En Argentina, durante la década del ’90 se dan transformaciones en materia de políticas educativas ya que el Estado relega su función como garante de derechos atribuyéndoles a los individuos la responsabilidad por los logros educativos. Sin embargo a partir del año 2000 se inicia un cambio en las políticas educativas que intentan modificar volviendo a postular al Estado como agente por excelencia responsable de los derechos y otorgándole a la educación un carácter más inclusivo (¿e igualitario?). En el marco de estas transformaciones, en el año 2006 se dicta la Ley N° 26.150 que intenta dar respuesta a las problemáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, a las enfermedades de transmisión sexual, al aumento de los casos de embarazo adolescente, situaciones de violencia de género entre parejas, el aborto y la iniciación sexual más temprana.
La ley en cuestión establece como obligación del Estado Nacional y de los estados provinciales la educación sexual como derecho para todos los niños, niñas y jóvenes desde el nivel inicial hasta el nivel secundario de todas las escuelas públicas y privadas argentinas.
La presente ponencia tendrá un doble objetivo. Por una parte, se propone identificar los actores e instituciones más relevantes que se pusieron en tensión frente a esta ley. Por otra parte, se plantea examinar de manera crítica las nociones de sexualidad, género, ciudadanía presentes en los lineamientos curriculares de la Educación Sexual Integral.