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<title>Número 01</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55511</link>
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<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 18:21:00 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-11-12T18:21:00Z</dc:date>
<item>
<title>Revista Derechos en Acción | Número 1 | Edición Primavera 2016</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55579</link>
<description>Edicion de revista
Revista Derechos en Acción; no. 1
Editorial&#13;
&lt;i&gt;Sección Doctrina&lt;/i&gt;&#13;
La analogía en la comprensión del buen vivir | &lt;b&gt;Lourdes María AGUILAR RODRÍGUEZ&lt;/b&gt;&#13;
Cómo ser abogado en el nuevo orden medieval | &lt;b&gt;Juan Bautista JUSTO&lt;/b&gt;&#13;
Análisis de la (In)Constitucionalidad y la (In)Convencionalidad del artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires | &lt;b&gt;Pedro Luis SISTI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Legislación&lt;/i&gt;&#13;
Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos | &lt;b&gt;Leandro GIANNINI y otros&lt;/b&gt;&#13;
Ley 27.260: La seguridad social y el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados | &lt;b&gt;Diego OLIVEIRA&lt;/b&gt;&#13;
Fortalezas de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como herramienta de transformación agraria | &lt;b&gt;Marcela DE LUCA&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Jurisprudencia&lt;/i&gt;&#13;
Comentario al fallo de la CSJN “CEPIS c/ Ministerio de Energía | &lt;b&gt;Gustavo ARBALLO&lt;/b&gt;&#13;
Una interpretación ajustada a la Constitución del plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al Estado. Comentario al Fallo “LAN Argentina” | &lt;b&gt;José Ignacio LÓPEZ y María GARCÍA URCOLA&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Novedades Bibliográficas&lt;/i&gt;&#13;
El derecho humano a los patrimonios culturales de Lucía Carolina Colombato | &lt;b&gt;Alejandro MEDICI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Columnas de opinión&lt;/i&gt;&#13;
L.D.C (1994-2016). Veinte años no es nada. La normativa del consumidor ¿Qué es? | &lt;b&gt;Carlos ECHEVESTI&lt;/b&gt;&#13;
Las políticas públicas contra la pobreza en un Estado inclusivo | &lt;b&gt;Mariano LOVELLI&lt;/b&gt;&#13;
Universidades | &lt;b&gt;Eugenio Raúl ZAFFARONI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Entrevistas&lt;/i&gt;&#13;
Guillermo MORENO entrevistó en la sede del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos&#13;
de la ONU a la Licenciada en Antropología Anantonia REYES PRADO y al Dr. Mario CORIOLANO&#13;
&lt;i&gt;Sección Trabajos finales de posgrado&lt;/i&gt;&#13;
Tesis de Edgardo MIGUEZ (1905). “Jurisdiccion contencioso administrativa”. Estudio introductorio | &lt;b&gt;Pablo Octavio CABRAL&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Poesía&lt;/i&gt;&#13;
El palacio y la villa | &lt;b&gt;Julián AXAT&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;Número ilustrado por el artista platense Luxor Magenta&lt;/i&gt;
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55579</guid>
<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Editorial&#13;
&lt;i&gt;Sección Doctrina&lt;/i&gt;&#13;
La analogía en la comprensión del buen vivir | &lt;b&gt;Lourdes María AGUILAR RODRÍGUEZ&lt;/b&gt;&#13;
Cómo ser abogado en el nuevo orden medieval | &lt;b&gt;Juan Bautista JUSTO&lt;/b&gt;&#13;
Análisis de la (In)Constitucionalidad y la (In)Convencionalidad del artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires | &lt;b&gt;Pedro Luis SISTI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Legislación&lt;/i&gt;&#13;
Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos | &lt;b&gt;Leandro GIANNINI y otros&lt;/b&gt;&#13;
Ley 27.260: La seguridad social y el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados | &lt;b&gt;Diego OLIVEIRA&lt;/b&gt;&#13;
Fortalezas de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como herramienta de transformación agraria | &lt;b&gt;Marcela DE LUCA&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Jurisprudencia&lt;/i&gt;&#13;
Comentario al fallo de la CSJN “CEPIS c/ Ministerio de Energía | &lt;b&gt;Gustavo ARBALLO&lt;/b&gt;&#13;
