En las últimas décadas, las ciudades de América Latina han experimentado importantes transformaciones que responden a cambios profundos en los ámbitos económico, político y social. La transición a partir de la década de 1970, de un modelo de Estado de bienestar, caracterizado por una fuerte intervención estatal en la regulación económica y la protección de derechos sociales, hacia un modelo neoliberal, ha redefinido la forma en que se gestionan y organizan los espacios urbanos. Este cambio, impulsado por la liberalización del mercado y la descentralización estatal, ha priorizado las dinámicas de mercado sobre la regulación estatal, modificando de manera significativa la configuración de las ciudades en la región (Mattos, 2007). Situar dicho proceso resulta fundamental al presente análisis ya que, durante gran parte del siglo XX, el Estado de bienestar se había enfocado en asegurar derechos y mejorar la calidad de vida a través de políticas sociales que contribuían a reducir las desigualdades. Sin embargo, a partir de la crisis de este modelo, se adoptaron en gran parte de la región reformas neoliberales que fomentaron la privatización y la desregulación como motores de desarrollo, profundizando problemáticas como la pobreza, la informalidad y la precarización de las ciudades. Esto implicó un nuevo escenario, con nuevos conflictos, donde la política social adquirió un nuevo tinte como respuesta a las nuevas demandas.