Como indican los estudios sobre las políticas sociales en América Latina en general (Cecchini, Filgueira & Robles, 2014; Filgueira, 2013;Midaglia, 2012;Midaglia, Ordóñez & Valencia, 2018), y en Uruguay en particular (Antía, 2018; Antía, Castillo, Fuentes & Midaglia, 2013; Fuentes & Midaglia, 2018; Midaglia & Antía, 2011, 2015; Midaglia & Silvera, 2011; Midaglia, 2012; Midaglia & Villegas, 2018), el continente ha venido experimentando desde hace más de una década, una serie de reformas en el sistema de protección social que discrimina entre los trabajadores incluidos en el mercado formal de empleo y los sectores sociales vulnerables para los cuales se han dispuesto una serie de medidas de carácter transitorio y focalizado con el fin declarado de superar la situación de pobreza estimulando la integración social.