http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134267 Fri, 13 Nov 2026 09:33:58 GMT 2026-11-13T09:33:58Z http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134443 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Esta presentación forma parte de una investigación en curso sobre la proliferación del problema de la "inseguridad" como de interés público, en diálogo con la aplicación de herramientas etnográficas de investigación en la vida urbana. En este sentido, nos proponemos intentar comprender de qué forma se producen actualmente las asociaciones, modos de habitar y producción de ciudad en relación al problema securitario y las distintas formas de control social, concentrándonos en el territorio delimitado por la ciudad de La Plata y alrededores. Entre les agentes relevantes en dicha investigación, caben ser señalados diferentes estamentos y agencias estatales (municipales, provinciales, fuerzas de seguridad), organizaciones como “vecinos en alerta” y asambleas por temas de (in)seguridad, medios de comunicación, empresas y servicios privados de seguridad, como también la presencia y utilización de objetos y redes técnicas como servicios de mensajería instantánea. Esto instaura un cierto desafío para pensar y estudiar los problemas urbanos desde una dimensión etnográfica y cualitativa, por las diferentes formas de materialidad de los registros, temporalidades, tipos de vínculos y ensamblajes que se producen para regular ciertos riesgos y transformaciones de la vida urbana. Nos detendremos en una de las articulaciones emergentes en la “Liga de Barrios por la Seguridad” de La Plata y el caso de la Asamblea Vecinal de Barrio Alegre. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134443 2019-01-01T00:00:00Z Esta presentación forma parte de una investigación en curso sobre la proliferación del problema de la "inseguridad" como de interés público, en diálogo con la aplicación de herramientas etnográficas de investigación en la vida urbana. En este sentido, nos proponemos intentar comprender de qué forma se producen actualmente las asociaciones, modos de habitar y producción de ciudad en relación al problema securitario y las distintas formas de control social, concentrándonos en el territorio delimitado por la ciudad de La Plata y alrededores. Entre les agentes relevantes en dicha investigación, caben ser señalados diferentes estamentos y agencias estatales (municipales, provinciales, fuerzas de seguridad), organizaciones como “vecinos en alerta” y asambleas por temas de (in)seguridad, medios de comunicación, empresas y servicios privados de seguridad, como también la presencia y utilización de objetos y redes técnicas como servicios de mensajería instantánea. Esto instaura un cierto desafío para pensar y estudiar los problemas urbanos desde una dimensión etnográfica y cualitativa, por las diferentes formas de materialidad de los registros, temporalidades, tipos de vínculos y ensamblajes que se producen para regular ciertos riesgos y transformaciones de la vida urbana. Nos detendremos en una de las articulaciones emergentes en la “Liga de Barrios por la Seguridad” de La Plata y el caso de la Asamblea Vecinal de Barrio Alegre. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134434 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Más allá de los fluctuantes niveles de delito, violencias y victimización, en tiempos actuales de recesión económica y de campaña electoral, la (in)seguridad suele resurgir como problema en la agenda pública, de forma tal que cierto tipo de fenómenos son recortados y presentados en los medios de comunicación, en los discursos políticos y en el debate público general como parte de la construcción social de la (in)seguridad. Sin embargo, en todos estos discursos poco se dice del principal instrumento causante de homicidios, femicidios y robos en Argentina, esto es, de las armas de fuego. En efecto, alrededor del 60% de los asesinatos que se cometen en el país son con armas de fuego, principalmente por distinto tipo de conflictos interpersonales; aproximadamente el 30% de los femicidios ocurren con armas de fuego, siendo el método más utilizado (CSJN, 2018) y la mayoría de los robos son robos agravados por el uso de armas de fuego (Minseg-SNIC, 2018). Dado que en Argentina mueren 8 personas por día por armas de fuego, ya sea por homicidio, suicidios y accidentes con armas, se considera aquí y a nivel mundial por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como un factor de riesgo para la salud pública (Otamendi, en prensa). Asimismo, se ha demostrado que -como bien señala Gamba (2000)-, la gran disponibilidad, la acumulación y proliferación de las armas de fuego pueden escalar el nivel de conflicto, corromper los acuerdos de paz, intensificar la violencia y el impacto en el delito (...), afectar la estabilidad social, la democracia y el buen gobierno (citado en Otamendi, 2005, p. 9). A pesar de estos riesgos y consecuencias negativas, una parte considerable de la población aprueba la tenencia de armas de fuego para la autoprotección (LAPOP, 2012). Por lo tanto, desde la psicología social con perspectiva sociológica, resulta de interés comprender las actitudes hacia las armas de fuego, lo cual permite analizar su legitimidad social y la potencial demanda de armas de fuego por un amplio sector de la población. Para ello propusimos como parte del proyecto UBACYT 20020170200181BA “Las armas de fuego en América Latina: riesgos y desafíos actuales”, realizar grupos focales en distintas ciudades de la región que permitan reconstruir las actitudes hacia las armas de fuego vinculadas con las experiencias de victimización criminal y las percepciones de (in)seguridad, con las imágenes de las agencias del sistema penal, y con el perfil ideológico y social de los participantes. En esta ponencia, en primer lugar, se presentarán algunos conceptos relevantes para la comprensión de dichas actitudes desde la psicología social con perspectiva sociológica; luego, en segundo lugar, se describirá el método de grupos focales empleado; y finalmente se desarrollará el análisis preliminar del primer grupo focal compuesto por varones adultos de clase media-alta no poseedores de armas de fuego, residentes en el primer cordón del conurbano bonaerense. Esto nos permitirá comparar los hallazgos con estudios anteriores, identificar temas emergentes, ampliar la revisión bibliográfica y revisar la guía de pautas para futuros grupos focales, tal como está previsto en el diseño cualitativo (Maxwell, 1996). Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134434 2019-01-01T00:00:00Z Más allá de los fluctuantes niveles de delito, violencias y victimización, en tiempos actuales de recesión económica y de campaña electoral, la (in)seguridad suele resurgir como problema en la agenda pública, de forma tal que cierto tipo de fenómenos son recortados y presentados en los medios de comunicación, en los discursos políticos y en el debate público general como parte de la construcción social de la (in)seguridad. Sin embargo, en todos estos discursos poco se dice del principal instrumento causante de homicidios, femicidios y robos en Argentina, esto es, de las armas de fuego. En efecto, alrededor del 60% de los asesinatos que se cometen en el país son con armas de fuego, principalmente por distinto tipo de conflictos interpersonales; aproximadamente el 30% de los femicidios ocurren con armas de fuego, siendo el método más utilizado (CSJN, 2018) y la mayoría de los robos son robos agravados por el uso de armas de fuego (Minseg-SNIC, 2018). Dado que en Argentina mueren 8 personas por día por armas de fuego, ya sea por homicidio, suicidios y accidentes con armas, se considera aquí y a nivel mundial por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como un factor de riesgo para la salud pública (Otamendi, en prensa). Asimismo, se ha demostrado que -como bien señala Gamba (2000)-, la gran disponibilidad, la acumulación y proliferación de las armas de fuego pueden escalar el nivel de conflicto, corromper los acuerdos de paz, intensificar la violencia y el impacto en el delito (...), afectar la estabilidad social, la democracia y el buen gobierno (citado en Otamendi, 2005, p. 9). A pesar de estos riesgos y consecuencias negativas, una parte considerable de la población aprueba la tenencia de armas de fuego para la autoprotección (LAPOP, 2012). Por lo tanto, desde la psicología social con perspectiva sociológica, resulta de interés comprender las actitudes hacia las armas de fuego, lo cual permite analizar su legitimidad social y la potencial demanda de armas de fuego por un amplio sector de la población. Para ello propusimos como parte del proyecto UBACYT 20020170200181BA “Las armas de fuego en América Latina: riesgos y desafíos actuales”, realizar grupos focales en distintas ciudades de la región que permitan reconstruir las actitudes hacia las armas de fuego vinculadas con las experiencias de victimización criminal y las percepciones de (in)seguridad, con las imágenes de las agencias del sistema penal, y con el perfil ideológico y social de los participantes. En esta ponencia, en primer lugar, se presentarán algunos conceptos relevantes para la comprensión de dichas actitudes desde la psicología social con perspectiva sociológica; luego, en segundo lugar, se describirá el método de grupos focales empleado; y finalmente se desarrollará el análisis preliminar del primer grupo focal compuesto por varones adultos de clase media-alta no poseedores de armas de fuego, residentes en el primer cordón del conurbano bonaerense. Esto nos permitirá comparar los hallazgos con estudios anteriores, identificar temas emergentes, ampliar la revisión bibliográfica y revisar la guía de pautas para futuros grupos focales, tal como está previsto en el diseño cualitativo (Maxwell, 1996). http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134430 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión En el informe anual de 2017 del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las principales referencias en la materia, se afirma que "aún no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos" (CELS, 2017, p. 83). Este trabajo pretende, no una respuesta final a ese interrogante de tipo abierto y solución finalmente contingente, sino una contribución que constituya un posible paso de avance en la tarea de caracterizar, entender y explicar -en un sentido descriptivo- este fenómeno que nos ocupa y (como veremos) preocupa. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134430 2019-01-01T00:00:00Z En el informe anual de 2017 del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las principales referencias en la materia, se afirma que "aún no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos" (CELS, 2017, p. 83). Este trabajo pretende, no una respuesta final a ese interrogante de tipo abierto y solución finalmente contingente, sino una contribución que constituya un posible paso de avance en la tarea de caracterizar, entender y explicar -en un sentido descriptivo- este fenómeno que nos ocupa y (como veremos) preocupa. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134403 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Nuestra pregunta problemática se construyó a partir de la identificación de una paradoja: ¿cómo es posible que en un contexto de alta demanda punitiva, las autoridades políticas adoptaran una estrategia reformista contrapuesta a las políticas de mano dura? Dado que las políticas y retóricas punitivistas son utilizadas por los gobiernos para lidiar con las ansiedades y representaciones sociales relacionadas con el delito así como para eludir los riesgos electorales de la cuestión criminal, la adopción de una estrategia de reforma policial –máxime en una coyuntura de alta punitividad pública– constituye en un caso de interés intrínseco. Esta ponencia ofrece una interpretación preliminar del proceso señalado basada en los hallazgos de una investigación en curso. La misma pretende capturar la complejidad de su lógica interna a parir de tres ejes: (1) la integración de los niveles de análisis macro, meso y micro; (2) la multiplicidad de actores intervinientes; y (3) la influencia recíproca entre los actores y su marco institucional. A través de la técnica del “rastreo de procesos”, hemos buscado reconstruir el mecanismo decisorio que desembocó en la adopción de la reforma policial en la PBA. Para ello, decidimos concentrarnos en un período corto pero sumamente denso, que se extiende entre la muerte de Blumberg (hecho que dispara el proceso) y la designación de Arslanián (hecho que simboliza el resultado del proceso). Desde el punto de vista teórico, adoptamos un enfoque de análisis de políticas públicas confiando en capturar la complejidad del fenómeno. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134403 2019-01-01T00:00:00Z Nuestra pregunta problemática se construyó a partir de la identificación de una paradoja: ¿cómo es posible que en un contexto de alta demanda punitiva, las autoridades políticas adoptaran una estrategia reformista contrapuesta a las políticas de mano dura? Dado que las políticas y retóricas punitivistas son utilizadas por los gobiernos para lidiar con las ansiedades y representaciones sociales relacionadas con el delito así como para eludir los riesgos electorales de la cuestión criminal, la adopción de una estrategia de reforma policial –máxime en una coyuntura de alta punitividad pública– constituye en un caso de interés intrínseco. Esta ponencia ofrece una interpretación preliminar del proceso señalado basada en los hallazgos de una investigación en curso. La misma pretende capturar la complejidad de su lógica interna a parir de tres ejes: (1) la integración de los niveles de análisis macro, meso y micro; (2) la multiplicidad de actores intervinientes; y (3) la influencia recíproca entre los actores y su marco institucional. A través de la técnica del “rastreo de procesos”, hemos buscado reconstruir el mecanismo decisorio que desembocó en la adopción de la reforma policial en la PBA. Para ello, decidimos concentrarnos en un período corto pero sumamente denso, que se extiende entre la muerte de Blumberg (hecho que dispara el proceso) y la designación de Arslanián (hecho que simboliza el resultado del proceso). Desde el punto de vista teórico, adoptamos un enfoque de análisis de políticas públicas confiando en capturar la complejidad del fenómeno. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134401 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión La República Federativa de Brasil cuenta con graves déficits en lo que a seguridad respecta. Habiendo realizado una enunciación de carácter descriptivo de la situación en la actualidad resulta plausible afirmar un desempeño errado en todos los eslabones que componen la cadena punitiva. Asimismo, el diagnóstico es compartido por especialistas que demuestran intenciones de cambio una vez se analiza la estructura organizativa de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la persistencia de la inseguridad es un reflejo de intentos de modificación parcial y de resistencias por parte de los actores que forman parte de los organismos de seguridad dada la persistencia de la cultura policial. Frente a la relevancia que presenta la seguridad en tanto problema histórico para el conjunto de la sociedad brasilera, resultaba imperativo realizar una descripción de la situación en la actualidad y de las principales propuestas de cambio a modo de organizador de la discusión. De esta manera, se fomenta nuevos debates que presenten una solución superadora. De ahí este trabajo y la importancia de un desenvolvimiento histórico que vale la pena tener presente. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134401 2019-01-01T00:00:00Z La República Federativa de Brasil cuenta con graves déficits en lo que a seguridad respecta. Habiendo realizado una enunciación de carácter descriptivo de la situación en la actualidad resulta plausible afirmar un desempeño errado en todos los eslabones que componen la cadena punitiva. Asimismo, el diagnóstico es compartido por especialistas que demuestran intenciones de cambio una vez se analiza la estructura organizativa de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la persistencia de la inseguridad es un reflejo de intentos de modificación parcial y de resistencias por parte de los actores que forman parte de los organismos de seguridad dada la persistencia de la cultura policial. Frente a la relevancia que presenta la seguridad en tanto problema histórico para el conjunto de la sociedad brasilera, resultaba imperativo realizar una descripción de la situación en la actualidad y de las principales propuestas de cambio a modo de organizador de la discusión. De esta manera, se fomenta nuevos debates que presenten una solución superadora. De ahí este trabajo y la importancia de un desenvolvimiento histórico que vale la pena tener presente. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134396 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Nuestro objetivo es hacer un ejercicio comparativo entre los casos de las mujeres en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Control de Admisión y Permanencia (CAP). El SPB se encarga de las tareas de vigilancia, control y regulación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. La población está dividida de forma binaria, en cárceles de mujeres y de varones. Siguiendo esta división se distribuyen las tareas que van a desarrollar las penitenciarias mujeres. En las cárceles de varones las mujeres están limitadas a hacer tareas administrativas de oficina, en la guardia, el muro, en los circuitos relacionados a la recepción de visitas a detenidos y algunos servicios especiales como puede ser la sección de perros encargada de rastrear sustancias prohibidas en ese ámbito, entre otras. Estas tareas implican restricción en el contacto con los detenidos. Por el contrario, en las cárceles de mujeres, las agentes pueden desempeñarse en todas las tareas y son además responsables del contacto cotidiano con las detenidas mujeres. El CAP es un ámbito específico de la seguridad privada que se aboca al control de las personas que circulan en espacios privados de acceso público y masivo como lo son los bares, boliches y recitales. El objetivo del CAP es mantener las condiciones necesarias para que otras actividades económicas como lo son los espectáculos masivos puedan desempeñarse en óptimas condiciones. En este ámbito de la seguridad no existen espacios diferenciales, para mujeres y varones, como en el caso de cárceles. Sí son espacios regidos por lógicas binarias respecto al género que deja para las mujeres tareas subvaloradas. Las controladoras, están específicamente encargadas del trato con otras mujeres del público, en instancias como el “cacheo”, las vallas y el control de baños de mujeres. Asimismo, y en menor medida, podemos encontrar a controladoras desempeñando otros roles como la dirección de una empresa CAP o como encargadas de seguridad de un establecimiento. Este ejercicio comparativo intenta dar cauce a investigaciones previas alrededor de las cárceles y la seguridad privada. En este sentido, existen dos puntos fundamentales que han puesto en vinculación trabajos. Por una parte, la perspectiva etnográfica desde la cual se busca abordar el problema de estudio, que privilegia los puntos de vista nativos para la reconstrucción de sentidos alrededor de las prácticas laborales y vinculares en cada espacio de trabajo. Por otra, la perspectiva de géneros que permite pensar de manera nodal la problemática del poder alrededor de las estructuras de géneros en cada espacio y territorio de estudio. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134396 2019-01-01T00:00:00Z Nuestro objetivo es hacer un ejercicio comparativo entre los casos de las mujeres en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Control de Admisión y Permanencia (CAP). El SPB se encarga de las tareas de vigilancia, control y regulación de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. La población está dividida de forma binaria, en cárceles de mujeres y de varones. Siguiendo esta división se distribuyen las tareas que van a desarrollar las penitenciarias mujeres. En las cárceles de varones las mujeres están limitadas a hacer tareas administrativas de oficina, en la guardia, el muro, en los circuitos relacionados a la recepción de visitas a detenidos y algunos servicios especiales como puede ser la sección de perros encargada de rastrear sustancias prohibidas en ese ámbito, entre otras. Estas tareas implican restricción en el contacto con los detenidos. Por el contrario, en las cárceles de mujeres, las agentes pueden desempeñarse en todas las tareas y son además responsables del contacto cotidiano con las detenidas mujeres. El CAP es un ámbito específico de la seguridad privada que se aboca al control de las personas que circulan en espacios privados de acceso público y masivo como lo son los bares, boliches y recitales. El objetivo del CAP es mantener las condiciones necesarias para que otras actividades económicas como lo son los espectáculos masivos puedan desempeñarse en óptimas condiciones. En este ámbito de la seguridad no existen espacios diferenciales, para mujeres y varones, como en el caso de cárceles. Sí son espacios regidos por lógicas binarias respecto al género que deja para las mujeres tareas subvaloradas. Las controladoras, están específicamente encargadas del trato con otras mujeres del público, en instancias como el “cacheo”, las vallas y el control de baños de mujeres. Asimismo, y en menor medida, podemos encontrar a controladoras desempeñando otros roles como la dirección de una empresa CAP o como encargadas de seguridad de un establecimiento. Este ejercicio comparativo intenta dar cauce a investigaciones previas alrededor de las cárceles y la seguridad privada. En este sentido, existen dos puntos fundamentales que han puesto en vinculación trabajos. Por una parte, la perspectiva etnográfica desde la cual se busca abordar el problema de estudio, que privilegia los puntos de vista nativos para la reconstrucción de sentidos alrededor de las prácticas laborales y vinculares en cada espacio de trabajo. Por otra, la perspectiva de géneros que permite pensar de manera nodal la problemática del poder alrededor de las estructuras de géneros en cada espacio y territorio de estudio. