Derecho a la educación superior: problemáticas y desafíos de las universidades nacionales públicas

Abstract

La Organización de las Naciones Unidas ONU, en 2015, en ocasión de celebrarse la 70ª Asamblea General, aprueba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo uno de ellos el "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos", el que abarca distintas metas entre las cuales se encuentran: “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. Con la reforma universitaria de 1918, se inicia la inclusión de los ciudadanos al derecho a la educación superior, pretendiendo una democratización externa, es la que incluye “la representación que las distintas clases sociales tienen en la población universitaria”. Si bien esta democratización fue un reclamo de ampliación de los que accederían a los estudios superiores es de entenderse que incluye también la permanencia y el egreso (Chiroleau, 2010). Boaventura De Sousa Santos (2005) identifica la problemática de las Universidades Públicas, identificando tres crisis que las provocan. Se refiere a la crisis de la hegemonía, ya que al no producir una mano de obra calificada para el mercado, se crean otras instituciones de educación superior para ese nicho; la crisis de legitimidad, ya que se producía una contradicción entre la jerarquización de los saberes que permitían el acceso y las exigencias sociales de una democratización con igualdad de oportunidades para las clases populares; y la crisis institucional que es sobre la autonomía y la presión para someter los valores y objetivos de la universidad a criterios de eficiencia y productividad. La Ley de Educación Superior en Argentina, promueve la equidad de los estudios superiores, pero en la realidad los grupos que económicamente son más vulnerables se enfrentan a ciertas dificultades. García de Fanelli (2021) señala la necesidad de políticas que garanticen el acceso a la educación superior de estos sectores y contrarresten los condicionantes que enfrentan, ya que una carrera universitaria podría garantizarles una movilidad social ascendente y con ello mejorarían su calidad de vida. El Estado argentino tiene obligaciones, hemos relevado que hubo una evolución ascendente del acceso a los estudios superiores, es decir que una de ellas “garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso”, se estaría cumpliendo ya que se observa en el tiempo el alza de la matrícula universitaria, pero no sigue el mismo camino las otras garantías a cumplimentar por el Estado “garantizar … la permanencia, la graduación y el egreso”. La Facultad de Ciencias Económicas a fin de abordar las problemáticas y desafíos mencionados utiliza diversas herramientas tendientes a disminuir los índices de deserción y desgranamiento, detalladas en el cuerpo de la investigación, tales como articulación con los colegios secundarios, talleres y programas de acompañamiento a los ingresantes, programas de egreso para acompañarlos en el último tramo de la carrera, acompañamiento mediante un área de Accesibilidad a quién lo necesite, ampliación de las carreras en base a las demandas de la sociedad. Ahora bien, no es suficiente abordar las problemáticas de inclusión desde los programas que cada Facultad pueda implementar, ya que las posibilidades de poder llevarlas a cabo y su alcance va a depender en gran medida de si cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios para poder cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto. Como reflexión final deseamos que se produzca una nueva reforma mediante la cual se garanticen los derechos de los ciudadanos y que la educación universitaria logre una democratización real.