La llamada “reforma judicial feminista” emerge como un imperativo de un movimiento social caracterizado por albergar una heterogeneidad de realidades, identidades y proyectos. En los últimos años los feminismos tuvieron la capacidad de interpelar, incomodar, confrontar y resquebrajar la legitimidad de diversos sistemas de clasificación, jerarquización y dominación en razón del género, la clase social, la raza/etnia. Los feminismos populares han denunciado de forma constante los atropellos del sistema judicial en sus decisiones arbitrarias, clasistas y patriarcales. Pero también, han elaborado sistemáticamente redes que intentaron acompañar y sostener los efectos de las implacables decisiones, dando lugar a tramas y dinámicas sociales que modelan las políticas públicas deseables.
Como trabajadoras sociales feministas, desempeñando nuestro ejercicio profesional en el campo del poder judicial, queremos reflexionar sobre los principios y metodologías de la intervención social en el sistema de administración de justicia (federal, nacional y provincial) que se configuran en el cruce entre la disciplina del trabajo social y los feminismos, y que entendemos aportan al debate social en torno a dicha reforma. La misma, debería incluir algunos aspectos a nuestro entender imprescindibles desde una perspectiva integral y transversal. Entre ellos, resaltamos el de la singularidad de las situaciones y la interdisciplina.