Una interpretación ajustada a la Constitución del plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al Estado. Comentario al Fallo “LAN Argentina” | &lt;b&gt;José Ignacio LÓPEZ y María GARCÍA URCOLA&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Novedades Bibliográficas&lt;/i&gt;&#13;
El derecho humano a los patrimonios culturales de Lucía Carolina Colombato | &lt;b&gt;Alejandro MEDICI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Columnas de opinión&lt;/i&gt;&#13;
L.D.C (1994-2016). Veinte años no es nada. La normativa del consumidor ¿Qué es? | &lt;b&gt;Carlos ECHEVESTI&lt;/b&gt;&#13;
Las políticas públicas contra la pobreza en un Estado inclusivo | &lt;b&gt;Mariano LOVELLI&lt;/b&gt;&#13;
Universidades | &lt;b&gt;Eugenio Raúl ZAFFARONI&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Entrevistas&lt;/i&gt;&#13;
Guillermo MORENO entrevistó en la sede del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos&#13;
de la ONU a la Licenciada en Antropología Anantonia REYES PRADO y al Dr. Mario CORIOLANO&#13;
&lt;i&gt;Sección Trabajos finales de posgrado&lt;/i&gt;&#13;
Tesis de Edgardo MIGUEZ (1905). “Jurisdiccion contencioso administrativa”. Estudio introductorio | &lt;b&gt;Pablo Octavio CABRAL&lt;/b&gt;&#13;
&lt;i&gt;Sección Poesía&lt;/i&gt;&#13;
El palacio y la villa | &lt;b&gt;Julián AXAT&lt;/b&gt;&#13;
&#13;
&lt;i&gt;Número ilustrado por el artista platense Luxor Magenta&lt;/i&gt;</dc:description>
</item>
<item>
<title>El palacio &amp; la villa</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55577</link>
<description>Contribucion a revista
Revista Derechos en Acción; no. 1
Poema de Julián Axat.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55577</guid>
<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Poema de Julián Axat.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Notas a la tesis doctoral sobre la jurisdicción contencioso-administrativa de Edgardo J. Miguez (1905)</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55576</link>
<description>Revision
Revista Derechos en Acción; no. 1
La tesis doctoral de Edgardo Miguez fue aprobada en el año 1905, período en el que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por Marcelino Ugarte (1-V-1902 a 1-V-1906) y año en el que se sancionó el Código Contencioso Administrativo -autoría de Luis Varela- y en el que se aprobaron las leyes nacional y provincial de creación de la Universidad Nacional de La Plata. Este trabajo de investigación que aquí sale a la luz por primera vez puede ser -tal vez- la primera tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>La tesis doctoral de Edgardo Miguez fue aprobada en el año 1905, período en el que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por Marcelino Ugarte (1-V-1902 a 1-V-1906) y año en el que se sancionó el Código Contencioso Administrativo -autoría de Luis Varela- y en el que se aprobaron las leyes nacional y provincial de creación de la Universidad Nacional de La Plata. Este trabajo de investigación que aquí sale a la luz por primera vez puede ser -tal vez- la primera tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Entrevista a miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Lic. Anantonia Reyes Prado y Dr. Mario Coriolano</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55575</link>
<description>Contribucion a revista
Revista Derechos en Acción; no. 1
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos es un organismo colegiado compuesto por 18 expertos independientes de diferentes especialidades que tiene como objetivo principal prestar colaboración técnica y asesoramiento a través de estudios e investigaciones referidos a la promoción y protección de los Derechos Humanos. El Profesor Moreno, en la sede del Comité Asesor, entrevistó a unas de las expertas que lo integra,  la Licenciada en Antropología Anantonia Reyes Prado, Directora de Investigación en Derechos Humanos de la Procuración de Derechos Humanos de Guatemala, quien gentilmente accedió a responder unas preguntas para esta publicación.También pudo conversar con otro de los miembros que componen el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del Dr. Mario Coriolano, quien además de ser un funcionario judicial de extensa trayectoria en Derechos Humanos, se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad. 
