El Estado procede como unidad y el voto es dado como unidad, pero este voto ha llegado por intermedio de los votos de sus representantes en el Congreso elegidos por distritos.

El Estado procede también individualmente por intermedio de su colegio electoral, aun cuando, a consecuencia del poder de su legislatura sobre el método del nombramiento, el voto de sus electores fuera dividido.

La Constitución no establece que el nombramiento sea hecho por elección popular, ni que los electores sean votados en un boletín general, ni que la moyaría de aquellos que ejercen la franquicia electiva pue-da, ella sola, elegir a los electores. La Constitución reconoce que el pueblo procede por intermedio de sus representantes en la legislatura y deja librado exclusivamente a la legislatura el derecho de definir la manera de alcanzar este objeto.

Los redactores de la Constitución emplearon las palabras en su sentido natural; y donde éstas son claras y llanas es inútil buscar ayudas colaterales para su interpretación y no se puede admitir que su texto sea restringido o ensanchado; pero donde hay ambigüedad o duda, o donde pueden sostenerse dos opiniones, las interpretaciones contemporáneas y las prácticas subsiguientes tienen el mayor peso. Por cierto, los demandantes no pueden afirmar razonablemente que la cláusula de la Constitución de que nos ocupamos sostiene tan claramente su posición que les permite objetar que la historia contemporánea y las interpretaciones prácticas no tienen su legítimo valor, y, concediendo que su argumentación inspire una duda suficiente para recurrir a la ayuda de la interpretación, opinamos que por esto mismo la duda se resuelve en contra de ellos, pues, la exposición práctica contemporánea de la Constitp-ción es demasiado firme y constante para ser sacudida ni discutida. (Stuart v. Laird, I Cranch 299, 309).

Se ha dicho que la palabra “nombrar” no es la palabra más apropiada para indicar el resultado de una elección popular. Tal vez no; pero es suficientemente amplia para abarcar esta manera y ha sido evidentemente usada como la que contiene el más amplio poder de determinación. Fué mpleada en el artículo quinto de los artículos de la Confederación, que establece que “los delegados serán nombrados anualmente en la forma que establezca la legislatura de cada Estado”, y en la resolución del Congreso de 21 de febrero de 1787, se declaraba conveniente realizar “una convención de delegados que serían nombrados por los varios Estados”. El nombramiento de los delegados se hacía en efecto, directamente por las legislaturas; pero esto no implica una negación de autoridad para establecer alguna otra manera. La Convención Constitucional, por resolución de 17 de setiembre de 1787, manifestó la opinión de que el Congreso debería fiar un día “en el cual los Estados nombrarían a los electores que deberían ratificar la misma” y que “después de esta publicación, se nombrarían los electores, y se elegirían a los senadores y representantes”.

Del diario de la Convención resulta que se pusieron a votación proposiciones de que el Presidente debería ser elegido por “los ciudadanos de los Estados Unidos”, o por “el pueblo”, o por “electores elegidos por el pueblo de los varios Estados” en lugar del Congreso (Journal Cong. 286, 288; I Elliot’s Deb. 208, 262), como lo fué la proposición de que el Presidente sería “elegido por electores nombrados con este objeto por las legislaturas de los Estados. (Jour. Cong. 190; I Elliot’s Deb. 208, 211, 217). La Convención constituida en comisión rechazó la moción de aplazamiento de la cuestión de la elección “por la legislatura nacional a fin de tomar en consideración una resolución referente a los electores que debían ser elegidos en los distritos por votantes calificados. (Jour. Cong. 92; I Elliot’s Deb. 156). Gerry propuso que la elección se hiciera por los ejecutivos de los Estados; Hamilton que la elección se hiciera por medio de electores elegidos por electores elegidos por el pueblo; James Wilson y el gobernador Morris se manifestaron en favor del voto popular; Ellswort y Lutero Martín prefirieron la elección por electores elegidos por las legislaturas; y Roger Sherman el nombramiento por el Congreso. El resultado final parece haber reconciliado esta diversidad de opiniones dejando a las legislaturas de Estado el cargo de nombrar directamente por votación conjunta o por acción separada pero concurrente, o por elección popular en distritos, o por boletín general, o de otra manera que dispusiera.

Por consiguiente con referencia a la acción contemporánea y subsiguiente conforme a esta cláusula, -debíamos esperar encontrar, como encontrados, que se han seguido varias maneras de elegir a los electores, como: por la legislatura misma en votación conjunta; por la legislatura, por el voto concurrente de ambas Cámaras; por votación del pueblo con boletín general; por votación del pueblo en distritos; por elección en parte por el pueblo votando en distritos y en parte por la legislatura; por elección por la legislatura entre los candidatos votados por el pueblo en distritos; y por otros medios, como, más' especialmente, en la Carolina del Norte en 1792, y en Tennesse en 1796 y en 1800. No surgió ninguna cuestión respecto del poder del Estado para nombrar, de cualquier manera que su legislatura creyera conveniente adoptar, y ninguno de los varios medios, aplicables sin excepción, debe ser perseguido en ausencia de una modificación de la Constitución. El sistema por distrito fué ampliamente considerado como el más equitativo, y Madison escribió que era este el sistema que tenían en vista los redactores de la Constitución aun cuando se vió bien pronto que su adopción por parte de algunos Estados podía colocarlos en situación desventajosa por la división de sus fuerzas, y que era preferible una regla uniforme.

En la primera elección presidencial el nombramiento de electores fué hecho por las legislaturas de Connecticut, Delaware, Georgia, New Jersey y de Carolina del Sur. Pennsylvania, por ley de 4 de octubre de 1778, (Acts. Penn. 1787, 1788, pág. 513), estableció la elección de electores por boletín general. Virginia, por ley de 17 de noviembre de 1788,

fué dividida en 12 distritos separados y un elector elegido en cada dis* trito, en tanto que para la elección de los representantes en el Congreso, el Estado era dividido en 10 distritos distintos. (Laws Virginia, Oct. Sess. 1788, págs. 1, 2, 12 Hennings, Stat. 648. En Massachussetts la Corte General, por resolución de 17 de noviembre de 1788, dividió el Estado en 12 distritos para la elección de representantes al Congreso, estableció que su elección se efectuara el 18 de diciembre de 1788, y que al mismo tiempo los habitantes calificados de cada distrito dieran su voto a dos personas como candidatos para un elector de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, y que, de las dos personas que en cada distrito hubieran reunido el mayor número de votos, ambas Cámaras de la Corte General, en votación conjunta, debían elegir una como elector y que del mismo modo se debían elegir dos electores, at large, (representantes de todo el Estado en lugar de un distrito determinado). (Mass. Resolves, 1788, pág. 53). En Maryland, de acuerdo con la ley de 22 de diciembre de 1788, los electores fueron elegidos por boletín general, siendo cinco de ellos residentes de la orilla occidental, y tres de la orilla oriental. (Laws Mar. 1788, Nov. Sess. c. 10). En News Hampshire se sancionó en 12 de noviembre de 1788 una ley (Laws N. H. 1789, pág. 167), estableciendo la elección de cinco electores por mayoría de votación popular, y en caso de no haber elección que la legislatura debía nombrar de entre un número de candidatos igual al doble del número de los electores elegidos. El Senado no accedió a una votación conjunta, y la Cámara se vió obligada, a fin de que no se perdiera el voto de} Senado, a apoyar los electores elegidos por éste. El Estado de Nueva York perdió su voto por una disposición parecida. La asamblea estaba dispuesta a votar por votación conjunta de ambas Cámaras o a dividir los electores con el Senado pero el Senado se mantuvo en una completa negativa sobre la acción de la asamblea, y la época de la elección pasó sin que se hiciera ningún nombramiento. La Carolina del Norte y la Isla de Rhode no habían aun ratificado la Constitución en esa época.

Quince Estados tomaron parte en la segunda elección presidencial; en nueve de ellos los electores fueron elegidos por las legislaturas. Maryland, New Hampshire y Pennsylvania eligieron sus electores con boletín general, y Virginia por distritos. En Massachussetts la Corte general, por resolución de 30 de junio de 1792, dividió el Estado en cuatro distritos en dos de los cuales eligieron cinco electores en cada uno y en los otros dos tres electores en cada uno. De acuerdo con la distribución de 13 de abril de 1792, la Carolina del Norte tenía derecho a diez miembros en la Cámara de representantes. La Legislatura no funcionaba, y no se reunió hasta el 15 de noviembre, en tanto que según la

ley del Congreso, de P de marzo de 1792, los electores debían reunirse

en cuatro distritos, y ordenando a los miembros de la legislatura residentes en cada distrito que se reunieran el 25 de noviembre y eligieran tres electores. En la misma sesión se sancionó una ley dividiendo el Estado en distritos para la elección de electores en 1796 y cada cuatro años subsiguientes.

Diez y seis estados tomaron parte en la tercera elección presidencial, habiendo sido admitido Tennessee en 1’ de junio de 1796. En nueve estados los electores fuerdn elegidos por las legislaturas, y en Pennsylva-nia y New Mampshire por votación popular por boletín general. Virginia, La Carolina del Norte y Maryland eligieron por distritos. La ley Mryland de 24 de diciembre de 1795 fué titulada “una ley para alterar la manera de elegir electores” y establecida la división del estado en diez distritos, cada uno de los cuales distritos debía “elegir y nombrar una persona, que fuera residente en dicho distrito como un elector”. Massa-chussetts se adhirió al sistema de distritos, eligiendo un elector en cada distrito congresional por mayoría de votos. Se disponía que si nadie alcanzaba la mayoría, la legislatura haría el nombramiento por votación conjunta, y que del mismo modo la legislatura nombraba también dos electores at large (en representación de todo el estado). En Tennessee se sancionó una ley en 8 de agosto de 1796, por la cual se establecía la elección de tres electores, “uno en el distrito de Washington, uno en el distrito de Hamilton, y uno en el distrito de Mero” y, “que dichos electores fueran elegidos con la menor molestia posible para los ciudadanos” ciertas personas de los distritos de Wáshington, Sullivan, Green y Blount eran nombradas en la ley y nombrados los electores para elegir un elector por el distrito de Wáshington; ciertas otras personas de los distritos de Knok, Jefferson, Sevier, y Blount nombradas para elgir un elector por el distrito de Hamilton; y ciertas otras de los distritos de Davison, Shumner, Tennessee, para elegir un elector por el distrito de Mero. Los electores fueron elegidos por las personas así designadas.

En la cuarta lección presidencial, Virginia, por.consejo de Mr. Jefferson, adoptó el boletín general, por lo menos, “hasta tanto una modificación de la Constitución viniera a prescribir una manera uniforme para la elección de Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos”. (Laws Virg. 1799, 1800, pág. 3). Massachussetts aprobó una resolución disponiendo que los electores de dicho Estado serían nombrados por votación conjunta de ambas Cámaras. (Mass. Roselves, june, 1800, pág. 13). Pennsylvania nombró por la legislatura, y, a consecuencia de una discusión entre el Senado y la Cámara, esta última se vió obligada a ceder al Senado aceptando un arreglo que resultó dividiendo los votos de los electores. (26 Niles. Reg. 17). Seis Estados, sin embargo, eligieron los elec* tores por votación popular; viniendo la isla de Rodhe Island a reemplazar a la Pennsylvania que anteriormente había seguido esta forma. Tennessee, por ley de 26 de octubre de 1799, designó por nombre a las personas que debían elegir sus tres electores, de acuerdo con la ley de 1796. (Laws Tenn. 1794-1803, pág. 211; Acts. 2d. Sess. 2d. Gen. Ass. Tenn. C. 46).

Sin extendernos mayormente a este respecto, basta hacer notar que, en tanto que la mayor parte de los Estados han adoptado el sistema del boletín general, el método en distritos fué seguido en Kentucky hasta 1824; en Tennessee y Maryland hasta 1832; en Indiana en 1824 y en 1828; en Illinois en 1820 y 1824; en Maine en 1820, 1824 y 1828; Massachussetts usó el sistema del boletín general en 1804; eligió a los electores por votación conjunta en 1808 y 1816; empleó nuevamente el sistema de distrito en 1812 y 1820, para volver al método del boletín general en 1824. En Nueva York los electores fueron elegidos por distritos en 1828, debiendo los electores de distrito elegir luego los electores at large (en representación de todo el Estado, y no de un distrito determinado). Los Estados de la Carolina del Norte, de Vermont y de Nueva Jersey emplearon el sistema del nombramiento de los electores por la legislatura en lugar del voto popular.

En 1824, los electores eran elegidos por voto popular, por distritos y por boletín general, en todos los Estados, con excepción de Delaware, Georgia, Louisiana, Nueva York, Carolina del Sur y Vermont, donde eran siempre elegidos por la legislatura. Después de 1832, los electores fueron elegidos por boletín general en todos los Estados con excepción de la Carolina del Sur, donde la legislatura los eligió hasta 1860 inclusive. Este fué también el sistema adoptado por Florida hasta 1868 y por Colorado en 1876, según lo dispone el § 19 del proyecto de Constitución del Estado, que fué admitido a formar parte de la elección en l^9 de agosto de 1876.

El miembro de la Suprema Corte Mr. Story, al estudiar este asunto en sus comentarios de la Constitución, escribiendo unos cincuenta años después de la adopción de este documento, después de decir que, “en algunos Estados, las legislaturas han elegido directamente por sí mismas a los electores; en otros han sido elegidos por el pueblo con un boletín general para todo el Estado; y en otros por el pueblo, en distritos electorales, fijados por la legislatura, siendo designado a cada distrito un cierto número de electores’*, añade: “no ha surgido nunca cuestión alguna respecto de la constitucionalidad de una cualquiera de estas formas, con excepción de la elección directa por la legislatura. Pero esta manera, aunque puesta en duda muchas veces por espíritus hábiles e ingeniosos, ha sido establecida firmemente por la práctica constante desde la adopción de la Constitución, y no parece admitir la controversia, aun cuando existiere un tribunal apropiado para fallar al respecto.” Y hace notar que “muchos hombres de Estado han manifestado el deseo de una modificación de la Constitución que venga a establecer un modo uniforme de elección por el pueblo.”

Semejante modificación fué recomendada en la época de la adopción de la codificación 12, habiéndose hecho la indicación de que todos los electores debieran ser elegidos por voto popular, dividiéndose con este objeto los Estados en distritos. Fué presentada nuevamente al Congreso de 1813, pero la moción para someter el asunto a la consideración de la Cámara, no fué hecha. Esta modificación fué renovada en la Cámara de representantes, en Diciembre de 1816, y una moción por la cual se dividía los Estados en varios distritos, para la elección de electores, logró una mayoría de votos, pero no alcanzó., a los dos tercios. Iguales modificaciones fueron presentadas en el Senado por los señores Sanford, de Nueva York; Dickson, de Nueva Jersey, y Macón, de la Carolina del Norte. En fecha 11 de diciembre de 1823, el senador Benton presentó una modificación estableciendo que cada legislatura debía dividir su Estado en distritos electorales y que los votantes de cada distrito, “debían votar personalmente” por el Presidente y Vicepresidente; pero no tuvo curso. En diciembre 16 y en diciembre 24 de 1823, presentaron modificacions en el Senado los señores Dickinson, de Nueva Jersey, y van Burén, de Nueva York, pidiendo que la elección de electores se hiciera por distritos; pero esta y otras modificaciones no fueron adoptadas, a pesar de la acción favorable en este sentido, en el Senado en 1818, 1819 y 1822. El 22 de diciembre de 1823, una modificación fué presentada en la Cámara por Mr. Me. Duffie, de la Carolina del Sur, estableciendo que los electores debían ser elegidos por distritos determinados por las legislaturas; pero no tuvo curso. La cuestión fué nuevamente presentada en 1835, en 1844 y posteriormente; pero no es necesario extendernos mayormente a este respecto, excepto que se pueda añadir que, el 28 de mayo de 1874, el senador Morton, presidente de la comisión de privilegios y elecciones, presentó un informe recomendando la adopción de una modificación que dividiera los Estados en distritos electorales, y que la mayoría del voto popular de cada distrito indicara el candidato para la votación presidencial; pero tampoco esta modificación tuvo curso. Se decía en este informe: “El nombramiento de estos electores es colocado así por completo y absoluto dentro de las legislaturas de los varios Estados. Ellos pueden ser elegidos por la legislatura, o la legislatura puede disponer que sean elegidos por el pueblo del Estado en general, o en distritos, como lo son los miembros del Congreso, lo que era el caso anteriormente en muchos Estados; y no cabe duda de que es de competencia de la legislatura autorizar al gobernador, o a la Suprema Corte del Estado, o cualquier otro agente de su voluntad, para nombrar a estos electores. Este poder es otorgado a las legislaturas de los Estados por la Constitución de los EE. UU., y no les puede ser arrebatado ni modificado por las Constituciones de sus Estados más de lo que podría serlo su derecho de elegir los senadores de los EE. UU. Cualesquiera que sean las disposiciones que se tomen por la ley, o por la Constitución de un Estado, para elegir los electores por el pueblo, no cabe ninguna duda respecto del derecho de la legislatura para hacerse cargo nuevamente de ese poder en cualquier momento, puesto que no le puede ser arrebatado, no puede ser abdicado”.

De esta revista, en la cual hemos sido ayudados por las laboriosas averiguaciones del asesor y que hubiera podido ser ampliamente desarrollada, resulta que desde la formación del gobierno, hasta ahora, la interpretación práctica de la cláusula ha concedido pleno poder a las legislaturas de los Estados en la cuestión de nombramiento de electores.

En pocas palabras el nombramiento y manera de proceder al nombramiento de los electores pertenece exclusivamente a los Estados de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. Como lo hace notar el juez Gray en in re Green, los Estados son “simples funcionarios o agentes de los Estados Unidos como lo son los miembros de las legislaturas de Estado cuando proceden como electores de los senadores federales, o el pueblo de los Estados Unidos cuando procede como elector de los representantes en el Congreso”. El Congreso tiene poder para determinar la época para elegir a los electores y el día en que ellos tienen que dar sus votos, que debe ser el mismo día en todos los Estados Unidos; pero, por lo demás, el poder y la jurisdicción del Estado son exclusivos, con excepción de las disposiciones respecto del número de electores y de la inelegibilidad de ciertas personas, disposiciones que tienen por objeto excluir la influencia federal y congregacional.

La cuestión que tenemos a nuestro estudio no es una cuestión de política, sino de poder, y aun cuando la opinión pública ha llevado de hecho a todos los Estados a perseguir un sistema uniforme de elección popular por boletín general, este hecho no tiende a debilitar las fuerzas de una práctica previa, contemporánea y largamente continuada cuando prevalece por diferentes razones de conveniencia. Las prescripciones de una ley escrita, .no pueden ser alteradas porque los Estados hayan últimamente ejercido en una forma particular un poder que pudieran haber ejercido en cualquier otra forma. La interpretación a que nos hemos referido ha prevalecido demasiado tiempo y ha sido demasiado uniforme para justificarnos si interpretáramos la Constitución en cualquier otro sentido que el qué se le ha atribuido hasta ahora, y dehe pues, ser considerada como decisiva.

Se agrega que el sistema de elegir electores por distrito aun cuando no es contrario a la Constitución, si la operación del sistema es llevada a cabo conforme con su objeto y propósitos originales, ha llegado a serlo en vista de la manera con que es puesto en práctica este sistema. No cabe duda de que se suponía que los electores procedieran con razonable independencia y claro juicio en la elección del jefe del ejecutivo, pero la experiencia ha demostrado bien pronto que, fueran ellos elegidos por la legislatura o por el sufragio popular, con boletín general o por distritos, estaban elegidos simplemente para acatar la voluntad del poder que los había nombrado con respecto de un candidato popular.

Con respecto pues, a la independencia de los electores se puede decir que las espectativas originales han sido frustradas. Pero nosotros no podemos encontrar razón alguna para sostener que el poder confiado a los Estados por la Constitución ha cesado de existir porque la operación del sistema no ha realizado por completo las esperanzas de los que lo crearon. Menos aun podemos reconocer la doctrina de que porque la Constitución ha sido encontrada, con el andar del tiempo, suficientemente amplia para ser aplicada a condiciones que no estaban en el espíritu de sus redactores, y que no existían en su tiempo, pueda, por esta razón, ser separada de las cuestiones expresamente comprendidas en la misma, y ser modificada por una resolución judicial sin acción alguna por parte de los órganos designados y en la forma en que estas modificaciones pueden ser hechas exclusivamente.

Tampoco podemos encontrar conflicto alguno entre esta ley y las modificaciones 14 y 15 de la Constitución. La modificación 14 establece:

“Artículo l^9 Todas las personas nacidas o naturalizadas en los EE. UU., y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los EE. UU. y del Estado en que residen. Ningún Estado podrá dictar o aplicar ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los EE. UU.; ningún Estado deberá despojar a una persona de la vida, de la libertad, o de la propiedad, sin debido proceso legal; ni negar a cualquier persona, dentro de su jurisdicción, la equitativa protección de las leyes.

Art. 2^9 Los representantes serán distribuidos proporcionalmente entre los varios Estados según sus números respectivos, cambiándose el número total de personas de cada Estado, con exclusión de los indios que no paguen impuesto. Pero si el derecho de votar en cualquier elección de Presidente y Vicepresidente de los EE. UU., representantes en el Congreso, funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, o de miembros de la Legislatura del mismo, fuera negado a cualquier habitante masculino de dicho estado, que tuviera 21 años de edad y fuera ciudadano de los Estados Unidos, o si de cualquier otro modo, este derecho le fuera limitado, excepto por participación en rebelión u otro crimen, la base de la representación del mismo Estado será reducida en la proporción en que se encontrara el número de dichos ciudadanos masculinos, con respecto al total de ciudadanos masculinos de 21 años de edad en el citado Estado”. El primer artículo de la enmienda 15 dice:

“El derecho de voto de los ciudadanos de los EE. UU. no será negado ni limitado por los EE. UU. ni por cualquier otro estado por razones de raza, color o estado de servidumbre anterior”.

En los Slangther-H ouses Cases, esta Corte opinó que la primera cláusula de la enmienda 14 tenía ante todo por objeto conferir la ciudadanía a la raza negra; y, en segundo lugar, dar la definición de ciudadanía de los EE. UU. y ciudadanía de un Estado, y reconoció, por estas definiciones, la diferencia entre ciudadanía de un Estado y ciudadanía de los EE. UU.; que los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados comprenden generalmente aquellos derechos civiles fundamentales para la seguridad y establecimiento de los cuales se ha instituido una sociedad organizada, y que quedan, con ciertas excepciones mencionadas en la Constitución Federal, a cuidado de los gobiernos de Estado; en tanto que los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los EE. UU. son los que surgen de la naturaleza y del carácter esencial del gobierno nacional, de las disposiciones de su Constitución, o de sus leyes y tratados concluidos en cumplimiento de la misma; y que son estos últimos los que están colocados bajo la protección del Congreso por la segunda cláusula de la enmienda 14.

Nosotros hemos resuelto, en Minor versus Happerssett que el derecho del sufragio no era necesariamente uno de los privilegios o inmunidades de la ciudadanía antes de la adopción de la enmienda 14, y que esta modificación no aumenta estos privilegios e inmunidades, sino que simplemente proporciona una nueva garantía adicional de protección para aquellos derechos e inmunidades que los ciudadanos tuvieran ya; que, en la época de la adopción de esta enmienda, el sufragio no era coextensivo con la ciudadanía del Estado, ni lo era en la época de la adopción de la Constitución; y que ni la Constitución ni la enmienda 14 han concedido el derecho de votar a todos los ciudadanos.

La enmienda 15 elimina para los ciudadanos en los EE. UU, la posibilidad de ser separados del ejercicio de la franquicia electoral por razones de raza, de color, o de previo estado de servidumbre.

El derecho de votar en los EE. UU., procede de los Estados, pero el derecho de hacer desaparecer las causas de prohibición procede de los EE. UU. El primero no ha sido cencedido ni asegurado por la Constitución de los EE. UU., pero sí, lo ha sido el segundo.

Si porque, como sucedía en la época de la adopción de la enmienda 14, aquellos que ejercían la franquicia electiva en el Estado de Michigan tenían derecho de votar por todos los electores presidenciales, entonces la 2? cláusula del artículo 2’ hubiera sido codificada de manera que los Estados no podrían ya nombrar en las formas que lo establecieran sus legislaturas; pues bien: no es este el objeto indicado por la redacción empleada, ni estas modificaciones son necesariamente inconsistentes con la cláusula. El primer artículo de la modificación 14 no se refiere al ejercicio de la franquicia electiva aun cuando el segundo establece que si el derecho de votar es negado o limitado a cualquier habitante masculino del Estado, que hubiera llegado a su mayor edad, y fuera ciudadano de los EE. UU., entonces la base de la representación a que tiene derecho cada Estado en el Congreso sería reducida en proporción, siempre que los electores presidenciales sean elegidos por elección popular, entonces el derecho de voto no puede ser negado ni limitado sin invocar la causa penal, y lo mismo procede con el de-rechoh de votar por los representantes en el Congreso, los funcionarios eecutivos o judiciales del Estado, o los miembros de la legislatura del mismo. El derecho de voto que se entiende proteger se refiere al derecho de voto tal como está establecido por las leyes y Constitución del Estado. No hay ningún fundamento para sostener que, de acuerdo con estas modificaciones, todo habitante masculino de un Estado que sea ciudadano de los EE. UU., tenga, desde la época de su mayor edad, el derecho de votar por los electores presidenciales.

El objeto de la enmienda 14 con respecto a la ciudadanía, era el de preservar la igualdad de los derechos y el de evitar distinciones entre ciudadanos, pero no cambiar radicalmente toda la teoría de las relaciones entre el Gobierno del Estado y el federal y entre ambos gobiernos y el pueblo.

La prohibición de que ningún Estado debe despojar a una persona, dentro de su jurisdicción, de la protección equitativa de las leyes, tenía por objeto evitar que una persona o clase de personas fueran designadas como un objeto especial de eliminación y de legislación hostil.

En Hayes versus Missouri, el Juez Mr. Fiel, hablando por la Corte dijo: “La enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos no prohibe la legislación que se limita ya a los objetos que tiene en vista, ya al territorio dentro del cual deben entrar en vigencia. Tan sólo exige que todas las personas sometidas a dicha legislación sean tratadas del mismo modo, bajo las mismas circunstancias y condiciones, tanto

en los privilegios concedidos como en las obligaciones que se imponen. Como hemos dicho en Barbier versus Connolly, hablando de la en* mienda 14: “La legislación de clase, perjudicando a unos y favoreciendo a otros, está prohibida; pero la legislación que, al perseguir un fin público, está limitada en su aplicación, y que dentro de la esfera de su aplicación afecta del mismo modo a todas las personas en iguales condiciones, no se encuentra dentro de las disposiciones de la modificación”.

Si los electores presidenciales son elegidos por las legislaturas no hay perjuicio alguno; si son elegidos por distritos donde cada ciudadano tiene el derecho de votar lo mismo que cualquier otro ciudadano, no hay perjuicio. A menos que la autoridad otorgada a las legislaturas por la segunda cláusula del primer párrafo del artículo 2^9 hubiera sido retirada y que el Estado hubiera perdido su poder de nombrar, fuera de una sola manera determinada, la posición adoptada por los demandantes es insostenible; y es evidente que ninguna de estas modificaciones puede haber tenido ese efecto.

La cláusula 3* del § l^9 del artículo 2^9 de la Constitución dice: “El Congreso puede determinar la época de la elección de electores, y el día en que deben dar su voto; el cual día deberá ser el mismo para todos los Estados Unidos”.

Por la ley del Congreso de l^9 de marzo de 1792, se establecía que los electores se reunirían y darían sus votos el primer miércoles de diciembre, en el lugar de cada Estado que dispusiera la legislatura del mismo; y por la ley del Congreso de 23 de enero de 1845, que los electores serían nombrados en cada Estado el martes siguiente después del primer lunes del mes de noviembre, del año en que debían ser nombrados; quedando entendido que cada Estado podía disponer por ley para llenar las vacantes en sus colegios de electores, cuando este colegio se reuniera para emitir su voto electoral; y quedando entendido que cuando un Estado hubiera realizado una elección de electores y no hubiera logrado hacer su elección en la fecha fijada, los electores podrían ser elegidos al día siguiente en la forma en que el Estado lo estableciera por ley. Estas disposiciones han sido aplicadas en las secciones 131, 133, 134 y 135 de los estatutos revisados.

Por la ley del Congreso de 3 de febrero de 1887, titulada “una ley para fijar el día para la reunión de los electores de Presidente y Vicepresidente”, se establecía que los electores de cada Estado se reunirían y darían sus votos el segundo lunes del mes de enero siguiente a su nombramiento. La ley de Estado que se discute fija el primer miércoles de diciembre como día de reunión para los electores, como ha sido fijado originariamente por la ley del Congreso. A este respecto, está en conflicto con la ley del Congreso, y debe, necesariamente ceder. Pero esta parte de la ley no está tan inseparablemente unida en substancia con las otras partes que acarree la anulación de toda la ley. Borrando el día de la reunión que ha sido ya determinada en otra forma por la ley del Congreso, la ley queda completa en sí, y puede ser puesta en vigencia de acuerdo con su objeto legislativo. La ley del Estado cede solamente en la extensión del conflicto. La interpretación a este respecto de la Corte de Estado es de fuerza persuasiva cuando no de peso determinante.

Nosotros no creemos que este resultado está afectado por la ley núm. 50 con respecto al empate. Según la Constitución del Estado de Michigan, en caso de que dos o más personas tengan igual y el mayor número de votos para un cargo, según el escrutinio de los escrutadores oficiales, la legislatura, reunida en convención elige a una de estas personas para desempeñar el cargo. Esta regla es reconocida en esta ley, que también establece que es deber del gobernador, en este caso, de reunir a la legislatura en sesión especial, a los efectos de su aplicación inmediatamente después del fallo de las escrutadores oficiales.

Estamos completamente de acuerdó con la Corte Suprema de Michigan, de que no puede ser considerada como asunto de ley el que la legislatura no haya establecido reunirse en sesión especial, sino que haya establecido la época de la reunión de los electores, y apiñamos que esta fecha puede ser rechazada, quedando por otra, la ley completa y válida.

Y, por cuanto el Estado tiene facultad para llenar toda vacante que ocurriera en su colegio electoral, cuando éste se reune para su voto electoral, no encontramos nada en la forma establecida para anticiparse a esta necesidad, que pueda tener por efecto la anulación de la ley.

Repetimos que la principal cuestión que surge para el examen es una cuestión de poder y no de política y no podemos llegar a otra conclusión que la de que la ley que la legislatura de Michigan de l^9 de marzo de 1891 no es nula, como contraria a la Constitución de los EE. UU. por falta de poder en su aplicación.

El fallo de la Suprema Corte de Michigan debe ser confirmado.

PROYECTO DE LEY NACIONAL DEL TRABAJO

Con colaboración

1904

En esta publicación del Proyecto de ley nacional del trabajo, se inserta en facsímile los borradores manuscritos, originales del doctor Joaquín V. González, — correspondientes a la primera página del Mensaje del Poder Ejecutivo y de cada uno de los títulos del proyecto,— que guardaba en su archivo particular, junto con borradores del doctor Enrique del Valle Iberlucea referentes a los títulos VI y Vil y otros antecedentes y notas.

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

, MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, mayo 6 de 1904.

Al honorable Congreso de la nación.

I

En, diversas ocasiones, y en particular cuando ocurrieron los movimientos obreros de noviembre de 1902, que dieron lugar al establecimiento del estado de sitio para restablecer el orden alterado y la libre circulación del comercio nacional y extranjero, el Poder Ejecutivo ha prometido al Congreso el estudio de la situación de las clases trabajadoras en el país, y la preparación de un proyecto de ley que tuviese por propósito eliminar en lo posible las causas de las agitaciones que se nota cada día más crecientes en el seno de aquellos gremios, cuyo aumento y organización, paralelos con el desarrollo de nuestras industrias, del tráfico comercial, interior e internacional y de los grandes centros urbanos, donde se acumulan las fuerzas fabriles y se producen los fenómenos de la vida colectiva, hace cada vez más necesario que el legislador les preste una atención más profunda y busque soluciones definitivas a las cuestiones del Estado que con ellas se vinculan.

He ahí la génesis del proyecto que tengo el honor de remitir a vuestra ilustrada deliberación. Pero, además de estos fundamentos, no se ha podido dejar de tomar en cuenta las múltiples iniciativas nacidas del Congreso mismo, de algunas asociaciones benéficas o profesionales y peticiones particulares y colectivas, en las cuales se ha reclamado la sanción de leyes parciales, relativas a determinados y restringidos aspectos del vasto programa político que se denomina bajo la fórmula comprensiva de ley social, y que existe ya completa, aunque sus distintos miembros se hallen dispersos, y sólo espere una mano que los reúna, los sistematice, les dé en la forma de un código, la unidad orgánica que ya tienen en la vida del trabajo y de la industria, y les imprima un soplo de vida, para que el organismo jurídico así formado empiece a moverse y a dar los bienes que de su advenimiento se esperan.

Observan, por lo general, las personas no informadas sobre la totalidad de la literatura jurídica relativa a la cuestión obrera, que es mejor y más práctico dictar leyes aisladas, parciales o separadas sobre los diferentes puntos de aquélla abraza; y tal criterio, en efecto, tiene una apariencia de fundamento si se fija sólo la atención en la forma en que se ha venido obteniendo en todos los países las leyes vigentes en la materia. Pero ocurre en esto una verdadera confusión o aberración de juicio, y a la vez una falta de vista sobre el conjunto de la historia contemporánea de la legislación obrera. Cada ley dictada en Europa, en América del Norte o en las colonias australianas, ha sido la consecuencia de una honda convulsión revolucionaria y de sangrientas sacudidas que han perturbado la paz de los pueblos y obligado a los partidos conservadores a ceder y ampliar el campo de expansión de los derechos y de la vida de las clases- trabajadoras. El comercio y las industrias han sufrido en cada choque de aquellos largos y costosos períodos de retrogradación y de pérdida de energías y potencia productora; y es, por consiguiente, una ventaja inmensa de los que venimos más tarde a la faena, como a las luchas de la civilización, aprovechar, no sólo de la experiencia dolorosa de las demás sociedades más antiguas, sino de todo su capital acumulado en sus códigos, leyes o fórmulas resultantes de sus largas agitaciones domésticas.

No es otro el fenómeno histórico que marca la adopción

de la carta constitutiva de la nación misma, pues ella no era otra cosa que la síntesis experimental de la vida de dos poderosas nacionalidades de igual origen, la Inglaterra y los Estados Unidos, lo que en otros términos, equivale a decir que hay en la historia como en las ciencias concretas, ecuaciones definidas correspondientes a series de hechos semejantes o idénticos, y que una vez formuladas, quedan como leyes permanentes y universales, aun en medio de la infinita variabilidad de los hechos humanos. Y es, sin duda, una fortuna inmensa, el poder incorporar así, de una sola vez, a la propia experiencia, todo ese vasto caudal legado por otros que vivieron más, en sabiduría y en legislación práctica, ilustrada, además, por la jurisprudencia de origen, que es guía y norma de los que adoptan sus fórmulas.

Los últimos escritores sobre estos problemas expresan con singular insistencia y uniformidad, sus votos y su convencimiento en favor de una unificación de la legislación obrera; pues han advertido ya que el proceso experimental de su formación está terminado, que es tiempo de dar existencia visible y animada a lo que ya tiene en los hechos una personalidad definida y que la causa de la persistencia en las agitaciones e inquietudes de las clases trabajadoras, consiste en que ninguno de los problemas que constituyen el conjunto de sus aspiraciones colectivas, tiene una solución completa. Y de aquí se deriva este movimiento de súbito acelerado en el sentido de la asociación de las fuerzas para el combate y la defensa, que tan extrañas e inesperadas formas asume en la actualidad, y que con caracteres tan fuertes se presenta ante el poder público. Si en 1807 se hubiera aceptado el conjunto del plan de Roberto Peel, y no se hubiese limitado a la sola sanción de la ley sobre el trabajo de los aprendices, ni la Inglaterra ni los Estados Unidos habrían tenido que luchar palmo a palmo durante un siglo entero con las clases industriales, para conceder gradualmente, prolongando la duración de males internos y de conmociones periódicas, que pudieron desaparecer en mucho menos tiempo.

Pero limitada la cuestión a su aspecto jurídico, es indudable que todas las partes de este organismo legal, si han de tener una sanción uniforme en una forma determinada de justicia; si se refieren a un solo objetivo que es la armonía permanente entre dos factores esenciales del trabajo del hombre, —la mano de obra y el capital;— si tienen como sujeto la misma persona de derecho, la que trabaja y da existencia a la riqueza privada y pública, no pueden vivir y desarrollarse separadamente y deben formar un conjunto, una sola ley, un código o como se quiera denominar. Y a esta faz del problema se refiere un reciente libro publicado en España, cuando expresa la necesidad de ensanchar los límites de la legislación obrera, llevándola más allá de los que hasta ahora ha comprendido dentro del “contrato de trabajo”, diciendo que este “trabajo” debe constituir, dentro de la estructura de los códigos civiles, una gran “institución jurídica”, en cuya organización fundamental se habrá de proceder desde la idea de aquellos dos grandes órdenes de derechos, los que se refieren al “ser”, y los que derivan de la “actividad” de la persona jurídica. Al sistema integral de estos últimos debe referirse toda la ordenación del trabajo en sus variadísimas manifestaciones y categorías, estableciendo las condiciones de sU prestación individual y colectiva, y los de la relación personal que se produce por el aprovechamiento de las utilidades que reporta el trabajo ajeno... Por eso no podemos conformarnos sin alguna reserva con la novísima tendencia que aspira a encerrar todo el desarrollo legal de la institución jurídica a que nos referimos, bajo el título de, “contrato de trabajo”; antes bien, creemos preferible señalar esta parte integrante de la legislación social, que constituye todo un sistema, con el nombre de “derecho referente al trabajo” o “derecho del trabajo”, más adecuado para contener en toda su extensión aquel gran organismo institucional (1).

(1) Ley de accidentes del trabajo, estudio crítico, por H. González Rebollar. Salamanca, 1903.

Más convincentes que estas consideraciones son aún las que se fundan en el contenido mismo de la legislación social, que abarca no sólo el campo de los contratos civiles o comunes, imprimiéndoles modalidades antes desconocidas, sino también el de las ciencias técnicas y sus aplicaciones industriales, la higiene en sus aspectos más interesantes a la conservación del hombre y sus fuerzas productoras. No es menos visible la íntima conexión de este en apariencia sencillo “contrato de trabajo”, con el orden social y político, si lo contemplamos en relación con el trabajo colectivo de toda la nación, como no puede menos de serlo, con la vida y modos de actuar de las asociaciones obreras, que de inmediato afectan el orden público y los poderes de policía, y los hechos más vastos y vitales que constituyen la circulación del comercio interno e internacional del país. Y si a esto se agrega los conflictos internos del taller o la fábrica entre el obrero, sujeto autónomo de derechos y obligaciones, con otro de igual capacidad jurídica, el patrón, empresario o capitalista, ligados por un vínculo voluntario de recíprocas prestaciones, —conflictos que asumen por fuerza en la grande industria, las magnitudes de los movimientos populares, sediciosos o revolucionarios, —se verá desde luego interesado en tales hechos al Estado mismo, ya como guardián o depositario de la paz pública, ya como persona jurídica, asimilado a un patrón o empresario, esto es, juez y parte en el orden de los conflictos que esta legislación tiene en vista resolver o conjurar.

Luego, a un conjunto orgánico de preceptos legales relativos a un contrato, a las personas individuales o colectivas que lo forman, a sus relaciones con el orden público y con la vida de la industria y del comercio, se añade otro de sanciones positivas y penales, de formas y de procedimientos, de autoridades y sus funciones, encargados de llevar a la práctica los preceptos y darles un imperium por la sanción última que el Estado les presta con el sello de su autoridad suprema.

En el proyecto que os envío se ha tenido en cuenta, además de la existencia ya definida de este organismo jurídico, las legislaciones de las más adelantadas y poderosas naciones del mundo, las condiciones especiales de nuestro país, así en el sentido de sus problemas sociales y económicos internos y exteriores, como en el que deriva de sus instituciones fundamentales, de la extensión inmensa de sus territorios, ávidos de trabajo y de población útil, de la vital exigencia de úna formación nacional sana, robusta y animosa, que desafíe los constantes peligros de la complicada vida contemporánea.

En cuanto a sus formas, si alguna novedad puede contener el proyecto, será la que resulte de la más acertada asimilación de ciertos preceptos ya establecidos en otras leyes, a las condiciones propias de nuestro país o de nuestra indus-tria, y acaso el de constituir el primer ensayo de una codificación general y amplia de todas las leyes parciales e incompletas dictadas hasta ahora en otras naciones, si bien limitada por los caracteres propioa de nuestra sociabilidad y de nuestra legislación en otros órdenes, en particular la de los códigos comunes vigentes. No se exceptúa de esta observación las leyes más comprensivas dictadas en Inglaterra y Nueva Zelandia en 1901, el 17 de agosto la primera, y el 8 de noviembre la segunda, porque estas leyes no comprenden en realidad todo el problema obrero, sino reducido a la' vida del taller o la fábrica. En países como los Estados Unidos, Alemania, Suiza y la Confederación australiana, la diversidad federativa más definida que entre nosotros permite ensayar parcialmente sistemas o leyes sueltas que, luego de probadas, se incorporan o amplían en otros Estados según sus necesidades, sin que se deje de advertir en esta materia como en otras la legislación común, la tendencia hacia la centralización, ya sea por la sanción de una sola ley, como la federal de las obligaciones en Suiza, el código civil y comercial alemanes, ya por la adopción voluntaria de sus Estados, de las fórmulas dictadas por algunos de los más influyentes entre los confederados como ocurre con las leyes obreras de Massachusetts y de Nueva Zelandia en las respectivas asociaciones políticas de que forman parte.

Si es verdad que la ley inglesa de 1901 (2) es una de las más comprensivas que existan, no lo es menos que hay un gran número de otras sueltas, dispersas o no recopiladas, que constituyen con aquélla un inmenso código de la industria, en sus relaciones con las clases que la ejercen, y concurren a ella directa o indirectamente, como las “Trade-Unions” y las que se refieren a los pobres e inválidos del trabajo, al arbitraje, a los seguros, a los niños y otros aspectos de tan extenso dominio legislativo. Igual observación sugiere la ley neozelandesa, similar a la de su metrópoli, y que tiende sin duda, a una codificación más vasta. En Francia, las obras de compilación sistemática de las leyes dispersas desde 1797 a 1901, con la denominación de “Código obrero”, son ya numerosas, y sólo puede detener su completa unificación, la mayor o menor fuerza de las tradiciones o de los intereses establecidos al amparo o según el molde de las leyes consuetudinarias. Pero en medio de todo el enorme movimiento de legislación industrial y obrera de los últimos diez años, el hecho único, visible e imperioso de una sistematización y unidad legislativa en la materia, se destaca y se impone aún en las federaciones más heterogéneas, más convencionales o arraigadas.

II

Si no fuera que acontecimientos de palpitante actualidad y otros menos inmediatos ahorran una demostración dete-tenida sobre la urgencia de la sanción de una ley obrera, sería oportuno señalar aquí la circunstancia en que se presenta el proyecto del Poder Ejecutivo para contribuir, en cuanto de esta clase de leyes depende, a evitar las agitaciones de que viene siendo teatro la República desde hace algunos años, pero muy particularmente desde 1902, en que ellos han asumido caracteres violentos y peligrosos para el orden público.

- (2)  I., Edw. 7, Ch. 22.

Porque no son, en realidad, nuevas estas formas de reclamación, reivindicación o defensa colectiva de los gremios trabajadores, pues las primeras huelgas de este género aparecieron hace cerca de veinte años en esta misma capital.

Pero hoy la multiplicación de las industrias, su difusión en todo el país, los progresos técnicos en ellas realizados, la enorme masa de sus productos lanzados al mercado en la lucha de la competencia y de la influencia, las grandes cantidades de obreros ocupados en ellas en condiciones tales que afectan las leyes de la higiene pública y colectiva, al mismo tiempo que las de conservación social, han revelado los mismos fenómenos que en otros países productores, y esas fuerzas de trabajo y de producción, han adoptado, al impulso de ideas de afuera, los mismos medios de asistencia, de ayuda y defensa recíproca en sus intereses gremiales o en las condiciones materiales de la vida.

Por otra parte, a la nación no le son indiferentes, sino que le interesan con la mayor intensidad las referidas aglomeraciones de fuerzas productoras: país nuevo, activo y ansioso de ensanchar su influencia económica, necesita más que otro alguno engrosar la población útil y laboriosa, atrayéndola desde otras regiones del mundo, para ocupar sus tierras y mover sus máquinas y dar salida a sus productos naturales o elaborados. Es el pensamiento inicial de su Constitución política, la cual reposa en gran parte sobre la política inmigratoria, a punto de que por mucho tiempo un aforismo expuesto por uno de sus autores, se creyó la fórmula única de gobierno argentino.

La Constitución ha previsto, junto con los beneficios de una abundante corriente inmigratoria, todos los peligros que ella entrañaría para el porvenir de la nueva nacionalidad, si no limitaba el concepto de las liberalidades y privilegios que ella acordaba al extranjero, dentro de las exigencias del trabajo y la formación de un conjunto étnico, sano y fuerte para las contingencias del porvenir. Sabían sus autores que la levadura escasa de la población nativa no alean-zaría a asimilar una masa demasiado grande y heterogénea, de elementos extraños, y que una afluencia libre e irrestringida de todos ellos podría traer hasta nosotros influencias malsanas o enfermizas, o gérmenes de prematuras degeneraciones y envilecimientos. El problema de los negros en Estados Unidos y Cuba, tal como se debatía entonces a punto de que constituía esta raza un estado diferencial dentro de la libre democracia de Wáshington los preocupó, sin duda, y el temor patriótico de ver reproducidos en nuestro suelo los mismos conflictos y fenómenos que en aquellos, los indujo a formular una de las cláusulas más previsoras, más sabias y más intensamente políticas de la Constitución.

Dice, en efecto, el artículo 25, que “el gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”; y cuando en el artículo 14 consagra el derecho correlativo de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”, lo ha subordinado a las leyes que reglamenten su ejercicio. Luego, ha supuesto que una ley nacional, desde que afecta la formación esencial de la nación, debía limitar los alcances de tan grandes franquicias en estos tres sentidos fundamentales:

l^9 Podía restringir, diferenciar y aún prohibir la entrada de extranjeros “no europeos”;

2^9 Podía gravar la entrada en el territorio, con impuestos que pueden ser prohibitivos, de todo extranjero que no trajese los propósitos de trabajo y de cultura que la cláusula expresa;

3^9 Podía limitar el tránsito internacional en el concepto de garantizar los derechos de terceros y la conservación del orden público.

La experiencia de otras naciones tan jóvenes como la Argentina, ha dado la razón al precepto transcripto, después de cerca de medio siglo, pues aquellas comienzan a comprender los daños que su población nativa y aún los supremos intereses de la conservación y el progreso sociales experimentan con el sistema de la absoluta libertad de inmigración. No otro fundamento tienen las leyes locales de muchos Estados de la Unión Americana, que restringen la entrada de extranjeros y la última ley federal de 3 de marzo de 1903, viene a dar al problema su más completa significación política. Y en efecto, si la franquicia del suelo nacional es para el extranjero un privilegio, no hay derecho a reclamarlo sin llenar las condiciones bajo las cuales es concedido, y esas condiciones .son tantas como los medios que la nación soberana de la tierra crea concurrentes al cumplimiento de sus destinos propios y al desarrollo de su vida institucional, pero pueden reducirse a dos órdenes generales y comprensivos: la conservación y progreso de sus caracteres nacionales propios, y la permanencia y desarrollo dentro de su territorio, de un estado de justicia, y de un orden jurídico perfecto, de acuerdo con las leyes de la civilidad universal.

Toda nación culta, que aspira a perpetuarse en el tiempo y ampliar en el mundo su campo de acción o de influencia legítima, tiene derecho a constituirse sólida y fuertemente, como un organismo sano y de larga vitalidad, no solamente para dar a la humanidad los frutos de su labor con que concurre a la obra común del bienestar colectivo, sino para asegurar su reproducción ilimitada sobre el territorio donde asienta su soberanía material. Así debe tender a depurar sus propios elementos étnicos por un régimen de orden moral e higiénico regular, y por un sistema de selección de todo elemento extraño que se incorpora de afuera y entra a formar una sola substancia con la nativa o indígena.

La liberalidad absoluta, tal como ha sido entendida entre nosotros hasta hace muy poco, es en los tiempos actuales un grave peligro para el porvenir de nuestra población, para la paz pública fundada por nuestras leyes y para el mantenimiento de la justicia prometida a los hombres laboriosos y cultos de otras naciones que invitamos a compartir con nosotros el suelo y los beneficios de las libertades nativas. Hasta ahora no se había advertido los síntomas de los peligros enunciados, y ha sido necesario todo el ruido de sucesos trágicos y dolorosos, y el ejemplo repetido de otras naciones más adelantadas, para que advirtiéramos que era tiempo de dar un primer paso en el sentido de la defensa colectiva contra aquella clase de enemigos, tanto más temibles cuanto más invisibles o pequeños. Y luego, la vida de una sociedad política no tiene otra razón de ser que el trabajo en sus dos formas únicas, material e intelectual, y él ha de desenvolverse 'en un ambiente de moralidad y de justicia que lo mantenga en sus tendencias creadoras, elevadas y prospectivas.

Pueden y deben las leyes nacionales realizar esta tarea de depuración y selección de las corrientes migratorias que afluyen al territorio argentino, para impedir las aglomeraciones inactivas y malsanas, que no sólo perturban la paz del derecho sino que desequilibran las leyes del trabajo, recargando con los deberes de su subsistencia ociosa, el esfuerzo y la remuneración justa del brazo o de la mente laboriosa. Los enfermos incurables o contagiosos, los indigentes, los vagos consuetudinarios, los criminales, los enemigos del orden jurídico, los explotadores de la prostitución, deben ser eliminados de la comunidad nacional, cuyo destino superior y cuyos deberes de reproducción y perpetuación de la especie, de la raza y de la nacionalidad, son más altos y supremos que las solas razones de beneficencia que la obligan a consagrarse a su cuidado y mantenimiento improductivo. Y si es cierto que tales cargas son tolerables en favor de miembros de la propia familia, no hay razón que justifique la admisión de tales elementos de desequilibrio, de corrupción y desorden cuando pertenecen a sociedades distintas sobre las cuales exclusivamente pesan los humanitarios deberes de su asistencia, corrección o sostenimiento.

Refiriéndose a los Estados Unidos, cuyas leyes restrictivas de la inmigración china y de enfermos o indigentes, fueron modelos para las colonias australianas, hace notar el autor del sistema legal obrero de Nueva Zelandia, W. P. Reeves, el cambio operado en las ideas de los americanos del norte respecto a la liberalidad del territorio para el extranjero: “Ellos acostumbraban considerar como el orgullo del ciudadano de la Unión americana, el que su continente estaba abierto para todos. Afirmaban que el nuevo mundo era demasiado grande, y más que demasiado para dar lugar a los desbordes del antiguo. En sus selvas o en sus praderas, el pobre hallaría su fortuna, el enfermo salud, los oprimidos libertad; y aún los recién llegados, que habían cometido graves errores, podrían llevar una nueva vida allí donde su pasado era desconocido. Sólo la inexorable lógica de una dura experiencia ha convertido a la opinión pública americana, y motivado el abandono de esta actitud nacional de una genial y abierta hospitalidad” (3). Los que recuerden este lenguaje, usado con tanta frecuencia en los libros y la prensa argentina, a punto de constituir lugares comunes y fraseología corriente, podrán recoger la ajena experiencia y comparar la conducta de las jóvenes y robustas repúblicas de Australia, al anticiparse a una legislación depuradora de su., población adventicia y a las cuales el mismo escritor dirige este consejo: “las pequeñas democracias, de reducidos recursos, que se niegan a permitir el hacinamiento de seres humanos, y cuyas conciencias se revuelven ante los sufrimientos del pobre, y aún contra el espectáculo de la ociosidad forzosa, deben poner algún cuidado en la selección de aquellos que admiten en su sociabilidad, y de cuyo bienestar se hacen responsables”.

