La utilización de los precios y tarifas públicas como instrumentos de política económica ha sido de utilización frecuente en la Argentina. Los objetivos perseguidos han sido la distribución del ingreso, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y el fomento de sectores y regiones. Estos objetivos estuvieron presentes desde el momento de la nacionalización de las empresas de servicios públicos para “Atacar de frente a los monopolios internacionales” (pg. 46); en lo relativo a las tarifas los lineamientos eran, por ejemplo: “La tarifa ferroviaria puede impedir el desarrollo del país” (pg. 79); ¨… la tarifa incide directamente en el desarrollo armónico o inarmónico de un país¨ (pg. 78). “Ferrocarriles y transportes en general, usinas, puertos, energía, etc., todo lo que constituye en fin un servicio público ha sido nacionalizado y ahora, donde regían los dictados del interés extranjero, tiene plena vigencia la voluntad argentina” (pgs.138-139). Esa política fue revertida en 1952 al establecerse como objetivo “…suprimir o eliminar gradualmente los subsidios al consumo y en general, fijar precios sobre bases económicas” (Secretaría de Informaciones, 1952).