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134394 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Durante el año 2018 se produjeron en la Provincia de Córdoba hechos de violencia de género que tuvieron como actores a miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto en condición de víctimas como de agresores. Estos hechos muestran, en su variabilidad de manifestaciones, las representaciones constitutivas de la estructura de género que organiza los vínculos sociales. Este trabajo pretende ser un aporte a la justificación de incorporar contenidos producidos en el área de los Estudios de Género como parte de la formación del personal que se desempeña en el campo de la seguridad. Constituye un esfuerzo por argumentar y favorecer la necesidad de cuestionar las representaciones correspondientes a las subjetividades de género hegemónicas cuando ellas conviven con factores de riesgo institucional, como lo es el acceso a las armas de fuego. Contribuir a las estrategias de prevención constituye el principal desafío de este texto. Para el análisis se conformó un corpus que integra una serie de delitos: femicidio, homicidio y declaraciones sexistas en las redes sociales llevadas a cabo por integrantes de fuerzas de seguridad en el territorio provincial y que tomaron estado público a través de los medios de comunicación locales. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134394 2019-01-01T00:00:00Z Durante el año 2018 se produjeron en la Provincia de Córdoba hechos de violencia de género que tuvieron como actores a miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto en condición de víctimas como de agresores. Estos hechos muestran, en su variabilidad de manifestaciones, las representaciones constitutivas de la estructura de género que organiza los vínculos sociales. Este trabajo pretende ser un aporte a la justificación de incorporar contenidos producidos en el área de los Estudios de Género como parte de la formación del personal que se desempeña en el campo de la seguridad. Constituye un esfuerzo por argumentar y favorecer la necesidad de cuestionar las representaciones correspondientes a las subjetividades de género hegemónicas cuando ellas conviven con factores de riesgo institucional, como lo es el acceso a las armas de fuego. Contribuir a las estrategias de prevención constituye el principal desafío de este texto. Para el análisis se conformó un corpus que integra una serie de delitos: femicidio, homicidio y declaraciones sexistas en las redes sociales llevadas a cabo por integrantes de fuerzas de seguridad en el territorio provincial y que tomaron estado público a través de los medios de comunicación locales. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134389 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Desde el año 2010 en adelante, en nuestro país el movimiento de mujeres y feminista ha venido ocupando un lugar cada vez más protagónico en el escenario social. En el año 2012 se tipificó en el Código Penal el delito de femicidio; a partir del 2015 se fueron consolidando las multitudinarias marchas de “Ni una menos”; creció exponencialmente en número y repercusión social y mediática el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza anualmente; en el año 2018 el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo copó la agenda política, social, cultural y mediática; y a finales de ese mismo año la denuncia por violación del Colectivo de Actrices contra Juan Darthés terminó de instalar en todos los ámbitos los temas vinculados con la cuestión de género. Este protagonismo del movimiento de mujeres y feminista se estructura en base a una serie de reclamos que van desde los más generales e históricos (por ejemplo, los reclamos contra la desigualdad que implica un sistema patriarcal) hasta los más concretos y coyunturales (por ejemplo, el pedido de castigo contra un agresor sexual). En este abanico de demandas, hay variedad de interlocutores y destinatarios, pero en general apuntan a los distintos poderes, dependencias y niveles estatales. Lo que aquí puntualmente nos interesa es la justicia penal como objeto de reclamos y qué imágenes ha venido construyendo el movimiento de mujeres y feminista sobre dicho campo institucional. Además, esta ponencia se engloba en un objetivo general que desborda lo que aquí podemos llegar a analizar, y que consiste en comprender –desde la sociología de la justicia penal- cómo se da el proceso de traducción de determinadas causas sociales en efectos penales específicos: ¿El movimiento de mujeres y feminista, sus reclamos y sus formas de ocupar el espacio público, tiene impacto en la forma de administrar justicia penal? Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134389 2019-01-01T00:00:00Z Desde el año 2010 en adelante, en nuestro país el movimiento de mujeres y feminista ha venido ocupando un lugar cada vez más protagónico en el escenario social. En el año 2012 se tipificó en el Código Penal el delito de femicidio; a partir del 2015 se fueron consolidando las multitudinarias marchas de “Ni una menos”; creció exponencialmente en número y repercusión social y mediática el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza anualmente; en el año 2018 el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo copó la agenda política, social, cultural y mediática; y a finales de ese mismo año la denuncia por violación del Colectivo de Actrices contra Juan Darthés terminó de instalar en todos los ámbitos los temas vinculados con la cuestión de género. Este protagonismo del movimiento de mujeres y feminista se estructura en base a una serie de reclamos que van desde los más generales e históricos (por ejemplo, los reclamos contra la desigualdad que implica un sistema patriarcal) hasta los más concretos y coyunturales (por ejemplo, el pedido de castigo contra un agresor sexual). En este abanico de demandas, hay variedad de interlocutores y destinatarios, pero en general apuntan a los distintos poderes, dependencias y niveles estatales. Lo que aquí puntualmente nos interesa es la justicia penal como objeto de reclamos y qué imágenes ha venido construyendo el movimiento de mujeres y feminista sobre dicho campo institucional. Además, esta ponencia se engloba en un objetivo general que desborda lo que aquí podemos llegar a analizar, y que consiste en comprender –desde la sociología de la justicia penal- cómo se da el proceso de traducción de determinadas causas sociales en efectos penales específicos: ¿El movimiento de mujeres y feminista, sus reclamos y sus formas de ocupar el espacio público, tiene impacto en la forma de administrar justicia penal? http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134388 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Este trabajo forma parte de un estudio más amplio en curso. A partir de las experiencias territoriales con jóvenes de barrios de emergencia en la producción de murales para recordar a sus amigos muertos, dicho estudio se propuso como objetivo general, explorar, describir y analizar los mecanismos psicosociales por los cuáles dichos jóvenes que se socializan en el ejercicio de la violencia, pueden percibir y reconocer los procesos de vulnerabilidad, que desencadenan la violencia y la muerte, en sus trayectorias personales y sociales de vida. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134388 2019-01-01T00:00:00Z Este trabajo forma parte de un estudio más amplio en curso. A partir de las experiencias territoriales con jóvenes de barrios de emergencia en la producción de murales para recordar a sus amigos muertos, dicho estudio se propuso como objetivo general, explorar, describir y analizar los mecanismos psicosociales por los cuáles dichos jóvenes que se socializan en el ejercicio de la violencia, pueden percibir y reconocer los procesos de vulnerabilidad, que desencadenan la violencia y la muerte, en sus trayectorias personales y sociales de vida. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134384 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Luego del asesinato de un joven boliviano a finales de 2013 en Altos de San Lorenzo, un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, en la República Argentina, un grupo muy numeroso de migrantes/as se juntó en el predio donde organizan los campeonatos de fútbol los/as vecinos/as de esa nacionalidad para participar del velorio del fallecido. Allí, las personas compartían su desazón, su angustia por lo ocurrido y su bronca por la reiteración de las situaciones delictivas y violentas que debían soportar especialmente por ser bolivianos/as. De acuerdo con su perspectiva, en el barrio también habitan delincuentes que no trabajan y envidian los progresos materiales que consiguen por su laboriosidad. Por esto se ensañan con ellos/as, les roban y agreden. Al día siguiente se dirigieron al cementerio. De acuerdo con los testimonios que recogimos, allí se organizó una represalia. La respuesta fue masiva. Luego del cementerio, alrededor de cien personas se dirigieron hacia las casas de los presuntos implicados para castigarlos por sus acciones. Como ninguno se encontraba, prendieron fuego las casillas y amenazaron a los/as familiares presentes. A partir de considerar la situación de Altos de San Lorenzo narrada –y la trama de relaciones en la que se produjo allí el hartazgo frente a la inseguridad –, así como peleas por la tenencia de las tierras en otra zona de la periferia de la ciudad llamada Melchor Romero, encontramos que este tipo de hechos puede suponer una concepción sobre el lugar legítimo de la “colectividad” en el contexto de recepción. Es decir, la hipótesis fundamental que sostenemos es que en estos casos los/as bolivianos/as actúan violentamente cuando y porque se sienten ciudadanos/as. Buscaremos dar cuenta de los enlazamientos entre las políticas migratorias de Bolivia y la Argentina, la transformación del lugar de los/as migrantes en la vida política y la esfera pública y la conformación de un tipo de subjetividad que busca defender la presencia de los/as bolivianos/as por medio de organizaciones y movilización colectiva tanto como de linchamientos o peleas. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134384 2019-01-01T00:00:00Z Luego del asesinato de un joven boliviano a finales de 2013 en Altos de San Lorenzo, un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, en la República Argentina, un grupo muy numeroso de migrantes/as se juntó en el predio donde organizan los campeonatos de fútbol los/as vecinos/as de esa nacionalidad para participar del velorio del fallecido. Allí, las personas compartían su desazón, su angustia por lo ocurrido y su bronca por la reiteración de las situaciones delictivas y violentas que debían soportar especialmente por ser bolivianos/as. De acuerdo con su perspectiva, en el barrio también habitan delincuentes que no trabajan y envidian los progresos materiales que consiguen por su laboriosidad. Por esto se ensañan con ellos/as, les roban y agreden. Al día siguiente se dirigieron al cementerio. De acuerdo con los testimonios que recogimos, allí se organizó una represalia. La respuesta fue masiva. Luego del cementerio, alrededor de cien personas se dirigieron hacia las casas de los presuntos implicados para castigarlos por sus acciones. Como ninguno se encontraba, prendieron fuego las casillas y amenazaron a los/as familiares presentes. A partir de considerar la situación de Altos de San Lorenzo narrada –y la trama de relaciones en la que se produjo allí el hartazgo frente a la inseguridad –, así como peleas por la tenencia de las tierras en otra zona de la periferia de la ciudad llamada Melchor Romero, encontramos que este tipo de hechos puede suponer una concepción sobre el lugar legítimo de la “colectividad” en el contexto de recepción. Es decir, la hipótesis fundamental que sostenemos es que en estos casos los/as bolivianos/as actúan violentamente cuando y porque se sienten ciudadanos/as. Buscaremos dar cuenta de los enlazamientos entre las políticas migratorias de Bolivia y la Argentina, la transformación del lugar de los/as migrantes en la vida política y la esfera pública y la conformación de un tipo de subjetividad que busca defender la presencia de los/as bolivianos/as por medio de organizaciones y movilización colectiva tanto como de linchamientos o peleas. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134383 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión La policía de la Provincia de Córdoba cuenta, desde año 2009, de un Protocolo de Actuación Policial en Situaciones de Violencia Familiar, (en adelante PAP). Este instrumento es tributario de Ley de Violencia Familiar de la provincia, Ley 9283 promulgada en el año 2006. El texto que sigue resulta de una experiencia de Trabajo Final de Grado de la Lic. en Seguridad de la Universidad de Villa María. Consiste en la organización y análisis de las observaciones llevada a cabo sobre las características de su implementación por parte de los y las policías de la Ciudad de Rio Segundo durante los años 2017-2018. El marco teórico reúne la perspectiva de género para mirar los hechos de violencia familiar (en adelante VF) y también un enfoque sociológico para observar la institución policial. La metodología utilizada tiene un corte antropológico: se realizaron entrevistas a través de un guion a 14 funcionarios/as que ocupan distintos roles operativos: personal de patrulla, centro de atención telefónica y organización operativa, además de observaciones en las dependencias policiales. Los problemas contenidos en este trabajo de investigación refieren a: las características sobresalientes de la puesta en práctica de PAP, es decir las intervenciones policiales en situaciones de VF desde la mirada de las Teorías de Género. Se observaron las representaciones de género que los y las policías tienen respecto a la VF y si ellas están presentes en sus intervenciones. También fue objeto de investigación la formación policial en relación al problema de la VF en función de la categoría “cultura policial”, entendiendo que es preciso diferencias una formación profesional de las prácticas instaladas por la experiencia. Este aspecto resulta significativo a la hora de reflexionar sobre el servicio prestado por esta agencia del estado y la posibilidad de hacer efectivos los derechos por parte de las víctimas. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134383 2019-01-01T00:00:00Z La policía de la Provincia de Córdoba cuenta, desde año 2009, de un Protocolo de Actuación Policial en Situaciones de Violencia Familiar, (en adelante PAP). Este instrumento es tributario de Ley de Violencia Familiar de la provincia, Ley 9283 promulgada en el año 2006. El texto que sigue resulta de una experiencia de Trabajo Final de Grado de la Lic. en Seguridad de la Universidad de Villa María. Consiste en la organización y análisis de las observaciones llevada a cabo sobre las características de su implementación por parte de los y las policías de la Ciudad de Rio Segundo durante los años 2017-2018. El marco teórico reúne la perspectiva de género para mirar los hechos de violencia familiar (en adelante VF) y también un enfoque sociológico para observar la institución policial. La metodología utilizada tiene un corte antropológico: se realizaron entrevistas a través de un guion a 14 funcionarios/as que ocupan distintos roles operativos: personal de patrulla, centro de atención telefónica y organización operativa, además de observaciones en las dependencias policiales. Los problemas contenidos en este trabajo de investigación refieren a: las características sobresalientes de la puesta en práctica de PAP, es decir las intervenciones policiales en situaciones de VF desde la mirada de las Teorías de Género. Se observaron las representaciones de género que los y las policías tienen respecto a la VF y si ellas están presentes en sus intervenciones. También fue objeto de investigación la formación policial en relación al problema de la VF en función de la categoría “cultura policial”, entendiendo que es preciso diferencias una formación profesional de las prácticas instaladas por la experiencia. Este aspecto resulta significativo a la hora de reflexionar sobre el servicio prestado por esta agencia del estado y la posibilidad de hacer efectivos los derechos por parte de las víctimas. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134380 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión En los últimos veinticinco años, la región latinoamericana experimentó diversos procesos de reforma judicial en el campo penal, en tanto permita avanzar contra problemas estructurales que atentaban contra el acceso a la justicia de la ciudadanía, la eficacia del sistema y la rendición de cuentas sobre su funcionamiento. Estos aspectos fueron desplegados de diversa manera en los escenarios regionales, abarcando desde modificaciones normativas en los sistemas de enjuiciamiento hasta cambios en la estructura organizacional del sistema judicial, a partir de la introducción nuevos conocimientos expertos ajenos al ámbito jurídico o la división entre labores administrativas y jurisdiccionales. En este sentido, se puede observar la incorporación de mecanismos que promuevan soluciones negociadas, donde prima la reparación del daño y la participación de los involucrados, hasta mecanismos de aceleración del proceso o procesos sumarísimos, tales como la suspensión del proceso a prueba, el juicio abreviado y la utilización del proceso especial de flagrancia, todo ello bajo la instauración del sistema acusatorio como nuevo paradigma de actuación de la justicia penal. El objetivo de esta ponencia es indagar en la utilización del proceso de flagrancia y los efectos que genera en las prácticas de los sistemas de administración de justicia penal en el Poder Judicial de la Nación con jurisdicción para los delitos ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se intentará efectuar una descripción de los fundamentos de esta tramitación sumaria de los casos penales como instrumento legal y su incorporación al sistema legal argentino, para luego hacer una aproximación a las prácticas judiciales concretas que posibilitan su utilización y los efectos que ello genera en la agencia judicial. A partir del análisis de estadísticas oficiales y el relevamiento de los fundamentos legislativos para su creación, se intentará hacer una exploración acerca de la incorporación de este nuevo mecanismo de gestión de casos dentro de un proceso penal caracterizado por prácticas inquisitivas y las posibles tensiones que ello podría generar. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134380 2019-01-01T00:00:00Z En los últimos veinticinco años, la región latinoamericana experimentó diversos procesos de reforma judicial en el campo penal, en tanto permita avanzar contra problemas estructurales que atentaban contra el acceso a la justicia de la ciudadanía, la eficacia del sistema y la rendición de cuentas sobre su funcionamiento. Estos aspectos fueron desplegados de diversa manera en los escenarios regionales, abarcando desde modificaciones normativas en los sistemas de enjuiciamiento hasta cambios en la estructura organizacional del sistema judicial, a partir de la introducción nuevos conocimientos expertos ajenos al ámbito jurídico o la división entre labores administrativas y jurisdiccionales. En este sentido, se puede observar la incorporación de mecanismos que promuevan soluciones negociadas, donde prima la reparación del daño y la participación de los involucrados, hasta mecanismos de aceleración del proceso o procesos sumarísimos, tales como la suspensión del proceso a prueba, el juicio abreviado y la utilización del proceso especial de flagrancia, todo ello bajo la instauración del sistema acusatorio como nuevo paradigma de actuación de la justicia penal. El objetivo de esta ponencia es indagar en la utilización del proceso de flagrancia y los efectos que genera en las prácticas de los sistemas de administración de justicia penal en el Poder Judicial de la Nación con jurisdicción para los delitos ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se intentará efectuar una descripción de los fundamentos de esta tramitación sumaria de los casos penales como instrumento legal y su incorporación al sistema legal argentino, para luego hacer una aproximación a las prácticas judiciales concretas que posibilitan su utilización y los efectos que ello genera en la agencia judicial. A partir del análisis de estadísticas oficiales y el relevamiento de los fundamentos legislativos para su creación, se intentará hacer una exploración acerca de la incorporación de este nuevo mecanismo de gestión de casos dentro de un proceso penal caracterizado por prácticas inquisitivas y las posibles tensiones que ello podría generar. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134378 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Propongo una aproximación a uno de los modos por los cuales la policía santiagueña construyó sujetos de control / represión policial por medio de la confección de legajos de inteligencia política. Para ello analizo desde un enfoque etnográfico algunos de los documentos que pertenecen al acervo de la Sección Archivo del Departamento de Informaciones Policiales de Santiago del Estero (DIPSE), activo desde su creación en 1972 hasta su clausura en marzo de 2004. Desde entonces su fondo documental se encuentra bajo la custodia de la justicia federal en tanto es considerado como elemento de prueba de las distintas causas de lesa humanidad que tramitan en la provincia. Los archivos policiales han contribuido al desarrollo de un campo de estudios en torno a las fuerzas de seguridad, pudiéndose distinguir aquellas publicaciones producidas para abonar a la elaboración de una historia/identidad institucional, de aquellos documentos que resultan de las funciones administrativas como por ejemplo las secciones de información e inteligencia. Ellos cobran relevancia en tanto revelan formas de investigar, de describir, de clasificar en las que se encuentran huellas de políticas de seguridad, de discursos sociales sobre el delito y el castigo, así como de los patrones culturales imperantes en los territorios donde la “baja política/alta policía” busca afirmar su soberanía. El fondo documental referido, al que accedo en función de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Distrito, ofrece un punto de mira privilegiado ya que permite observar el quehacer policial bajo el imperio de las distintas políticas de seguridad desplegadas en dictadura y democracia. En base al análisis de legajos que siguen trayectorias de personas, busco dar cuenta de cómo las políticas, discursos punitivos y patrones culturales se traducen en una epistemología de la sospecha; como ésta sustenta indicadores sociales de peligrosidad de determinadas identidades; de qué maneras ciertas prácticas policiales como la identificación y la averiguación de antecedentes incorporan discursos extra policiales que permiten modelar una historia moral de las personas, y, por esa vía, definir quiénes serán (o no) sujetos de distintas intervenciones policiales/estatales. En suma, la ponencia busca poner de relieve que un dispositivo de control social como el DIPSE articulado en el marco de una política diseñada bajo la doctrina de la seguridad nacional, lejos de imponerse verticalmente sobre una sociedad ajena a su funcionamiento, funciona mediante una trama de discursividades y tramas sociales que excede al ámbito de la institución policial. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134378 2019-01-01T00:00:00Z Propongo una aproximación a uno de los modos por los cuales la policía santiagueña construyó sujetos de control / represión policial por medio de la confección de legajos de inteligencia política. Para ello analizo desde un enfoque etnográfico algunos de los documentos que pertenecen al acervo de la Sección Archivo del Departamento de Informaciones Policiales de Santiago del Estero (DIPSE), activo desde su creación en 1972 hasta su clausura en marzo de 2004. Desde entonces su fondo documental se encuentra bajo la custodia de la justicia federal en tanto es considerado como elemento de prueba de las distintas causas de lesa humanidad que tramitan en la provincia. Los archivos policiales han contribuido al desarrollo de un campo de estudios en torno a las fuerzas de seguridad, pudiéndose distinguir aquellas publicaciones producidas para abonar a la elaboración de una historia/identidad institucional, de aquellos documentos que resultan de las funciones administrativas como por ejemplo las secciones de información e inteligencia. Ellos cobran relevancia en tanto revelan formas de investigar, de describir, de clasificar en las que se encuentran huellas de políticas de seguridad, de discursos sociales sobre el delito y el castigo, así como de los patrones culturales imperantes en los territorios donde la “baja política/alta policía” busca afirmar su soberanía. El fondo documental referido, al que accedo en función de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Distrito, ofrece un punto de mira privilegiado ya que permite observar el quehacer policial bajo el imperio de las distintas políticas de seguridad desplegadas en dictadura y democracia. En base al análisis de legajos que siguen trayectorias de personas, busco dar cuenta de cómo las políticas, discursos punitivos y patrones culturales se traducen en una epistemología de la sospecha; como ésta sustenta indicadores sociales de peligrosidad de determinadas identidades; de qué maneras ciertas prácticas policiales como la identificación y la averiguación de antecedentes incorporan discursos extra policiales que permiten modelar una historia moral de las personas, y, por esa vía, definir quiénes serán (o no) sujetos de distintas intervenciones policiales/estatales. En suma, la ponencia busca poner de relieve que un dispositivo de control social como el DIPSE articulado en el marco de una política diseñada bajo la doctrina de la seguridad nacional, lejos de imponerse verticalmente sobre una sociedad ajena a su funcionamiento, funciona mediante una trama de discursividades y tramas sociales que excede al ámbito de la institución policial. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134376 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión A 17 días de inaugurado un nuevo gobierno en Argentina, el 27 de diciembre de 2015, irrumpió en la escena mediática el caso conocido como “la Triple Fuga”: tres prófugos condenados a cadena perpetua por un Triple Crimen en 2008 -vinculado al tráfico ilegal de Efedrina- se fugaron del penal de máxima seguridad de General Alvear en la Provincia de Buenos Aires. Este caso posibilitó, a partir de las coberturas de Clarín y La Nación de ese momento, un entramado de relaciones, entre las agendas políticas y mediáticas, capaces de generar un efecto de correspondencia en una coyuntura signada por un conflicto transnacional de carácter securitario. Este hecho, y su consecuente resultado normativo, a partir del Decreto de Emergencia de Seguridad Pública (288/16) sancionado a pocos días de capturados los prófugos, permitieron hacer del narcotráfico una matriz interpretativa para pensar y redefinir el campo discursivo sobre la seguridad. Así como también, la disputa del sentido en torno al rol del Estado en la llamada “nueva etapa”. En este trabajo nos interesa abordar la forma en que ciertos enunciados sobre el campo del discurso securitario en relación al narcotráfico aparecidos durante el caso analizado permitieron revisar cierta disputa en torno al significante” lucha” y su desbordamiento más allá de lo securitario. La propuesta presentada corresponde al último capítulo de nuestra tesina de grado en Ciencias de la Comunicación “Por los techos viene el bloque otra vez: El tratamiento mediático del narcotráfico en Clarín y La Nación durante la Triple Fuga y los primeros días de una gestión de gobierno”, cuyo objetivo general fue describir y analizar el tratamiento mediático del narcotráfico, a partir del caso mencionado. Para ello, analizamos las noticias sobre el hecho aparecidas en los diarios de referencia, en su versión impresa, durante el periodo que duró la persecución de los tres prófugos (27/12/2015 al 11/01/2016). Asimismo, se retoman ciertos pasajes del Decreto 288/16 para poner en relación las dimensiones conceptuales y teóricas desarrolladas según el planteo propuesto. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134376 2019-01-01T00:00:00Z A 17 días de inaugurado un nuevo gobierno en Argentina, el 27 de diciembre de 2015, irrumpió en la escena mediática el caso conocido como “la Triple Fuga”: tres prófugos condenados a cadena perpetua por un Triple Crimen en 2008 -vinculado al tráfico ilegal de Efedrina- se fugaron del penal de máxima seguridad de General Alvear en la Provincia de Buenos Aires. Este caso posibilitó, a partir de las coberturas de Clarín y La Nación de ese momento, un entramado de relaciones, entre las agendas políticas y mediáticas, capaces de generar un efecto de correspondencia en una coyuntura signada por un conflicto transnacional de carácter securitario. Este hecho, y su consecuente resultado normativo, a partir del Decreto de Emergencia de Seguridad Pública (288/16) sancionado a pocos días de capturados los prófugos, permitieron hacer del narcotráfico una matriz interpretativa para pensar y redefinir el campo discursivo sobre la seguridad. Así como también, la disputa del sentido en torno al rol del Estado en la llamada “nueva etapa”. En este trabajo nos interesa abordar la forma en que ciertos enunciados sobre el campo del discurso securitario en relación al narcotráfico aparecidos durante el caso analizado permitieron revisar cierta disputa en torno al significante” lucha” y su desbordamiento más allá de lo securitario. La propuesta presentada corresponde al último capítulo de nuestra tesina de grado en Ciencias de la Comunicación “Por los techos viene el bloque otra vez: El tratamiento mediático del narcotráfico en Clarín y La Nación durante la Triple Fuga y los primeros días de una gestión de gobierno”, cuyo objetivo general fue describir y analizar el tratamiento mediático del narcotráfico, a partir del caso mencionado. Para ello, analizamos las noticias sobre el hecho aparecidas en los diarios de referencia, en su versión impresa, durante el periodo que duró la persecución de los tres prófugos (27/12/2015 al 11/01/2016). Asimismo, se retoman ciertos pasajes del Decreto 288/16 para poner en relación las dimensiones conceptuales y teóricas desarrolladas según el planteo propuesto. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134375 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Durante los últimos años el complejo ferial de La Salada ha cobrado relevancia como objeto de estudio en las ciencias sociales. Esto se debe tanto a su expansión a nivel económico y social (expresada en el volumen de clientes y de puestos de venta que reúnen las ferias), como a las formas de organización política que asumen los distintos paseos de compras en su interior, los cuales generan una relativa autonomía con respecto al Estado nacional y municipal. Como resultado de esta expansión la feria fue estudiada a partir de múltiples y diversos abordajes, siendo concebida como una expresión “desde abajo” de las políticas neoliberales (Gago, 2014) o como una “centralidad periférica” (D’Angiolillo, Dimentstein, Di Peco, Guerin, Massida, Molins, Muñoa, Scarfi y Torroja, 2010). Otros autores, a su vez, se focalizan en las condiciones de trabajo informal en la feria (Ossona, 2010; Pogliaghi 2010) y en el rol asumido por el Estado con respecto al funcionamiento del complejo (Dewey, 2015). Apoyándonos en el andamiaje conceptual de Howard Becker (2014) nuestro objetivo a lo largo de esta ponencia se centra en describir algunos de los modos en que distintos medios de prensa gráficos han definido o etiquetado determinadas acciones acontecidas en La Salada como delitos. Más en particular –y a modo de una primera aproximación–, nos interesa preguntarnos hasta qué punto el tratamiento “policial” que estos medios hicieron del fenómeno de La Salada puede ser abordado teórico-metodológicamente bajo el prisma conceptual de pánico moral. Nuestra evidencia empírica consistió en el relevamiento y análisis de noticias publicadas por los tres medios gráficos de prensa de mayor circulación nacional (<i>La Nación</i>, <i>Clarín</i> y <i>Página/12</i>) en el período comprendido entre los años 2004 y 2018. El abordaje se focalizó en los modos en que estas noticias caracterizan a la feria, los principales actores mencionados y los tipos de hechos delictivos a los que se hace referencia. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134375 2019-01-01T00:00:00Z Durante los últimos años el complejo ferial de La Salada ha cobrado relevancia como objeto de estudio en las ciencias sociales. Esto se debe tanto a su expansión a nivel económico y social (expresada en el volumen de clientes y de puestos de venta que reúnen las ferias), como a las formas de organización política que asumen los distintos paseos de compras en su interior, los cuales generan una relativa autonomía con respecto al Estado nacional y municipal. Como resultado de esta expansión la feria fue estudiada a partir de múltiples y diversos abordajes, siendo concebida como una expresión “desde abajo” de las políticas neoliberales (Gago, 2014) o como una “centralidad periférica” (D’Angiolillo, Dimentstein, Di Peco, Guerin, Massida, Molins, Muñoa, Scarfi y Torroja, 2010). Otros autores, a su vez, se focalizan en las condiciones de trabajo informal en la feria (Ossona, 2010; Pogliaghi 2010) y en el rol asumido por el Estado con respecto al funcionamiento del complejo (Dewey, 2015). Apoyándonos en el andamiaje conceptual de Howard Becker (2014) nuestro objetivo a lo largo de esta ponencia se centra en describir algunos de los modos en que distintos medios de prensa gráficos han definido o etiquetado determinadas acciones acontecidas en La Salada como delitos. Más en particular –y a modo de una primera aproximación–, nos interesa preguntarnos hasta qué punto el tratamiento “policial” que estos medios hicieron del fenómeno de La Salada puede ser abordado teórico-metodológicamente bajo el prisma conceptual de pánico moral. Nuestra evidencia empírica consistió en el relevamiento y análisis de noticias publicadas por los tres medios gráficos de prensa de mayor circulación nacional (<i>La Nación</i>, <i>Clarín</i> y <i>Página/12</i>) en el período comprendido entre los años 2004 y 2018. El abordaje se focalizó en los modos en que estas noticias caracterizan a la feria, los principales actores mencionados y los tipos de hechos delictivos a los que se hace referencia. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134374 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión Desde el retorno democrático en 1983, con marchas y contramarchas, consideramos que se han logrado consensos básicos interpartidarios en torno a algunas leyes fundamentales: La Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1991), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (2001) y la Ley de Inteligencia (2001), así como el fin del Servicio Militar Obligatorio (1994).con el objetivo de democratizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se delimitaron sus funciones, lo que implicó cambios en la formación de las Fuerzas así como el control civil de las mismas. Si bien, a lo largo del tiempo, existen líneas de continuidad y ruptura, consideramos que, a partir de la asunción de Cambiemos en 2015, por primera vez se pone en cuestión el núcleo del consenso democrático establecido desde 1983, lo que se expresa en el intento de modificación del andamiaje legal, el cambio en el paradigma securitario y el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior acorde con las políticas planteadas por Estados Unidos para América Latina. Considerando esto, nos proponemos analizar las intervenciones políticas en Seguridad a partir de los cambios normativos establecidos desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en las áreas de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, así como indagar en la relación entre dichas modificaciones y el paradigma de las “nuevas amenazas” como objetivo de Seguridad Pública. Como avance de nuestro trabajo, podemos decir que todos estos cambios normativos, así como los funcionarios designados, las acciones y los discursos desplegados, pueden ser leídos en consonancia con el alineamiento a las políticas de seguridad estadounidenses para la región. Ello implica, por un lado, que el gran consenso democrático está en peligro y, además, pensar en las consecuencias de la militarización en la región, como los asesinatos y desapariciones en México, o asesinatos de dirigentes como Marielle Franco en Brasil. A su vez, la “demagogia punitiva”, que instala la falsa dicotomía entre un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes y su contracara: “soltar la mano” de la Policía o Gendarmería para que actúen sin respetar las reglas mientras, desde el Estado, se convalidan dichas intervenciones. Ejemplo de ellos son casos como el del policía Chocobar o la Represión de Gendarmería en Cushamen que culminó en los asesinatos de Santiago Maldonado y de Facundo Jones Huala. Así, el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior implica un cambio en la definición de Seguridad que se aleja de las visiones de Seguridad Urbana y Ciudadana, entendidas como protección de las personas y construcción de ciudadanía. Por el contrario, presentan al delito y a los diversos actores involucrados como una amenaza a valores difusos que alternan entre la Soberanía, la Seguridad del Estado y la Seguridad Nacional y, con esta operación, se identifican “enemigos internos” que amenazarían bienes cuya defensa corresponde a las Fuerzas Armadas. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134374 2019-01-01T00:00:00Z Desde el retorno democrático en 1983, con marchas y contramarchas, consideramos que se han logrado consensos básicos interpartidarios en torno a algunas leyes fundamentales: La Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1991), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (2001) y la Ley de Inteligencia (2001), así como el fin del Servicio Militar Obligatorio (1994).con el objetivo de democratizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se delimitaron sus funciones, lo que implicó cambios en la formación de las Fuerzas así como el control civil de las mismas. Si bien, a lo largo del tiempo, existen líneas de continuidad y ruptura, consideramos que, a partir de la asunción de Cambiemos en 2015, por primera vez se pone en cuestión el núcleo del consenso democrático establecido desde 1983, lo que se expresa en el intento de modificación del andamiaje legal, el cambio en el paradigma securitario y el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior acorde con las políticas planteadas por Estados Unidos para América Latina. Considerando esto, nos proponemos analizar las intervenciones políticas en Seguridad a partir de los cambios normativos establecidos desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en las áreas de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, así como indagar en la relación entre dichas modificaciones y el paradigma de las “nuevas amenazas” como objetivo de Seguridad Pública. Como avance de nuestro trabajo, podemos decir que todos estos cambios normativos, así como los funcionarios designados, las acciones y los discursos desplegados, pueden ser leídos en consonancia con el alineamiento a las políticas de seguridad estadounidenses para la región. Ello implica, por un lado, que el gran consenso democrático está en peligro y, además, pensar en las consecuencias de la militarización en la región, como los asesinatos y desapariciones en México, o asesinatos de dirigentes como Marielle Franco en Brasil. A su vez, la “demagogia punitiva”, que instala la falsa dicotomía entre un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes y su contracara: “soltar la mano” de la Policía o Gendarmería para que actúen sin respetar las reglas mientras, desde el Estado, se convalidan dichas intervenciones. Ejemplo de ellos son casos como el del policía Chocobar o la Represión de Gendarmería en Cushamen que culminó en los asesinatos de Santiago Maldonado y de Facundo Jones Huala. Así, el realineamiento geopolítico en Seguridad Interior implica un cambio en la definición de Seguridad que se aleja de las visiones de Seguridad Urbana y Ciudadana, entendidas como protección de las personas y construcción de ciudadanía. Por el contrario, presentan al delito y a los diversos actores involucrados como una amenaza a valores difusos que alternan entre la Soberanía, la Seguridad del Estado y la Seguridad Nacional y, con esta operación, se identifican “enemigos internos” que amenazarían bienes cuya defensa corresponde a las Fuerzas Armadas. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134370 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de cómo se articulan las estrategias de prevención del delito más allá de la pena en un nivel subnacional, en el caso concreto de la Provincia del Neuquén caracterizado por la hegemonía de un partido provincial como el Movimiento Popular Neuquino y cómo se articulan las mismas con aquellas desarrolladas en el nivel nacional. De este modo, intentaremos explicar las distintas estrategias de prevención del delito más allá de la pena adoptadas por el Movimiento Popular Neuquino, en tanto Partido-Estado, en la Provincia del Neuquén entre los 2000 y 2015. De acuerdo a diversos autores, el MPN ha logrado construir un esquema hegemónico gracias a que asegura estabilidad a cualquier precio, o sea es el garante de la paz social (Lizárraga, 2017, pp. 144). En este sentido, es importante destacar que durante ese período el ejecutivo provincial estuvo en manos del mismo partido político, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), como lo viene haciendo desde hace más de cincuenta años pero dentro de este partido es posible identificar distintos sectores que se distinguen por sus respectivos colores de boleta para las elecciones internas y que surgieron en los diferentes “tiempos” o “momentos” del partido provincial: por un lado, Jorge Omar Sobisch, identificado con los “blancos”, fue el gobernador provincial durante 1999-2003 y 2003-2007 y, por otro lado, Jorge Augusto Sapag, identificado con los “azules”, gobernó durante 2007-2011 y 2011-2015. En este sentido, la principal hipótesis general del presente trabajo es que el modo en el que el MPN, en tanto Estado-Partido, ha gobernado el problema de la (in)seguridad entre 2004 y 2011, no sólo se relacionan con el contexto de “crisis de seguridad” y la politización del problema del delito que se evidencia desde los años noventa en Argentina en el marco de la consolidación de la racionalidad política neoliberal, sino también con la necesidad constante del MPN de mantener su hegemonía mostrándose como “garante de la paz social” más allá de las diferencias intrapartidarias y las distintas estrategias de prevención del delito adoptadas. En relación con esto se sostiene que desde fines de los noventa se ha producido en Neuquén un proceso de importación cultural (Sozzo, 2006) de las estrategias de prevención del delito más allá de la pena desarrolladas en los países centrales de Europa que se han “radicado culturalmente” (Melossi, 1997) asumiendo rasgos característicos propios relacionados con las particularidades que aporta la hegemonía de un partido provincial como el MPN. Metodológicamente, el presente trabajo tendrá un carácter cualitativo ya que pone el acento en el análisis de documentos, tanto periodísticos como políticos, y de entrevistas en profundidad a funcionarios políticos del período de estudio. De acuerdo con los objetivos mencionados anteriormente, el tipo de diseño será de naturaleza descriptiva y explicativa. Por último, cabe señalar que este trabajo es un primer esbozo de la tesis de doctorado que se encuentra realizando la autora. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134370 2019-01-01T00:00:00Z El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de cómo se articulan las estrategias de prevención del delito más allá de la pena en un nivel subnacional, en el caso concreto de la Provincia del Neuquén caracterizado por la hegemonía de un partido provincial como el Movimiento Popular Neuquino y cómo se articulan las mismas con aquellas desarrolladas en el nivel nacional. De este modo, intentaremos explicar las distintas estrategias de prevención del delito más allá de la pena adoptadas por el Movimiento Popular Neuquino, en tanto Partido-Estado, en la Provincia del Neuquén entre los 2000 y 2015. De acuerdo a diversos autores, el MPN ha logrado construir un esquema hegemónico gracias a que asegura estabilidad a cualquier precio, o sea es el garante de la paz social (Lizárraga, 2017, pp. 144). En este sentido, es importante destacar que durante ese período el ejecutivo provincial estuvo en manos del mismo partido político, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), como lo viene haciendo desde hace más de cincuenta años pero dentro de este partido es posible identificar distintos sectores que se distinguen por sus respectivos colores de boleta para las elecciones internas y que surgieron en los diferentes “tiempos” o “momentos” del partido provincial: por un lado, Jorge Omar Sobisch, identificado con los “blancos”, fue el gobernador provincial durante 1999-2003 y 2003-2007 y, por otro lado, Jorge Augusto Sapag, identificado con los “azules”, gobernó durante 2007-2011 y 2011-2015. En este sentido, la principal hipótesis general del presente trabajo es que el modo en el que el MPN, en tanto Estado-Partido, ha gobernado el problema de la (in)seguridad entre 2004 y 2011, no sólo se relacionan con el contexto de “crisis de seguridad” y la politización del problema del delito que se evidencia desde los años noventa en Argentina en el marco de la consolidación de la racionalidad política neoliberal, sino también con la necesidad constante del MPN de mantener su hegemonía mostrándose como “garante de la paz social” más allá de las diferencias intrapartidarias y las distintas estrategias de prevención del delito adoptadas. En relación con esto se sostiene que desde fines de los noventa se ha producido en Neuquén un proceso de importación cultural (Sozzo, 2006) de las estrategias de prevención del delito más allá de la pena desarrolladas en los países centrales de Europa que se han “radicado culturalmente” (Melossi, 1997) asumiendo rasgos característicos propios relacionados con las particularidades que aporta la hegemonía de un partido provincial como el MPN. Metodológicamente, el presente trabajo tendrá un carácter cualitativo ya que pone el acento en el análisis de documentos, tanto periodísticos como políticos, y de entrevistas en profundidad a funcionarios políticos del período de estudio. De acuerdo con los objetivos mencionados anteriormente, el tipo de diseño será de naturaleza descriptiva y explicativa. Por último, cabe señalar que este trabajo es un primer esbozo de la tesis de doctorado que se encuentra realizando la autora. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134316 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión En el presente trabajo, nos proponemos problematizar algunos de los sustentos ideológicos que definen los lineamientos generales del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito (PISCPD) de la Provincia de Córdoba. Dicho programa fue presentado en marzo de 2017 y permitió reformular las políticas de seguridad regidas hasta entonces por la Ley de Seguridad Pública (N°9.235) del año 2005, focalizada en la prevención y represión del delito. Estos ejes orientadores se mantuvieron con la implementación del nuevo plan, en tanto que las formas y los objetivos de la actuación policial se fueron redefiniendo para incorporar las figuras de integralidad y multiagencialidad del delito e involucrando a otras áreas de gobierno. Bajo esta línea, se presentó un mapa de vulnerabilidad de la ciudad de Córdoba, cruzando diversos indicadores socio-económicos (como empleo, nivel de escolarización y PBI) con estadísticas delictivas de distinta índole. Mediante este entrecruzamiento, entonces, el territorio urbano cordobés apareció en los medios de comunicación locales como un espacio fragmentado por colores (verde, amarillo y rojo), lo que permitía definir el nivel de vulnerabilidad por zonas. En otros trabajos, hemos analizado esta fragmentación como condición de posibilidad para el control social desde diferentes instancias de intervención estatal y de mercado, que denominamos “urbanismo securitario” (Boito y Peano, 2018). A partir de lo anterior, uno de los puntos que destacamos del PISCPD y del giro a nivel regional hacia modelos preventivos de seguridad, es el argumento de la exclusión social como productora de inseguridad, esta última entendida desde una concepción delictiva. Esta fundamentación, asimismo, cuenta con el asesoramiento de distintos técnicos y especialistas internacionales que participan del diseño e implementación de planes urbanos tomando las experiencias desarrolladas en otros países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil. Las preguntas que guiarán este trabajo refieren a cuáles son las creencias que permiten argumentar el nuevo plan de seguridad y, en consecuencia, qué concepciones sustentan las percepciones de los agentes estatales respecto de la gestión de la seguridad a partir de “riesgos” y “vulnerabilidades” a combatir y controlar. Para ello analizaremos distintas entrevistas realizadas en los últimos dos años a funcionarios y encargados de áreas técnicas estatales provinciales. Este análisis será complementado, además, con el estudio de material documental, como leyes y decretos provinciales. Procuraremos recorrer y tematizar los sustentos de la ideología de la seguridad-inseguridad como creencia (Zizek: 2001) que reorienta las políticas públicas y que alimenta la lógica de víctimas y victimarios en el espacio de la ciudad. Asimismo, intentaremos abordar el lugar del Estado como agente regulador (y dosificador) de las sensibilidades sociales a partir de la tematización de ciertas formas de administración de la seguridad. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134316 2019-01-01T00:00:00Z En el presente trabajo, nos proponemos problematizar algunos de los sustentos ideológicos que definen los lineamientos generales del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito (PISCPD) de la Provincia de Córdoba. Dicho programa fue presentado en marzo de 2017 y permitió reformular las políticas de seguridad regidas hasta entonces por la Ley de Seguridad Pública (N°9.235) del año 2005, focalizada en la prevención y represión del delito. Estos ejes orientadores se mantuvieron con la implementación del nuevo plan, en tanto que las formas y los objetivos de la actuación policial se fueron redefiniendo para incorporar las figuras de integralidad y multiagencialidad del delito e involucrando a otras áreas de gobierno. Bajo esta línea, se presentó un mapa de vulnerabilidad de la ciudad de Córdoba, cruzando diversos indicadores socio-económicos (como empleo, nivel de escolarización y PBI) con estadísticas delictivas de distinta índole. Mediante este entrecruzamiento, entonces, el territorio urbano cordobés apareció en los medios de comunicación locales como un espacio fragmentado por colores (verde, amarillo y rojo), lo que permitía definir el nivel de vulnerabilidad por zonas. En otros trabajos, hemos analizado esta fragmentación como condición de posibilidad para el control social desde diferentes instancias de intervención estatal y de mercado, que denominamos “urbanismo securitario” (Boito y Peano, 2018). A partir de lo anterior, uno de los puntos que destacamos del PISCPD y del giro a nivel regional hacia modelos preventivos de seguridad, es el argumento de la exclusión social como productora de inseguridad, esta última entendida desde una concepción delictiva. Esta fundamentación, asimismo, cuenta con el asesoramiento de distintos técnicos y especialistas internacionales que participan del diseño e implementación de planes urbanos tomando las experiencias desarrolladas en otros países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil. Las preguntas que guiarán este trabajo refieren a cuáles son las creencias que permiten argumentar el nuevo plan de seguridad y, en consecuencia, qué concepciones sustentan las percepciones de los agentes estatales respecto de la gestión de la seguridad a partir de “riesgos” y “vulnerabilidades” a combatir y controlar. Para ello analizaremos distintas entrevistas realizadas en los últimos dos años a funcionarios y encargados de áreas técnicas estatales provinciales. Este análisis será complementado, además, con el estudio de material documental, como leyes y decretos provinciales. Procuraremos recorrer y tematizar los sustentos de la ideología de la seguridad-inseguridad como creencia (Zizek: 2001) que reorienta las políticas públicas y que alimenta la lógica de víctimas y victimarios en el espacio de la ciudad. Asimismo, intentaremos abordar el lugar del Estado como agente regulador (y dosificador) de las sensibilidades sociales a partir de la tematización de ciertas formas de administración de la seguridad. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134302 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión En los últimos diez años, la seguridad como problema público comenzó a ser referenciada y problematizada por parte de los intendentes de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. El aumento del reclamo de la ciudadanía, su peso como variable electoral y una mayor responsabilización hacia las instancias locales, generaron que estos actores comenzarán a intervenir en los asuntos de la seguridad local, aun cuando no es una prerrogativa propia (normativa y organizacionalmente) de estas instancias. Al convertirse en recipiendarios directos de los reclamos, las administraciones locales comienzan a generar medidas a fin de mejorar “la seguridad”. Producto de los puntos anteriores, más una distorsión de las responsabilidades en seguridad pública, es que: secretarías de seguridad, cámaras de seguridad, compra de móviles policiales, desarrollo de puestos de control, botones anti pánico, entre otras medidas, comienzan a formar parte de los presupuestos municipales. El presente trabajo propone retroceder en el tiempo y analizar el rol de los gobiernos municipales como actores intervinientes en el desarrollo de prácticas o políticas de seguridad. Realizando una breve historización que permita observar cómo fue desarrollándose esta relación en la Provincia. A partir del análisis de fuentes documentales, periodísticas y bibliográficas, se construirá el marco normativo y las intervenciones de los municipios desde la década del 90 hasta la actualidad. El proceso de descentralización de responsabilidades a partir de 1994, la crisis de la policía de la provincia de buenos aires, la “Ley provincial de Seguridad Pública” 12.154, el Plan Nacional de Prevención del delito en su primera instancia (2000) y su posterior recuperación (2002), La ley 12.987 y la policía comunal, el avance desde los propios municipios en medidas de seguridad, el Programa Integral de Protección Ciudadana (2009), la discusión por la creación de la Policía Local con su posterior implementación por decreto (2014) y el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, propusieron de distintas formas, la intervención del municipio en la seguridad. Desarrollar las perspectivas y el rol atribuido al municipio en cada uno de ellos, permitirán plantear el rol creciente de estos referidos a la seguridad. En donde se observa una creciente responsabilización y jerarquización de estas instancias, no a fin de generar políticas públicas de largo plazo, sino de responder o morigerar un reclamo creciente, en donde la variable electoral y de legitimidad, se tornan clave para estos actores. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134302 2019-01-01T00:00:00Z En los últimos diez años, la seguridad como problema público comenzó a ser referenciada y problematizada por parte de los intendentes de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. El aumento del reclamo de la ciudadanía, su peso como variable electoral y una mayor responsabilización hacia las instancias locales, generaron que estos actores comenzarán a intervenir en los asuntos de la seguridad local, aun cuando no es una prerrogativa propia (normativa y organizacionalmente) de estas instancias. Al convertirse en recipiendarios directos de los reclamos, las administraciones locales comienzan a generar medidas a fin de mejorar “la seguridad”. Producto de los puntos anteriores, más una distorsión de las responsabilidades en seguridad pública, es que: secretarías de seguridad, cámaras de seguridad, compra de móviles policiales, desarrollo de puestos de control, botones anti pánico, entre otras medidas, comienzan a formar parte de los presupuestos municipales. El presente trabajo propone retroceder en el tiempo y analizar el rol de los gobiernos municipales como actores intervinientes en el desarrollo de prácticas o políticas de seguridad. Realizando una breve historización que permita observar cómo fue desarrollándose esta relación en la Provincia. A partir del análisis de fuentes documentales, periodísticas y bibliográficas, se construirá el marco normativo y las intervenciones de los municipios desde la década del 90 hasta la actualidad. El proceso de descentralización de responsabilidades a partir de 1994, la crisis de la policía de la provincia de buenos aires, la “Ley provincial de Seguridad Pública” 12.154, el Plan Nacional de Prevención del delito en su primera instancia (2000) y su posterior recuperación (2002), La ley 12.987 y la policía comunal, el avance desde los propios municipios en medidas de seguridad, el Programa Integral de Protección Ciudadana (2009), la discusión por la creación de la Policía Local con su posterior implementación por decreto (2014) y el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, propusieron de distintas formas, la intervención del municipio en la seguridad. Desarrollar las perspectivas y el rol atribuido al municipio en cada uno de ellos, permitirán plantear el rol creciente de estos referidos a la seguridad. En donde se observa una creciente responsabilización y jerarquización de estas instancias, no a fin de generar políticas públicas de largo plazo, sino de responder o morigerar un reclamo creciente, en donde la variable electoral y de legitimidad, se tornan clave para estos actores. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134296 Objeto de conferencia II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía (Buenos Aires, 9 y 10 de abril de 2019); Actas de las II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión El presente trabajo persigue el reconocimiento de los cambios realizados en materia de políticas de seguridad en Córdoba desde 2015, indagando a su vez cómo estas medidas pueden haber impactado en las visiones estructurales de los jóvenes con la policía. En esto, se considera clave el análisis de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana N° 10.437, en la cual se acentúa la prevención del delito -con hincapié en el narcotráfico a pequeña escala- y se incorpora el concepto de Seguridad Ciudadana que promueve la participación ciudadana en el diseño e implementación de estrategias de seguridad preventiva. Del análisis de lo anterior, surge que quienes integran estos espacios, ya se encontraban incluidos como objeto de protección estatal y se continúan gestionando las políticas de seguridad según un concepto acotado de seguridad: el delito contra la propiedad. A su vez, busca prevenir desde la acción policial represiva, sin generar estrategias de inclusión a los sujetos configurados como alteridad, principalmente los jóvenes de sectores populares. Una posible respuesta a este análisis, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada es que los cambios en las políticas sociales no producirían modificaciones en las prácticas de los actores intervinientes, y no habilita a los jóvenes como sujetos de derechos, sino como objetos de represión. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/134296 2019-01-01T00:00:00Z El presente trabajo persigue el reconocimiento de los cambios realizados en materia de políticas de seguridad en Córdoba desde 2015, indagando a su vez cómo estas medidas pueden haber impactado en las visiones estructurales de los jóvenes con la policía. En esto, se considera clave el análisis de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana N° 10.437, en la cual se acentúa la prevención del delito -con hincapié en el narcotráfico a pequeña escala- y se incorpora el concepto de Seguridad Ciudadana que promueve la participación ciudadana en el diseño e implementación de estrategias de seguridad preventiva. Del análisis de lo anterior, surge que quienes integran estos espacios, ya se encontraban incluidos como objeto de protección estatal y se continúan gestionando las políticas de seguridad según un concepto acotado de seguridad: el delito contra la propiedad. A su vez, busca prevenir desde la acción policial represiva, sin generar estrategias de inclusión a los sujetos configurados como alteridad, principalmente los jóvenes de sectores populares. Una posible respuesta a este análisis, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada es que los cambios en las políticas sociales no producirían modificaciones en las prácticas de los actores intervinientes, y no habilita a los jóvenes como sujetos de derechos, sino como objetos de represión.