http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156207 Thu, 12 Nov 2026 20:37:38 GMT 2026-11-12T20:37:38Z http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156225 Articulo Intercambios; no. 3 La revista Intercambios, valiéndose como vocera de la doctora Iris Edith La Salvia, me brinda la posibilidad que agradezco de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el instituto de la Mediación. Me propongo hacerlo desde aspectos que no siempre se disciernen, en pos de las bondades del instituto como servicio a nuestros semejantes. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156225 2001-01-01T00:00:00Z La revista Intercambios, valiéndose como vocera de la doctora Iris Edith La Salvia, me brinda la posibilidad que agradezco de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el instituto de la Mediación. Me propongo hacerlo desde aspectos que no siempre se disciernen, en pos de las bondades del instituto como servicio a nuestros semejantes. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156224 Articulo Intercambios; no. 3 El principio de congruencia supone cierta correlación entre el hecho por el que se acusa a un procesado y el hecho respecto del cual se le dicta sentencia. Con la modificación del régimen procesal penal de la Provincia de Buenos Aires es necesario a fin de aplicar este principio, esclarecer en qué consiste ahora la acusación de la cual depende la congruencia del fallo. En el anterior Código Procesal Penal (ley 3589 y sus modificatorias) el principio de congruencia estaba formulado en el Art. 263 inc. 5 que establecía que los jueces “Condenarán o absolverán por el delito o los delitos que hayan sido materia de acusación...”. En el nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 11.922 y sus modificatorias) aparece en el Art. 374 Párr. 6º que impone que “Al dictar el pronunciamiento el tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación o sus ampliaciones.” Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156224 2001-01-01T00:00:00Z El principio de congruencia supone cierta correlación entre el hecho por el que se acusa a un procesado y el hecho respecto del cual se le dicta sentencia. Con la modificación del régimen procesal penal de la Provincia de Buenos Aires es necesario a fin de aplicar este principio, esclarecer en qué consiste ahora la acusación de la cual depende la congruencia del fallo. En el anterior Código Procesal Penal (ley 3589 y sus modificatorias) el principio de congruencia estaba formulado en el Art. 263 inc. 5 que establecía que los jueces “Condenarán o absolverán por el delito o los delitos que hayan sido materia de acusación...”. En el nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 11.922 y sus modificatorias) aparece en el Art. 374 Párr. 6º que impone que “Al dictar el pronunciamiento el tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación o sus ampliaciones.” http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156223 Articulo Intercambios; no. 3 El Laboratorio de Procesamiento y Análisis Digital de Imágenes de la Asesoría Pericial La Plata, dependiente de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, único en su tipo, se desempeña, tanto en modo interdisciplinario como individual, con las distintas Secciones de esta Asesoría. Cuenta con equipamiento que permite el ingreso por vía digital de cualquier objeto, ya sea en el campo macroscópico, mesoscópico (lupa binocular) o microscópico, lo cual otorga el beneficio del procesamiento y análisis digital de éstos en un ordenador. Esto se realiza mediante cámaras digitalizadoras tipo CCD, las cuales se adaptan a los tres formatos antedichos o, en casos particulares, con escáner de alta resolución. Esta técnica permite, al ser digital la imagen, manipularla con programas adecuados, a fin de poder determinar un sin número de propiedades. Una de las cámaras capta solamente el espectro visible, o sea el rango comprendido entre las longitudes de onda de 0.4 y 0.70 nanómetros del espectro electromagnético, siendo esto simplemente lo que ven nuestros ojos (las combinaciones de rojo, verde y azul), región esta muy pequeña del campo de las ondas electromagnéticas. En este amplio espectro, (el de las ondas electromagnéticas), sin embargo, existen diversos rangos de “luz” que nuestros ojos y los sensores convencionales no pueden “ver”, como el rango Ultravioleta, y fundamentalmente el Infrarrojo. Esto es solucionado con una segunda cámara digital tipo CCD Multiespectral, la cual es sensible a los rangos anteriormente mencionados, quedando así cubierto, en gran parte, el rango del espectro electromagnético. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156223 2001-01-01T00:00:00Z El Laboratorio de Procesamiento y Análisis Digital de Imágenes de la Asesoría Pericial La Plata, dependiente de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, único en su tipo, se desempeña, tanto en modo interdisciplinario como individual, con las distintas Secciones de esta Asesoría. Cuenta con equipamiento que permite el ingreso por vía digital de cualquier objeto, ya sea en el campo macroscópico, mesoscópico (lupa binocular) o microscópico, lo cual otorga el beneficio del procesamiento y análisis digital de éstos en un ordenador. Esto se realiza mediante cámaras digitalizadoras tipo CCD, las cuales se adaptan a los tres formatos antedichos o, en casos particulares, con escáner de alta resolución. Esta técnica permite, al ser digital la imagen, manipularla con programas adecuados, a fin de poder determinar un sin número de propiedades. Una de las cámaras capta solamente el espectro visible, o sea el rango comprendido entre las longitudes de onda de 0.4 y 0.70 nanómetros del espectro electromagnético, siendo esto simplemente lo que ven nuestros ojos (las combinaciones de rojo, verde y azul), región esta muy pequeña del campo de las ondas electromagnéticas. En este amplio espectro, (el de las ondas electromagnéticas), sin embargo, existen diversos rangos de “luz” que nuestros ojos y los sensores convencionales no pueden “ver”, como el rango Ultravioleta, y fundamentalmente el Infrarrojo. Esto es solucionado con una segunda cámara digital tipo CCD Multiespectral, la cual es sensible a los rangos anteriormente mencionados, quedando así cubierto, en gran parte, el rango del espectro electromagnético. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156222 Articulo Intercambios; no. 3 Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos a los que también se los suele denominar Mecanismos Alternativos de Tratamiento de Conflictos, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, se emplean en América Latina refiriéndose a fórmulas similares. Dentro de estos mecanismos se incluyen fórmulas variadas como la Mediación, el Arbitraje, la Conciliación, la Conciliación en equidad, Negociación, Consulta y diferentes fórmulas de justicia tradicional indígena. Gladys Álvarez dice que: "se incluye bajo este nombre toda forma de resolución de conflictos que no pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza o el abandono del conflicto". Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156222 2001-01-01T00:00:00Z Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos a los que también se los suele denominar Mecanismos Alternativos de Tratamiento de Conflictos, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, se emplean en América Latina refiriéndose a fórmulas similares. Dentro de estos mecanismos se incluyen fórmulas variadas como la Mediación, el Arbitraje, la Conciliación, la Conciliación en equidad, Negociación, Consulta y diferentes fórmulas de justicia tradicional indígena. Gladys Álvarez dice que: "se incluye bajo este nombre toda forma de resolución de conflictos que no pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza o el abandono del conflicto". http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156220 Articulo Intercambios; no. 3 Con la ley 23.771 se incorporó a nuestro régimen sustantivo, una nueva causal de extinción de la acción penal: la contenida en su artículo 14. Esta vino a ampliar al elenco del artículo 59 del Código Penal, más alguna doctrina la enmarcó dentro de los llamados criterios de oportunidad, aunque sin afectar lo atinente a la inevitabilidad del comienzo de la acción penal1, toda vez que no se vislumbra como un mecanismo de selección de resorte del Ministerio Público sino como una actividad judicial de aplicación en casos concretos, previo reunirse los requisitos legales que infra se detallarán. De su misma normativa se infieren los elementos que, en su conjugación, posibilitan la utilización de éste beneficio: a) Condena de ejecución condicional, por parte del sujeto idóneo destinatario