Las regulaciones del sistema educativo, como las leyes y las reglamentaciones ministeriales del área, han estado centradas en la configuración de los principios fundamentales que explican los alcances y estructuraciones para el funcionamiento del sistema educativo. Los instrumentos legislativos y normativos en general responden en mayor medida a una dimensión política descriptiva y en menor sentido a la dimensión administrativa de la intervención institucional en cada centro educativo. Este campo se encuentra más detallado en la circunscripción de las orientaciones que desde los niveles de supervisión se ejercen sobre la gestión de las instituciones. En el mismo sentido sucede con el campo de las orientaciones didácticas o metodológicas.
En sí las leyes de educación insinúan posiciones de procedencia didáctica, pero de una manera muy acotada. En lo que refiere a la gestión sucede algo similar. En los marcos normativos se hallan las bases de los lineamientos fundamentales que un gobierno político de la educación define como delimitación para el proceder en la administración de la vida cotidiana de las escuelas. A esos principios, por lo explícito o por la omisión, se hará referencia en este capítulo.