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos es un organismo colegiado compuesto por 18 expertos independientes de diferentes especialidades que tiene como objetivo principal prestar colaboración técnica y asesoramiento a través de estudios e investigaciones referidos a la promoción y protección de los Derechos Humanos. El Profesor Moreno, en la sede del Comité Asesor, entrevistó a unas de las expertas que lo integra,  la Licenciada en Antropología Anantonia Reyes Prado, Directora de Investigación en Derechos Humanos de la Procuración de Derechos Humanos de Guatemala, quien gentilmente accedió a responder unas preguntas para esta publicación.También pudo conversar con otro de los miembros que componen el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del Dr. Mario Coriolano, quien además de ser un funcionario judicial de extensa trayectoria en Derechos Humanos, se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad. </dc:description>
</item>
<item>
<title>Universidades</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55574</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que saber es poder, algo que las elites siempre supieron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo una aspiración elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza su pensamiento bajo el lema de no avivar giles. La polarización del siglo XX está sepultada en el pasado y lo que se discute hoy en el mundo es inclusión o exclusión o, en otras palabras, progreso o regresión en la realización de los derechos humanos. Por obvia que sea la fórmula todo ser humano es persona, lo que se discute mundialmente es si avanzamos o retrocedemos en su realización.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que saber es poder, algo que las elites siempre supieron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo una aspiración elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza su pensamiento bajo el lema de no avivar giles. La polarización del siglo XX está sepultada en el pasado y lo que se discute hoy en el mundo es inclusión o exclusión o, en otras palabras, progreso o regresión en la realización de los derechos humanos. Por obvia que sea la fórmula todo ser humano es persona, lo que se discute mundialmente es si avanzamos o retrocedemos en su realización.</dc:description>
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<title>LDC (1994-2016). Veinte años no es nada: La normativa del consumidor, ¿qué es?</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55573</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Más de veinte años de permanencia de las reglas del consumidor un nuevo Codigo Civil y Comercial, y una gran duda: ¿Cuál es la naturaleza de las normas que integran la ley de defensa y protección de los consumidores? ¿Son reglas complementarias, accesorias, o son normas de fondo?Cualquiera que se acerque a esta columna sabe de qué estamos hablando. Visto los resultados de la decodificación judicial y el uso de estas disposiciones por los tribunales; parecen estar destinadas al ático jurídico al que, el decreto de su última versión, las destinó: Meras reglas complementarias, preventivas, accesorias o infraccionales. Leemos: “…Las normas de defensa al consumidor nacen con la finalidad de actuar como correctores en los contratos de oferta masiva ( 2º párr..)…, no constituyen normas de fondo, sino que resultan reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente (3º párr.)…son normas de derecho interno inspiradas en un régimen infraccional, (10º parr.; todos del dec. 565/08)”. Aun cuando el dictamen del decreto está vinculado a la observación del P.E. al art 63 de LDC (contrato de transporte aéreo); lo cierto es que va más allá y da una categorización generalizadora de las normas de la ley. Y lo definitivo es que, los tribunales en general, han dado recibido de tal calificación, sin discrepancias. 
