Ciudades inteligentes: seguridad, privacidad y acceso la información pública [*]

Por Alejandro Batista [**]

http://re.vu/batista

batista@kudos.com.ar

@batista1088

1.- De las Ciudades Inteligentes.-

Cuando hablamos de “ciudades o territorios inteligentes” como nos ocurre cada vez con mayor frecuencia en muchos ámbitos, tenemos que estar dispuestos a manejarnos con un “concepto vivo” en plena “construcción”. No obstante en general se entiende por “(…) “ciudad eficiente” o “ciudad súper-eficiente”, (…) a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales”.-

Por tanto “(…) Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones que se realicen en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y superior, educación de adultos…), en aspectos sociales, en infraestructuras de energía (electricidad, gas), tecnologías de comunicación (electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos.”[1]

Por lo tanto una mirada posible es sostener que la “idea de ciudad inteligente” en verdad engloba lo que seguramente todo ciudadano o habitante de un conglomerado urbano aspira a tener. Dicho de otra manera, reúne una serie de características altamente deseables, pues involucra no solamente aspectos vinculados a la conectividad, sino a su aprovechamiento inteligente, a una mejor calidad de vida, a la existencia de una infraestructura de servicios eficientes, un desarrollo ecológico y sustentable, etc.-

Desde luego que así planteado se parece más a una “meta, a un norte, que a una condición concreta” y está muy bien que así sea, de eso se trata.-

2.- Acerca del Marco Legal.-

Pero para avanzar en ese camino las “ciudades”, nótese que no decimos “las administraciones o sus gobernantes”, pues se trata de una construcción claramente colectiva; deben desarrollarse en un determinado marco legal.-

El derecho, como hemos mencionado muchas veces[2], no es sino “otra tecnología” diseñada en algún punto del desarrollo de la vida en común, para justamente organizar, canalizar y eventualmente presentar alternativas de solución de aquellos conflictos que son inherentes a la interacción social. Volveremos sobre este punto hacia el final.-

Pasando específicamente al tema que nos ocupa, el marco legal, resulta conveniente hacer una breve referencia más bien de índole conceptual y de tinte macro político, antes de llegar a los temas de seguridad y protección de datos propiamente dichos.-

Y esta referencia tiene que ver con las posibilidades y los instrumentos con los que cuentan las ciudades para desarrollar sus proyectos de “ciudad inteligente”. En este sentido hay dos grandes elementos que integran el marco normativo de cualquier país, que habrá que contemplar.-

El primero tiene que ver con la capacidad y las atribuciones político-institucionales que tienen en función de la organización política del país. Concretamente, Argentina cuenta con una conformación federal[3] en la que hay que contemplar al Gobierno Nacional y a las Provincias, que son los dos niveles de gobierno que según la Constitución Nacional, cuentan con atribuciones y competencias específicas[4]. De hecho, lo correcto sería mencionar primero a las provincias y luego a la Nación, ya que aquellas la preceden, y ello determina como sabemos, que las atribuciones que fueron delegadas al Gobierno Nacional deban interpretarse de manera restrictiva, esto es, si no están específicamente delegadas, o ante la duda, las provincias mantienen toda su competencia originaria.-

En este contexto, las ciudades o municipios aparecen en un tercer nivel, y de manera heterogénea pues precisamente cada provincia ha organizado su régimen Municipal de manera diferente. Así tenemos Municipios que ostentan muchas más atribuciones y pueden dictarse su propia Carta Municipal, como puede ser en la provincia de Córdoba[5], y otros que cuentan con muchas menos competencias y se rigen por una ley provincial[6], como en el caso de la provincia de Buenos Aires[7].-

Desde luego que este análisis debe complementarse con lo que sucede en la práctica, y que se vincula con la segunda cuestión: los recursos financieros. Este punto relacionado íntimamente con el anterior determina el margen operativoconcreto de que dispone cada ciudad para llevar adelante todos sus proyectos, entre ellos el desarrollo de territorios inteligentes.-

Nuevamente y para traer a colación el caso argentino vemos que la gran mayoría de las ciudades, e incluso las provincias, son en los hechos altamente dependientes de los fondos que en carácter de coparticipación le giran los respectivos niveles superiores. Municipios y Provincias, que no pueden funcionar sin el envío de las partidas por parte de la Provincia o del Gobierno Nacional.[8]

Por ello el federalismo político debe necesariamente ir acompañado de lo que se denomina federalismo fiscal.[9][10]

