Las universidades de América Latina y el Caribe acordamos hace tiempo que para nosotros la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad del Estado. Desde la década del 90 defendimos esa visión en cada debate dado en los foros educativos mundiales contraponiendo este modelo al representado en la mayoría de los países del resto del mundo que entiende el acceso a los conocimientos superiores como un bien selectivo, transable en el mercado. El modelo nacional, largamente centenario, impone el derecho a la educación de todo el que esté dispuesto a hacer el esfuerzo de superarse, adquiriendo y acreditando más conocimientos.
Por eso, la expectativa de nuestro desarrollo como país y nuestro progreso individual estuvieron “siempre” sustentados en la igualdad universal de oportunidades basada en principios fundamentales de inclusión. La universidad debe ser un espacio para tener ideas y discutirlas, alejada del pensamiento único, promotora del pensamiento diverso, original y propio; caracterizada por estar llena de inquietudes, rechazos, audacias, escrúpulos y esperanzas que custodian el comportamiento ético, transparente, republicano y democrático de sus miembros y debe tener presente que el conocimiento es sinónimo de oportunidad de justicia social y por lo tanto justifica su valor aún más si es colectivo, social y diverso.