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<title>Número 11</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153936</link>
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<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 17:03:34 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-11-17T17:03:34Z</dc:date>
<item>
<title>Convenio para el reforzamiento del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires: Reflexiones desde la justicia de garantías</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154279</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Fruto de nuestra formación universitaria y nuestra necesidad de acomodarnos en estructuras perfectamente definidas, es que, desde el ámbito judicial, por años, venimos augurando la falta de salidas, como también cerrando la posibilidad de que proyectos de reformas pueden lograr una mejora en el servicio de justicia.&#13;
El “no se puede” se ha instalado en nuestras organizaciones, y con mucha pericia y adaptaciones, hemos sabido neutralizar los distintos cambios legislativos para que nada cambie. Seguramente que éstos no han sido todo lo felices que uno podría esperar, ya sea por la inoportunidad de los mismos, como por la falta de recursos humanos y materiales que ellos presuponen; pero más allá de los beneficios y desaciertos que llevan ínsitos, se ha tratado de minimizar sus efectos.&#13;
Y para esto, valga como ejemplo, la reforma insertada por la ley que introdujo el llamado “Procedimiento de Flagrancia”.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Fruto de nuestra formación universitaria y nuestra necesidad de acomodarnos en estructuras perfectamente definidas, es que, desde el ámbito judicial, por años, venimos augurando la falta de salidas, como también cerrando la posibilidad de que proyectos de reformas pueden lograr una mejora en el servicio de justicia.&#13;
El “no se puede” se ha instalado en nuestras organizaciones, y con mucha pericia y adaptaciones, hemos sabido neutralizar los distintos cambios legislativos para que nada cambie. Seguramente que éstos no han sido todo lo felices que uno podría esperar, ya sea por la inoportunidad de los mismos, como por la falta de recursos humanos y materiales que ellos presuponen; pero más allá de los beneficios y desaciertos que llevan ínsitos, se ha tratado de minimizar sus efectos.&#13;
Y para esto, valga como ejemplo, la reforma insertada por la ley que introdujo el llamado “Procedimiento de Flagrancia”.</dc:description>
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<item>
<title>El estado de las prisiones, de los hospitales y de las cárceles en Europa del siglo XVIII: Capítulo IV (Parte sexta)</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154277</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Naciff, Silvia Susana
Relato del magistrado John Howard (1726-1790) sobre distintos lugares: Beirut, Wurtzbourg, Praga, Viena, Gratz, Laubach, Trieste, Colonia, Aix-la-Chapelle y Liege.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Relato del magistrado John Howard (1726-1790) sobre distintos lugares: Beirut, Wurtzbourg, Praga, Viena, Gratz, Laubach, Trieste, Colonia, Aix-la-Chapelle y Liege.</dc:description>
</item>
<item>
<title>El proceso judicial al cual es sometido el niño declarado no punible por la comisión de un injusto penal</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154271</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
El Derecho Penal es un mecanismo selectivo de control social. Es la herramienta de control social más importante con que cuenta el Estado, pues desde el punto de vista de la función punitiva, es una técnica de control de los individuos. Sin embargo, en cuanto derecho objetivo tiene una función de garantía del individuo y señala un límite al poder del Estado. En este sentido, el Estado posee el uso monopólico del Derecho Penal, pues resulta el único legitimado para seleccionar conductas humanas a las cuales se impondrá una sanción en forma coactiva, lo cual cumple a través de una actividad legislativa ajustada a la regulación constitucional. Asimismo, la selección de conductas a las cuales imponer una sanción se realiza por medio de una valoración negativa para la convivencia social que tiene por finalidad proteger de los ataques más graves los bienes más importantes del sistema de valores de la comunidad.&#13;
De esta forma, el Derecho Penal recoge un consenso social que busca el resguardo de esos bienes mediante la asignación de sanciones al autor que los ataca. Dichas sanciones consisten en la limitación de derechos individuales impuesta coactivamente por el Estado al individuo. Estas sanciones son las consecuencias jurídicas del delito: la pena y la medida de seguridad.&#13;
