En las últimas décadas, a partir de la emergencia de las radios comunitarias en los años ochenta y, en particular, de los debates producidos en torno a leyes que conformaron un “nuevo paradigma legal latinoamericano” (Badenes & González, 2015) en el siglo XXI, la relación entre medios y ciudadanías fue pensada centralmente desde lo audiovisual. Quedó relegada, así, la mirada sobre las publicaciones gráficas realizadas por organizaciones sociales, centros culturales, cooperativas de trabajo y otros editores sin fines de lucro, que constituyen un sector significativo social y económicamente de larga data (Badenes, 2017).