La toma del Palacio de Justicia (Colombia) tuvo una duración de 27 horas en las que el grupo guerrillero tomó como rehenes a 350 funcionarios de la justicia, entre ellos magistrados, consejeros de Estado, empleados y visitantes. El 7 de noviembre, en medio de la incertidumbre y como producto de la negativa de diálogo por parte del gobierno, las fuerzas armadas colombianas entraron de manera intempestiva y provocaron un enfrentamiento de fuego cruzado en el que guerrilleros, militares y rehenes perdieron la vida. El saldo total de este operativo fue de 100 víctimas mortales, 12 de ellas magistrados de las altas cortes y ocho personas más que aún se encuentran desaparecidas y que fueron vistas salir con vida de la edificación.
Esas jornadas del 6 y 7 de noviembre marcaron hondamente la memoria nacional. Aquellos días confirmaron a sangre y fuego las deficiencias de la democracia y la ausencia prolongada de otros interlocutores en el escenario político. Fue el paroxismo de décadas de violencia y enfrentamientos, de traiciones en conversaciones pactadas; la exhibición urbana de las hostilidades fue la muestra más palmaria de que Colombia había llegado a uno de sus tiempos más oscuros.
pretéritas, comunes y crecientes en los campos colombianos y la audacia desmedida de uno de los movimientos guerrilleros con mayor credibilidad y aceptación nacional de aquellos tiempos. Pero ante todo, fue un error de cálculo, una impericia operativa y estratégica, una búsqueda de respuestas basada en presupuestos y presunciones que dieron como resultado una de las mayores pérdidas en materia política e institucional que enfrentó Colombia en años recientes. En aquellos días fue duramente cuestionado el papel del Estado, el de las instituciones, el de los cuerpos militares, el de las organizaciones al margen de la ley y el de la sociedad civil misma; asimismo,fue la muestra más palmaria de que Colombia había llegado a uno de sus tiempos más oscuros.