Ahora bien, cabe preguntarse si las medidas de seguridad aplicables a los menores de edad (llámese internación), tienen el carácter de pena. Las leyes que habilitan el poder punitivo no siempre son manifiestas, ya que en el caso sub examine la ley a pesar que declare o regule en un sentido, en la realidad posee otro resultado. Así es como el Dr. Zaffaroni las llama leyes penales latentes, y ejemplifica diciendo: “Respecto de los niños y adolescentes, es claro que muy pocas son las diferencias entre un instituto de menores y una prisión para adultos, por más que a la internación en los primeros no se las llame penas”.&#13;
De ello se deduce que el tema que me ocupa en el presente se enmarque dentro del derecho penal para su interpretación, ya que funciona como límite al poder punitivo y como basamento de un Estado de derecho.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>El Derecho Penal es un mecanismo selectivo de control social. Es la herramienta de control social más importante con que cuenta el Estado, pues desde el punto de vista de la función punitiva, es una técnica de control de los individuos. Sin embargo, en cuanto derecho objetivo tiene una función de garantía del individuo y señala un límite al poder del Estado. En este sentido, el Estado posee el uso monopólico del Derecho Penal, pues resulta el único legitimado para seleccionar conductas humanas a las cuales se impondrá una sanción en forma coactiva, lo cual cumple a través de una actividad legislativa ajustada a la regulación constitucional. Asimismo, la selección de conductas a las cuales imponer una sanción se realiza por medio de una valoración negativa para la convivencia social que tiene por finalidad proteger de los ataques más graves los bienes más importantes del sistema de valores de la comunidad.&#13;
De esta forma, el Derecho Penal recoge un consenso social que busca el resguardo de esos bienes mediante la asignación de sanciones al autor que los ataca. Dichas sanciones consisten en la limitación de derechos individuales impuesta coactivamente por el Estado al individuo. Estas sanciones son las consecuencias jurídicas del delito: la pena y la medida de seguridad.&#13;
Ahora bien, cabe preguntarse si las medidas de seguridad aplicables a los menores de edad (llámese internación), tienen el carácter de pena. Las leyes que habilitan el poder punitivo no siempre son manifiestas, ya que en el caso sub examine la ley a pesar que declare o regule en un sentido, en la realidad posee otro resultado. Así es como el Dr. Zaffaroni las llama leyes penales latentes, y ejemplifica diciendo: “Respecto de los niños y adolescentes, es claro que muy pocas son las diferencias entre un instituto de menores y una prisión para adultos, por más que a la internación en los primeros no se las llame penas”.&#13;
De ello se deduce que el tema que me ocupa en el presente se enmarque dentro del derecho penal para su interpretación, ya que funciona como límite al poder punitivo y como basamento de un Estado de derecho.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Pobres, feos y peligrosos: "Dime qué rostro tienes y te diré quién eres". El uso de la fotografía y las carpetas modus operandi en la policía bonaerense</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154269</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Tan fácil como pedir documentos y tan evidente como detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomar una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría del barrio a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato.&#13;
En la rutina policial se pueden distinguir claramente cuatro momentos, cuatro momentos que componen una práctica sistemática: primero, la “detención por averiguación de identidad”; segundo, la sesión de fotos que pasarán a integrar un libro; tercero, la exhibición del libro de fotos a las víctimas; y cuarto, la formación de una rueda de reconocimiento, a partir de la “identificación” en el álbum de fotografías.&#13;
Las carpetas modus operandi o “libros de malvivientes”, esas son las denominaciones institucionales, constituyen otra de las facultades discrecionales que tiene la policía en la provincia de Buenos Aires para producir información, la manera de legitimar el “olfato policial”, pero también el punto de partida para fraguar procesos judiciales. En efecto, las carpetas modus operandi, dejan la puerta abierta a la policía para “armar las causas” que les permite, por un lado, producir un suerte de derecho penal paralelo, y por el otro, mejorar sus propias estadísticas en “la lucha contra el delito” creando por añadidura una imagen de “efectividad” ante la comunidad y también frente a las autoridades, estadísticas por otra parte que sabrán hacer valer cuando se reparta el presupuesto y les permitirán de paso quedar mejor posicionados frente a la clase dirigente de turno.
