El debate en torno al llamado problema de la droga en América Latina ha adquirido en los últimos años una creciente notoriedad. Esta puesta en foco puede explicarse en parte por la discusión en torno a la revisión de las metas de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) de 1998, que tuvo lugar en los años 2008 y 2009; pero también, por la consolidación de distintas organizaciones de la sociedad civil orientadas a la promoción de los derechos del consumidor y, en algunos países, del productor de hojas de coca (Corda, 2011). En la Argentina, esto ha sido acompañado por voces críticas al modelo prohibicionista/abstencionista reinante a nivel mundial, que se han alzado desde los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial. Así, la reactivación del debate se refleja, en nuestro país, tanto en jornadas, congresos, programas de televisión y charlas abiertas en universidades como en discursos políticos, fallos judiciales y numerosos proyectos de modificación de la actual ley 23.737 presentados en el Congreso de la Nación.