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Más de veinte años de permanencia de las reglas del consumidor un nuevo Codigo Civil y Comercial, y una gran duda: ¿Cuál es la naturaleza de las normas que integran la ley de defensa y protección de los consumidores? ¿Son reglas complementarias, accesorias, o son normas de fondo?Cualquiera que se acerque a esta columna sabe de qué estamos hablando. Visto los resultados de la decodificación judicial y el uso de estas disposiciones por los tribunales; parecen estar destinadas al ático jurídico al que, el decreto de su última versión, las destinó: Meras reglas complementarias, preventivas, accesorias o infraccionales. Leemos: “…Las normas de defensa al consumidor nacen con la finalidad de actuar como correctores en los contratos de oferta masiva ( 2º párr..)…, no constituyen normas de fondo, sino que resultan reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente (3º párr.)…son normas de derecho interno inspiradas en un régimen infraccional, (10º parr.; todos del dec. 565/08)”. Aun cuando el dictamen del decreto está vinculado a la observación del P.E. al art 63 de LDC (contrato de transporte aéreo); lo cierto es que va más allá y da una categorización generalizadora de las normas de la ley. Y lo definitivo es que, los tribunales en general, han dado recibido de tal calificación, sin discrepancias. </dc:description>
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<title>Políticas públicas contra la pobreza en un Estado inclusivo</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55572</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Analiza las políticas en materia alimentaria en la República Argentina en el período 2003-2015. Frente a los actuales datos que evidencian un abrupto aumento de la pobreza en los primeros meses del gobierno PRO, me propongo analizar cómo las políticas de inclusión, las políticas del estado de bienestar post neoliberal desarrolladas en nuestro país a partir del año 2003 lograron establecer un combate directo contra la pobreza, garantizando pisos mínimos de manutención de los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por el neoliberalismo. Dicho de otro modo, como a través de un ingreso ciudadano –para la niñez, para la vejez- o a través de la fijación del salario mínimo vital y móvil se asegura a la población evitar tener hambre, y con eso garantizar el derecho a la alimentación. Frente a las actuales promesas neoliberales de “pobreza cero” expondré en contraste los avances reales alcanzados en la pasada década por un Estado de bienestar inclusivo que garantizó el efectivo cumplimiento de muchos derechos sociales básicos.Como corolario y a modo de conclusión, podemos sostener que a los efectos de continuar con este proceso de combate contra el hambre y la pobreza iniciado en 2003, es necesario retomar las políticas del Estado de Bienestar, que han generado la inclusión de millones de compatriotas, asegurándoseles el derecho a alimentarse. No solo ha sido eficaz en nuestro país, sino que es uno de los pilares que la región ha tomado para avanzar con el cada vez menos utópico objetivo de tener un continente libre de hambre, con el derecho a la alimentación debidamente garantizado.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Analiza las políticas en materia alimentaria en la República Argentina en el período 2003-2015. Frente a los actuales datos que evidencian un abrupto aumento de la pobreza en los primeros meses del gobierno PRO, me propongo analizar cómo las políticas de inclusión, las políticas del estado de bienestar post neoliberal desarrolladas en nuestro país a partir del año 2003 lograron establecer un combate directo contra la pobreza, garantizando pisos mínimos de manutención de los sectores sociales más vulnerables y más golpeados por el neoliberalismo. Dicho de otro modo, como a través de un ingreso ciudadano –para la niñez, para la vejez- o a través de la fijación del salario mínimo vital y móvil se asegura a la población evitar tener hambre, y con eso garantizar el derecho a la alimentación. Frente a las actuales promesas neoliberales de “pobreza cero” expondré en contraste los avances reales alcanzados en la pasada década por un Estado de bienestar inclusivo que garantizó el efectivo cumplimiento de muchos derechos sociales básicos.Como corolario y a modo de conclusión, podemos sostener que a los efectos de continuar con este proceso de combate contra el hambre y la pobreza iniciado en 2003, es necesario retomar las políticas del Estado de Bienestar, que han generado la inclusión de millones de compatriotas, asegurándoseles el derecho a alimentarse. No solo ha sido eficaz en nuestro país, sino que es uno de los pilares que la región ha tomado para avanzar con el cada vez menos utópico objetivo de tener un continente libre de hambre, con el derecho a la alimentación debidamente garantizado.</dc:description>