El proyecto de ley que se os remite, contiene disposiciones moderadas y prudentes, inspiradas en las más perfectas leyes de los Estados Unidos y las colonias inglesas de Ocea-nía, para la interdicción del territorio a los que sólo pueden

- (3) State experiments in Australia and New Zealand, v. II, c. IV.

ser en él un peligro social, por sus enfermedades, sus crímenes o su corrupción, y afronta con decisión y firmeza otros aspectos del asunto, que hasta ahora se mantuvieron inmunes debido a un mal entendido concepto de decoro que permite a la prostitución y a la vagancia incurables asumir sus formas más deprimentes de las energías sociales y evita que los más altos y verdaderos deberes de caridad cristiana y democrática, busque la liberación y la corrección por el trabajo de seres conducidos a la postración y al crimen por la ignorancia o el engaño o en abandono de sus actividades y el de su voluntad.

III

Si se quisiera exhibir una prueba palpable de la necesidad de reglamentación del trabajo, no ya desde el punto de vista de su ejecución, sino de las facultades del Estado, bastaría señalar los conflictos diarios entre el obrero y el capitalista, o patrón, corrientes en todo el mundo entero, y reveladores de una situación imperfecta o insuficiente dentro de las leyes comunes. Cuando esos conflictos no encuentran ni en la substancia ni en las formas externas de la ley una solución o una vía genérica para ella, debe deducirse que el organismo jurídico es inconciliable con la realidad de los fenómenos sociales que él está destinado a regir. Entre nosotros, como en la mayoría de las naciones que han seguido la tradición legislativa romana, no se ha pensado hasta ahora en encauzar los hechos del trabajo en la grande industria, ni las especiales relaciones que crea la prestación del esfuerzo individual, ya en el sentido de una producción directa y personal, ya en favor de una empresa directiva o capitalista, que condensa la labor de varios hombres reunidos, considerados como instrumentos de producción.

_____ 1

El crecimiento y la constante complicación de la industria han ido envolviendo entre sus engranajes insensiblemente, la personalidad del operario que la sirve, como un insecto en medio de una inmensa telaraña, y cuando sus movimientos han sido difíciles y su libertad restringida a punto de desaparecer en múltiples casos, el despertar ha sido de violentas sacudidas, para romper los numerosos e invisibles lazos de la prisión. Se ha afrontado de golpe, entonces, todos los problemas iniciales, y se ha discutido hasta la facultad del Estado para legislar, para intervenir en la libre esfera del trabajo individual, en la disposición que cada uno hace de su esfuerzo, y en los derechos acumulados de las empresas para desenvolverse sin trabas ni normas oficiales.

Por otra parte, nuestras leyes civiles, que en resumen, reglan el ejercicio de los derechos inherentes al trabajo, la propiedad y sus medios de adquisición, constituyen un mundo aparte de las formas reales en que el derecho se ejerce, pues sólo se ocupan de las cosas, que el trabajo produce y de las relaciones derivadas de su adquisición o aprovechamiento, y dejan de lado los medios y la operatividad con que tales cosas son creadas por el obrero y por la industria, e incorporados al patrimonio de las personas. En una palabra, se ha legislado sobre las cosas consideradas como “bienes” existentes, pero no sobre los hechos y los elementos constitutivos de la “industria” que la ha producido, ni sobre el empleo de las fuerzas humanas concurrentes a su creación.

Se ha olvidado que “el natural efecto de la división del trabajo es engendrar una dependencia mutua entre las gentes que lo realizan. Cada uno produce solo una pequeña parte de lo que necesita, y para todo lo demás, se atiene al trabajo de los otros. De tal condición se deduce que cada uno, en cualquier ocupación que ejecute, está en cierta medida proveyendo a una necesidad pública y en esta extensión el público se halla interesado en su trabajo. Sobre estas bases se funda el derecho del Estado para ejercer cierto grado de superintendencia sobre las industrias. Puede en algunos casos exigir ciertas cualidades en el producto y en otros cierto grado de competencia en el obrero. Pero la regla general es que la salvaguardia del bienestar físico, mental y moral de un pueblo, en cuanto corresponde al Estado, autoriza una regulación y aun la prohibición de ciertas industrias. Aquellas que son peligrosas para la vida o la salud, deben ser conducidas de manera que se eviten o reduzcan los riesgos; las que afectan la naturaleza moral de la comunidad, deben ser suprimidas o eliminados sus caracteres perjudiciales” (4).

Nuestra Constitución comprende en términos claros la facultad de reglar las condiciones en que ha de ejecutarse el trabajo en todas las formas en que la. industria pueda orga-nizarlo, y con independencia del carácter y formas jurídicas de adquisición o aprovechamiento de sus productos o bienes. La actividad económica durante la gestación del producto crea una situación jurídica diferente de la que corresponde al destino interior de la cosa producida: la primera es la vida de la industria; el segundo es el derecho de propiedad; de la una se ocupa la ley política o administrativa, del otro, la ley civil o común. El derecho público del Estado sigue y ampara o regula los hechos de la industria; el derecho privado desempeña igual misión con la propiedad. El Estado reglamenta, en uso de su poder de alta policía sobre todos los derechos constitucionales, la forma de su ejercicio en armonía con los de otros, con el fin de conservar la armonía en las relaciones sociales; y además, con el superior interés de que estas relaciones se mantengan de modo que su objeto —la producción de la riqueza y de todas las comodidades colectivas—, responda de la mejor manera al bienestar y la prosperidad común.

El Estado realiza estos fines por medio del poder de legislación del Congreso, y éste poder se ejerce en virtud de distintas y bien separadas cláusulas de la Constitución: relativas unas a las leyes especiales o generales que reglamenten el ejercicio de los derechos enumerados entre sus declaraciones, y otras a la sanción de los códigos comunes, cuya

- (4) Wood, Government and the State, pág. 85. existencia distinta y separada ha sido consagrada por la doctrina y la jurisprudencia de medio siglo; luego, hay dos campos hien deslindados y conocidos: el de la legislación política o administrativa que sigue la variabilidad de los fenómenos y hechos sociales de cada día, y la civil o común que fija las formas permanentes del derecho privado sobre las personas y las cosas. No obstante, la evolución transforma a veces uno en otro estos dos aspectos de la legislación, pues cuando los hechos accidentales se perpetúan y se fijan por su continuidad o persistencia, pueden entrar en el dominio de la ley común; y a su vez ésta puede cambiar su naturaleza o desaparecer por la ausencia definitiva de los hechos que le dieron existencia.

Carrol D. Wright, observa que “si ahora extendemos el horizonte, encontramos que se ha introducido ciertos cambios en el derecho común, cambios que las condiciones nuevas de la industria moderna han hecho necesarios y son traducidos por una legislación positiva nueva, que modifica singularmente las viejas reglas del derecho primitivo. Ha ocurrido esto, más que todo respecto a la responsabilidad de los patrones en materia de accidentes sobrevenidos a sus obreros”. Según el derecho común, tal como existe en Inglaterra, en América y en la mayor parte de las naciones europeas donde el derecho romano sirve aun de fundamento a la ley, se observa como principios inconcusos: l^9 que la responsabilidad del empresario por el accidente ocurrido a un obrero se limita a la culpa o negligencia personal de aquél, y 2’ que el contrato entre el obrero y el patrón debe regirse por las disposiciones relativas al de alquiler de servicios; y sin embargo, a pesar de la persistencia de tales declaraciones en los códigos de origen o filiación romana, como el francés, el español y el argentino, las ideas nuevas sobre responsabilidad y sobre el contrato de trabajo, y más que todo, los caracteres nuevos de la industria y la aglomeración y disciplina de las fuerzas obreras, han dejado lejos aquellos conceptos tradicionales y creado un derecho nuevo, como crecimiento o retoño de los viejos troncos, respecto de accidentes y de contratos (5).

Es digno de notarse el distinto modo cómo han soportado la prueba del tiempo nuestros dos más célebres monumentos legales —la Constitución y el Código Civil—, respecto a las cuestiones antes expuestas; pues mientras la una sostiene y ofrece aun abiertos sus amplios moldes al advenimiento de las ideas y las doctrinas sociales y políticas más nuevas, el otro presenta en diversas partes de su inmensa fábrica, secciones muertas, paralizadas y como abandonadas por su insuficiencia o falta de adaptación a la vida contemporánea. Dentro de la Constitución caben y encuentran cómoda ubicación y expansión los más amplios vuelos del pensamiento moderno y las más inesperadas formas de la sociabilidad y el trabajo del hombre, mientras que en el Código Civil unas veces por exceso de teorización y otras por exceso de detalle, infinidad de hechos de la vida, y de formas que asumen las convenciones, no encuentran en él un cauce, una expresión, un ajuste propio y exacto. El rompimiento, el salto, el desequilibrio y la violencia son los resultados ciertos de estas antinomias entre la forma imperativa de la ley, y la naturaleza movible del hecho o fenómeno de la vida nueva.

Son numerosos los casos comprendidos en la moderna legislación del trabajo, nacidos de la industria misma en sus formas actuales, que no hallan en la ley civil ni comercial una sanción positiva, ni menos una garantía cierta de ejecución. Y a' esto se agrega el dédalo cada vez más intrincado de los códigos procesales, que no permiten al obrero obtener justicia en las condiciones que sus necesidades y la entidad de sus salarios exigen. Esta circunstancia es quizá una de las más graves del punto de vista del derecho del obrero, derivado del contrato dé trabajo; porque los jueces letrados, únicos que pueden dar una interpretación racional y científica

- (5) La evolución industrial en los Estados Unidos, edición francesa, págs. 296 y 297.

de la ley, no tienen libertad ni amplitud de criterio, para apreciar los hechos y distribuir la justicia fuera de los pesados y lentos mecanismos formularios, los cuales constituyen un anacronismo en presencia de la celeridad y orden matemático con que se mueven hoy todas las industrias, originando conflictos, lesiones, daños, nacimientos de derechos no clasificados y modificaciones de las antiguas, sin que los tribunales de justicia en su organización actual, puedan seguirlos en todo su desarrollo y variedad.

Examinadas con honda atención todas las secciones del Código Civil en las cuales ha estatuido sobre obligaciones, hechos, actos jurídicos, contratos, se llega a la conclusión de que por abundancia de reglas generales sin la presencia de los casos y por indeterminación, falta de exactitud y referencia directa a los mismos, la vida del taller, de la fábrica, de la grande industria del día, no tiene en sus disposiciones una norma precisa, y ante la regla de aplicación de las leyes, según las constancias de autos o los antecedentes del proceso, todas las formas y modos de ejecución del contrato de trabajo, que no son los que nominativa y restrictivamente se denominan alquiler de servicios o de obra, escapan a su previsión y a su aplicación por los jueces, y lo propio puede decirse de la responsabilidad por el año que causa el accidente, pues en todo el conjunto de reglas, de admirable previsión doctrinal y abstracta, no encuentra el juez en el conflicto el precepto claro y distinto que rija la materialidad y la realidad del hecho o caso producido.

El contrato de trabajo en la industria moderna no es, según el Código Civil, el mismo contrato de alquiler de servicios, por más que muchas reglas generales aplicables a éste lo sean también a aquél, como lo son las relativas a los contratos en general y muchas sobre las obligaciones. Desprendido, sin duda, de la misma doctrina genérica, el contrato de trabajo, cuando éste se realiza en favor de un patrón, y teniendo sólo en cuenta el lucro que éste busca en la empresa o en el producto del trabajo contenido, puede llegar a admitirse que aquel sea un desmembramiento o una forma especial del alquiler de servicios; pero entre los cambios que la nueva industria ha traído está la incorporación de otros elementos en la clasificación del contrato, como el papel económico que la mano de obra desempeña en la producción, su carácter e importancia técnica, el mayor o menor grado de cultura del operario, lo que aumenta o disminuye su participación en la existencia o creación del producto, la forma individual o colectiva de la prestación o ejecución del trabajo, y los elementos morales que entran en la formación y conclusión del contrato. Se llega basta asimilar —teniendo en vista la concurrencia del capital y de la mano de obra en la producción de riquezas—, el contrato de trabajo al de sociedad, en cuanto el obrero y el empresario reunen sus respectivos capitales, esfuerzo y dinero, en la producción de un bien común.

No se comprendía el contrato de trabajo en el de alquiler de servicios cuando el Código Civil fué redactado, ni cuando se dictaron otros en los cuales bebió sus preceptos, a punto de que con posterioridad, las mismas naciones que los establecieron han debido legislar en particular sobre aquel contrato, en presencia de los conflictos y las reclamaciones muchas veces violentas de las clases obreras, que no hallaban satisfacción dentro de las formas clásicas. Ejemplo de estas reformas introducidas luego como reglas generales en los códigos comunes, son la ley federal suiza de las obligaciones, base del futuro Código Civil de la confederación, y el nuevo Código Civil del imperio alemán, los cuales al hablar del alquiler de servicios, para no romper aun con el derecho tradicional, extienden sus alcances hasta abarcar todas los formas en que se desarrolla el moderno contrato de trabajo. Bélgica, ¿regida por el Código Napoleón y enriquecida por la misma doctrina y jurisprudencia seculares, ha notado la insuficiencia del molde antiguo, y ha dictado la ley especial sobre el contrato de trabajo, el 10 de marzo de 1900, que, sin duda, imprimirá su carácter a todas las demás que se dicten en otros

países y que, en parte, ofrece sus semejanzas con la que ha ideado el Poder Ejecutivo en el título III del proyecto adjunto.

IV

No solamente la industria científica del día, sino también la crítica jurídica más intensa han llegado a definir elementos constitutivos del contrato de trabajo que lo separan de su originaria asimilación al de alquiler de servicios o de obra, tal como lo trasmitió el derecho romano. Hay en el esfuerzo humano que se pone al servicio de la producción, por intermedio de una empresa determinada, un agente que anima y expone a súbitas transformaciones la convención: es la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad del contratante obrero, y la naturaleza moral del esfuerzo indivisible de sus instrumentos y resultados materiales. Es lo que el doctor Vélez Sársfield quiere expresar en una de sus admirables notas, llenas de previsiones, de adivinaciones del porvenir, cuando procura definir la naturaleza de este “bien” que reside en las facultades creadoras de la mente, y asimilarla a los casos que son objeto de los contratos. “Si pues, dice, los derechos personales pueden venir a ser la causa o la ocasión de un bien, ellos no constituyen por sí mismos un bien in jure. Lo mismo se puede decir de las facultades del hombre, de su aptitud, de su inteligencia, de su trabajo. Bajo una relación económica, las facultades del hombre constituyen sin duda la riqueza; más jurídicamente, ellos no hacen parte de sus bienes. Así, el que hace cesión de sus bienes a sus acreedores, no comprende en la cesión, ni su libertad ni sus facultades personales. El poder jurídico no se puede tener sobre una persona, y los derechos que de él resulten no son bienes, aunque las ventajas que obtenga den nacimiento a bienes” (6).

Bajo una relación económica. Es precisamente ésta la que

- (6) Código Civil, nota al art. 2346. ha venido a revelar la naturaleza superior de ese elemento moral de la riqueza que el obrero pone en ejercicio cuando elabora un producto, imprimiendo a su mano o a su máquina el movimiento creador. Como la relación jurídica es la reguladora del esfuerzo económico, es obra difícil la separación de ambos conceptos y esta separación puramente ficticia, ha mantenido por tanto tiempo la posición jurídica del obrero en terreno falso, a punto de iniciar hoy la honda reacción que el mundo presencia. El obrero vale lo que vale su trabajo; era inseparable de su trabajo; y así como el trabajo era una cosa negociable y sujeta a las contingencias del mercado, la persona moral desaparecía para confundirse en el valor material del esfuerzo enajenado por un salario. Esto es, dice Ruskin, “el aspecto político-económico de la cuestión, según los doctores de esta ciencia, quienes aseguran que, por este medio se obtendría del que sirve el mayor rendimiento del trabajo y por consiguiente, el mayor beneficio de la comunidad, y de la comunidad, por reflexión, para el trabajador mismo. Pero no sucede así; sucedería así, si el obrero fuese una máquina cuya potencia motriz fuese el vapor, el magnetismo, la gravitación u otro agente de fuerza calculable. Pero siendo él, por el contrario, una máquina cuya potencia motriz es un alma, la fuerza de este agente peculiar, como una cantidad indefinida, entra en todas las ecuaciones de los economistas políticos, sin su conocimiento, y falsea cada uno de sus resultados. La mayor suma de trabajo no será prestada por esta curiosa máquina, por un precio, o por coacción, o con ayuda de cualquier género de combustible aplicable. Ella será producida solamente cuando la fuerza motriz, esto es, la voluntad o el espíritu de la criatura, es llevada a su mayor desarrollo por su propio combustible, es decir, por sus afecciones” (7).

La economía nueva de la industria, fundada sobre una noción más exacta de las fuerzas que le dan existencia y poder, ilumina ya con luz diferente las antiguas instituciones

(7) Ruskin, Unto this last.

jurídicas, y las formas contractuales, nacidas del trabajo científico, o cada día más ilustrado adquieren relieve propio y distinto en medio de ellas. Aparece, pues, la necesidad de legislar sobre el contrato de trabajo, aunque se le llame alquiler de servicios, sobre otras bases, y contando con los elementos antes no conocidos y ahora esenciales a la existencia de la relación de derecho. No sólo aquellas razones abonan este cambio: la misma industria desarrollada en un medio de cultura mucho más elevado, requiere que la personalidad del obrero tome mayor participación en la vida del taller o de la producción, porque a medida que la parte empresa obtiene mayores utilidades no compartidas en proporción por el artífice directo o inmediato, más inferior y desigual aparecerá ante la justicia y la moral, su condición personal, y el sentimiento democrático y cristiano de la igualdad de los hombres se manifestará en formas menos latentes o menos pacíficas.

El régimen del taller, cuando a el concurre una masa numerosa de operarios, se asemeja al de una comunidad autárquica, en la cual el que obedece o sirve debe tener parte en la formación del poder que dirige o gobierna, impone o limita a los demás. Esta participación desarma la resistencia innata de todo ser libre, y estimula y alienta las fuerzas productoras. El mandato, la norma, la restricción de la propia libertad son efluvios de su propia alma que reflejan sobre su acción individual o colectiva, y los beneficios comunes de la obra realizada se sienten como una satisfacción íntima de autores de un nuevo servicio a sí propios o a la comunidad. Así los obreros de un taller adoptan en cierto modo una personalidad colectiva, derivada, además, de la cohesión de su labor coordinada y al propio tiempo que toman su parte proporcional en la sanción de las reglas obligatorias de la conducta interna, dan existencia a una forma nueva, desconocida, y no poco resistida, del contrato mismo, el contrato colectivo, del cual se hablará en otro lugar.

Las ideas de regeneración del obrero, aparecidas no hace mucho en Europa, han preocupado a los más eminentes estadistas del siglo XIX, y continúa encendiendo nobles pasiones en los más inspirados, y vivas conmociones en las multitudes que esperan de ellas lo que acaso ellas consideran como una nueva redención. A los excesos de la aspiración de las clases obreras, un político inglés contesta con la exposición de un programa mínimo de legislación social, que ha hecho gran camino y planteado las bases del código, ya delineado por algunas naciones, si bien otras habían ya dictado leyes tan comprensivas y generales como una codificación requiere (8). El nuevo programa de Chamberlain, expuesto en noviembre de 1892, comprendía los siguientes puntos, que, como se verá, bosquejan ya, todos los elementos de lo que el proyecto del Poder Ejecutivo llama Ley nacional del trabajo, porque abraza todas las energías de la actividad nacional en la producción de su riqueza colectiva:

l[1] [2] Regulación legal de las horas de trabajo en las minas y otras industrias peligrosas y ordenamiento local de las horas de trabajo en las tiendas o negocios;

2[2] Establecimiento de tribunales de arbitraje para los conflictos del trabajo;

3[2] Compensación de los obreros o de sus representantes legales por daños o muerte no causados por falta de la víctima;

4’ Pensiones de ancianidad para las personas pobres que las merezcan;

5[2] Restricción de la inmigración de los extranjeros indigentes ;

6[2] Aumento de atribuciones en las autoridades locales para introducir mejoras y proveer al más cómodo alojamiento de los pobres; y habilitar a las mismas para que puedan adelantar dinero a los obreros que deseen comprar casas para sus viviendas (9).

Desde entonces la discusión no ha cesado en torno al arduo problema, agitado, por otra parte, por las “trade unions”, desarrolladas inmensamente en el Reino Unido, por las luchas sostenidas contra el capital y contra la legislación misma, hasta obtener sucesivamente un conjunto de cuarenta leyes parciales y diferenciales que completan y amplían el limitado programa de 1892, hasta la de 17 de agosto de 1901, la más general que allí rige restringida al trabajo en las fábricas, y ha sido una de las fuentes más autorizadas del proyecto argentino (10). Y los objetivos de tan agitadas campañas se resuelven principalmente en tres de los señalados por Mr. Chamberlain, el relativo a la jornada de ocho horas, el de los accidentes del trabajo con toda la reglamentación higiénica y de seguridad y la personería de las asociaciones industriales y obreras para celebrar contratos colectivos y desenvolverse libremente en sus propósitos progresivos o de mutua protección, y por último, creación de tribunales o cortes especiales de arbitraje para las diputas o conflictos que el trabajo engendra, como los establecidos por la ley citada de 1901.

A las leyes alemanas sobre accidentes y seguros obreros, quizá las más perfectas que existen, si bien más propias de un gran desarrollo político que de pueblos tan nuevos como el nuestro, se unen las dictadas en Francia sobre la ocupación de mujeres y niños y sobre los accidentes del trabajo en ampliación del Código Civil, que sólo sancionaba la teoría de la culpa para la indemnización del obrero herido o muerto en la faena; y las de Bélgica, algunas ya citadas, que no sólo reglan las indemnizaciones por accidentes, el trabajo de la mujer y el niño, la formación y funcionamiento de las asociaciones industriales, la represión del vagabundaje y mendicidad, sino que ha dado formas precisas y claras al contrato con las diversas leyes dirigidas a garantir el salario de los obreros y a determinar su aforo, con arreglo a los dictados de la más alta equidad y mejora en las condiciones de vida del operario de la industria (H). No son menos dignas de mención las leyes dictadas desde 1898 en Italia para socorrer los infortunios de la clase obrera, y en España, sobre accidentes del trabajo (12) que realiza, junto con el progreso legislativo de la responsabilidad profesional, la ventaja de la mayor claridad y sencillez en el procedimiento de avaluación y percepción de lo debido al obrero o a su familia. Un movimiento de honda simpatía despierta la campaña emprendida por el grupo intelectual de Oviedo, al amparo del ministro liberal señor Canalejas y Méndez, quienes se propusieron fundar el “Instituto del trabajo”, como un núcleo inicial de grandes y trascendentales reformas en favor de la paz entre el capital y el trabajo (13).

No podemos pasar en silencio —aunque sea umversalmente conocida— en este primer documento gubernativo argentino sobre esta legislación la encíclica del papa León XIII, de 15 de mayo de 1891, en la cual ha fijado el sentido de la política pontificia respecto a las cuestiones sociales, con una amplitud de criterio y altura de sentimiento y doctrina evangélica, nada sorprendentes en tan grande hombre de Estado. Sin detener la atención en el aspecto puramente religioso, interesa, sí, con la mayor intensidad, la completa síntesis del problema moderno, cuyas diversas fases estudia y resuelve, y no podría ser de otro modo con la alta doctrina humanitaria y civilizadora del Evangelio, enriquecida por la experiencia de tantos siglos, en que la misma iglesia fuera combatiente y combatida. Dedúcese de tan célebre documento la necesidad de elevar la situación personal, doméstica y social del obrero, para que pueda cumplir los mandatos de la ley suprema de la naturaleza, impresa en toda criatura por el hecho de su organización. Tratamiento más igual y humano, mejor repartición del fruto del trabajo, mayor equidad en el salario, derecho de asociación profesional e intervención de una justicia conciliadora y de paz entre la clase obrera y la capitalista, y otros asuntos pertenecientes al sistema de la legislación obrera, son los analizados por el estadista pontífice en su ya memorable encíclica la cual llega a vibrar con acentos como éste: “lo que es verdaderamente vergonzoso e inhumano, es abusar de los hombres como si no fuesen más que cosas, para sacar provecho de ellos, y no estimarlos en más que lo que dan sus músculos y sus fuerzas” (14).

Las instituciones accesorias del contrato de trabajo, como el seguro obrero contra los accidentes en sus variadas formas, no existen en los códigos antiguos, y apenas si en algunos de comercio moderno se incluyen algunas reglas relativas, a pesar de las interesantes relaciones de derecho que origina entre el obrero y el patrón y la compañía aseguradora, y entre ésta y el segundo. Nuestro Código de Comercio no lo comprende entre sus diversas especies (15), y aun entre las reglas generales de todos los seguros, no hay una que le sea directamente aplicable, de manera que las compañías que practican en el país el seguro contra accidentes, reposan sobre la sola garantía general de su reconocimiento público y sobre. la confianza que se quiera depositar en sus operaciones. Todos los códigos hablan de cosas aseguradas y cuando más, tratándose de personas, se ocupan del seguro sobre la vida. Pero el seguro obrero no es igual a ninguno de los legislados, y cuando más puede asimilarse al seguro sobre la vida, con el cual puede confundirse si el accidente causa la muerte del asegurado. Esta forma de seguro, introducida en Inglaterra en 1880 (16), ha alcanzado allí un gran desarrollo, transformando las condiciones del trabajo; se ha extendido en gran medida, al favor de la industria ferroviaria, allí y en los Estados Unidos (17), a tal punto que el legislador especial puede ya introducir en las leyes comunes el nuevo contrato enriquecido con la jurisprudencia de las cortes de este último país (18). Por otra parte, en algunos países europeos como Alemania, Italia, Francia y Bélgica, el seguro obrero ha sido ampliamente estudiado por los congresos especiales y por los legisladores, y no es ya tarea difícil poder adoptar entre nosotros, en cuanto puede ser del dominio de una ley del trabajo, una forma que convenga a nuestro escaso desenvolvimiento industrial, de ese punto de vista.

Entre los varios sistemas conocidos en materia de seguro obrero, no puede ser para nuestro país difícil la elección, desde que se busquen las formas más prácticas y sencillas y las que menos recarguen la masa contribuyente en general, o el producto de la industria, o el salario del trabajador, que se procura mejorar y mantener inmune. Desde luego, entre el seguro obligatorio y el facultativo, no es dudosa la opción por el segundo, en el sentido de la constitución del seguro en compañía privada y no en cajas del Estado formadas a sus expensas o a las del industrial o del obrero, porque éste requiere el establecimiento del servicio oficial, no aclimatado en la república en materia de operaciones comerciales por excelencia.

Pero si se tiene en cuenta que se adopta la indemnización obligatoria del accidente profesional comprobado, sub-rogable al arbitrio del empresario por el seguro libre, en realidad puede decirse que se ha proyectado un seguro obligatorio sin los inconvenientes del de Estado, como en Alemania y Ducado de Luxemburgo (19). Y además, los empresarlos tienen siempre abierto el camino de la asociación mutua o común de seguros, para responder por cooperación a los riesgos de la industria, en caso que las formas que prefieren las compañías especiales no les ofreciese suficientes ventajas. El proyecto autoriza esta forma de asociación, inspirada en la última ley belga, cuyas “cajas comunes de previsión”, en su forma sencillísima ofrecen todo género de ventajas para su adopción en la república, por la división de la carga que la responsabilidad profesional obligatoria impone a la industria. Tampoco la ley se opone a la formación de sociedades de seguros mutuos entre obreros, amparadas por la ley civil y la comercial, y por la ley del trabajo, la cual, al estatuir sobre las sociedades obreras en general, comprende todo género de ellas que se proponga aliviar la situación de los gremios por el esfuerzo común repartido en ínfimas porciones limitadas. Luego, pues, en resumen de sistemas, con la adopción del proyecto, el obrero resultará beneficiado con estas diferentes clases de seguros:

l^9 El directo que consiste en el pago de la indemnización por el patrón mismo;

2’ El del indirecto por intermedio de las compañías privadas de seguros que se formen con este objeto, o que amplíen con ese servicio sus operaciones generales ;

3^9 El de las cajas comunes formadas por empresarios para instituir el fondo de previsión para los accidentes ;

4^9 El mutuo de los mismos obreros por medio de la concurrencia de cuotas limitadas, descontadas del salario.

Ofrece también el proyecto al patrón una quinta forma de satisfacer esta exigencia de la clase obrera sin grandes mn-lestias ni costos por medio del seguro colectivo de todo el personal de su fábrica o empresa, o de parte bien deslindada de las mismas, según el grado de riesgos que en ellas exista. Este es el sistema que adoptan las grandes empresas o explotaciones que emplean crecido número de operarios, por ser difícil y demasiado minuciosa la operación realizada por cada uno de ellos. A este seguro colectivo se le ha objetado, en defensa del trabajador, que no es él sino el patrón el asegurado; pero disponiendo la ley que cada uno de los obreros tenga acción para reclamar el pago del seguro que le corresponde en caso de accidente, como es lo racional, todo peligro desaparece, porque tan persona asegurada es el obrero en el seguro individual como en el colectivo, pues la única causa del contrato es la persona del obrero, ya se considere aisladamente, ya formando cuerpo con sus compañeros (20).

V

Por lo que respecta al contenido especial del contrato de trabajo, conviene exponer aquí un breve resumen explicativo de sus disposiciones, que definan sus principales caracteres como una convención distinta del alquiler de servicios, si bien las doctrinas generales de éste le sean aplicables. Partiendo de esta base teórica, el proyecto entraría lisa y llanamente al taller mismo y toma el contrato en su ejecución, en las personas que lo constituyen, y en las garantías que encierra para el obrero y el industrial. Es, en verdad, el contrato y su manera de cumplirlo, la llave maestra que guarda el secreto de la paz y la armonía entre las partes, pues él dispone sobre la manera de prestación del trabajo individual o colectivo, la fijación del salario y la forma de su pago y la manera como se realiza la participación deliberativa, por así decirlo, del obrero en la dirección del taller o de la empresa. Del modo más sencillo se ha procurado

(20) González Rebollar, Accidentes del trabajo, pág. 388; Vas-sart et Nouvion-Jacquet, Les accidents industriéis, I, N^9 838 bis, pp. 457477.

conciliar las exigencias extremas de las clases obreras con las resistencias extremas de los capitalistas, pero, en todo caso, los abusos contra la necesidad o la ignorancia de los primeros en las diversas formas que constituyen el llamado en Inglaterra, Estados Unidos y Australia, truck system, y que entre nosotros tiene las más intolerables modalidades, han sido cortadas de raíz no sólo en protección de la clase trabajadora, sino en cumplimiento de leyes supremas de jus^ ticia y de moral, que imponen el deber de considerar la persona humana, de cumplir honestamente las convenciones y de no excitar con injusticias irritantes el odio de clases, la guerra de intereses que una ley prudente debe apagar en sus raíces, arrancando las causas que las alimentan.

Al mismo tiempo que se garantiza al empresario contra los frecuentes cambios, las faltas y las violencias en que suele manifestarse la conducta del obrero, la inhabilidad o desorden en el taller, y otras manifestaciones perjudiciales al interés de la industria, se provee a cortar en sus fundamentos los abusos ya inveterados de los representantes de ésta, en cuanto se refiere a horas de trabajo, empleo de mujeres y niños, pero más que todo, a fijación y forma de pago del salario que hace la subsistencia del obrero. En estas cuestiones el proyecto nada inventa, porque todo está en la vida de la industria misma, cuyos excesos sobre la parte que sirve, son los mismos en todas las grandes naciones industriales, pero que tienen entre nosotros, y los tenían ya desde muy antiguo, modalidades propias que la ley debe tomar en cuenta, y que han sido reveladas por los estudios e investigaciones realizados con el propósito de dar existencia real al proyecto del Poder Ejecutivo.

En las explotaciones situadas a largas distancias de las grandes poblaciones, donde no existe el control de la vecindad y de los gremios afines, es frecuente de parte de sus empresarios el pago en mercaderías, en objetos diversos o en vales de papel o metálico, que concluyen por producir la absorción del salario del obrero, o por lo menos, el retardo de su pago, para traducirse al fin en una reducción considerable del precio de su trabajo, además de las privaciones sufridas por la demora o la substitución de su valor. Ocurre esta expoliación en grado máximo con los indios del norte, que a millares son empleados en la cosecha y elaboración de la caña de azúcar, y en la mayor parte de las explotaciones que se desarrollan en las campañas, y en no poca extensión en las ciudades mismas. La avaluación del salario no obedece a una base mínima de factores imprescindibles, que derivan de la necesidad de conservar la mano de obra, en forma que no sólo sirva para desempeñar la parte de trabajo que se le ha asignado, sino que lo haga con actividad, con inteligencia y destreza, para que el producto en sí sea apreciable. Y ya que no sería posible, sin entrar en detalles impropios de la ley, fijar un tipo de salario para cada industria, en cada región del país, por lo menos, fíjese una fórmula de avaluación del trabajo del obrero, ya sea para que lo establezcan las autoridades locales en cada caso, ya para que sirva de norma a los convenios industriales, a los contratos de trabajo, a las resoluciones de los inspectores y a las sentencias de los tribunales de arbitraje y conciliación que se establece.

Respecto del salario se ha procurado, además, que sea en lo posible una propiedad inmune del obrero, algo como una parte de sí mismo, de su subsistencia y de su progreso social, dentro de su medio, y así, aparte de las garantías que derivan del sistema mismo contrario al truck, se lo declara inembargable hasta una quinta parte, exento de la masa de la quiebra, cada vez que él puede verse comprometido en ella, y libre de descuentos de parte del patrón, por motivo de los gastos que éste debe realizar inherentes a la persona del operario. Las leyes comunes, por lo demás, contienen ya numerosos privilegios en su favor, que este proyecto incorpora a sus disposiciones, como un complemento orgánico, ampliándolos en otros casos cuando se hallan dentro del espíritu generoso de la ley civil.

Siempre ha tratado el proyecto de eludir las originalidades e invenciones, por más hermosas que aparezcan al espíritu humanitario y democrático que lo inspira; y así, los heneficios establecidos en favor de los obreros, dirigidos a fundar un estado de paz en las casas de trabajo y en la vida de la industria, son los mismos que otras legislaciones contienen, y en particular las de Bélgica y Francia, donde el salario es inmune contra la cesión y la ejecución, en la primera hasta tres quintas en un caso y cuatro quintas en otro, y en la segunda las nueve décimas partes en ambos casos

- (21). Entre nosotros parece aventurado adoptar una proporción tan avanzada como la de la ley francesa, y se ha preferido el tipo más equitativo de la ley belga, que no crea un privilegio excesivo que puede llegar a ser un perjuicio para una gran parte del comercio, aparte de que la desigualdad siempre es ocasionada a resistencias y protestas casi siempre justas.

Tratándose del contrato de trabajo no podía dejar de mencionarse a los intermediarios de diversa naturaleza que intervienen en estos reclutamientos en masa de operarios para la industria ya periódica, ya permanentemente, tanto dentro del país, como fuera de él, para que los servicios sean prestados en su territorio, por más o menos tiempo. Sin duda, que las grandes empresas, cada vez más numerosas en la república, harán más uso cada día de este género de contratación, y si ahora tienen urgencia las provisiones de la ley, la tendrán mucho mayor más tarde. Las cosechas de cereales; la zafra y elaboración de la caña, los trabajos accidentales de obras del Estado, las vendimias de Cuyo, y en tiempo no lejano las explotaciones mineras, exigen considerables masas de operarios que no pueden contratar individualmente, sino que deben valerse de agentes intermediarios, los cuales tienen un carácter especial y un modo propio de operar. Las extracciones de obreros o jornaleros en las provincias, y de indios en

(21) Ley belga de 18 de agosto de 1887; ley francesa de 12 de enero de 1895.

los territorios, producen un fenómeno importante de desequilibrio local, que puede influir en los hechos políticos de la respectiva provincia, y la ley debe garantir a éstos de que esos brazos de que se los priva, han de concurrir a otro punto sólo con un objeto útil al país, y para su conveniencia personal, y no sólo para hacer la fortuna rápida de un empresario, a costa de la región o localidad de origen. Y si es conveniente señalar un papel legal a estos intermediarios o contratistas de brazos entre las provincias —lo cual los coloca dentro de la atribución de la cláusula 12, artículo 67 de la Constitución—, por motivos semejantes pero más imperiosos aún, debe legislarse respecto de los que contratan en el extranjero para trabajar en la república, porque si su ocupación no se halla plenamente garantida, la llegada al país con engaño, hará volver al país de origen grupos de hombres descontentos o indignados, atribuyendo a la Nación las faltas de los negociantes sin escrúpulos que los hubiesen inducido a trasladarse a él sin un destino seguro. En este sentido, también la ley norteamericana citada, y otras, han fundado un derecho preventivo y represivo, para evitar tales convenios fraudulentos, y castigar el daño hecho a los obreros extranjeros y al crédito de la Nación.

Entre los intermediarios del convenio de trabajo, y teniendo ya en cuenta las operaciones normales o permanentes de la industria, y el deber de velar porque exista en el país el menor número posible de hombres sin ocupación, se ha ideado la agencia de colocaciones, en diversas formas:

1* La agencia privada existente con el nombre de “agencias de conchavos” o de colocaciones en todo el país, pero desarrollada notablemente en la capital, y que se dedica principalmente a procurar el servicio doméstico, y sólo por excepción la mano de obra para las grandes industrias. El proyecto los ordena sólo en este último sentido, pues aparte de que el Código Civil en su artículo 1658 las coloca bajo la jurisdicción de los reglamentos municipales, su intervención bajo este aspecto no interesa al trabajo industrial, porque las relaciones personales y afectivas que establecen, escapan a toda idea de regulación normal, en el sentido de la legislación obrera.

2^4 Los agentes, centros o oficinas que los mismos gremios asociados estableciesen para buscar colocación a sus compañeros, crean la misma relación jurídica, la cual puede modificarse cuando el servicio resulte de los estatutos, y éstos serán visados al tiempo de su registro. Podría verse en estas agencias los gérmenes de las “bolsas de trabajo”, que tan diversa aplicación han tenido en algunos países, hasta convertirse en algunos, en focos de conmociones sociales y de desórdenes en la industria; pero limitadas a la función de meros intermediarios en la colocación de obreros, su papel se vuelve benéfico y digno de la protección del Estado. El proyecto, por lo demás, provee al estímulo de las fundaciones educativas que las asociaciones de obreros quisiesen establecer, y a las ya fundadas en el país, y por cuyo medio las familias de éstos constituirían núcleos recreativos o instructivos, para levantar el nivel moral de la clase laboriosa, apartarlos de las tendencias malsanas o adversas al orden social, o incitarlos a dedicarse al estudio y perfeccionamiento de la mano de obra, de los instrumentos, de los métodos de producción más selecta y valiosa.

3^ Las agencias gratuitas del Estado. Esta es, sin duda —cuando se considera el modo de manifestarse en la sociedad moderna, la clase trabajadora, sobre todo después que han hecho presa en ella ideas de solidaridad, en nombre de doctrinas innovadoras sobre las antiguas bases del orden social presente—, la forma mejor imaginada para proveer al auxilio y colocación de los obreros en la industria, sin afectar su salario, ni dismuir sus ahorros. Ella suprime el intermediario oneroso, el que, aparte de este inconveniente, tiene el más grave de no ofrecer suficiente garantía de discreción, secreto y conocimiento exacto de las necesidades de la industria. Además, la agencia oficial, convenientemente distribuida, trabaja en procurar la ocupación motu proprio, y sin esperar la solicitud del obrero o de la empresa, y actuando en

el supremo interés del Estado, la mano de obra que suministra será siempre la más apta, la más útil para los múltiples fines de la industria y de la prosperidad pública.

Respecto de los resultados experimentales de esta institución y de su significado social, debe tenerse en vista a Francia, donde se han hecho clásicas; a Australia, donde según un autor bien informado, “el papel activo que han desempeñado los labor bureaux, entraña consecuencias de la mayor importancia: los obreros, que desde hacía mucho tiempo se consideraban con derecho a reclamar al Estado trabajo cuando no tenían, han visto a los gobiernos cederles en ese punto. Se puede decir que “el derecho al trabajo”, como se lo entendía en 1848, existe en Australia, aunque no haya sido en parte alguna formalmente proclamado ni establecido por la ley” (22). Debe citarse también el ejemplo de los Estados Unidos, donde han sido objeto de la más cuidadosa reglamentación, en diversos Estados, considerándolos de la más alta utilidad pública. “En Ohio sólo, en el año 1899, dieron colocación a 14.989 obreros; y en todos ellos se los juzga como el medio de combatir con éxito seguro el flagelo de la “falta de trabajo” que se manifiesta periódicamente en todo el territorio de la Unión” (23).

Dada la cifra de la población de la ciudad de Buenos Aires, en su último censo nacional, que pasa de 900.000 habitantes, el cuociente adoptado en otros países para distribuir las agencias gratuitas del Estado, y la diversa e irregular concentración de las industrias en su vasto circuito, ha parecido al Poder Ejecutivo que bastaban al comienzo sólo cinco oficinas, que si han de ser bien organizadas y dirigidas, no tardarán en constituir uno de los servicios más importantes a la riqueza colectiva y a la clase trabajadora. Sus bases legales son las más probadas en diversos Estados de la Unión del

- (22)  Métin, Le socialisme sans doctrines, 1901, pág. 188.

- (23)  Willoughby, State activities in relation to labor in the United States, 1901.

Norte, y las que mejor convienen al medio argentino, donde el fenómeno de la falta de trabajo no puede ser general, siempre que exista un organismo administrativo capaz y activo, que provea con oportunidad y acierto las demandas y las ofertas de las distintas regiones de la república.

VI

Bajo la denominación general de “duración y suspensión del trabajo” se ha colocado todas aquellas disposiciones relativas al empleo del tiempo en la industria, y a la extensión de las tareas a que puede someterse el obrero en las diferentes edades de la vida y según los sexos. De esta manera la ley será más metódica, al condensar en un solo título todo lo relativo a las jornadas, a los días festivos, a los aumentos o disminuciones de tiempo y a los trabajos nocturnos y extraordinarios, si bien no ha podido menos de establecer, respecto de ciertas industrias en particular, algunas reglas especiales impuestas por las circunstancias.

En cuanto a la jornada normal en la generalidad de las industrias u ocupaciones, el proyecto opta por las ocho horas, teniendo en cuenta que hay numerosas excepciones que la modificarán, en casos en que las condiciones en que el trabajo se realiza permiten aún imponen una jornada más larga, como en las faenas rurales y agrícolas y en todo trabajo al aire libre, en que el desgaste físico o la influencia del aire en locales cerrados no entra como factor de disminución. En todo caso, la autoridad técnica, en presencia de los caracteres propios de cada industria, dentro de un determinado número de ellos, y además, las convenciones formadas entre obreros y empresarios, elevados a la categoría de reglamentos para todo un conjunto de trabajos similares, se encargarán de establecer las diferenciaciones necesarias. Además, los tribunales de conciliación y las cortes de arbitraje, habilitadas para resolver los conflictos colectivos sobre las condiciones del trabajo, fijarán también en cada caso la jornada que corresponda, mediante el juicio pericial de los técnicos y de acuerdo con los antecedentes del proceso. Luego, en realidad, el proyecto no establece la jornada de ocho horas para toda la industria, sino que, bien estudiado, se verá cómo en la práctica, la combinación de horarios en él ideada, dará por resultado una escala variable y aplicable de diferente modo a situaciones diferentes.

Un país tan extenso como el nuestro, donde los cambios de temperatura, según las zonas térmicas son tan violentos, y en el cual existen industrias valiosísimas en regiones tan distantes unas de otras, no puede ser sometido a un régimen uniforme en cuanto a la distribución del tiempo; y así, la variedad de las jornadas, además de estos fundamentos, se halla impuesta por muchos otros caracteres inherentes al género de ocupación y a la forma y condiciones de los locales. La misma consideración ocurre al tomar en cuenta las edades y el sexo, y el interés excepcional que el Estado tiene en proteger la mujer obrera y el niño sometido al trabajo.

Entre nosotros la cuestión no tiene la gravedad que en otros países, donde los intereses acumulados por el tiempo de la industria general, son tan grandes que un aumento o disminución insignificante de la jornada diaria se traduce en enormes desequilibrios en sentido negativo o positivo; y por poco que se investigue en el mundo de nuestras industrias urbanas, se llegará a una conclusión favorable a este juicio. No obstante las fórmulas que el proyecto aconseja en lo que a la jornada de ocho horas se refiere, se hallan redactadas de modo que puedan ser sustituidas fácilmente por otras, en caso de que el criterio legislativo no creyese conveniente aún llegar aunque sea en parte, al tipo considerado perfecto, y el cual ha sido ya adoptado por muchos Estados de Europa y América.

Algunas legislaciones han limitado la jornada de trabajo tan sólo para los establecimientos fiscales y para aquellas empresas que contratan trabajos públicos. La Constitución de California, promulgada el 7 de mayo de 1879, inscribió en su artículo 2^9, sección XVII, el límite de ocho horas por jornada para todos los trabajos públicos. El 23 de junio de 1868, se promulgó una ley en los Estados Unidos, en virtud de la cual la jornada de trabajo quedaba limitada a ocho horas para todos los artesanos y obreros, indistintamente, empleados por el gobierno federal. El gobierno de la República Francesa ha dictado varios decretos, de 10 de agosto de 1899, reglamentando la obligación para los empresarios de obras públicas de limitar la jornada de trabajo de sus obreros a la duración normal de trabajo en uso en cada ciudad o región.

Pero leyes posteriores promulgadas en esos mismos Estados y en otros países, han limitado la jornada de trabajo tanto para los niños y las mujeres como para los adultos, en los establecimientos fiscales como en los particulares. En California, la ley de 11 de marzo de 1877, extendió la disposición de la Constitución que limitaba la jornada a ocho horas a toda especie de trabajo, y declaró que cualquier contrato celebrado por muchas horas se declara nulo y sin efecto, estipulándose una indemnización en favor del obrero que trabaje más de las ocho horas. En Francia existe un decreto, de 9 de setiembre de 1848, limitando la jornada de trabajo en las manufacturas y usinas; y leyes y decretos posteriores, de 30 de marzo de 1900 y de 28 de marzo de 1902, limitan también la jornada no sólo para los niños y las mujeres, sino también para los adultos ocupados en los mismos locales que los niños y las mujeres. Entre otras de las leyes promulgadas en estos últimos años, la ley de 1901, ya citada de Nueva Zelandia, limita terminantemente la jornada de los adultos.

En los Estados Unidos se ha discutido la constitucionali-dad de las leyes que limitan la duración del trabajo. La discusión ha girado alrededor de la cuestión de si la Unión puede imponer la limitación por una ley general, habiéndose entendido que esta facultad está reservada a los Estados particulares. Entre nosotros no podría plantearse esa cuestión.

Aquella facultad pertenece a la Nación. Difiere la Constitución de los Estados Unidos de la nuestra, en lo que se refiere a los poderes del Congreso para dictar la legislación civil. Aquella concede sus poderes a los Estados particulares y la nuestra al Congreso. En los mismos Estados Unidos, se ha reconocido la validez de las leyes de los Estados que limitaban la jornada de trabajo.

La Constitución helvética de 1875 sentó en su artículo 301, l^9, este principio: “La Confederación tiene derecho a estatuir por prescripciones uniformes sobre el trabajo de los niños en las fábricas, sobre la duración del trabajo de los adultos, y sobre la protección de vida a los obreros en el ejercicio de las industrias insalubres o peligrosas”.

Se ha discutido mucho acerca de si la limitación de la jornada de trabajo debiera hacerse por semana o por día. En Francia, alguien ha propuesto, en vez de la reducción del trabajo a diez horas por día, la limitación a sesenta horas por semana con un máximo de once horas por día durante cinco días, y de cinco horas solamente el sexto día (24). Siguiendo la generalidad de las leyes, el proyecto ha adoptado la limitación diaria de la jornada de trabajo, cuya prolongación puede admitirse en ciertas condiciones; pero se ha creído conveniente, para evitar extralimitaciones de los patrones, establecer también la limitación semanal, que no podrá prolongarse sino en los casos de “trabajo extraordinario”.

La ley citada de Nueva Zelandia dispone que ningún obrero del sexo masculino podrá ser empleado en o cerca de una fábrica: a) durante más de cuarenta y ocho horas semanales, excepto las destinadas a la comida; b) durante más de ocho horas y tres cuartos de hora diarios; c) durante más de cinco horas consecutivas, sin un intervalo a lo menos de tres cuartos de hora para la comida.

- (24) Reglamentado». hebdomadaire de la durée du travail; Informes presentados por Ivan Strobol y Tagnot a la Association nationale jranqaise pour la protection légale des travailleurs.

Respecto de la jornada de ocho horas, ha escrito Juan Rae un interesantísimo estudio (25), en el que trata de sus aplicaciones y de sus resultados económicos y sociales. “Todas las reducciones de la jornada de trabajo, dice en ese estudio, han hecho a la Nación que las adoptó, más sana, más rica y más sabia, y la reducción de la jornada de trabajo, a ocho horas me parece que debe ser, si puedo expresarme así, la bienvenida, más que todas las otras”. En seguida expone el siguiente resumen relativo a la aplicación de las ocho horas en la colonia Victoria:

“Esta jornada se halla establecida en esta colonia inglesa desde 1856. Sólo los obreros agrícolas quedan fuera del movimiento de las jornadas cortas; sólo hay actualmente una cuarta parte de la población obrera que trabaje más de ocho horas”.

La ley sobre tramways y ómnibus de Melbourne, promulgada en 1883, fija la jornada de ocho horas, pero autoriza el trabajo suplementario retribuido, con tal de que el tiempo de trabajo por semana no pase de 60 horas. La ley sobre minas de 1883 prohíbe, salvo en caso de urgencia, ocupar ningún obrero en los trabajos subterráneos durante más de ocho horas consecutivas, desde el momento de su descenso a la mina hasta el momento en que es relevado del trabajo. Otras leyes de 1883 y 1890, concernientes al sindicato de los empresarios del puerto de Melbourne, obliga a los comisarios del puerto a estipular en los contratos que celebren con los empresarios de los trabajos, la cláusula de que no emplearán ningún obrero más de ocho horas por día, y prohíbe a los mismos comisarios el emplear obreros durante más de ocho horas, salvo el caso de accidentes o de urgencia.

Las leyes de algunos países reglamentan deficientemente la limitación de la jornada de trabajo. El artículo 89 de la ley húngara, una de las leyes sobre el trabajo más completa, establece una regla formulada en términos demasiado gene-

- (25) La journée de huit heures, París, 1900. rales. “El patrón, dice ese artículo, no puede exigir de sus obreros, a menos de convenciones contrarias, sino el trabajo especial al ejercicio de su función, y “sólo en la medida que responda a la fuerza física y a la constitución del obrero”. La primera crítica que puede hacerse a este artículo, es que permite derogar la disposición por el consentimiento de las partes. Esto no puede ser conveniente, pues si es justo, como lo ha sostenido Poincaré, que intervenga la ley para impedir que la parte contratante, más poderosa por ley natural, abuse de su superioridad imponiendo a la otra parte condiciones onerosas, si esta intervención legal es necesaria en “interés mismo de la libertad real”, formal y efectiva, debe considerarse como nulas aquellas convenciones que modifiquen disposiciones legales sobre el contrato de trabajo, como se ha establecido uniformemente. Esta cuestión es, hasta cierto punto, de orden público, porque la sociedad está interesada en la vida y la salud de los obreros. En cuanto a la segunda parte del artículo, es arbitrario dejar que los patrones establezcan la duración de la jornada en proporción de las fuerzas y la constitución física de los obreros. Una disposición semejante ofrece muchas dificultades si ha de aplicarse estrictamente, consiente los abusos de los patrones, y no suprime los males que provienen de la excesiva prolongación del trabajo.

