En Argentina, la incorporación de la carrera Abogacía al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y su posterior proceso de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), trajo, entre otras consecuencias sistémicas para la Educación Superior Universitaria, una puesta en cuestión de las prácticas formativas que atraviesan los/as estudiantes en sus carreras y su financiamiento.