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Tan fácil como pedir documentos y tan evidente como detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomar una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría del barrio a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato.&#13;
En la rutina policial se pueden distinguir claramente cuatro momentos, cuatro momentos que componen una práctica sistemática: primero, la “detención por averiguación de identidad”; segundo, la sesión de fotos que pasarán a integrar un libro; tercero, la exhibición del libro de fotos a las víctimas; y cuarto, la formación de una rueda de reconocimiento, a partir de la “identificación” en el álbum de fotografías.&#13;
Las carpetas modus operandi o “libros de malvivientes”, esas son las denominaciones institucionales, constituyen otra de las facultades discrecionales que tiene la policía en la provincia de Buenos Aires para producir información, la manera de legitimar el “olfato policial”, pero también el punto de partida para fraguar procesos judiciales. En efecto, las carpetas modus operandi, dejan la puerta abierta a la policía para “armar las causas” que les permite, por un lado, producir un suerte de derecho penal paralelo, y por el otro, mejorar sus propias estadísticas en “la lucha contra el delito” creando por añadidura una imagen de “efectividad” ante la comunidad y también frente a las autoridades, estadísticas por otra parte que sabrán hacer valer cuando se reparta el presupuesto y les permitirán de paso quedar mejor posicionados frente a la clase dirigente de turno.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Pluralidad de sistemas normativos</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154185</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
En el presente trabajo me propongo realizar algunos comentarios sobre la coexistencia de distintos sistemas normativos dentro de una misma estructura social, los cuales pueden coincidir en sus preceptos o bien contradecirse, anularse, neutralizarse o entrar en conflicto.&#13;
Mi análisis parte de la concepción que sostiene que una estructura social determinada se encuentra compuesta por diferentes grupos sociales que generan sus propias normas, muchas de éstas se consolidan en verdaderos sistemas normativos que regulan los comportamientos de sus integrantes.&#13;
En primer lugar desarrollaré la temática en forma general indicando qué entiendo por sistemas normativos, cómo se relacionan entre sí, los conflictos que se pueden generar a partir de la coexistencia, la importancia que adquiere el derecho oficial y cómo defino a este último.&#13;
A continuación trasladaré la temática a las llamadas “sociedades primitivas”, confrontando las opiniones de dos pensadores altamente reconocidos: Durkheim y Malinowski, con la finalidad de extraer elementos que colaboren a sostener las ideas que desarrollo en el presente trabajo.&#13;
En forma inmediata, y a fin de introducirme concretamente en la temática del pluralismo jurídico, describiré algunas de las características del Derecho Oficial y criticaré dos de los conceptos fundamentales con los que éste se legitima: la recepción de los valores compartidos por la mayoría de los miembros de la estructura social y que sus normas son conocidas por todos los integrantes de la sociedad.&#13;
Una vez dentro del tema del pluralismo jurídico, mencionaré su presupuesto teórico y fáctico, la vinculación de la cuestión con la existencia de grupos sociales desfavorecidos - social, política y económicamente- y el rol del Estado -a través del derecho oficial- en la reproducción de un sistema de poder, dominación y marginalización de estos grupos.&#13;
Asimismo describiré algunas de las características del derecho indígena, haciendo especial referencia a la materia penal y las orientaciones que ha asumido el derecho oficial al respecto, señalando los progresos legislativos verificados a partir de la Reforma Constitucional del año 1994 .&#13;
Por otro lado, haré hincapié en la idea de que el reconocimiento de la pluralidad normativa -lejos de implicar una desintegración del Estado o un menoscabo de su soberanía- es necesario para consolidar un Estado verdaderamente democrático y respetuoso de los derechos humanos de todos sus integrantes.&#13;
Por último, reflexionaré sobre el uso alternativo del Derecho Oficial para garantizar los derechos elementales de los grupos más vulnerables de la estructura social, más aún cuando estos no hayan generado sistemas normativos propios.
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>En el presente trabajo me propongo realizar algunos comentarios sobre la coexistencia de distintos sistemas normativos dentro de una misma estructura social, los cuales pueden coincidir en sus preceptos o bien contradecirse, anularse, neutralizarse o entrar en conflicto.&#13;
Mi análisis parte de la concepción que sostiene que una estructura social determinada se encuentra compuesta por diferentes grupos sociales que generan sus propias normas, muchas de éstas se consolidan en verdaderos sistemas normativos que regulan los comportamientos de sus integrantes.&#13;
En primer lugar desarrollaré la temática en forma general indicando qué entiendo por sistemas normativos, cómo se relacionan entre sí, los conflictos que se pueden generar a partir de la coexistencia, la importancia que adquiere el derecho oficial y cómo defino a este último.&#13;
A continuación trasladaré la temática a las llamadas “sociedades primitivas”, confrontando las opiniones de dos pensadores altamente reconocidos: Durkheim y Malinowski, con la finalidad de extraer elementos que colaboren a sostener las ideas que desarrollo en el presente trabajo.&#13;