Por lo que se refiere a nuestro país, y a la jornada de trabajo en las empresas o servicios del Estado, la duda sobre la aceptación de las ocho horas no puede subsistir: la industria o la obra oficiales se sostienen, en gran parte, con el producto de la contribución pública, y le son, por lo general, ajenas las leyes de la competencia, que determinan las variedades existentes en el tipo de la jornada. Ha sido reconocido en casi todos los Estados contemporáneos este principio, y considerando que el excedente de trabajo por la disminución de las horas serviría para dar ocupación a un gran número de obreros sin empleo, se ha establecido ya, sin discusión posible, la regla de la jornada de ocho horas en toda empresa o servicio de directa explotación por el Estado. El ministerio de Obras Públicas argentino ha adherido también a esta ley universal, señalando desde luego la iniciativa de la reforma para las demás industrias.

De la interesante investigación realizada en esta capital por encargo del ministerio del Interior, la cual, a pesar de las dificultades conocidas para todo trabajo perfecto entre nosotros en materias como ésta —puede considerarse muy aproximada a la verdad—, resulta una jornada media que sólo excede una o una y media a las ocho horas, tomando en cuenta las diferencias establecidas; y en cuanto a aspiraciones manifestadas por las clases obreras, puede decirse, como en el informe y con respecto a los adultos (número 44), “que es unánime la tendencia a disminuir las horas diarias de trabajo; que ciertos gremios, por la naturaleza especial del trabajo, por las condiciones higiénicas de las fábricas en que lo ejecutan, o por el mayor peligro a que su salud se ve expuesta, por la continuidad en el mismo, reclaman con exigencia su inmediata disminución, y finalmente, que la jornada de ocho horas, propagada en conferencias, folletos y periódicos, es el ideal a que las clases obreras aspiran”. Y las conclusiones a que arriban tanto la inspección general como la comisión técnica de establecimientos industriales de la municipalidad, concuerdan, con insignificantes diferencias, en la apli-cabilidad de la jornada normal de ocho horas (26),

Ocupándose también el proyecto de legislar sobre la suspensión del trabajo, debía comprender la cuestión sobre el llamado descanso dominical, que tanto preocupa a los numerosos gremios industriales, pero más a los del comercio. Precepto religioso en su origen, y costumbre universal después, la suspensión del trabajo el domingo, ha sido aceptado en principio y en el hecho por la ciencia económica, al menos en la generalidad de los trabajos que no requieren, por su naturaleza o sus fines, una fuerza o una atención continuas.

- (26) Investigación municipal, Anexo.

Las naciones cristianas, por antiquísima tradición, aún sin ley, observan el domingo; pero la industria y el comercio en sus absorciones sucesivas han ido disminuyendo el número de negocios a los cuales se exige dicha observancia. Más tarde, el perfeccionamiento de la industria y la multiplicación de los servicios y comodidades de la vida en las grandes ciudades, han hecho imposible en todos los casos el descanso general obligatorio, que, por fuerza, ha debido suspenderse o alternarse en días diferentes del domingo.

El estado de la legislación más nueva a este respecto es de interés comparativo especial. La ley ya citada de Nueva Zelandia, fija como días festivos, los siguientes: Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo, lunes de Pascua y aniversario del natalicio del rey. La ley francesa, de 1892, art. 5, los de Navidad, la Ascensión, la Asunción, Todos los Santos, Año Nuevo, 14 de julio (fiesta nacional), lunes de Pascua y lunes de Pentecostés. La ley inglesa fija diferentes días para Ingla-

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térra, Escocia e Irlanda, siguiendo sus usos, costumbres y creencias religiosas en el art. 35, párrafo l^9. En el cantón Schwytz, Suiza, una ordenanza de policía de 12 de enero de 1884, prohíbe formalmente que todos los trabajos manuales o mecánicos, se efectúen al aire libre o en locales cerrados, durante el domingo y días de fiesta vigentes: Año Nuevo, los Reyes, la Candelaria, San José, lunes de Pascua, la Ascensión, la Asunción, lunes de Pentecostés, Corpus Christi, San Martín, la Concepción, Navidad, la mañana de Navidad y la fiesta patronal de la comuna.

Para nosotros el problema tiene un doble interés, como en todos los países de intensas tradiciones religiosas y consuetudinarias; el interés de conservar y respetar los usos establecidos que han formado una modalidad de la industria sometida lentamente a sus sanciones, y el de la industria en sí misma, que necesita de mayor tiempo laborable. Y si se fija la atención en que la jornada diaria de trabajo se disminuye para los adultos y las mujeres y niños, el aumento excesivo de los días festivos significaría un nuevo recargo para las empresas, que acaso resultase injusto y perjudicial, y sin ventajas para los fines sociales y económicos de la reforma; y por otra parte, los hábitos novísimos, el crecimiento de las ciudades y otras preocupaciones más apremiantes de la vida real, han reducido el tiempo que él hombre consagra a las prácticas religiosas, las cuales, en cuanto no se refieran a algunas grandes festividades, han quedado reducidas al interior de los templos, o a la observancia voluntaria de los fieles.

Hay, además, ciertas industrias que, bien por su naturaleza, bien por las necesidades creadas, no podrían suspender el trabajo durante ciertos días del año sin notable perjuicio para sus empresarios o para el público. En esa condición se encuentran las empresas de transporte, los establecimientos a vapor continuo y las empresas de impresión o publicación de diarios. Habría que admitir una excepción para tales establecimientos y empresas en lo relativo al descanso en los días festivos. Sin embargo, no podría dejarse sin descansar a su personal. Conciliando los intereses de patrones o empresarios y obreros, la ley de Nueva Zelandia, artículo 34, párr. 1, incisos a y b, dispone: “El trabajo de úna persona en una imprenta los días de media jornada de descanso, con el fin de imprimir o publicar un diario de la tarde, u otro día de la semana, distinto del sábado, cuando se trate de la impresión o publicación de un periódico semanal; la sustitución de las jornadas de descanso del lunes de Pascua, fiesta del trabajo y aniversario del nacimiento del rey, por otros días laborables con respecto a los obreros ocupados en la impresión o publicación de periódicos”. El proyecto del Poder Ejecutivo generaliza más esta disposición aplicándola a todos los diarios, empresas de transporte y establecimientos a vapor continuo.

El descanso hebdomadario ha sido declarado obligatorio en muchos países. Entre nosotros se ha producido, en estos últimos tiempos, un intenso movimiento de opinión para obtener su establecimiento, iniciado por algunas agrupaciones gremiales. Muchos patrones han firmado convenios obligándose a respetarlo en sus negocios. La ley sólo tendrá que consagrar estos hechos.

Aunque se ha fijado como día de descanso hebdomadario el domingo, porque el uso y la costumbre lo han establecido así, se ha admitido la sustitución por otro día laborable.

El proyecto español sobre el descanso dominical, aprobado por el Senado el 3 de febrero de este año, enumera una serie de trabajos no permitidos. Lo mismo hace la ley respectiva del cantón de Vaud (Suiza). En el proyecto argentino se ha preferido establecer una disposición general, en la que se enumera las excepciones y determinan algunas de éstas en forma precisa; y consecuente con otras de sus prescripciones, ha procurado que haya un día obligatorio para todos los gremios trabajadores en general, destinado a vincularlos con el mundo, con su propio hogar, con la vida cívica y para consagrarse en unión con sus compañeros, a las recreaciones instructivas que tanto benefician y revelan su espíritu para la labor (27).

VII

Todo el campo de la legislación obrera se halla dominado por las personas que intervienen en el contrato de trabajo, las formas jurídicas del mismo y las condiciones de tiempo, lugar y modo en que el trabajo es ejecutado. Las reglas sancionadas ya como permanentes y menos variables por la jurisprudencia industrial de todas las naciones, constituyen un conjunto de condiciones de realización del contrato, y ellas se refieren principalmente a estos dos fines: l^9 preservar la salud y la vida del operario durante su trabajo, para garantía de la industria y del Estado que se interesa en la conservación y progreso de lás fuerzas productoras; 2^9 definir en cuanto sea posible, por prescripciones positivas, el grado

(27) Jay, La protection légale des travailleurs, pág. 90.

de diligencia y de actividad de obreros y patrones, desde el punto de vista de la responsabilidad en que uno y otro incurren, los primeros por la inobservancia de los reglamentos del taller o la empresa, los segundos por la falta de ejecución de las medidas de higiene y seguridad que la ley pone a su cargo, como determinantes de la medida en que cuidan de la persona del obrero que les sirve.

Se ha objetado que esta reglamentación importa un socialismo de Estado incómodo y peligroso para el progreso de la industria y para el estímulo personal, cediendo todo a la previsión gubernativa; y además, que la ciencia es variable, y que sería inconveniente fijar reglas destinadas a cambiar con el adelanto de los conocimientos técnicos, higiénicos o industriales (28). Pero estos peligros posibles, sin duda, desaparecen cuando la ley o el reglamento huye de detalles preceptivos sobre aplicaciones de determinados procedimientos, para establecer sólo aquellas reglas más permanentes relativas a la acción de la mecánica, de los componentes del aire o de las substancias más o menos tóxicas o nocivas que la misma industria elabora; y además, la legislación no es tampoco inmutable, y una de las ventajas del método experimental adoptado por el proyecto, se dirige a mantener en la ley cierta variabilidad necesaria y concordante con los progresos de la ciencia.

El título consagrado a esta difícil materia, ha sido de una prolija elaboración, y para ella han sido consultadas y puestas a contribución eficiente las autoridades técnicas dependientes del Ministerio del Interior y otras, además del estudio de las conclusiones de congresos, conferencias y leyes y reglamentos extranjeros y entre estos últimos los de Inglaterra, Alemania y Francia, que han llevado a un alto nivel de perfección esta ardua materia. Pero no podía menos el Poder Ejecutivo que poner especial cuidado en esta parte de la ley, no sólo por las consecuencias jurídicas relativas a

- (28) Farreguettes, Societé, Etat, Patrie, II, 500. accidentes y su reparación, sino con respecto a la conservación de los obreros, y al régimen más ordenado y racional de la industria misma, todo lo cual se resuelve, al fin, en provecho del industrial, que se ve libre de aquellas consecuencias pecuniarias. Su vigilancia, su diligencia, es cierto, se ve reemplazada en gran parte por la inspección técnica oficial, pero ésta, organizada como lo está en el proyecto, no pasa en este sentido de los límites exclusivos del Estado, que es asegurarse del cumplimiento de las prescripciones legales, de común interés para la sociedad y los que en el contrato de trabajo intervienen. Las disposiciones de esta parte son de dos clases: generales, relativas a todo género de industria en él comprendida; especiales, para ciertas industrias por su naturaleza más nocivas, peligrosas u ocasionadas a graves enfermedades. En todo caso, la ley contiene la regla preceptiva o prohibitiva, el procedimiento preventivo o represivo y la penalidad correspondiente.

Vinculada a la vez que con la persona y el lugar del trabajo, con la más imperiosa higiene social, el trabajo a domicilio, que tanto preocupa a los Estados industriales, en particular a Inglaterra, Estados Unidos y Australia, ha debido tener en el proyecto un lugar indicado. Desde hace algún tiempo, en los referidos países una marcada tendencia a la fiscalización de la labor industrial doméstica se manifiesta, y con el nombre de Sweating System, es objeto de las más variadas y originales medidas restrictivas. Al amparo de la libertad del domicilio —“my home is my castle”— la pequeña industria, o la industria doméstica dependiente de la grande, se mantenía siendo una fuente de contagios e influencias malsanas de toda clase, transmitidos por las telas y otros objetos elaborados a destajo, con más frecuencia por la mujer obrera, y en el sentido económico, desequilibrando la ley general de los salarios en la industria organizada de taller o la fábrica: razón por lo cual, los propagandistas de las leyes obreras la persiguen como al trabajo a destajo, y las tendencias más radicales buscan su eliminación pedidas muchas veces en los programas y en los meetings. Pero ni una ni otra doctrina es justa; la primera, porque el domicilio privado sólo es inviolable cuando no encierra un peligro para la salud de la comunidad o para la moral pública o las leyes penales, y siempre será aplicable el aforismo jurídico, sic utere tuo ut alienum non loedas, y la segunda, porque en ningún caso, bajo el imperio de nuestras instituciones políticas, pueden las leyes ni a título de salud ni de orden público, prohibir a una persona el ejercicio del derecho al trabajo, y el que lo ejercite en público o en privado. Las leyes que reglamenten dicho ejercicio no podrán ir hasta prohibirlo, tanto menos cuanto que en él se reunen dos valiosísimas garantías constitucionales: el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, y el de conservar el domicilio inmune contra la intromisión normal de la ley o del poder de policía del Estado.

Los sistemas ideados para evitar los inconvenientes del trabajo a domicilio, han sido llevados a un grado interesantísimo en los países nombrados. Sus fines son de indudable conveniencia: incorporar la pequeña industria al régimen de control higiénico de la industria general, y procurar acercar sus condiciones jurídicas de trabajo a las de contrato a jornal. En el proyecto del Poder Ejecutivo se fija en seis personas el número de las que constituyen un taller doméstico, dado que las condiciones de los grandes talleres son de difícil aplicación en los que cuentan con menos, y considerando que son, por lo general, familias enteras, o con agregados o adheridos a ellas, las que practican este género de trabajo. Las condiciones de los locales, casas de familias modestas, por lo general, destituidas de toda comodidad o amplitud, son deplorables, y lo más frecuente es ver hacinados en la misma habitación, el comedor, el dormitorio, la cocina y el taller, cuando no niños enfermos, o mujeres de parto, o tuberculosos, que luego por las costuras, bordados y demás obras hechas en el mismo local, trasmiten sus contagios al resto de la ciudad, por la venta al público en la casa mayorista, en la tienda de modas o del sastre, o en el gran registro de comercio que los expende al público.

El artículo que define este género de trabajo, está modelado sobre la ley francesa concerniente a la higiene y la seguridad de los trabajadores en los establecimientos industriales, de 12 de junio de 1893, art. I^9, párr. 2^9. Esta ley no limita, sin embargo, el número de miembros de una familia que puede trabajar en su domicilio, pero es, sin duda, conveniente limitarlo para evitar el hacinamiento de varias personas en una habitación, tan perjudicial para la salud pública.

La ley del cantón de Bále-Ville, Suiza, sobre duración de trabajo, de 11 de febrero de 1884, dispone que serán considerados como talleres, en el sentido de la ley, los lugares de trabajo de cualquier empresa, en los cuales más de tres personas del sexo femenino estén empleadas en el ejercicio de un oficio o en la explotación de una industria. El artículo 114 N^9 2 de la ley inglesa, de 17 de agosto de 1901, dispone que la ejecución de un trabajo manual en una casa o habitación particular por la familia que en ella habita o por alguno de sus miembros con un fin lucrativo —que se refiera a alguno de los siguientes trabajos: a) la fabricación de un artículo o parte del mismo; b) la modificación, separación, adorno o terminación de un artículo para la venta—, no convertirá por sí solo esta casa o habitación en un taller en que el trabajo se efectúe con intervalos regulares y no suministre la totalidad o la parte principal de los medios de existencia de la familia.

La principal preocupación del legislador debe ser, sin duda, hacer práctica la inspección del taller doméstico, en condiciones semejantes al del que llamaremos público, para designar el gran taller sometido a la inspección permanente; y los sistemas legales mencionados establecen algunas reglas que facilitan la inspección. Así, por ejemplo, procede la ley inglesa, artículo 107, en sus disposiciones generales; en el mismo sentido la ley de Nueva Zelandia de 8 de noviembre de 1901. Esta misma ley, artículo 29, dispone que “todos los comerciantes, mercaderes, negociantes al por mayor, detallistas, agentes o repartidores que concedan o den para trabajar fuera, telas de algodón o de lana a fin de ser convertidas en vestidos u otros artículos destinados a la venta, serán considerados a este respecto como ocupantes de una fábrica y les serán aplicables en un todo las disposiciones anteriores”.

La ley de Massachusetts, como las de casi todos los Estados norteamericanos que han legislado sobre esta materia, dispone también que cualquiera que venda o exponga para la venta, ropa de confección manufacturada en un local de habitación, por una familia no provista de la autorización determinada por la ley, debe unir a cada uno de estos objetos una etiqueta, la cual llevará en caracteres legibles la mención “tenement made” (hecha a domicilio) y los nombres del Estado y la ciudad de donde provengan.

Son, por lo demás, numerosas y variables las leyes dictadas en los países de lengua inglesa, con el propósito de distinguir esta clase de trabajo. Su mismo nombre lo indica, sweating system, “sistema de hacer sudar al prójimo”; sus víctimas son los obreros que trabajan fuera de las fábricas y talleres, especialmente en artículos de vestir. Actualmente existen leyes de este género en Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohío y Pensylvania. La primera fué promulgada en Massachusetts el 28 de mayo de 1891. Esta dispone que toda familia que desee utilizar como taller, para la confección o reparación de vestidos masculinos o femeninos, una pieza del local que le sirva de habitación, o todo este local, no podrá emprender la utilización sino después de haber conseguido una autorización del jefe policial del distrito. Dicha autorización no será válida sino individualmente, para cada una de las personas que estuviere provista de la autorización.

La ley de Nueva York de 18 de mayo de 1892, con enmiendas hechas en 1896, 1897 y 1899, reglamenta también el trabajo a domicilio de fabricación de cigarros y cigarrillos, de flores artificiales, confección de vestidos y otros objetos. La disposición del proyecto del Poder Ejecutivo es más general, pues se refiere a la confección de las cosas destinadas al comercio. Con esta redacción, no hay necesidad de disponer especialmente lo que establece la ley de Massachusetts: “la presente ley no podrá ser interpretada de manera que impida el empleo de un sastre o de una costurera por una persona o una familia que lo haga en su domicilio para su propio uso y no para el comercio”.

Las disposiciones legales de los diferentes Estados norteamericanos respecto de esta materia, pueden verse en el libro de W. F. Willoughby, ya citado, y más ligeramente expuestas en la noticia de este libro publicada por Adolfo Posada en el suyo, titulado Socialismo y reforma social, Madrid 1904, pág. 238 y siguientes.

Todas las leyes, tanto las de Nueva Zelandia como las de Norte América, no han modificado la suerte de las víctimas del sweating system sino en lo que se refiere a las condiciones de higiene y seguridad. A este propósito dice Willoughby, “El primer esfuerzo ha consistido en colocar bajo la acción de la legislación industrial, los pequeños talleres donde se confeccionan los vestidos y someterlos a una rigurosa inspección en lo que se refiere al cubo de aire y la ventilación, la luz, la temperatura, etc. En segundo lugar, se ha hecho imposible toda confusión entre estos talleres y los domicilios donde se hallan, de modo de evitar que una misma pieza sirva a la vez o simultáneamente, de taller, de dormitorio, de comedor, de cocina. Después se ha dado a los inspectores plena latitud para las medidas que deban tomar para impedir que los vestidos sean confeccionados en condiciones antisanitarias, peligrosas tanto para los trabajadores como para el público. En fin, casi siempre se ha nombrado inspectores especiales para vigilar la aplicación de esta reglamentación especial” (29).

- (29) Willoughby, ob. cit., pág. 146.

“En lo que concierne al contrato celebrado entre locadores y asalariados, dice el mismo autor, ninguno de los ocho Estados ha tratado de intervenir. Ninguno ha declarado, ni siquiera en forma de voto platónico, que el trabajo a destajo debe ser reemplazado por el trabajo por jornal, ni ha hablado, con mayor razón, de un mínimo de salario o de un máximo de duración de la jornada, aunque bien es cierto que desde este último punto de vista, “el trabajo de las mujeres y de los niños en los talleres domiciliarios cae, naturalmente, bajo la acción de la legislación industrial general.” Por consiguiente, los tres caracteres económicos del sweating sys-tem”: trabajo a destajo, jornadas muy largas, salarios ínfimos, quedan intactos y quedarán así, sin duda, durante mucho tiempo.” (30).

En los Estados Unidos los particulares se han preocupado mucho de mejorar las condiciones del trabajo. Así, en 1899, inmediatamente después de la formación de la Liga de Massachusetts, tuvo lugar en New York la federación de las ligas locales de New York, Pensylvania, Illinois y Massachusetts: esto fué la creación de la “Liga Nacional”, que tuvo como primer cuidado determinar las condiciones que se debía pedir a los fabricantes. Determinadas esas condiciones, y como era necesario que el público supiera cuáles eran los artículos fabricados en esas condiciones, y obligarle a pedir esos artículos, la liga resolvió entregar a Jos fabricantes afiliados a ella, una especie de marca de fábrica llamada “label”, y que sólo tuvieran el derecho de colocar ésta sobre sus artículos, los fabricantes que llenasen todas las condiciones impuestas, pudiendo sus inspectores o inspectoras autorizar o retirar el uso del “label” después de una investigación (31).

Por lo que se refiere a la reglamentación del trabajo de las mujeres y de los niños, el proyecto ha adoptado las últimas reformas aconsejadas por la ciencia en. los congresos es-

- (30)  Id., pág. 152.

- (31)  Idees sociales et faits sociaux, París, 1903, págs. 225-26 confe* rencia de Manuel Riviére sobre Vingt ans de vie sociale.

peciales y en los estudios médicos puestos al servicio de la ley. Ellas son reclamadas con conmovedora unanimidad afuera co-mo adentro del país, y las investigaciones del Poder Ejecutivo sólo dan como tristes consecuencias la situación más afligente de estas dos categorías de obreros, a quienes las leyes de la vida obligan a ejecutar trabajos iguales en condiciones a los del hombre adulto. Ni la jornada de trabajo normal, ni la intensidad del esfuerzo, ni las circunstancias de lugar y tiempo, o relativas a moralidad, autorizan a colocar a la mujer y al niño en el mismo nivel que al hombre maduro. Sería pueril detenerse a demostrar estas afirmaciones, cuando no hay más que una sola opinión, un solo anhelo en el mundo civilizado, en favor de un ordenamiento más racional del trabajo de estos dos agentes de producción.

Si para los adultos en la república puede ser acaso discutible la aplicación general de la jornada de ocho horas, no puede serlo para la mujer, no sólo por su constitución física y su destino en la procreación, sino por su papel en la familia del obrero, base indispensable de su elevación social y moral. La mujer debe tener menos horas de taller y más horas de hogar, y esta limitación se resolverá en beneficios públicos de la mayor importancia. El proyecto establece la jornada de ocho horas para la mujer, y jornadas variables para el menor, según las edades y los géneros de ocupación en diversas regiones del país; y dispone excepciones sobre la duración e intensidad del trabajo, inspiradas sólo en las particularidades fisiológicas y morales de ambos obreros.

La cuestión de la edad de admisión de los niños en los trabajos industriales no puede ser resuelta sino con el tipo adoptado por el proyecto, el cual, a designio, ha coincidido con el máximo de edad escolar fijado por la ley de educación común, de 8 de julio de 1884, que tenía ya en vista los catorce años consagrados por las ciencias y por las leyes pedagógicas. La ley francesa marcha a tientas en este asunto; pero los estudios de médicos reputados, a iniciativa de la “Asociación para la protección legal de los trabajadores”, han indicado ya la necesidad de la reforma y la adopción de los 14 años, y se manifiestan uniformes en condenar la jornada de 10 horas para niños de 12 a 13 años. El doctor Gran-cher, profesor de la facultad y miembro de la de medicina de París, expresa su opinión, diciendo: “no vacilo en contestar que el trabajo pleno de 10 horas exigido a un niño de 13 a 14 años, es un error antifisiológico. Los niños necesitan una media ración de trabajo y una doble ración de alimentos. Apenas si a los 14 años un niño puede soportar ocho horas de trabajo, y no diez. Por lo demás, en mi opinión, la jornada de ocho horas se impone, y se impondrá aún para los adultos” (32).

Parte de este sistema de regulación del trabajo de los menores es lo que se dispone respecto del empleo en profesiones ambulantes, teatros, circos y otros espectáculos, en que el público de Buenos Aires ha presenciado a veces verdaderos horrores, no ya en lo que al abuso dé la fuerza y exposición al peligro material se refiere, sino al aspecto moral de la cuestión. Entre las garantías de la ley se establece la libreta personal del menor, que permite y asegura el control de sus servicios del punto de vista de los requisitos legales, por todos los que tienen interés en su cuidado, conservación y cul-' tura. Las penas a los padres y tutores negligentes o culpables, son las más eficaces, y que fluyen de la naturaleza misma del poder paternal o tutorial de que hacen mal uso.

Por último, la reglamentación del contrato de aprendizaje, o empleo de los menores en talleres o fábricas, a título de enseñanza y a compensación de enseñanza, viene a completar el conjunto de disposiciones protectoras de la infancia y de la adolescencia, concebidas con el solo pensamiento que informa todo el proyecto, la conservación y progreso moral y material de la población argentina, y la formación de una fuerza colectiva capaz de realizar el trabajo productivo que exigen las condiciones del territorio y el destino de la nación.

- (32) Jay, ob. cit., pág. 76.

Combinada esta ley con las que proveen a la instrucción primaria, estos resultados serán menos remotos.

Contiene esta ley un título especial consagrado a definir la persona civil del indio de los territorios nacionales, así en las relaciones de su contrato de trabajo como jornalero u obrero en las industrias regionales, como en los demás concordantes con aquellas y derivados de su condición de hombres libres, asegurada por la Constitución de la república, la cual no ha derogado ninguna de las leyes liberatorias dictadas por la asamblea constituyente de 1813, sino que les ha dado cumplimiento y sanción, o ha respetado como hechos preexistentes los que ellas regulaban o habían creado en su aplicación. Sobre esto no puede hacerse distinciones ni casuística, después de puesta en vigencia la Constitución, la cual no establece ninguna diferencia entre la condición civil del indio y la de cualquier otra persona nativa de la República y domiciliada en un territorio nacional.

Su relación con el Estado nacional, no puede ser otra que la de todo habitante de esos territorios, que no son provincias, y para los cuales no rigen las prescripciones que definen la ciudadanía política, pero sí las que se refieren a la condición civil. Tampoco las palabras de la Constitución que mandan al gobierno federal conservar el trato pacífico con los indios, quiere decir que deba celebrar con ellos tratados de paz, como pareciera querer entenderse, sino darles buen tratamiento, por medios amistosos y con ánimo de reducirlos para la civilización; y la no inteligencia de esta cláusula ha hecho sin duda que se derrame, muchas veces sin necesidad, sangre de indios, y se postergue indefinidamente su incorporación a la vida del orden y del trabajo en el país.

Desde los tiempos coloniales la suerte del indio ha interesado vivamente el corazón de los filántropos y misioneros, y es rica la biblioteca de obras que tratan de ellos, y el catálogo de leyes que procuraron mejorar su suerte y condición. Su cita aquí ocuparía un enorme espacio, y acaso desviaría la cuestión de su terreno propio, el que le corresponde en una ley destinada a regir las relaciones del trabajo, y la condición personal del trabajador. El indio es, como todos, un obrero de gran mérito, de fuerza nada común y de ventajas económicas indudables para la industria; y las razones de esta índole que originan las garantías acordadas a los demás en el contrato de trabajo, son idénticas, aplicadas al indio, que concurre del mismo modo al desarrollo de la riqueza pública y del bienestar nacional.

Consecuencia de aquellas ideas tradicionales sobre la condición inferior del indio, la explotación de su trabajo en las empresas que lo ocupan, excede los límites de la tolerancia legal y moral; y si alguna razón existe para procurar el equilibrio entre la producción y la mano de obra, ella se justificaría si se fuese a regular esta ley por la desigualdad que existe entre el trabajo del indio y la compensación que recibe. Los abusos de formas e intensidades múltiples que se comete con su salario, su alimentación y su tratamiento en los ingenios, obrajes y demás explotaciones que lo utilizan, transportan la mente a las épocas de la conquista y primera colonización española, que se revelan en las leyes de la Recopilación de Indias, muchas de ellas admirables de previsión y humanidad, y al mismo tiempo de método y de experiencia de las industrias indígenas.

El proyecto del Poder Ejecutivo se halla concebido con un doble objeto concurrente al fin de ordenar el trabajo en la república: 1’ garantir los contratos que el indio u otros en su nombre hacen para su trabajo, poniéndolo bajo condiciones semejantes a las de los otros obreros, en lo relativo a los salarios y su modo de pago; 2^9 completar estas disposiciones con otras que se proponen definir su condición civil, en el sentido de la patria potestad, matrimonio, registro civil y contratos de otro género, a cuyo efecto se crea en su forma más eficaz por el momento el patronato de indios, tan reclamado, y cuyo establecimiento en más amplia escala, cabe dentro del marco del proyecto. El patronato en su primera forma debe ser una especie de tutela o protección jurídica y moral, en manos de quien pueda ejercer acciones judiciales en su defensa, y bajo las responsabilidades efectivas que incumben a los magistrados. Si esto resultase insuficiente, con el tiempo se ampliaría su personal y atribuciones, los cuales, por ahora, pueden muy bien bastar a una eficaz intervención tutelar, por los funcionarios judiciales y políticos que la ejercen.

Una ley del trabajo no puede abarcar otro género de asuntos de orden más general, o que invada facultades militares o poderes de guerra, o se introduzca en el régimen agrícola o agrario, desde el punto de vista de la disposición y enajenación o modo de explotar las tierras nacionales. Limitada a su solo objeto, y con la amplitud que ha sido realizado el proyecto, en la opinión del Poder Ejecutivo satisface las exigencias de la justicia, la humanidad y la industria con relación a los indígenas de los territorios y cuyas emigraciones periódicas en busca de trabajo a las provincias limítrofes, o a los ingenios y obrajes de la propia región, colocan sus contratos y sus derechos bajo el amparo de la ley y de la justicia federal.

Como fuentes de información y legislación, el Poder Ejecutivo ha acudido a estudios directos realizados por personas versadas en trabajos agrícolas, forestales y otros, o que han visto de cerca la vida del indio; a los principios fundamentales de las leyes comunes y de la Constitución y a las mismas Leyes de Indias, muchas de cuyas disposiciones satisfacen plenamente, en el siglo XVI, las exigencias más avanzadas de los teformistas contemporáneos, y por último, los votos formulados en todo tiempo en nuestro país por una legislación protectora y civilizadora de lós indígenas, que en número considerable ocupan todavía los vastos territorios del Chaco y For-mosa (33).        "

- (33) M. A. Garmendia, Estudió, sobre legislación de indios (inédito); J. Bialet MassÉ, Informe especial de su investigación (inédito); Padre Ruíz de Montoya, Conquista espiritual, pp. 33, 43 y 299; Cédula real de 1733; Padre Ricardo Cappa, Ensayo crítico, etc., p. 343; Recop. de indias, lib. VI, tít. XII, XVII, XIV y XV; lib. III, tít. VI.

[1]

Ley húngara, de mayo de 1884.

[2]

- (17)  Crawley, The law of insurance, c. VI, págs. 140-159.

- (18)  Digest of decisions of the United States Courts. V^9 Accident insurance.

- (19)  Ley alemana de 18 de julio de 1899; Ley de Luxemburgo de 31 de enero de 1901.

VIII

Una de las formas más desarrolladas de la vida obrera moderna, si bien restaurada después de algunos siglos de antigüedad bajo ambiente más amplio, es la asociación, sindicato o unión para la asistencia recíproca, la defensa y fomento de sus intereses de gremio, o de oficio o profesión. En su lucha por mejorar su condición frente de la expansión y absorción del capital, la asociación permanente o accidental ha sido el principio de una acción sistemática que va llevando lejos las aspiraciones colectivas de los trabajadores. Las leyes han abierto las puertas generosamente a las nuevas asociaciones, reconociéndolas con más liberalidad que las del tipo civil o comercial, y concediéndoles derechos y privilegios para su más fácil desarrollo y efectividad de sus medios, con la idea de cooperar al progreso de la mano de obra y a la elevación personal del obrero. Aquí, como en el contrato de trabajo, las reglas de los códigos comunes no alcanzan al caso real, al hecho existente de estas uniones de operarios o industriales, resultados propios de la grande industria, de las ideas de solidaridad nacidas de la lucha y competencia por el dominio de las fuerzas de producción, y que se han presentado bajo aspectos particulares y nuevos.

Sin duda alguna, los obreros como los patrones, pero principalmente aquellos, pueden asociarse bajo cualquiera de las formas contenidas en los referidos códigos; pero aquellos que se constituyen dentro del mundo obrero para gestionar en común, sobre bases de igualdad más completa, concesiones o ventajas de parte del Estado o de las empresas industriales, no tienen dentro de aquellos moldes espacio para la expansión de las fuerzas componentes. Los países que han legislado estas materias desde la Hungría en 1884, que reorganizó los gremios industriales corporativos, hasta las últimas leyes de Nueva Gales del Sud y de Francia, han creído conveniente dar mayores facilidades a la constitución de estas asociaciones, ya sea quitando algunos requisitos por el reconocimiento legal, ya regulando la forma y efectos de los contratos colectivos que ellas realizan con la industria asociada a su vez, o no, y cuyas estipulaciones toman fuerza de reglamentos, de efectos tan amplios como la extensión del oficio o industria asociada.

En la República Argentina no se ha reglamentado bajo este aspecto el derecho de asociación que la Constitución reconoce y limita con sus palabras: “con fines útiles”, y que los códigos Civil y de Comercio han fijado en los moldes del derecho tradicional. No obstante, en lo relativo a personas jurídicas no puede darse un paso más avanzado que el de la obra de Vélez Sársfield, y cualquiera sea el modelo o tipo de sociedad que se adopte, las reglas para su incorporación a la vida de las personas jurídicas no necesitarán ser alteradas ni ampliadas.

Cualquier género de sociedad o unión que en el país se constituya bajo los preceptos constitucionales, puede desarrollarse en armonía con los fines del Estado por extremas que sean las cláusulas de su programa; sólo no consiente un propósito ilícito o contrario al orden público. Pero el unionismo obrero ha llegado también a las formas que puede llamarse de guerra pacífica, o sin alzamiento armado, según la expresión de la ley penal, y son las asociaciones accidentales, la propaganda o resistencia sobre mejoras en las condiciones del trabajo, pidiendo a la fuerza del hecho colectivo, invencible por el capital, las sanciones que no ha dado la ley o el poder público: las huelgas y el boycott, son la manifestación de esta táctica persistente.

La línea divisoria entre lo legal y lo ideal de estas sociedades, se halla marcada en el artículo 385, del título XII del proyecto, en el cual se mencionan como condiciones de su validez: l^9 no ser contrarios al orden constitucional o a la paz social; 2^9 no coartar la libertad de las personas para contraer el vínculo social, esto es, no atentar contra la integridad de la persona en sus derechos esenciales. Cualquiera transgresión de este límite invade la jurisdicción de la ley, y las personas que asociadas la cometen, usurpan autoridad y perturban la armonía jurídica del Estado. Ellas no son, en realidad, las sociedades del derecho común, salvo que se propusieran fines permanentes de lucro o explotación de alguna industria o negocio en común; son formaciones de combate pacífico, o de regulación de los contratos de trabajo, y mientras no afecten los ya mencionados principios de libertad o de orden público, su derecho a la existencia o a la acción no puede serles negado. A las veces, su extensión es tan enorme que ha constituido un peligro público y una perturbación efectiva del orden, llegando hasta poner en jaque la fuerza pública y tocar la frontera de la revolución.

Mantener inviolable la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito, entre la paz y la perturbación del orden, y fomentar el espíritu de asociación obrera con fines útiles y progresivos, es el propósito del proyecto, el cual, como muchas otras de sus partes, se ha inspirado en modelos celebrados en el mundo entero por sus fáciles combinaciones y sus resultados benéficos. Son tan variadas las formas y nombres que adoptan las sociedades en otros países, que sería tarea vana describirlas. El proyecto ha procurado comprender entre sus disposiciones todo lo mejor que aquéllas contienen con la idea de no impedir la legítima expansión del espíritu de unión entre los gremios, que tan buenos resultados ha de producir en beneficio de los obreros. Lo que importaba en tal sentido era poder traer las sociedades al registro, si aspiran a realizar fines lícitos y de interés colectivo, y acogerlas a los beneficios especiales a que esta inscripción les da derecho.

Estos beneficios son diversos, y tienden unos a fomentar la fundación de centros de estudio, de cultura, de experimentación y mejora del trabajo del gremio, y otros a asegurar con sanción legal los contratos colectivos de trabajo que suscriban unas sociedades con otras, de obreros o patrones, para la prestación del trabajo de sus miembros. Esta última concesión ejercerá grande influencia en la industria actual, que requiere ya masas considerables de obreros, y tiene ventaja en no realizar ajustes individuales con cada uno. La asociación se sustituye al mandatario o contratista de trabajadores, y las relaciones de éstos con los patrones de la industria que sirven, se vuelven impersonales, y en realidad el contrato de trabajo es sustituido por el reglamento social, y las responsabilidades civiles de la no ejecución recaen sobre la sociedad misma. El contrato colectivo, además, como forma de convención entre dos o más sociedades, representantes de gremios u oficios profesionales semejantes, determina, en ausencia de ley, una norma permanente o transitoria para la realización del trabajo, y la solución de las múltiples cuestiones que trae consigo, tomando el lugar de la ley misma, y llevando a fórmulas obligatorias, que luego son jurisprudencia, los arreglos que las circunstancias o los hechos de la industria han impuesto.

Entre las clases obreras de tendencias más radicales, se ha manifestado la aspiración a sustituir por completo el contrato individual por el colectivo por considerar que el primero deja indefenso al obrero en manos del patrón, y porque el segundo les da la fuerza necesaria para vencerlo. “Las asociaciones profesionales persiguen en realidad el mismo fin que la legislación protectora de los trabajadores, esto es, la mejora de las condiciones del trabajo. Sólo los medios difieren. Los jefes de estas agrupaciones han comprendido fácilmente que, si en la grande industria el obrero aislado es, en verdad, una cantidad despreciable para el patrón, no sucedería lo mismo con la masa obrera, cuya deserción puede, de un día a otro, detener la producción...” (34).

En el sentido preciso del contrato colectivo, esto es, como “una reglamentación contractual previa” de las condiciones del trabajo, él es de una verdadera utilidad práctica, si no asume los caracteres de una amenaza para la estabilidad de la empresa; y una vez suscripto válidamente, es decir, sin

- (34) Jay, ob. cit., págs. 40 y 41.

violencia ni extorsión para el obrero ni el patrón, sus consecuencias sólo son ventajosas. Un 'autor especialista las resume así:

1? Los sindicatos garantizan al empresario la fiel ejecución por todos y cada uno de los asalariados, de los compromisos suscritos. La dirección del sindicato vigila la ejecución de las cláusulas convenidas. Puesto que el contrato es colectivo, es evidente que las violaciones individuales comprometen el destino de los demás asociados.

2* Ellos garantizan al empresario, que sus competidores de la misma región industrial uo le harán concurrencia por la depreciación de los salarios, y no le obligarán a bajar el de sus propios obreros.

Le permiten adquirir el trabajo a la gruesa, como adquiere lana, algodón o hulla, y arreglar pacíficamente y por medios arbitrales, los litigios o diferencias que pudieran sobrevenir entre patrones y obreros. Estos no se verán forzados a pasar sin transición, del régimen de la sumisión desorganizada, al de la revuelta caótica de la huelga; la armonía reinará al fin en el taller, porque los dos contratantes han sido capaces de establecer entre ellos una unión verdadera (35).

Bajo el régimen de nuestras instituciones políticas y civiles de la libertad de las convenciones, no sería admisible un contrato concluido por influencia de amenazas o coacción, y sólo cuando él ha sido ajustado libremente entre las partes, entra a ser obligatorio ante la ley. En realidad concurren dos contratos: el de sociedad o solidaridad obrera para prestar un trabajo en común, y el de la prestación misma suscripto entre la asociación y la empresa contratante. El primero parece el amparado por los términos generales del Código Civil

- (35) Bureau, Le control de travail, pág. 257. sobre las obligaciones indivisibles, no haciéndose excepción de las obligaciones de prestación de servicios (36).

Entre nosotros las huelgas son ya un fenómeno social cuyos caracteres orgánicos invitan al legislador a una meditación más detenida de la que hasta ahora se les ha consagrado.

Las asociaciones obreras presentan dos aspectos distintos y acaso divergentes: una hacia las reivindicaciones pacíficas y la acción metódica y gradual, por decirlo así, de la huelga y la propaganda, otros hacia los medios violentos y agresivos y perturbadores de la paz pública y el orden constitucional.

La ley no puede amparar las segundas, las cuales, en cada caso, entrarían dentro del dominio de las leyes penales.

Las disposiciones del título XII del proyecto son acaso, las más importantes que él contiene relacionadas con el orden público, y ellas son la expresión de las necesidades positivas de la paz, representadas en todos los países donde estos sucesos se han manifestado y en cuanto a su valor jurídico, son el resultado de la jurisprudencia concordante y uniforme de las altas cortes de justicia de los Estados Unidos, en cuanto son aplicables a nuestro régimen constitucional.

Allí se define el alcance de estas distintas formas de propaganda o influencia de las agrupaciones obreras, de las combinaciones de defensa o ataque en la guerra de intereses y de aspiraciones, y que la jurisprudencia no ha declarado contrarias a la Constitución sino cuando atacan, amenazan o restringen la libertad de trabajo de los demás. La huelga, el boycott, el picketing, y otras modalidades de la incitación a la acción colectiva contra la empresa, no han sido consideradas como una manifestación delictuosa de la llamada “libertad de no trabajar”, sino cuando han salido de los procedimientos pacíficos para entrar en los violentos o coercitivos de hecho; cuando han llevado un ataque a alguna prerrogativa del gobierno federal, como el libre tránsito del comercio interprovincial o internacional, ya sea impidiendo el

- (36) Lib. II, sec. I, tít. XII.

embarque dé sus efectos, ya la circulación de los vehículos que los transportan (37).

En efecto, una huelga que se propusiese dejar sin movimiento un ferrocarril nacional o interprovincial, o sujeto por cualquier razón a la jurisdicción federal, haría incurrir a sus instigadores y ejecutores en una transgresión directa contra la Constitución, y la autoridad podría reprimirla y someter a aquellos a la justicia; y una sociedad que se propusiese ejercer sobre sus miembros o individuos de fuera de ella, poderes de legislación, contrarios al ejercicio de un derecho propio no restringido, habría cometido usurpación de autoridad, y atentado contra los derechos personales del ofendido, como ha ocurrido en esta capital, en que una asociación en huelga dictaba órdenes y mandamientos para que se impidiese o se permitiese la circulación de carros de carga de ciertos artículos de importación hasta un establecimiento industrial.

Han legislado y ofrecido fuentes copiosas de información sobre esta materia, casi todos los Estados modernos, y principalmente Francia (ley del l^9 de junio de 1901), Bélgica (ley de 31 de marzo de 1898); y por último, Nueva. Gales del Sud, en 10 de diciembre de 1901; Nueva Zelandia, de 1894, 1895, 1898; Austria de 1896 y otras (38).

IX

El vasto aunque sencillo organismo legal del proyecto, se completa necesariamente por dos títulos consagrados a crear y trazar la norma de acción de las autoridades que han

- (37)  Constitución Nacional, arts. 10, 11, 67, inc. 12.

- (38)  Briquet, La législation belge des unions professionnelles, 1900; Seilhac, Syndicats ouvriers, 1902; Ivés Guyot, Les conflits du travail et leur solution, 1903; W. P. Reeves, State experiments in Australia and New Zealand, t. II; C. D. Wright, Evolution industrielle des Etats Unis, c. XIX y XX; Howell, Trade unionism, new and oíd, 1900; J. St. L. Strachey, Industrial and social Ufe, 1901; S. and B. Weeb, Industrial democracy, t. I, pág. II.

de velar por la ejecución del derecho en él establecido. Estas deben ser de dos categorías: administrativa la una, —encargada de la vigilancia técnica y legal, —y judicial la otra, a la que compete la aplicación contenciosa. Aparte de estas dos jurisdicciones, en determinados casos las circunstancias han impuesto una forma especial de funciones o la atribución de éstas a agentes ya existentes del gobierno o de la justicia federal, como ocurre con la protección de los indios y con la ejecución de la responsabilidad del patrón por accidentes ocurridos en el trabajo. Otra excepción al sistema del proyecto es: la intervención sanitaria y policial en el caso de la exclusión de extranjeros, cuya entrada ha sido prohibida por la ley, y de la segunda, en el caso de reuniones ilegales o de procedimientos contrarios al orden público, por parte de las asociaciones o núcleos obreros.

En la mayor parte de los Estados modernos la legislación del trabajo ha comenzado por la fundación de oficinas destinadas a fomentar los intereses de las clases industriales, por el estudio metódico de las cuestiones pertinentes, la estadística, la reglamentación y la vigilancia de las condiciones en que la labor se ejecutaba en el seno de los talleres y en todo establecimiento. Willoughby reivindica el honor de la iniciativa para los Estados Unidos, pues el primer acto oficial tendiente a producir esa innovación está representado por un informe depositado el 6 de febrero de 1866 por una comisión especial de la legislatura de Massachusetts. El texto preconiza entre otras medidas, “la elaboración de una recopilación anual de datos estadísticos relativos a las condiciones, al porvenir y a las reivindicaciones de la población industrial”. El desarrollo posterior de esta institución en los Estados Unidos, en Inglaterra y demás naciones de Europa, no podría ser referido, por su grande extensión. Basta hacer constar que bajo diversos nombres, —departamento, oficina, instituto, consejo del trabajo,— no existe casi un solo Estado civilizado donde no se baya establecido este servicio. El gobierno federal de la Unión americana fundó su departamento del trabajo en 1884, y el texto legal dice: “Existirá en la capital, asiento del gobierno, un departamento del trabajo, que, en principio, tendrá facultad para centralizar y difundir en el pueblo de los Estados Unidos informaciones de utilidad práctica sobre las cuestiones relativas al trabajo, en la más amplia y compleja acepción de esta palabra y en particular, sobre las relaciones del trabajo y del capital, la duración del trabajo, los salarios de los obreros y obreras, y las medidas susceptibles de mejorar la situación material, social, intelectual y moral de los trabajadores”. Sin duda alguna, como en Nueva Zelandia, esta primera forma dada a la administración federal del trabajo, será dentro de poco tiempo erigida en un departamento con re-presentación en el gabinete.

Según la naturaleza constitucional de nuestro gobierno, la oficina o consejo o junta general que se establezca, deberá tener, además de todas aquellas facultades tutelares, de iniciativa, vigilancia y ejecución de la ley, una amplia jurisdicción administrativa, para resolver los casos que no sean de la directa aplicación de aquella por las empresas y los obreros en sus relaciones recíprocas, en el cumplimiento de las obligaciones y en la observancia de las disposiciones prohibitivas. Sobre sus hombros pesará el vasto funcionamiento de este que bien puede llamarse Código del trabajo, y de la importancia técnica, el valor de los intereses, la naturaleza de los conflictos que deben caer bajo su imperio, se deduce la necesidad de darle una organización superior, vinculada con hondas raíces en el seno de la población industrial y obrera, y que debe ser, por fin, algo como el reflejo en el gobierno, de sus aspiraciones y de su vida conjunta. Finalmente, esta autoridad debe ser la traducción práctica en lo que concierne a la parte administrativa del sistema, del espíritu de conciliación en que la ley y el Estado deben forzosamente inspirarse, ya que ellos son los obligados a fundar la paz y la armonía sociales.

Siguiendo esta idea fundamental, el proyecto, —aún en la primera y simplificada forma que ha dado a la que denomina “Junta nacional del trabajo”, para acentuar su carácter

representativo,— ha hecho derivar su composición de un origen mixto de las clases patronales y de las obreras, siempre bajo la más alta jurisdicción indeclinable del gobierno, representado por el presidente de la junta que deberá reunir el acuerdo del Senado. Si en los comienzos la constitución de la junta no puede asumir su carácter semielectivo, no tardará en regularizarse, cuando las sociedades de obreros y de patrones se registren y sean reconocidas, pues no habría otro medio de hacer práctica por ahora la participación necesaria de las clases industriales en la formación de la autoridad que ha de regir y tutelar sus intereses y sus conflictos. Esta forma responde, además, a la experiencia y a las aspiraciones de otros países, que se han adelantado a dar esta intervención electiva a la población trabajadora y a la clase capitalista, buscando con esto la más pronta conquista de la tranquilidad pública, tan justamente deseada, por la conciliación en todos los órdenes de la función pública, entre las dos grandes ramas en que se dividen las fuerzas sociales de la economía nacional.

Como tendencia, anhelo y propósito práctico, las clases industriales de la república tendrán en la legislación, industrial y política, tres medios de llegar a intervenir directamente en la legislación, en la administración y en la justicia que directamente les atañe: l^9 por la elección de sus representantes en las cámaras del Congreso, al amparo del voto uninominal, garantido por la ley nacional de elecciones; 2^9 por la constitución de sociedades con personería para elegir sus representantes en la junta nacional del trabajo que es su propio poder administrativo; 3^9 por la designación en igual forma, de los miembros de la corte central de arbitraje, para la resolución judicial de sus conflictos, querellas o cuestiones atingentes a las relaciones que el trabajo engendra entre el capital y la mano de obra, a lo cual puede agregarse el primer grado de esta jurisdicción arbitral, en los consejos de conciliación, de formación local y transitoria en el seno mismo del taller, y entregadas por completo al propio voto y control de

los gremios interesados, sin más intervención del poder público en esta parte, que la sanción que da a las resoluciones y a los acuerdos que sean la consecuencia de tales juicios conciliatorios.

La experiencia ha consagrado en todas las naciones este método, y para demostrarlo bastaría exponer aquí la abundante lista de leyes y medidas adoptadas en ellas para dirimir los conflictos industriales. Respecto de los Estados Unidos, donde casi todos los Estados particulares han establecido el sistema de conciliación y arbitraje y la tutela de los boards of labor, el hoy presidente Roosevelt, decía en setiembre de 1900: “La oficina de estadística del trabajo (de Ohio) ha hecho mucho más que reunir estadísticas, pues manteniéndose en íntima vinculación con todos los principales intereses del trabajo, nos ha informado constantemente sobre innumerables asuntos de verdadera y vital importancia para ellos. En particular, una plausible modalidad de la obra de esta oficina ha sido la tendencia ascendente que se ha demostrado durante los últimos cuatro años, tanto en lo relativo al monto de los salarios, como a la cantidad y permanencia de las ocupaciones. Nadie se ha beneficiado más que el obrero por este aumento de la prosperidad pública en este tiempo” (39).

Bajo la superintendencia de esta misma junta, constituida, como se verá en el proyecto, por cinco miembros capaces de realizar la superior autoridad técnica del trabajo, funcionarán dos organismos más, de una importancia inmensa en la vida de la industria: la inspección y la comisión técnica de accidentes. La primera se distribuirá por todas las poblaciones, divididas en zonas de prudencial extensión, por medio de funcionarios capaces de comprender los conflictos individuales o colectivos del trabajo y aconsejar una solución inmediata, y serán éstos como otros tantos ojos con que la autoridad superior vigila la vida de los talleres, las fábricas y demás centros de trabajo, para hacer sentir en ellas los henefi-

- (39) Strenous lije, pág. 309.

cios de la ley, en su acción tutelar y progresiva. Tarea es ésta de la mayor dificultad, y de la cual dependerá la mayor parte de la eficacia de toda la legislación obrera, y tanto al distri-huirla, como al determinarle sus funciones especiales, deherá fij arse la atención en las múltiples fases que ella encierra, — científica, práctica, jurídica, conciliadora,— y si se acertase con los hombres y se hallase en ellos toda la suma de voluntad y capacidad requerida para estas vitales funciones, el éxito de la ley estaba satisfecho.

Esta inspección, para ser eficaz como la ley la prevé y la establece, no podrá confundirse con otras reparticiones de este nombre que fácilmente degeneran en empleos sedentarios o de largas intermitencias de acción. Ella debe ser activa, omnipresente e ilustrada, no sólo para que responda al fin jurídico de la aplicación legal, sino para que sea verdadera su misión tutelar sobre las diversas clases sociales en cuyo favor es instituida. “Apenas se sospecha su importancia, dice un autor; pocos la adivinan, algunos la desdeñan, y sin embargo, no hay otra alguna cuya solución sea más urgente y necesaria. Se advierte la necesidad de refrenar los abusos sociales enormes, causados por el maqumismo bajo el régimen de la competencia ilimitada: se echan de menos las leyes protectoras de la vida y de la salud de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los adultos, se exige su aplicación inmediata: el clamor es general... Pero ¿de qué sirve promulgarlos, si no han de aplicarse mientras no exista en todos los países un cuerpo de agentes investigadores numerosos y escogidos? Esta verdad debe penetrar en todas las inteligencias” (40). En el cuerpo de la legislación obrera, la inspección representa la misión de los sentidos y demás órganos de la voluntad, por los cuales la persona manifiesta su imperio en los hechos de la vida; y concebida así, ella sola puede realizar todos los fines sociales que la ley se propone. Por lo que respecta a su número, él dependerá siempre de la necesidad, si bien se ha

(40) Buylla, Posada y Morote, El instituto del trabajo, pág. 69. creído deber fijar desde el principio un límite a la magnitud de la corporación, por motivos de economía y de ensayo, como bien se comprenderá.

