La relación entre los Estados y la producción de materiales y medios educativos es tan larga como asistemática. Tanto en Argentina, como en América Latina en general, fue y es una política gubernamental más que una política de estado que pueda perdurar y afianzarse.
Esta relación está acompañada de denuncias constantes sobre el sentido de dicha producción o la intencionalidad ideológica de la misma. La acusación permanente sobre el adoctrinamiento, el sesgo o la discrecionalidad en la selección del contenido y en su tratamiento es un fuerte debate con impronta político / partidaria pero, sobre todo, económica. El mercado, como principal interesado, regula este debate y muchos otros.
Discusiones sobre lo discursivo, sobre cuál es la historia y cómo contarla, evidencian la construcción social del sentido que el espacio conservador educativo pretende invisibilizar, apelando a los saberes que se fueron naturalizando como aquello que todo y toda estudiante debe recorrer a lo largo de su formación.