El ex-Zoológico de Luján, ubicado en el km 58 del Acceso Oeste, fue durante más de dos décadas un símbolo de la permisividad institucional frente a la explotación de fauna silvestre en cautiverio. Su modelo de “interacción directa” entre público y animales salvajes, lejos de constituir un atractivo educativo o ético, encubrió prácticas sistemáticas de maltrato animal, violaciones legales, e irregularidades fiscales y administrativas. A partir de 2020, con la intervención de organismos como el OPDS y el Ministerio de Ambiente, comenzó un proceso de clausura y judicialización sin precedentes. El presente trabajo analiza su evolución, las implicancias jurídicas del caso y propone un marco normativo integral, basado en el paradigma del bienestar animal y la justicia ecológica, que incluya la expropiación como herramienta jurídica y ética de reparación.