El contexto de masividad en que se desarrollan los procesos educativos en las universidades públicas —y especialmente en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata que viene recibiendo en el último decenio casi tres mil estudiantes nuevos cada año— constituye una definición de la mayor trascendencia de las políticas públicas educativas asumidas en los niveles institucionales correspondientes, que da cuenta de una configuración histórica identitaria y de una decisión que porta ostensibles pretensiones de equidad en la Educación Superior de nuestro país.
Este modelo educativo encuentra su sentido en la comprensión de que “calidad” e “inclusión” son conceptos convergentes, definiendo una de las dimensiones centrales que dan la medida del primero de ellos en relación con la capacidad de dar respuesta al segundo. Dicho de otro modo, la calidad de un modelo educativo se mide, entre otras variables, por la capacidad de inclusión que el mismo detenta.
Por supuesto, resulta evidente la suma de problemas que se condensan en la relación referida que requiere de ciertas formas de representar y concebir la educación universitaria a partir de definirla como un “derecho”, constituyendo ese carácter un piso sustantivo innegociable, pero que admite múltiples proyecciones y abordajes con clivaje inicial en el exámen crítico de las propias dinámicas institucionales y de las propias prácticas educativas (Orler, 2017 b).
Es de este modo y a partir de lo dicho que intentamos la presente invitación a “Pensar la Cátedra”, en la comprensión de que el contexto de masividad deviene su presupuesto constitutivo, y que la calidad educativa junto al despliegue de estrategias de contención para enfrentar decididamente los niveles de desgranamiento existentes resultan sus dos objetivos centrales.