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<title>&lt;i&gt;El derecho humano a los patrimonios culturales&lt;/i&gt; de Lucía Carolina Colombato</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55571</link>
<description>Revision
Revista Derechos en Acción; no. 1
El necesario texto de Lucía Carolina Colombato es el producto de la experiencia e investigación de la autora, en la promoción del reconocimiento y garantía del derecho a los patrimonios culturales enla ProvinciadeLa Pampa, desde su participación en la sociedad civil y luego desde su trabajo como docente e investigadora enla UNLPam.Su valioso e importante esfuerzo en esa dirección, es expresivo de la complejidad y dificultad de definir los derechos humanos. Las insuficiencias de hacerlo desde un registro exclusivamente normativo –jurídico positivo quedan ejemplificados en el tratamiento del “nuevo derecho” a los patrimonios culturales. Los derechos humanos son procesos culturales, históricos y sociales de apertura de espacios de lucha (institucionales, normativos, políticos…) por las plurales formas de entender y practicar la dignidad humana.  De donde su listado está siempre abierto a la reivindicación de nuevos derechos, de ahí su carácter instituyente, y no solamente instituido, y de ahí su carácter eminentemente crítico, en tanto los derechos expresan predicados normativos inconformistas acerca de las formas en que vivimos. Es decir, acerca de cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros en los espacios culturales y biofísicos que co habitamos. Acerca de cómo jerarquizamos y clasificamos las relaciones e identificaciones en base al sexo, la cultura, la clase, los fenotipos, etc., y reconocemos necesidades e imputamos satisfactores sociales en base a esas clasificaciones jerarquizadas.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>El necesario texto de Lucía Carolina Colombato es el producto de la experiencia e investigación de la autora, en la promoción del reconocimiento y garantía del derecho a los patrimonios culturales enla ProvinciadeLa Pampa, desde su participación en la sociedad civil y luego desde su trabajo como docente e investigadora enla UNLPam.Su valioso e importante esfuerzo en esa dirección, es expresivo de la complejidad y dificultad de definir los derechos humanos. Las insuficiencias de hacerlo desde un registro exclusivamente normativo –jurídico positivo quedan ejemplificados en el tratamiento del “nuevo derecho” a los patrimonios culturales. Los derechos humanos son procesos culturales, históricos y sociales de apertura de espacios de lucha (institucionales, normativos, políticos…) por las plurales formas de entender y practicar la dignidad humana.  De donde su listado está siempre abierto a la reivindicación de nuevos derechos, de ahí su carácter instituyente, y no solamente instituido, y de ahí su carácter eminentemente crítico, en tanto los derechos expresan predicados normativos inconformistas acerca de las formas en que vivimos. Es decir, acerca de cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros en los espacios culturales y biofísicos que co habitamos. Acerca de cómo jerarquizamos y clasificamos las relaciones e identificaciones en base al sexo, la cultura, la clase, los fenotipos, etc., y reconocemos necesidades e imputamos satisfactores sociales en base a esas clasificaciones jerarquizadas.</dc:description>
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<title>Fortalezas de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como herramienta de transformación agraria</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55570</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, promulgada el 20 de enero de 2015; nació como un desafío. Forjada desde los movimientos sociales y organizaciones de pequeños productores, es una importante conquista en pos de equilibrar las asimetrías e inequidades que impone la hegemonía del modelo de los agronegocios, sólidamente consolidado en la estructura agraria argentina. Los cambios verificados en el contexto político, económico y social desde diciembre de 2015 en nuestro país, que apuntan a favorecer a los sectores más capitalizados y concentrados; aumentan exponencialmente ese desafío. Ello en tanto sostiene objetivos políticos tales como la defensa de una alternativa productiva contrahegemónica consustanciada con la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y una noción de Desarrollo Humano Integral e Inclusivo que equilibre las lógicas asimétricas preexistentes mediante la planificación de las actividades y los asentamientos humanos en el territorio.Por ello, resulta más que necesario dar visibilización a la problemática de los agricultores familiares, campesinos e indígenas; analizar las herramientas que ofrecen éste y otros cuerpos legales para su equitativa inclusión en el sistema productivo; y contribuir con su difusión y con el empoderamiento de sus destinatarios y de la sociedad toda. El presente trabajo pretende ser un modesto aporte en ese sentido. 
