La incorporación al ordenamiento jurídico nacional de normativa internacional de protección de los derechos humanos obliga a los Estados (Nacional y provinciales) a dar garantía de efectividad de los derechos sociales. La Justicia Administrativa es un carril institucional adecuado para el control de la administración pública en el ámbito de las políticas sociales, teniendo aptitud para la efectivización de derechos sociales y la participación ciudadana. Para ello es necesario que el proceso administrativo incorpore tutelas procesales diferenciadas que contemplen la distinción entre derechos patrimoniales y derechos fundamentales. (L. Ferrajoli).