Luego de las transformaciones económicas de los países centrales iniciadas en los años setenta, los países latinoamericanos emprendieron un proceso de reestructuración productiva y reinserción internacional a través de la integración económica que alcanzó su mayor dinamismo en los años noventa. Esta estrategia de integración económica y modernización productiva en el marco de los procesos de globalización, se fue desenvolviendo con lógicas y formas de articulación territorial de carácter privado, produciéndose una refuncionalización neocapitalista del espacio, controlado por la actuación empresarial de los grandes grupos económicos (Cicolella, 1998; Roffman Marquez, 1995).
Así es como entran en crisis las políticas territoriales, especialmente las de desarrollo regional y planificación urbana y regional, en búsqueda de las potencialidades de crecimiento de cada región, llevando a la tesis del desarrollo endógeno y a una revisión de las ideas del centro periferia1, tratando de minimizar el alejamiento de los centros y mejorando la accesibilidad de los mercados a través de obras de infraestructura y de información (Mellado-Gajate, 1998:
101). Por tanto, la organización espacial a diferentes escalas –global, regional, subregional, nacional y local– determinó la inclusión/ exclusión de lugares, mercados, sectores productivos y sociales (Cicolella, 1998: 81) y un desarrollo territorial regional y urbano, desigual y contrastado (Roffman-Marquez, 1995:92).
En esa dirección y desde la creación del MERCOSUR, la infraestructura constituyó un tema recurrente de los gobiernos de los países integrantes poniéndose de manifiesto en sucesivas Cumbres Presidenciales.