La Comisión de Protección y Fomento de Bibliotecas Populares bonaerense otorgó existencia administrativa a la “cuestión bibliotecaria” en la provincia, a la vez que demostró las limitaciones de la intervención estatal y de sus estructuras burocráticas.
Su organización reveló, además, el lugar secundario que ocupaba la cultura y las bibliotecas populares en la agenda pública como consecuencia de su dependencia administrativa del sistema educativo y financiera del régimen de subsidios.