Plantearse el problema de la participación social en las políticas referidas al patrimonio cultural requiere, ante todo, caracterizar a los agentes sociales que intervienen en este campo. Una mala tradición nos habituó a pensar que el patrimonio es un asunto de los que se especializan en el pasado: restauradores, arqueólogos, historiadores, a veces antropólogos. De hecho, son ellos casi los únicos que se ocupan expresamente de estudiarlo y discutir su administración.
Son ellos quienes firman casi toda la bibliografía sobre el tema.
Sin embargo, esta restricción no corresponde a la reformulación experimentada por el concepto de patrimonio cultural.