La comisión técnica especial de accidentes, surge de la naturaleza misma de los deberes que la ley impone, con relación a la ejecución de la responsabilidad por los riesgos de la industria. Una de las tareas más graves es ésta de la verificación y clasificación del accidente producido, a los efectos de precisar su valor, de acuerdo con las reglas de la ley. A primera vista se impone la existencia de un cuerpo esencialmente técnico, en las tres facultades que intervienen en la fijación del daño: l^9 la causa del accidente en la ejecución material del trabajo, y precisión del instrumento, agente mecánico o químico, u operación manual o corporal que lo ha originado; 2^9 naturaleza y gravedad de la lesión o enfermedad producida en el cuerpo del obrero, víctima del suceso accidental, y extensión de la incapacidad que de ella resulta con relación al trabajo; 3^9 fijación del significado y alcance del hecho definido por la ciencia, en el grado de la responsabilidad profesional y de la indemnización pecuniaria, además de los elementos penales que en él pueden haber concurrido. Estas circunstancias constarán en un informe escrito, fundado en la observación personal que la comisión redactará en cada caso, para servir de pieza comprobatoria y reguladora del criterio administrativo o judicial para el pago de las indemnizaciones. Esta comisión ha sido creada también por la reciente ley de Bélgica, de 24 de diciembre de 1903, y organizada por decreto real de 10 de enero del corriente año, y sus funciones, además de las que en cada cláusula de la ley se establecen son allí consultivas del ministerio respectivo, según el artículo 34, “sobre todas las cuestiones que le sean sometidas por el ministro, respecto a la reparación de los daños que resulten de los accidentes” (41). Y en el sistema del proyecto argentino, esta

- (41) V. art.: Les accidents du travail en Belgique, en la Revue de la Législation des mines, febrero de 1904.

comisión está llamada a una labor científica del más elevado valor, si ha de realizarse el mandato de preparar lo que otras leyes han ideado para la defensa y tutela de los obreros: la clasificación permanente y metódica de los accidentes, de manera que en cada caso se tenga una pauta conocida, ya estudiada, además, en el congreso de los accidente del trabajo, celebrado en París en 1900 (42), y por la ley española de 30 de enero del mismo año, la cual ordena y el ministerio ha realizado, la formación de un catálogo de mecanismos preventivos de los accidentes en las industrias enumeradas (43).

X

“Otra parte importantísima de la legislación obrera, dice Carrol D. Whight, de que se han preocupado muchos Estados, es la concerniente al arbitraje industrial. Para evitar los conflictos que se suscitan con ocasión del trabajo, como las huelgas, los lock-outs, los boycotts, muchos remedios han sido sugeridos pero ninguno se ha mostrado verdaderamente eficaz. Es acaso imposible adoptar un medio que pueda prevenir las huelgas de una manera absoluta, y tal vez no es de desear, por el progreso de la civilización, que se las pudiese impedir por completo; pero toda medida que consiguiese reducir el número de los conflictos y su gravedad, ’ debe recomendarse por sí misma al espíritu de cuantos tengan confianza en la ley, en el orden y en los derechos del hombre.

“Se entiende por conciliación industrial las tentativas hechas por una autoridad regularmente constituida, que tiene sus poderes de la libre elección de las partes interesadas o de la ley, para allanar las dificultades entre las dos partes, patrones y obreros, y evitar así un rompimiento o una declara-

- (42)  Comptes rendus, tomo II, págs. 207-251.

- (43)  Ley española, 30 de enero de 1900, arte. 3^9 y 7^9; Real orden, de 2 de agosto de 1900; Oyuelos, Accidentes del trabajo, págs. 118 y siguientes.

ción abierta de guerra industrial. La conciliación está establecida conforme al método preconizado por el apóstol Pablo para la solución de las dificultades que ocurran entre dos miembros de una misma iglesia. Está, pues, fundada sobre principios muy elevados de religión y de moral, y donde quiera que ha sido ensayada ha triunfado en una grande extensión. El arbitraje no puede proceder sino cuando la lucha está comenzada entre el patrón y el obrero, es decir, cuando la dificultad existe de hecho. La conciliación trata de impedir una guerra abierta; el arbitraje tiene por objeto resolver las dificultades después que la guerra ha sido declarada” (44).

Se ha transcripto a designio las anteriores palabras, porque ellas definen con precisión absoluta el pensamiento del proyecto en lo relativo al arbitraje industrial, en sus dos grados, el de la conciliación en los consejos locales que puede terminar la querella, litigio o diferencia en su principio, y la del arbitraje propiamente dicho, que es el sometimiento definitivo de la cuestión a un juez último, instituido por la ley. En una y otra instancia, se ha seguido el principio de la elección por los gremios interesados, siendo, para la constitución del tribunal permanente, esta intervención sólo para proponer los candidatos de entre los cuales deberá el Poder Ejecutivo nombrar los vocales de la corte. Tanto los miembros de los consejos de conciliación como los de la corte, son por el hecho de su nombramiento y juramento, funcionarios de la ley, los unos transitorios, los otros más durables, y las facultades de investigación, requisición y sentencia que ella les atribuya, los revisten de un alto grado de autoridad y de respeto.

También debe advertirse aquí que no hay originalidad alguna en el sistema elegido, sino es para simplificar procedimientos para adaptarlos a nuestros medios y necesidades y al Estado en que las organizaciones obreras se hallan en el momento legislativo. Pero aparte de la antigüedad del juicio arbitral común, —que no nos corresponde aquí historiar,— en

- (44) Evolution industrial, c. XXIII. sus aplicaciones a las cuestiones obreras, ha dado los resultados mejores en todo el mundo civilizado. Ultimamente, se señalaba como propagadoras calurosas del sistema, la Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suiza, los Estados Unidos y las repúblicas de Australia, y en particular los dos últimos países nombrados lo han llevado a su mayor perfección en sus leyes que puede llamarse recientes. Partiendo de la base de que en todo tiempo y lugar los gremios industriales pugnaron por juzgarse en sus disputas y conflictos por sus propios jueces de equidad, y cediendo, más que todo a la fuerza de los acontecimientos, en Nueva Gales del Sud y Nueva Zelandia, los juicios de conciliación y arbitraje han sido impuestos por las mismas luchas entre el capital y la clase obrera.

La ley de Nueva Gales del Sud fué dictada como consecuencia de la gran huelga de 1890, durante la cual la clase patronal procuró aniquilar el poder de las trade-unions; pero como observa Métin, “el Estado parece dar un estímulo al movimiento sindical, puesto que promulga una ley según la cual los obreros podrán pedir la conciliación, bajo la condición única de formar un núcleo de diez personas”. Igual o semejante historia tiene el arbitraje industrial en Sud Australia, cuya ley de 21 de diciembre de 1894 crea las mismas dos instancias, si bien en la primera existe otra intermedia, la de los convenios concluidos entre patrones y obreros, ya se hallen o no organizados en sociedades, y cuyos objetos interesa conocer, y son:

l^9 Los consejos privados, esto es, como existían antes de la ley, los creados en una sola profesión, la de zapateros, por ejemplo, por acuerdo entre los patrones y el sindicato.

2’ Los consejos locales, de creación de la ley, y que se constituirán donde quiera que los reclame una mayoría de los patrones y obreros: estos se. forman de un número igual de miembros por ambas partes.

Pero nada iguala, sin duda, al método ideado por la ley de Nueva Zelandia, que se denomina de arbitraje obligatorio, y a la cual los jurisconsultos de las más ilustradas naciones de Europa le han tributado ardientes elogios, además de las imitaciones que de ella se ha hecho. Ella fué propuesta por Mr. Reeves, cuyo libro se ha citado en este mensaje, durante su ministerio del trabajo en el gabinete Seddon, y sus objetos se definen en su propio título, esto es, “ley para estimular la formación de sociedades industriales y facilitar la solución de los conflictos del trabajo por la conciliación y el arbitraje”. A estas jurisdicciones se hallan sometidas todas las organizaciones e individuos a quienes comprenda la ley obrera, salvo el Estado, y por todo el conjunto de su sistema, ella crea un nuevo organismo jurídico destinado a la aplicación de la

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referida ley, escrita o no escrita, pues que su potestad arbitral le permite abarcar todo género de leyes, usos y costumbres para resolver los conflictos. Y cuando se lee con detenimiento tan notable estatuto, no -se puede menos de ver cómo no es posible que escapen a sus previsiones la mayor parte de las dificultades nacidas de la lucha y que deje de acercarse al reinado que todos los pueblos buscan, de la armonía permanente entre el capital y el trabajo.

Siempre ha creído la opinión tradicional entre nosotros que nada había posible fuera de las fórmulas jurídicas de nuestros códigos, y que éstos eran invulnerables; y sin embargo, la sociedad y la industria han marchado más de prisa, y han creado un funcionamiento nuevo, extraño a esos monumentos legales, que tienen su aplicación propia a los casos de la jurisdicción común. Las antiguas leyes españolas llegaron, no obstante, a establecer la jurisdicción arbitral, y equitativa para los asuntos del comercio y de la industria, y la participación de los gremios en la formación de sus tribunales, como ocurría en las ordenanzas de minería de Méjico, aplicadas después al Perú, Chile y Río de la Plata, y con la junta o tribunal superior del consulado, que la revolución derribó y que la nación no restauró después.

Entretanto, la vida y desarrollo de la industria en toda la tierra se han acrecentado al favor de una justicia de equidad y experiencia, como que el éxito y prosperidad del comercio dependen en gran medida de la celeridad y eficacia de las transacciones y la pronta terminación de todas las diferencias que ellos originan. Aplicadas a la vida del obrero en los talleres y demás casas de trabajo, tenía en cuenta la tasa de sus salarios y de sus indemnizaciones, cuya cuantía no llega a constituir siquiera una jurisdicción, y en atención a la naturaleza jurídica de los conflictos que le atañen respecto de su empresario o jefe, es cuando la insuficiencia, la falta de eficacia, la morosidad y dificultades materiales del proceso ordinario aparecen de relieve, y se impone un sistema distinto y propio del género de asuntos que entre ellos nacen y perturban sus relaciones. En presencia de las anteriores consideraciones, agravadas con la complicación del procedimiento en las instancias que debe recorrer una causa, los gastos y molestias procesales, superiores al jornal del obrero, se necesita que las sumas a cobrar o la entidad de los perjuicios sean tan grandes que puedan bastar para tanta erogación. Luego, en realidad, bajo el imperio de las leyes existentes, la clase obrera no tiene medios suficientes para obtener justicia en la medida de su posición, y de la condición que ocupa en la industria y en la riqueza colectiva, como uno de sus factores más eficientes.

Con el sistema propuesto, la clase obrera y la patronal tienen un vasto campo de acción conjunta, dirigida a producir su acercamiento e inteligencia, y los medios que para ello les ofrece la ley, constituyen una fuente fecunda de progreso legislativo y de soluciones justicieras y amistosas. Ella da al contrato colectivo de obreros y patrones un valor doctrinal semejante al de la ley, por la aceptación de las partes, las cuales a su vez representan los intereses de los gremios, que se regirán por las conclusiones de los acuerdos industriales, erigidos en normas de conducta común. Y luego, cuando se piensa que la ley sólo recoje los resultados de la acción, o del hecho social persistente, se ve cuanta importancia adquiere un régimen en el cual los convenios del trabajo, inspirados en la naturaleza y usos de las industrias, pueden fructificar en forma de reglas jurídicas vivientes, hasta formar el “derecho del trabajo”, que se abre camino amplio en la doctrina y en la legislación positiva. Por otra parte, la creación de un tribunal permanente y mixto de jueces arbitrales y de derecho, pero destinado a juzgar en equidad, trae otras consecuencias aún de grande significación. El programa de los sindicatos obreros, y las aspiraciones humanitarias y reformadoras de sus

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sostenedores y más autorizados representantes en la ciencia social, “contenidas hasta ahora por las barreras rígidas de las leyes generales, ha penetrado, gracias a las pequeñas brechas que en ellas han abierto las decisiones particulares, hasta el fondo mismo del contrato entre patrón y obrero, y bajo su influencia ha cambiado de naturaleza” (45).

Cuando se recorra las cláusulas del proyecto del Poder Ejecutivo que definen la jurisdicción de la corte central de arbitraje, se verá cuánta ventaja habrá en su adopción, sobre todo para traer a su juicio y solución toda cuestión individual o colectiva, surgida entre obreros y patrones, que caiga dentro de la ley del trabajo, y sea ocasionada a perturbar la paz del taller, de la región industrial, de la calle pública, y aun de una vasta extensión del país, como ha sucedido en la república en 1902 y 1903. Ya que no es posible arrebatar a las provincias una jurisdicción propia para la aplicación de las leyes generales, facilita esta centralización la naturaleza de los conflictos obreros, que casi siempre afectan el comercio nacional, interno o externo, y caen bajo la cláusula 12* de las atribuciones del Congreso. En una federación semejante a la nuestra, la de Australia, la constitución ha hecho igual centralización, disponiendo en la cláusula XXXV, artículo 51, que el parlamento dictará leyes sobre “conciliación y arbi-

- (45) C. Carlos Lessona, El contrato colectivo del trabajo, trad. del Valle Iberlucea, Revista jurídica, año XXI, t. I, pág. 61.

traje para la prevención y arreglo de disputas industriales que se extiendan más allá de los límites de un solo Estado” (46).

Por otra parte, y en lo concerniente a las sentencias de este tribunal, ellas se prestan a dos órdenes de observaciones: la primera se refiere a su naturaleza jurídica y la otra a su sanción y fuerza imperativa. La composición mixta de la corte, esto es, de jueces experimentales y de un juez de derecho, que es su presidente nato, y presidente de la cámara federal de apelaciones es un medio más de conciliación y armonía entre la justicia arbitral y la de derecho estricto, pues aunque el tribunal juzgue en equidad, la influencia del magistrado presidente, habituado e inclinado al juicio jurídico strici juris, marcará la tendencia conciliadora con el juicio ex aequo et bono del resto de los vocales, y que imponga la naturaleza de la causa. Y el resultado final será siempre favorable a la aceptación y permanencia de la doctrina contenida en el fallo, no sólo por las partes interesadas, sino por el Estado, que debe prestarles su apoyo último y efectivo en la práctica. Respecto de la duración de la sentencia, las leyes de los Estados Unidos y de Nueva Zelandia y otras colonias inglesas, así como las de otras naciones europeas, le señalan un plazo prudencial, destinado a operar este doble efecto: la prueba de una experiencia bastante para juzgar de su eficacia práctica permitiendo corregir errores o deficiencias en caso necesario, y su incorporación natural en los usos de la industria por la aceptación y renovación tácita a la expiración del término. Y si a estas circunstancias se agrega que el tribunal posee facultades imperativas y disciplinarias para hacer observar y respetar sus decisiones durante el tiempo que quedan en vigencia, se comprenderá cuánto acierto y sabiduría presidieron la invención de este sistema, adoptado con entusiasmo por las más adelantadas naciones industriales, en donde el industrial y el obrero comienzan a ver la posibilidad de las conci-

- (46) A. J. Clark, Studies in Australian constitutional law, Mel* bourne, 1901.

Ilaciones y armonías definitivas, que tanta felicidad derramará sobre la tierra.

Para concluir, el Poder Ejecutivo debe manifestar que en la redacción del proyecto se ha procurado emplear el lenguaje más sencillo y claro, evitar los tecnicismos tanto jurídicos como industriales, para facilitar la inteligencia del mayor número, y no establecer una disposición permisiva o prohibitiva, que no lleve consigo su correspondiente sanción, remedio o penalidad. Los errores, imprevisiones y defectos de una obra de tanta extensión y complejidad, serán corregidos por V. H. en su estudio, con cuyo objeto le será enviado un considerable número de documentos anexos, de investigaciones y estudios, algunos de ellos de gran valor, y cuya publicación debe realizarse en breve para contribuir a ilustrar el juicio público y a introducir en el texto las enmiendas que su lectura sugiera.

Una última consideración se referirá a las ulteriores reformas que el proyecto, —si merece ser convertido en ley,— experimentará en la práctica. En la convicción de que no es posible fijar muchas prescripciones y formas de una manera invariable, se ha dejado al poder administrativo o a las autoridades técnicas, la suficiente amplitud de facultades para poder introducir ampliaciones o variantes en determinados asuntos legislados, y esto ocurre en particular en materia de horarios para el trabajo, formas de inspección y manera de realizar especiales prescripciones que, por su índole, deben cimentarse más en la experiencia misma, que en el concepto previo o doctrinal que de ellas pueda formarse el más sabio legislador.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JULIO A. ROCA

J. K González

PROYECTO DE LEY NACIONAL DEL TRABAJO

Título I

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y GENERALES

Art. I^9 — Los términos empleados en esta ley que no tengan un significado definido en los códigos comunes de la Nación, serán entendidos de acuerdo con el sentido que les dan los usos de la industria o del comercio, en la localidad o región a que se refiera el hecho, derecho o instrumento público o privado de que se tratare.

Art. 2^9 — Denomínase la presente, “Ley nacional del trabajo”, y su alcance es el de los códigos civil, penal, comercial y de minería, en cuanto se refiere a la personalidad de los individuos y corporaciones privadas y públicas en ella comprendidos, y define y regla el ejercicio de los derechos civiles, relacionados con el trahajo industrial. Su aplicación corresponde a las autoridades judiciales y administrativas de la nación o de las nacionales, provincias o a las municipalidades según los casos, y en todo cuanto expresamente no se hallase resuelto en la misma, o no tuviese establecido una autoridad o un procedimiento especiales.

Art. 3’ — Rige esta ley las relaciones entre obreros y patrones, entendiéndose por obreros todas las personas que ejecutan hahitual o profesionalmente un trahajo u oficio manual por cuenta ajena, como los operarios de toda denominación, los peones de mano, los indios de los ingenios y obrajes, las mujeres y los menores, por un salario o jornal o por pieza o tarea, en talleres, fábricas, usinas, ingenios, obrajes, buques, barracas, saladeros, viñedos y bodegas, etc., ya sea al aire libre, ya sea en recintos cerrados, en tierra o agua, en ciudades o campañas; y por patrones, los empresarios o dueños por cuya cuenta trabajan, sean particulares o corporaciones; comprendiéndose los obreros que no se bailan sometidos a la disciplina militar de mar y tierra, los que trabajen para las dependencias del Estado y de las municipalidades en sus talleres, arsenales, astilleros, ferrocarriles, puertos y demás obras y servicios públicos. No se comprende en esta ley las relaciones derivadas del servicio doméstico.

Art. 4^9 — Las palabras nacionales o extranjeras que siguen, usuales en el lenguaje industrial, serán entendidas:

1* Tiempo, día u hora laborable, como el tiempo real y efectivamente empleado en el trabajo, sin contar los descansos o suspensiones por cualquiera causa;

2* Paro la suspensión del trabajo que afecte todo o parte de una fábrica, taller o establecimiento de los regulados en esta ley;

3* Huelga, el acto de abandonar el trabajo, realizado por uno o más grupos de obreros de uno o más establecimientos industriales, por razón de alguna petición o reclamación formulada ante sus patrones;

4^9 Boycott, la combinación contra un propietario, comerciante, empresario o patrón u otra persona que dirija o maneje una explotación o negocio, para retirarle toda relación y persuadir a otros en igual sentido; y el medio, hecho o procedimiento empleado con aquellos propósitos;

5* Lockout, la clausura o cierre de una fábrica, taller, explotación o negocio, realizado u ordenado por el patrón, dueño o gerente, para reducir a los operarios o dependientes suyos a términos satisfactorios, en las condiciones, peticiones o reclamaciones pendientes por razón de su trabajo o servicio;

6* En tabla y mano propia, se dice del pago del salario o jornal hecho en el mostrador, contaduría, despacho u oficina de la administración del establecimiento, a la persona misma del obrero o dependiente, o a su representante por él autorizado;

7* Despido, el hecho del patrón de hacer cesar en su trabajo, contrata u ocupación, a sus obreros o dependientes ;

8* Trabajo a destajo, se entiende el que toma a su cargo un obrero, maestro o capataz, por cantidad de obra o por una compensación total determinada.

Título II

DE LOS EXTRANJEROS

Art. 5’ — Toda persona nativa o extranjera que desee ejercer en la república una industria, oficio, profesión, comercio o arte, útiles y lícitos, tiene derecho a ser protegida en su libertad por las autoridades del país, según la Constitución y las leyes de la Nación, y a exigir de éstas dicha protección contra cualquiera otra autoridad o persona que atentase contra aquella prerrogativa.

Art. 6^9 — Exclúyese de la admisión en el territorio de la república los extranjeros que pretendiesen entrar en él, ya en calidad de inmigrantes o en cualquiera otra condición, y aunque fuesen llamados por parientes o amigos suyos residentes en la República, y que se hallasen en alguna de las categorías siguientes:

1* Idiotas, locos, epilépticos, y los que hubiesen sufrido ataques de locura durante los cinco años anteriores a su llegada al país;

2^9 Enfermos atacados de enfermedades repugnantes o contagiosas;

3^9 Los mendigos de profesión, los indigentes y demás que sólo deban constituir una carga para la beneficencia pública;

4* Los que hubiesen sido condenados por estafa, bigamia, o por delitos infamantes;

5» Las prostitutas, y las personas que procuren traer prostitutas u otras mujeres o niñas con el fin de dedicarlas a la prostitución.

Art. 7’ — No se comprenderá en ningún caso entre los delitos a que se refiere el anterior artículo, los de carácter político, siempre que a ellos no se agregase otros infamantes o de los que caen bajo las disposiciones de la ley 4144 de 22 de noviembre de 1902.

Art. 8^9 — El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada en el territorio de la república, de personas o grupos de personas no europeas, que perteneciendo a razas, tribus o naciones, no europeas, fuesen generalmente conocidas por sus costumbres contrarias a la moralidad o que fuesen habitualmente vagas o ineptas para el trabajo y amenazasen convertirse en un peligro o en una carga para la sociedad o el Estado.

Art. 9^9 — Queda prohibido a toda persona, compañía o empresa de transporte por agua o por tierra, y al propietario, comandante, agente o consignatario de un buque u otro medio de conducción, introducir al territorio de la república extranjeros atacados de una enfermedad repugnante o contagiosa: y si se comprobase ante la autoridad sanitaria que tales extranjeros se hallaban atacados de dichas enfermedades en el momento del embarco en país extranjero, y que esto había podido hacerse constar previo examen médico, los infractores pagarán a la receptoría nacional del puerto o punto de arribada, la suma de cien pesos nacionales por cada infracción y por cada persona conducida en tales condiciones. A ningún buque le serán devueltos sus documentos de salida antes de abonar la multa que se le impusiere, la que en ningún caso le será perdonada.

Art. 10. — La visita de sanidad que practique la autoridad respectiva, a bordo de cada buque de procedencia extranjera, comprenderá el examen de las personas a quienes pudieran aplicarse las clasificaciones del artículo 6% y a requisición de éstos o del comandante del buque u otro interesado, podrá apelarse de la decisión del médico y en el mismo día ante una junta de facultativos, que la compondrán: en la capital, uno de la Sanidad Militar, otro del Departa-mentó de Policía y el director de la Asistencia Pública o de alguno de los hospitales que designe el Intendente Municipal; en los demás puertos, ciudades o puntos de la república, el examen será practicado por la autoridad sanitaria local o por los facultativos que ella designare, pudiendo los interesados, siempre que la urgencia del caso no hiciera necesaria la inmediata reconducción de los atacados, pedir la intervención de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá expedirse o acudir inmediatamente a la resolución del caso. La decisión de ésta será inapelable.

Art. 11. — Es deber de todo comandante de buque, o empresa de transportes de procedencia extranjera, dar a la autoridad sanitaria o marítima, según los casos, todas las informaciones que ellos les pidieren sobre la condición de los pasajeros que pudiesen encontrarse en alguna de las categorías del artículo 6’, y entregarán una lista formada en el momento y lugar del embarco, en que se exprese:

l^9 Nombre, sexo, edad, estado, profesión u oficio, nacionalidad, raza;

2^9 Ultima residencia, puerto de desembarque, destino hacia el interior de la república, si lo tiene, y si ha estado ya en el país y en qué lugar;

3^9 Si costea su pasaje o le ha sido dado por otra persona, o por sociedad de beneficencia, empresa, municipalidad o gobierno, y en caso afirmativo, expresar el nombre de éstos;

4^9 Si ha estado en alguna cárcel o asilo de caridad u hospicio de dementes, y el estado de su salud física y mental; si es inválido o está inutilizado, con mención del tiempo y la causa.

Art. 12. — Las listas anteriores deberán hallarse firmadas por el médico de a bordo; y si no lo hubiere, su verificación y el examen de las condiciones de salud física y mental de los pasajeros a que ella se refieren, será hecha por un médico del Departamento Nacional o local de higiene, o por otro de la localidad debidamente acreditado, si los interesados lo pidiesen y a costa de los propietarios del buque.

Art. 13. — Todas las personas que fuesen introducidas en la república en contravención de los artículos anteriores, serán reconducidas a los países de su procedencia, si fuere posible inmediatamente y en los mismos buques que los hubiesen transportado. En todo caso, los gastos de manutención en tierra y los de repatriación, serán por cuenta de los propietarios de los buques en que vinieron. Si el comandante, agente, propietario o consignatario del buque se negare a recibir de nuevo a dichas personas a bordo del buque que los condujo o de cualquier otro de su propiedad o comando, o no quisiese detenerlos a bordo o se rehusase a conducirlos al puerto de su procedencia o a pagar los gastos de manutención, pagará una multa de 200 pesos nacionales por cada infracción y al buque no le será permitido salir antes de haber abonado dicha suma.

Art. 14. — Dentro de los dos años de su entrada en el territorio de la república, cualquiera de las personas comprendidas en el artículo 6^9, podrá ser detenida a requisición del ministerio del interior, en cualquier punto del territorio, y reconducida al país de donde precede por cuenta de la persona que la hubiese traído; y si esto no fuese posible, por cuenta del tesoro nacional.

Art. 15. — La autoridad marítima en. los puertos de la república y cualquier autoridad política en las provincias, que tuviesen convencimiento y certeza de que llegan al país personas de las comprendidas en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 6^9, podrán impedir su desembarco, y obligar a los conductores a volverlos en el viaje de retorno o en otro inmediato, a su costa, dando previo aviso al ministerio del interior, el que resolverá en definitiva dentro de las mismas condiciones de urgencia. Mientras se dicta la resolución definitiva, los extranjeros considerados comprendidos en la prohibición serán detenidos a bordo del buque o en el local de la prefectura del puerto respectivo, en caso de que lo primero fuese imposible por razón sanitaria u otra indudable. No se admitirá fianza ni garantía alguna en favor de la permanencia en el país de las personas que deban ser expulsadas en virtud de este artículo.

Art. 16. — Todo individuo nativo o extranjero que siendo físicamente hábil para el trabajo, careciere de domicilio cierto, de medios de subsistencia, oficio o profesión lícitos o viviese explotando la caridad pública en la capital de la Nación y territorios federales, será considerado vago, y declarado tal en juicio sumario ante la justicia correccional y será castigado con arresto de uno a tres meses; la primera reincidencia contada después de dos meses de cumplida la condena, con arresto de tres a seis meses.

Art. 17. — Las reincidencias sucesivas se contarán después de dos meses de cumplida la condena y se penarán en la forma siguiente, de acuerdo con los reglamentos que dicte al efecto el Poder Ejecutivo:

l^9 Si los reincidentes fuesen ciudadanos nativos o naturalizados, con cinco años de relegación en algún establecimiento, colonia, o servicio dependiente de la Nación en algún territorio nacional, de manera que el penado trabaje y se procure su regeneración;

2’ Si los reincidentes fuesen extranjeros mayores de edad, serán expulsados del territorio de la república a expensas del tesoro de la Nación, si no se hallasen en el caso del artículo 6^9; y si violasen esta disposición internándose en el territorio, sufrirán una prisión de dos años y serán expulsados del país en la misma forma a la expiración de la pena.

I

Art. 18. — Cualquier persona mayor de edad y hábil para presentarse en juicio, y cualquiera sociedad caritativa o institución de beneficencia, ya sea nacional o de extranjeros residentes, puede presentarse ante cualquier juez o tribunal de primera instancia en la capital y territorios nacionales, pidiendo se ordene la libertad de toda mujer o mujeres de cualquier nacionalidad, que viviesen explotando la prostitución en beneficio de un empresario, y de quienes se supiese que han sido traídas al país o contratadas con engaño o ignorancia de los derechos de libertad civil inherentes a toda persona que habite el territorio de la república, o que son maltratadas por sus empresarios o guardianes de uno y otro sexo, o retenidas por la fuerza o contra su voluntad.

Art. 19. — Los jueces, en juicio sumario durante el cual podrán acudir al dictamen de facultativo y de peritos en idiomas extranjeros, dictarán orden de allanamiento y libertad que será cumplida por intermedio de la policía de todas las mujeres que se hallasen en el caso del párrafo anterior, sin que deban reconocer derecho a cobrar daños y perjuicios, ni género y forma alguna de indemnización a los empresarios, guardianes u otra persona cualquiera, sin que esto signifique eximir a estas personas de las penas en que, de acuerdo con las ordenanzas municipales o policiales, hubiesen incurrido.

Art. 20. — Es obligatorio para las personas, sociedades o institutos demandantes, el buscar inmediata colocación en trabajos o asilos adecuados, a las mujeres libertadas, quienes deberán ser informadas de los derechos civiles más esenciales, y de las condiciones en que pueden ganar una subsistencia honesta.

Título III

DEL CONTRATO DEL TRABAJO

§ I

NATURALEZA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Art. 21. — El contrato del trabajo, es el concluido entre patrones o empresarios de la industria y sus obreros, y se regirá por las disposiciones de este título, las cuales se considerarán ampliaciones del VI, libro II, sec. III del Código Civil sobre la “locación de servicios”; y éstos serán aplicados subsidiariamente en los casos dudosos, por obscuridad o silencio de la presente ley.

Art. 22. — Los servicios deberán ser prestados por el obrero en persona, si no se hubiese convenido lo contrario, o si la circunstancia no exigiese la substitución. Se considerarán siempre a título oneroso, y la remuneración o salario será debida, aun a falta de estipulación expresa, cuando por las razones que motivaron el contrato la clase de los servicios o los usos industriales, ellos no han debido suponerse gratuitos. Si estas mismas circunstancias o el convenio no hicieran suponer el pago anticipado o periódico, la remuneración no será debida sino después de prestados los servicios.

Art. 23. — Si el acreedor de servicios se constituye en mora de aceptarlos, el deudor podrá exigir el salario convenido, por el tiempo durante el cual no los hubiere prestado por aquella causa, sin que deba hacerlo posteriormente.

El deudor de servicios no perderá su derecho al salario si se hallase imposibilitado durante un tiempo relativamente corto, sin culpa suya, por causa de fuerza mayor, enfermedad, servicio militar u otra análoga. Cesará la obligación del acreedor, de abonar el salario, cuando se tratase de una empresa o trabajo temporal; y éste cesará durante el tiempo en que el deudor se hallaba ausente por justa causa.

Art. 24. — Siempre que los usos de la industria y las convenciones no dispusiesen lo contrario, las dos primeras semanas de servicio serán consideradas como de prueba, en el sentido de que, durante su transcurso o a su expiración, cada una de las partes puede rescindir el contrato, previo un aviso de tres días por lo menos.

Art. 25. — Cuando la interrupción del trabajo del obrero es causada por una enfermedad que pasa de los límites de duración prudencial, previstos en el artículo 23, cesará la obligación del acreedor de abonar el salario por la parte del tiempo que aquella dure, a juicio prudencial del juez o tribunal competente, y cuando se hubiese asegurado al obrero para caso de enfermedad, ya sea por el patrón o por un establecimiento oficial.

Art. 26. — Todo acreedor de servicios deberá disponer y reparar los locales, instrumentos y útiles que deba suministrar para la ejecución de aquéllos, y ordenar las prestaciones que deban hacerse de los mismos, bajo su dirección o sus órdenes, de tal manera que el obligado se vea libre de todo peligro de su vida o su salud, en cuanto lo permita la naturaleza del servicio o trabajo. Si éste debe prestarse en casa del empresario o patrón, éste debe adoptar en lo referente a locales, habitaciones, alimento, horas de trabajo y descanso, las medidas necesarias para atender, demás, la moralidad y religión del deudor. En caso de que el acreedor no cumpliese estas obligaciones, en cuanto a la vida y a la salud de los deudores, se aplicará por analogía lo dispuesto en el Código Civil, sobre la responsabilidad por actos ilícitos.

Art. 27. — El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, o constar de formularios usuales en la industria o puestos en uso por la autoridad; puede ser concluido personal y directamente por los interesados o por intermediarios autorizados por la ley, y en la forma que ella determine; ninguna convención o cláusula de convención puede impedir que un obrero acepte o busque trabajo libremente cuando ha satisfecho los deberes que le imponía su contrato; y salvo perjuicios previstos y calificados por la ley o por el contrato, o prohibiciones del estatuto del gremio, asociación, unión o sindicato a que el obrero pertenezca, puede cambiar de patrón o de establecimiento, según su voluntad.

Art. 28. — Es inherente a todo contrato de servicios, la obligación, de los patrones de procurar el mayor bienestar posible a los obreros y el desarrollo de su cultura moral, y éstos deberán a los patrones la mayor fidelidad mientras permanezcan a su servicio.

§ II

DEL SALARIO Y SU PAGO

Art. 29. — En todo establecimiento industrial, manufacturero a fabril de la república, donde se contrate a salario fijo o a destajo, obreros de cualquiera de las clases enumeradas en esta ley, y que deban trabajar juntos en número de diez por lo menos, se fijará en lugar público, o se publicará por carteles o periódicos las tarifas de los salarios que se pague, las cuales deberán ser con anterioridad puestas en conocimiento del inspector especial que corresponda, el que hará constar esta circunstancia bajo su firma y sello.

Se observará este mismo requisito con todas las modificaciones que se introduzca en la tarifa, ya por resolución del patrón o de la empresa, ya por acuerdos entre las partes, ya por resoluciones judiciales o arbitrales.

Cuando el número de obreros fuese menor de diez, se entregará a cada uno de ellos un ejemplar de la tarifa correspondiente, en el cual deberá especificarse el salario y Tas condiciones y particularidades del trabajo que el obrero debe ejecutar.

En ningún caso las especificaciones relativas a la tasa del salario o al trabajo, podrá expresarse por medio de signos.

Art. 30. — En los trabajos rurales de instalación fija, en los obrajes, ingenios, minas y otras industrias análogas, se colocará las tarifas en lugar visible de la administración, o casa del director, gerente, patrón o encargado del gobierno de la explotación; y cuando no supiesen leer los obreros, se les leerá en alta voz y se les explicará los términos y detalles relativos al trabajo encomendado.

Art. 31. — Siempre que en acuerdos entre patrones y obreros, o por consejos de conciliación o cortes de arbitraje, se tratase de determinar un mínimo o término medio, o tipo genérico de salario, se tendrá en cuenta las siguientes bases:

l^9 Recurso necesario a la subsistencia honesta del obrero y la de su familia hasta un límite prudencial;

2^9 Valor del trabajo prestado por un obrero de fuerzas y aptitudes ordinarias, salvo cuando se trate de aptitudes técnicas especiales y el contrato se funde en esa especialidad;

3’ Las costumbres locales, y los precios de las viviendas y de las materias de primera necesidad en la región o ciudad donde funcione la industria;

4^9 Las condiciones en que el obrero ha sido admitido en el establecimiento, y todas las prestaciones en su favor fijadas en el contrato;

5^9 La naturaleza del trabajo.

En los contratos del Estado o sus dependencias, la administración respectiva fijará siempre y hará público un tipo mínimo de salario, de acuerdo con las presentes bases.

Art. 32. — Teniendo en cuenta la nacionalidad y lengua de los obreros empleados en toda fábrica, usina, taller o establecimiento industrial en general, que tengan reunidos más de diez, los documentos que deban ser conocidos por éstos se redactarán en idioma nacional y además en los idiomas europeos que mejor ellos entiendan, si no fuese posible en el originario de cada nacionalidad representada.

Art. 33. — En todo contrato celebrado con obreros, los salarios de jornales de éstos serán pagados en tabla y mano propia, al contado, en moneda de curso legal en la república y en la misma fábrica, taller o establecimiento, y por lo menos cada dos semanas vencidas. En caso de ausencia del obrero, el día del pago, será pagado en la misma forma su encargado, y a petición suya. Si por acuerdo, reglamento o costumbre, se debiese pagar los salarios en otros períodos de tiempo, en ningún caso podrá dejarse de pagarlos por lo menos una vez por mes. La parte del salario llevada a cuenta nueva el día de pago, no excederá al importe del salario correspondiente a la última semana devengada o cobrada. En el trabajo a destajo, siempre que se estableciese, se fijará de común acuerdo entre los interesados las condiciones del pago hasta la conclusión de la obra.

Art. 34. — En la ejecución del contrato del trabajo, y salvo los casos que se especifica más adelante, está prohibido a los patrones y será nulo todo lo hecho en contrario: obligue a habitar mediante retribución, propiedades del patrono; o que deba proveerse en casa o de persona en cuyo negocio el patrón fuese interesado, y despedir al obrero por estas causas;

3’ Reclamar intereses, descuentos u otros gravámenes impuestos a los obreros, por razón de anticipos hechos sobre sus salarios devengados o por devengar en sus establecimientos, talleres o explotaciones donde el pago se hiciere con intervalos exagerados; o imponer multas con retención del salario o ceder bajo cualquier título, el importe de los salarios debidos, ni retenerlos por ninguna causa ni pretexto.

4Q Todo convenio o arreglo o resolución en cuya virtud un patrón o empresa, compañía o corporación, pretenda emitir billetes, vales, bonos u otros papeles análogos, o cualquier forma de moneda metálica, que produzcan el resultado de aplazar el pago de los salarios o la retención indebida de su importe, y en caso que tales billetes, vales, bonos, papeles o metales fuesen emitidos, serán nulos y de ningún valor, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

Esta prohibición no comprende el pago en cheques, letras o billetes al portador y a la vista sobre algún banco o caja de descuentos; pero si el cheque, billete o letra no fuesen pagados, tendrá el obrero derecho a reclamar del patrón, además del pago en dinero, el de daños y perjuicios que hubiese sufrido por la falta de pago.

Art. 35. — En los trabajos de minas, donde no hubiese establecidas casas de comercio o ventas de provisiones de primera necesidad, y en las explotaciones en que se emplee indios, se podrá establecer el aprovisionamiento por las empresas o patrones, bajo las siguientes condiciones:

1* Los precios de los artículos suministrados serán los del comercio en la región donde el trabajo se ejecute;

2* No se entregará al obrero mercaderías por mayor valor que el correspondiente al salario de las dos últimas semanas, debiendo entregarse el resto en dinero efectivo;

3* La autoridad local, él o los representantes de los obreros y el directorio social a que éstos pertenecieren, y el Defensor de indios, en su caso, darán su consentimiento a la lista de precios que será fijada en el mismo lugar y comunicada a ellos en la misma forma que la tarifa de salarios;

4* Las liquidaciones se harán en la misma fecha y en el mismo acto en que se abone el salario; y en caso de reclamación por abusos o faltas contra estas disposiciones, ellas serán entabladas ante la autoridad judicial más próxima, la que resolverá dentro del tercer día.

Art. 36. — No será permitido a ninguna persona o empresa de cualquier naturaleza en la república, cuando se trate de apreciar, medir, regular, justipreciar o comprobar el trabajo de los obreros, ya en peso, longitud, superficie, capacidad o solidez, el empleo de otras unidades que las del sistema métrico decimal establecido en la ley de 13 de julio de 1877 que se declara de aplicación especial al trabajo de los obreros y a todos los instrumentos o aparatos que se emplee con aquellos propósitos; y los inspectores del trabajo, como los demás encargados de vigilar la corrección y exactitud de las pesas y medidas en la república, harán extensiva su inspección a las que se empleen con el fin de fijar el trabajo del obrero, y obligarán el empleo de las prescriptas por las leyes de la Nación.

Art. 37. — Serán penados con una multa de cien pesos nacionales de curso legal los patrones, industriales, propietarios, directores o gerentes que contraviniesen a la disposición del artículo anterior; y éstos mismos y los obreros que alterasen fraudulentamente los contadores automáticos u otros instrumentos reguladores del trabajo manual o en máquinas, abonarán una multa de cincuenta pesos.

Art. 38. — Toda persona o empresa que exporte al extranjero ganados en pie de cualquiera clase, y emplee para su cuidado o manutención durante el viaje, peones argentinos, deberá asegurar a su costa el regreso al país de los mismos, ya sea en el viaje de retorno del mismo buque que los conduzca, ya en los dos subsiguientes viajes de otros buques.

Los cónsules y agentes consulares de la república en el extranjero, cuidarán de que esas personas sean embarcadas para su vuelta al país; y en caso de abandono de las mismas, darán cuenta inmediata a la autoridad marítima nacional, para que ordene a la empresa infractora su reembarco y reimpatriación. Cualquier pariente de los interesados o los representantes del ministerio público federal, podrá demandar a las empresas o personas infractoras, además del cumplimiento de este artículo, los daños y perjuicios que se hubiese ocasionado.

Art. 39. — El patrón de tropas de muías, burros, llamas u otros ganados con carga o sueltos, siempre que aquél no sea al mismo tiempo el capataz conductor del arria que trabaje por su cuenta y teniendo a su servicio miembros de su familia, y cuando el viaje deba durar más de tres días de ida y vuelta, está obligado a proveer a sus peones o arrieros, del dinero necesario para una alimentación suficiente y usual en el camino hasta su regreso, y a tomar todas las precauciones necesarias para que los arrieros no padezcan privaciones, hambre o miseria durante la expedición; debiendo contarse lo que por tal concepto les entregasen, como parte de los gastos inherentes a la empresa o negocio de que se trate, y en ningún caso ser descontado de los salarios de los arrieros. En caso de abandono del personal en lugar distante del de salida o de falta de aprovisionamiento en los días y lugares prometidos, serán de cuenta del patrón los gastos de reconducción del personal y sus enseres y pagará además los daños y perjuicios.

Art. 40. — No serán aplicables las disposiciones de los artículos 33, 34 y 35 de este parágrafo, en los siguientes casos:

l^9 Cuando se trate de suministros al obrero, de asistencia médica, medicinas, combustible, materias primas, útiles, objetos o instrumentos de ‘ trabajo que haya de emplear en su industria u ocupación, o de las cuotas de suscripción o donativos que los obreros hubiesen hecho para hospitales, asilos u otros fondos de auxilio, o socorro mutuo;

2^9 Cuando el patrón o su representante autorizasen al obrero a hacer uso de un terreno o porción de terreno, en reemplazo o substitución de una parte de su salario en efectivo y a título de remuneración por sus servicios;

3’ Cuando el patrón o su apoderado hicieran un anticipo en dinero para socorrer al obrero o a un individuo de su familia, y estuviesen autorizados por el contrato a hacer descuento de la suma respectiva de la del salario.

§ III

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES Y OBREROS

Art. 41. — En todo establecimiento industrial de cualquier clase, que emplee más de diez operarios, ya sea de empresas particulares, ya del Estado, o las municipalidades y las dependencias de uno y otras, y hecha excepción de las empresas agrícolas, industriales o comerciales en que el jefe de la misma sólo trabaje con su familia o personas que hacen parte de ella y viven con él, o cuyos operarios deban considerarse como criados o gente de la casa, deberá redactarse un reglamento interno en idioma nacional, que podrá tradu cirse a otros idiomas modernos europeos, el que contendrá las prescripciones siguientes:

1* Una especificación clara y precisa de las horas de principio y fin de la jornada de trabajo normal, los días y horas normales de descanso, recreo y alimentación, ausencias del trabajo para los obreros que vivan en el establecimiento y fuera de él; indicaciones sobre tiempo, modo y precauciones para proceder a la limpieza de máquinas, aparatos, talleres y locales, si los obliga el contrato;

2* La manera de fijar el monto del salario, y si es por hora, por día, por piezas o a destajo el modo de medir o comprobar el trabajo en uno y otro caso; los días de pago, los días en que los obreros deben concurrir a los locales de las empresas a tomar las materias primas o entregar las obras o partes de obras cuando aquéllos trabajen a domicilio o en locales distintos de los de las empresas;

3 9 Todo lo relativo a las demás condiciones del contrato, y en particular las relativas a la rescisión sin previo aviso por parte de la empresa o patrón, o _ de los obreros: a la imposición de multas, a la forma de su percepción y destino de las mismas. Ninguna multa será mayor que la sexta parte del salario, avaluado al día, ni podrá destinarse a otro objeto que al fondo de auxilio de los obreros enfermos o inutilizados, de acuerdo con esta ley;

4* Las prescripciones sobre seguridad, higiene, moralidad y orden en los locales de trabajo, y una instrucción breve y práctica sobre los primeros auxilios que debe prestarse a los obreros en caso de accidentes, así como las precauciones más elementales para evitarlos, pudiendo a estos dos últimos propósitos, solicitarlos de la junta nacional del trabajo, por intermedio del inspector respectivo.

Art. 42. — Antes de entrar en vigencia un nuevo reglamento o las modificaciones introducidas en otro anterior, debe ponerse en conocimiento de los obreros, por anuncio fijado en el mismo local destinado a la tarifa de los salarios.

Durante ocho días desde este anuncio, el jefe de la empresa tendrá abierto un registro o cuaderno en el cual los obreros puedan, por sí o por representantes de su gremio, asociación u otra representación análoga, asesoramiento o consejo, consignar las observaciones que tuvieran que hacer sobre el proyecto de reglamento.

En el mismo plazo los obreros pueden dirigirse al inspector seccional que corresponda, haciéndole presente sus observaciones para que aquél las trasmita dentro de tres días al empresario o jefes de la industria.

Dichas comunicaciones serán firmadas, pero en caso de que los obreros lo pidiesen, el inspector deberá reservar los nombres de los que las suscribieren.

Si durante un mes desde la apertura del registro de observaciones no se hubiera presentado ninguna, el reglamento entrará en vigencia, y copias de él se enviará a la Junta Nacional del Trabajo, a la Corte Central de Arbitraje y al inspector de la sección, y se dará a todo obrero que la solicite. Mientras un nuevo reglamento no entre a ser obligatorio, regirán los usos o reglamentos antiguos; no obstante, las disposiciones relativas a la moralidad, salubridad, seguridad y buenas costumbres, empezarán a aplicarse provisionalmente desde el día de su publicación.

Art. 43. — En todo establecimiento industrial de los clasificados en este capítulo, se llevará un registro general de obreros, que contendrá, con el mayor detalle posible, indicaciones sobre la edad, sexo, estado, nacionalidad, oficio o género de trabajo que ejecutan, salarios y formas de pago de éstos; si trabajan a domicilio y la obra o parte de la obra que ejecutan y modo de pago del trabajo; accidentes ocurridos y sus causas, auxilios prestados y otros que la autoridad creyese necesario expresar. Cada año los jefes de establecimientos industriales remitirán, y los inspectores recabarán en caso de demora, a la Junta Nacional del Trabajo, un resumen de la estadística de los obreros que le correspondan.

Art. 44. — Ningún jefe de industria, establecimiento, fábrica, usina, taller o local de trabajo, podrá impedir la entrada en él, con el propósito de vigilar el cumplimiento de la ley, de los inspectores debidamente acreditados por sus nombramientos. En cada local habrá una nómina de las autoridades que corresponda a la sección en que se halla situado. Los inspectores tendrán derecho a revisar el registro y demás documentos relacionados con los obreros, y a hacer al empresario o patrono las indicaciones más pertinentes para la mejor ejecución de la ley en esta parte; y éste no podrá negar al inspector la entrada ni los extractos o datos parciales del registro que le pidiere para los fines de su cargo, bajo la pena de multa de cincuenta a cien pesos por cada infracción, y clausura del establecimiento a la tercera negativa.

Art. 45. — Es obligación de los obreros sujetarse a las prescripciones del reglamento interno; ejecutar su trabajo durante las horas laborables, con diligencia y actividad; cuidar de las herramientas, útiles, enseres, máquinas o piezas o elementos de éstas, y de todo objeto o instrumento que pertenezca al jefe o empresario y que le entregue para su labor; guardar orden, moralidad y compostura durante las horas del trabajo, y no proferir palabras ofensivas o tumultuosas dentro del establecimiento, o mientras trabaje con sus compañeros.

Art. 46. — La empresa podrá imponer multas a los obreros, por las siguientes causas:

1* Por trabajo defectuoso, entendiéndose por tal, el es-tropeamiento de los materiales, instrumentos y máquinas ;

2* Retardo en acudir al trabajo, o abandonarlo fuera de horario;

3* Hacer caso omiso a. sabiendas de las prescripciones de seguridad, higiene, limpieza y demás medidas de orden;

4* Alterar la tranquilidad de los talleres durante el trabajo con gritos, ruidos o insultos a los patrones o a los demás obreros;

5* Desobediencia a una orden justa, embriaguez y juegos prohibidos.

Art. 47. —- Todo obrero de fábrica está obligado a guardar el secreto industrial relativo a las particularidades o procedimientos de fabricación, que le hubiesen sido revelados a él directamente o a un compañero suyo; y de la divulgación directa, o por intermedio de instigador o cómplice mediante remuneración o participación, serán culpables el obrero y el instigador, y pagarán ambos una multa de cincuenta pesos por cada infracción, sin excluir las demás responsabilidades penales que el delito trae consigo.

§ IV

DURACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Art. 48. — Además de las disposiciones del título VI, lib. II, sec. III del Código Civil, en cuanto ellas puedan ser aplicadas a la duración y extinción de los contratos de trabajo entre patrones y obreros, en el sentido de la presente ley, regirán a su respecto las reglas de este parágrafo, debiendo los primeros considerarse como subsidiarios o generales.

Art. 49. — En general, el contrato de trabajo durará el tiempo que en él se determine, el que marque la terminación de la obra o parte de ella encomendada al obrero, o el que indique la naturaleza y objeto de los servicios; y cuando ninguna de estas condiciones fuere aplicable, cualquiera de las partes podrá terminarlo por denuncia, de acuerdo con las siguientes bases:

P Si el salario fue fijado por días, la denuncia se hará el día anterior para el siguiente;

2* Si el salario se hubiere fijado por semanas, la denuncia se hará al fin de cada semana de calendario o cuando más al ingresar al trabajo el primer día laborable de la semana siguiente;

3* Si el salario se hubiese fijado por mensualidades se permitirá la denuncia para el fin del mes de calendario, y deberá presentarse antes del 15 del mismo.

Art. 50. — Cualquiera de las partes podrá denunciar el contrato de trabajo, por causas graves, o por motivos justos, antes del plazo convenido o establecido; y corresponderá al juez o tribunal que entendiese en cada caso, apreciar en ley o equidad, según corresponda, dichas causas y motivos, así como las consecuencias pecuniarias de la rescisión anticipada. La suspensión del contrato por hechos colectivos de los obreros o patrones, que afecten colectivamente a unos y otros, como en caso de huelgas, lockouts u otros motivos de paro general o cierre de los establecimientos, será juzgada por los tribunales respectivos de conciliación o arbitraje, al avocarse el conocimiento de los conflictos que con tal motivo se produjesen, salvo el caso de delitos previstos y penados, y que deban ser juzgados por las leyes comunes.

