Es por esto, en mi opinión, se considera imperioso e inminente una reforma judicial estructural en la República Argentina, desde la conformación del Consejo de la Magistratura como una reorganización total, para poder recuperar el rol que tiene dentro de una sociedad democrática. En nuestro País, según distintas encuestas realizadas, el Poder Judicial en general y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular son quienes tienen mayor desaprobación por parte de los argentinos.
Para poder conseguir niveles de legitimidad social, se debe recuperar la agenda de una justicia representativa y verdaderamente democrática, fortaleciendo la república a través de una acentuada división de poderes e independencia política y económica.
Para la construcción de una democracia sólida y firme en nuestro continente debemos combatir al Lawfare que daña profundamente nuestras instituciones republicanas, proscribiendo (como en el caso de Brasil, Ecuador o Bolivia) o desgastando (como en Argentina) a los dirigentes populares que proponen grandes transformaciones y ampliaciones de derechos para muchos –o pérdidas de privilegios para pocos–. Siendo el Poder Judicial uno de los Poderes del Estado, es importante poder avanzar en un proceso de participación ciudadana para poder recuperar los grados de representación popular.