Muy bien, dicho esto, que ya nos condiciona y mucho a la hora de las iniciativas en materia de “ciudades inteligentes”, pasemos a los dos puntos centrales que hacen a la seguridad y la protección de datos personales en estas iniciativas; conscientes que parece por lo menos ingenuo pensar que la seguridad y la privacidad resulten ajenas o independientes de estos dos componentes: la capacidad de decisión y la capacidad de inversión.-

3.- Derecho “y” (no “ó”) tecnología.-

Volviendo a la herramienta llamada “derecho”, como cualquier otro instrumento podrá facilitar, promover el desarrollo de ciudades inteligentes, o también limitarlo. Esto no quiere decir que el carácter instrumental del derecho sea necesariamente secundarioal del desarrollo tecnológico, no se trata de que el marco legal simplemente refleje o recepte de manera pasiva los avances en materia de tecnología, por el contrario veremos a continuación hasta qué punto es importante la ley como protección de ciertos derechos fundamentales como la privacidad.-

En todo caso, lo que si es esencial (y aquí ahora sí hablamos para la clase política y también para la Universidad) es que el derecho y los operadores jurídicos asuman una posición activa y comprometida con esta nueva realidad.-

4.- Seguridad y Protección de Datos.-

Cuando hablamos de seguridad y protección de datos, hay que decir que ambas manifestaciones o fenómenos como muchos otros, si bien no surgen exclusivamente con la sociedad digital, es precisamente el avance tecnológico el que los coloca especialmente a los operadores jurídicos, ante un desafío mayor para su materialización.-

A tal punto resultan relevantes que han merecido su recepción en diferentes niveles normativos. En efecto, su regulación deriva de múltiples instrumentos supranacionales, como la Declaración Internacional de Derechos Humanos (DUDDHH) de 1948[11] también podemos mencionar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) de 1966[12], y en el caso de nuestra región, el Pacto de San José de Costa Rica. (PSJCR) de 1969[13].-

Todas estas herramientas determinan en su articulado la protección a la vida privada de las personas, como un derecho fundamental e instan a los Estados signatarios para la adecuación y/o generación del marco normativo en consecuencia.-

Más directamente relacionado con la temática de gobierno digital, podemos mencionar a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), que además de reconocer el “derecho” de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos[14], establece una serie de principios y exigencias.-

Así declara que el principio de legalidad resulta comprensivo del respeto de la privacidad[15] y al abordar el principio de seguridad, conmina a los Estados a adoptar todas las medidas técnicas y jurídicas[16] para que los ciudadanos puedan interactuar de manera electrónica con seguridad y confianza.[17]

Esta preocupación respecto de los derechos de seguridad y protección, ha ido siendo incorporada al derecho interno de los países, en algunos casos como Argentina, directamente a su texto constitucional, es decir al máximo nivel normativo[18].-

Podríamos asimismo, citar otros dos artículos representativos, uno de ellos presente ya en la redacción constitucional original, y el segundo incorporado en la última reforma del año 1994[19].-

El primero de los Artículos, es el 19 CN[20], y establece el “principio de reserva” que implica un claro límite a la intromisión gubernamental en la vida privada de las personas, en todos aquellos actos que según reza el texto “…en modo alguno ofendan al orden y la moral y no perjudiquen a terceros…”

El segundo que podemos traer a colación tiene una conexión directa con los temas que aquí nos ocupan, ya que recepta el derecho al “habeas data”. Esta medida fue incorporada en el Artículo 43 de la CN[21] en 1994 y también en otros textos Constitucionales Provinciales, como el Artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.[22]

Se trata del reconocimiento de un derecho bastante más amplio de los que sugiere el texto constitucional.-

Su real alcance lo podemos apreciar en la Legislación que se dictó en consecuencia, hablamos de la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales, y su decreto Reglamentario N° 1.558/2001. Esta normativa regula todo lo relativo a la existencia y registro de los banco o archivos de datos personales (incluyendo y protegiendo especialmente los datos denominados sensibles), tanto a nivel público como privado, el tratamiento de esos datos, la Autoridad de Aplicación y la calificación legal que en consecuencia podrán tener tales actividades, pudiendo corresponder en caso de inobservancia, sanciones administrativas o incluso, penales.[23]

5.- El Acceso a la Información Pública.-

La contracara operativa, o mejor aún, complementaria y necesaria de los derechos de seguridad y protección de datos personales, la podemos encontrar en el derecho de acceso a la información pública.-

Este derecho también ha sido recogido y receptado por los Instrumentos Internacionales ya mencionados, DUDDHH, PIDCyP, PSJCR, aunque su inclusión en la normativa interna ha merecido diferentes recorridos.-