Art. 51. — Se considerará rescindido de hecho el contrato de trabajo, por causas superiores a la voluntad de los contratantes, y en particular:

l^9 Por interrupción del trabajo debido a incendio, inundación, u otro hecho semejante;

2’ Por condena del obrero en causa criminal;

3^9 Por falencia de la empresa contratante.

Art. 52. — No podrá el patrono, antes del término legal del contrato, rescindirlo unilateralmente, salvo los casos siguientes :

l^9 Incapacidad o ineptitud manifiesta del obrero para el trabajo encomendado;

2^9 Daño o desperfecto, vicio o falla intencional hechos por el obrero en el producto de su trabajo o parte de trabajo que se le ha encomendado;

3^9 Ausencia del trabajo sin causa justificada, de acuerdo con el reglamento del establecimiento, por más de tres días consecutivos, o durante ocho días distintos en el mes;

4^9 Por mala o desordenada conducta del obrero ya sea amenazando la seguridad de la casa de trabajo, o la personal de uno o varios de los que a ella concurren;

5^9 Por enfermedad repugnante o contagiosa del obrero, debiendo en este caso ajustarse, además, a los reglamentos sanitarios locales.

Art. 53. — El obrero, por su parte, podrá rescindir unilateralmente el contrato, por falta de cumplimiento del patrono a las obligaciones hacia él contraídas, por malos tratamientos de parte de aquél, o de su familia o dependientes, o por efectos perniciosos del trabajo en su salud, previo consejo médico.

§ V

BENEFICIOS Y PRIVILEGIOS ESPECIALES DE LOS OBREROS

Art. 54. — Además de los beneficios, concesiones y privilegios que acuerda a los obreros el Código Civil en sus artículos 3914, inciso 3^9, 3925, 3950, 3951, 4069, 4070 y 4071, y el de los artículos 833 y 834, que se declara extensivo a ellos, sus salarios estarán exentos de embargo hasta tres cuartas partes, y no serán cedidos por más de dos quintas artes, con excepción de lo que se deba en virtud de las obligaciones contenidas en los artículos 208, 300 a 303 y 365 de aquel mismo código. Serán exentos de embargo y cesión en su totalidad las cantidades que el obrero hubiese devengado de las cajas de socorros, auxilios o seguros por accidentes, invalidez o enfermedades ocasionadas por el trabajo en conformidad con esta ley.

Art. 55. — Ninguna autoridad judicial podrá decretar un nuevo embargo sobre la cuarta parte ya embargada de sueldos, salarios y pensiones, y será nulo y de ningún valor todo mandamiento que se dictare en contíario. Es deber de todas las reparticiones de la administración nacional y de las municipalidades de la capital y territorios federales, desechar de plano toda demanda en el sentido del párrafo anterior.

Art. 56. — Quedará subsistente el contrato de trabajo entre patrones y obreros, cuando uno de ellos sea llamado al servicio militar como reservista o guardia territorial por un período obligatorio. Aunque el contrato hubiera sido denunciado legítimamente por una de las partes, el período del servicio militar se excluirá del plazo que para la denuncia se haya convenido o fuese usual, salvo cuando el contrato tuviera por objeto un trabajo temporal que concluyese dentro de ese plazo.

Art. 57. — En todas las actuaciones en que el obrero deba intervenir ante las autoridades, en petición, demanda o defensa de derechos reconocidos por esta ley, no se le exi- . girá sello, ni comisión, ni remuneración, ni forma alguna de compensación por servicios que directa o indirectamente deban prestar los funcionarios respectivos y cualquiera de ellos que contraviniese estas disposiciones, será condenado a pagar una multa del quíntuplo del valor de lo que hubiese cobrado.

Título IV

DE LOS INTERMEDIARIOS EN EL CONTRATO DEL TRABAJO

§ I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 58. — Se considera intermediarios en el contrato de trabajo, las personas que se ocupan en la contratación por cuenta ajena, o de procurar colocación en las industrias del país, a los obreros o jornaleros de toda clase. Esta colocación puede hacerse, ya procurando la mano de obra demandada por empresarios o patrones, ya ofreciendo los servicios de los obreros y a pedido de los mismos. No se comprende en esta ley las colocaciones en el servicio doméstico, ni el ingreso en establecimientos de caridad o beneficencia pública.

Art. 59. — Las relaciones entre los intermediarios con los obreros y los empresarios, en cuanto a la oferta o deman* da de trabajo, se regirán en toda la república por las disposiciones de los artículos 1195, 1196 y 1197 del Código Civil y demás correlativos, en cuanto no se hallasen expresamente modificados por esta ley, o en cuanto no estatuyesen dentro de sus atribuciones reglamentarias las autoridades locales.

Art. 60. — Sin perjuicio del derecho que toda persona tiene para ejercer toda industria o profesión lícita, las disposiciones de este parágrafo se refieren en particular:

l^9 A los dueños de agencias de colocaciones en general, salvo lo dispuesto en el último inciso del artículo.

2^9 A los agentes internacionales de contratación de obreros, o inmigrantes obreros, sea cual fuere su denominación;

3^9 A los agentes interprovinciales o interterritoriales de contratación de peones o jornaleros, de cualquiera aplicación;

4^9 A las agencias que establezcan los gremios o asociaciones de obreros o patrones para la oferta o demanda de trabajo;

5’ Las agencias oficiales de colocaciones.

Art. 61. — Se prohíbe a toda persona, sociedad, corporación, empresa o autoridad en la república, ya directamente, ya por medio de agentes, o representantes, inducir u obligar a los operarios o jornaleros de cualquier país extranjero a trasladarse a la república, o de una provincia a otra, o de un territorio a otro, o a una provincia, por medio de promesas, informaciones o datos falsos o anuncios engañosos respecto a las condiciones del trabajo, a las ventajas y seguridades de ocupación, a los salarios y demás concesiones remunerativas, así como a otras compensaciones, beneficios o recompensas. Los infractores de esta disposición pagarán, además de la indemnización de daños y perjuicios consiguientes, -una multa de cien a quinientos pesos, según la importancia de la empresa y la gravedad de la falta.

Art. 62. — Es obligación de toda persona o empresa que se ocupe de la colocación de obreros, suministrar a la Junta Nacional del Trabajo en la capital y territorios, o a la autoridad respectiva en las provincias, todo dato o información de interés público que le fuere pedido, especial o periódicamente, con fines estadísticos y de inspección, y la exhibición de los registros a los inspectores en caso que lo exigieren, bajo pena de multa de cien pesos por cada infracción, y de cierre de la casa, oficina o agencia, y prohibición del oficio a la segunda reincidencia.

Art. 63. — Toda publicación o anuncio que tenga por objeto la contratación de obreros en país extranjero para prestar sus servicios en el territorio de la Nación, y que ofrezca salarios, facilidades, premios y otras compensaciones que deban ser satisfechas por alguna autoridad nacional, provincial o municipal de la república, deberá ser previamente autorizada y revisada por ellas y autenticada en la forma requerida para todo documento destinado a surtir sus efectos en país extranjero; y toda oferta o aviso que se publique en una provincia o territorio, con el fin de conseguir jornaleros u obreros para ser trasladados a otra u otro, deberá llevar la firma y sello del funcionario o empleado u oficial público a cuyo cargo se hallare el servicio. Si se hiciesen tales publicaciones sin dichos requisitos, carecerán los contratos que se firmen de toda validez en la república, provincia o municipio, según los casos, y además los damnificados tendrán acción para demandar los daños y perjuicios que hubiesen sufrido.

Art. 64. — Sin perjuicio de las penas establecidas en los dos artículos anteriores, los intermediarios o agentes que hubiesen hecho venir al país, o pasar de una provincia a otra, o de un territorio a otro, o a una provincia, obreros o jornaleros, con engaño, falsas promesas o informaciones inexactas, están obligados a reconducirlos a su costa hasta el puerto de embarque o punto de procedencia. A este efecto, los damnificados por sí, o cualquiera persona hábil para presentarse en juicio, o los fiscales del Estado, previa denuncia de los interesados o de los inspectores del trabajo, podrán demandar del juez competente el cumplimiento de la anterior disposición.

Art. 65. — Ninguna persona, corporación, empresa u oficina, particulares o públicas, que se ocupen en la república de la colocación de obreros, están obligadas a suministrarlos a ninguna empresa, ni fábrica, ni establecimiento de cualquier clase en los cuales se hubiese producido una huelga o cierre (lockout) u otro conflicto colectivo, mientras éste no hubiese sido zanjado por arreglo entre las partes, o resolución arbitral, o sentencia de tribunal competente.

Art. 66. — Ni los agentes privados ni los gremiales, ni los del Estado en la contratación de obreros, están obligados a

Joaquín V. González responsabilizarse por la conducta, ni por las faltas ulteriores o daños que pudieran cometer los obreros cuyos servicios hubiesen procurado a pedido de estos o de los empresarios, salvo los casos de notoriedad sobre la mala conducta del o de los obreros, la existencia de una condena anterior por delitos contra las buenas costumbres, la propiedad o la vida, en las cuales el agente intermediario podrá ser juzgado con arreglo a los principios de la segunda sección del libro segundo del Código civil.

Art. 67. — En todo contrato que deba tener por efecto la traslación temporal de obreros o jornaleros de una provincia a otra, de un territorio nacional a otro o a una provincia o al extranjero, deberá bajo pena de nulidad, y pago de daños y perjuicios, hacerse constar a quien corresponden los gastos de reconducción de aquéllos una vez terminado el servicio o trabajo para el cual hubiesen sido contratados.

§ II

DE LOS AGENTES INTERMEDIARIOS EN PARTICULAR

N^9 1

De las agencias privadas

Art. 68. — Sin perjuicio de lo que dispongan o pudieran disponer en adelante las leyes u ordenanzas locales sobre agencias de colocaciones o conchavos, en cuanto es usual o relativo al servicio doméstico, sus relaciones de derecho, en lo referente a la contratación de operarios para la industria, se regirán principalmente por este título.

Art. 69. — No se podrá establecer en la capital de la república, ni los territorios nacionales, una agencia de colocaciones, conchavo, o contratación de obreros, peones, o jornaleros para cualquiera empresa, sin previa licencia otorgada por la autoridad ejecutiva municipal en la capital y por la gobernación en los territorios, quienes exigirán de los solicitantes una garantía personal suscrita por dos vecinos de respetabilidad, o de dos comerciantes abonados de la localidad donde el agente deba realizar sus operaciones. Los actuales dueños de agencias de colocaciones se proveerán de la licencia y darán la garantía, dentro de los sesenta días de la sanción de esta ley.

Art. 70. — Además de las contribuciones que las leyes u ordenanzas locales de carácter fiscal impusieren sobre las agencias privadas de colocaciones, sus dueños, directores o gerentes abonarán un derecho adicional de 5 % sobre la patente profesional que hubiesen pagado, destinado a constituir en la respectiva receptoría un fondo de responsabilidad, para los casos en que el cliente hubiese sido inducido en error o perjuicio por informes falsos, manejos fraudulentos u otro procedimiento doloso en el contrato de su colocación. El derecho del cliente para pedir esta indemnización se prescribirá a los noventa días de ajustado el contrato, en cuyo caso se devolverá al agente la suma que hubiese depositado en cumplimiento del inciso anterior.

Art. 71. — Ningún agente de colocaciones podrá exigir al cliente el pago del servicio convenido, mientras aquél no sea admitido en el trabajo por la empresa o patrón por quienes fuera pedido, o a los cuales les fuera ofrecido.

Art. 72. — La Junta Nacional del Trabajo, oído el dictamen de la inspección, formulará los reglamentos a que deban sujetarse las agencias y fijará las tarifas que deban cobrar, las cuales no serán aumentadas ni disminuidas sino con intervalos de un año.

Art. 73. — En ausencia de convención en contrario, la compensación del agente podrá ser pagada por el patrón o empresario e imputada al salario de los obreros contratados, sólo con el consentimiento de estos manifestado en el acto del compromiso.

Art. 74. — Ningún agente de colocaciones podrá publicar en el interior o exterior de sus locales, ni en forma alguna, avisos sobre demandas u ofertas de colocaciones que no se le hubiesen pedido o encargado, ni realizar ninguna gestión con ese objeto sin mandato o autorización especial de los interesados, obreros o patrones.

Art. 75. — Todo dueño, gerente o director de una agencia privada de colocaciones, convicto de haber abusado de su cliente por medio de informes falsos, promesas fraudulentas, u otros procedimientos dolosos, será juzgado de acuerdo con los principios de la sección II, lib. II del Código Civil sin perjuicio de la indemnización a que se refiere el artículo 70.

N’ 2

De los centros gremiales de colocaciones

Art. 76. — Las asociaciones de obreros o de patrones constituidas con arreglo a las leyes de la república, podrán establecer a sus solas expensas, locales, centros u oficinas donde se procure la colocación de los obreros y se informe sobre las relaciones existentes entre las ofertas y demandas y demás condiciones del trabajo. Queda prohibido en estos locales, centros u oficinas, bajo pena de clausura por la autoridad policial, previo informe verbal o escrito de la inspección del trabajo, la propaganda de principios contrarios al orden público, a la libertad de industria, comercio y profesiones; de huelgas, boycotts u otro movimiento contra determinadas empresas, fábricas, talleres, asociaciones, o establecimientos del Estado.

Art. 77. — Las gerencias o direcciones de los centros gremiales de colocaciones podrán:

l^9 Informar a sus asociados y a los obreros en general por medio de publicaciones periódicas, o de carteles fijados en sus locales, sobre las condiciones del trabajo en las diversas ciudades o regiones de la república, desde el solo punto de vista de la insuficiencia del número de operarios o trabajadores necesarios para satisfacer las demandas;

2^9 Dirigirse periódicamente con tal objeto a todas las oficinas públicas, asociaciones profesionales o industriales reconocidas, cámaras de comercio, municipalidades y otras corporaciones públicas, para pedirles datos sobre salarios o establecimientos y localidades donde se demande trabajo.

Art. 78. — Al mismo tiempo que sus reglamentos, los centros gremiales que se ocupen de la colocación de obreros, deberán remitir a la Junta Nacional del Trabajo en la capital y a las gobernaciones en los territorios, y fijarlos, además, en lugar accesible a la vista del público, las tarifas y demás condiciones que exijan por sus servicios, y los nombres de los gerentes o directores responsables. Llevarán también un registro estadístico de las profesiones, oficios o trabajos ofrecidos y pedidos, nombres y residencia de obreros y patrones, lugares, establecimientos y género de industria, arte o empresa contratante.

N^9 3

Agencias gratuitas del Estado

Art. 79. — Se establecerá en la capital de la república, distribuidas por la Junta Nacional del Trabajo de acuerdo con las necesidades, cinco agencias gratuitas de colocación de obreros, a cargo de un director y un auxiliar, pagados por el tesoro de la Nación y nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Junta Nacional del Trabajo, bajo cuya dependencia inmediata funcionarán. Los cargos de auxiliares de estas agencias podrán ser confiados a mujeres. En cada capital de territorio u otros pueblos de los mismos, donde fuese más conveniente, podrán instalarse dichas agencias del Estado, siempre que la necesidad las exigiera y en la misma forma de las de la capital.

Art. 80. — Se elegirá para la instalación de las agencias del Estado, casas de suficiente amplitud para poder destinar sitios especiales a los obreros que acudan a ofrecer su trabajo» En la parte exterior del local se inscribirá el rótulo de Agencia de Colocaciones del Estado, en idioma castellano y en dos o más idiomas extranjeros, según la conveniencia de las localidades.

Art. 81. — En todas las agencias del Estado se llevará un registro estadístico de la mano de obra ofrecida o pedida; del nombre de las personas que acuden a ellas en busca de trabajo o a utilizar los buenos oficios de aquéllas; edad, sexo, lugar de nacimiento, trabajo, profesión u oficio a que se dedican, número de hijos que se hallen a su cargo, y demás especificaciones de orden estadístico para satisfacer las necesidades de la Estadística General del Trabajo que llevará la Junta Nacional.

Estos registros no serán comunicados al público sino en los informes que cada agencia deberá elevar periódicamente a la Junta Nacional; pero en ningún caso su publicación se hará de manera que designe nombres propios.

La negativa de los obreros a suministrar a la agencia los detalles personales, no hace perder su derecho a ser atendidos y a obtener la colocación o trabajo que pueda proporcionárseles.

Art. 82. — La dirección de las agencias remitirá semanalmente a la oficina de estadística del trabajo, los resúmenes del movimiento de ofertas y demandas de servicios, de los ajustes concluidos, de la clase de trabajo o empresa, y desempeñarán todos los demás deberes que los reglamentos les impongan, con el objeto de formar la estadística nacional del trabajo y en la forma que en ellos se establezca.

Art. 83. — Tanto los directores de agencias como los inspectores del trabajo, están obligados a hacer cuanto de ellos dependa para procurar colocación a las personas que soliciten sus servicios, a suministrar datos, antecedentes y consejos destinados a facilitarles su empleo, y a asegurar a las agencias del Estado el concurso de los patrones o empresas de las asociaciones gremiales y del público en general.

Podrán hacer uso gratuito del telégrafo nacional para toda comunicación que tenga por objeto exclusivo la colocación de obreros en lugares de fuera de la capital, o pueblo donde la agencia funcione, y contestar consultas y preguntas relativas al mercado del trabajo.

Art. 84. — Los inspectores deben informar sin dilación a los directores de agencias que corresponda, de toda plaza vacante o demanda de trabajo de que tuviesen conocimiento por razón de sus funciones.

A objeto de hacer más posible la pronta colocación de los obreros solicitantes u ofrecidos, los directores podrán insertar en los periódicos, en la forma más barata, además de los carteles y otros medios de publicidad, anuncios relativos a la oferta o demanda de operacios, y a solicitar el concurso de los dueños de grandes explotaciones industriales.

Art. 85. — Es prohibido a todo director, auxiliar u otro empleado cualquiera de una agencia del Estado, el cobrar cuota, compensación, propina, ni otro género de contribución, ni directamente ni por intermedio de otra persona, a los que se presentasen a utilizar sus servicios; la infracción a este artículo será penada con arresto de uno a seis meses, y multa de veinticinco a doscientos pesos nacionales de curso legal, además de la pérdida del empleo.

Art. 86. — Serán de cuenta de los empresarios los gastos de transporte de los obreros que ellos pidiesen, hasta el lugar donde deben prestar sus servicios; y en cuanto a los obreros que hubiesen pedido trabajo y no fuesen costeados por sus contratistas o por los patrones o empresarios, podrán ser transportados por la Junta Nacional del Trabajo a costa de los mismos y a reembolsar en cuotas periódicas reducidas, tratándose de ferrocarriles o empresas de transportes particulares, y gratuitamente en los de propiedad del Estado.

Art. 87. — Todas las dependencias de la nación en que se ocupen obreros o jornaleros a salario fijo, u otra forma de pago, deberán dirigirse a las oficinas o agencias del Estado, en demanda de los que necesiten, e informarlas continuamente de las condiciones del trabajo en los talleres, establecimientos o servicios, salvo las que requiriesen contratación especial y directa, por la naturaleza de las obras o la competencia técnica de los operarios, y estos deban necesariamente ser contratados fuera del país.

Art. 88. — Las disposiciones de este párrafo no derogan las de los artículos 9 a 11 de la ley número 817 de 6 de octubre de 1876, las que se entenderán limitadas al extranjero que llega al país en calidad de inmigrante y mientras se conserva como tal.

Título V

ACCIDENTES DEL TRABAJO

§ I

RESPONSABILIDAD CIVIL

Art. 89. — Sin perjuicio de lo que disponen los artículos 930, a 956, y 1143 a 1147 del Código Civil, los cuales tendrán su aplicación en los casos que directamente rigen, o como reglas generales de interpretación, es obligación de todo aquel que explote una industria valiéndose de obreros, jornaleros o peones y empleados, el indemnizar a éstos por los accidentes que sufrieren en el establecimiento, en las operaciones de la explotación, y en general, por el hecho y en ocasión del trabajo que ejecuten por cuenta de la empresa, ya por hechos del propietario mismo, ya por el de sus madatarios, representantes, gerente o cuidadores en el ejercicio de sus funciones.

Art. 90. — Responderá igualmente el empresario del daño que se causare a un obrero o empleado en la explotación de alguna de las industrias que por su naturaleza son ocasionadas a graves enfermedades, — las cuales deberán ser enumeradas por reglamento especial de la Junta Nacional del Trabajo, aprobado por el Poder Ejecutivo— siempre que se compruebe que el daño proviené exclusivamente del trabajo ejecutado en dicha industria.

Art. 91. — El empresario sólo responderá por las sumas en que se avalúen las reparaciones determinadas por la ley y sólo se acumularán daños y perjuicios, cuando el accidente se haya producido por su culpa. En todo caso el empresario tendrá derecho a repetir lo que hubiese pagado por indemnización del accidente, de la persona cuyo hecho, falta o negligencia huhiese sido la causa de su responsabilidad.

Art. 92. — Las industrias, empresas o trabajos en las cuales tiene lugar la responsabilidad del patrón son:

l^9 Aquellas en que se hace uso de una fuerza distinta de la del hombre, cualquiera que ella sea;

2^9 Las minas de las tres categorías establecidas por el código de la materia;

3^9 Las fábricas, talleres, usinas y establecimientos me-talúrgicos, y las construcciones terrestres y navales;

4^9 La construcción, reparación y conservación de edificios, y todas las artes y trabajos anexos;

5^9 Los establecimientos donde se produzca o se emplee materias inflamables, insalubres o tóxicas;

6^9 Los molinos, ingenios de azúcar, cervecerías, destilerías, fábricas de aguas gaseosas;

7’ La construcción, reparación y conservación de vías férreas, puertos, caminos terrestres, canales, diques, acueductos y otros trabajos similares concurrentes o anexos de los anteriores;

8^9 Las faenas agrícolas, ganaderas y forestales, y los obrajes, donde se haga uso de motor a fuerza distinta de la del hombre, y sólo con respecto al personal expuesto al peligro de las máquinas;

9^9 El transporte por tierra y por agua;

- 10.  Las empresas de limpieza de calles, cloacas, pozos, aguas corrientes, etc.

- 11.  Los almacenes de depósitos, barracas, saladeros, curtiembres y depósitos de carbón, leña y maderas de construcción;

- 12.  Los teatros, en cuanto se refiere al personal de maquinaria escénica y demás personal que trabaja a salario;

- 13.  Las usinas de gas y luz eléctrica, y las empresas telegráficas y telefónicas, y conductores eléctricos y pararrayos ;

- 14.  Todo el personal que se ocupa de la carga y descarga de productos del país en elevadores, buques, trenes y otros medios de transporte;

- 15.  Los cuerpos de bomberos;

- 16.  Toda industria o trabajo semejante a los enumerados, no comprendido entre los mismos, y cuyo carácter peligroso sea declarado por el Poder Ejecutivo, previa consulta a la comisión técnica de accidentes, expedida por intermedio de la Junta Nacional.

Art. 93. — Desaparecerá la obligación de responder del accidente cuando éste ha sido causado por culpa, o intencionalmente por la víctima, o por una fuerza mayor extraña al trabajo, como terremoto, inundaciones, rayos u otra semejante.

Art. 94. — Disminuirá equitativa y proporcionalmente la responsabilidad del empresario:

l^9 Si el accidente es producido por un hecho fortuito;

2’ Si parte de la falta es imputable a la víctima, y en particular cuando ésta ha contravenido disposiciones del reglamento interno, o cuando habiendo descubierto durante su trabajo, en las instalaciones, defectos que hayan producido el accidente y no ha dado aviso de ellos a sus superiores o al empresario mismo, a menos que probase que éstos tenían ya conocimiento de los defectos o peligros preexistentes;

3^9 Si heridas anteriormente recibidas por la víctima ejercieron influencia en la última lesión, o si su salud se hallaba ya quebrantada por el ejercicio anterior de su profesión.

Art. 95. — A objeto de determinar el monto de la indemnización, se tendrá en cuenta:

l^9 Si el accidente hubiese producido una incapacidad temporal y total, la indemnización será igual al 50 por ciento del jornal diario desde el día en que el accidente se produjo, hasta que el damnificado se halle en estado de reanudar el trabajo, siempre que no transcurra más de un año. Se considera comprendido en esta disposición el embarazo de la mujer veinte días antes del parto y cuarenta días después;

2^9 Si el accidente hubiese producido una incapacidad parcial y permanente para la clase de trabajo a que se destinaba al damnificado, el empresario podrá optar, entre destinarlo a otro trabajo compatible con su estado por igual salario, o satisfacer una indemnización equivalente a un año de salario;

3’ Si el accidente hubiese producido una incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, el empresario deberá abonar a la víctima una indemnización equivalente al salario de dos años; pero cuando el damnificado pudiera dedicarse a un género distinto de trabajo, dicha indemnización se reducirá al total de salarios de un año.

Art. 96. — Son excepciones y aclaraciones del artículo anterior:

l^9 Cuando la incapacidad del inciso l^9 exceda de un año, el caso se regirá por la regla del inciso 3^9;

2’ Las indemnizaciones de los incisos 2^9 y 3^9 son independientes de la del inciso l^9 por la incapacidad temporal.

Art. 97. — Correrán por cuenta del empresario los gastos de asistencia médica y farmacéutica del damnificado, hasta que se halle en condiciones de reanudar el trabajo, o por dictamen facultativo se le declare comprendido en alguno de los dos últimos casos del artículo 95.

Art. 98. — En caso de muerte producida por el accidente, está obligado el empresario a sufragar los gastos del entierro, siempre que no excedan de setenta pesos moneda nacional ($ 70), los que serán abonados dentro del mes desde el fallecimiento, y además, a indemnizar a la viuda no divorciada, hijos legítimos, y naturales reconocidos antes del accidente y menores de dieciseis años, y a los ascendientes de quienes la víctima fué único sostén en el momento de la muerte, en la siguiente forma y cuantía:

l^9 Cuando la víctima dejase viuda e hijos o nietos huér-» fanos que se hallasen a su cuidado, con una suma igual a dos años del salario medio diario de que aquella gozaba;

2^9 Cuando sólo dejase hijos o nietos, con una cantidad igual a dieciocho meses de salario;

3’ Cuando sólo quedase viuda sin hijos y ningún otro descendiente, con un año de salario;

4^9 Cuando no quedasen viuda ni descendientes, y sí padres o abuelos de la víctima incapaces para el trabajo, y estos fuesen más de uno, con diez meses de salario; y cuando quedase uno solo, con el importe de seis meses.

Art. 99. — Los casos de los incisos 2^9 y 4^9 serán aplicables cuando las víctimas de los accidentes sean mujeres, y del inciso l^9, cuando los descendientes se hallasen abandonados por el padre o abuelo viudo, o procedan de matrimonio anterior de la víctima.

Las indemnizaciones por causa de fallecimiento son independientes de las que correspondieren a la víctima en el período comprendido entre el accidente y su muerte.

Las indemnizaciones temporales serán pagadas en las ■ mismas épocas que los salarios.

Art. 100. — Serán nulas y sin valor alguno las convenciones, cualesquiera que fueren su forma y naturaleza, que ajustasen los empresarios o patrones con sus obreros o depen-clientes, o con terceros, en las cuales se pretenda limitar o eludir la responsabilidad civil que les corresponde por accidentes del trabajo, y además, las siguientes:

1? Las pólizas de seguros en las cuales se fije una suma inferior a la que resulte de la ley, y cualquiera estipulación en contra de sus preceptos;

2^9 Aquellas en que un obrero u otro empleado se obligue a sufrir una retención en su salario para el efecto de la indemnización.

Art. 101. — Las acciones para demandar el pago de las indemnizaciones preestablecidas, y los daños y perjuicios, cuando ellos proceden, se prescribirán al "año transcurrido desde que el accidente se produjo.

Art. 102. — Los créditos por indemnizaciones de accidentes en favor de los obreros o empleados, enunciados en los anteriores artículos, no podrán ser objeto de cesión a terceros, ni de embargo; y los fondos que procedan de aquella causa y destinados a su pago estarán libres de todo secuestro, apropiación o inversión extraña, y no entrarán en la masa de la quiebra del derechohabiente.

Art. 103. — A. El salario que sirve de base para la fijación de las indemnizaciones, será el que corresponda al obrero o empleado en virtud del contrato, durante el año anterior al accidente, y en la empresa o establecimiento en que él ha ocurrido.

- B.  Para los obreros que hayan servido menos de un año*en la empresa, el salario será el que efectivamente hubiesen percibido, aumentado con el salario medio que se pague a los obreros de la misma categoría durante el período que falte para completar el año.

- C.  Cuando la naturaleza o hábitos de la empresa sólo comporta un período de trabajo menor de un año, el cálculo de la indemnización se opera sobre el jornal hebdomadario medio percibido durante el tiempo de actitvidad dentro del año que precedió al accidente.

- D. En ningún caso el monto de las indemnizaciones a obreros y empleados excederá de la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) moneda nacional por año, y siempre que los cálculos sobre la base de un total anual de salarios, diese por resultado una suma mayor, sólo se tomará en cuenta para fijar aquellas, el total que no dé excedente sobre dicha cantidad.

§ II

DE LOS SEGUROS SOBRE ACCIDENTES

Art. 104. — El empresario puede sustituir las obligaciones contenidas en los artículos 89, 90 y 92, o de cada una de ellas, por un seguro constituido a su costa, en favor de los obreros o empleados de que se trate, contra los accidentes y riesgos antes expresados, parcial o totalmente, en una compañía de seguros reconocida, y siempre a condición de que la suma que el damnificado reciba no sea inferior a la indemnización que corresponda de acuerdo con este título. A los efectos del artículo anterior las compañías que quieran establecer este servicio deberán requerir la aprobación del Poder Ejecutivo, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1* Separación completa de las operaciones de seguro obrero de las demás que ellos realicen;

2* Aceptación expresa de las disposiciones de esta ley relativas a los accidentes del trabajo y a la forma y cuantía de las indemnizaciones;

3* Remisión al Poder Ejecutivo de los estatutos, reglamentos, alcance y empleo del capital, condiciones de las pólizas, tarifas de premios y demás elementos constitutivos de sus operaciones;

El Poder Ejecutivo, antes de decretar la aprobación antedicha, pedirá informe a la Junta Nacional del Trabajo, que se expedirá por intermedio de su comisión técnica de accidentes, y vista del Procurador General de la Nación.

Art. 106. — El seguro que constituye el patrón para sustituir su responsabilidad por los accidentes, puede establecerse nominalmente en favor de uno o más obreros, o colectivamente en favor de todos los del establecimiento, o de una sección o división de obreros claramente marcada entre los que constituyen la empresa.

Puede el obrero damnificado reclamar directamente de la compañía aseguradora el pago del seguro constituido en forma colectiva, y una vez satisfecho, no queda al patrón ningún derecho contra la compañía, ni al obrero contra el empresario, por concepto de indemnización.

Art. 107. — Pueden también los empresarios establecer “cajas comunes de previsión”, con el objeto de asegurarse contra los riesgos de accidentes, y asumir en común, sustituyéndose a las compañías o a las cajas de seguros que se estableciesen bajo cualquier denominación, el servicio de las rentas, así como la constitución y gestión de los capitales requeridos para dichos servicios. Estas cajas deberán ser aprobadas en la misma forma del artículo 105, y gozarán de los mismos derechos y privilegios que las leyes comunes acuerdan a las compañías reconocidas por el Estado.

Art. 108. — Las cajas comunes de previsión y las compañías de seguros que establezcan el seguro obrero, y cualquiera otra institución que se proponga este género de operaciones, no podrán realizar otras distintas del seguro, y les están prohibidas las que tuviesen por resultado suministrar socorros a los obreros en caso de huelga o cierre (lockout), u otro movimiento que importe la paralización del trabajo de los obreros por hecho colectivo de estos.

Art. 109. — La incorporación o participación de una empresa en una “caja común de previsión”, reconocida, tendrá por objeto transferir a ésta las obligaciones de indemnización que corresponden a aquélla en virtud de los artículos 89 y 90.

Art. 110. — En caso de quiebra de la compañía en la cual se hubiesen constituido seguros obreros, los fondos destinados a su pago no entrarán en la masa de la quiebra, y las obligaciones volverán al empresario que contrató el seguro en el estado en que se hallasen en el momento de la falencia, pu-diendo transferirlos a otra compañía aseguradora.

Art. 111. — El contrato de seguro sobre los accidentes del trabajo, en cuanto no se halla limitado por esta ley, se ajustará en lo posible y en todo lo que sea aplicable, a los principios del Código de Comercio relativos a los seguros en general.

Art. 112. — Se creará bajo la superintendencia de la Junta Nacional del Trabajo una “Comisión Técnica Especial de Accidentes”, que se compondrá de cinco miembros, entre los cuales habrá un abogado, un ingeniero y un médico, diplomados en universidades o escuelas superiores técnicas de la Nación, a los cuales se agregará un vocal en representación de los gremios de obreros y otro en la de los patronales. Unos y otros serán nombrados por el Poder Ejecutivo, pero los dos últimos lo serán a proposición de las respectivas corporaciones, sociedades o uniones como en el artículo...

Art. 113. — La comisión elegirá por votación, de entre sus miembros, un presidente que suscriba las comunicaciones ordinarias; y en conjunto, además de las atribuciones que le confiere el artículo 117, deliberará sobre todos los casos y cuestiones que fueran sometidas a su dictamen por el Poder Ejecutivo, o las autoridades administrativas, judiciales o arbitrales, respecto:

l^9 A la clasificación de los accidentes del trabajo;

2’ A la reparación de los daños ocasionados por los mismos, y

3^9 A la aprobación de las bases, estatutos, reglamentos y demás servicios que sobre accidentes organicen las compañías de seguros que acepten subrogarse a la responsabilidad de los patrones, o establezcan libremente el seguro obrero.

§ III

PROCEDIMIENTO

Art. 114. — Además de los deberes que incumben a las autoridades policiales y municipales sobre accidentes en general, y además de los servicios que en su caso éstas deben prestar a toda persona víctima de un accidente, cuando son llamadas por vecinos del sitio donde él hubiese ocurrido, corresponde al patrón o a los que hagan sus veces:

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l^9 Proporcionar sin demora al damnificado o víctima la asistencia médica y farmacéutica inmediata, que se procurará de la Asistencia Pública, del médico policial más próximo, o de cualquier otro privado; pero pasado este momento y en el curso de la enfermedad, al patrón corresponde designar el facultativo que haya de asistirla.

2^9 Dar aviso del accidente, —ya haya causado la muerte, o heridas que hubiesen producido una incapacidad de trabajo de ocho días por lo menos,— dentro del término de veinticuatro horas, al inspector de trabajo de la sección respectiva, lo que hará por parte o aviso escrito y firmado que enviará por correo y en certificado.

Art. 115. — Se hará constar en el aviso la hora y sitio del accidente, cómo se produjo, personas que lo presenciaron, nombre de la víctima, lugar donde fué trasladada, los nombres de los médicos que prestaron la primera asistencia, el salario que ganaba el obrero, y cuando hubiese contrato de seguro, el nombre de la razón social aseguradora. Puede el patrón hacer constar en el mismo escrito su opinión sobre la fuerza mayor o caso fortuito, si creyese que concurrieron a la producción del accidenté.

Art. 116. — Los médicos de cualquiera repartición pública, y los que ejerzan libremente, están obligados a dar los certificados siguientes:

1’ El de hallarse el obrero incapacitado para el trabajo, y el que lo declara apto para reanudarlo;

2^9 El que determina y especifica la incapacidad, cuando, terminada la curación, la incapacidad aparece;

3^9 El de la defunción del obrero;

Art. 117. — El inspector, previa vista personal del lugar del suceso y constancia del mismo comunicará el hecho a la Comisión Técnica de Accidentes y a la compañía aseguradora. Esta comisión preparará un informe detallado y fundado sobre las causas, consecuencias y clasificación del accidente, para ser presentado y hacer fe, a los efectos del pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar:

1? Como sumario pericial ante cualquier juez o tribunal que entendiera en el asunto;

2’ Como constancia facultativa ante las compañías aseguradoras, a los efectos de determinar la responsabilidad.

Art. 118. — A. Siempre que el damnificado por un accidente que hubiere causado alguna de las incapacidades definidas en el artículo 95, o sus sucesores en caso de muerte, se presentase a reclamar del patrón la correspondiente indemnización, y no hubiese conformidad, cualquiera de las partes expondrá el caso ante el juez correccional de la jurisdicción, en la capital, el letrado en las capitales o residencias de ellos en territorios nacionales, y a los jueces de paz en los lugares donde no hubiese juez letrado, con expresión clara y concreta de su pretensión, reducida a sumas fijas.

- B. El juez dará vista a la otra parte; pedirá por oficio las informaciones sumarias de las autoridades o funcionarios que hubiesen intervenido; el dictamen de la Comisión Técnica de Accidentes y la declaración de testigos, y resolverá la diferencia sin más trámite, fijando el monto de la indemnización conforme a la presente ley.

- C.  La presentación al juez se hará dentro de los quince días de la declaración del accidente; las autoridades y funcionarios y la Comisión Técnica se expedirán dentro de los cinco días, durante los cuales el tribunal podrá citar los testigos, y practicar las demás averiguaciones que estime convenientes.

- D.  El juez dictará su resolución dentro del término improrrogable de ocho días a contar del plazo anterior, y en caso de que el empresario ofreciese la prueba de la culpa del obrero damnificado, o de la fuerza mayor o caso fortuito, se abrirá un período de diez días más, durante los cuales se producirá dicha prueba y su contestación.

- E.  En todo caso, las partes pueden presentarse al juez para hacer constar su acuerdo respecto a las indemnizaciones que correspondiesen por accidente, y el acta de la audiencia, que se labrará el mismo día, causará ejecutoria.

- F.  Mientras se sustancia el procedimiento, el juez puede, si es necesario de oficio, mandar pagar a la víctima o a sus derechohabientes, una indemnización provisoria, de acuerdo con los bases del artículo 95, y en la misma forma de pago de los salarios.

Art. 119. — Pagarán una multa de cincuenta a doscientos pesos, según la gravedad y circunstancias del accidente:

l^9 El patrón que se negase a suministrar los auxilios de que habla el artículo 114, inciso l^9, y dar el aviso a que se refiere el inciso 2^9;

2^9 Los médicos que perteneciesen a alguna dependencia o establecimiento del Estado que se rehusasen a acudir en auxilio del obrero víctima de un accidente;

3^9 Los médicos de cualquiera categoría que no expidiesen los certificados que exige el artículo 116.

Art. 120. — Además de las atribuciones que corresponden a los inspectores del trabajo respecto a la observancia de las medidas de seguridad e higiene en los establecimientos industriales, fabriles y empresas en general, definidos en esta ley, es obligación de los agentes fiscales y defensores de pobres y menores en la capital, y los fiscales y defensores de indios en las provincias y territorios nacionales, velar por que se cumpla con estrictez los preceptos de esta ley relativos a los patrones, autoridades y demás personas que deben intervenir en caso de accidentes del trabajo, tanto para la asistencia médica, como para procurar el pago de las justas indemnizaciones a que hubiese lugar.

Art. 121. — Para el más eficaz cumplimiento de las investigaciones que la inspección médica debe practicar respecto de los accidentes, los facultativos y otros funcionarios autorizados podrán penetrar, hacer interrogatorios y otras averiguaciones, en los lugares donde hubiesen ocurrido dichos accidentes, y en cualquier otro local, paraje o establecimiento donde la víctima hubiese sido transportada.

Art. 122. — La Junta Nacional del Trabajo presentará al Poder Ejecutivo para su aprobación, dentro de los tres meses de la promulgación de esta ley:

l^9 Un catálogo tan completo como sea posible de los aparatos y mecanismos más adecuados para prevenir los accidentes del trabajo en las diversas industrias de la república, acompañado de las instrucciones que correspondan para su mejor aplicación;

2^9 Una clasificación de los accidentes desde el punto de vista de sus causas, naturaleza y gravedad de las lesiones, y una pauta para su aplicación práctica en los diversos casos en que las partes interesadas, los inspectores y los jueces y tribunales deben tomarlos en consideración, determinarlos y avaluarlos;

3’ Un manual, catecismo o guía del obrero sobre prevención de los accidentes, que será distribuido gratuitamente en todos los talleres, fábricas, empresas y establecimientos industriales en general.

Título VI

DURACION Y SUSPENSION DEL TRABAJO

§ I

JORNADA DE TRABAJO

Art. 123. — Las horas de trahajo que se fija en esta ley regirán para las fábricas, talleres y demás establecimientos y empresas industriales, tanto del Estado como de particulares.

Art. 124. — La jornada normal semanal de trabajo para los obreros adultos del sexo masculino, no podrá exceder, salvo disposiciones especiales de la presente ley, de cuarenta y ocho horas, y para los jóvenes de dieciséis a dieciocho años, de cuarenta y dos.

Art. 125. — La permanencia diaria de los obreros adultos en los sitios de trabajo, no podrá exceder de diez horas, de las cuales dos deberán destinarse para la comida y el descanso, fuera o dentro de dichos sitios, y de nueve para los jóvenes de dieciséis a dieciocho años.

La jornada diaria se podrá prolongar en una hora más, con excepción de los sábados, previo anuncio a los obreros al entrar a los sitios de trabajo; pero nunca la jornada semanal de trabajo podrá prolongarse por los patrones más de cuarenta y ocho horas para los adultos y de cuarenta y dos para los jóvenes.

Art. 126. — Se entiende que los obreros adultos y los jóvenes rio podrán ser ocupados por los patrones fuera de los establecimientos, salvo durante las horas de trabajo y con tal que no sea en las destinadas a la comida y al descanso.

460           Joaquín V. González

Para los fines de este artículo, se considerará que los adultos o jóvenes a quienes se permita llevar algún trabajo para hacerlo fuera de la fábrica o taller, estarán ocupados fuera del establecimiento los días en que el trabajo se dé o lleve en esa forma.

Art. 127. — Los obreros adultos y los jóvenes no podrán trabajar durante más de cinco horas consecutivas los primeros, y cuatro los segundos, sin un intervalo de media hora de descanso por lo menos.

Dispondrán de una hora de descanso a medio día para la comida y tendrán durante la jornada de trabajo otra hora para el descanso, que será distribuida como el patrón juzgue conveniente.

Art. 128. — Los patrones, empresarios o gerentes de fábricas, talleres y demás establecimientos industriales, deberán indicar en un aviso que estará a la vista de los interesados: (a) las horas de trabajo; (b) el tiempo concedido para la comida y el descanso.

El aviso deberá ser notificado al inspector.

La modificación del horario no podrá hacerse sin que se haga una notificación previa al inspector, y sin fijar antes un aviso en los sitios de trabajo indicando la intención de modificarlo.

Art. 129. — Cuando el inspector designe por aviso escrito, un reloj público o cualquier otro expuesto al público, para regular las horas de trabajo, éstas y las concedidas para el descanso y la comida se regirán por el citado horario.

Art. 130. — Los obreros no podrán permanacer durante el tiempo concedido para la comida y el descanso, en una habitación en que se esté efectuando una operación de trabajo, y tampoco podrán establecerse diferentes horas para la comida, y el descanso de los adultos o de los jóvenes, ni turnos, ni tandas.

Art. 131. — A fin de prevenir toda transgresión de los límites fijados a la jornada de trabajo, toda obra o trabajo hechos para el patrón o empresario por una persona empleada en su fábrica o fuera de ella, se reputará realizadas durante el tiempo en que la persona esté ocupada en la fábrica o taller, y el tiempo se calculará en consecuencia.

Art. 132. — El trabajo en establecimientos agrícolas ó de ganadería, o cualquier otro hecho en el campo, al aire libre, deberá suspenderse entre las once de la mañana y las dos de la tarde durante el verano, y la jornada de trabajo no podrá exceder de diez horas.

Art. 133. — La jornada de las personas que trabajen en las casas de comercio y otros negocios, no podrá exceder de doce horas. Los dependientes tendrán tres horas al día para la comida y el descanso.

Estos establecimientos se abrirán a las siete de la mañana y se cerrarán a las nueve de la noche.

Los patrones fijarán el horario correspondiente.

Art. 134. — Los reglamentos de administración pública, sancionados en la forma determinada por esta ley, establecerán las demás excepciones que será necesario fijar respecto de la jornada de trabajo, en ciertos casos indispensables, por razón de la naturaleza de las industrias o a causa de una fuerza mayor.

Art. 135. — En las fábricas, talleres y demás establecimientos industriales en los que el trabajo es continuo de día y de noche, los patrones, empresarios o gerentes están obligados a vigilar para que los obreros que trabajan de noche sean relevados.

Art. 136. — La jornada de trabajo no comenzará en las fábricas, talleres y demás establecimientos industriales, antes de las cinco de la mañana para los obreros adultos, y de las seis para los jóvenes, ni podrá prolongarse después de las ocho de la noche para los primeros y de las siete para los segundos.

Art. 137. — Sólo por excepción podrán ser empleados los obreros adultos en los trabajos de noche, es decir, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana.

En los casos en que no se trate de una reparación ur-

462

Joaquín V. González

gente que necesite un trabajo excepcional de noche, será necesario el permiso de la autoridad.

Art. 138. — Se permitirá el trabajo regular de noche en los ramos de fabricación que, por su naturaleza, exijan una aplicación constante.

Los fabricantes que estimen estar al amparo de esta disposición, tendrán que justificar ante la autoridad correspondiente, que su industria necesite este género de explotación. Al mismo tiempo someterá a su aprobación un reglamento que contendrá la repartición del trabajo y el número de horas del mismo que corresponda a cada obrero, número que, en ningún caso, podrá exceder de ocho.

Podrá retirarse o modificarse la autorización, si variasen las circunstancias.

Art. 139. — El número de horas fijado para el trabajo en las fábricas, talleres y demás establecimientos industriales, podrá ampliarse temporal y transitoriamente, previa solicitud de los patrones y el permiso de las autoridades correspondientes.

En el trabajo extraordinario deberán ser empleados todos los obreros de la fábrica.

La autorización para el trabajo extroardinario no será, concedida si hubiere desocupados en la industria respectiva. El informe correspondiente se solicitará por la autoridad a la Junta Nacional del Trabajo.

Art. 140. — El aumento extraordinario de horas de trabajo no podrá concederse los sábados, ni podrá exceder de más de dos horas diarias para los adultos y de una para los jóvenes de dieciséis a dieciocho años, ni de más de cincuenta y ocho horas por semana para los primeros y de cuarenta y nueve para los segundos, ni podrá efectuarse durante los días de descanso, ni durante las horas destinadas diariamente para el reposo y la comida.

Art. 141. —- Los adultos o jóvenes empleados durante las horas suplementarias en virtud de lo autorizado por el artículo anterior, recibirán en pago del jornal correspondiente un sobresalario equivalente a la cuarta parte de lo devengado en el trabajo ordinario.

Art. 142. — Cuando el trabajo fuese a destajo, no podrán concederse, en ningún caso, horas de trabajo extraordinarias, ni tampoco se podrá modificar la jornada diaria de trabajo determinada por esta ley en la primera parte del artículo 150.

Art. 143. — El patrón, gerente o empresario de una fábrica, taller o cualquier otro establecimiento industrial, llevará en todo tiempo un registro llamado “registro del trabajo extraordinario”, en el que cuidará de hacer mención exacta de los. nombres de los obreros y de la fecha y duración respectiva del trabajo realizado, bajo pena de una multa de cincuenta pesos nacionales por cada hora omitida y de diez pesos nacionales por cada obrero que haya trabajado durante las horas no especificadas en el registro.

Art. 144. — El “Registro del trabajo extraordinario” podrá ser revisado en todo momento por el inspector, y éste podrá en todo tiempo exigir del ocupante de la fábrica, taller o establecimiento industrial, la justificación de los asientos hechos en el registro, en la forma que los reglamentos prescriben.

Art. 145. — Todo patrón que contravenga a las disposiciones de este capítulo sobre la duración del trabajo, será multado con cinco pesos nacionales por cada obrero empleado en el trabajo, no pudiendo exceder la multa de quinientos pesos nacionales por cada vez.

§ II

DÍAS FESTIVOS

Art. 146. — Queda prohibido el trabajo en las fábricas, talleres, casas de comercio y demás establecimientos o sitios de trabajo, durante los siguientes días: Año Nuevo, Viernes Santo, Corpus Christi, Navidad, 25 de Mayo y 9 de Julio.

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Joaquín V. González

Art. 147. — Durante la primera semana de enero de cada año, se fijará en las fábricas y demás establecimientos o si* tios donde trabajen más de cinco personas, un aviso indicando los días de fiesta. Una copia del mismo se remitirá al inspector correspondiente.

Si el aviso no se hubiere fijado ni comunicado, se considerará que no ha habido suspensión del trabajo al efecto de aplicar la multa correspondiente.

Art. 148. — El descanso es obligatorio durante los días festivos enumerados en esta ley, independientemente del día de descanso hebdomadario, con el cual se confundirá, sin embargo, cuando los dos días coincidan.

Art. 149. — Si la inspección comprobase- que en una fábrica, taller u otro establecimiento industrial o comercial, se trabaja durante tin día festivo, aplicará a los patrones una multa de diez pesos nacionales por cada persona empleada en el trabajo, con la limitación del artículo 145.

Art. 150. — No se podrá impedir la sustitución de la jornada de descanso en los días festivos por otros días de trabajo, con respecto a los obreros ocupados en la impresión o publicación de diarios, ferrocarriles y demás transportes, y establecimientos de fuerza continua.

Las empresas o patrones de esos establecimientos estarán obligados a la substitución de los días de descanso, bajo pena de diez pesos nacionales de multa por cada obrero en cada infracción a este artículo.

Art. 151. — Los días feriados decretados por el gobierno por motivos especiales, no se considerará como días festivos para los efectos de esta ley, salvo cuando expresamente así lo resolviese.

§ III

DESCANSO HEBDOMADARIO

.Art. 152. — Queda prohibido en domingo el trabajo material por cuenta ajena y el que se efectúe con publicidad por cuenta propia, en las fábricas, talleres, casas de comercio y demás establecimientos o sitios de trabajo sin más excepciones que las expresadas en este parágrafo y en los reglamentos que se dictare para cumplirlo.

Art. 153. — Serán exceptuados de esta prohibición de acuerdo con las especificaciones y reglamentos que dicte la Junta Nacional del Trabajo y por autorización, permiso o concesión de la misma oficina:

l^9 Los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones, por la índole de las necesidades que satisfacen, por motivos de carácter técnico o por razones que determinen grave perjuicio al interés público o a la misma industria, sin necesidad de autorización especial, según especificación que de unos y otros harán los reglamentos.

2^9 Los trabajos de reparación o limpieza indispensables para no interrumpir con ellos las faenas de la semana en establecimientos industriales, mediante autorización de la Junta Nacional del Trabajo, concedida de acuerdo con los reglamentos actuales vigentes, o los que ella dictase;

3’ Los trabajos que eventualmente sean perentorios por inminencia de daño, por accidentes naturales o por otras circunstancias transitorias que sea menester aprovechar;

Art. 154. — La reglamentación de las tolerancias y exep-ciones para determinadas industrias y casos especiales en los territorios nacionales, será atribución que desempeñen las municipalidades, y a falta de éstas, las gobernaciones, previa consulta directa a la Junta Nacional del Trabajo.

Art. 155. — En ciertos casos, las autoridades referidas podrán facultar a los patrones de ciertos establecimientos, para fijar otro día de descanso que el domingo. Los patrones tendrán entonces la obligación de colocar un aviso en el esta-

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Joaquín V. González

blecimiento, indicando el día fijado para el descanso, bajo pena de incurrir en la multa que señala este capítulo.

Art. 156. — Los obreros que se emplee en trabajos continuos o eventuales, permitidos en domingo o algún día festivo por excepción, serán los estrictamente necesarios; trabajarán tan sólo durante las horas que señalen los reglamentos como indispensables para salvar el motivo de la excepción, y no podrán ser empleados por toda la jornada durante dos domingos consecutivos.

La jornada entera que cada uno de ellos hubiere trabajado en domingo, se restituirá o compensará durante la semana.

Art. 157. — Los obreros empleados en los oficios de explotación continua, deberán estar libres de trabajo un domingo cada dos.

Art. 158. — Es aplicable al deseando hebdomadario la disposición del artículo 148.

Art. 159. — Los almacenes, depósitos o tiendas de comestibles, panaderías, confiterías, carnicerías y otros establecimientos donde se expenda artículos de primera necesidad, podrán estar abiertos hasta las diez de la mañana los domingos y días festivos.

