Medidas legales de protección en Montevideo: qué tanto previenen la revictimización de las mujeres y cómo mejorar su desempeño

Abstract

En las últimas dos décadas, la violencia de género hacia las mujeres por parte de (ex)parejas (VGP) ha recibido creciente atención en Latinoamérica, en el marco de un reconocimiento más amplio de las desigualdades de género. Hoy representa un problema de salud pública y de derechos humanos, especialmente en América del Sur donde su prevalencia es mayor que en el resto del continente (Bott et al., 2019; Sardinha et al., 2022). Las Órdenes de Protección (OP) son herramientas legales diseñadas para prevenir la revictimización al restringir el contacto entre víctimas y agresores (Dowling et al., 2018). La evidencia internacional muestra que las OP tienen efectos positivos sobre el bienestar de las mujeres que las obtienen (Kothari et al., 2012), y que reducen su probabilidad de revictimización en comparación con las mujeres que no la reciben (Dowling et al., 2018). Recientemente, los sistemas de justicia latinoamericanos han asumido una mayor responsabilidad en la seguridad de las mujeres al catalogar a la violencia doméstica como un delito, y al reconocer el derecho de las víctimas a ser protegidas por el Estado (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022). En Uruguay, la reciente promulgación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género Nº 19.580 (Uruguay, 2018) fortaleció la inclusión de la VGP en la agenda de seguridad, hizo obligatorias las OP en cada caso de violencia doméstica, y encomendó al Estado el monitoreo de su cumplimento. A pesar de estos avances, el impacto de las OP en la seguridad de las mujeres ha sido escasamente abordado por la investigación latinoamericana, y no se conocen experiencias que indiquen cómo se pueden utilizar los recursos públicos para mejorar su eficacia. Uruguay no es ajeno a este problema: por falta de presupuesto para la Ley 19.580, la policía se encuentra actualmente a cargo del monitoreo de las OP en base a una serie de criterios operativos que ha definido de forma interna (MIN, 2011). Como consecuencia, se desconoce si la política pública que monitorea el cumplimiento de las OP está basada en factores empíricamente relevantes para predecir la revictimización de las mujeres.