En Argentina a diferencia de lo que sucede en otros países de la Región como Colombia, Chile o Uruguay, para mencionar algunos, no contamos con una Ley de Acceso a la Información Pública.-

Existe, en cambio desde el año 2003 un Decreto el N° 1172/ 2003[24] que regula varios aspectos vinculados al acceso y la transparencia, pero en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Más concretamente en su Anexo VII aprueba el "Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional".-

De todos modos esta ausencia de una Ley, no ha impedido que se susciten presentaciones judiciales en materia de acceso a la información pública, y en los últimos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de pronunciarse en al menos dos casos importantes, uno en el año 2012[25], y otro recientemente en el año 2014[26][27]

En ambos, el Máximo Tribunal recogió la inclusión de este derecho en los instrumentos internacionales al expresar que “(...) el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.-

6.- Gobierno abierto – Datos Públicos.-

Finalmente y para terminar este apartado, también es importante señalar, porque además forma parte de uno de los elementos constitutivos de cualquier proyecto de “ciudad inteligente”, el proceso progresivo que se viene observando hacia lo que se denomina “gobierno abierto”[28] y en particular la puesta a disposición de portales de “datos abiertos”. Un ejemplo, por aquí es el Portal de Datos Públicos presentado hace apenas un año por el Gobierno Nacional[29].-

Esta iniciativa abre la participación a los diversos sectores de la Sociedad y se agrupan por ejemplo bajo la idea de Agenda Digital[30], lo que posibilita esa construcción colaborativa de la que hablábamos al comienzo.-

7.- ¿Qué conclusiones podemos elaborar de estos breves comentarios?

En primer lugar, entendemos que es necesario promover y “allanar” el concepto de “ciudad inteligente”. Con “allanar” nos referimos a llevar al llano, a la agenda cotidiana de los ciudadanos. Tenemos que poder cruzar así los ámbitos estrictamente académicos, quitarle ese cierto aire snob, o de argumento de marketing que en algunos casos puede rodear el concepto, y entender que se trata de una necesidad cada vez más evidente.-

El ritmo del crecimiento urbano, en breve demandará que todo proyecto de ciudad sea “inteligente”, de otro modo nos esperan problemas cada vez más graves.-

Un ejemplo muy concreto: la Ciudad de La Plata[31], fue fundada hace 132 años y concebida en su momento con una idea que hoy calificaríamos como ciudad inteligente. Planificada al detalle, creada para ser la ciudad Capital de la provincia más importante de Argentina.-

Sin embargo, el crecimiento posterior no se verificó con las mismas características, y no siempre acompañado de una debida planificación de los servicios y demás acciones de gobierno necesarias para absorber ese crecimiento.-

Hace un año y medio, dicha ciudad y la de Buenos Aires sufrieron un temporal de lluvia intenso e inaudito. Como consecuencias materiales, literalmente, la mitad de la ciudad quedó sumergida, pero mucho más trágicas fueron las consecuencias personales: casi 100 personas fallecidas[32].-

Por eso, pensar inteligentemente las ciudades será más una necesidad que una opción.-

Además, y de la mano de la cada vez mayor conectividad, recolección de datos, Big Data Internet de las Cosas (IoT), etc, se deberán redoblar los esfuerzos por garantizar que ello no sea en desmedro de los derechos fundamentales que hacen a la seguridad y la protección de datos de los ciudadanos.-

Desde luego que el primero que debe respetar y garantizar esos derechos es el Gobierno. No está demás remarcarlo a la luz de revelaciones que se han generado a partir del caso Snowden[33] y en el que según se menciona más del 80% del espionaje provendría de los Gobiernos.[34]

No es casualidad que las Naciones Unidas se hayan pronunciado categóricamente al respecto en una resolución del 25 de noviembre pasado en la que llama a “respetar la privacidad en la era digital, a la vez que condena la vigilancia masiva en Internet”[35].-

Para ello, resultará vital promover la mayor participación ciudadana, y de las organizaciones de la sociedad civil. Entre los ejemplos recientes que podemos mencionar, está el lanzamiento por parte de Amnistía Internacional de DETEK un software de detección de malware de tipo RAT. (Remote Administration Tools)[36].-

Pero atentos porque junto al conocido “Big Brother” Orwelliano, representado por esos casos, y por los enormes sistemas de videovigilancia que han surgido en los últimos años, tenemos al menos perceptible “Little Brother” aquel que se compone de la legión de individuos que hoy tenemos en un nuestros bolsillos una videocámara y acceso a innumerables aplicaciones de seguimiento y localización propia y ajena.-

De modo que, y con esto vamos terminando, se presenta un gran desafío para los operadores jurídicos en la construcción del marco legal que debe acompañar este proceso.-

Pero esa participación demanda, se ha dicho, un cambio de paradigma jurídico, exige un compromiso y una participación proactiva. No se trata de que el derecho genere un freno al desarrollo, pero tampoco que actúe meramente validando las posibilidades del avance tecnológico.-

Como en tantas otras instancias de la historia, el derecho y los operadores jurídicos están llamados a estar a la altura de las circunstancias para que el progreso y el bienestar no se produzcan a costa de resignar nuestra libertad.-

Referencias.

