El 25 de mayo de 2012 la Unión Europea (UE) inició la primera etapa del sistema de solución de diferencias de la OMC solicitando el establecimiento de consultas con la Argentina. La UE en calidad de demandante se mostraba en desacuerdo con tres medidas impuestas por ese país a la importación de mercancías.
En particular, el bloque comercial impugnaba una nueva declaración exigida por el gobierno argentino para autorizar importaciones, los diversos tipos de licencias que eran exigidos para importar determinadas mercancías y, hacía referencia a que una posible demora en la concesión de esa declaración estaba generando una restricción al comercio.