Basta mirar a Jujuy, o volver la vista hacia Brasil, Honduras y Paraguay, para vincular su rol de cuidadores de los privilegios de la minoría con el armado de causas judiciales que involucren a Cristina Fernández. Desde el procesamiento en el caso del dólar futuro hasta el intento de imputarla por traición a la patria, los garantes del statu quo no han aportado más prueba que la de su propia represalia contra un Gobierno popular en la que no se juegan delitos, sino la distribución de la riqueza.