A partir del 11 de Septiembre del año 2001 se profundiza la tendencia que ubica al terrorismo como uno de los tópicos centrales de la agenda de seguridad internacional. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una Resolución que autoriza al presidente a adoptar las medidas necesarias para el uso de la fuerza contra los responsables de los ataques, contra aquellas naciones, organizaciones y personas que los hayan planeado, autorizado o ayudado. A partir de este momento comenzará a ser utilizado el nuevo concepto de “Guerra Preventiva”, sustentada en el documento “The National Security Strategy” del 20 de septiembre de 20021.
En este nuevo escenario, caracterizado por su incertidumbre y complejidad (Kliksberg, 2004), la agenda de seguridad de Latinoamérica presenta características diferenciales respecto de la agenda de seguridad global (Hirst, 1996), puesto que las amenazas para los países de la región provienen de fenómenos particulares vinculados principalmente a los conflictos sociales violentos. El objetivo de este trabajo será analizar cómo los conflictos sociales violentos pueden convertirse en una amenaza externa (Tokatlian, 2000) vulnerando la seguridad tradicional de los Estados, al ser percibidos como posibles escenarios para la proliferación de las nuevas “amenazas” (Fontana 2003) esbozadas en la agenda global.