La pandemia obligó al sistema legislativo a reformularse necesariamente, no solo para preservar la salud y la vida de los representantes sino del personal legislativo que es pilar en la tarea parlamentaria. Por ese motivo y, más allá de las particularidades de los diferentes modelos que se aplicaron, los diferentes parlamentos del mundo se vieron obligados a consensuar diferentes protocolos que incluyeran modalidades nuevas que permitieran el funcionamiento de los mismos, garantizando la continuidad institucional sin riesgos de delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
Esa nueva modalidad, ya sea por necesidad o por convicción en un marco de polarización de los sistemas políticos, se dio paradójicamente en el plano interno de los parlamentos y de los grupos parlamentarios en el marco de una democracia consensual, que permitió justamente definir las cuestiones centrales del tránsito de la pandemia en un contexto de acuerdos generalizados de las principales fuerzas políticas.
Esta adopción de protocolos frente al COVID19 obviamente supuso la adopción de la modalidad virtual, remota o semipresencial, que combinaba un reducido número de miembros del parlamento en el espacio físico del recinto tradicional y el resto de los integrantes del cuerpo desde sus hogares o desde otros ámbitos sin la necesidad de estar presentes, pero garantizando la participación plena en el debate y en las votaciones. Este último modelo, que supone una semipresencialidad combinada con participación remota, es el que han adoptado la mayoría de los parlamentos.
En este sentido, los parlamentos han tenido que adaptarse a la lógica de las comunicaciones internas mediante sus sistemas de intranet que, si bien funcionaba, no tenían el desarrollo en tanto prácticas como el que adquirieron en la posterioridad al Covid.