Las empresas de servicios públicos (ESP) son multiproducto. Producen bienes finales para las familias (BCF: por ejemplo, energía eléctrica y gas residencial, transporte de pasajeros) y bienes intermedios para la producción (BCI: energía eléctrica y gas para consumidores industriales, comerciales y del sector servicios, transporte de cargas). Algunos bienes son utilizados por los dos tipos de consumidores (naftas, gas oil, comunicaciones) y plantean problemas de interés desde el punto de vista teórico y de implementación práctica de sus precios (por ejemplo, si se subsidia el gas oil para favorecer el transporte público se favorece a los consumidores que los utilizan como combustible para automotores).
Los precios de estos bienes son importantes en el diseño de políticas públicas por varias razones. Considerando el objetivo de eficiencia económica estos precios deberían reflejar los costos marginales de producción. Cuando se agrega el objetivo de financiamiento pueden presentarse conflictos si existen costos decrecientes debido a que las pérdidas financieras obligarán al apartamiento de la regla de precios iguales a los costos marginales o bien a requerir financiamiento con impuestos que provocarán distorsiones en los bienes gravados. Si se agrega el objetivo distributivo aparece un nuevo factor que aparta los precios de los costos marginales en función de las características distributivas. Estos temas, tanto para bienes finales como para bienes intermedios, han sido tratados en la literatura teórica, aplicable tanto a empresas pública como a privatizadas reguladas.