Quizá la vieja pregunta de la filosofía política acerca de cuál es el mejor modo de gobernar, si el gobierno de la ley o el gobierno de los hombres, sea uno de los abordajes más claros para explicar la abismal distancia entre discurso y acción, ley y realidad y sus consecuencias, hipocrecía e impunidad que corroen hoy las instituciones argentinas.
La instauración democrática de 1983 suponía como presupuesto básico una opción clara como gobierno de la ley, principio inspirador inexcusable de la democracia contemporánea.
Sin embargo la vieja preferencia por el gobierno de los hombres encarnada en todas las formas de paternalismo y caudillismo que cruza lacerante nuestra propia historia, aunque en esta etapa bajo el ropaje de una legitimidad mixta, carismática y legal (Webber), nuestra tradición de solución extralegal para alcanzar metas personales o políticas, el desprecio de la ley y más aún el placer erótico en violara o en realizar acuerdos constitucionales con objetivos propios (reelección), la utilización de la ley como mandato dirigido a convalidar negocios o trampas al servicio de intereses personales o de grupo, las relaciones personales, el soborno o el intercambio de favores parece estar ganando la batalla planteando una crisis de legalidad que jacquea a la democracia y al estado.