Privatización de servicios esenciales, responsabilidad internacional del Estado y derechos humanos

Abstract

Uno de los argumentos centrales para justificar la privatización de servicios esenciales -como agua, electricidad, gas, salud o educación- es que, al hacerlo, el Estado se libera de las cargas y obligaciones ligadas a esas actividades y las transfiere al sector privado. Eso no es correcto. La prestación de servicios esenciales es una actividad regida por el derecho internacional y, bajo ese régimen, el obrar del prestador privado también se atribuye -directamente- al Estado. Esto significa que el Estado sigue siendo responsable por la actividad privatizada. Si el prestador privado vulnera algún derecho humano, esa violación es imputable al Estado, quien debe arbitrar los medios para cesar y reparar la misma. En consecuencia, el Estado no se libera de ninguna obligación cuando privatiza actividades relacionadas con derechos humanos. Ese factor debe ser computado por los gobiernos al momento de analizar iniciativas de este tipo.

One of the main reasons employed to justify the privatization of essential services -such as water, electricity, gas, health or education- is that, by doing so, the State frees itself of the burdens and duties linked to these activities, and shifts them to the private sector. This is not true. The provision of essential services is an activity governed by international law and, under this regime, the actions of the utility company are directly attributed to the State. This means that the State remains responsible for the privatized activity. If the private firm violates any human right, this violation is imputable to the State, which must cease and repair it. Consequently, the State is not freed from any liability when it privatizes activities related to human rights. This factor must be taken into account by governments when analyzing this kind of initiatives