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, promulgada el 20 de enero de 2015; nació como un desafío. Forjada desde los movimientos sociales y organizaciones de pequeños productores, es una importante conquista en pos de equilibrar las asimetrías e inequidades que impone la hegemonía del modelo de los agronegocios, sólidamente consolidado en la estructura agraria argentina. Los cambios verificados en el contexto político, económico y social desde diciembre de 2015 en nuestro país, que apuntan a favorecer a los sectores más capitalizados y concentrados; aumentan exponencialmente ese desafío. Ello en tanto sostiene objetivos políticos tales como la defensa de una alternativa productiva contrahegemónica consustanciada con la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y una noción de Desarrollo Humano Integral e Inclusivo que equilibre las lógicas asimétricas preexistentes mediante la planificación de las actividades y los asentamientos humanos en el territorio.Por ello, resulta más que necesario dar visibilización a la problemática de los agricultores familiares, campesinos e indígenas; analizar las herramientas que ofrecen éste y otros cuerpos legales para su equitativa inclusión en el sistema productivo; y contribuir con su difusión y con el empoderamiento de sus destinatarios y de la sociedad toda. El presente trabajo pretende ser un modesto aporte en ese sentido. </dc:description>
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<item>
<title>Ley 27.260: la seguridad social y el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55569</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
El presente trabajo aborda el contenido de la Ley 27.260, haciendo un especial hincapié en el programa de reparación histórica a la luz del derecho constitucional a la seguridad social. Podemos convenir en que la Seguridad Social es un sistema integral de protección social dirigido a brindar amparo a personas que sufran contingencias o afronten necesidades a lo largo de su vida. Esta descripción se completa con otros dos elementos. Por un lado, que el acceso a dicha protección constituye un derecho humano fundamental, por otro, que el mentado sistema supone, como condición esencial, un Estado que afirme su rol estratégico tanto en el diseño y la planificación, como en la fiscalización y la administración de los recursos económicos que lo nutren, pero también, muy especialmente, en una acción enfocada en promover la ampliación de prestaciones y derechos, para lo que necesariamente requiere un tipo determinado de intervención en la economía.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El presente trabajo aborda el contenido de la Ley 27.260, haciendo un especial hincapié en el programa de reparación histórica a la luz del derecho constitucional a la seguridad social. Podemos convenir en que la Seguridad Social es un sistema integral de protección social dirigido a brindar amparo a personas que sufran contingencias o afronten necesidades a lo largo de su vida. Esta descripción se completa con otros dos elementos. Por un lado, que el acceso a dicha protección constituye un derecho humano fundamental, por otro, que el mentado sistema supone, como condición esencial, un Estado que afirme su rol estratégico tanto en el diseño y la planificación, como en la fiscalización y la administración de los recursos económicos que lo nutren, pero también, muy especialmente, en una acción enfocada en promover la ampliación de prestaciones y derechos, para lo que necesariamente requiere un tipo determinado de intervención en la economía.</dc:description>
</item>
<item>
<title>Propuesta de bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55568</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de Procesos Colectivos para la República Argentina.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55568</guid>
<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El presente documento contiene una propuesta de bases para colaborar en la discusión y elaboración de una Ley Nacional de Procesos Colectivos para la República Argentina.</dc:description>
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<title>Una interpretación ajustada a la Constitución del plazo de vigencia de las medidas cautelares frente al Estado: Comentario al fallo "LAN Argentina"</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55567</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Sumario: I. Introducción. II. La Ley Nacional Nº 26.854 de Medidas Cautelares Frente al Estado. III. Lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema sobre interpretación normativa. IV. Algunos aportes doctrinarios. V. Coyuntura del fallo en comentario. VI. La sentencia. VII. Conclusión.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Sumario: I. Introducción. II. La Ley Nacional Nº 26.854 de Medidas Cautelares Frente al Estado. III. Lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema sobre interpretación normativa. IV. Algunos aportes doctrinarios. V. Coyuntura del fallo en comentario. VI. La sentencia. VII. Conclusión.</dc:description>
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<title>Comentario al fallo de la CS en la causa "CEPIS"</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55566</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Análisis de los principales aspectos y derivaciones del fallo de la CSJN en la causa denominada "CEPIS".