Art. 160. — La mitad de las farmacias de úna población, podrá estar abierta durante los domingos y días festivos.

El Departamento Nacional de Higiene o la municipalidad en su caso, determinarán el turno que deba observarse entre ellas, teniendo en cuenta la división de la ciudad en cuarteles y barrios.

En tiempo de epidemia o de mal estado sanitario, el departamento nacional de higiene, y la municipalidad en su caso, podrán decretar la apertura de todas las farmacias durante los domingos y días festivos.

Art. 161. — Los cafés, bars y sitios de recreo, podrán permanecer abiertos los días festivos. Sin embargo, las municipalidades podrán, respecto de las dos primeras clases de establecimientos, disponer que se cierren por turnos en esos

días, y la autoridad policial podrá siempre ordenar su clausura temporal por razones de orden público.

Art. 162. — Ninguna excepción respecto a la obligación del descanso hebdomadario o en los días festivos, será aplicable a las mujeres y a los menores de dieciséis años.

Art. 163. — Los jóvenes de dieciséis a dieciocho años sólo podrán ser empleados en las fábricas, talleres y demás establecimientos o sitios de trabajo, durante la mitad del día sábado; no estarán obligados a cumplir sino la mitad de la jornada y quedarán en libertad desde el mediodía.

Art. 164. — Las infracciones a los disposiciones de este parágrafo se presumirá imputables a los patrones, salvo prueba en contrario y serán castigadas con multa de diez pesos nacionales por cada obrero empleado durante los días en que el trabajo debiera estar suspendido. Las reincidencias cometidas en el mismo año, se castigará con el doble de la multa.

Título VII

TRABAJO A DOMICILIO E INDUSTRIAS DOMESTICAS

Art. 165. — Los locales donde sólo trabajen los miembros de una familia, bajo la autoridad del padre, madre o tutor, no estarán sometidos a las disposiciones de esta ley, respecto de la higiene y la seguridad en las fábricas y talleres, siempre que reúnan estas condiciones:

l^9 ' El número de las personas de la familia que trabaje en el local, no excederá de diez;

2^9 El trabajo no se hará con ayuda de caldera a vapor o motor mecánico;

3^9 La industria ejercida no estará clasificada en el número de las consideradas peligrosas o insalubres.

Art. 166. — Los inspectores no tendrán acceso a los talleres de familia, salvo en los casos en que tuvieran noticia fundada de infracción en alguno de ellos, de cualquiera de las condiciones expresadas en el artículo anterior.

Art. 167. — Cuando los inspectores comprobasen que en un taller de familia trabajan más de diez personas, o que se emplea caldera a vapor o de motor mecánico, o que la industria ejercida es peligrosa o insalubre, aplicarán al jefe de la familia una multa de diez a cincuenta pesos nacionales, y ordenarán las medidas de higiene y de seguridad proscriptas por esta ley para fábricas y talleres, bajo apercibimiento de aplicarse, si no las adoptan en el plazo que se fije, las multas te establecidas para estos establecimientos.

Art. 168. — En todo taller de familia el local donde se trabaje será distinto del dormitorio, comedor o cocina, y sólo provisoriamente, con autorización del inspector, podrá ser utilizado para comedor o dormitorio. Deberá estar convenientemente alumbrado de día y de noche y abundantemente ventilado. El cubo de aire por persona empleada deberá ser, por lo menos, de siete metros cúbicos y medio por la mañana y once metros cúbicos y medio por la tarde.

Art. 169. A. Queda absolutamente prohibida la confección, restauración, adorno, limpieza, arreglos u otras manipulaciones en calzado, sombreros, ropas, tejidos o adornos, en una casa donde hubiese alguna persona atacada de enfermedad evidentemente contagiosa, como ser fiebres eruptivas, difteria, coqueluche, etc., y en una habitación que fuese utilizada por alguna persona atacada de tuberculosis;

- B.  El negocio en que recibiesen artículos trabajados en un local en estas condiciones sufrirá una multa de 10 pesos, siempre que no pudiese comprobar que ignoraba el caso de enfermedad;

- C.  Los encargados o inquilinos principales de las casas en que habitasen personas que trabajan a domicilio, están en él deber de denunciar a la autoridad sanitaria los casos de de enfermedades infecciosas que ocurriesen en ellas, y la inspección procederá a prohibirles el trabajo de acuerdo con el inciso A, y al retiro de los artículos allí indicados, y a ordenar su desinfección cuando la juzgase necesaria;

- D.  Los médicos que asistiesen a un enfermo de tuberculosis en una habitación en que viesen ejecutar alguno de los trabajos mencionados, deberán denunciarlo inmediatamente al inquilino principal y a la autoridad correspondiente, como si se tratase de un caso de enfermedad de denuncia obligatoria ;

- E.  El trabajo no podrá reanudarse en un local de una casa en que hubiese ocurrido un caso de enfermedad infecciosa, o en un local que hubiese sido habitado por un enfermo de tuberculosis avanzada, hasta que dichos enfermos no hubiesen sanado o sido retirados, y debidamente desinfectada la habitación en que fuera asistido.

Art. 170. — En las fábricas y talleres domésticos, en los cuales las personas ocupadas forman parte de una sola familia, regirán todas las prescripciones de la presente ley que les fuesen aplicables, salvo las que versan sobre:

- a)  Simultaneidad de los descansos para las comidas;

- b)  Colocación de carteles, reglamentos, instrucciones, avisos, etc.

- c)  Días feriados;

- d)  Accidentes;

- e)  Instalaciones de ventilación, desagüe u otras especiales.

Art. 171. — Cuando un inspector compruebe que una habitación no reune cualquiera de las condiciones expresadas, dará aviso a la autoridad sanitaria de la localidad. Si ésta comprobase que el taller o la casa donde se encuentra, no está en condiciones de salubridad, tomará las medidas necesarias para la preservación de la salud pública, y ordenará su ejecución dentro de un término fijo.

Si el dueño del taller no cumpliera las medidas ordenadas en el plazo determinado, el inspector le aplicará una multa de ciento cincuenta a trescientos pesos nacionales.

Art. 172. — Las personas que deseen dedicarse por cuenta ajena y en su domicilio, a la confección de cosas destinadas al comercio, bien sea para una fábrica o para un establecimiento industrial o comercial, deberán obtener una autorización escrita de la autoridad industrial.

Esa autorización, que sólo valdrá para la persona que la hubiere conseguido, se concederá sin más trámite a todo individuo de cualquier sexo que la solicite, salvo a los menores de catorce años de edad, si manifestara encontrarse en las condiciones del artículo 162 de este título.

Art. 173. — Ningún particular, corporación o compañía, podrá emplear a jornal o a destajo, ni obligarse por ninguna especie de contrato de trabajo, con personas que no hubieran conseguido la autorización expresada, bajo pena de una multa de veinticinco pesos nacionales por cada persona empleada sin llenar aquel requisito.

Art. 174. — Los interesados deberán llevar un Registro de todas las personas que empleen directamente, ya como obreros, ya como intermediarios, fuera de una fábrica, o taller, indicando los nombres y apellidos de esas personas, los parajes donde estén ocupadas, la cantidad y naturaleza de trabajo hecho por cada una de ellas, y la naturaleza e importe de la remuneración que perciben.

El Registro estará a disposición de los inspectores, que podrán examinarlo en momento oportuno. En caso de que el registro no fuera llevado en la forma indicada, o de que expresara datos falsos, se aplicará una multa de cien pesos nacionales por cada vez.

Art. 175. — Si el trabajo se efectuara en lugar distinto de una fábrica o de un establecimiento industrial o comercial, y por personas que no tengan la autorización a que se refiere el artículo 169, el industrial o comerciante que haya concedido la labor para fuera, hará poner a cada prenda confeccionada una etiqueta que diga: “hecha a domicilio”. La omisión de este requisito se castigará con una multa de cinco pesos por cada objeto.

Toda persona que venda o exponga para su venta, conscientemente un artículo desprovisto de la etiqueta reglamentaria, incurrirá en una multa de cien pesos nacionales por cada infracción comprobada.

Art. 176. — En los locales donde todas las personas empleadas no sean miembros de una misma familia, regirán las disposiciones de esta ley respecto a la duración y suspensión del trabajo.

Art. 177. — La Junta Nacional del Trabajo reglamentará, previa investigación especial, las condiciones higiénicas y demás relativas al trabajo en los talleres y fábricas domésticas, de acuerdo con la inspección técnica, y establecerá la forma de control e inspección, en particular en los casos de los artículos 165, 166, 167, 168 y 172.

Título VIII

TRABAJO DE LOS MENORES Y DE LAS MUJERES

§ I

DISPOSICIONES GENERALES, EDAD DE ADMISION, JORNADA DE TRABAJO

Art. 178. — Todo trabajo de los menores y de las mujeres en usinas, manufacturas, minas, rastrojos, quintas, talleres y sus dependencias, de cualquier naturaleza que sean, públicos, privados, laicos o religiosos, sin exceptuar los establecimientos de enseñanza profesional o de beneficencia, queda sometido a las prescripciones de la presente ley, y en lo relativo a jornadas de trabajo, a las del título VI, salvo las excepciones del presente.

Art. 179. — Ningún niño puede ser admitido en los establecimientos enumerados, antes de los catorce años cumplidos.

Art. 180. — Los niños menores de catorce años, domiciliados fuera del radio que la ley nacional de educación determina para las escuelas rurales, podrán ser admitidos desde los doce años, en los siguientes trabajos:

l^9 Remeros en distancias máximas de quinientos metros aguas arriba o de travesía, y de ochocientos aguas abajo;

2^9 Postillones para la distancia máxima de ocho leguas;

3^9 Ordeñadores al aire libre;

4^9 Peones de rodeo sin manejo de lazo;

5^9 Pastores de rebaños.

Art. 181. — La jornada de trabajo para los niños enunciados en el artículo anterior, queda fijada en seis horas, con intervalos de una hora para descanso y por nueve meses al año.

Art. 182. — Los niños menores de doce años, domiciliados fuera del radio que la ley nacional de educación determina para las escuelas rurales, podrán ser admitidos desde los diez años, en los siguientes trabajos:

l^9 Sembradores de cereales sin manejo de máquinas ni instrumentos punzantes o cortantes, y en superficies que no excedan de dos hectáreas;

2° Cosecheros de cosechas de frutas y cereales, (con excepción del arroz) en las mismas condiciones del inciso anterior;

3^9 Cuidadores del animal empleado en la tracción de tahonas, trapiches, norias y otros aparatos sencillos, siempre que la vigilancia se ejerza al aire libre;

4^9 Cuidadores de chacras, quintas, etc., con excepción de los corrales de aves y de las pocilgas;

5^9 Acarreadores de ramas, postes, etc., tirados a la cincha;

6^9 Extractores de agua (balderos) sacada a la cincha.

Art. 183. — La jornada de trabajo para los niños, enunciados en el artículo anterior, queda fijada en cuatro horas, con intervalos de . cuarenta minutos para descanso y por cuatro meses al año.

Art. 184. — Ningún menor de dieciocho años podrá ser admitido en los establecimientos que menciona el artículo 174, sin un certificado de aptitud física, que expedirán gratuitamente los médicos encargados de la inspección higiénica, los de los tribunales de la Nación, los de instrucción primaria, los de policía, o cualesquiera otros adscriptos al servicio público, a solicitud del inspector respectivo.

Art. 185. — Los inspectores pueden exigir en cualquier momento un examen médico de todos los menores de die-

ciocho años que trabajen en un establecimiento, aunque éste haya recibido las inspecciones determinadas por esta ley, a efecto de comprobar si el trabajo de dichos menores es excesivo.

En este caso, podrán exigir la inmediata suspensión del trabajo de los menores, aceptando el examen pericial de un médico designado por los padres, si éstos lo reclaman.

Art. 186. — En los orfanatos e instituciones de beneficencia que dan instrucción primaria, la enseñanza manual o profesional no excederá de dos horas para los menores de catorce años hasta doce, y de tres para los de catorce hasta dieciocho; quedando prohibida toda enseñanza manual o profesional conjunta con la instrucción primaria, para los menores de doce años.

Art. 187. — Las mujeres embarazadas quedan obligadas a un descanso completo de veinte días antes del parto, y cuarenta días después del parto.

Art. 188. — El médico inspector determinará en cada caso, cuándo debe empezar el descanso anterior al parto, tolerándose un error de ocho días a los efectos del artículo subsiguiente.

Art. 189. — Durante los días de descanso fijados por los dos artículos anteriores, la mujer tendrá derecho a percibir el jornal diario que establece el artículo 95, inciso l^9 de esta ley, pero perderá su derecho a este beneficio, si se comprueba que no guarda el descanso establecido.

§ II

TRABAJO NOCTURNO, DESCANSO SEMANAL, PROFESIONES AMBULANTES

Art. 190. — Queda prohibido emplear mujeres en los trabajos exclusivamente nocturnos.

Art. 191. — Las mujeres casadas no podrán ejecutar trabajos nocturnos por más de una semana consecutiva, de-

hiendo alternarlos con otra de diurnos y así sucesivamente.

Art. 192. — Durante veinte días al año, que el inspector fijará de acuerdo con los patrones, es permitido duplicar la jornada nocturna mediante el salario correspondiente, prolongándola desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana, para las siguientes industrias:

- a) Bordado y pasamanería para confecciones;

h) Fabricación y confección de sombreros de todas clases para ambos sexos.

- c)  Confecciones, costuras y ropa blanca para señoras y niños;

- d)  Confecciones en pieles;

- e)  Plegado y cartonaje de cintas.

Art. 193. — Los menores de dieciséis años y las mujeres, no trabajarán en los establecimientos mencionados por el artículo 178, más de seis días a la semana, ni tampoco en los días de fiesta reconocidos por la ley, sin que pueda convocárselos en los referidos días para abonarles sus salarios o darles órdenes.

Art. 194. — Las disposiciones del artículo anterior podrán ser temporalmente suspendidas por el inspector, de acuerdo con los patrones, durante diez días al año, para las industrias siguientes:

- a)  Moblaje,.tapicería y pasamanería para muebles;

- b)  Cremerías no anexadas a una granja o grupo de granjas cooperativas;

- c)  Orfebrería (exceptuándose la fundición de metales) y joyería;

- d)  Galletas que empleen manteca fresca;

- e)  Lavaderos de ropa fina;

- f)  Bonetería fina;

- g)  Bordado y pasamanería para confecciones;

- h)  Fábricas de cartón para juguetes, caramelos, tarjetas de visita y cintas;

i ) Fabricación y confección de sombreros para ambos sexos;

j ) Calzado;

k)  Colas y gelatinas;

- l)  Confecciones, costuras y ropa blanca para mujeres y niños;

m)  Confecciones para hombres;

n)  Confecciones en pieles;

ñ) Confitería y repostería;

o)  Coronas fúnebres;

p)  Dorados para moblaje;

q)  Flores y plumas;

r)  Estuchería;

s)  Imprentas, tipografías, litografías, y talleres de grabados;

t)  Jugueterías;

u)  Perfumería;

- v)  Encuadernación;

w)  Reparaciones urgentes de buques y de motores;

- x)  Tejidos, blondas y cintas de seda;

y)  Establecimientos del gobierno o donde se ejecute trabajos para éste, siempre que un grave interés de orden público o de seguridad nacional lo requieran, y previo aviso al ministerio respectivo.

Art. 195. — Los patrones autorizados a prolongar el trabajo nocturno y a suspender temporalmente el descanso semanal o el de los días de fiesta, deberán prevenir al inspector, a los efectos consiguientes, con tres días de anticipación, cada vez que quieran usar de esas autorizaciones.

Art. 196. — El aviso deberá enviarse en una tarjeta postal, carta sin sobre o telegrama, de modo que el timbre postal o la fecha del despacho puedan servir para comprobar la de dicho aviso.

Art. 197. — El inspector no otorgará las autorizaciones mencionadas, sino cuando considere probado que la suspensión del trabajo reportará un perjuicio de consideración al taller respectivo; exigiendo que sea expuesta en éstos, en forma bien legible, una copia de su autorización para todo el tiempo que ésta dure.

Art. 198. — La decisión de prolongar la jornada nocturna será comunicada a los obreros con un día de anticipación.

Art. 199. — Los menores de dieciocho años no pueden trabajar como actores, partiquinos, etc., en las representaciones públicas y en los teatros; sólo a título excepcional podrá el ministerio de Instrucción Pública de la Nación y los de las provincias, acordar permiso para que uno o varios niños representen en piezas determinadas.

Art. 200. — Queda prohibido emplear menores de dieciocho años para ejecutar ejercicios peligrosos, o de fuerza, o de dislocación, en las profesiones de acróbata, saltimbanqui, charlatán, exhibicionista de animales, etc., bajo pena de un arresto de seis meses y multa de cincuenta a doscientos pesos.

Art. 201. — Corresponde la misma pena a todos los que gratuitamente o por dinero entreguen sus hijos, pupilos, aprendices o criados menores de dieciocho años, a los individuos que ejercen las profesiones especificadas en el artículo anterior, a vagabundos, a gente sin profesión conocida, o a mendigos; a los que sirvan de intermediarios, o agentes que hayan intervenido en la entrega; a todo el que indujere a un menor de dieciocho años a abandonar su domicilio para seguir a los individuos mencionados, y a los que empleen menores de la edad antedicha en la mendicidad habitual.

Art. 202. — Los padres que trabajen junto con sus hijos en las profesiones mencionadas en el artículo 194, pueden emplearlos en ella desde los dieciséis años.

Art. 203. — Todo el que ejerza las profesiones enumeradas en el artículo 194, deberá llevar consigo los documentos necesarios para justificar la identidad, edad y origen de los menores que trabajen bajo su dirección, bajo pena de arresto de uno a seis meses y multa de veinte a cien pesos. Las autoridades de la república no permitirán el funcionamiento

de ninguna compañía cuyo director no tenga en regla los documentos mencionados.

Art. 204. — Todo el que ejerza una autoridad cualquiera en el territorio de la Nación queda habilitado para suspender acto continuo las representaciones en que se infrinja los artículos 199 a 203, sometiendo los infractores a la autoridad respectiva.

Art. 205. — Las infracciones a los referidos artículos, cometidas contra ciudadanos argentinos en el extranjero, deberán ser inmediatamente denunciadas por los agentes consulares y a la mayor brevedad, a las autoridades locales, si las leyes del país las reprimen; y al ministerio de Relaciones Exteriores en todo caso, tomando las medidas necesarias para la repatriación de los menores.

Art. 206. — La condena por infracción a los artículos 199 a 203, de esta ley, acarrea la pérdida de la tutela para los tutores. Los padres pueden ser privados de la patria potestad por un año o perpetuamente en caso de reincidencia.

§ III

VIGILANCIA DE LOS MENORES

Art. 207. — Los inspectores del trabajo en la Capital, y las municipalidades, y en su defecto las policías en los territorios, entregarán gratuitamente a los padres o tutores de los menores de veintidós años, una libreta en la cual constará el nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento y entrada al taller del menor, visados por dicha autoridad. Los patrones trasladarán a un registro especial todas estas indicaciones haciendo constar en la libreta la fecha de entrada y salida del menor en el establecimiento.

Art. 208. — Cuando el trabajo esté organizado por tandas sucesivas, cada tanda tendrá una jornada continua, excepto los intervalos de descanso.

Art. 209. — En todas las salas de trabajo de los obradores, orfanatos y talleres de caridad o de beneficencia, laicos o religiosos, habrá un cuadro permanente que indicará en términos de fácil lectura las condiciones de trabajo de los menores, conforme lo determina la presente ley. El inspector visará este cuadro con su firma.

Art. 210. — Los directores de los establecimientos mencionados en el artículo anterior elevarán a la inspección, cada tres meses, un estado completo de los alumnos que reciben educación en ellos, con los mismos datos que establece el artículo 203 y los cambios que haya habido durante ese lapso de tiempo.

§ IV

CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD

Art. 211. — Las mujeres y los menores de dieciocho años no podrán ser empleados en establecimientos insalubres o peligrosos, donde el obrero está expuesto a emanaciones o manipulaciones malsanas.

Art. 212. — Se considera insalubre y peligroso para los menores de dieciocho años y las mujeres, todo trabajo que ofrezca o produzca:

- a)  Peligro de envenenamiento;

- b)  Emanaciones nocivas y deletéreas;

- c)  Gases y vapores nocivos y deletéreos;

- d)  Peligro de infección;

- e)  Peligro de afecciones pulmonares;

- f)  Enfermedades especiales debidas a las emanaciones y contactos nocivos;

- g)  Polvos peligrosos o nocivos;

- h)  Estigmas y posiciones deformadoras.

Art. 213. — Se considera igualmente insalubres y peligrosos para los menores desde catorce años hasta dieciocho años, todos los trabajos que ofrezcan o produzcan:

- a)  Especial prudencia y atención por su naturaleza peligrosa ;

- b)  Peligro de heridas o accidentes;

- c)  Peligro de incendio;

- d)  Peligro de quemaduras;

- e)  Humedad nociva.

Art. 214. — La inspección clasificará los establecimientos conforme a’ lo dispuesto en los artículos anteriores y a los efectos determinados en ellos.

Art. 215. — Queda prohibido emplear mujeres casadas en la manipulación de tabacos.

Art. 216. — En todos los establecimientos mencionados en el artículo 178, que contengan aparatos mecánicos, las ruedas, correas, engranajes y demás órganos que puedan ofrecer peligro, estarán separados de los obreros de tal modo que sea imposible aproximarse a ellos fuera de las necesidades del servicio. Los pozos, trampillas, escobillas y aberturas de descenso deben estar cerrados.

Art. 217. — Es prohibido emplear menores de dieciocho años y mujeres, en el engrasado, lubrificación, limpieza, visita y reparación de máquinas o mecanismos en movimiento; así como en el trabajo de máquinas movidas a mano o por motor mecánico, y cuyas partes peligrosas no estén protegidas por cubreengranajes, guardamanos u otros órganos protectores.

Art. 218. — Es igualmente prohibido:

- a)  Emplear menores de dieciocho años en mover aparatos por medio de pedales;

- b)  Emplear menores de la edad señalada en mover ruedas horizontales;

- c)  Emplearlos en mover ruedas verticales por mayor tiempo que media jomada de trabajo y con dos descansos de media hora cada uno;

- d)  Emplearlos en manejar sierras circulares o de cinta, cizallas y otras láminas cortantes y mecánicas;

- e)  Emplearlos en recoger vidrio caliente en las vidrierías por pesos mayores de mil gramos.

Art. 219. — Es prohibido emplear menores de veintidós años en soplar por la boca botellas y otros artefactos de vidrio.

Art. 220. — Es prohibido confiar a menores de dieciocho años el servicio de robinetes a vapor.

Art. 221. — Es prohibido emplear como dobladores menores de la edad antedicha, en el laminage y ductilización del alambre, a menos que su trabajo esté garantido por aparatos protectores.                                            f

Art. 222. — Es igualmente prohibido emplear menores de dieciocho años en trabajos ejecutados sobre andamios volantes para la refección y blanqueo de las casas.

Art. 223. — Los pesos que los obreros menores de veinte años pueden cargar tanto afuera como dentro de los locales o establecimientos de trabajo, quedan así determinados:

- a)  10 kilogramos para los varones menores de dieciséis años;

- b)  15 para los varones desde dieciséis a dieciocho años;

- c)  5 para las mujeres menores de dieciocho;

- d)  10 para las mujeres desde dieciocho a veinte.

Art. 224. — El límite máximo de. carga que puede arrastrar o empujar los menores de veinte años, tanto en los establecimientos como en la calle, queda determinado así, comprendiendo el vehículo:

- a) Vagonetas que circulan sobre rieles

Varones menores de dieciocho años, trescientos kilogramos;

Varones desde dieciocho a veinte, quinientos kilogramos; Mujeres menores de dieciocho años, cien kilogramos.

Mujeres desde dieciocho a veinte años, doscientos cincuenta kilogramos.

- b) Carretillas a mano

Varones desde catorce a dieciocho años, cuarenta kilogramos.

- c) Carros de tres y cuatro ruedas

Varones menores de dieciocho años, treinta y cinco ki-gramos;

Varones desde dieciocho años a veinte, sesenta;

Mujeres menores de dieciocho años, treinta y cinco;

Mujeres desde dieciocho a veinte años, cincuenta.

- d) Carritos de dos ruedas, parihuelas, angarillas, etc.

Menores de dieciocho a veinte años, ciento veinte kilogramos.

- e) Triciclos de carga

Menores de dieciocho a veinte años, setenta y cinco kilogramos.

Art. 225. — Los almacenes, tiendas y locales que hacen atender al público por personal femenino, deberán estar provistos de tantas sillas como mujeres empleadas tengan.

Art. 226. — Es prohibido emplear mujeres menores de dieciocho años en máquinas de coser movidas a pedal.

Art. 227. — Es prohibido emplear menores de veintidós años y mujeres en la confección de escritos, impresos, carteles, dibujos, grabados, pinturas, imágenes o emblemas cuya venta, exposición o anuncio estén prohibidos como contrarios a las buenas costumbres o que sean contrarios a la moral sin estar expresamente prohibidos.

Art. 228. — A. Los empresarios, directamente y por intermedio de los capataces o jefes de taller, están obligados a velar por el decoro y buenas costumbres en los establecimientos en que se ocupan niños, jóvenes menores de 22 años y mujeres;

B. En los establecimientos mencionados en que la clase de trabajo hiciese necesario el cambio de ropas, deberá haber locales especiales para ambos sexos, separados de los destinados al trabajo, y provistos de las instalaciones suficientes de uso gratuito;

C. La separación de los sexos se observará en los water closets e instalaciones de limpieza, así como en los locales de trabajo, siempre que lo permita el número de personas ocupadas o la exija la clase del trabajo.

Art. 229. — La iluminación en los locales o partes de ellos en que trabajen menores o mujeres, deberá ser siempre suficiente en relación a la clase de trabajo, y por lo menos de 30 bujías-metros, y se destinará siempre para el trabajo de éstos, los locales o parte de locales que estuviesen en mejores condiciones de higiene.

§ V

PENALIDADES

Art. 230. — Los infractores a los artículos 181, 190, 191, 192, 193, 195, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 y 225 de esta ley, pagarán una multa de trescientos a seiscientos pesos por cada infracción, sin perjuicio de que la inspección ordene a la segunda reincidencia la clausura de los talleres hasta que se pongan en las condiciones requeridas.

Art. 231. — Los infractores a los artículos 179 a 183, 186, 207 y 208, pagarán una multa de doscientos a quinientos pesos por cada infracción.

Art. 232. — Los infractores a los artículos 216, 221 y 227, pagarán una multa de ciento cincuenta a cuatrocientos pesos por cada infracción, sin perjuicio de que la inspección ordene a la segunda reincidencia la clausura de los talleres hasta que se pongan en las condiciones referidas.

Art. 233. — Los infractores a los artículos 184, 191, 195, 198 y 226 de esta ley, pagarán una multa de cincuenta a doscientos pesos por cada infracción.

Art. 234. — Los infractores a los artículos 200 y 210, 229 y 287 pagarán una multa de cincuenta pesos por cada infracción.

Título IX

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Art. 235. — Es contrato de aprendizaje el que celebra un fabricante, jefe de taller u obrero, obligándose a enseñar la práctica de su profesión a otra parsona, la cual se obliga por su parte a trabajar para él, en condiciones y a plazo conocidos por ambas partes.

Art. 236. — El contrato puede celebrarse ante los jueces de paz en papel simple, y debe contener:

l^9 Nombre, apellido, edad, profesión y domicilio del maestro;

2’ Nombre, apellido, edad y domicilio del aprendiz;

3^9 Nombres, apellidos, profesiones y domicilios de sus padres, tutores o encargados;

4^9 Fecha y duración del contrato;

5 9 Condiciones de alojamiento, alimentación, salario y cualesquiera otras convenidas por las partes;

6’ Firma y sello del juez de paz, y firma del maestro y de los representantes del aprendiz.

Art. 237. — Ningún menor de edad puede recibir aprendices menores de edad también.

Art. 238. — Los solteros y viudos no pueden recibir en aprendizaje mujeres menores de edad.

Art. 239. — Están incapacitados para tener aprendices: los que han sufrido condenas por crímenes comunes y por atentados a las buenas costumbres, y los contraventores reincidentes.

Art. 240. — El maestro está obligado a conducirse con su aprendiz como un buen padre de familia, advirtiendo a sus padres sobre las faltas graves que cometa o inclinaciones viciosas que note en él; previniéndolos inmediatamente en caso de enfermedad o de ausencia injustificada, y no empleando al aprendiz sino para los servicios mencionados en el contrato.

Art. 241. — En lo relativo a la jornada de trabajo, trabajo nocturno, descanso hebdomadario y de los días de fiesta, trabajos prohibidos, limitaciones de esfuerzo, condiciones higiénicas, etc., rigen para los aprendices las mismas condiciones especificadas en esta ley para los demás trabajadores menores de edad, y mujeres.

Art. 242. — En caso que el aprendiz esté obligado por el contrato o por el uso a arreglar el taller, este trabajo no podrá pasar de las nueve de la mañana ni de las once de la noche.

Art. 243. — El aprendiz deberá estar vestido con ropas adecuadas a la estación, y si es menor de dieciocho años, tendrá derecho a permanecer en el lecho hasta las seis de la mañana.

Art. 244. — Si el aprendiz menor de veinte años no sabe leer, escribir y contar, el maestro está obligado a dejarlo tomarse dos horas por día como máximum sobre la jornada de trabajo para hacer su aprendizaje.

Art. 245. — El aprendiz debe a su maestro fidelidad, obediencia y respeto, estando obligado a reemplazar, una vez concluido su aprendizaje, el tiempo que no haya podido emplear durante el mismo por causa de enfermedad o de ausencia, cuya duración exceda de treinta días.

Art. 246. — El maestro debe enseñar al aprendiz, progresiva y completamente, el arte, oficio o profesión especial que es objeto de contrato, entregándole al finalizar el aprendizaje un certificado en el que conste el cumplimiento de la obligación.

Art. 247. — Todo fabricante, patrón u obrero a quien se pruebe que ha seducido un aprendiz para que abandone a su maestro, puede ser pasible en todo o en parte, de la indemnización a que tenía derecho el maestro abandonado.

Art. 248. — Se considera el primer mes del aprendizaje como un plazo de ensayo durante el cual puede ser anulado el contrato por la sola voluntad de una de las partes, sin indemnización alguna, a menos que exista contrato expreso.

Art. 249. — El contrato queda disuelto:

- a)  Por muerte del maestro o del aprendiz;

- b)  Si uno u otro son llamados al servicio militar;

- c)  Si uno u otro sufre las condenas de que trata el artículo 26 de esta ley;

- d)  Si el maestro viene a encontrarse en las condiciones del artículo 238 de esta ley, siendo el aprendiz mujer menor de edad.

Art. 250. — El contrato se disuelve a solicitud de ambas partes o por pedido de una:

- a)  Cuando una de las partes falte a lo estipulado;

- b)  Cuando haya infracción grave o habitual a las prescripciones pertinentes de esta ley;

- c)  Cuando el aprendiz observe mala conducta habitual;

- d)  Cuando el maestro cambie su residencia del punto en que la tenía al celebrarse el contrato, y siempre que la demanda se haga dentro de los tres meses consecutivos al cambio;

- e)  Cuando el maestro o el aprendiz incurran en arresto de más de un mes;

- f)  Cuando el aprendiz contraiga matrimonio.

Art. 251. — La duración del aprendizaje no excederá de dieciocho meses, incluso el primero de que habla el artículo 248.

Art. 252. — Toda solicitud de disolución del contrato se hará ante los jueces de paz siendo estos funcionarios los encargados de aplicar el artículo 247 de la misma; pero cuando la suspensión o ruptura del contrato se refiriese a más de seis aprendices colectivamente, se recurrirá a un conconsejo de conciliación, de los establecidos en el título XIV, párrafo II de esta ley, en cuyo caso el árbitro representante de los menores será designado por sus padres, tutores o encargados, o en su defecto, por el ministerio público.

Art. 253. — Las indemnizaciones o restituciones serán determinadas, en caso de contratos individuales, por los jueces de paz, y en el de los contratos y diferencias colectivas, por los tribunales de arbitraje mencionados en el artículo anterior y en último caso por los jueces ordinarios.

_

Art. 254. — Toda contravención a los artículos 237, 238, 239, 240 y 244 de esta ley, será castigada con una multa de cincuenta a cien pesos.

Art. 255. — La reincidencia en la contravención de los artículos 237, 238, 240 y 244, será castigada, además de la multa expresada en el artículo anterior, con arresto de ocho a diez días; y la reincidencia sobre el artículo 239, con multa de ciento cincuenta a trescientos pesos, y prisión de dos a seis meses.

Título X

DEL TRABAJO DE LOS INDIOS

§ I

DE LA PERSONA CIVIL DE LOS INDIOS

Art. 256. — Todo propietario, director, gerente, administrador o empresario de ingenio, obraje de maderas u otra especie, yerbales, cafetales, algodonales, arrozales, estancias, chacras, o de cualquier otra explotación en que se emplea el trabajo de los indios que habitan los territorios nacionales, y toda persona que los tenga a su servicio doméstico o de otra clase, están obligados a considerarlos como personas libres y dueños de todos los derechos civiles inherentes a todo habitante de la república, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes comunes y políticas.

Art. 257. — Los contratos de alquiler de servicios y el de trabajo que se hiciere con indios individualmente, o con sus jefes, caciques, misioneros, protectores, defensores u otros representantes autorizados, por los cuales se obligue a suministrar el trabajo de varios indios individual o colectivamente, solos o con sus mujeres e hijos de más de doce años, ya sean expresos, ya tácitos, ya escritos o verbales, según los usos de la industria o de la región, se ajustarán a las reglas generales del Código Civil, y de la presente ley, y todo el que bajo cualquier título se apartase de esta disposición, incurrirá en el delito de atentado contra las garantías individuales, y será penado de acuerdo con la ley común, y por los jueces competentes.

Art. 258. — Todas las prescripciones de la presente ley relativas a los contratos de trabajo, a salarios, horas de labor y descanso, higiene, moralidad, seguridad y educación de los trabajadores, serán aplicadas a los indios por los empresarios que los ocupen, y las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y los inspectores del trabajo velarán porque se cumplan respecto de aquellos como respecto de los demás obreros que no son indios, y bajo las mismas responsabilidades. Sólo deberá tenerse en cuenta, como excepciones, las que fuesen impuestos por el clima, los usos originarios de la tribu que no afecten la integridad de la persona civil, y siempre con la intervención previa de los “defensores de indios”, y con previa notificación y explicación a los mismos de las condiciones del trabajo que se les exija.

Art. 259. — A los efectos de determinar la jurisdicción de los jueces que deban entender en litigios en que uno o varios indios, individual o colectivamente sean interesados por razón de su trabajo, siempre que no se acuda a la jurisdicción arbitral y conciliatoria en esta ley establecida, serán considerados vecinos del territorio nacional donde se hallase la tierra, toldería, o pueblo indígena de donde fueren traídos, o de donde procedieran para el lugar del servicio o conchavo;-y se entenderá que cualquier indio, su jefe o cacique, misionero o representante que hubiese contratado sus servicios, o el “defensor de indios”, del territorio a que aquél pertenezca, podrá presentarse al juez competente para reclamar la aplicación de la ley.

Art. 260. — No será necesario para la presentación en juicio, la exhibición de las partidas del registro del estado civil, respecto de las personas de los indios que no hubiesen sido inscriptos en algún registro oficial del territorio respectivo, o bautizados en alguna misión religiosa, o empadronados en alguna colonia indígena. En ese caso bastará que el juez, de oficio, y oído el “defensor de indios”, llame a declarar a las personas que hubiesen intervenido en los contratos, a sus caciques o misioneros, sobre la condición civil del interesado, para lo cual podrá valerse de intérpretes, cuando no pudiere hacerse entender en el idioma castellano, y en todo caso, de acuerdo con las circunstaincias, dará curso al juicio, en el cual hará uso de toda la discreción compatible con la Constitución y leyes de la Nación, y procederá siempre en forma hreve y sumaria.

Art. 261. — Cuando el indio o indios interesados hubiesen sido inscriptos, bautizados, empadronados en registros, libros parroquiales o de misión, censo de colonia u otra forma, podrá exigir el juez, en caso necesario, la exhibición de las partidas de nacimiento o bautismo, certificado de empadronamiento o censo, pidiéndolas al interesado, o a la autoridad o persona que hubiese hecho algunas de dichas operaciones.

Art. 262. — Es prohibido a los intermediarios o encargados de la contratación de indios, en sus tierras, pueblos o tolderías, proceder con ellos por medio de engaño, promesas falsas o seducciones, respecto al precio de los jornales o salarios, a las condiciones del trabajo, medios de conducción y de vuelta, y otras compensaciones y ventajas para ser cumplidos durante las temporadas de faenas o labores de cualquiera naturaleza.

A este efecto, dichos intermediarios darán aviso al “defensor de indios”, o a la autoridad política del territorio, para que aquél, o cualquier dependencia de ésta, intervenga en el contrato y tome nota de sus condiciones.

La violación al primer párrafo será penada con multa de cien a trescientos pesos por cada infracción, además de la indemnización de los daños y perjuicios que corresponda.

La falta de aviso a las autoridades, de la celebración del contrato, será penada con multa de cincuenta a doscientos pesos por infracción.

El “Defensor de indios” entahlará las acciones enumeradas ante quien corresponda.

Art. 263. — Cuando el intermediario haya de entenderse con los misioneros, o administradores de colonia, que tengan a su cargo indios que quieran contrarse para lahores fuera

del territorio que habiten, están éstos obligados a dar aviso a las autoridades, en la forma enunciada en el artículo anterior, con los mismos fines y bajo las mismas penalidades.

§ II

DEBERES DE LOS PATRONES

Art. 264. — Todos los que contratasen indios para hacerlos trabajar fuera del territorio o lugar de su residencia habitual, deberán a su costa conducirlos al punto del trabajo, reconducirlos a su residencia de origen y alimentarlos durante el viaje, debiendo éste realizarse en condiciones normales y usuales entre la población civilizada, como ser a caballo, en carros, embarcaciones, ferrocarril u otros vehículos semejantes. En ningún caso serán obligados a hacer a pie jornadas de más de tres leguas y cuando por causas de fuerza mayor esto no fuese evitable, deberá dárseles descansos y alimentos suficientes.

Art. 265. Todos los que contraten indios están obligados a darles alojamientos cómodos, higiénicos y de suficiente capacidad para que habiten con sus mujeres e hijos si los tuvieren, proveerlos de vestidos de faena y remuda, darles alimento suficiente y sano dos veces por día, suministrarles asistencia médica y farmacéutica, y no exigirán que el que abandonare el trabajo por enfermedad transitoria, o quedase inhabilitado en absoluto para el trabajo por menos de treinta días, ponga reemplazante ni dé indemnización ni compensación alguna.

Art. 266. — No podrán ser obligados los indios a trabajar contra su voluntad, ni por vías de apremio, ni por amenazas, ni podrán ser sometidos a castigos corporales de ningún género, ni a malos tratamientos, ni a trabajos diferentes de los contratados, ni a soportar cargas ni pesos superiores al esfuerzo ordinario de un hombre de faena, ni a trabajar más tiempo

que el establecido para cada sección, turno, grupo, o clase de labor, por el respectivo reglamento interno.

Art. 267. — El salario de los indios será fijado en el convenio de acuerdo con las bases del artículo 31, en cuanto fuesen aplicables, y a las cargas que esta ley impone al patrón; será pagado en dinero efectivo en la totalidad del precio convenido, y al fin de cada semana, aunque se hubiese convenido por mes; y los patrones o empresarios no podrán obligarlos a gastar el salario en casas de negocio de su propiedad, en almacenes o depósitos que formen parte de la empresa o en los que tengan alguna participación.

Art. 268. — Solamente con intervención del “Defensor de indios”, que deberá suscribir el contrato, podrá pactarse el suministro de marcaderías, y hasta una mitad del importe del salario avaluado por día, o por unidad de medida.

Dichas mercaderías consistirán en objetos de utilidad real, para el vestido, el trabajo y educación de los indios, sus mujeres e hijos, como ropa más indispensable, semillas, ganado, útiles de labranza, u oficio, si los indios los pudiesen emplear, y el Defensor cuidará que en esta entrega no sean defraudados, engañados ni seducidos, con objetos superfluos, sin ninguna utilidad ni valor a los fines de este artículo.

Art. 269. — Para determinar la duración de la jornada del trabajo de los indios, se tendrá en cuenta principalmente las condiciones del clima y temperatura, la naturaleza del trabajo, el sexo, edad y salud del trabajador. No podrá en caso alguno la jornada laborable del adulto pasar de diez horas, la de la mujer adulta y los menores de dieciocho años hasta catorce inclusive, de ocho. No se permitirá el trabajo de los indios menores de doce años.

Art. 270. — Queda prohibido a los empresarios o patrones de ingenio, obrajes, hacendados, labranzas, minas y otras explotaciones que empleen indios el suministrar a estos el título de alimento, ni obsequio, ni otro pretexto, bebidas alcohólicas o fermentadas en cantidad capaz de producir la embriaguez, y en ningún caso, licores intoxicantes, ni otras bebidas que causen ni siquiera lentamente éste efecto.

No permitirán que dentro del radio de la empresa, los negocios particulares que expenden bebidas, las vendan o suministren a los indios en aquellas condiciones, ni los obliguen con engaño o seducciones a comprarlas o consumirlas en dichas casas.

Los empresarios que contraviniesen a esta prohibición serán penados con una multa de trescientos pesos moneda nacional legal ($ 300), y los comerciantes particulares, con la de doscientos pesos de igual moneda ($ 200).

Art. 271. — Durante las horas y días de descanso, los empresarios cuidarán de mantener entre los indios el orden y la moralidad en sus diversiones, y procurarán inducirlos a entretenimientos propios de la vida civilizada, concillándolos en lo posible con sus hábitos nativos, y procurando su educación y apartamiento de prácticas de idolatría o supersticiones salvajes. Se permitirá la entrada de misioneros o catequistas religiosos que vayan con el propósito de instruir a los indios en la religión y la moral cristianas, y no podrá impedirse que los misioneros bajo cuya dirección se hallasen en sus tierras o lugar de origen, los acompañen y los instruyan en las horas no laborables.

Art. 272. — No podrá prohibirse a los indios, a menos de que el contrato fuese colectivo y la condición expresa, el que, fuera de las horas convenidas, se ocupen en otras faenas o con otros patrones, pudiendo consignarse en el contrato la distancia que podrán alejarse a fin de asegurar su vuelta al trabajo con la puntualidad debida.

§ III

DE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS INDIOS

Art. 273. — Bajo la dependencia del ministerio del Interior establécese el servicio de protección y defensa de los indios, en cuanto no se hallase encomendado a las fuerzas del ejército de línea de la Nación; se hallará a cargo de los fiscales en los territorios y de los funcionarios de la misma clase en las provincias donde los indios fuesen conducidos a prestar su trabajo temporalmente, sin abandonar su residencia originaria. Estos letrados tomarán a estos fines el título de “Defensores de indios”.

Art. 274. — Es obligación general de los defensores de indios, dentro o fuera de los territorios de su residencia:

l^9 Ejercer respecto de los indios que no han abandonado por completo la vida semisalvaje, y en cuanto no se halle encomendado a las autoridades militares, las funciones del ministerio público, velando por la justa aplicación de las leyes a todos los actos de la vida civil en que intervengan o que les interesen, amparándolos en sus derechos ante cualquier juez o tribunal, y contra cualquier persona, corporación o empresa que con ellos contrate o utilice sus servicios;

2’ Asistir, de acuerdo con esta ley, a la formación de los contratos individuales o colectivos que los indios concertasen con toda clase de empresarios, o sus representantes o mandatarios, a fin de exigir en ellos el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos que esos actos deben satisfacer;

3^9 Procurar de las autoridades nacionales y de las corporaciones privadas y públicas la protección y bienestar de los indios, ya por medio de ocupaciones ventajosas, ya por fundaciones de colonias, talleres, labranzas, chacras, escuelas u otros establecimientos en que se les enseñe el trabajo reproductivo y se les prepare al ejercicio de la vida civil como ciudadanos de la Nación;

4^9 Velar por el buen tratamiento debido a los indios de parte de cualquiera autoridad, empresa o persona que los tenga a su servicio, así como en las misiones religiosas católicas o de otras confesiones que se dedicasen a su conversión o enseñanza;

5^9 Ejercitar ante las autoridades administrativas o judiciales, según los casos, los derechos y acciones que correspondan para regularizar o dar forma legal a todos los actos de naturaleza civil que los indios realizasen o en que sean parte; representarlos en sus gestiones individuales o colectivas para el reconocimiento de sus títulos de posesión o dominio privado, sobre las tierras que habiten o pueblen conforme a las leyes, y para el cumplimiento de las promesas que las leyes o decretos de los poderes públicos contuviesen en su favor;

6’ Ser parte, en defensa de los indios, en cualquier causa criminal que se entable contra alguno de ellos por delitos comunes, en las cuales serán siempre considerados como circunstancias atenuantes su condición inculta o semisalvaje y la fuerza de los hábitos, instintos o supersticiones de raza;

7^9 Entablar recursos de babeas Corpus ante los jueces para exigir la inmediata libertad de los indios que fuesen ilegalmente retenidos o fuesen mortificados o maltratados por cualquiera autoridad o persona privada, ya en trabajos forzosos, ya en condición inferior a la persona civil, ya por engaños u otros artificios, destinados a servirse de ellos contra su voluntad, contra la ley, o contra los dictados de la moral o la caridad cristiana, debiendo en el mismo acto pedir la aplicación de la pena que corresponda.

Art. 275. — En todos los territorios nacionales donde existen indios, los defensores, los encargados del registro del estado civil, y los jefes, comisarios y demás empleados policiales, así como todo agente directo o indirecto de la autoridad nacional, religiosa, civil o militar, están obligados a procurar la incorporación de todo indio a la condición civil, por medio de su inscripción en el registro a la edad en que se encontrare. A este efecto, es deber de toda persona empleada en el servicio de la Nación, comunicar al jefe del registro civil más inmediato, bajo su responsabilidad, personalmente o por escrito, desde el lugar en que se hallare, los datos necesarios para la inscripción, debiendo la oficina llevar libros especiales destinados a las actas del estado civil de los indios.

Art. 276. — Cuando no se pudiese tener datos ciertos sobre el día del nacimiento, ni por declaración formal del mismo interesado, o cuando no existiese partida de bautismo u otra constancia semejante, servirán de suficiente información las que suministraren los vecinos, parientes o compañeros del indio, y en ausencia de estos, el oficial público hará constar la edad probable del mismo, según su aspecto exterior. A estos efectos no será exigida la orden judicial del artículo 34 de la ley de 31 de octubre de 1884, sino una simple manifestación afirmativa del defensor de indios que corresponda. La partida así formada llevará, además, la firma del Defensor y de dos testigos.

Art. 277. — En caso de no existir, no conocerse, o no poder entenderse el nombre del indio o de sus padres, o por muerte, ausencia o ignorancia de si estos existen y quiénes sean, se dará al inscripto el nombre que él mismo quiera adoptar o el que designe el defensor, el misionero o el catequista según los casos. Se procurará conservar como apellido pospuesto al nombre que se elija, la designación que cada indio use en su idioma o costumbre originaria.

Art. 278. — Respecto de las inscripciones de indios nacidos en territorio sometido de hecho a la autoridad nacional, los defensores deben declarar dichos nacimientos, no siendo en tales casos necesaria la traslación del oficial público al lugar donde hubiesen ocurrido, cuando entre éste y el asiento de la oficina mediasen más de cinco kilómetros, debiendo en tales casos comprobarse la existencia de la persona por certificados del juez de paz, de la autoridad militar, del jefe de la misión o de la colonia, y en último caso por la sola declaración jurada del defensor de indios y de dos testigos, en cuyo caso se ampliará hasta un mes el término en que debe hacerse la declaración.

Art. 279. — Para la inscripción de otros actos del estado civil regirán, además, las siguientes disposiciones:

1* En la celebración de matrimonios entre indios regirán los principios fundamentales de la ley de matrimonio civil, pero no serán obligatorios, en el acto de la celebración, los requisitos exigidos por los incisos l^9 y 2’ del artículo 179 del Código Civil, bastando, al efecto, el del inciso 3^9;

2* El reconocimiento de los hijos naturales por los indígenas podrá hacerse ante los defensores, quienes están obligados a comunicar a los encargados del registro civil los reconocimientos que ante ellos se hiciere, dentro del término de quince días;

3* Cuando sea necesario nombrar un tutor dativo para los indios, el cargo será ejercido por el defensor de la jurisdicción respectiva, sin que sea necesaria la escritura pública;

4* La patria potestad de los indios sólo será limitada por las leyes o instituciones que se propongan la educación o el trabajo de los menores, y en los demás casos de las leyes comunes, y ninguna persona ni autoridad tiene derecho para arrancar por la fuar-za un niño del poder de sus padres, ni someterlo a servidumbre excesiva y distinta de la permitida por las leyes sobre las demás personas.

Art. 280. — Los defensores de indios mantendrán con los gobernadores de los territorios las mismas relaciones establecidas para su carácter de fiscales; y además, pasarán cada seis meses, o cuando más una vez por año, al ministerio del Interior, una memoria sobre el estado de la población indígena en relación con esta ley, su condición civil y económica, su educación moral y cívica y su conversión religiosa, y en ella propondrán las medidas generales o locales que mejor se adaptasen para impulsar su más pronta incorporación a la vida civilizada de la república.

Art. 281. — De todas las faltas de orden administrativo que cometiesen con respecto a los indios los agentes o empleados dependientes de las gobernaciones, los defensores darán inmdiata cuenta al gobernador del territorio para su corrección, pudiendo acudirse en caso necesario, y cuando se tratase de empleados de mayor jerarquía, directamente al ministerio del Interior, y las faltas que importen un atentado o menoscabo contra la libertad, seguridad y patrimonio de los indios, serán juzgadas y penadas con arreglo a las leyes comunes.

Art. 282. — Toda iniciativa de particulares o corporaciones en el sentido de proporcionar a los indios un mayor bienestar, cultura o protección, será presentada al ministerio del Interior, el que, según los casos, les prestará la atención y ayuda directas, o encomendará su cumplimiento a los defensores de indios y demás autoridades de los territorios.

Art. 283. — Las infracciones a los artículos 264, 265, 266, 267 y 268 deberán ser acusadas por los defensores ante el juez competente y penadas con multa desde cien basta trescientos pesos moneda nacional, y las que se cometiesen contra lo dispuesto en los artículos 271 y 272, con multa desde cincuenta hasta doscientos pesos moneda nacional.

Art. 284. — En todos los casos no expresamente previstos o legislados en este título, se aplicará las demás prescripciones de esta ley relativas a los obreros y patrones y a las autoridades, o las que contengan las demás leyes especiales de la nación que se refieran a los indios y a los territorios donde habiten.

Título XI

CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

§ I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 285. — En todos los establecimientos industriales comprendidos en la presente ley, los locales, instalaciones, procedimientos de elaboración o confección y demás condiciones del trabaj’o, han de ser siempre de manera que no causen perjuicio a la Salud, al bienestar o a la vida de las personas ocupadas en ellos, o a la salud pública, o al bienestar o seguridad de las personas que habiten en la vecindad de dichos establecimientos. Con tal objeto, quedan sometidos en particular a las disposiciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de las de otras leyes, ordenanzas o reglamentos que se refiriesen a ellos y que no sean incompatibles con las anteriores.

Art. 286. — Para los efectos de esta ley, deberá entenderse por establecimientos industriales las usinas y las fábricas, manufacturas y talleres no domésticos, cualquiera que sea su objeto, es decir, todos aquellos establecimientos o locales destinados a la manipulación, elaboración, modificación o restauración de algún producto o artículo por procedimientos mecánicos o manuales, en que se emplee el trabajo colectivo de otras personas que las que constituyen la familia del empresario, sin exceptuar los nacionales, municipales y de beneficencia pública o privada, en que se ejecute tal clase de trabajos.