En forma inmediata, y a fin de introducirme concretamente en la temática del pluralismo jurídico, describiré algunas de las características del Derecho Oficial y criticaré dos de los conceptos fundamentales con los que éste se legitima: la recepción de los valores compartidos por la mayoría de los miembros de la estructura social y que sus normas son conocidas por todos los integrantes de la sociedad.&#13;
Una vez dentro del tema del pluralismo jurídico, mencionaré su presupuesto teórico y fáctico, la vinculación de la cuestión con la existencia de grupos sociales desfavorecidos - social, política y económicamente- y el rol del Estado -a través del derecho oficial- en la reproducción de un sistema de poder, dominación y marginalización de estos grupos.&#13;
Asimismo describiré algunas de las características del derecho indígena, haciendo especial referencia a la materia penal y las orientaciones que ha asumido el derecho oficial al respecto, señalando los progresos legislativos verificados a partir de la Reforma Constitucional del año 1994 .&#13;
Por otro lado, haré hincapié en la idea de que el reconocimiento de la pluralidad normativa -lejos de implicar una desintegración del Estado o un menoscabo de su soberanía- es necesario para consolidar un Estado verdaderamente democrático y respetuoso de los derechos humanos de todos sus integrantes.&#13;
Por último, reflexionaré sobre el uso alternativo del Derecho Oficial para garantizar los derechos elementales de los grupos más vulnerables de la estructura social, más aún cuando estos no hayan generado sistemas normativos propios.</dc:description>
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<item>
<title>Lineamientos para el sistema tutorial</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154181</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Durante el año 2003 se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata un sistema de tutorías, cuya función fue la de profundizar el nexo entre la Facultad y los alumnos.&#13;
Los procedimientos y acciones han sido diseñados para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por otro lado, se ha asignado al tutor la función de facilitador de la mediación pedagógica.&#13;
En el presente documento se presenta una descripción y análisis del sistema propuesto por La Facultad, y luego se muestra la evaluación de lo realizado hasta el momento.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Durante el año 2003 se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata un sistema de tutorías, cuya función fue la de profundizar el nexo entre la Facultad y los alumnos.&#13;
Los procedimientos y acciones han sido diseñados para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por otro lado, se ha asignado al tutor la función de facilitador de la mediación pedagógica.&#13;
En el presente documento se presenta una descripción y análisis del sistema propuesto por La Facultad, y luego se muestra la evaluación de lo realizado hasta el momento.</dc:description>
</item>
<item>
<title>La víctima, ¿nueva protagonista en el sistema procesal penal colombiano?</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154173</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Después de un recorrido por la legislación penal Colombiana y los fallos jurisprudenciales que se originaron anterior a la Constitución de 1991; se puede decir que, en efecto, es poco lo que se ha tenido en cuenta a la víctima dentro del proceso penal y aunque se le ha permitido participar como parte civil, tal participación ha sido más teórica que práctica; pues si bien todos los códigos procesales penales (excepto la ley 906 de 2004, que está vigente en ciertas partes del territorio nacional), han autorizado al perjudicado de la conducta punible o a sus sucesores constituirse en parte civil, y de esta manera ejercer una acción privada dentro del proceso penal con el fin de obtener una participación efectiva durante toda la actuación, y a su vez obtener de manera rápida y expedita, una reparación de los daños que le fueron ocasionados y el restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados, tal participación se ha dado de forma eventual y meramente formal.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Después de un recorrido por la legislación penal Colombiana y los fallos jurisprudenciales que se originaron anterior a la Constitución de 1991; se puede decir que, en efecto, es poco lo que se ha tenido en cuenta a la víctima dentro del proceso penal y aunque se le ha permitido participar como parte civil, tal participación ha sido más teórica que práctica; pues si bien todos los códigos procesales penales (excepto la ley 906 de 2004, que está vigente en ciertas partes del territorio nacional), han autorizado al perjudicado de la conducta punible o a sus sucesores constituirse en parte civil, y de esta manera ejercer una acción privada dentro del proceso penal con el fin de obtener una participación efectiva durante toda la actuación, y a su vez obtener de manera rápida y expedita, una reparación de los daños que le fueron ocasionados y el restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados, tal participación se ha dado de forma eventual y meramente formal.</dc:description>
</item>
<item>
<title>La juventud y el riesgo de recidiva delictiva</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/154169</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
En este trabajo se comunican resultados de un proyecto de investigación multifásico que se está desarrollando en el ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Resolución Nro. 805 del Procurador General) y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (Resolución del Honorable Consejo Académico en Exp. 800-87606), cuya meta es contribuir empíricamente al conocimiento científico relacionado con factores riesgo de violencia vinculados a la personalidad, la psicopatología y a aspectos criminológicos de la población que ha cometido delitos, con la expectativa de asistir a la Justicia en la toma de decisiones sobre el conflicto de seguridad pública/derechos individuales y de ofrecer criterios empíricos para la prevención secundaria de la violencia.&#13;
