El proceso de globalización, más allá de sus valoraciones positivas o negativas, evoluciona en la construcción de una estructura jurídica supranacional penetrando los sistemas jurídicos nacionales, no sólo respecto del comercio, la economía, la seguridad alimentaria, la tecnología sino también en materia ambiental. Tratados, Acuerdos, Recomendaciones, Directrices y Normas Técnicas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU-FAO) ingresan al derecho nacional generando un nuevo escenario de regulaciones ambientales en materia de producción, manejo y uso sustentable de los recursos naturales en los sistemas agroalimentarios; es usual que muchos instrumentos jurídicos internacionales en materia de comercio internacional, como puede citarse el Acuerdo de Agricultura (OMC) o en los principios de acuerdo UE – MERCOSUR reciente, exigen a los Estados Miembros aplicar normas ambientales que hacen al uso sustentable de los recursos naturales, a la trazabilidad, recaudos higiénicos-sanitarios, a las medidas sanitarias y fitosanitarias instrumentables mediante normas técnicas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) como también por las normas técnicas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) para acreditar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas (BPA), análisis de peligro y puntos de control críticos (HACPP) y protocolos de uso, medición y registro de indicadores de gestión ambiental, tanto físicos, químicos como biológicos, orientados a la conservación de la fertilidad y capacidades productivas del suelo agrario. El presente documento sólo tiene por objeto la divulgación jurídica normativa internacional, nacional y provincial constitutivos de un sistema jurídico complejo y programático no operativo que contempla aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y tecnológicos, a lo que se agregan proyectos legislativos, con relación a las acciones privadas y públicas para la prevención de la salud del suelo agrario.