Art. 287. — La autoridad sanitaria podrá extender las disposiciones referentes a establecimientos industriales de la presente ley, en todo o en parte, o especialmente modificadas para el caso, a cualesquiera otros establecimientos, lugares u ocasiones en que se ocupa a otras personas que las que constituyen la familia del empresario, y a cualquiera instalación mecánica, siempre que a juicio de la autoridad sanitaria el trabajo se efectúe en dichos establecimientos, lugares, ocasiones o instalaciones mecánicas, en condiciones que den lugar a la aplicación de alguna o de todas las disposiciones de la presente ley.

Art. 288. — Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones del primer artículo, en todos los establecimientos industriales deberá llenarse los siguientes requisitos :

- a)  De higiene;

- b)  De seguridad;

- c)  De relaciones con la vecindad, prescriptos por los artículos que siguen, o por alguna reglamentación ulterior de la presente ley.

N’ 1

Condiciones de higiene

Art. 289. — Los establecimientos industriales serán mantenidos :

- a)  En estado satisfactorio de limpieza;

- b)  Libres de emanaciones de canales de desagües, instalaciones cloacales, letrinas y amontonamiento de desperdicios;

- c)  Cuidando de que no haya en los locales un hacinamiento capaz de perjudicar la salud o de poner en peligro la vida de las personas ocupadas en ellas;

- d)  En condiciones de iluminación y de temperatura adecuadas a la clase dé trabajo y a las personas ocupadas en ellos;

- e)  Suficientemente ventilados para evitar toda viciación perjudicial del aire, sea debida a las personas ocupadas, sea debida a los gases, emanaciones, vapores, polvos y demás residuos que pudieran ser originados por el trabajo mecánico o manual.

Art. 290. — Para cumplir los requisitos de limpieza exigidos a los establecimientos industriales deberán ser blanqueados con dos manos de cal, cada año al menos, todas las paredes interiores, cielos rasos y altillos de los locales destinados al trabajo y de las escaleras y corredores de estos, a no ser que fuesen pintados al óleo o barnizados cada 7 años, en cuyo caso dichas superficies pintadas o barnizadas serán lavadas con agua caliente y jabón cada año al menos.

En los casos en que determinados establecimientos o parte de ellos estuvieren en condiciones que, a juicio del inspector, hiciesen innecesaria o imposible la ejecución de estos requisitos, la autoridad sanitaria podrá solicitar en favor de 6us empresarios la exención total o parcial de dichas obligaciones.

Art. 291. — Los establecimientos industriales que no estuvieren mantenidos exentos de emanaciones de canales de desagües, instalaciones cloacales, letrinas y amontonamientos de desperdicios, serán considerados infractores a la ley, y además, declarados perjudiciales a la salud pública, y todo inspector municipal o nacional está en el deber de denunciarlo en tal sentido a la autoridad sanitaria, el cual ordenará su clausura hasta que se haga en ellos satisfactoriamente las reparaciones, instalaciones o limpieza requeridas.

Art. 292. —l^9 Para los efectos de esta ley, se considerará que en un establecimiento industrial hay hacinamiento capaz de perjudicar a la salud de las personas en él ocupadas, cuando en un local, el espacio mínimo correspondiente a cada una de éstas fuese menor de 12 metros cúbicos en horas ordinarias de trabajo, y menor de 20 metros cúbicos en horas extraordinarias, durante las cuales se emplee otra iluminación que la eléctrica, y se considerará que hay hacinamiento peligroso para la vida, cuando la superficie correspondiente a cada persona en un local fuese menor de dos metros cuadrados.

2[1] 2 3 4 5 6 7 8 La autoridad sanitaria podrá aumentar estas cifras para determinadas industrias o establecimientos, en que las condiciones de trabajo u otras lo hubieren indicado, y deberá fijar cifras mayores que las prescriptas, adaptadas a los distintos casos, para los locales de trabajo que fuesen utilizados de noche como dormitorios. Estas cifras regirán en lugar de las fijadas en este artículo.

3[8] En todo establecimiento industrial se colocará en los locales respectivos, en punto visible, carteles que indiquen el número de personas que pueden ser ocupadas en ellos de acuerdo con las prescripciones de este artículo.

Art. 293. — 1’ En todo establecimiento industrial deberá tomarse medidas suficientes para asegurar en todos sus locales de trabajo:

- a)  Una temperatura adecuada; y

- b)  Una iluminación suficiente a las personas ocupadas en ellos, en relación con su edad y sexo y con la clase de trabajo, sin perjudicar a la ventilación.

dará de mantener las puertas, ventanas o instalaciones de ventilación en estado satisfactorio de funcionamiento.

2^9 Será considerada insuficiente la ventilación de un lo-cal cuando las disposiciones o instalaciones correspondientes lo permitan, o no estén mantenidas en estado de impedir que la proporción del ácido carbónico del aire de un local, en las condiciones proscriptas por el artículo 292, alcance o exceda en algún momento de trabajo la proporción de uno por mil.

3’ La autoridad sanitaria podrá prescribir condiciones o instalaciones especiales de ventilación para determinados establecimientos industriales, en que ellas estuvieren indicadas.

4^9 Los gastos de las instalaciones de ventilación que fuesen necesarios para asegurar el cumplimiento de este artículo, serán pagados por el empresario del establecimiento industrial, pero en caso de que dichas instalaciones determinasen un aumento de valor del edificio, el empresario tiene derecho, de parte del propietario, a una indemnización correspondiente al aumento efectivo de valor que hubiere al entregarle el edificio.

[1]

[8] La autoridad sanitaria determinará por reglamenta

[2]

ción especial la forma de dichas medidas y los establecimien

[3]

tos en que deberán ser aplicadas, debiendo emplearse como medio de determinación de las condiciones de iluminación de los locales el método fotométrico de Wingen, o el que se adopte para la determinación de la luz en las escuelas.

[4]

Art. 294. I[8] En todos los locales de trabajo de un esta

[5]

blecimiento industrial deberá asegurarse una ventilación su

[6]

ficiente que, según los casos, podrá hacerse por medio de la

[7]

apertura y distribución adecuada de puertas y ventanas, de

[8]

claraboyas, o por medio de instalaciones especiales, y se cui-

5^9 Las instalaciones especiales de ventilación que fuesen necesarias para evitar la viciación del aire por gases, emanaciones, polvos y demás residuos que pudieran ser originados por el trabajo mecánico o manual, en un establecimiento industrial que no estuviese comprendido en las disposiciones especiales de la presente ley, deberán ser reglamentadas oportunamente por la autoridad sanitaria.

Art. 295. — Cuando en un establecimiento industrial o en parte de él, los procedimientos de trabajo originen líquidos que permitan su desagüe, éste deberá ser asegurado por dispositivos adecuados.

Art. 286. I^9 Todo establecimiento industrial deberá estar provisto de instalaciones cloacales higiénicas, en proporción de un water-closet y un lavatorio por cada 20 obreros, y deberá proveer a éstos agua potable en cantidad suficiente.

2’ La autoridad sanitaria determinará lo que debe entenderse por “instalaciones cloacales higiénicas”, así como la forma en que éstas deberán hacerse donde no fuese posible su conexión con obras de cloacas urbanas.

Art. 297. — Los establecimientos industriales en que se omita o se ejecute incompletamente algunos de los requisitos de higiene exigidos, serán considerados en infracción a la presente ley, debiendo tenerse las omisiones o descuidos que hubiese respecto a cada uno de los artículos anteriores como otras tantas infracciones, las que serán penadas con multa desde cincuenta hasta doscientos pesos por cada infracción, según su gravedad, debiendo en caso de reincidencia ordenar la clausura.

Art. 298. — No se permitirá a los obreros hacer sus comidas en local alguno destinado al trabajo, y en los establecimientos que ocupen a más de 20 personas y en que, a causa del horario o la distancia, no pudiesen los obreros comer en sus casas, deberá disponerse para las comidas, locales adecuados, provistos de instalaciones suficientes de uso gratuito para calentar los alimentos.

Art. 299. — En los establecimientos en que fuese necesario el cambio de vestidos, deberá prepararse locales adecuados provistos de lavatorios, a razón de 1 por cada 20 obreros, y el acceso a dichos locales estará cerrado y quedará prohibido a los obreros durante las horas de trabajo.

Art. 300. — Ninguna persona que se enfermase de difteria, coqueluque, sarampión, escarlatina, viruela u otra afección reconocida como contagiosa o epidémica, podrá ser empleada en un establecimiento industrial, mientras no presente un certificado médico atestiguando que ha desaparecido todo peligro de contagio, bajo la pena de multa desde cien hasta quinientos pesos a cargo de quien la hubiese ocupado.

N^9 2

Condiciones de seguridad

Art. 301. — Todo empresario de algún establecimiento de los comprendidos por la presente ley, deberá procurar todos los dispositivos y tomar todas las medidas que respecto a las máquinas o a los útiles y respecto a la naturaleza del trabajo fuesen necesarias y practicables, con el objeto de resguardar la vida de los obreros que emplea, y será responsable de los accidentes que originase la deficiencia de dichas instalaciones o de su funcionamiento, o alguna negligencia en la aplicación de dichas medidas.

Art. 302. — Las calderas u otros generadores de vapor, bajo presión, deberán:

1? Ser sometidas por la inspección técnica antes de ser usadas, a una prueba de resistencia llevada al doble de la presión a que deban funcionar ordinariamente; lo cual deberá constar en un certificado que queda en poder del industrial, y que éste deberá exhibir al inspector cuando lo reclame;

2^9 Estar provistas de válvulas de seguridad, manómetro y tubo indicador del nivel del agua en buenas condiciones de funcionamiento;

3’ Ser objeto de una inspección técnica por lo menos cada año.

Art. 303. — Los motores a gas, a vapor o a electricidad, las ruedas hidráulicas y turbinas, y todo otro mecanismo de producción de energía, deberán estar en local aparte, cerrado del lado de los locales de trabajo, y solamente accesible a las personas encargadas de su vigilancia, pero cuando se trate de pequeños motores comunes, podrá autorizarse bajo determinadas condiciones su funcionamiento en algún local de trabajo, siempre que esté aislado por una barrera de hierro.

Art. 304. — Las máquinas, mecanismos o útiles puestos

en movimiento por dichos motores, deberán estar dispuestos en las condiciones siguientes:

- a)  Rodeados de barreras o enrejados de hierro sólido, según los casos;

- b)  Separados unos de otros (Om.6O) sesenta centímetros al menos;

- c)  Suficientemente iluminados para que sus movimientos puedan ser fácilmente percibidos por las personas que llegaren a encontrarse en contacto con ellos.

Art. 305. — Todas las piezas salientes y partes peligrosas de las máquinas, tales como árboles, rodantes, engranajes y correas, estarán provistas de órganos de protección adecuados, como ser: enrejados de hierro, vainas, cubre engranajes, etc., o dispuestos de manera que ofrezcan la misma seguridad que si estuviesen protegidas.

Art. 306. — Las máquinas con instrumentos cortantes que giran a gran velocidad, tales como máquinas para aserrar, cortar, hachar, tornear, y todo otro mecanismo análogo, estarán dispuestas o protegidas de manera que los obreros no puedan tocar involuntariamente los instrumentos cortantes desde el punto en que están ocupados.

Art. 307. — Los pasajes de circulación en los locales de trabajo deberán ser suficientemente amplios para que los obreros no necesiten hacer movimientos o adoptar posturas especiales para evitar el ser alcanzados por los mecanismos en movimiento.

Art. 308. — Todas las disposiciones de seguridad y protección exigidas, siempre que la importancia del establecimiento lo permita, deberán estar de acuerdo con los progresos técnicos, cuya aplicación considerase indicada la inspección técnica.

Art. 309. — l^9 La puesta en acción o detención de las máquinas deberán ser precedidas de una señal convenida, debiendo hacerse ésta, en los establecimientos con grandes máquinas y varios locales, por un dispositivo que permita comu-mearlas instantáneamente a cada uno de los locales, con instalaciones mecánicas movidas por dichos motores.

2^9 Los conductores de máquinas, los contramaestres o capataces de taller, tendrán siempre al alcance de la mano un aparato destinado a detener instantáneamente la fuerza motriz y las transmisiones.

Art. 310. — l^9 El manejo de las correas se hará por medio de sistemas que eviten el empleo directo de la mano tales como portacorreas o palancas fijas a la mano u otro, pero no podrá emplearse bastones de gancho.

2^9 En ningún caso se permitirá a los obreros proceder al engrasado, revisación o limpieza de las máquinas o mecanismos en movimiento, y aunque el mecanismo esté detenido, no podrá permitirse dichas operaciones si la transmisión continuase, mientras no se aparte debidamente la correa y se asegure el volante.

3^9 Ningún obrero podrá ser ocupado habitualmente en una tarea cualquiera en la vecindad inmediata, o en un punto situado en el plano vertical de un volante o de cualquier otro mecanismo que gire con gran velocidad.

Art. 311. — En los sitios en que los obreros estuviesen expuestos a caídas o a sufrir la caída de objetos colocados encima de ellos, deberá instalarse los dispositivos que correspondan a la naturaleza del trabajo practicado, especialmente:

- a)  Los pozos, trampas, sótanos, tanques, los reservorios de líquidos corrosivos, estarán provistos de barreras o cubiertos;

- b)  Los andamios estarán provistos en todos sus costados de resguardos de noventa centímetros de altura, y las escaleras de pasamanos sólidos;

- c)  Los elevadores, ascensores, guinches, etc., deberán llevar la indicación de su potencia avaluada en kilogramos, si están dedicados al servicio del personal, el número de personas; su acceso deberá estar debidamente protegido, y serán mantenidos en perfecto estado de funcionamiento.

Art. 312. — l^9 Todo establecimiento industrial en que se ocupe a más de cuarenta personas deberá estar provisto de instalaciones adecuadas para el salvataje de dichas perso-ñas en caso de incendio, tales como pueden ser exigidas de acuerdo con las circunstancias, especialmente escaleras de seguridad, escaleras incombustibles, número suficiente de aberturas y ventanas fáciles de abrir; pero en los establecimientos que existiesen con anterioridad a la sanción de la presente ley, las instalaciones especiales sólo podrán ser exigidas en caso de que no ocasionasen dificultades o gastos exagerados.

2^9 Todo establecimiento que la inspección hubiera demostrado encontrarse en las condiciones prescriptas para el caso de incendio, será provisto por la autoridad local de un certificado correspondiente.

3’ Todo establecimiento industrial que no se encontrase en dichas condiciones, será considerado en infracción a la presente ley, y en tal caso, la autoridad técnica deberá intimar al propietario del establecimiento la ejecución en un tiempo dado, de las instalaciones del salvataje que estuviesen indicadas, bajo pena de diez pesos de multa por cada día después de vencido el plazo.

Art. 313. — l^9 En toda ocasión en que hubiere personas ocupadas en un establecimiento industrial o en parte de él, las puertas del establecimiento o del local en que se encuentren dichas personas, deberán ser mantenidas en disposición de ser fácil y rápidamente abiertas desde adentro.

2^9 En toda fábrica o taller cuya construcción se inicie después de sancionada la presente ley, las puertas de todos los locales en que se ocupe a más de diez personas, deberán instalarse abriéndose para afuera.

Art. 314. — Todo establecimiento industrial en que se omita o descuide la ejecución de alguna de estas prescripciones de seguridad, y toda persona a quien se permita permanecer o trabajar en esas condiciones, serán considerados contraventores de la presente ley, y pagarán una multa desde cincuenta hasta trescientos pesos por cada vez. Además, la auto-

rielad deberá prohibir inmediatamente la utilización de todo mecanismo o instalación que fuesen denunciados peligrosos por un inspector, mientras no se haga en ellos las modificaciones o instalaciones que estuviesen indicadas

§ II

ESTABLECIMIENTOS INSALUBRES, PELIGROSOS E INCÓMODOS

N’ 1

Disposiciones relativas a la vecindad

Art. 315. — En todo establecimiento industrial instalado dentro de un distrito urbano de acuerdo con la presente ley:

- a)  No se podrá originar humo, hollín u otras emanaciones en proporciones nocivas a la salud o al bienestar de los vecinos;

- b)  Los residuos o líquidos se dispondrán siempre de manera de no contaminar el subsuelo, ni dar origen a filtraciones o desagües que perjudiquen la higiene de las habitaciones próximas a ellos;

- c)  El trabajo no podrá dar lugar a ruidos o sacudimientos capaces de perjudicar manifiestamente el bienestar de las personas o la solidez de las construcciones vecinas.

Art. 316. — A los efectos de la presente ley, se entenderá por establecimientos:

- a)  Insalubres, los que por la naturaleza de los productos manejados en ellos, de sus emanaciones, desagües o residuos, representen algún peligro para la salud de los obreros o de las personas que habitan en su vecindad;

- b)  Peligrosos, los que por la naturaleza de los productos manejados en ellos, o de los procedimientos de trabajo, representen algún peligro especial para la vida de los obreros o de las personas que habitan en su vecindad;

- c) Incómodos, los que por sus emanaciones mal olientes, el humo, el hollín, o ruidos excesivos, perjudiquen el bienestar de las personas que habitan en su vecindad en un grado que representen un perjuicio para su salud.

Art. 317. — Los establecimientos industriales, a los efectos del artículo anterior, se dividirán en tres clases:

La 1* comprende los que deberán estar ubicados fuera de los radios urbanos;

La 2’ comprende los que deberán estar dentro de los radios urbanos sólo mediante una autorización especial, que no podrá ser concedida sino con la certidumbre de que las operaciones practicadas en ellos no serán perjudiciales en modo alguno para las personas que habitan en su vecindad;

La 3* comprende los que no podrán estar ubicados dentro de los radios urbanos sin necesidad de autorización especial cumpliendo con los requisitos exigidos por la presente ley.

Art. 318. — Quedan comprendidos:

- a) En la primera clase las fábricas y depósitos de explosivos, de artículos pirotécnicos y de inflamables, las usinas y depósitos de gas de alumbrado, los alambiques de petróleo, las fábricas de alquitrán, de comprimidos de carbón, de almidón, de productos químicos, los hornos de ladrillos, de cal, de yeso, las fundiciones de metales que no sean simples talleres de moldeado, las calderas para hervir barnices, las curtiembres, jabonerías, fábricas de sebo, de cola, engrudo, los establecimientos en que se hierve o seca sangre, y los en que se hierve o se tritura huesos, la elaboración de tripas o grasas, las enfermerías, mataderos de animales, saladeros, mataderos y demás establecimientos que deban ser incluidos en ella a juicio de la autoridad sanitaria;

- b)  En la segunda clase: las fábricas de fósforos, de fulminantes, de mosaicos, los talleres para el baño de espejos, con aplicación de barniz de hidrocarburo, y para el plateado de metales, para el sacudido de alfombras, para el blanqueo de útiles por procedimientos químicos, las instalaciones para hacer carbón de leña, de aplicaciones de cautchout, aserraderos mecánicos, hornos de cemento, talleres de limpieza e hilados de capullos de seda, fábricas de pastas y papel, depósitos al por mayor de pescado salado, queso, cueros frescos o curtidos, fábricas y refinerías de azúcar, talleres de salazón y fábricas de conservas, fábricas de embutidos, manufacturas de tabacos, fábricas de barnices, fábricas de vidrio y todo otro establecimiento que debiere ser incluido en ella a juicio de la autoridad sanitaria;

- c)  En la tercera clase: los establecimientos que sin ser especialmente incómodos, insalubres o peligrosos, están sometidos a las prescripciones generales siguientes y a las especiales que estableciese la reglamentación de ella.

Art. 319. — La autoridad superior está facultada, previo los informes técnicos convenientes, para emitir prescripciones higiénicas y de seguridad especiales, mediante cuya observancia determinados establecimientos de la primera clase podrán ser considerados como pertenecientes a la segunda, y determinados establecimientos de la segunda como pertenecientes a la tercera.

Art. 320. — Será considerada prueba suficiente de que un establecimiento industrial no se encuentra de acuerdo con las condiciones exigidas por la presente ley, o el certificado en forma, de dos médicos, atestiguando que alguna persona sufre de accidentes originados por emanaciones o ruidos producidos en dicho establecimiento, o la declaración fundada, del inspector, de que dicho establecimiento no se encuentra en las condiciones exigidas.

Art. 321. —- Todo establecimiento industrial que fuere instalado en desacuerdo con las disposiciones del artículo 317, será considerado en infracción a la presente ley, y se resolverá su clausura inmediata, procediéndose, según los casos, a su desalojo, o a la ejecución de las medidas que estuviesen indicadas en cada caso, sin las cuales no podrá levantarse la clausura por motivo alguno.

Art. 322. — Todo establecimiento industrial no mencionado como comprendido en la segunda clase, que estuviere instalado dentro de un radio urbano, y que por sus emanaciones, instalaciones, ruidos u otras circunstancias fuese considerado en desacuerdo con el artículo 285, será penado como infractor de la presente ley, con multa desde, cien hasta quinientos pesos, si dentro de un plazo determinado no se tomase en él las medidas que estuviesen indicadas a juicio de la autoridad correspondiente; y se procederá a su clausura si dichas medidas no fuesen ejecutadas después del segundo aviso.

Art. 323. — Incumbe a las autoridades establecidas en esta ley, la aplicación de sus prescripciones relativas a la higiene y seguridad, y de las resoluciones ulteriores que se dictase de acuerdo con ella; y en caso de que dichas autoridades no procediesen como corresponde, los vecinos podrán exigir judicialmente la ejecución de las medidas reglamentarias, u otras que estuviesen indicadas, y el apercibimiento o una multa de cincuenta a doscientos pesos al funcionario responsable.

Art. 324. — El empresario de establecimiento industrial que considere inadecuada la aplicación, al establecimiento que él dirige, de alguno de los artículos anteriores, o alguna medida que a juicio de la autoridad estuviese indicada para corregir los inconvenientes de dicho establecimiento, de acuerdo con los artículos 315 y 316, podrá tramitar por la vía judicial la anulación de dichas medidas, de las penas que se le hubiesen infligido y la indemnización a que hubiere lugar, pero mientras no hubiese sentencia pronunciada, la existen-

cia de tal demanda no podrá retardar la ejecución de las medidas que estuviesen indicadas a juicio de la autoridad.

N’2

Disposiciones relativas a los obreros

Art. 325. — En todo local cerrado en que las materias empleadas sean peligrosas desde el punto de vista de la salubridad, deberá practicarse la ventilación artificial de manera que entren por cada persona ocupada y por hora 24 m. c. al menos.

Art. 326. — l^9 En todo establecimiento industrial en que los procedimientos de trabajo originen polvos, gases o vapores incómodos o insalubres, éstos serán evacuados directamente hacia fuera en el momento mismo de su producción, de manera que no se mezclen jamás al aire de los locales.

2^9 Para las humaredas, vapores, gases y polvos livianos, se intalará campanas con chimeneas de tiraje u otros dispositivos más perfectos que fuesen aplicables al caso, y para los más pesados que el aire, tales como vapores mercuriales y sulfuro de carbono, la ventilación tendrá lugar por des-censum y cada mesa de trabajo estará en comunicación con el ventilador.

3^9 Para los polvos originados por muelas, trituradores, hornos y todo otro aparato mecánico, se instalará en derredor de los aparatos tambores en comunicación con una ventilación aspirante suficiente.

4’ En caso de que la importancia del establecimiento lo permita, las instalaciones de ventilación se harán de manera que los gases y vapores no sean arrojados a la atmósfera sino condensados o quemados, y los polvos sean proyectados debajo de la hornalla o recogidos en cámaras especiales.

5^9 La pulverización de las materias irritantes o tóxicas y otras operaciones tales como el pasado por tamiz de éstas, se harán automáticamente en aparatos cerrados siempre que sea posible.

Art. 327. — Los obreros no podrán hacer sus comidas en el mismo local destinado al trabajo.

Art. 328. — En todos los casos en que no fuese imposible impedir completamente que los procedimientos de trabajo originen polvos o emanaciones insalubres, los obreros deberán ser provistos y obligados a usar anteojos, mascarillas, respiradores u otros dispositivos adecuados para protegerlos contra el contacto o la inhalación de dichos polvos o emanaciones.

Art. 329. — Siempre que fuese necesario, los obreros deberán usar para el trabajo ropas, delantales o blusas de forma y tela adecuadas para protegerlos contra los inconvenientes higiénicos del trabajo e impedir accidentes.

N’ 3

Disposiciones transitorias

Art. 330. — El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de dieciocho meses después de promulgada y puesta en ejecución la presente ley, los requisitos de higiene y de seguridad que deberán ser observados en las distintas clases de estable-. -cimientos industriales.

Art. 331. — La autoridad superior del trabajo está facultada para dictar en todo tiempo ordenanzas o reglamentos en ejecución de las prescripciones de los § II y III de este título, disposiciones anteriores relativas a los establecimientos en los que estuviesen indicadas medidas especiales.

Art. 332. — Mientras no se reglamente las disposiciones anteriores relativas a los establecimientos insalubres peligrosos o incómodos, los empresarios de los establecimientos industriales comprendidos en la I* y 2* clase podrán requerir la visita de un inspector con el objeto de que les indique las instalaciones y procedimientos de trabajo que serían considerados como no llenando las condiciones prescriptas. Se observará, además, lo establecido en el artículo 312.

§ III

PROVISIONES ESPECIALES

N’ 1

Panaderías y molinos

Art. 333. — Además de las prescripciones generales sobre la higiene, seguridad y trabajo en los establecimientos industriales, a partir de la sanción de la presente ley, toda panadería que se instale en una población de más de 5.000 habitantes, y todo ensanche de una panadería preexistente, deberá llenar las condiciones siguientes de edificación:

- a)  Los muros de los distintos locales serán suficientemente gruesos;

- b)  Deberá haber locales distintos y convenientemente distribuidos para el depósito del pan, los hornos, la fermentación y enfriamiento; las máquinas, la elaboración de la masa, la comida de los obreros, el lavado y el baño, el cambio de ropas;

- c)  Las hornallas se abrirán aparte del local destinado a la cocción del pan;

- d)  Todos los locales estarán provistos de ventanas, en número y forma suficientes para asegurar una buena ventilación e iluminación;

- e)  Siempre que la importancia del establecimiento lo permita, deberá hacerse instalaciones mecánicas adecuadas de ventilación, que serán mantenidas en estado satisfactorio de funcionamiento;

- f)  No podrá emplearse otra iluminación que la eléctrica cuando en el punto en que está ubicada la panadería se dispone de corriente; en caso de que sólo se disponga de gas de alumbrado, se empleará luz incandescente; la iluminación ha de ser siempre suficiente;

- g)  Todos los locales de trabajo deberán estar provistos de instalaciones para proporcionar agua potable abundante a los obreros;

- h)  La harina será depositada en locales situados arriba de los destinados a la elaboración de la masa, de manera que llegue a ellos por vaciamiento directo de las bolsas.

Art. 334. — l^9 Todo local de panadería deberá ser mantenido en condiciones satisfactorias de limpieza;

2^9 Siempre que la importancia del establecimiento lo permita, las paredes de los locales deberán ser pintadas al óleo, al menos en su mitad inferior, y lavadas siempre que fuese necesario;

3^9 En caso de que las paredes estén blanqueadas con cal, el blanqueo será renovado cada vez que su estado de deterioro lo exija, y al menos dos veces por año.

Art. 335. — No podrá destinarse a la elaboración del pan ningún local cuyo suelo se encuentre a más de 0.50 centímetros debajo del nivel de la calle, o en que los water-closets o aberturas de cañerías cloacales se encuentren en comunicación directa con los locales destinados a la elaboración o depósito del pan.

Art. 336. — En los locales en que se emplee la iluminación eléctrica, cada obrero deberá disponer durante las horas de trabajo con luz artificial, de un volumen de aire de 20 m. c. al menos.

Art. 337. — 1? Toda panadería deberá estar provista de lavatorios y baños cómodos y suficientes, y cuando ocupe a más de diez obreros, de un local especial para el cambio de ropas.

2^9 En todos los locales de trabajo deberá instalarse salivaderas higiénicas en puntos adecuados, en relación de una por cada cinco obreros ocupados en ellos, y éstas deberán ser limpiadas diariamente y mantenidas con agua en su interior.

Art. 338. — Para el horario de trabajo regirán las disposiciones siguientes en las panaderías:

- a)  Ningún obrero podrá ser ocupado en tarea alguna antes de las 5 de la mañana y después de las 9 de la noche;

- b)  Los períodos de trabajo no podrán exceder de diez horas por día para los adultos y 8 horas para los jóvenes de menos de 18 años cumplidos;

- c)  Entre un día y otro, los obreros deberán disponer de un período de descanso de diez horas seguidas al menos para los adultos y de 12 para los jóvenes de menos de 18 años, de manera que los obreros adultos que no hubieren sido licenciados antes de las 9 de la noche no podrán ser ocupados antes de las 7 de la mañana del día siguiente;

- d)  Los domingos deberá concederse a los obreros un descanso de 24 horas seguidas por lo menos, que podrá contarse a partir de las doce del mediodía domingo y para el cual podrán establecerse turnos distintos ;

- e)  Durante las horas de trabajo deberá intercalarse convenientemente por lo menos una y media hora de descanso y no podrán permanecer en el establecimiento más de doce horas diarias los obreros adultos y más de diez los jóvenes.

Art. 339. — Por las disposiciones de la construcción y por las funciones de que se encargue a los obreros, estos no podrán ser expuestos a súbitas transiciones de altas a bajas temperaturas relativas.

Art. 340. — A. El local destinado a la limpieza del trigo debe estar separado del de la molienda por un espacio por lo menos de 4 metros y el de la molienda por igual distancia mínima del depósito de cereales.

- B. Los motores y calderas deben estar instalados en edificio separado de los locales antes mencionados, y si se encontraren en el mismo cuerpo de edificio no podrán existir comunicaciones directas, como puertas, etc.

- C.  Todos los departamentos del molino deben estar pro vistos de cañerías para agua que, por cada 9 metros cuadrados alimenten un aparato rociador que entre automáticamente en funcionamiento cuando la temperatura llegue a un grado que determinarán los reglamentos.

- D.  Toda máquina centrífuga, cernidor, “planos-sihler ramasor”, canales de ventiladores, etc., debe estar provista interiormente del aparato rociador, del cual debe existir también uno en la cabecera de cada elevador.

- E.  En los molinos existentes, en que los locales no se encuentren separados en la forma indicada en A, la instalación de los aparatos rociadores se hará dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la ley. En aquellos que tengan tales locales en la forma indicada, la instalación de dichos aparatos podrá hacerse dentro del año y la separación de los locales en todos los establecimientos dentro de los dos años siguientes de la promulgación.

- F.  La circulación de los granos de un departamento a otro se hará por medio de roscas de fierro, y las puertas destinadas a dar pasaje a las personas serán igualmente de fierro.

Art. 341. — En las panaderías, molinos y depósitos de cereales, los pisos de los locales de trabajo, depósitos y todos los anexos, inclusive los locales destinados a habitaciones, deberán estar revestidos de concreto u otro material análogo; y todas las demás partes del edificio, especialmente techos, arranques de muros y tabiques, altillos, marcos de puertas y de ventanas, se dispondrán de manera de impedir que aniden ratones.

Art. 342. — En los molinos regirán las disposiciones contenidas en el artículo 337, incisos 1, 2 y 3, y en el artículo 334 y en los locales en que hubiese desprendimiento de polvo, deberá haber instalaciones adecuadas de ventilación mecánica, que serán mantenidas en correcto estado de funcionamiento.

Art. 343. — Todos los molinos y depósitos de cereales deberán estar construidos de manera de evitar el empleo de

materiales combustibles, siempre que fuese posible, y provistos de las instalaciones de seguridad contra incendios y sal-vataje que fuesen necesarias, de acuerdo con la importancia del estableciminto.

N^9 2

Manufacturas de tabacos

Art. 344. — l^9 Sin perjuicio de las prescripciones generales de este título, los locales de trabajo en las manufacturas de tabacos no podrán tener el piso a más de 0.50 centímetros por debajo del nivel de la calle;

2^9 Deberán estar provistos de un número suficiente de ventanas de altura conveniente, que podrán ser mantenidas abiertas en cualquier ocasión en la mitad superior de su superficie al menos;

3^9 Los pisos de los locales de trabajo deberán ser fuertes y de superficie lisa, de modo que puedan ser fácilmente limpiados por medio de lienzos húmedos.

Art. 345. — l^9 Los locales de trabajo no podrán ser utilizados en ocasión alguna como habitaciones o para las comidas, y no podrán ser depositados en ellos otros materiales o artículos que los que hubiesen sido elaborados en el día.

2^9 Los secadores o depósitos deberán estar separados de los locales de trabajo y cerrada toda comunicación directa con ellos durante los períodos de trabajo.

3^9 Las ropas de los obreros no podrán ser depositadas en los locales de trabajo.

4’ El piso y las mesas de trabajo serán lavados o frotados con lienzos mojados al menos una vez por día.

Art. 346. — Durante las pausas, los locales de trabajo serán ventilados con la apertura completa de las ventanas y de las puertas que no den a los depósitos o secaderos.

Art. 347. — l^9 Las mujeres embarazadas no podrán ser ocupadas en tarea alguna dentro del establecimiento, y fuera de él no podrán ser ocupadas en tareas relacionadas con la manipulación directa del tabaco;

2^9 Los jóvenes de 14 a 16 años y las mujeres, no podrán ser ocupadas en la desecación, pulverización, picado o cortado en hebras de tabaco, y no podrán trabajar ni les será permitido el acceso a los locales en que se efectúen estas opera-

i

ciones;

3^9 Los obreros con accidentes manifiestos de tuberculosis no podrán ser ocupados en las manufacturas de tabacos.

Art. 348. — Las manufacturas de tabacos quedarán sometidas a inspección médica bianual, con el objeto de comprobar el estado de salud de los obreros que ocupan.

N’ 3

Lavaderos y talleres de planchado

Art. 349. — En los lavaderos y talleres de planchado en qué el trabajo se hiciese a vapor, agua u otra fuerza mecánica:

- a)  Deberá instalarse y mantenerse en estado satisfactorio de funcionamiento, ventiladores u otros dispositivos adecuados, para evitar temperaturas excesivas en los locales de planchado, y la acumulación de vapor de agua en los locales de lavado;

- b)  Todas las estufas para la calefacción de las planchas deberán estar suficientemente aisladas de los locales de trabajo, y no podrá emplearse planchas a gas;

- c)  Los pisos serán mantenidos en buen estado y con instalaciones de desagüe en los locales de lavado.

Art. 350. — Las prescripciones del anterior artículo se aplicarán indistintamente en todos los lavaderos y talleres de planchado, cualquiera que sea su índole, pero se aplicarán sólo a los que no ocupan más de dos personas extrañas a la familia.

N^9 4

Fábricas de fósforos

Art. 351. — Además de las disposiciones generales de este título, en las fábricas de fósforos, cuando los progresos técnicos y la importancia del establecimiento lo permitan, las diversas operaciones de la fabricación, como la elaboración de la pasta, baño, desecación y empaquetado de las cerillas, etc., se harán por procedimientos mecánicos.

Art. 352. — En las fábricas en que la pasta inflamable se prepara con base de fósforo, se observarán las prescripciones siguientes :

l^9 Deberá haber locales especiales: a) para la preparación de la pasta; b) para el baño de cerillas; c) para su secado y empaquetado; d) para el depósito de la mercadería concluida; cuya distribución será determinada en la reglamentación correspondiente;

2^9 En los locales, a, b, y c, deberá haber dispositivos que aseguren su ventilación permanente; y en el local c se instalará termómetros que indiquen de manera visible el grado máximo de temperatura tolerable en ellos, que será de 35° centígrados;

3^9 Los locales a, b y d, tendrán al menos 5 metros de altura; los locales b, c y d, serán de materiales incombustibles; y los locales a, b y d, serán blanqueados con cal, al menos dos veces por año, raspando antes la capa preexistente;

4^9 La preparación de la pasta, se hará en receptáculos cerrados herméticamente, cuya abertura funcione como válvula de seguridad;

5^9 Los locales a, b, c y d, serán limpiados cuidadosamente todos los días después de terminado el trabajo, y los residuos de esta limpieza serán quemados inmediatamente;

6’ Fuera de los locales citados, pero en su inmediata vecindad, deberá haber lavatorios y dispositivos adecuados para el lavado de la boca;

7^9 Los empresarios, jefes y capataces velarán por que los obreros se laven perfectamente las manos y la boca antes de tomar alimentos y antes de ser licenciados ;

8^9 No se permitirá tomar alimentos a los obreros sino en un local especial en las condiciones del artículo 298.

9^9 Los niños varones de menos de 14 años y mujeres de menos de 16 años, no podrán ser ocupados en el baño de las cerillas;

- 10.  En los locales a, b, c y d, sólo podrán ser admitidas al trabajo personas provistas de un certificado médico especificando que tienen todos los dientes en buen estado y que son aptas para el trabajo que se les encomienda; y no podrán seguir ocupados en dichos locales obreros que se enfermasen de la dentadura o de necrosis, mientras los dientes careados no les fuesen convenientemente obturados o no estuviesen completamente restablecidos;

- 11.  Se establecerá turnos entre los obreros de manera que no sean ocupadas siempre las mismas personas en los locales a, b y c, en la forma que crea conveniente el inspector, de acuerdo con el empresario, y se llevará un libro de dichos turnos.

Art. 353. — En las fábricas o partes de fábricas de cerillas en que el fósforo amorfo no entra en la composición de la pasta, sólo regirán las prescripciones 1% 3% 4* 6% 7* y 9*.

N’ 5

Talleres para el azogado de espejos

Art. 354. — En los locales en que se efectúa el azogado de espejos:

- a)  Los pisos serán de asfalto o cemento, y lisos;

- b)  Deberán estar provistos de un número suficiente de ventanas, dispuestas de manera que durante las horas de trabajo estén permanentemente abiertas por lo menos en la mitad superior de su superficie;

- c)  Cada obrero deberá disponer de un espacio de 50 metros cúbicos al menos.

Art. 355. — l^9 El horario máximo de trabajo será de 8 horas en invierno y de 6 en verano;

2^9 Todos los obreros deberán disponer anualmente de un período de 4 semanas de vacaciones, al menos.

3^9 Todos los días, después de terminado el trabajo, los envases de mercurio serán convenientemente tapados.

Art. 356. — En los talleres en que se practica el plateado de espejos regirán las disposiciones que siguen:

l^9 La temperatura de los locales no podrá en ningún caso exceder de 36° centígrados, y la ventilación deberá ser en ellos suficiente;

2^9 En los locales en que se trabaja con aire caliente, dedeberá instalarse termómetros provistos de una indicación fácilmente legible del grado máximo.

3^9 El horario de trabajo no podrá exceder en ningún caso de 9 horas diarias para los obreros que trabajan en locales mantenidos artificialmente a una temperatura superior a 24° centígrados.

N^9 6

Industrias textiles

Art. 357. — En los establecimientos pertenecientes a estas industrias, los procedimientos de fabricación no podrán ser jamás un obstáculo para la ventilación suficiente de los locales de trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley al respecto.

Art. 358. -— En los locales en que se trabaja con aire calentado y humedecido artificialmente, la temperatura y el grado de humedad del aire no podrán ser elevados en proporciones nocivas a la salud.

Art. 359. — La ventilación será siempre mecánica en los locales donde existan mecanismos o mesas en que se originen en abundancia partículas orgánicas, y deberá consistir:

- a)  En la absorción inmediata de los polvos en dichos mecanismos y mesas;

- b)  En la proyección de aire puro dentro del local desde la parte superior, y en la aspiración descendente de los polvos en el piso.

Art. 360. — En los locales, mecanismos o mesas en que la ventilación mecánica fuese impracticable, por razones de orden técnico, o en que ésta no fuese indispensable, a juicio de la inspección, por no encontrarse dichos locales en las condiciones del artículo anterior, los obreros serán provistos de respiradores adecuados y obligados a usarlos.

Art. 361. — En los locales que se hallen en las condiciones del artículo anterior, el volumen de aire será de 20 m. c. al menos para cada persona ocupada en ellos, y las ventanas deberán ser en número y de altura suficientes, y dispuestas de manera que sean mantenidas abiertas en su mitad superior al menos, durante los períodos de descanso.

Art. 362. — l^9 En todos los locales de trabajo y depósitos, queda absolutamente prohibido el barrido de los pisos.

2^9 Los pisos de los locales deberán ser completamente frotados con trapos húmedos, al menos una vez por día.

3^9 Las paredes deberán ser lisas, y si la importancia del establecimiento lo permite, pintadas al óleo al menos en su mitad inferior.

Art. 363. — l^9 En los locales en que se cardan, limpian, disocian o sacuden las materias textiles, se prohíbe la ocupación y el acceso de los jóvenes de menos de 18 años cumplidos.

2^9 Siempre que fuera posible, las operaciones mencio-.

nadas se harán por medios mecánicos y con mecanismos cerrados, convenientemente ventilados.

Art. 364. — l^9 Deberá entenderse por establecimientos pertenecientes a las industrias textiles, las fábricas de tegidos y todos aquellos en que se elabore materias textiles.

2^9 En todos los establecimientos que no sean fábricas de tejidos, pero en los cuales la manipulación de los materiales que se emplease dé lugar al desprendimiento abundante de partículas orgánicas, deberá observarse las disposiciones referentes a ventilación, en relación con la clase de las operaciones practicadas en ellos.

Art. 365. Dentro de dieciocho meses después de promulgada y puesta en ejecución la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de estas disposiciones, de acuerdo con el informe correspondiente de la autoridad técnica, y está facultado para modificar en algún caso particular dichas disposiciones, en la forma en que estuviere indicada a juicio de dicha autoridad superior, y de acuerdo con los progresos de la técnica y de la higiene industrial.

N^9 7

Fábricas de vidrio

Art. 36C. — En los locales en que se derrite o sopla vidrio, deberá instalarse ventiladores mecánicos de aletas, en grado que haga tolerable el calor a los obreros.

Art. 367. — En los hornos se instalará pantallas de vidrio ahumado, de manera de proteger a los obreros contra la irradiación de calor y de luz, o se proveerá a los obreros que trabajan en ellos y se les obligará a usar mascarillas de madera provistas de vidrios ahumados que protejan la parte superior de la cara y los ojos.

Art. 368. — l^9 Sólo podrán ser ocupados en soplar por la boca el vidrio, obreros de más de 18 años, provistos de un certificado de buena salud y de aptitud al respecto, y cada obrero deberá disponer de una boquilla personal.

2^9 Siempre que la importancia del establecimiento lo permita, y en relación con ella, será obligatorio soplar mecánicamente el vidrio por medio de los aparatos más perfeccionados que hubiere.

3^9 Dentro de cinco años quedará absolutamente prohibido el soplado del vidrio por la boca.

Art. 369. — En los locales en que se derrite o sopla el vidrio, no se permitirá jamás el acceso a los jóvenes menores de 16 años.

Art. 370. — l^9 Los pasajes deberán ser suficientemente amplios, para no dar ocasión a las quemaduras por descuidos.

2’ En los locales en que se derrite o sopla el vidrio, cada obrero deberá disponer de espacio suficiente, que será fijado por los reglamentos y el cual será arriba de un mínimo de 2 metros cúbicos.

Art. 371. — l^9 Todos los locales deberán ser suficientemente amplios para la seguridad y la higiene de los obreros, y la iluminación y ventilación serán adecuadas a la clase de trabajo que se ejecute en ellos.

2^9 Los pisos de los locales de trabajo deberán estar revestidos de concreto u otro material análogo; y mantenidos en estado satisfactorio de limpieza.

Art. 372. — Todas las fábricas de vidrio deberán estar provistas de instalaciones de baños, en proporción de un baño por cada 20 obreros, niños, jóvenes o adultos, convenientemente ubicados..

Art. 373. — l^9 Los empresarios o gerentes de las fábricas de vidrio están en el deber de denunciar a la autoridad superior, todos los casos de afecciones de los ojos que ocurriesen en sus establecimientos, y ésta procederá a establecer la responsabilidad que en ellos tuvieran, de acuerdo con el dictamen de la inspección médica.

2’ Los empresarios o gerentes que omitiesen dicha denuncia, sufrirán la pena de multa desde cincuenta hasta trescientos pesos.

N* 8

Disposiciones complementarias y penales

Art. 374. — El empresario de un establecimiento industrial en que ocurriese la infracción o se omitiese la ejecución de alguna de las disposiciones generales o especiales del presente título, que le fuesen aplicables, sufrirá una multa de 50 pesos por cada primera infracción; y por cada infracción subsiguiente en un período de dos años, la multa será de 100 pesos.

Art. 375. — Cuando el empresario de un establecimiento industrial pudiese justificar que la infracción u omisión han teñido lugar a pesar de órdenes suyas terminantes al respecto, corresponderá abonar la multa al empleado subalterno que hubiese omitido la ejecución de dichas órdenes.

Art. 376. — Todo empresario, gerente o capataz de un establecimiento industrial que despidiese a un obrero, o emplease contra él alguna represalia, por haber denunciado alguna infracción o falta de ejecución que resultase comprobada, de alguna de las disposiciones del presente título, de las que afectan la salud pública, deberá indemnizar a dicho obrero con una suma igual a tres meses de salario medio, que hubiese cobrado antes de su despido del establecimiento.

Art. 377. — Todos los obreros de los establecimientos enumerados en el § III de este título, antes de ser incorporados al trabajo deben presentar un certificado de aptitud física y de buena salud, otorgados gratuitamente por los médicos de cualquier repartición del Estado y de las municipalidades, bajo pena de veinte pesos de multa por cada negativa, que deberá denunciarse ante el inspector de la sección que corresponda.

Art. 378. — Es absolutamente prohibido, bajo pena de multa de cincuenta pesos por la primera infracción y cien por las sucesivas, a los empresarios, dueños o gerentes de todo establecimiento industrial, proveer o permitir que se provea a los obreros durante su permanencia en él, de bebidas alcohólicas de cualquier clase.

Art. 379. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a contar desde la promulgación de la ley, en la forma siguiente:

- a)  Las referentes a horarios de trabajo, un mes después;

- b)  Las referentes a instalaciones y disposiciones de seguridad que exigiesen reformas importantes en el edificio, o en las maquinarias, o el desalojo, seis meses después;

- c)  Todas las demás disposiciones, dos meses después.

Art. 380. — Los empresarios de establecimientos industriales existentes; que para ponerse en las condiciones exigidas por la presente ley, necesitasen hacer reformas importantes en los edificios o maquinarias, deberán avisarlo a la autoridad técnica, y tendrán derecho a una visita de la inspección correspondiente, para recibir las indicaciones y hacer las reclamaciones a que hubiese lugar; y si la autoridad lo creyese justo, podrá ampliarse hasta un año él plazo indicado en el artículo anterior.

Art. 381. — Todo empresario que pudiendo haber dado el aviso a la autoridad técnica y solicitado la inspección de su establecimiento, y que, vencido el plazo de seis meses del artículo 379, no se encontrase en las condiciones exigidas por la presente ley, será considerado infractor a ella y se procederá con él en la forma prescripta por el artículo siguiente.

Art. 382. — Cuando en un establecimiento industrial de los comprendidos en el artículo 380, o en uno establecido después de promulgada la ley, se omitiese la ejecución de las instalaciones o dispositivos exigidos en ella, al aplicársele la multa, una vez vencido el plazo que correspondiese, se le intimará su ejecución dentro de otro plazo prudencial que, según las circunstancias, podrá ser hasta de seis meses y si vencido el plazo fijado no se hubiese ejecutado las obras exigidas o se hubiesen ejecutado incompletamente, la autoridad técnica procederá a ejecutarlas por cuenta del interesado, sin perjuicio de la multa que correspondiese por cada infracción subsiguiente, establecida en el artículo 374.

Título XII

ASOCIACIONES INDUSTRIALES Y OBRERAS

§ I

SUS CARACTERES ¥ MODOS DE CONSTITUIRSE

Art. 383. — El derecho que todo habitante de la república tiene para trabajar y ejercer su industria, comercio y profesión, en condiciones y con fines lícitos, podrá ejercerse por medio de la asociación de los individuos, gremios de obreros o de empresas de ocupación semejante.

Art. 384. — Las asociaciones ya existentes o que en adelante se constituyesen por obreros o industriales, con el objeto de fomentar, desarrollar, mejorar o conservar los intereses comunes a un mismo ramo de la industria, profesión u oficio, y en particular los que tengan por objeto la ayuda o protección mutua entre obreros o patrones, podrán formarse libremente sin necesidad de autorización previa, pero sólo gozarán de los beneficios de la personería jurídica y de los que esta ley concede, cuando hayan cumplido las condiciones que en este título se establecen para su reconocimiento legal.

Art. 385. — Será nula y sin efecto alguno la asociación que se forme:

l^9 Con propósitos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes, a la integridad nacional o a la Constitución de la república;

2“ Sobre la base de la renuncia o desconocimiento de la libertad individual de sus miembros para contratar o ejercer sus derechos de acuerdo con su conciencia;

3^9 En violación del artículo 565 del Código Civil y de las disposiciones prohibitivas de la presente ley.

Art. 386. — Pueden asociarse los obreros que trabajan en un mismo establecimiento fabril, industrial, agrícola o minero, o empresa de transporte, y los que, trabajando separadamente o a domicilio, o en talleres o casas que empleen menos de diez operarios, pertenezcan al mismo género de industria, profesión, oficio o trabajo, y se propongan ayudarse recíprocamente, o perfeccionar los procedimientos, la fabricación o elaboración, o la calidad de sus productos.

Art. 387. — Pueden formar parte de una asociación obrera o industrial la mujer casada y los menores de más de dieciocho años, siempre que después de inscripta la sociedad, no hiciese conocer su oposición fundada el marido, o el padre o tutor respectivo. El juez, oídas las partes en juicio verbal, podrá desestimar la oposición, si resultare que para la mujer o los menores existe ventaja en la asociación. Las actuaciones de este juicio serán libres de gastos para las partes.

Art. 388. — Toda sociedad de obreros o industriales que se acoja a esta ley, o se constituya de acuerdo con sus disposiciones, deberá ser registrada en un registro especial que se llevará en la Junta Nacional del Trabajo, a cargo de un funcionario especial, y la solicitud de inscripción debe ser hecha por escrito ante el presidente de dicha junta y hallarse firmada:

l^9 Si es una sociedad existente, por su actual mesa directiva o gerente, o por la mayoría de sus directores, o una tercera parte de sus socios, siempre que sea igual a cinco por lo menos. En este caso la solicitud expresará la promesa de conformarse a las condiciones de este título dentro de los sesenta días de la fecha, pasados los cuales, si no la cumpliese con la remisión de los estatutos reformados o concordantes con ella, se anulará la inscripción.

2^9 Si es una asociación formada de acuerdo con esta ley, la solicitud irá suscripta por su directorio provisional, o por la mayoría de sus miembros, siempre que conste en forma simple, pero auténtica, la autorización de que hagan uso los solicitantes para pedir la inscripción.

Art. 389. — Al pedido de inscripción deberá acompañarse :

l^9 Dos ejemplares impresos o manuscritos de los estatutos o reglamentos de la sociedad;

2’ Una nómina de sus miembros, con indicación en su caso, de los cargos que en ella desempeñen y del domicilio de sus directores, secretarios, gerentes o administradores;

3^9 El acta de la deliberación de la asamblea en que conste la formación de la sociedad;

4^9 Enunciación de los convenios o compromisos corporativos a que la sociedad se hallase obligada.

Art. 390. — Toda modificación de los estatutos o reglamentos será comunicada a la Junta Nacional en igual forma del artículo anterior; la Junta podrá rehusar la inscripción de una sociedad, cuando ya se hallase inscripta otra idéntica o semejante de la cual puede formar parte con ventaja o sin inconveniente alguno.

Art. 391. — Constituirá acto auténtico de reconocimiento legal de toda sociedad de obreros o industriales, de acuerdo con esta ley, el certificado que otorgará la Junta Nacional del Trabajo visado por el ministerio del Interior. Este certificado hará plena fe ante cualquiera autoridad nacional sobre la personería jurídica de la sociedad, mientras no sea nulado o retirado, y le dará derecho a usar de su nombre y sello, en el cual se expresará su carácter de “obrera” o “patronal”, según el caso.