[*] Corresponde a la Conferencia dictada (a distancia) en el Marco de las III Jornadas Internacionales Aspectos Legales del Gobierno Electrónico y las Ciudades Inteligentes.

Universidad Externado, y el Observatics http://observatics.edu.co/ Colombia 1 y 2 Diciembre 2014. La misma cuenta con una Presentación que la acompaña y que puede verse en:

https://prezi.com/xobsgsyxp23i/seguridad-privacidad-y-acceso-informacion-publica/

[**] Abogado (UNLP), Especialista en Derecho de Alta Tecnología (UCA-SMB), Magister en Finanzas Públicas (FCE-UNLP), Docente de Grado y Posgrado en temáticas de Sociología Jurídica, Nuevas Tecnologías, Plantificación y Gestión, etc., en la Universidad Nacional de La Plata. Presidente de la Comisión de Derecho, Tecnología e Innovación del Colegio de Abogados de La Plata, y actualmente Coordinador de Políticas Digitales del INSSJP-PAMI. Para contactarse por mail: batista@kudos.com.ar, Twitter: https://twitter.com/batista1088 ó en LinkedIn: http://ar.linkedin.com/in/batista1088

[1] Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente

[2] Ver diferentes artículos anteriores en el Suplemento de Derecho de Alta Tecnología elDial.com

[3] Artículo 1.CN- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución. Ver: http://www.infojus.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel

[4]   Artículo 5. CN- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

http://www.infojus.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel

[5] Así lo refleja su Constitución: Artículo 180. Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten.

[6] Sus competencia y atribuciones están dadas por el Decreto-Ley N° 6769/58. Ver:

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-58-6769.html

[7] La Constitución de la Provincia los define de la siguiente manera: Artículo 190.- La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de seis ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto que se elijan los senadores y diputados, en la forma que determine la ley.

[8] Incluso a través de Programas Especiales que se asignan directamente de la Nación a los Municipios sin pasar por el Gobierno Provincial.

[9] Se entiende por Federalismos Fiscal “…en la teoría de las Finanzas Públicas bajo el rótulo de “Hacienda Multijurisdiccional”, se ocupa de estudiar el modo en que los diferentes niveles de Estado (Nación, Provincias o Municipios) comparten recursos tributarios para llevar a cabo las tareas que son propia para cada uno de ellos. Ver: “FEDERALISMO FISCAL. CAT. OPP/CAG/2005-10. Observatorio de Políticas Públicas. Cuerpo de Administradores Gubernamentales JGM. 2005, en:

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/ag/paginas/opp/docs/2005/10_OPP_2005_FEDERALISMO_FISCAL.pdf

[10] Ver algunas discusiones al respecto en:

http://www.lanacion.com.ar/1689351-la-eterna-discusion-sobre-el-federalismo-fiscal

[11] Fundamentalmente en su Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Ver: http://www.un.org/es/documents/udhr/

[12] Con base en su Artículo 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Ver: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015

[13] A partir de lo previsto por ejemplo en el Artículo 11: Protección de la Honra y de la Dignidad  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Ver: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[14] Capítulo 2. Punto 7: “La implantación del Gobierno Electrónico comporta el reconocimiento por parte de los Estados Iberoamericanos del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus Gobiernos y Administraciones Públicas. Lo que supone que las Administraciones estén interrelacionadas entre sí a fin de simplificar los procedimientos. Las leyes de acceso a la información pública establecidas en algunos países de la región apuntan en esa dirección”.

Ver: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf

[15] Capítulo 1. Punto 6 b: “ (…) El principio de legalidad también comprende el respeto a la privacidad, por lo que el uso de comunicaciones electrónicas comporta la sujeción de todas las Administraciones Públicas a la observancia de las normas en materia de protección de datos personales”. ”.

