Los textos jurídicos nos cuentan de una reforma procesal, y las prácticas nos referen de lógicas de funcionamiento que la ponen en cuestión. Sin dudas, desde una impronta no punitiva, parecería propicio que, respecto de los conflictos de baja intensidad social, se generen espacios institucionales distintos a los judiciales penales donde las personas involucradas puedan hablar y reflexionar, con la meta institucional de reforzar lazos sociales para gestionar los conflictos, sin que ello implique arrojarlos a espacios de desprotección estatal (Zaffaroni, Alagia y Slokar, 2000; Auyero, 2012; Auyero y Berti, 2013; Bauman, 2003; Castel, 2013, 2001).