</description>
<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Análisis de los principales aspectos y derivaciones del fallo de la CSJN en la causa denominada "CEPIS".</dc:description>
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<item>
<title>Análisis de la (in)constitucionalidad y la (in)convencionalidad del artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55565</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
El art. 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires habilita al magistrado judicial ante el posible delito de de usurpación –en cualquier estado del proceso y aun antes de la declaración del imputado ( art 308 CPP)- a reintegrar el inmueble al damnificado. Dicho precepto es claramente inconstitucional, pues tomar la medida antes de la mencionada declaración es violatorio de la garantía del debido proceso, como asimismo del principio de subsidiariedad que rige en el derecho penal. El derecho que se pretende proteger, se encuentra debidamente amparado por la normativa civil, no siendo necesaria la intervención de la materia penal, en la cual la legitimación es más acotada y no permite el derecho de ser oído a terceros interesados. Asimismo es inconvencional al no respetar los estándares internacionales de la Observación General N°7 del comité DESC. Finalmente el análisis de la recepción jurisprudencial tanto en materia penal como contenciosa, demuestran que el Estado por sus tribunales penales, puede incurrir en responsabilidad internacional al primar la aplicación de códigos de rito sobre lo establecido por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>El art. 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires habilita al magistrado judicial ante el posible delito de de usurpación –en cualquier estado del proceso y aun antes de la declaración del imputado ( art 308 CPP)- a reintegrar el inmueble al damnificado. Dicho precepto es claramente inconstitucional, pues tomar la medida antes de la mencionada declaración es violatorio de la garantía del debido proceso, como asimismo del principio de subsidiariedad que rige en el derecho penal. El derecho que se pretende proteger, se encuentra debidamente amparado por la normativa civil, no siendo necesaria la intervención de la materia penal, en la cual la legitimación es más acotada y no permite el derecho de ser oído a terceros interesados. Asimismo es inconvencional al no respetar los estándares internacionales de la Observación General N°7 del comité DESC. Finalmente el análisis de la recepción jurisprudencial tanto en materia penal como contenciosa, demuestran que el Estado por sus tribunales penales, puede incurrir en responsabilidad internacional al primar la aplicación de códigos de rito sobre lo establecido por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.</dc:description>
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<item>
<title>Cómo ser abogado en el nuevo orden medieval</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55564</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
El Estado moderno tuvo una meta clara: erradicar el pluralismo jurídico del orden medieval. La soberanía, primero del monarca absoluto y luego del legislador democrático logró el cometido y sustituyó Derecho por constitución y ley.La globalización nos ha devuelto a ese orden medieval, pues nos inserta en un sistema jurídico caracterizado por la inexistencia de un centro único de poder que deriva en:a) Fragmentación normativa, debido a la ausencia de jerarquía de las fuentes internacionales.b) Fragmentación interpretativa, habida cuenta de la proliferación de cuerpos internacionales con capacidad jurisdiccional que responden a sistemas y fines contradictorios.c) Condición meramente fáctica de todo el ordenamiento doméstico, en cualquiera de sus expresiones. El gran articulador del nuevo escenario ya no es el legislador, sino el juez, que no resuelve conforme a normas porque el espejismo del sistema hermético se cayó. Resuelve conforme a principios y sólo la suerte dirá si coinciden con los del litigante. Un juez pro mercado prestará mayor atención a un laudo del CIADI y uno más pro justicia social a las recomendaciones del Comité DESC. Depende del azar. Ni hablar del problema contramayoritario que esto implica.Para gestionar este nuevo escenario los abogados tenemos que desarrollar destrezas diferentes a las de nuestros mayores. El rigor lógico en la interpretación de un corpus cerrado de normas es reemplazado por la capacidad argumentativa, el diálogo y la capacidad de generar empatía con el juez, que en el fondo resuelve de acuerdo a su fuero íntimo y toma del menú del universo de ordenamientos lo que más le gusta.Lo importante es no dejarse vencer por el desencanto y ver una gran oportunidad en todo esto. Ya no tenemos la contención de la autoridad de la ley y en cierto modo tenemos que hacernos responsables de esa libertad.