Ver: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf

[16] Con una clara referencia a los mecanismos de Firma Digital, en el Capítulo 2 Punto 11: “En concordancia con el principio de seguridad que orienta al Gobierno Electrónico, los Estados  iberoamericanos aprobarán, las normas jurídicas y  técnicas y los actos ejecutivos necesarios para que los ciudadanos y las Administraciones Públicas en sus relaciones electrónicas puedan tener seguridad y confianza, tanto en lo que se  refiere a la identidad de la persona, órgano o institución que se comunica, como en lo que se refiere a la autenticidad e integridad del contenido de la comunicación, así  como, consecuentemente, en la imposibilidad de ser  repudiada por el emisor”.

Ver: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf

[17] Más sobre la vinculación entre Protección de Datos y Firma Digital, en el Capítulo IV del texto “Régimen Jurídico de los Datos Personales” Juan Antonio Travieso (Director) Ed. Abeledo Perrot. 2014,  Tomo I. Págs 467/493 . Ver más: http://www.laley.com.ar/img/nwslttrs/News_MesPatrio_B.html

[18] Presentes en el Artículo 75, inciso 22.

Ver: http://www.infojus.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel

[19] Para ver en detalle la materia de Protección de Datos Personales ver “Régimen Jurídico de los Datos Personales” Juan Antonio Travieso (Director) Ed. Abeledo Perrot. 2014. Ver más: http://www.laley.com.ar/img/nwslttrs/News_MesPatrio_B.html

[20] Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Ver: http://www.infojus.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel

[21] Artículo 43: (…)Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Ver: http://www.infojus.gob.ar/nacional-constitucion-nacional-constitucion-nacion-argentina-lns0002665-1994-08-22/123456789-0abc-defg-g56-62000scanyel

[22] Artículo 20: 3.- A través de la garantía de Habeas Data, que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.

Ver: http://www.infojus.gob.ar/local-buenos-aires-constitucion-provincia-buenos-aires-lpb1000000-1994-09-13/123456789-0abc-defg-000-0001bvorpyel

[23] Ver en: http://www.infojus.gob.ar/25326-nacional-ley-proteccion-datos-personales-lns0004499-2000-10-04/123456789-0abc-defg-g99-44000scanyel

[24] Ver: http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Finfoleg.mecon.gov.ar%2

Ftxtnorma%2F90763.htm&ei=y92BVPLpNOjEiQKXhICoDQ&usg=AFQjCNFM8Zkm

PWEFnNr3HtDpcL8jJPvk5A&sig2=kNhIMfUurM0rnHQwURHnBA&bvm=bv.81177339,d.cGE

[25] Ver en: http://www.cij.gov.ar/nota-10405-La-Corte-Suprema-reconoci--el-derecho-de-los-ciudadanos-de-acceso-a-la-informaci-n-p-blica.html

[26] Ver más en: http://www.adc.org.ar/la-corte-suprema-ratifico-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/

[27] Ver sentencia en: http://www.cij.gov.ar/nota-13116-La-Corte-orden--al-Estado-Nacional-que-haga-p-blica-informaci-n-relacionada-con-los-planes-sociales-que-administra.html

[28] Y no sólo desde el Poder Ejecutivo, también desde la Justicia, por ejemplo la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ver: http://www.cij.gov.ar/gobiernoabierto/

[29] Ver www.datospublicos.gob.ar

[30] Ver: http://www.agendadigital.gob.ar/

[31] Ver más en: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata

[32] Ver entre otros: http://www.lanacion.com.ar/1675380-confirman-que-fueron-89-los-muertos-por-la-inundacion-en-la-plata

[33] Ampliar en: http://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_%282013_a_la_fecha%29

[34] Ver: http://www.genbeta.com/herramientas/los-gobiernos-te-vigilan-descubrelo-con-detekt-el-anti-spyware-de-amnistia-internacional

[35] Ver A/C.3/69/L.26/Rev.1 en: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/69/L.26/Rev.1

[36] Ver en: http://www.amnesty.org/en/news/detekt-new-tool-against-government-surveillance-questions-and-answers-2014-11-20

Citar: elDial DC1E4D

Publicado el: 10/12/2014

copyright © 1997 - 2015 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Table of Contents

Ciudades inteligentes: seguridad, privacidad y acceso la información pública [*]

1.- De las Ciudades Inteligentes.-

2.- Acerca del Marco Legal.-

3.- Derecho “y” (no “ó”) tecnología.-

4.- Seguridad y Protección de Datos.-

5.- El Acceso a la Información Pública.-

6.- Gobierno abierto – Datos Públicos.-

7.- ¿Qué conclusiones podemos elaborar de estos breves comentarios?

Referencias.