El acceso a la justicia en el proceso administrativo bonaerense

Abstract

El natural rechazo de los gobernantes a toda forma de control ha hecho que se haya visto dificultado sobremanera el acceso al proceso contencioso administrativo. Si bien desde el dogma de la indemandabilidad del Estado hasta la situación actual se ha recorrido un largo camino, los obstáculos siguen presentes. El Código de Varela que rigió entre 1906 y 2003, la Constitución de 1934, junto a la interpretación restrictiva de sus disposiciones, limitaron la citación a juicio de la Provincia y de sus municipalidades con base en el Derecho Público. La materia ceñida a la revisión de actos administrativos definitivos impuso la necesidad del reclamo previo al juicio y el agotamiento recursivo de la vía administrativa. Se establecieron plazos breves de caducidad de la acción y el solve et repete en materia tributaria. La “habilitación de la instancia” judicial se transformó en un “antejuicio” o examen previo de presupuestos procesales, en cuyos alambicados vericuetos sucumbieron numerosas acciones de los particulares. Para colmo la legitimación activa, hasta 1996, estuvo limitada a los titulares de derechos subjetivos, dejando sin acceso al Fuero a quienes invocaran intereses legítimos, difusos o colectivos. El panorama ha mejorado con la reforma de 1994-2003; los problemas se han morigerado pero no han desaparecido. La competencia en razón de la materia y la legitimación se han ensanchado notoriamente, pero el plazo de caducidad, el reclamo administrativo y el pago previo –aunque atemperados- mantienen su vigencia. Ya no se discute que el acceso a la justicia constituye un derecho humano esencial. Resulta entonces imprescindible terminar, de una vez y para siempre, con las restricciones que lo dificultan.