Todo comenzó en el año 2011, cuando Farmacity, una sociedad anónima que explota de forma corporativa una cadena de farmacias, solicitó una habilitación para operar en la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, la empresa pretendió, por un lado, una declaración genérica que establezca la posibilidad de operar en el ámbito de la provincia, siendo que su característica, en su esencia ideal, es ser una SA y, por otro, una habilitación concreta para operar en el distrito de Pilar. La respuesta del Estado provincial se produjo a través de la res. 35/2012, la disposición 1699/2011 y la nota 1375/2012, actos administrativos del Ministerio de Salud provincial, que fueron emitidos en sentido adverso a las pretensiones esbozadas.