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>El Estado moderno tuvo una meta clara: erradicar el pluralismo jurídico del orden medieval. La soberanía, primero del monarca absoluto y luego del legislador democrático logró el cometido y sustituyó Derecho por constitución y ley.La globalización nos ha devuelto a ese orden medieval, pues nos inserta en un sistema jurídico caracterizado por la inexistencia de un centro único de poder que deriva en:a) Fragmentación normativa, debido a la ausencia de jerarquía de las fuentes internacionales.b) Fragmentación interpretativa, habida cuenta de la proliferación de cuerpos internacionales con capacidad jurisdiccional que responden a sistemas y fines contradictorios.c) Condición meramente fáctica de todo el ordenamiento doméstico, en cualquiera de sus expresiones. El gran articulador del nuevo escenario ya no es el legislador, sino el juez, que no resuelve conforme a normas porque el espejismo del sistema hermético se cayó. Resuelve conforme a principios y sólo la suerte dirá si coinciden con los del litigante. Un juez pro mercado prestará mayor atención a un laudo del CIADI y uno más pro justicia social a las recomendaciones del Comité DESC. Depende del azar. Ni hablar del problema contramayoritario que esto implica.Para gestionar este nuevo escenario los abogados tenemos que desarrollar destrezas diferentes a las de nuestros mayores. El rigor lógico en la interpretación de un corpus cerrado de normas es reemplazado por la capacidad argumentativa, el diálogo y la capacidad de generar empatía con el juez, que en el fondo resuelve de acuerdo a su fuero íntimo y toma del menú del universo de ordenamientos lo que más le gusta.Lo importante es no dejarse vencer por el desencanto y ver una gran oportunidad en todo esto. Ya no tenemos la contención de la autoridad de la ley y en cierto modo tenemos que hacernos responsables de esa libertad.</dc:description>
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<title>La analogía en la comprensión del buen vivir</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55563</link>
<description>Articulo
Revista Derechos en Acción; no. 1
Este escrito discute en torno al concepto del buen vivir, un término complejo con implicaciones ontológicas y epistemológicas diversas, articuladas desde la interculturalidad y manifestadas en fenómenos sociales y jurídicos contemporáneos como son los casos de las nuevas constituciones del Ecuador y Bolivia. El buen vivir es también un concepto que se puede discutir desde la hermenéutica, especialmente a la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot y otros autores complementarios. En la siguientes páginas se discutirá entonces el buen vivir a la luz de la hermenéutica como uno de los principales referentes de la filosofía contemporánea, en la que conceptos como interpretación, analogía, comprensión, traducción y aplicación son relevantes para el entendimiento de procesos jurídicos, históricos y sociales que involucran la interculturalidad en América Latina.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Este escrito discute en torno al concepto del buen vivir, un término complejo con implicaciones ontológicas y epistemológicas diversas, articuladas desde la interculturalidad y manifestadas en fenómenos sociales y jurídicos contemporáneos como son los casos de las nuevas constituciones del Ecuador y Bolivia. El buen vivir es también un concepto que se puede discutir desde la hermenéutica, especialmente a la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot y otros autores complementarios. En la siguientes páginas se discutirá entonces el buen vivir a la luz de la hermenéutica como uno de los principales referentes de la filosofía contemporánea, en la que conceptos como interpretación, analogía, comprensión, traducción y aplicación son relevantes para el entendimiento de procesos jurídicos, históricos y sociales que involucran la interculturalidad en América Latina.</dc:description>
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<title>Editorial</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/55562</link>
<description>Contribucion a revista
Revista Derechos en Acción; no. 1
Esta publicación pretende ser la expresión de un grupo de docentes comprometidos con la realidad de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos conformado una agrupación plural, democráticamente denominada Docentes de Derecho en Acción, desde la que intentamos generar un nuevo espacio de encuentro, reflexión y discusión entre docentes, graduados y estudiantes.De las enriquecedoras reuniones que hemos celebrado hasta el presente, emergieron variadas inquietudes y líneas de trabajo. Entre ellas, sobresale la motivación común por articular acciones académicas en pos de un abordaje jurídico alternativo de las problemáticas sociales que –entendemos- preocupan a nuestras sociedades en el delicado contexto latinoamericano actual. Así nació este primer número de la &lt;i&gt;Revista Derechos en Acción&lt;/i&gt;.
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<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2016-09-01T00:00:00Z</dc:date>
<dc:description>Esta publicación pretende ser la expresión de un grupo de docentes comprometidos con la realidad de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos conformado una agrupación plural, democráticamente denominada Docentes de Derecho en Acción, desde la que intentamos generar un nuevo espacio de encuentro, reflexión y discusión entre docentes, graduados y estudiantes.De las enriquecedoras reuniones que hemos celebrado hasta el presente, emergieron variadas inquietudes y líneas de trabajo. Entre ellas, sobresale la motivación común por articular acciones académicas en pos de un abordaje jurídico alternativo de las problemáticas sociales que –entendemos- preocupan a nuestras sociedades en el delicado contexto latinoamericano actual. Así nació este primer número de la &lt;i&gt;Revista Derechos en Acción&lt;/i&gt;.</dc:description>
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