Tratar el tema legal del Patrimonio Arqueológico suele generar situaciones críticas. Se observa confusión tanto en los profesionales universitarios (arqueólogos, abogados, antropólogos), como tanto más en el ciudadano que desconoce totalmente los derechos y obligaciones atinentes a los bienes arqueológicos.
Los puntos más conflictivos se refieren a la jurisdicción y competencia en el orden nacional (en el orden provincial los últimos diez años han unificado y clarificado normas en cada provincia); el dominio público (nacional y provincial) sobre los yacimientos; el avance del constitucionalismo provincial en el tema y el ejercicio de los derechos derivados de los intereses difusos o colectivos vinculados al uso y disfrute colectivo del Patrimonio Arqueológico.