Art. 392. — Los estatutos o reglamentos de las sociedades de obreros o patrones deberán expresar los propósitos de su constitución, y en particular y en forma explícita:

l^9 Constitución de su consejo, directorio o junta de administración, y el modo de proveer las vacantes, y las atribuciones y deberes de cada uno de ellos y de todo mandatario permanente o periódico;

2’ Reglas para la convocación de las asambleas, el “quorum” exigible y modos de elección, control o deliberación de los mismos;

3^9 Forma y manera de hacer los contratos o convenios industriales o de trabajo, ya sea de la sociedad con otras, ya comprometiendo el trabajo de sus socios en favor de alguna empresa particular o pública, y por sus directores o mandatarios, que designará, así como los que hayan de representarla en los asuntos que se llevaran ante un tribunal de conciliación o arbitraje;

4^9 Uso de la firma social, custodia y conservación de los bienes, colocación de sus fondos, rendición pe- -riódica de cuentas, libros de contabilidad y forma de su inspección por toda persona que tenga interés en sus operaciones;

5^9 Registro de los miembros de la sociedad, con indicación del modo de admitirlos y causa para su expulsión o exclusión;

6^9 Declaración del asiento de la sociedad.

§ II

PRIVILEGIOS, DERECHOS Y DEBERES

Art. 393. — Las sociedades obreras o patronales debidamente constituidas y reconocidas:

l^9 Tienen todos los privilegios y derechos que acuerda a las personas jurídicas el Código Civil en su libro I, sección I, título I, y los demás que les concede y reconoce la presente ley, tanto para su adquisición como para su defensa en juicio;

2^9 Pueden reclamar las primas o recompensas que el Estado ofrezca para las fundaciones que hiciesen de escuelas profesionales, bibliotecas o salas de lectura, laboratorios y campos de experimentación, talleres de aprendizaje, oficinas o agencias de colocación o institutos de protección de obreros inválidos, ancianos o enfermos;

3^9 Gozan del fuero especial de conciliación y arbitraje creado por esta ley, para todas las cuestiones, conflictos o diferencias que ocurriesen o se suscitasen con motivo de la aplicación de sus convenios, o del ejercicio de sus derechos respecto de las demás sociedades obreros o empresas industriales, o asociaciones de patrones con quienes contratasen;

4’ Pueden celebrar contratos colectivos de trabajo, sujetos a las condiciones de esta ley, y confederarse con otras sociedades, en cuyo caso, las uniones o federaciones, previa la presentación de sus convenios-bases, constituirán corporaciones distintas a los efectos de su inscripción y reconocimiento.

Art. 394. — Los convenios en materia de trabajo pueden celebrarse:

l^9 Entre una sociedad y otra, ya sea de los mismos gremios, ya de gremios diferentes, para una prestación de servicios o ejecución de una obra determinada o una serie de obras, o de una empresa permanente;

2^9 Entre una sociedad obrera y una empresa particular de cualquier denominación;

3^9 Entre una sociedad y el Estado, y las municipali-

dades, o las dependencias administrativas de uno y otra;

4’ Pueden referirse en general a todo el problema del trabajo o a una cuestión relativa; pueden determinar los casos de infracción y las cláusulas penales correspondientes, pero no podrá negarse a las partes el derecho de reclamar los perjuicios que la falta de cumplimiento hubiese causado; y pueden proponerse evitar o reglar el modo de resolver los conflictos industriales, en cuyo caso, si no se hubiese fijado un término, se entenderán obligatorios por tres años. Cuando a la expiración de este plazo las partes no lo hubiesen denunciado ante la corte de arbitraje, se entenderá renovado por otro período igual de tiempo.

Art. 395. — Ningún miembro de una sociedad obrera será obligado a entrar en un contrato colectivo de trabajo, que ésta hubiese celebrado en nombre de sus socios, cuando los estatutos o el reglamento registrados no hubieran establecido esta obligación; y cuando ella se hallase establecida, todo obrero tiene derecho a separarse del convenio de la sociedad dando aviso anticipado de quince días y pagando su . cuota social hasta el día de su retiro. En ningún caso el contrato colectivo impedirá al obrero celebrar otros convenios individuales con terceras personas, siempre que no haya confusión de lugares o de horas para su cumplimiento.

Art. 396. — El contrato de trabajo colectivo formado entre una sociedad obrera y una empresa individual, corporativa o dependiente del Estado, cuando en su cláusula no prescribiera lo contrario, o la naturaleza del trabajo, de la obra, o la limitación del lugar no lo impusiesen a juicio del árbitro, no impedirá que la empresa contrate otros operarios libres, o de otras sociedades.

Art. 397. — Tanto el obrero que se viese amenazado, u obligado por intimidación de fuerza por los asociados, a en-

trar en un convenio colectivo de trabajo, como el empresario que se viese impedido o amenazado de no poder contratar obreros no asociados en el del artículo anterior, tendrán derecho para pedir al juez de primera instancia más inmediato, un mandamiento de amparo de la libertad de trabajo, que será librado dentro de las cuarenta y ocho horas y ejecutado con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurriesen los autores de la fuerza o amenazas en uno y otro caso.

Art. 398. — Siempre que por causa de algún conflicto, disputa, diferencia o cuestión pendiente entre una sociedad obrera y la empresa en cuya industria trabajen sus miembros, se produjese huelga o boycott, está prohibido a éstos ejercer coacción o amenazas de palabra o de hecho sobre otros obreros no asociados, o interceptarles el paso cuando van o cuando vuelven, con el objeto de decidirlos a abandonar su trabajo.

Art. 399. — Los autores de las coacciones o amenazas a que se refieren los dos anteriores artículos, serán penados con una multa especial desde veinte hasta cien pesos m/n., sin perjuicio de la pena de arresto de tres a un año que fija el artículo 30, inciso l^9 del Código Penal reformado en 1903, la que se hará extensiva a todo género de violencias o intimidación con los propósitos enunciados.

Art. 400. — De todo convenio colectivo suscripto por una sociedad obrera con una empresa o con una sociedad patronal, sobre prestación de servicios de sus miembros, o sobre las condiciones de arreglo de una diferencia o conflicto ocurrido entre ambas partes, se remitirá dentro de los treinta días siguientes a su conclusión, una copia al tribunal superior de arbitraje de la jurisdicción respectiva, que lo registrará en libro especial.

§ III

DE LAS FUNDACIONES DE INSTRUCCIÓN, PROGRESO INDUSTRIAL

Y AUXILIO DE OBREROS

/

Art. 401. — Tendrán derecho a una asignación o ayuda del Estado, en la forma y condiciones que aquí se establece, las sociedades de obreros o patrones que funden establecimientos de instrucción o auxilio de los obreros y sus familias, y realicen los fines siguientes:

l^9 Constituir o poseer por compra o arrendamiento u otro título válido, casas para escuelas profesionales o técnicas, y lecturas científicas y morales para obreros adultos o aprendices menores de ambos sexos;

2^9 Suministrar habitaciones sanas y económicas para los obreros y sus familias, en construcciones especiales;

3’ Establecer talleres y campos de experimentación de las industrias fabriles y agrícolas;

4^9 Presentar nuevos métodos y perfeccionamientos de fabricación de los diferentes productos de la industria, arte, profesión u oficio que toda asociación cultive, sin perjuicio del derecho de propiedad industrial que le correspondería en su caso.

Art. 402. — La ayuda del Estado consistirá, según los casos, en la provisión de útiles, libros y muebles escolares por intermedio del Consejo Nacional de Educación; en la donación de terrenos o edificios de propiedad del Estado o de algunas de sus dependencias en las condiciones de ley; en la adjudicación gratuita de porciones de tierra pública necesaria para cultivos experimentales, o colonias de obreros afectados de una invalidez parcial y definitiva, u otra fundación semejante, a juicio del Poder Ejecutivo.

Art. 403. — La Junta Nacional del Trabajo verificará por medio de la inspección, las condiciones de vida y medios de subsistencia de las referidas instituciones, en los casos del artículo anterior, y si resultase que prestan o pueden pres-

tar efectivamente los servicios antes mencionados, recabará de quien corresponda la entrega de las asignaciones a que se hiciesen acreedoras, procediéndose a labrar la correspondiente escritura pública si la donación consistiese en bienes raíces.

Art. 404. — Las asociaciones obreras procurarán, además, como condición para optar a la plenitud de los beneficios que esta ley les concede:

l^9 Mantener entre sus miembros y los de otras sociedades el espíritu de orden, moralidad y respeto del derecho y la libertad ajenos, y conservar y fortalecer el sentimiento del deber cívico y del honor y decoro profesionales;

2^9 Pedir y ofrecer informaciones relativas a las condiciones del trabajo en las diversas industrias de la república, para dar colocación a los obreros que se hallen sin trabajo, costeándoles su traslación;

3’ Sostener y adoptar el principio de la conciliación y el arbitraje, para evitar y resolver las diferencias que surgieren entre ellos y sus patrones, sobre las relaciones creadas por el contrato del trabajo, y hacer extensiva esa misma forma de arreglo a los casos que se suscitasen entre los obreros aislados y sus patrones ;

4^9 Ofrecer periódicamente, y una vez cada año por lo menos, a la Junta Nacional, todos los datos de interés estadístico y técnico o profesional que les fuesen requeridos, para el mejor desempeño de las funciones de tutela y vigilancia encomendadas a aquella autoridad.            >

§ IV

ORDEN PÚBLICO Y PENALIDAD

Art. 405. — Además de las causas que determinan el fin de la existencia de las personas jurídicas, según el Código

Civil (artículo 48), y cuya apreciación corresponde al Poder Ejecutivo o a los jueces, las sociedades o corporaciones de obreros o de patrones constituidas de acuerdo con esta ley, dejarán de existir en tal carácter, y el ministerio del Interior, previo informe de la Junta Nacional del Trabajo, las declarará privadas de los beneficios, privilegios y derechos especiales en ella concedidos, ordenando que sea anulada la ins-

cripción en el registro.

Art. 406. — Por el mismo ministerio, oído el informe de la Junta Nacional, y la opinión de la Corte Central de Arbitraje, se anulará la inscripción de una sociedad obrera o patronal:

l^9 Cuando ha sido inscripta indebidamente o por error respecto a los elementos esenciales a su constitución válida;

2^9 Cuando no ha existido buena fe o ha habido falsedad en las declaraciones, exhibición de documentos u otros requisitos necesarios para la inscripción;

3’ Cuando los directores, gerentes o administradores, descuidaren el cumplimiento de sus estatutos aprobados en lo relativo a la percepción de las cuotas o contribuciones que deben pagar los socios, o se ha comprobado fraude en el manejo de los fondos de la sociedad o en la rendición de cuentas;

4^9 Cuando haya dejado de cumplir una sentencia de la Corte de Arbitraje, que la obligaba en virtud de ejercer ésta una jurisdicción legítima sobre el caso y sobre asunto concluido con arreglo a la ley.

Art. 407. — La anulación pronunciada debidamente no exime a la sociedad ni a sus individuos de los compromisos u obligaciones que se les hubiesen impuesto antes de la resolución, por convenios, sentencias judiciales o arbitrales, ni del pago de las multas o indemnizaciones de daños y perjuicios en que hubiesen incurrido; y no se admitirá las renuncias de los individuos de la sociedad que se presentasen durante el trámite de la anulación de su registro.

Art. 408. — Podrán ser disueltas por decreto del Poder Ejecutivo y por intermedio del ministerio del Interior, previo los informes sumarios de las autoridades competentes, las sociedades que realicen alguno de los actos prohibidos por el artículo 2^9, y en particular:

l^9 Las que en cualquiera forma o bajo cualquier pretexto formasen parte directa o prestasen ayuda a una rebelión o sedición contra las autoridades constituidas de la nación o de las provincias, proclamasen públicamente la desobediencia o el alzamiento contra las leyes de la república;

2’ Las que por medio de proclamas escritas u orales, meetings, conferencias, veladas u otra forma de propaganda pública, incitasen a alterar la paz o el orden, o a cometer acciones individuales o colectivas calificadas de delitos o crímenes por las leyes comunes o las leyes federales;

3^9 Las que para sostener sus pretensiones en conflictos o cuestiones relativas al trabajo de sus miembros, empleasen la fuerza, la violencia, la intimidación o la amenaza contra otras personas, ya sean obreros de la sociedad, ya ajenos a ellas, para inducirlos a incorporarse a su casa o apartarlos del trabajo o de otra sociedad, o ejecutar agresiones u hostilidades de hecho contra los bienes o las personas de los patrones o de otras sociedades o empresas;

4^9 Las que por actos colectivos, o en virtud de resolución colectiva, atentasen contra la libertad de trabajo, de industria, de comercio, que corresponde a todo habitante de la república, ya individualmente, ya asociado con otros, y contra la libertad de contratar la prestación de sus servicios profesionales o manuales, en la forma que le convenga no prohibida por las leyes;

5^9 Las que, siendo advertidas por la policía sobre las condiciones a que deben sujetarse las reuniones públicas, las contrariasen por dos veces consecutivas, habiendo dicha autoridad advertido a sus miembros después de la primera infracción,, la pena en que incurrirán.

Art. 409. — La autoridad policial procederá a secuestrar y arrancar de los parajes públicos donde hubiesen sido fijados, todos los carteles, proclamas o anuncios o incitaciones escritas de cualquier naturaleza, en el sentido del artículo anterior, que serán agregados al sumario respectivo, y a disolver, si es necesario por la fuerza, todo grupo o reunión de obreros huelguistas o de personas agregadas a ellos que se denominen tales, que profieran gritos injuriosos o amenazas de vías de hecho contra otras personas, sociedades, empresarios o patrones.

Art. 410. — Los autores principales y los instigadores de los hechos enumerados en los dos artículos anteriores, sufrirán la pena de arresto de seis meses a un año, y los cooperadores o cómplices, de uno a seis meses.

Art. 411. — Siempre que una sociedad obrera o patronal, o una unión o confederación de las mismas, o cualquier núcleo o agrupación permanente o accidental de obreros o patrones, que se hubiesen rehusado a los procedimientos del arbitraje para resolver sus cuestiones relativas al trabajo, y produjesen por medios violentos, proclamas revoltosas o amenazas, una interrupción del comercio interprovincial o internacional, o una huelga, paralización general que importasen la suspensión del tráfico ferroviario interprovincial, o el de exportación e importación de los puertos de la república, por más de diez días consecutivos, se considerará sus autores e instigadores culpables de atentado grave contra la libertad del comercio y del trabajo, y sufrirán la pena de destierro de uno a tres años.

Art. 412. — La autoridad policial que tuviese conocimiento de la celebración de una reunión de alguna sociedad o grupos de personas con el propósito de atentar contra el orden público, la libertad del trabajo en alguna fábrica o establecimiento industrial, o género determinado de industria o de trabajo, contra determinadas personas o funcionarios públicos, solicitará de cualquier juez de primera instancia en lo criminal, la correspondiente orden de allanamiento, que será expedida en el acto, podrá intimar la disolución y disolver tales reuniones, impidiendo el acceso al local a quienes no tuvieren en él su vivienda, y pondrá el sumario sin pérdida de tiempo en manos del juez competente.

Art. 413. — Los miembros o individuos de una sociedad obrera, o de una unión o agrupación que se denomine tal, ya adopte o no las formas establecidas en esta ley para las de obreros y patrones:

1’ Que impongan a sus coasociados o a personas de fuera de su seno, prohibiciones o restricciones no autorizados en estatutos, y que importen un perjuicio o una incitación de hecho al libre ejercicio de sus derechos de trabajo, de libre tránsito, o de comercio; o,

2Q Que adopten resoluciones o impartan órdenes que afecten al ejercicio de los mencionados derechos, y se valgan de coacción o intimidación para hacerlos cumplir, cometen usurpación de autoridad y serán castigados con la pena de arresto de uno a seis meses y multa de cincuenta a doscientos pesos.

Art. 414. — La incitación hecha por personas ajenas al trabajo, a los obreros de cualquier empresa que se hallan ocupados en condiciones satisfactorias y razonablemente justas, respecto de salarios, para que abandonen en corporación el trabajo, con el propósito de causar al empresario un daño o perjuicio, hasta que consienta en las pretensiones de dichas personas, que él no está por su contrato ni por la ley obligado a aceptar o a conceder, constituye un atentado contra la libertad del trabajo y será penado como en el caso del artículo 410.

Título XIII

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

§ I

DE LA JUNTA NACIONAL DEL TRABAJO

Art. 415. — Se establecerá en la Capital de la República, bajo la dependencia del ministerio del Interior, un consejo administrativo permanente, que se denominará “Junta Nacional del Trabajo”, y tendrá a su cargo la vigilancia y dirección inmediata de las funciones que esta ley crea y del personal en ella establecido, y se compondrá de un presidente y cuatro vocales, que durarán en «i» empleos cinco años, pu-diendo ser reelegidos.

Art. 416. — El Presidente de la Junta deberá tener título de médico, ingeniero o abogado con cinco años de ejercicio, ser ciudadano argentino y será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dentro de los quince días de la promulgación de la presente ley; y en cuanto a los vocales, serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo; dos de ellos deberán ser designados de entre los gremios de industriales, empresarios o patrones, y los otros dos de los de obreros. Por lo menos dos, uno de cada parte, deberán ser médicos o ingenieros.

Art. 417. — Cuando en la Capital de la República y territorios nacionales, exista un número suficiente de sociedades obreras o de patrones, inscriptas, y que tengan o pertenezcan a explotaciones conducidas con arreglo a esta ley, o a industrias de transporte sometidas a la jurisdicción federal, se les concederá desde' el período siguiente al de su fundación, que presenten, elegidos por ellos de acuerdo con sus reglamentos, tres candidatos por cada plaza vacante de la Junta Nacional, de entre los cuales el Poder Ejecutivo nombrará los dos vocales que deban representar a los obreros y a los patrones.

Los candidatos así designados deberán hallarse libres de toda inhabilitación mental o legal, para ejercer cargos públicos; ser de buenas costumbres, y no estar comprendidos en los términos de la ley N^9 4144, de 22 de noviembre de 1902.

Gozarán el presidente y los vocales de un sueldo mensual que fijará la ley de presupuesto, y mientras no sea incorporado en éste, el de seiscientos pesos moneda legal para el primero, y cuatrocientos pesos moneda legal para los segundos.

Art. 418. — La Junta Nacional del Trabajo tendrá las siguientes funciones y deberes especiales:

l^9 Será consejo consultivo del Poder Ejecutivo en todo asunto relacionado con los fines y objetos de esta ley, y cada vez que él lo requiriese;

2’ Estudiará constantemente la situación de las industrias de toda clase en el país, del punto de vista de / la situación de los obreros, de su relación con los patrones, del modo de zanjar los conflictos entre unos y otros, y de los progresos que convenga adoptar en el régimen interno de los trabajos;

3^9 Seguirá el desarrollo de la legislación obrera e industrial en los países extranjeros y en la Nación, y elevará al Poder Ejecutivo memorias, informes o indicaciones sobre las reformas o innovaciones más convenientes de incorporar a las leyes de la República;

4^9 Tutelará los intereses comunes de las clases obreras y de los gremios patronales, procurando su conciliación, y buscará los medios de establecer en la República las instituciones protectoras de los primeros, como cajas de auxilios, retiros o pensiones para las enfermedades, invalidez o ancianidad, colonias, viviendas adecuadas y otras funciones semejantes, y presentará al Poder Ejecutivo el resultado de sus investigaciones en forma de proyectos de ley, decretos o reglamentos;

5^9 Entenderá en los asuntos que la aplicación de esta ley originase, y dictará resoluciones, las cuales, cuando hayan de ser definitivas y causar ejecutoria, deben ser elevadas para su aprobación al Poder Ejecutivo ;

6’ Ejercerá la inmediata superintendencia y dirección sobre el cuerpo de “inspectores del trabajo”, y resolverá los casos que éstos sometiesen a su aprobación, o en consulta, sobre los diversos motivos de su intervención en el régimen del trabajo;

7^9 Expedirá todos los informes, opiniones, dictámenes o pericias que las autoridades judiciales, arbitrales o administrativas le pidiesen sobre asuntos relativos al trabajo en las industrias que esta ley reglamenta, y especialmente para el pago de las indemnizaciones y seguros por accidentes, reformas a introducir en los talleres, fábricas y demás establecimientos y en sus reglamentos o prácticas;

8^9 Preparará y remitirá al Poder Ejecutivo, para su aprobación, los reglamentos especiales que requiera la mejor aplicación de la ley, y en particular, dentro del primer año de su instalación:

- a) sobre las medidas de seguridad que se requiera en prevención de accidentes, enfermedades y otros daños en las diversas industrias y géneros de trabajo, indicando los aparatos y métodos adecuados;

- b)  sobre la mejor clasificación de los accidentes en el sentido de facilitar las indemnizaciones directas o por medio del seguro;

- c)  sobre la organización de la estadística del trabajo, registro de fábricas y sociedades, y atribuciones y deberes de las autoridades y empleados de su dependencia;

9’ Redactará y publicará instrucciones para la mejor preparación, desempeño y cultura profesional de las clases obreras y patronales, y sobre organización del trabajo en todas las industrias, pudiendo al efecto directamente comunicarse con las corporaciones privadas y con las autoridades especiales en las provincias, procurando el progreso de la legislación obrera en ellas;

- 10.  Percibirá las multas que en esta ley se establece y las de la misma naturaleza que se fijasen más adelante, recabándolas directamente de los funcionarios que las hubiesen impuesto o que deben abonarlas, y depositarlas a interés en el Banco de la Nación, a objeto de constituir el fondo de “auxilios y pensiones” a los obreros enfermos, inválidos o ancianos, que no obtuviesen otras asignaciones, y presentará el proyecto de creación de una Caja Nacional de Socorros a dichas personas, cuando el capital alcance a la suma de doscientos mil pesos moneda nacional;

- 11.  Ejecutará, en general, todos los estudios, planos o proyectos que el Poder Ejecutivo le pidiese para el sucesivo desarrollo de los objetos de esta ley y expedirá las opiniones que los tribunales de conciliación y la corte central de arbitraje le pidiesen, para ilustrar su juicio en cuestiones generales, o como dictamen pericial en casos particulares sometidos a su decisión.

Art. 419. —• Cuando el desarrollo de sus funciones lo exija, la Junta Nacional publicará una revista que se denominará

Boletín del trabajo en la República Argentina, destinado al estudio, difusión y progreso de los conocimientos profesionales y legales en cada industria, a dar facilidades al trabajo y solución a los conflictos obreros, el cual será ampliamente distribuido en la Nación y en el extranjero.

§ II

DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Art. 420. — Los talleres, fábricas y establecimientos industriales y comerciales comprendidos en las prescripciones de esta ley, quedan sometidos a la Inspección del Trabajo, de la cual quedan exceptuadas las industrias ejercitadas por el trabajo personal del interesado, ayudado por su esposa e hijos u otros individuos de la familia, salvo los casos especificados en el título VII del “trabajo a domicilio”.

Art. 421. — Esta inspección será desempeñada desde la vigencia de la ley, por cinco funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales debe haber dos ingenieros civiles y uno industrial, debiendo preferirse para las dos plazas restantes, personas notoria o evidentemente capaces para estas funciones. Podrá también nombrarse dos inspectoras para el trabajo de mujeres y niños. Se hallarán unos y otros bajo la dirección de la Junta Nacional del Trabajo.

Art. 422. — No podrá ser inspector ninguna persona interesada en la explotación de las fábricas y talleres, ya sea como propietario, socio, accionista, arrendatario, proveedor, empleado, agente, comisionista u otro carácter análogo.

Art. 423. — Para la primera organización, la ciudad de Buenos Aires se dividirá en cinco secciones de inspección, cada una a cargo de un inspector en particular, sin perjuicio de estudiar y resolver en corporación los asuntos de importancia que corresponda a cada uno de ellos.

Art. 424. — Los inspectores están encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones que establece esta ley, o sus reformas y los reglamentos consiguientes, para la instalación y funcionamiento de las fábricas o talleres, y para el trabajo de los obreros.

Art. 425. — La Inspección del Trabajo comprende, además de las funciones que le asignan otros artículos de esta ley:

l^9 La inspección de higiene, de seguridad, de policía, de técnica industrial y de escuelas de taller, que será desempeñada, dentro y en la forma de sus atribuciones normales, respectivamente, por el Departamento Nacional de Higiene, la Municipalidad y el ministerio de Obras Públicas, la Policía, el ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional de Educación; a cuyo efecto, desde la promulgación de esta ley designarán la persona que permanente o periódicamente haya de realizar la inspección por cada uno de estos departamentos, comunicándolo a la Junta Nacional;

2^9 La inspección del trabajo, propiamente dicha, y a cargo de los funcionarios especiales mencionados en los artículos 421 y 422;

3^9 Esta inspección se permitirá también, de parte de las asociaciones obreras, las cuales propondrán a la Junta el nombramiento de delegados inspectores, por medio de sus comités o directorios, y los cuales podrán ejercer sus funciones en las cinco secciones de la capital, sujetos a los preceptos de esta ley, pudiendo asistir a las reuniones de los inspectores oficiales y suscribir sus dictámenes, informes u opiniones, pero no hacer constar su disidencia.

Art. 426. — Los resultados de las inspecciones practicadas por los empleados o las autoridades que determina el inciso l^9 del artículo anterior, sus informes mensuales, sus indicaciones y órdenes a los propietarios de fábricas y talleres, serán puestos en conocimiento, por el conducto correspondiente, de la Junta Nacional.

Art. 427. — Son atribuciones de los inspectores del trabajo:

- a)  Entrar, inspeccionar y visitar, a cualquier hora conveniente del día o de la noche, las fábricas y talleres o cualquiera otra clase de establecimientos que consideren regidos por esta ley;

- b)  Hacerse acompañar por un agente de la policía en las fábricas o talleres en que teman justificadamente, se opongan serios obstáculos al cumplimiento de su deber;

- c)  Exigir la presentación de los registros, certificados, avisos y documentos que por obligación legal deban tener, y examinarlos y sacar copias de ellos, como, por ejemplo, los contratos y estipulaciones sobre trabajo, salarios, pago, jornadas, horario, accidentes, seguros, higiene, descanso, turno, registros de obreros, certificados de inspecciones, autorizaciones de aptitud para el trabajo, de vacuna, etc., etc;

- d)  Proceder a los interrogatorios e informaciones que crean necesarios para comprobar si las disposiciones vigentes sobre higiene y seguridad, y las demás relativas a esta ley, se observan en lo concerniente a las fábricas y talleres o a las personas ocupadas en ellos;

- e)  Entrar en las escuelas a que concurren los niños ocupados en una fábrica o taller;

- f)  Interrogar, aisladamente o en presencia de otra persona, según juzguen conveniente, respecto de la aplicación de las disposiciones de la ley, a toda persona que esté en una fábrica o taller, o en una escuela, y exigirle que firme sus declaraciones, si hubiere necesidad, sin que persona alguna pueda ser obligada a declarar en contra de sí misma;

- g)  Solicitar la concurrencia de los agentes o inspectores de las autoridades sanitarias, escolares, policía-les, etc., a objeto de comprobar las deficiencias, peligros, faltas o contravenciones en las materias de su incumbencia, y facilitar su más breve reparación.

h) Los inspectores podrán perseguir y defender ante los jueces que corresponda, toda acción, queja o cualquier otro procedimiento que surja de esta ley o del cumplimiento de sus deberes de inspector.

Art. 428. — Son deberes de los inspectores:

- a)  Inspeccionar, una vez al mes, por lo menos, los talleres, fábricas y demás establecimientos a que se les destine; visitarlos todas las veces que sea necesario o que lo disponga la junta nacional, o que sea llamado por el propietario o gerente de la fábrica, o por el delegado inspector de una asociación obrera, y no habiéndose nombrado éste, por cinco obreros ocupados en el mismo establecimiento;

- b)  Atender, durante sus visitas, las reclamaciones que por falta de cumplimiento a las prescripciones de la ley, hicieran los patrones o los obreros y resolverlas si estuvieran previstas, indicando u ordenando, según el caso, en los mismos términos en que ella lo establezca;

En caso contrario, darán cuenta a la Junta de la reclamación o petición recibida, con los datos y antecedentes que convengan para su mejor información;

- c)  Atender las reclamaciones por inobservancia de las condiciones estipuladas para el trabajo, que hicieran los patrones o los obreros, aconsejando, a unos u otros, respectivamente, sobre la conducta y proceder que más convenga, para cumplirlas y mantener la armonía de sus intereses;

- d)  Llevar un memorándum explicativo del resultado de todas las inspecciones practicadas y de las resoluciones adoptadas en cada circunstancia;

- e)  Pasar un informe mensual y una memoria anual a la Junta Nacional, sobre las condiciones de funcionamiento de las fábricas inspeccionadas, el número de obreros ocupados, su clasificación por sexo y edad, las obras de higiene, seguridad o comodidad realizadas, incidentes producidos, accidentes en el trabajo y demás detalles de información y de estadística que consideren de importancia consignar;

- f)  Ocurrir inmediatamente, en caso de accidente sufrido por uno o varios obreros, a la fábrica o taller en que se hubiera producido; levantar una información sobre las causas y manera como haya ocurrido; llamar al médico municipal o de policía más próximo para que examine al paciente y certifique sobre su estado, y dar cuenta a la junta, con todos esos antecedentes;

- g)  Cumplir toda comisión de investigación o de cualquier otro género concerniente a sus funciones, que les encomiende la Junta Nacional;

- h)  Dar cuenta a la junta de la existencia de fábricas o talleres que hubieran omitido o eludido las anotaciones en el registro de fábricas a cargo de aquella.

Art. 429. — Los inspectores podrán hacerse cargo, por mutuo acuerdo de patrones y obreros, de resolver las diferencias o disidencias que ocurrieran entre ellos por razón de las condiciones del trabajo o de nuevas estipulaciones a su respecto, pero estas resoluciones no tendrán ningún efecto sino después de expresada la aceptación de ambas partes, que, si lo desean, puede hacerse constar en forma de acta, que autorizará el inspector.

Art. 430. — En los casos de contravenciones previstas por la ley y penadas con multas, los inspectores decidirán sobre la aplicación de estas multas, notificando su abono a quien corresponda y dando aviso a la Junta Nacional, la que fallará en definitiva si se reclamara de la imposición.

Art. 431. — Los inspectores oficiales y los delegados obreros no podrán prevalerse de su cargo para la adquisición de datos que no les sean necesarios para el cumplimiento de su misión. Tampoco podrán suministrar ninguno, públicamente o a título privado, referente a circunstancias que interesen a los talleres sometidos a inspección, o a las personas que en ellos trabajan, y de que hubieran tenido cono-cimeinto por el ejercicio de sus funciones, a no ser que estuviere obligado a ello en virtud de deberes de su propio cargo. En uno y otro caso, pagarán los infractores una multa de $ 50 a $ 200.

Art. 432. — Los inspectores que recibieren emolumentos o gratificaciones a cualquier título, de los patrones o propietarios de fábrica, serán inmediatamente destituidos de sus puestos.

Art. 433. — Los delegados inspectores de las asociaciones obreras tendrán las atribuciones de los inspectores del trabajo, únicamente en lo concerniente a entrar, visitar y examinar las fábricas, las condiciones de su instalación, del trabajo que se efectúa y de las elaboraciones industriales.

Sus observaciones serán presentadas por escrito al inspector de sección o fábrica que corresponda, quien lo transmitirá a los patrones o propietarios, en caso que debiese requerir de éstos su aceptación y realización en la práctica.

Art. 434. — Los delegados inspectores que en los talleres provocaren desórdenes, o incitaren a los obreros a ejecutar actos de resistencia contra las disposiciones de los patrones, o estimularan las huelgas, cesarán en sus funciones y no podrán de nuevo ser admitidos o reconocidos en el carácter que investían.

Art. 435. — Los inspectores oficiales que tengan título de ingeniero civil, arquitecto o industrial, deberán dar a los obreros y a los patrones que los soliciten, las indicaciones técnicas necesarias para corregir defectos, vicios o rutinas en la organización y manejo de maquinarias o útiles de trabajo, y que se traduzcan en peligro para la salud o la vida de los obreros; harán instrucciones escritas, las publicarán y circularán entre los establecimientos de su sección, y prestarán su ayuda a los inspectores de otras reparticiones o dependencias del Estado.

Art. 436. — Todo interesado tiene el derecho de solicitar una visita de parte de la inspección técnica correspondiente para hacerse indicar las disposiciones o instalaciones que fuesen consideradas fuera de las condiciones prescriptas. La inspección recibirá las observaciones que se les presente, y las trasmitirá junto con su opinión, a la autoridad superior, la cual dictaminará en consecuencia.

Art. 437. — Todo empresario, director o gerente de un establecimiento industrial de los comprendidos en esta ley, que no solicitase la inspección correspondiente dentro de un término prudencial, a los efectos de ponerse en las condiciones legales, respecto de su responsabilidad, será considerado como debidamente informado sobre los requisitos y condiciones que debe satisfacer según la clase de su trabajo.

Título XIV

DE LOS TRIBUNALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

§ I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 438. — Todos los conflictos, cuestiones o diferencias que se susciten entre obreros y patrones, que no sean en empresas o establecimientos directamente regidos por el Estado, sobre la ejecución del contrato de trabajo, ya sea individual, ya colectivamente considerado de una u otra parte, ya se trate de convenios formados entre sociedades de obreros y de patrones, o que se refieran a las condiciones de higiene, seguridad, tiempo, local y demás circunstancias relativas a los derechos y deberes de los obreros y patrones durante la realización del contrato, y que no correspondan por su naturaleza a la justicia ordinaria, o que no tengan en esta ley determinada una autoridad y un procedimiento especiales, se resolverán por árbitros en el modo y forma que se establece en el presente título.

Art. 439. — Las disidencias que ocurriesen en el interior de las fábricas, talleres, usinas, ingenios y demás establecimientos industriales, que se relacionen con las atribuciones del inspector, serán sometidas a éste, quien aconsejará la solución legal, usual, científica o equitativa que, a su juicio corresponda, ya sea en el mismo acto y después de oír a las dos partes, ya sea en el término de 24 horas, previa consulta a la Junta Nacional o Comisión Técnica de Accidentes en su caso.

Los interesados, oído el dictamen del inspector que será formulado por escrito en términos claros y concretos, manifestarán su aceptación, firmando ambos si se hallasen de acuerdo, el acta que se levantase del arreglo, solución o convenio.

Art. 440. — Los convenios industriales firmados por obreros y patrones, individual o colectivamente, surtirán respecto de los que los hubiesen suscripto, los mismos efectos y se harán efectivos de la misma manera que las sentencias o laudos de los tribunales o cortes de arbitraje, y serán la ley entre las partes mientras dure su vigencia, en cuanto no contraríen las disposiciones de la Constitución, códigos y leyes de la Nación; a este efecto, de toda convención que se concluya, con o sin intervención del inspector, se remitirá una copia a la Corte Central de Arbitraje en la capital, y al gobernador en los territorios, y otra a la. Junta Nacional del Trabajo para su registro y cumplimiento.

Art. 441. — En todo asunto entre obreros y patrones por razón del trabajo convenido, el tribunal que en él entienda procederá aplicando la presente ley, y en defecto o silencio de sus cláusulas, las doctrinas de los códigos comunes, los usos de la industria o los dictados de la equidad; y cuando en los estatutos de la sociedad obrera o patronal, si existiera, se hubiese previsto formas especiales de avenimiento, se observará éstas hasta que las partes se avengan, o se decidan, en caso contrario, por el procedimiento de la ley.

§ II

CONSEJOS DE CONCILIACION

Art. 442. — Cuando no se realizase acuerdo, ni por la intervención requirada u oficiosa del inspector, ni por los medios preestablecidos por las partes, ni otro alguno, se recurrirá a la jurisdicción de los consejos de conciliación” los cuales se constituirán en cada caso, del siguiente modo:

l^9 Se compondrá de tres personas, una en representación de los obreros, otra del o de los patrones, y ambos designarán un tercero, que será el presidente.

2’ Si el o los obreros interesados forman parte de una asociación representada por una comisión o mesa directiva, el árbitro que le corresponde será designado por ella, y en caso contrario, por elección de la mayoría de los socios.

3^9 En los casos en que el o los obreros interesados no sean miembros de ninguna sociedad, elegirán el árbitro todos los compañeros en reunión especial convocada al efecto;

4^9 Si dentro de los tres días de producido el conflicto o planteada la disidencia, no se hubiese nombrado el tercero, éste será designado por la Junta Nacional del Trabajo;

5^9 Cada árbitro, antes de to¡mar intervención en el asunto, prestará, por su honor, juramento de desempeñar imparcialmente sus deberes de tal, y firmará su aceptación del cargo;

6^9 Cuando el Consejo se halle constituido, designará uno de sus miembros para secretario, quien tendrá a su cargo las citaciones y redacción de las actas.

Art. 443. — El juicio se iniciará con una acta escrita, firmada por el patrón y el obrero, o la sociedad a que pertenezca, y si son más de uno y no asociados, por todos los que tengan interés en el litigio. Esta acta debe expresar el lugar de la reunión, y la o las cuestiones que debe resolver el Consejo.

Art. 444. — En toda acta de compromiso ante un consejo de conciliación, se insertará, además de las condiciones especiales del mandato que las partes conviniesen, cláusulas por las cuales se declare:

l^9 Que las decisión deberá pronunciarse y comunicarse a las partes dentro de los treinta días desde el nombramiento del tercer árbitro;

2^9 Que durante el procedimiento, las relaciones entre las dos partes interesadas serán las mismas que en el momento antes de nacer el conflicto: que ni los obreros ni los patrones, ni la sociedad a que pertenezcan unos u otros, podrán declararse en huelga, ni realizar un cierre (o lockout), ni producir paro o cierre de los trabajos y del establecimiento, mientras el consejo no dé su decisión; sin que esto signifique que no pueda suspenderse el trabajo por otras causas, siendo justificada;

3^9 Que la resolución del consejo, los antecedentes y demás piezas del juicio, suscritos por sus miembros, serán remitidas para su registro a la Corte Central de Arbitraje y a la Junta Nacional del Trabajo, y que ella será decisiva y obligatoria para las partes;

4’ Que en caso de no satisfacer la decisión, ni a los obreros ni a los patrones, o a unos u otros, que los primeros no dejarán de prestar sus servicios al em- % presario antes de sesenta días de la' notificación y sin darle aviso previo quince días antes, por lo menos, ni los segundos podrán despedir á los obreros sin iguales requisitos;

5^9 Que la decisión será obligatoria para las partes por el término de un año, desde el día de su recepción por éstas, durante cuyo plazo no se iniciará ningún nuevo arbitraje sobre la misma cuestión, y entre los mismos operarios.

Art. 445. — Con el objeto de estudiar y resolver el conflicto, todo consejo de conciliación, o cada uno de sus miembros, o sus agentes autorizados, podrá sin necesidad de orden de allanamiento, y antes de la puesta del sol:

l^9 Penetrar en los establecimientos industriales o en cualquier otro sitio o local donde se ejerza una industria, o un trabajo para inspeccionarlo, así como a los materiales, máquinas, titiles, productos, libros de contabilidad y estadística, etc., bajo la pena, para los que se resisten, del artículo 44.

2^9 Hacer reunir o interrogar testigos y a cuantas personas tengan relación con el asunto del litigio, y cualquiera que se niegue a concurrir al Consejo, o a hacer declaraciones testimoniales, sufrirá una multa de diez a cincuenta pesos moneda nacional.

Art. 446. — Recibido el recurso, el consejo señalará día para la audiencia, la que no podrá diferirse por más de cinco días; a ella podrá asistir un representante del patrón o de los obreros, que deberá ser perito en la industria, profesión, arte u oficio en que surja la diferencia, y sus honorarios serán a cargo de los comitentes; no durará más de tres sesiones y se levantará acta escrita en cada una. Al comenzar la audiencia, el consejo tomará juramento a los peritos, de proceder leal y honradamente.

Art. 447. — La decisión del Consejo será dada por escrito y se hará pública en la forma que más convenga a las partes, insertándose siempre en el Boletín del trabajo, cuando éste sea establecido; ella obligará a los compromitentes por el término de un año, a cuya expiración podrá ser denunciada por uno u otro con un mes de anticipación. Si el denunciante fuese el patrón, será suficiente publicidad un aviso fijado en los sitios más visibles de su establecimiento.

Art. 448. — Cuando llegase a conocimiento de la Junta Nacional del Trabajo, por comunicación de un inspector o de cualquier autoridad o persona, de que una huelga o cierre (lockout) son inminentes o acaban de declararse, será deber de aquélla ponerse en relación con el patrón y los obreros, y procurar, por su mediación, un arreglo amistoso entre las partes, o persuadirlos para que la huelga o el cierre no se verifique o se suspenda, y sometan la diferencia a un consejo de conciliación. En caso de aceptación, se procederá como en los artículos anteriores.

Art. 449. — Las vacantes que ocurriesen en un consejo de conciliación durante el juicio, serán llenadas inmediata-

mente por la parte a que corresponda el nombramiento del árbitro que hubiese dejado de formar parte del Consejo, y si el reemplazo se demorase más de tres días, se hará por la Junta Nacional del Trabajo el cuarto día. La integración del Consejo no importará retrotraer el juicio, sino que continuará su curso en el estado en que se hallase el día del nuevo nombramiento.

§ III

DE LA CORTE CENTRAL DE ARBITRAJE

Art. 450. — Un tribunal con el nombre de “Corte Central de Arbitraje”, se establecerá en la capital de la República, con jurisdicción de arbitraje y equidad, en todo el distrito federal y en territorios nacionales; tendrá los mismos caracteres de los tribunales de justicia .federal en cuanto no se especifica en la presente ley, y sus órdenes, resoluciones, mandamientos y fallos, tendrán en su jurisdicción, la misma autoridad que los de aquéllos en la suya.

Art. 451. — La Corte Central de Arbitraje será constituida por tres miembros como sigue:

l^9 El Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital, por el tiempo que dure en sus funciones, será Presidente de la Corte Central de Arbitraje;

2^9 Uno de los vocales será nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de los comités directivos o de las asambleas de las asociaciones de obreros existentes en la capital, y el otro en la misma forma, a proposición de las asociaciones patronales, del modo siguiente:

- a) El ministerio del Interior, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley, invitará a las comisiones o mesas directivas de las sociedades de obreros y de patrones existentes, a presentar las respectivas treinta días siguientes, el Poder Ejecutivo procederá los miembros de la corte;

- b)  Si no fuesen presentadas las ternas dentro de los treinta días siguientes, el Poder Ejecutivo procederá a nombrarlos por sí solo, debiendo en todo caso elegirlos en tal carácter que representen los intereses de obreros y patrones.

- c)  En caso que la asociación electora, para la primera elección, no tuviese o no declarase su comisión, comité, o mesa directiva, se entenderá como tal el consejo de administración, sea cual fuere su nombre. En la siguiente elección, se atenderá a las constancias del “Registro de sociedades” que llevará la Junta Nacional del Trabajo.

Art. 452. — Los dos vocales de la Corte Central de Arbitraje durarán en sus funciones tres años; serán reelegibles y deben ser titulados en ciencias industriales, ingeniería, medicina, o derecho en la República, o peritos reconocidos en alguna industria o profesión con seis años de práctica. w No serán elegidos los que hubiesen quebrado, o sido condenados por algún crimen, por falsedad o por defraudación privada o pública.

Serán reemplazados en caso de vacante, en la misma forma de su nombramiento, y pueden ser recusados por las mismas causas que los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones.

Gozarán, mientras no sean incluidos en el presupuesto general de la Nación, de un sueldo de cuatrocientos pesos moneda nacional al mes. Al recibirse del cargo prestarán ante el Presidente, juramento de desempeñarlo con conciencia plena, honradez y lealtad.

Art. 453. — La Corte entenderá en general, en su carácter de árbitro, en los siguientes casos:

l^9 Todas las diferencias entre obreros y patrones que no hubiesen podido resolverse ante los consejos de conciliación, ya porque las partes hubiesen preferido usar el recurso directo, ya porque no se hubiesen conformado con la decisión de aquel tribunal, después de ocho días de pronunciada;

2^9 Los que surgiesen entre los obreros y patrones o empresas de transporte terrestre o marítimo, interprovincial o internacional, y que no sean de propiedad del estado;

3’ En todos aquellos que importen o deban tener por consecuencia una interrupción de tráfico comercial terrestre o marítimo;

4^9 En las reclamaciones que las partes entablen ante ella de las resoluciones de la junta nacional del trabajo;

5^9 En todas las diferencias que voluntariamente sometiesen a su decisión arbitral los industriales y obreros de cualquier provincia de la República por los mismos motivos enunciados en este artículo.

Art. 454. — La Corte Central de Arbitraje tiene, respecto de los casos sometidos a su decisión, las mismas facultades de investigación ocular o pericial y citación de testigos, definidos en el artículo 445; admitir o pedir las pruebas que juzgue convenientes; aplazar el estudio y resolución de un asunto o una parte del mismo; admitir representantes letrados o periciales de las partes. El local de sus sesiones estará en el edificio que ocupa la Cámara Federal de Apelaciones, y su personal de oficina será el mismo de ésta, designado por el presidente.

Las prácticas sobre el modo de conducir los juicios arbitrales en el fuero ordinario, serán observadas en los de la Corte de Arbitraje, en cuanto sean compatibles con la celeridad de éstos y con el carácter de los asuntos y de las partes.

Art. 455. — Todo documento, papel, carta, informe o declaración, presentados a la corte, y los que contengan descripciones de procedimientos industriales de interés exclusivo de sus propietarios o inventores, se mantendrá en absoluta reserva bajo la responsabilidad de los que revelan secretos, definida y penada en las leyes comunes y federales, y sólo la Corte, con consentimiento de parte, podrá hacerlos públicos, en caso necesario.

Art. 456. — En los juicios ante la Corte, se observará las siguientes reglas:

- a)  El tribunal se constituirá en todo caso con la mayoría de sus miembros;

- b)  Señalará 48 horas antes el o los asuntos de que resuelva ocuparse en audiencia pública, y los días y horas para ésta;

- c)  No pueden ser interrumpidas las sesiones por desacato, conducta destemplada u ofensas de palabras o amenazas, y el que así lo hiciese, será desalojado y mantenido en detención hasta el fin de la audiencia, debiendo abonar, además, una multa de veinte a cien pesos;

- d)  Puede el tribunal desestimar un asunto que le hubiesen llevado en forma de juicio, si creyera más fácil resolverlo por un arreglo amigable entre las partes, o en el caso en que él fuese insignificante, y entonces puede condenar al demandante a pago de los gastos.

Art. 457. — En cada caso de conflicto que ocurriese en uña provincia, y que por su naturaleza o la nacionalidad de las partes correspondiese a la justicia federal, o en que ellas resolviesen acudir a una corte de arbitraje, después de agotados los medios de conciliación de los parágrafos anteriores, podrá constituirse bajo la presidencia del juez de sección respectivo y en el local del juzgado federal o del Presidente de las cámaras federales de apelación donde las hubiese y en el local de éstas, un tribunal o corte local de arbitraje, por el nombramiento de dos árbitros uno por cada parte, a elección de los obreros o patrones asociados o no, y que tengan las mismas calidades y atribuciones que los de la Corte Central, pero cuya duración sea la del litigio que motive su

elección. Son aplicables a estos tribunales todas las demás disposiciones de este título que no se hallen en oposición con este artículo.

§ IV

FORMA Y EJECUCIÓN DE LOS FALLOS DE LA CORTE

Art. 458. — Los fallos arbitrales de la Corte serán dictados por mayoría de votos, firmados por el Presidente y refrendados por el secretario de la cámara federal de apelaciones; se guardará en libro especial el acta de la sesión de sentencia, con inscripción de ésta en su forma definitiva, publicándose luego del mismo modo que las de los tribunales ordinarios; no contendrá términos técnicos ni obscuridades de lenguaje, y expresará con la mayor claridad lo que una y otra de las partes debe hacer como resultado del juicio; una vez suscrita, registrada y sellada por el tribunal, la sentencia hará plena fe en todo juicio ordinario, y ante cualquiera autoridad en la República; no podrá ser atacada de defectos o nulidad por vicios de forma ni apelarse por dicha causa.

Art. 459. — Los fallos de la Corte Central de Arbitraje serán válidos por el término de tres años desde su fecha, y durante este período, sin perjuicio de todas las demás atribuciones que se desprenden de esta ley, podrá en el mismo fallo o posteriormente, a petición de partes, establecer lo que constituya una violación de la misma, y la pena en que incurrirá la parte contraventora, la cual no podrá pasar de la siguiente escala:

- a)  De cincuenta a cien pesos moneda nacional si es un obrero o persona la responsable, y de cien a quinientos, si es un empresario individual;

- b)  De quinientos a mil pesos moneda nacional, si es una sociedad de obreros;

- c)  De mil a dos mil pesos moneda nacional si es una sociedad o unión de empresarios o patrones.

Vencidos los tres años de validez del fallo, si no fuese denunciado ante la Corte Central de Arbitraje por algunas de las partes entre quienes fue dictado o a solicitud de otros gremios, sociedades o grupos de obreros o patrones que la hubiesen dictado como regla de sus contratos o arreglos privados, se considerará válida por otro período de tres años.

Art. 460. — Con el fin de asegurar el cumplimiento de sus fallos, órdenes, instrucciones o resoluciones, la Corte puede adoptar, además de los preceptos de esta ley, las siguientes medidas:

1* Determinar las prácticas, reglas, fórmulas o condiciones o usos que hayan de tomarse por norma en la explotación, industria o servicio de que se trate;

2* Fijar el alcance, o radio o región territorial dentro de las cuales hayan de regir determinadas reglas o condiciones del trabajo, o relativas a los salarios o al modo de regularlos y distribuirlos;

3* Ordenar la anulación de una inscripción de sociedad obrera o patronal, y rever o confirmar una resolución de la junta nacional del trabajo, que hubiese sido reclamada ante ella a petición de la parte interesada.

Art. 461. — Siempre que ante cualquiera autoridad administrativa o judicial de la capital y territorios nacionales, se presentase por obreros o patrones alguna cuestión relativa al contrato de trabajo, que hubiere sido motivo de un fallo de la Corte Central de Arbitraje, aplicarán preferentemente los principios y formas que ésta hubiese establecido para la misma industria, trabajo u ocupación.

Art. 462. — Todo obrero o patrón, sociedad o agrupación de obreros o patrones que antes de transcurrido el plazo durante el cual puede llevarse ún asunto ante la Corte de Arbitraje, o mientras ésta se ocupa del que le fuera sometido, realicen actos que constituyan huelga, boycott o violencias, o suspendan el trabajo, sus instigadores y cooperadores serán penados con multa según la escala del artículo 459. Este mismo será aplicable a los compromitentes que violasen alguna de las cláusulas que se hubiesen impuesto en virtud del inciso del artículo 444 de este título.

Art. 463. — El ministerio del Interior, por intermedio de la Junta Nacional del Trabajo, del Departamento de Policía, Municipalidad y Departamento Nacional de Higiene en la Capital, y de los gobernadores en los territorios, según los casos, es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de hacer cumplir las resoluciones, mandamientos y sentencias, tanto de los consejos de conciliación como de la Corte Central de Arbitraje.

Art. 464. — Esta ley empezará a regir el l^9 de enero de 1905, debiendo incorporarse al presupuesto general de la Nación, en el inciso correspondiente al ministerio del Interior, los sueldos y gastos ordinarios que requiera el personal, oficinas y servicios en ella establecidos.

Art. 465. — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer de rentas generales los gastos que demande la ejecución de esta ley.

Art. 466. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

González.

INDICE

INDICE

LA REFORMA ELECTORAL ARGENTINA

I

Reforma electoral

Discurso en la sesión del 13 de noviembre de 1901       Pág.

Pág.

Pág.

rág.

APENDICE               pág

- I. Discurso del miembro informante en la Cámara de Diputados 241

Título V

Accidentes del trabajo:                                           "ag‘

Pág.

Table of Contents

OBRAS COMPLETAS

JOAQUIN V. GONZALEZ

§ III

III

II

§ III

Una réplica. — Establecido así, señor Presidente,

Distrito XIV — Salta

III

VIII

Art. 90. — Responderá igualmente el empresario del

59 Las instalaciones especiales de ventilación que

§ II