de la imputación (artículo 12 lex citatis), en base a la pena requerida por la acusación fiscal o la que “prima facie” correspondiese a los hechos materia de juzgamiento, si se reclama en una etapa anterior a tal requisitoria. b) Aceptación de la pretensión fiscal o previsional, según se trate. c) Efectivización y cumplimiento de las obligaciones surgidas como supuestos de hecho de la descripción prevista en el tipo endilgado. d) Constancia fehaciente de utilizar el beneficio por única vez. e) Previa vista al organismo de aplicación y al querellante conjunto de existir, y –por supuesto- al Ministerio Público. La intención de nuestro trabajo se dirige a comprobar cuál ha sido la inteligencia que se le ha dado a los términos “pretensión fiscal” y “cumplimiento de las obligaciones”, para operativizar el beneficio extintorio y, como, una suerte de interpretación amplia del instituto y su embestida por parte de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Corte Nacional, selló una reforma legislativa que adecuó gramaticalmente la fórmula limitándola a supuestos suficientemente acotados. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156220 2001-01-01T00:00:00Z Con la ley 23.771 se incorporó a nuestro régimen sustantivo, una nueva causal de extinción de la acción penal: la contenida en su artículo 14. Esta vino a ampliar al elenco del artículo 59 del Código Penal, más alguna doctrina la enmarcó dentro de los llamados criterios de oportunidad, aunque sin afectar lo atinente a la inevitabilidad del comienzo de la acción penal1, toda vez que no se vislumbra como un mecanismo de selección de resorte del Ministerio Público sino como una actividad judicial de aplicación en casos concretos, previo reunirse los requisitos legales que infra se detallarán. De su misma normativa se infieren los elementos que, en su conjugación, posibilitan la utilización de éste beneficio: a) Condena de ejecución condicional, por parte del sujeto idóneo destinatario de la imputación (artículo 12 lex citatis), en base a la pena requerida por la acusación fiscal o la que “prima facie” correspondiese a los hechos materia de juzgamiento, si se reclama en una etapa anterior a tal requisitoria. b) Aceptación de la pretensión fiscal o previsional, según se trate. c) Efectivización y cumplimiento de las obligaciones surgidas como supuestos de hecho de la descripción prevista en el tipo endilgado. d) Constancia fehaciente de utilizar el beneficio por única vez. e) Previa vista al organismo de aplicación y al querellante conjunto de existir, y –por supuesto- al Ministerio Público. La intención de nuestro trabajo se dirige a comprobar cuál ha sido la inteligencia que se le ha dado a los términos “pretensión fiscal” y “cumplimiento de las obligaciones”, para operativizar el beneficio extintorio y, como, una suerte de interpretación amplia del instituto y su embestida por parte de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Corte Nacional, selló una reforma legislativa que adecuó gramaticalmente la fórmula limitándola a supuestos suficientemente acotados. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156219 Articulo Intercambios; no. 3 Las condiciones sociales y sus variaciones a lo largo del tiempo y el espacio, impactan en las conductas humanas y, por lo tanto, presumiblemente también impactan en las características de las conductas homicidas. Este estudio investiga si existen diferencias cuantitativas y cualitativas entre homicidas de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires, Argentina, como parte de un proyecto más amplio que intentará evaluar condiciones facilitadoras de las eventuales diferencias. El cálculo de las tasas anuales de homicidios y de las proporciones de inculpados menores de 21 años durante el período 1971-1997 pone de manifiesto significativas variaciones en el tiempo con tendencia al paralelismo entre ambas provincias, especialmente en la última década y media. La comparación de datos psiquiátrico forenses, expone que entre los homicidas cordobeses de los últimos años, en términos relativos y comparativos con los homicidas del departamento judicial La Plata, predomina un tipo de homicidio más asociado a empresa criminal, disocialidad y juventud y menos patológico. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156219 2001-01-01T00:00:00Z Las condiciones sociales y sus variaciones a lo largo del tiempo y el espacio, impactan en las conductas humanas y, por lo tanto, presumiblemente también impactan en las características de las conductas homicidas. Este estudio investiga si existen diferencias cuantitativas y cualitativas entre homicidas de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires, Argentina, como parte de un proyecto más amplio que intentará evaluar condiciones facilitadoras de las eventuales diferencias. El cálculo de las tasas anuales de homicidios y de las proporciones de inculpados menores de 21 años durante el período 1971-1997 pone de manifiesto significativas variaciones en el tiempo con tendencia al paralelismo entre ambas provincias, especialmente en la última década y media. La comparación de datos psiquiátrico forenses, expone que entre los homicidas cordobeses de los últimos años, en términos relativos y comparativos con los homicidas del departamento judicial La Plata, predomina un tipo de homicidio más asociado a empresa criminal, disocialidad y juventud y menos patológico. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156218 Articulo Intercambios; no. 3 Quien desee acercarse en nuestros días a la problemática del derecho penal desde una óptica iusfilosófica no puede omitir "Derecho y Razón, teoría del garantismo penal", la obra en la que el maestro Luigi Ferrajoli analiza las diversas corrientes, afina las críticas de las que cada tendencia se hace pasible y propone el sistema de principios que considera capaz de señalar un camino razonable y a la vez humano para el tratamiento de las conductas sociales desviadas Luego de referirse a los presupuestos epistemológicos del derecho penal y de la teoría del derecho penal, examina nuestro autor el marco axiológico en el que hayan de desarrollarse los argumentos y razonamientos del derecho penal. Así, en el capítulo 4 de su obra plantea en general los fundamentos del derecho penal: si hay que prohibir, juzgar y castigar, por qué hay que hacerlo, cuándo y cómo hacerlo. En el capítulo 5, Ferrajoli expone las ideologías penales: abolicionismo, retribucionismo y utilitarismo, así como el objetivo de la prevención en sus vertientes de la corrección o eliminación en los casos específicos o de la integración o intimidación en términos generales. El capítulo 6, a su vez, está destinado a introducir la posición del autor respecto de la justificación del derecho penal: lo que él llama “utilitarismo penal reformado”, estrechamente vinculado con el garantismo. Me propongo, dentro de los estrictos límites de ese tema, resumir los argumentos expuestos por Ferrajoli en favor de su posición para señalar luego algunos puntos en los que ellos parecen susceptibles de observación y proponer, por último, una reformulación de esta parte de la teoría; reformulación que, aunque difiere seguramente de la opinión original del autor comentado, sirve a mi juicio para situar el problema en un marco en el que pueda recibir soluciones conceptualmente menos conflictivas, aunque teóricamente más complejas e ideológicamente más polémicas. Acaso mi crítica y mi propuesta sean completamente equivocadas (como invariablemente sostiene mi amigo Eugenio Bulygin); pero, después de todo, las críticas equivocadas son casi tan útiles como las certeras, en la medida en que todas ellas promueven un nuevo examen de las tesis comentadas y, con suerte, pueden mostrar en ellas alguna faceta que antes hubiera quedado inadvertida. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156218 2001-01-01T00:00:00Z Quien desee acercarse en nuestros días a la problemática del derecho penal desde una óptica iusfilosófica no puede omitir "Derecho y Razón, teoría del garantismo penal", la obra en la que el maestro Luigi Ferrajoli analiza las diversas corrientes, afina las críticas de las que cada tendencia se hace pasible y propone el sistema de principios que considera capaz de señalar un camino razonable y a la vez humano para el tratamiento de las conductas sociales desviadas Luego de referirse a los presupuestos epistemológicos del derecho penal y de la teoría del derecho penal, examina nuestro autor el marco axiológico en el que hayan de desarrollarse los argumentos y razonamientos del derecho penal. Así, en el capítulo 4 de su obra plantea en general los fundamentos del derecho penal: si hay que prohibir, juzgar y castigar, por qué