Actualmente se han propuesto una serie medidas que tienden a aumentar la calidad de los servicios provistos por el Estado, a través de la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la simplificación de procedimientos, el fomento de reingenierías de procesos y el ofrecimiento al ciudadano de la posibilidad de mejorar el acceso por medios electrónicos a información personalizada,coherente e integral.
Sin embargo, entendemos que todas estas herramientas tecnológicas y jurídicas carecerán per se de efectividad si no se las entiende como instrumentales y convergentes para el fortalecimiento de los principios constitucionales y convencionales que deben regir los contenidos y los diversos aspectos de los procedimientos administrativos, expandiendo su imperio hacia las normas de jerarquía inferior.
En tal sentido, las tecnologías de la información y las comunicaciones han de constituirse en medios para la concreción más acabada de las directrices fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico actual, es decir, de los grandes principios constitucionales y convencionales que conforman el orden supremo de nuestra juridicidad contemporánea.
Aquella necesidad de convergencia de las herramientas tecnológicas y jurídicas se exhibe evidente en la actualidad como mecanismo para el fortalecimiento y la plena vigencia práctica de los principios sustantivos y procedimentales rectores de las contrataciones públicas, los cuales poseen raigambre tanto constitucional como convencional, y que se ven reflejados de modo particular en la licitación pública.