El proyecto cuenta con diversas fases pues combina investigaciones con variadas metodologías sobre grupos poblacionales diferentes. Este informe tiene como objetivo comunicar los resultados de la fase con diseño de cohorte concurrente a Septiembre de 2004 que están relacionados con la variable edad y contemplando como evento el delito en general, es decir, tanto los delitos violentos como los no violentos.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>En este trabajo se comunican resultados de un proyecto de investigación multifásico que se está desarrollando en el ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Resolución Nro. 805 del Procurador General) y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (Resolución del Honorable Consejo Académico en Exp. 800-87606), cuya meta es contribuir empíricamente al conocimiento científico relacionado con factores riesgo de violencia vinculados a la personalidad, la psicopatología y a aspectos criminológicos de la población que ha cometido delitos, con la expectativa de asistir a la Justicia en la toma de decisiones sobre el conflicto de seguridad pública/derechos individuales y de ofrecer criterios empíricos para la prevención secundaria de la violencia.&#13;
El proyecto cuenta con diversas fases pues combina investigaciones con variadas metodologías sobre grupos poblacionales diferentes. Este informe tiene como objetivo comunicar los resultados de la fase con diseño de cohorte concurrente a Septiembre de 2004 que están relacionados con la variable edad y contemplando como evento el delito en general, es decir, tanto los delitos violentos como los no violentos.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Eximentes de punibilidad</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153960</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
En la teoría general del delito se diserta sobre la acción y las causales de inacción, la tipicidad y las causales de atipicidad, la antijuricidad y las causales de justificación de la conducta típica, la culpabilidad y las causales de inculpabilidad, temas sobre los cuales existe abundante bibliografía, ya que la doctrina es prolija al respecto. Sobre la teoría de las consecuencias de la conducta punible, en referencia inequívoca a la punibilidad, no se ha reparado suficientemente, a no ser la explicación sucinta de las circunstancias de mayor o menor punibilidad denominadas antes circunstancias genéricas de agravación y atenuación, o sobre las circunstancias específicas de agravación o atenuación, conocidos por algunos como tipos agravados o tipos atenuados, sin embargo sobre los eximentes de punibilidad, o por decirlo en la misma línea de los estratos de la teoría general del delito, sobre las causales de no puniblidad, si es que el concepto algún día llega a tener aceptación en la doctrina, poco o nada se dice y la bibliografía al respecto brilla por su ausencia.&#13;
Lo anterior, por cuanto es fácil ver como la mayoría de los textos confunden los eximentes de punibilidad con las causales de ausencia de responsabilidad, ahora tratadas en un solo concepto por el artículo 32 del Código Penal Colombiano; es común escuchar y leer que la conducta no es punible cuando se actúa al amparo de una causal excluyente de responsabilidad, cuando lo acertado, de acuerdo con la sistemática de la teoría general del delito y la correspondencia de la causal con cada uno de los estratos, es concluir que no se trata de conducta, o no es conducta típica, o no es conducta típica y antijurídica, o se trata de conducta no culpable, tal como lo preceptúa el artículo 9 del Código Penal Colombiano.&#13;
Para los efectos de señalar la distinción o denotar su imposibilidad, de una manera sencilla y direccionada exclusivamente a servir como instrumento didáctico para nuestros estudiantes, nos ocuparemos en determinar que es la pena, su justificación, su razón de ser y cual el tratamiento dado por el Código Penal Colombiano, para concluir con una concreción de las eximentes de punibilidad.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>En la teoría general del delito se diserta sobre la acción y las causales de inacción, la tipicidad y las causales de atipicidad, la antijuricidad y las causales de justificación de la conducta típica, la culpabilidad y las causales de inculpabilidad, temas sobre los cuales existe abundante bibliografía, ya que la doctrina es prolija al respecto. Sobre la teoría de las consecuencias de la conducta punible, en referencia inequívoca a la punibilidad, no se ha reparado suficientemente, a no ser la explicación sucinta de las circunstancias de mayor o menor punibilidad denominadas antes circunstancias genéricas de agravación y atenuación, o sobre las circunstancias específicas de agravación o atenuación, conocidos por algunos como tipos agravados o tipos atenuados, sin embargo sobre los eximentes de punibilidad, o por decirlo en la misma línea de los estratos de la teoría general del delito, sobre las causales de no puniblidad, si es que el concepto algún día llega a tener aceptación en la doctrina, poco o nada se dice y la bibliografía al respecto brilla por su ausencia.&#13;
Lo anterior, por cuanto es fácil ver como la mayoría de los textos confunden los eximentes de punibilidad con las causales de ausencia de responsabilidad, ahora tratadas en un solo concepto por el artículo 32 del Código Penal Colombiano; es común escuchar y leer que la conducta no es punible cuando se actúa al amparo de una causal excluyente de responsabilidad, cuando lo acertado, de acuerdo con la sistemática de la teoría general del delito y la correspondencia de la causal con cada uno de los estratos, es concluir que no se trata de conducta, o no es conducta típica, o no es conducta típica y antijurídica, o se trata de conducta no culpable, tal como lo preceptúa el artículo 9 del Código Penal Colombiano.&#13;
