En el presente trabajo, partiendo de una visión de derechos humanos, se ha propuesto enunciar ciertos ajustes de procedimientos necesarios, no taxativos, que deben realizar los operadores judiciales para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de manera plena y efectiva en el proceso judicial tendiente a la determinación de su capacidad jurídica, para que accedan de manera eficaz al servicio de justicia.