Este trabajo examina el impacto desproporcionado del encarcelamiento de mujeres por delitos vinculados con estupefacientes en nuestro país, evidenciando cómo el modelo punitivista perpetúa, especialmente en ellas, la desigualdad de género, la vulnerabilidad y la estigmatización. Se argumenta que las políticas criminalizadoras ignoran sus realidades socioeconómicas y vulneran derechos humanos fundamentales. El trabajo plantea la necesidad de abandonar la política criminal actual y adoptar un paradigma de reducción de daños, que respete la dignidad y los derechos humanos, garantizando la equidad de género en el sistema judicial.