Los campamentos o tomas de terreno en Chile, en las últimas cinco décadas, han sido una estrategia socio histórica de articulación popular y de resistencia frente a las políticas públicas creadas bajo el modelo neoliberal y las crisis generadas y/o agudizadas desde el golpe cívico-militar de septiembre de 1973. Desde ese acontecimiento se establece una hegemonía ideológica monocultural sobre el saber y el habitar la ciudad, con visiones de escalas dominantes donde, desde una productividad capitalista, se estableció una práctica política de construir ciudades y viviendas de carácter social (Cortés, 2020; Imilan et al., 2020; Giannotti & Cofré-Schmeisser, Pérez & Palma, 2021) basada en la subsidiariedad y la focalización, que fueron agudizando la pauperización, marginalización y precarización de los sectores populares (González & González, 2020), además de ir produciendo fragmentación, individualización, desarticulación comunitaria y organizacional de base. El año 2022 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), presentó los resultados del Catastro de Campamentos de Chile, identificando 1091 campamentos, 355 más respecto del catastro del año 2019, evidenciando un aumento en un 36%. De acuerdo con este informe, serían 71.996 las familias que habitan estos territorios (MINVU, 2022), 29.112 nuevos hogares más que el 2019. Este aumento exponencial es corroborado por el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la Organización No Gubernamental (ONG) TECHO-Chile (2023), que reconoce la existencia de 1.290 campamentos, identificando la presencia de 113.887 hogares. Se constata un aumento de un 39,5% en comparación con el período anterior diagnosticado (2020-2021). En ambos estudios se reconoce a Valparaíso como la región con más campamentos en el país (255 y 280 respectivamente), seguida por la Región del Biobío (156 y 198 comparativamente) y la Región Metropolitana (142 y 167 respectivamente). Estas tres regiones concentran cerca del 75% de todos los campamentos a nivel nacional, situación que plantea desafíos importantes en términos de gobernanza local a los municipios que albergan, involuntariamente, estas poblaciones.