Editorial

Abstract

El martes 13 de septiembre, entre gallos y medianoche, las cancillerías de Argentina y del Reino Unido sorprendieron con un Comunicado Conjunto que invoca una agenda “omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial”. En el capítulo referido al Atlántico Sur se soslaya la controversia de soberanía y se acuerda “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”. Esto presupone el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos. Cabe recordarle al Gobierno que los recursos renovables y no renovables de los que pretende disponer para ceder alegremente a manos británicas pertenecen a 40 millones de argentinos. No queda claro si el presidente Mauricio Macri se apresta a derogar o a violar la Ley de Hidrocarburos y su modificatoria, que prohíben la explotación ilegal de petróleo en plataforma continental argentina y establecen las sanciones pertinentes.