Una política pública argentina a favor y en defensa de infancias y adolescencias

Abstract

Argentina ha sido históricamente un país pionero en la defensa de los derechos humanos. En ese marco, el Estado asume un rol central en el diseño de políticas públicas que permiten abordar diversas problemáticas sociales. Respecto a la violencia sexual, es sabido que resulta ser uno de los delitos más aberrantes que pueden sufrir niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA). Al respecto, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido violencia sexual en la infancia. La crueldad del abuso sexual al que se somete a niñas, niños y adolescentes se asemeja a situaciones de tortura y violencia extrema. Sus efectos pueden verse, sentirse y percibirse en las secuelas inmediatas y a lo largo de toda la vida. Lo que se pretende exponer en este trabajo es la descripción de una política pública que posibilita el acompañamiento a NNyA o personas adultas damnificadas/os por este delito en la restitución de aquellos aspectos que les han sido vulnerados. Asimismo, reconocemos los obstáculos que atraviesan las víctimas para acceder a un patrocinio jurídico, en lo que se denomina ruta crítica. Estos casos requieren de un abordaje integral, interdisciplinario, corresponsable e interinstitucional.