hay que hacerlo, cuándo y cómo hacerlo. En el capítulo 5, Ferrajoli expone las ideologías penales: abolicionismo, retribucionismo y utilitarismo, así como el objetivo de la prevención en sus vertientes de la corrección o eliminación en los casos específicos o de la integración o intimidación en términos generales. El capítulo 6, a su vez, está destinado a introducir la posición del autor respecto de la justificación del derecho penal: lo que él llama “utilitarismo penal reformado”, estrechamente vinculado con el garantismo. Me propongo, dentro de los estrictos límites de ese tema, resumir los argumentos expuestos por Ferrajoli en favor de su posición para señalar luego algunos puntos en los que ellos parecen susceptibles de observación y proponer, por último, una reformulación de esta parte de la teoría; reformulación que, aunque difiere seguramente de la opinión original del autor comentado, sirve a mi juicio para situar el problema en un marco en el que pueda recibir soluciones conceptualmente menos conflictivas, aunque teóricamente más complejas e ideológicamente más polémicas. Acaso mi crítica y mi propuesta sean completamente equivocadas (como invariablemente sostiene mi amigo Eugenio Bulygin); pero, después de todo, las críticas equivocadas son casi tan útiles como las certeras, en la medida en que todas ellas promueven un nuevo examen de las tesis comentadas y, con suerte, pueden mostrar en ellas alguna faceta que antes hubiera quedado inadvertida. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156217 Articulo Intercambios; no. 3 El tema de la justificación moral del castigo (o, más sucintamente, el tema del castigo o de la pena) ha generado polémicas y controversias a lo largo de la historia, concitando el interés de filósofos y teóricos sociales. Aceptada la necesidad del uso de la coacción por el Estado como herramienta de control social (justificación jurídico-política de la pena), tema que aquí no será analizado, surge entonces el problema del fundamento moral del castigo. Pese a no ser otra cosa que un desmembramiento específico del tronco común constituido por el problema de la justificación moral de las acciones en general, dicha cuestión posee un interés intrínseco: siendo el castigo un mal infligido al delincuente, resulta necesario justificar por qué éste resulta moralmente correcto, a diferencia del mal causado por el agente culpable. Como podrá desprenderse del desarrollo a efectuar a lo largo del presente trabajo, la respuesta que se dé a dicho interrogante se encuentra revestida de importantes consecuencias prácticas. Puede señalarse que numerosas y muy diversas teorías y exposiciones han visto la luz con el transcurrir del tiempo. Dicho esto, sin embargo, hay que destacar que de su análisis (ya sea en sus planteos tradicionales como en otros más modernos), resulta que las mismas pueden, salvo contadas excepciones, ser encasilladas en dos posturas principales: la retribucionista y la utilitarista. Recientemente ha sido desarrollada una teoría normativa consecuencialista (ver nota anterior) que trasciende los límites del debate acerca del castigo, dado que centra su atención no ya en forma exclusiva sobre éste sino, más genéricamente, sobre la justicia criminal como un sistema integral; por ello, tal enfoque resulta comprensivo. Me estoy refiriendo, concretamente, a la teoría republicana publicada por John Braithwaite y Philip Pettit, profesores de derecho y de teoría política respectivamente, ambos de la Australian National University. La meta del presente trabajo consiste, pues, en exponer los lineamientos principales de dicha teoría, señalando los comentarios y las críticas que a mi entender la misma merece, análisis a efectuar en las partes segunda y tercera. Sin embargo, previo a ello, y con el fin de situar dentro de un contexto adecuado el desarrollo de dicho cometido, resulta necesario elaborar una síntesis, aunque mínima, del pensamiento teórico tradicional acerca del tema en discusión, tarea a realizar en el próximo capítulo. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156217 2001-01-01T00:00:00Z El tema de la justificación moral del castigo (o, más sucintamente, el tema del castigo o de la pena) ha generado polémicas y controversias a lo largo de la historia, concitando el interés de filósofos y teóricos sociales. Aceptada la necesidad del uso de la coacción por el Estado como herramienta de control social (justificación jurídico-política de la pena), tema que aquí no será analizado, surge entonces el problema del fundamento moral del castigo. Pese a no ser otra cosa que un desmembramiento específico del tronco común constituido por el problema de la justificación moral de las acciones en general, dicha cuestión posee un interés intrínseco: siendo el castigo un mal infligido al delincuente, resulta necesario justificar por qué éste resulta moralmente correcto, a diferencia del mal causado por el agente culpable. Como podrá desprenderse del desarrollo a efectuar a lo largo del presente trabajo, la respuesta que se dé a dicho interrogante se encuentra revestida de importantes consecuencias prácticas. Puede señalarse que numerosas y muy diversas teorías y exposiciones han visto la luz con el transcurrir del tiempo. Dicho esto, sin embargo, hay que destacar que de su análisis (ya sea en sus planteos tradicionales como en otros más modernos), resulta que las mismas pueden, salvo contadas excepciones, ser encasilladas en dos posturas principales: la retribucionista y la utilitarista. Recientemente ha sido desarrollada una teoría normativa consecuencialista (ver nota anterior) que trasciende los límites del debate acerca del castigo, dado que centra su atención no ya en forma exclusiva sobre éste sino, más genéricamente, sobre la justicia criminal como un sistema integral; por ello, tal enfoque resulta comprensivo. Me estoy refiriendo, concretamente, a la teoría republicana publicada por John Braithwaite y Philip Pettit, profesores de derecho y de teoría política respectivamente, ambos de la Australian National University. La meta del presente trabajo consiste, pues, en exponer los lineamientos principales de dicha teoría, señalando los comentarios y las críticas que a mi entender la misma merece, análisis a efectuar en las partes segunda y tercera. Sin embargo, previo a ello, y con el fin de situar dentro de un contexto adecuado el desarrollo de dicho cometido, resulta necesario elaborar una síntesis, aunque mínima, del pensamiento teórico tradicional acerca del tema en discusión, tarea a realizar en el próximo capítulo. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156216 Articulo Intercambios; no. 3 La incriminación de comportamientos relativos a la administración desleal de patrimonios ha sido objetivo propuesto en los últimos tiempos con reiteración por parte de la doctrina y jurisprudencia penal. La constatación de la existencia de comportamientos lesivos para el patrimonio en la administración desleal de éstos, y las dificultades que se oponían al encuadramiento típico entre los delitos patrimoniales tradicionales, habían llevado a la convicción de la perentoria necesidad de crear nuevos tipos penales con tal objetivo. Los delitos de apropiación indebida y estafa, los más directamente relacionados con estos comportamientos considerados merecedores de sanción penal, fracasaban en no pocas ocasiones, al intentar aplicarlos a hechos no enteramente compatibles con las correspondientes descripciones típicas, lo que consolida la perspectiva de incorporar un supuesto específico, destinado a la administración desleal de patrimonios ajenos. Tal pretensión tuvo su concreta plasmación en los distintos textos propuestos para la reforma penal, tanto en la década de los ochenta como en la actual, recogiéndose, finalmente, el supuesto, en el CP. de 1995, vigente en la actualidad. Sin embargo, el legislador de 1995 ha abordado únicamente de forma parcial el problema planteado. En realidad, la pretensión esbozada tomaba como línea de actuación la creación de un delito patrimonial de administración desleal de patrimonios ajenos de carácter y alcance general. Sin embargo, el CP. de 1995, ha optado por la incriminación de la administración infiel en el ámbito exclusivo de las sociedades, lo que quiere decir que únicamente para el caso de patrimonios pertenecientes o confiados a sociedades serán punibles los comportamientos de administración desleal. El art. 295 del Código penal, en el que se incrimina el comportamiento de administración desleal, señala "Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido". En lo que sigue vamos a tratar de fijar los elementos fundamentales del delito del artículo 295 del CP. al que nos estamos refiriendo. Trataremos de analizar los distintos problemas que se presentan al aplicar el precepto, con fijación de las alternativas más sobresalientes en la discusión de los mismos. Estamos ante un precepto novedoso y al que el legislador ha vinculado un buen número de requisitos que, progresivamente, condicionan su aplicación, por lo que su interpretación y puesta en práctica no está exenta, ni mucho menos, de dificultades, como vamos a ver. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156216 2001-01-01T00:00:00Z La incriminación de comportamientos relativos a la administración desleal de patrimonios ha sido objetivo propuesto en los últimos tiempos con reiteración por parte de la doctrina y jurisprudencia penal. La constatación de la existencia de comportamientos lesivos para el patrimonio en la administración desleal de éstos, y las dificultades que se oponían al encuadramiento típico entre los delitos patrimoniales tradicionales, habían llevado a la convicción de la perentoria necesidad de crear nuevos tipos penales con tal objetivo. Los delitos de apropiación indebida y estafa, los más directamente relacionados con estos comportamientos considerados merecedores de sanción penal, fracasaban en no pocas ocasiones, al intentar aplicarlos a hechos no enteramente compatibles con las correspondientes descripciones típicas, lo que consolida la perspectiva de incorporar un supuesto específico, destinado a la administración desleal de patrimonios ajenos. Tal pretensión tuvo su concreta plasmación en los distintos textos propuestos para la reforma penal, tanto en la década de los ochenta como en la actual, recogiéndose, finalmente, el supuesto, en el CP. de 1995, vigente en la actualidad. Sin embargo, el legislador de 1995 ha abordado únicamente de forma parcial el problema planteado. En realidad, la pretensión esbozada tomaba como línea de actuación la creación de un delito patrimonial de administración desleal de patrimonios ajenos de carácter y alcance general. Sin embargo, el CP. de 1995, ha optado por la incriminación de la administración infiel en el ámbito exclusivo de las sociedades, lo que quiere decir que únicamente para el caso de patrimonios pertenecientes o confiados a sociedades serán punibles los comportamientos de administración desleal. El art. 295 del Código penal, en el que se incrimina el comportamiento de administración desleal, señala "Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido". En lo que sigue vamos a tratar de fijar los elementos fundamentales del delito del artículo 295 del CP. al que nos estamos refiriendo. Trataremos de analizar los distintos problemas que se presentan al aplicar el precepto, con fijación de las alternativas más sobresalientes en la discusión de los mismos. Estamos ante un precepto novedoso y al que el legislador ha vinculado un buen número de requisitos que, progresivamente, condicionan su aplicación, por lo que su interpretación y puesta en práctica no está exenta, ni mucho menos, de dificultades, como vamos a ver. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156215 Articulo Intercambios; no. 3 Un encuentro de profesores de derecho penal no puede omitir referirse a las intersecciones de la teoría penal con las formas de su enseñanza y aprendizaje. Y tal es mi propósito. Por un lado enunciar los modos como se vinculan ciertas concepciones de la teoría penal con las formas como se enseña y aprende. Luego señalar los desafíos que se plantean a la teoría y por último las alternativas posibles a nuestras prácticas de enseñanza, de modo que no obturen los desafíos de la teoría. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156215 2001-01-01T00:00:00Z Un encuentro de profesores de derecho penal no puede omitir referirse a las intersecciones de la teoría penal con las formas de su enseñanza y aprendizaje. Y tal es mi propósito. Por un lado enunciar los modos como se vinculan ciertas concepciones de la teoría penal con las formas como se enseña y aprende. Luego señalar los desafíos que se plantean a la teoría y por último las alternativas posibles a nuestras prácticas de enseñanza, de modo que no obturen los desafíos de la teoría. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156214 Articulo Intercambios; no. 3 El presente trabajo tiene por finalidad implementar en el ámbito de la Provincia de La Pampa la figura del Juez de ejecución penal y para lo cual resulta menester la creación de dos propuestas legislativas. Una de ellas es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la otra consiste en modificar el Código Procesal Penal de la Provincia. La falta de esta Institución en el ámbito local implica un “Problema” cuyo análisis puede ser efectuado desde tres niveles. En tal sentido se esbozan las cuestiones normativas, empiricas y valorativas que permiten comprender acabadamente la problemática generada en torno al tema propuesto y la necesidad de aportar directivas que resuelvan esta cuestión. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156214 2001-01-01T00:00:00Z El presente trabajo tiene por finalidad implementar en el ámbito de la Provincia de La Pampa la figura del Juez de ejecución penal y para lo cual resulta menester la creación de dos propuestas legislativas. Una de ellas es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la otra consiste en modificar el Código Procesal Penal de la Provincia. La falta de esta Institución en el ámbito local implica un “Problema” cuyo análisis puede ser efectuado desde tres niveles. En tal sentido se esbozan las cuestiones normativas, empiricas y valorativas que permiten comprender acabadamente la problemática generada en torno al tema propuesto y la necesidad de aportar directivas que resuelvan esta cuestión. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156212 Articulo Intercambios; no. 3 Me propongo en esta oportunidad examinar los obstáculos epistemológicos que indirectamente han levantado dos ideologías que han ejercido el dominio del pensamiento penal argentino. Me refiero al Positivismo y al Dogmatismo –convengo en llamar así a la deformación de la dogmática ortodoxa- que se han sucedido en nuestro país y que paradojalmente han coincidido –reincidido- en la misma disfunción: desplazar al Código Penal Argentino como objeto directo e irrenunciable de toda labor jurídica que pretenda ser científicamente válida. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156212 2001-01-01T00:00:00Z Me propongo en esta oportunidad examinar los obstáculos epistemológicos que indirectamente han levantado dos ideologías que han ejercido el dominio del pensamiento penal argentino. Me refiero al Positivismo y al Dogmatismo –convengo en llamar así a la deformación de la dogmática ortodoxa- que se han sucedido en nuestro país y que paradojalmente han coincidido –reincidido- en la misma disfunción: desplazar al Código Penal Argentino como objeto directo e irrenunciable de toda labor jurídica que pretenda ser científicamente válida. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156211 Revision Intercambios; no. 3 La aparición del libro de Osvaldo Barreneche es sin duda la culminación de todo su esfuerzo personal. Para Carlos Mayo, bajo cuyas preocupaciones surgió el tema de investigación, que lo dirigió inicialmente y a lo largo de toda su maduración y para mí que he estado desde entonces persiguiéndolo para que tuviera lugar esta publicación, es sin duda un acontecimiento académico que nos llena de orgullo. Muy especialmente lo es desde el respeto y el afecto que durante estos años hemos desarrollado hacia el autor en el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial. Declaro públicamente que no soy imparcial. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156211 2001-01-01T00:00:00Z La aparición del libro de Osvaldo Barreneche es sin duda la culminación de todo su esfuerzo personal. Para Carlos Mayo, bajo cuyas preocupaciones surgió el tema de investigación, que lo dirigió inicialmente y a lo largo de toda su maduración y para mí que he estado desde entonces persiguiéndolo para que tuviera lugar esta publicación, es sin duda un acontecimiento académico que nos llena de orgullo. Muy especialmente lo es desde el respeto y el afecto que durante estos años hemos desarrollado hacia el autor en el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial. Declaro públicamente que no soy imparcial. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156210 Articulo Intercambios; no. 3 Naciff, Silvia Susana Relato del magistrado John Howard (1726-1790) acerca de las cárceles inglesas y galesas. Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/156210 2001-01-01T00:00:00Z Relato del magistrado John Howard (1726-1790) acerca de las cárceles inglesas y galesas.