El estado de excepción se ha aplicado históricamente en América Latina con distintas denominaciones, similares objetivos y desiguales resultados. Sus mecanismos de regulación, las causales de sus declaratorias, los derechos que suspende, su duración y sus pronunciamientos son objeto de discusión y revisión constante desde las teorías clásicas y contemporáneas. De esta manera, las condiciones sociales e históricas, los modos y las formas que ha asumido; el grado de legitimidad e ilegitimidad y la discusión en torno a la legalidad e ilegalidad de su aplicación, ha permitido abordar este problema desde distintas disciplinas y perspectivas teóricas.
Tras el fin del régimen autoritario de Alfredo Stroessner (1989) uno de los principales desafíos para la democracia en Paraguay era desterrar la Constitución heredada (sancionada en 1967) que consagraba la primacía del Poder Ejecutivo supeditando tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. La reforma de la Constitución de 1992 buscaba promover un nuevo orden legal que, ante todo, equilibre los poderes del Estado y ejerza un control mayor sobre el ejecutivo, y así evitar la repetición de gobiernos autocráticos y de prácticas autoritarias. En este sentido, la reforma incorpora el estado de excepción figura que reemplaza el estado de sitio, otrora utilizado por el stronismo para darle un marco legal a su perpetración en el poder. El estado de excepción establece una serie de condiciones y garantías en un intento por regular y condicionar las prerrogativas del Poder Ejecutivo.
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un análisis descriptivo de la aplicación del estado de excepción en Paraguay a partir de 1992, declarado bajo el gobierno de Luis González Macchi (decreto Nº 8.772 en el año 2000 y decreto 17.870 en el año 2002) y de Fernando Lugo (ley Nº 3.994 en el año 2010 y ley Nº 4473 en el año 2011). A partir de la indagación de las condiciones sociales e históricas planteadas, de las condiciones de posibilidad y realización para su aplicación, problematizaremos los desafíos que supone el estado de excepción como mecanismo de control social y disciplinamiento, para el nuevo pacto democrático sellado en Paraguay a partir de la transición.