En español
Este artículo tiene como objetivo analizar la situación e implicaciones de los derechos humanos frente al ajuste fiscal, específicamente en el caso de Argentina. El ajuste fiscal, como política destinada a equilibrar ingresos y gastos públicos, impacta directamente en las condiciones de vida de la población y en la garantía de los derechos humanos. En consecuencia, las políticas fiscales especialmente, deben alinearse con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Las condiciones de vida de la población en Argentina se deterioraron en los últimos años frente a las múltiples crisis, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Desde hace al menos una década, la economía está estancada y hace años el país se enfrenta a una crisis económica persistente. En este contexto, en diciembre de 2023 asumió un nuevo gobierno con la promesa de llevar a cabo el ajuste más feroz de la historia del país. En los primeros cuatro meses, el gasto público se derrumbó y no se tomaron medidas de protección social adecuadas. Bajo la premisa de que existen alternativas a este ajuste fiscal, al final del artículo se realizan propuestas para implementar una política fiscal progresiva con perspectiva de derechos humanos y de género. Así, las principales recomendaciones son realizar evaluaciones de los impactos de las reformas económicas en los derechos humanos e implementar políticas fiscales que fortalezcan la equidad y progresividad tanto de los tributos como de los gastos.
En inglés
This article aims to analyze the situation and implications of human rights in the face of fiscal adjustment, specifically in the case of Argentina. Fiscal adjustment, as a policy aimed at balancing public revenues and expenditures, directly impacts the living conditions of the population and the guarantee of human rights. Consequently, fiscal policies must align with international human rights standards. Living conditions in Argentina have deteriorated in recent years due to multiple crises, particularly affecting the most vulnerable sectors. For at least a decade, the economy has been stagnant, and the country has been facing a persistent economic crisis for years. In this context, a new government took office in December 2023 with the promise of implementing the most severe adjustment in the country's history. In the first four months, public spending collapsed, and adequate social protection measures were not taken. Under the premise that alternatives to this fiscal adjustment exist, proposals are made at the end of the article to implement a progressive fiscal policy with a human rights and gender perspective. Thus, the main recommendations include conducting assessments of the impacts of economic reforms on human rights and implementing fiscal policies that strengthen the equity and progressivity of both taxes and expenditures.