En la actualidad, la evaluación de políticas públicas es una función ampliamente aceptada por la pluralidad de actores que integran el mundo de lo público. Sin embargo, este es el resultado de un recorrido que lleva ya varias décadas. Su incorporación en la gestión, en la región latinoamericana, ubica sus inicios hacia 1950, de la mano de organismos como CEPAL y el ILPES (Pichardo, 2019). Varias décadas después, en Argentina se dio una fuerte institucionalización a través de la creación del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) en 1994, siendo pionera en América Latina en contar con una institución gubernamental destinada de manera exclusiva a la evaluación de las políticas y programas sociales. De esta forma se daba impulso a la función de evaluación dentro del Estado nacional, y se reconocía una creciente aceptación y difusión de prácticas evaluativas.