Para los efectos de señalar la distinción o denotar su imposibilidad, de una manera sencilla y direccionada exclusivamente a servir como instrumento didáctico para nuestros estudiantes, nos ocuparemos en determinar que es la pena, su justificación, su razón de ser y cual el tratamiento dado por el Código Penal Colombiano, para concluir con una concreción de las eximentes de punibilidad.</dc:description>
</item>
<item>
<title>El concurso ideal de delitos en el derecho penal argentino: Problemática del artículo 54 del Código Penal y análisis crítico de las posturas expuestas al respecto por la dogmática nacional</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153954</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
En el presente trabajo intentaremos analizar el texto del art. 54 del Código Penal argentino, señalar las cuestiones problemáticas que presenta la norma en su estructura interna y como componente de un conjunto normativo y relevar por último el tratamiento dado a estas cuestiones por diferentes autores de la dogmática penal nacional.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>En el presente trabajo intentaremos analizar el texto del art. 54 del Código Penal argentino, señalar las cuestiones problemáticas que presenta la norma en su estructura interna y como componente de un conjunto normativo y relevar por último el tratamiento dado a estas cuestiones por diferentes autores de la dogmática penal nacional.</dc:description>
</item>
<item>
<title>El error sobre los supuestos fácticos de una causa de justificación: Su abordaje por la dogmática-penal</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153950</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
La pretensión de estas reflexiones tiende a analizar, desde un punto de vista epistemológico, las diversas posiciones doctrinarias que se sostienen en torno a la denominada “justificante putativa” o “error de prohibición” (en su variante indirecta, cuando recae sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación). La delimitación específica del tema apunta a fijar la atención en un aspecto bien determinado de la teoría del delito que permita señalar los presupuestos (explicitados o no) de los que parten los autores que seleccionaré para abordar su tratamiento. Centraré la atención en los desarrollos doctrinarios de Sebastián Soler, Eugenio Zaffaroni (en su última obra) y Enrique Bacigalupo, en una obra específica, sin perjuicio de lo cual haré referencia a otras posiciones que se adoptan sobre el punto –en doctrina nacional y extranjera- para contextualizar, por comparación y contraste, las posiciones y premisas de los autores elegidos.&#13;
En este orden de consideraciones, resultará relevante identificar, en primer término, las características generales de la dogmática penal a los efectos de señalar los aspectos que, al silenciarse, desplazan segmentos de la problemática que pudieran tener significación en la elaboración de las posiciones teóricas.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153950</guid>
<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>La pretensión de estas reflexiones tiende a analizar, desde un punto de vista epistemológico, las diversas posiciones doctrinarias que se sostienen en torno a la denominada “justificante putativa” o “error de prohibición” (en su variante indirecta, cuando recae sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación). La delimitación específica del tema apunta a fijar la atención en un aspecto bien determinado de la teoría del delito que permita señalar los presupuestos (explicitados o no) de los que parten los autores que seleccionaré para abordar su tratamiento. Centraré la atención en los desarrollos doctrinarios de Sebastián Soler, Eugenio Zaffaroni (en su última obra) y Enrique Bacigalupo, en una obra específica, sin perjuicio de lo cual haré referencia a otras posiciones que se adoptan sobre el punto –en doctrina nacional y extranjera- para contextualizar, por comparación y contraste, las posiciones y premisas de los autores elegidos.&#13;
En este orden de consideraciones, resultará relevante identificar, en primer término, las características generales de la dogmática penal a los efectos de señalar los aspectos que, al silenciarse, desplazan segmentos de la problemática que pudieran tener significación en la elaboración de las posiciones teóricas.</dc:description>
</item>
<item>
<title>La dogmática y la peligrosidad en el artículo 41 del C.P.</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153947</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
El objetivo de este trabajo es, sintéticamente, analizar qué es lo que hace la dogmática nacional cuando interpreta la expresión peligrosidad contenida en el art. 41 del Código Penal.&#13;
El referido análisis pretenderá ubicarse desde un lugar externo a la dogmática, pretenderá ser meta-dogmático.&#13;
Ello implica que aun cuando no pueda evitarse la descripción de cada una de las conclusiones doctrinarias, lo esencial de la tarea consistirá en relacionar las soluciones interpretativas propuestas con la concepción de la tarea dogmática expuesta por cada autor y otros aspectos de sus construcciones teóricas generales que incidan en la interpretación del texto legal que nos ocupa.&#13;
Del extenso catálogo nacional de obras dogmáticas generales, he seleccionado –por el carácter necesariamente acotado de nuestra tarea- las cuatro que entendimos más representativas, a saber: de Ricardo C. Nuñez su ”Tratado de Derecho Penal”; de Sebastián Soler, ”Derecho Penal Argentino”; y de Eugenio Raúl Zaffaroni su ”Tratado de Derecho Penal” y la más reciente ”Derecho Penal. Parte General” (esta última en colaboración con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar).&#13;
