Las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en junio de 2015 bajo la consigna “Ni una menos” significaron el auge de la irrupción de la violencia de género en la agenda pública. La construcción de esta demanda se desarrolló a lo largo de varias décadas (Trebisacce, 2020), pero fueron los años previos y siguientes al 2015 donde se constituyó como uno de los principales temas de debate público y con impacto en prácticamente todos los ámbitos. Uno de los sectores más interpelados en este tiempo fue el Poder Judicial, señalado en el mismo manifiesto del 3 de junio por desempeñar “un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas” (Manifiesto “Ni una menos”, 2015).
Casi 10 años después surge la pregunta en torno a cómo tramitó el sistema penal esta exigencia. Sobre esta pregunta se propone realizar algunas aproximaciones a partir del análisis del trabajo realizado por el Patronato de Liberados Bonaerense “Violencia de género en el ámbito de la ejecución penal en libertad” (Zuazo M., Radonich J.I. y Plantamura J., 2023)). Este organismo lleva adelante la supervisión y asistencia de aquellas personas que deben cumplir medidas judiciales tales como libertad condicional o libertad asistida, es decir, quienes han accedido a un régimen de progresividad de la pena tras haber cumplido parte de la condena privadas de su libertad.
La investigación llevada adelante por el Patronato de Liberados Bonaerense permite indagar el grado en que el sistema judicial ha optado por la utilización o no de medidas privativas de la libertad para los procesos penales llevados adelante en casos de violencia por razones de género. De esta manera, en esta ponencia se propone realizar un análisis del documento en relación a otros registros de información pública, que permiten pensar esta cuestión en un contexto que se caracteriza por la expansión punitiva en sus diferentes ámbitos, tanto penitenciarios como no penitenciarios, y donde se vuelve necesario identificar los elementos que construyen y dan lugar a este fenómeno.