Comenzaremos el camino con una brevísima introducción en la que referiremos los rasgos esenciales que se asigna a la labor dogmática penal, distinguiendo entre la caracterización realizada por quienes la profesan y la que esbozan aquellos que la critican desde una óptica externa.&#13;
Haremos luego una somera mención a la particular importancia histórica que cabe asignar a la noción de peligrosidad en el ámbito del derecho penal y su recepción en nuestro ordenamiento penal, todo tendiente a señalar los márgenes de la discusión dogmática que luego analizaremos.&#13;
En la parte medular del trabajo, intentaremos explicar el contenido y alcance que otorga a la expresión peligrosidad cada uno de los autores analizados, vinculando la interpretación propuesta con su concepción de la tarea dogmática y los otros aspectos de su construcción que aparezcan relacionados con la problemática de la incidencia de la peligrosidad en la individualización de la pena.&#13;
Finalmente, expondremos unas muy breves conclusiones personales.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153947</guid>
<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El objetivo de este trabajo es, sintéticamente, analizar qué es lo que hace la dogmática nacional cuando interpreta la expresión peligrosidad contenida en el art. 41 del Código Penal.&#13;
El referido análisis pretenderá ubicarse desde un lugar externo a la dogmática, pretenderá ser meta-dogmático.&#13;
Ello implica que aun cuando no pueda evitarse la descripción de cada una de las conclusiones doctrinarias, lo esencial de la tarea consistirá en relacionar las soluciones interpretativas propuestas con la concepción de la tarea dogmática expuesta por cada autor y otros aspectos de sus construcciones teóricas generales que incidan en la interpretación del texto legal que nos ocupa.&#13;
Del extenso catálogo nacional de obras dogmáticas generales, he seleccionado –por el carácter necesariamente acotado de nuestra tarea- las cuatro que entendimos más representativas, a saber: de Ricardo C. Nuñez su ”Tratado de Derecho Penal”; de Sebastián Soler, ”Derecho Penal Argentino”; y de Eugenio Raúl Zaffaroni su ”Tratado de Derecho Penal” y la más reciente ”Derecho Penal. Parte General” (esta última en colaboración con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar).&#13;
Comenzaremos el camino con una brevísima introducción en la que referiremos los rasgos esenciales que se asigna a la labor dogmática penal, distinguiendo entre la caracterización realizada por quienes la profesan y la que esbozan aquellos que la critican desde una óptica externa.&#13;
Haremos luego una somera mención a la particular importancia histórica que cabe asignar a la noción de peligrosidad en el ámbito del derecho penal y su recepción en nuestro ordenamiento penal, todo tendiente a señalar los márgenes de la discusión dogmática que luego analizaremos.&#13;
En la parte medular del trabajo, intentaremos explicar el contenido y alcance que otorga a la expresión peligrosidad cada uno de los autores analizados, vinculando la interpretación propuesta con su concepción de la tarea dogmática y los otros aspectos de su construcción que aparezcan relacionados con la problemática de la incidencia de la peligrosidad en la individualización de la pena.&#13;
Finalmente, expondremos unas muy breves conclusiones personales.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Pericias balística y de explosivos</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153946</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de las pericias balística y de explosivos realizadas en el marco de las actuaciones caratuladas “JUAN MANUEL…-en adelante Juan Manuel- (AHORA JOSÉ…–en adelante José-) S/INF. ART. 189 BIS DEL C.P.”, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, de Lomas de Zamora.&#13;
Bajo las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación -ley 23.984-, en fecha 23 de agosto de 2004, el juez federal dictó el sobreseimiento de Juan Manuel y el procesamiento de José, en orden al delito “previsto en el art. 189 bis, cuarto párrafo del Código Penal”, por un hecho -al que en breve haré referencia- sucedido en fecha 12 de septiembre de 2000, estando vigente el art. 189 bis del C.P., texto según ley 25.086 (B.O. 14 de mayo de 1999).&#13;
Al día de la entrega de este trabajo, la causa se encuentra apelada por la defensa del procesado José, estando a estudio de los señores jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El presente trabajo tiene por objeto el análisis de las pericias balística y de explosivos realizadas en el marco de las actuaciones caratuladas “JUAN MANUEL…-en adelante Juan Manuel- (AHORA JOSÉ…–en adelante José-) S/INF. ART. 189 BIS DEL C.P.”, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, de Lomas de Zamora.&#13;
Bajo las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación -ley 23.984-, en fecha 23 de agosto de 2004, el juez federal dictó el sobreseimiento de Juan Manuel y el procesamiento de José, en orden al delito “previsto en el art. 189 bis, cuarto párrafo del Código Penal”, por un hecho -al que en breve haré referencia- sucedido en fecha 12 de septiembre de 2000, estando vigente el art. 189 bis del C.P., texto según ley 25.086 (B.O. 14 de mayo de 1999).&#13;
Al día de la entrega de este trabajo, la causa se encuentra apelada por la defensa del procesado José, estando a estudio de los señores jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.</dc:description>
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<item>
<title>Controversias en torno a la competencia ejecutivo penal</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153943</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Aunque la etapa de la ejecución de la pena no ha merecido atención suficiente por parte de la dogmática ni un exhaustivo estudio en las facultades de derecho, su consideración como parte del proceso es de innegable importancia.&#13;
Para iniciar su estudio considero primordial analizar cuál es el órgano con competencia para dictar normas en esta materia conforme lo establece nuestra Constitución Nacional.&#13;
La cuestión no es novedosa y ha suscitado controversias desde hace largo tiempo, así como opiniones dispares tanto en doctrina como en la jurisprudencia.&#13;
En virtud de la división de facultades legislativas existentes en los ámbitos nacional y provincial es necesario indagar acerca de si la legislación relativa a la ejecución de las sanciones previstas por el Código Penal, se encuentra involucrada en éste y de tal modo es también una competencia delegada por las provincias al gobierno central, si es una actividad con facultades legislativas concurrentes respecto de ambas jurisdicciones o si, por el contrario, constituye una materia perteneciente a la reserva de competencias provinciales.&#13;
Para ello, habrá de considerarse la relación existente entre la norma prevista en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional por la cual se le atribuye expresa facultad al Congreso Nacional para el dictado del Código Penal y las leyes que en la materia se han dictado en los ámbitos nacional y provincial.&#13;
En ese contexto me propongo dar cuenta de los problemas existentes al respecto y su tratamiento por parte de la dogmática.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153943</guid>
<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Aunque la etapa de la ejecución de la pena no ha merecido atención suficiente por parte de la dogmática ni un exhaustivo estudio en las facultades de derecho, su consideración como parte del proceso es de innegable importancia.&#13;
Para iniciar su estudio considero primordial analizar cuál es el órgano con competencia para dictar normas en esta materia conforme lo establece nuestra Constitución Nacional.&#13;
La cuestión no es novedosa y ha suscitado controversias desde hace largo tiempo, así como opiniones dispares tanto en doctrina como en la jurisprudencia.&#13;
En virtud de la división de facultades legislativas existentes en los ámbitos nacional y provincial es necesario indagar acerca de si la legislación relativa a la ejecución de las sanciones previstas por el Código Penal, se encuentra involucrada en éste y de tal modo es también una competencia delegada por las provincias al gobierno central, si es una actividad con facultades legislativas concurrentes respecto de ambas jurisdicciones o si, por el contrario, constituye una materia perteneciente a la reserva de competencias provinciales.&#13;
Para ello, habrá de considerarse la relación existente entre la norma prevista en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional por la cual se le atribuye expresa facultad al Congreso Nacional para el dictado del Código Penal y las leyes que en la materia se han dictado en los ámbitos nacional y provincial.&#13;
En ese contexto me propongo dar cuenta de los problemas existentes al respecto y su tratamiento por parte de la dogmática.</dc:description>
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<item>
<title>Asignaturas pendientes: Una aproximación de los programas de Derecho Penal</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153942</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
García Munitis, Ana María; Jaureguiberry, Inés; Fratin, Florencia; Turrina, Mercedes
Este trabajo pretende por un lado realizar un estudio exploratorio sobre la base de un conjunto de programas de derecho penal a efectos de verificar hipótesis sobre las características de su diseño curricular y de sus contenidos.&#13;
Por otro, se propone confeccionar un inventario de los principales desafíos de un Programa de Derecho Penal Parte General en el contexto actual del país y de las universidades.
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153942</guid>
<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Este trabajo pretende por un lado realizar un estudio exploratorio sobre la base de un conjunto de programas de derecho penal a efectos de verificar hipótesis sobre las características de su diseño curricular y de sus contenidos.&#13;
Por otro, se propone confeccionar un inventario de los principales desafíos de un Programa de Derecho Penal Parte General en el contexto actual del país y de las universidades.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Un saber penal configurado desde la persona real para la realidad de las sociedades periféricas: Una propuesta para América del siglo XXI</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153939</link>
<description>Articulo
Intercambios; no. 11
Se habrán de tratar dos puntos dependientes entre sí: (a) el relativo a las formas de respuesta estatal a los problemas sociales y (b) el atinente a la noción de persona, en tanto que protagonista de la realidad de las sociedades de la periferia o, lo que es lo mismo, como protagonista de los problemas sociales para luego proceder a establecer, la persona real qué respuesta estatal privilegia y cómo se configuraría el saber penal desde ella para brindar respuestas a la realidad de las sociedades de la periferia.
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<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/153939</guid>
<dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Se habrán de tratar dos puntos dependientes entre sí: (a) el relativo a las formas de respuesta estatal a los problemas sociales y (b) el atinente a la noción de persona, en tanto que protagonista de la realidad de las sociedades de la periferia o, lo que es lo mismo, como protagonista de los problemas sociales para luego proceder a establecer, la persona real qué respuesta estatal privilegia y cómo se configuraría el saber penal desde ella para brindar respuestas a la realidad de las sociedades de la periferia.</dc:description>
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